Por Fabiana Frayssinet
R脥O DE JANEIRO, 29 may (IPS) – El veto parcial de la presidenta Dilma Rousseff a la pol茅mica reforma forestal de Brasil contrar铆a los intereses “m谩s arcaicos del latifundio”, pero determina la victoria del sector productivo por sobre el desarrollo sustentable, afirman ecologistas.
En este terreno sometido a quema hab铆a bosques amaz贸nicos. Cr茅dito: Mario Osava/IPS
La pol茅mica reforma del C贸digo Forestal de 1965 fue aprobada por el Poder Legislativo el 25 de abril y modificada por Rousseff un mes despu茅s, el 25 de este mes, mediante una medida provisoria y vetos a 12 art铆culos de la ley.
El veto pretende “impedir la amnist铆a a los deforestadores y la reducci贸n de la protecci贸n ambiental”, justificaron portavoces de la presidenta.
El c贸digo de 1965 resguarda las selvas brasile帽as existentes en propiedades rurales, especialmente las ubicadas en ecosistemas protegidos como la Amazonia, y para ello penaliza de diversas formas a los propietarios que incurran en pr谩cticas de tala y deforestaci贸n y los obliga a restaurar lo que hayan destruido.
Pero su aplicaci贸n fue limitada, pues el Estado ten铆a pocos instrumentos para penalizar las abundantes infracciones. Ese fue el argumento central para emprender una reforma.
Los vetos y modificaciones de Rousseff se basan en premisas de “preservaci贸n de las florestas y los biomas brasile帽os, producci贸n agr铆cola sustentable y atenci贸n a la cuesti贸n social, sin perjudicar el ambiente”, dijo la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, al destacar beneficios para los peque帽os agricultores.
Los productores rurales “tendr谩n que contribuir” a restaurar las 谩reas de preservaci贸n permanente, agreg贸 el ministro de Agricultura, Mendes Ribeiro, confirmando la versi贸n oficial de que “no habr谩 amnist铆a” para quienes deforestaron irregularmente esas zonas sensibles.
Se trata de nacientes y manantiales, costas de r铆os, zonas h煤medas, inundables o de gran declive, manglares, 谩reas sujetas a derrumbes o cimas de cerros.
Pero la primera y positiva impresi贸n que dej贸 el anuncio gubernamental el viernes 25, dio paso a “la peor de las noticias”, cuando el Diario Oficial divulg贸 el lunes 28 las modificaciones completas, afirman las 163 organizaciones no gubernamentales reunidas en el Comit锚 Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustent谩vel, (Comit茅 Brasil en defensa de las selvas y del desarrollo sostenible).
El veto “mantuvo un c贸digo malo y lo empeor贸 m谩s”, dijo a IPS el bi贸logo Jo茫o Paulo Capobianco, presidente del Instituto de Desarrollo Sustentable (IDS), una de las entidades que forman parte del Comit茅.
El agravante es la “estrategia del gobierno” para “enga帽ar a la prensa”, al publicar los documentos a posteriori, opin贸.
Si bien el veto parcial “contrar铆a los intereses de los sectores m谩s arcaicos del latifundio (鈥), fue insuficiente para el cumplimiento de la promesa” del gobierno de que no perdonar铆a a los deforestadores, pues “mantiene la amnist铆a y la reducci贸n de las 谩reas de protecci贸n”, critic贸 el Comit茅 en un comunicado.
Adem谩s, la medida provisoria debe ser discutida y votada en el Congreso legislativo, lo que ocurrir谩 luego de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que tendr谩 lugar en R铆o de Janeiro entre el 20 y el 22 de junio.
Seg煤n el Comit茅, el veto no toc贸 la definici贸n de “谩rea rural consolidada” para caracterizar las ocupaciones de zonas boscosas efectuadas hasta julio de 2008, y que sirve de base a todas las amnist铆as previstas en la nueva ley.
“La amnist铆a sigue como eje central del texto, puesto que la fecha de 2008 como l铆nea de corte para el mantenimiento de 谩reas deforestadas ilegalmente contin煤a inalterada y, consecuentemente, promueve” que se excuse de reforestar “las 谩reas de protecci贸n permanente y las reservas legales”, sostuvieron.
Esta amnist铆a, interpreta el Comit茅, tambi茅n se extiende a 80 por ciento de los casos en los que se deb铆a restaurar bosques ribere帽os, de cimas y laderas de cerros y 谩reas de preservaci贸n permanente en nacientes y ojos de agua, lagos y lagunas naturales.
“Estamos sorprendidos de que la presidenta haya conseguido empeorar lo que ya era muy malo”, dijo a IPS el activista M谩rcio Santilli, coordinador de pol铆tica y derecho del Instituto Socioambiental, que tambi茅n es parte del Comit茅.
Santilli destac贸 que pr谩cticamente se extinguen las 谩reas de protecci贸n, pues se autoriza a reforestar con especies ex贸ticas. La medida provisoria inicialmente daba la posibilidad de replantar incluso con cultivos comerciales pol茅micos, como eucaliptos y pinos.
Pero el gobierno retrocedi贸 y limit贸 las opciones de reforestaci贸n ex贸tica a 谩rboles frutales, para dar a los peque帽os productores la opci贸n de obtener con ellos una renta extra.
Para que esto fuera un verdadero avance, deber铆a volverse a la versi贸n original que propon铆a apoyo gubernamental a los agricultores familiares que reforestaran con especies nativas, critic贸 Capobianco.
Otra medida pol茅mica es que la Santilli llama “electro-veto” y que beneficiar铆a a las empresas constructoras de grandes hidroel茅ctricas en 谩reas selv谩ticas.
Seg煤n su opini贸n, el veto se dirige al 煤nico art铆culo “bueno” del proyecto, que “establec铆a una fuente concreta de recursos para la recuperaci贸n forestal”, pues obligaba a las empresas concesionarias del sector energ茅tico a invertir uno por ciento de su ganancias liquidas a la protecci贸n de las selvas situadas en las cuencas de sus centrales hidroel茅ctricas.
El gobierno vet贸 ese punto en nombre de un “inter茅s social”, porque podr铆a llevar a las empresas a elevar los precios de la electricidad.
“El gobierno nunca tuvo tanto apoyo fuera del Congreso para hacer valer su poder de veto de forma honrosa, y no lo hizo”, critic贸 Capobianco.
La campa帽a “Veta Dilma” que promov铆a el veto total de la reforma forestal, recogi贸 apoyos de sectores empresariales, art铆sticos, cient铆ficos y pol铆ticos y reuni贸 m谩s de dos millones de firmas.
Sin embargo, gran parte del sector agropecuario brasile帽o y de los legisladores que lo representan tambi茅n est谩n disconformes con el veto, pues pone “a la producci贸n agropecuaria como funci贸n secundaria del inmueble rural. La funci贸n principal es preservar el bosque y no producir alimentos”, cuestion贸 el presidente de la Sociedad Rural Brasile帽a, Ces谩rio Ramalho.
En opini贸n del analista pol铆tico Maur铆cio Santoro, de Fundaci贸n Getulio Vargas, el veto y la aprobaci贸n de una ley para reprimir el trabajo esclavo “son pasos importantes para reequilibrar el juego pol铆tico frente a un sector agrario cuya visi贸n de pa铆s muestra, como m铆nimo, una gran dificultad para aceptar las demandas de una democracia din谩mica que el resto de Brasil lucha por consolidar”.
Otros, como la senadora y presidenta de la Confederaci贸n de Agricultura y Pecuaria, K谩tia Abreu, juzgan que la postura del gobierno fue equilibrada. “El color de la camiseta no fue ni totalmente verde ni totalmente amarillo. Fue medio t茅rmino”, dijo Abreu.
Ahora se anticipa una guerra jur铆dica de interpretaciones sobre la medida provisoria, que debe ser aprobada por el Congreso. Y las organizaciones ambientalistas estudian plantear un recurso de inconstitucionalidad ante el Supremo Tribunal Federal. (FIN/2012)
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