10 de abril de 2008
En carta al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno-Ocampo, fechada hoy, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, deja constancia de que la extradición de alias “Macaco” dejará en la impunidad los múltiples crímenes de lesa humanidad que se le achacan a este narcotraficante y jefe de los paramilitares que actúan, entre otros, en el departamento del Putumayo.
El Movice ya interpuso una tutela contra la extradición de “Macaco”, que busca que éste “responda ante la justicia ordinaria en Colombia por los miles de crímenes cometidos, revele la identidad de sus jefes y cómplices, sea condenado, y cumpla con su deber de reparación a las víctimas”.
Esta es la carta:
Estimado señor fiscal:
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado le envía un cordial saludo.
La presente carta abierta tiene por finalidad informarle los siguientes hechos ocurridos en Colombia:
1. El 2 de abril de 2008, la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable a la solicitud de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico del señor Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, jefe del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y quien se sometió a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005). La semana pasada, el Gobierno Nacional autorizó esta extradición. Carlos Mario Jiménez es uno de los más poderosos jefes paramilitares. Bajo su mando actuaron cerca de 7.000 hombres en diez departamentos del país, integrantes del llamado ‘Bloque Central Bolívar’. Tan solo en una de esas zonas, el departamento de Putumayo, la fiscalía colombiana estima que existen más de 3.000 fosas comunes en las que se hayan enterrados los cuerpos de una parte de las miles de víctimas de alias ‘Macaco’. Además de tener un vasto control territorial, el poder de este jefe paramilitar abarca una inmensa riqueza erigida sobre la administración del narcotráfico, la propiedad de minas de oro, cultivos de palma de aceite, enormes extensiones de tierra usurpadas a los campesinos, y el lavado de activos.
2. Uno de los argumentos del Gobierno Nacional para autorizar esta extradición es que a pesar de estar en la cárcel y de haber supuestamente contribuido a desmovilizar las estructuras bajo su mando, el señor Jiménez continuó delinquiendo desde la prisión, y varios de sus grupos paramilitares han seguido actuando con otros nombres. No obstante, como se sabe, al incumplir los requisitos previstos en la Ley 975 de 2005, este jefe paramilitar debió perder los beneficios que le concede esta norma, y haber sido puesto a disposición de la justicia ordinaria.
3. Ante la ejecución inminente de la orden de extradición mencionada, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado interpuso una acción de tutela solicitando la suspensión temporal de esta medida, con el fin de asegurar que antes de la extradición, el ex jefe paramilitar responda ante la justicia ordinaria en Colombia por los miles de crímenes cometidos, revele la identidad de sus jefes y cómplices, sea condenado, y cumpla con su deber de reparación a las víctimas.
4. El 9 de abril de 2008, en una declaración pública, el procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, expresó que respalda plenamente a las víctimas y las acompaña en su reclamación para que el Gobierno suspenda el proceso de extradición del comandante paramilitar y primero se surtan los procedimientos judiciales en Colombia tendientes a satisfacer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado considera que el incumplimiento de la Ley 975 de 2005 debe generar la pérdida de beneficios y el paso a la justicia ordinaria de aquellos jefes y miembros de grupos paramilitares comprometidos en crímenes contra la humanidad. Tomando en consideración este conjunto de hechos, queremos señalar que la extradición del señor Carlos Mario Jiménez puede dar lugar a una abierta violación de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de miles de personas en Colombia, y una situación de impunidad de crímenes contra la humanidad contemplados en el Estatuto de Roma que rige la Corte Penal Internacional. Igualmente, queremos recordar que existen fuertes indicios de que el jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez siguió ejecutando tales crímenes después de haberse desmovilizado, y que algunos de ellos los habría cometido en el período en que ha sido vigente el Estatuto de Roma para Colombia.
Sabemos, señor fiscal, que Usted viene haciendo un atento y detallado seguimiento a la forma en que se aplica la Ley de Justicia y Paz, así como de todas aquellas situaciones que pueden relevar de su competencia en nuestro país. Le enviamos esta información con el fin de que quede constancia escrita de estos hechos y para que haga parte de la documentación que Usted tiene sobre Colombia.
Atentamente,
Iván Cepeda Alirio Uribe Jairo Ramírez
Comité de Impulso
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Escrito en : Civiles en la mira,El poder,Justicia,La guerra y la paz
