Archive for mayo, 2008
Prematura extradición de victimarios burla derechos de las víctimas
“La extradición, el día de hoy, de una decena de jefes paramilitares, implica que el Estado colombiano no está en capacidad, ni tiene la voluntad, de llevar a cabo la investigación y el enjuiciamiento por los graves delitos de lesa humanidad cometidos por estas personas”, se lee en un comunicado de la Comisión Colombiana de Juristas.
El párrafo lo dice todo: va dirigido a la Corte Penal Internacional (CPI), que trata crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cuando un estado no puede, o no quiere, juzgar a los individuos que los cometieron.
Para Colombia, el Estatuto de Roma que creó la CPI entró en vigor en noviembre de 2002. Todos los crímenes de esa clasificación perpetrados por los paramilitares después de esa fecha caerían bajo su órbita, si no son juzgados –ahora- por la justicia estadounidense.
Los paramilitares fueron pedidos por Estados Unidos por lo que le interesa a ese país: el narcotráfico. El presidente colombiano Álvaro Uribe dice que el juzgamiento de los capos paramilitares por sus crímenes continuará. El embajador de Washington en Bogotá, William Brownfield, garantizó que habrá acceso directo de los fiscales colombianos y de las víctimas al sistema judicial estadounidense. Ambos pusieron el principal énfasis en que los bienes de los paramilitares servirán para reparar a las víctimas.
“El gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que el Estado y el pueblo de Colombia puedan enviar representantes a los juicios que se adelanten en aquel país a fin de continuar en la búsqueda de la verdad… Además, los acuerdos de cooperación judicial con los Estados Unidos facilitan el intercambio de pruebas y la práctica en ese país por parte de las autoridades colombianas. Los Estados Unidos han reiterado sus compromisos con estos puntos”, declaró Uribe.
Pero otra cosa piensa el abogado cubano-estadounidense Santiago Rodríguez, que defendió ante las Cortes estadounidenses a un narcotraficante colombiano extraditado el año pasado: él no dejaría que un cliente suyo reconociera delitos de guerra que le complicaran el caso por el que está siendo juzgado, o sea narcotráfico.
“Cualquier cosa que diga puede ser utilizado en su contra”, se oye en las películas.
Además, si la confesión de 150 muertos por parte de un paramilitar es mucho para un juez en Colombia, para un jurado de conciencia en Estados Unidos es una catástrofe, advirtió Rodríguez. Y este ramillete de paramilitares, ahora bajo la égida de la justicia estadounidense, suman miles de muertos.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) fue la primera entidad que cuantificó las violaciones al cese al fuego decretado por los paramilitares en diciembre de 2002.
La Ley de Justicia y Paz establece que, si infringían sus compromisos de dejar de delinquir, los paramilitares ya no recibirían máximo ocho años de cárcel, sino que se irían a la justicia ordinaria – donde purgarían 40.
Pero Uribe no pasó a los paramilitares a la justicia ordinaria. “El Gobierno prefirió precipitar la extradición de estas personas a otro Estado, para que las investigue y enjuicie por el delito de narcotráfico, en vez de trasladar el conocimiento de los procesos de justicia y paz a la justicia ordinaria colombiana, para que fuesen juzgados por los delitos de lesa humanidad denunciados por miles de víctimas”, declaró la CCJ.
Esa organización no gubernamental con estatus consultivo ante la ONU consideró que “perfectamente, habría podido llevarse a cabo la extradición en el futuro, luego de culminado el trámite judicial en Colombia”.
La CCJ recordó que la decisión de Uribe “es contraria a una reciente providencia de la Corte Suprema de Justicia”, que estableció que la prioridad sobre la extradición está en los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Además, expresó la CCJ, indica “la declinación del Estado colombiano de su derecho y su obligación de juzgar a estos jefes paramilitares por delitos de lesa humanidad, que constituyen graves afrentas a los derechos humanos, frente a un requerimiento internacional por el delito de narcotráfico.
“Si bien este es un delito grave, no es equiparable a la naturaleza de delitos de lesa humanidad, que como el homicidio, la desaparición forzada, la tortura, el desplazamiento forzado y la violencia sexual, cometidos de forma sistemática y generalizada, atentan contra los seres humanos en su dimensión más valiosa: la vida y la dignidad”, según la CCJ.
El comunicado agrega que “esta decisión significa el reconocimiento, por parte del Gobierno, de que el proceso de ‘desmovilización’ no fue genuino, sino un espejismo (…). Desde hace más de 5 años, las víctimas han denunciado insistentemente la comisión de más de 3.500 asesinatos y desapariciones forzadas, por parte de los paramilitares, sin que el gobierno haya hecho nada para prevenirlo, ni para sancionarlo”.
“Sustraer a los investigados del contexto de la justicia nacional anula la posibilidad efectiva de la sociedad colombiana de confrontar a sus victimarios y de conocer el relato de las violaciones de derechos, de las que han sido y siguen siendo víctimas miles de personas”, advierte esta entidad que representa a varios grupos de víctimas en los procesos contra los paramilitares.
Si el derecho a la verdad, la justicia y la reparación se veía restringido en los procesos judiciales de la Ley de Justicia y Paz, “ahora resultará inexistente por completo. No queda para las víctimas otro camino que intentar, dentro y fuera del país, que se deduzca la responsabilidad correspondiente”, añade la CCJ.
mayo 13th, 2008
Bajo el amparo de las sombras de la noche, y en completo sigilo, 14 criminales de guerra –algunos confesos, otros presuntos- fueron extraditados a Estados Unidos esta madrugada. La justicia de ese país los tiene pedidos por narcotráfico.
Son ellos: Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo alias «Don Berna”, Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”, Hernán Giraldo Serna “El Patrón” de la Sierra Nevada de Santa Marta, Ever Veloza alias «HH» (a punto de entregar a la oligarquía del occidental Valle del Cauca implicada con paramilitarismo)*, Ramiro Vanoy alias «Cuco», Francisco Javier Zuluaga alias «Gordo lindo», Guillermo Pérez Alzate alias «Pablo Sevillano», Juan Carlos Sierra alias «El Tuso», Nodier Giraldo Giraldo, Eduardo Enrique Bengoechea o Vengoechea, Martín Peñaranda alias El Mello, y Eduardo Enrique Goynechea. Además, Manuel Enrique Torregrosa.
Para algunos, como el director de noticias de Caracol Radio Darío Arizmendi, es la prueba de que “el Estado siempre gana”, y de que, si Álvaro Uribe se atrevió a extraditar a los jefes paramilitares, es porque ellos no tienen “la prueba reina” que vincule al presidente -por la vía de la responsabilidad penal individual- al escándalo de la parapolítica.
Para las víctimas, doctas o analfabetas, el proceso de verdad quedó herido de muerte.
En medio del llanto, Teresita Gaviria, portavoz de la asociación de víctimas de Madres de La Candelaria, del noroccidental departamento de Antioquia, dejó en claro que, más que la reparación material, lo que exigen las víctimas es la verdad sobre el asesinato y desaparición forzada de sus seres queridos.
Los gobiernos estadounidense y colombiano aducen que la extradición a Estados Unidos garantizará mejor la reparación a las víctimas. El énfasis en el tema económico ignora lo que las propias víctimas vienen diciendo: lo principal es la verdad. “Tenemos que saber qué pasó, para saber qué tenemos que perdonar”, repiten siempre.
La reconciliación de Colombia pasa por la verdad.
Esta extradición masiva de criminales de guerra a uno de los pocos países del mundo que no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional confirma que la negociación con los jefes paramilitares ha tenido como objetivo apoderarse de sus jugosos capitales, legalizando millones de dólares, en parte, con el pretexto de la reparación.
Estos extraditados son capos del narcotráfico y, cada uno, “mil veces más rico y más poderoso que Pablo Escobar”, como me dijo Gonzalo Guillén, experto periodista colombiano en temas de narcotráfico y corresponsal de El Nuevo Herald en Bogotá.
“Esto es un favor para ellos. De aquí a unos añitos regresan con la nacionalidad (estadounidense), a volver a hacer lo mismo”, supone Raquel George, miembro de Madres de La Candelaria, cuya hija, Ángela Torres, fue desaparecida en noviembre de 2001. George tenía una gran ilusión de que el cadáver de Ángela fuera encontrado por indicaciones de “Don Berna”, que hasta ahora estaba sometido a juicio en el marco de la Ley de Justicia y Paz, aplicada a los paramilitares.
Esta ley, gracias a un fallo de la Corte Constitucional en mayo de 2005 que en su momento sólo fue respaldado, entre los opositores, por el Partido Liberal, les exigió a los paramilitares la “verdad completa”, so pena de ser sometidos a la justicia ordinaria, que les cambiaría penas de máximo ocho años (según Justicia y Paz) por las penas correspondientes al Código Penal, de unos 40 años.
La Ley de Justicia y Paz, tal como fue aprobada por el parlamento, no imponía la exigencia de verdad completa.
Fue ese fallo de la Corte Constitucional el que dañó la estrategia oficialista, y el que dio pie a los procesos contra parapolíticos en la Corte Suprema de Justicia, que ya tienen tras las rejas incluso a Mario Uribe, primo del presidente y su principal socio político.
La verdad, parcial y tímida, estaba comenzando a surgir en estas semanas, también, sobre la implicación de la alta oficialidad en los crímenes de guerra.
Ya veremos, después de esta extradición a Estados Unidos, qué más ocurre con estos militares, en muchos casos entrenados y formados en la Escuela de las Américas.
* Ya publicado este comentario, me aclaró Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, que «H.H.» no fue extraditado, como lo anunció en la mañana el ministro del Interior y de Justicia Carlos Holguín, por cierto miembro prestante de la oligarquía caleña.
mayo 13th, 2008
Me imagino que los presidentes se dividen en los que quieren ser ex presidentes, los que quieren hacerse reelegir y los que no tienen más remedio.
El presidente Ernesto Samper (1994-1998), cuando medio mundo lo quería sacar de la presidencia por la financiación de su campaña por parte del Cartel de Cali, declaró que él, lo que más quería en la vida, era ser ex presidente.
Samper tiene esa capacidad: a problemas gordos, respuestas breves.
En cambio, miren todo lo que tuvo que hacer el periodista argentino Andrés Oppenheimer para saber a qué categoría de presidentes pertenece Álvaro Uribe (2002 -?).
Oppenheimer y Uribe están hablando de la reforma constitucional que busca el presidente colombiano, para crear una súper Corte por encima de la Corte Suprema de Justicia que está juzgando a sus aliados políticos, en el proceso conocido como de la parapolítica:
¿No aprovechará usted esa reforma para introducir una cláusula que le permita aspirar a un tercer mandato?, le pregunté en mi primer intento por obtener una respuesta.
»Es que yo no me reelegí. A mí me reeligieron 7.400.000 colombianos», respondió Uribe.
Pero señor presidente, repliqué en mi segundo intento, ¿qué diferencia habría entre usted y los presidentes autoritarios como Hugo Chávez si cambia permanentemente la Constitución para perpetuarse en el poder? ¿Si se reelige, qué autoridad moral tendría usted para considerarse mejor que Chávez?
»A ver, Andrés, no vengas aquí a hacerme cuestionamientos vía preguntas», dijo Uribe con voz firme, pero sin perder el tono de cordialidad. “Esa es la pregunta que me formulan todos los días en Colombia…Yo te digo a qué reelección aspiro yo: aspiro a que Colombia reelija la (política del gobierno de Uribe de) seguridad democrática, yo aspiro a que Colombia reelija la confianza inversionista».
¿Pero eso implicaría su reelección?, le pregunté en mi tercer intento.
»No te voy a contestar”, dijo Uribe, agregando que está muy ocupado haciendo el trabajo que le ha permitido a Colombia reducir su tasa de homicidios de 35.000 por año de hace cinco años a unos 16.000 proyectados para el 2008, darle los golpes más serios que se recuerden al grupo terrorista FARC, y lograr que la economía crezca a un 7.5 por ciento, la mejor tasa en muchos años.
Señor presidente, insistí por cuarta vez, usted tiene un índice de popularidad del 84 por ciento, el más alto de cualquier presidente latinoamericano, y en casi todos los aspectos su país está mucho mejor que antes. ¿No se va a marear?
Le agregué que ha habido muchos presidentes en Latinoamérica que fueron populares en su momento, como el argentino Carlos Menem o el peruano Alberto Fujimori, que se marearon con el poder. Todos pretendieron reelegirse para un tercer mandato, y todos terminaron mal.
No se preocupe, que a uno lo marearon unas circunstancias, y al otro otras”, respondió Uribe. Sugiriendo que eso no le sucederá a él, señaló que “un campesino labriego trabajador acostumbrado a los malos caminos y a las dificultades… resiste un camino largo y abrupto sin sentir mareos”.
¿Ni siquiera cuando tiene un índice de popularidad del 84 por ciento?, le pregunté en mi quinto intento. »No, y además nunca he trabajado en función de las encuestas», respondió Uribe, para desviar nuevamente la conversación hacia un listado de logros de su gobierno.
Al final de la entrevista, fuera de cámaras, cuando nos despedíamos, Uribe me dijo “No te preocupes, Andrés. No me voy a marear”.
***
Hasta ahí, la clasificación del presidente colombiano en el grupo de los que quieren hacerse reelegir está clara. La pregunta es, si acaso no pertenece a los que no tienen más remedio.
Porque – miren lo que pasó hoy:
A las 10:45 a.m.:
La Fiscalía General de la Nación le dictó medida de aseguramiento por cohecho a la ex parlamentaria Yidis Medina, quien en 2004, según ella misma, vendió su voto al gobierno de Uribe para aprobar la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata.
Medina se entregó a la justicia. Dice que resolvió hablar porque le incumplieron el pacto que habría hecho en 2004, en la propia sede presidencial, de obtener puestos y contratos para cambiar su voto.
Implica al presidente, al entonces y actual ministro de Protección Social Diego Palacio, al entonces ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt, hoy embajador en Roma, y a otros altos funcionarios de entonces.
A las 11:00 a.m.:
La Corte Suprema de Justicia envió copia del expediente de Yidis Medina, con todo el material probatorio aportado por ella, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (cámara baja del Legislativo), ente encargado de investigar y acusar al presidente de la república.
Aunque la Corte Suprema no lo dijo expresamente, debe iniciar así la investigación contra Uribe, por cohecho. La Comisión ya recibió, hace una semana, una demanda contra Uribe, interpuesta por el senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Luis Carlos Avellaneda.
Avellaneda ya había demandado en 2004 a Medina por vender su voto. Fue defendida por abogados que han trabajado para Uribe.
Por cuenta de la demanda del senador del PDA, le corresponde investigar a Uribe -por reparto en la Comisión de Acusaciones- al representante a la Cámara Edgar Eulises Torres, oficialista, involucrado por unas grabaciones reveladas por la prensa el año pasado de haber supuestamente recibido dinero del narcotraficante Olmes Durán Ibargüen, conocido como “El Señor de Buenaventura” y – como dice la prensa- “el otro gobernador del Chocó”.
A la Comisión de Acusaciones se le dice de dos maneras: Omisión de Acusaciones, y Comisión de Absoluciones.
La investigación de los demás funcionarios comprometidos por Medina no es de la competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, sino de la Fiscalía General de la Nación.
Esta tarde, el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, se declaró impedido de investigar este caso, porque fue subalterno del entonces ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt.
Así, hay que nombrar un fiscal ad-hoc. Mecanismo legal para nombrarlo: la Corte Suprema de Justicia lo elige, entre una terna enviada por el presidente de Colombia.
La serpiente se muerde la cola. Uribe, pues, no tiene más remedio.
mayo 8th, 2008
