13 de mayo de 2008
Prematura extradición de victimarios burla derechos de las víctimas
“La extradición, el día de hoy, de una decena de jefes paramilitares, implica que el Estado colombiano no está en capacidad, ni tiene la voluntad, de llevar a cabo la investigación y el enjuiciamiento por los graves delitos de lesa humanidad cometidos por estas personas”, se lee en un comunicado de la Comisión Colombiana de Juristas.
El párrafo lo dice todo: va dirigido a la Corte Penal Internacional (CPI), que trata crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cuando un estado no puede, o no quiere, juzgar a los individuos que los cometieron.
Para Colombia, el Estatuto de Roma que creó la CPI entró en vigor en noviembre de 2002. Todos los crímenes de esa clasificación perpetrados por los paramilitares después de esa fecha caerían bajo su órbita, si no son juzgados –ahora- por la justicia estadounidense.
Los paramilitares fueron pedidos por Estados Unidos por lo que le interesa a ese país: el narcotráfico. El presidente colombiano Álvaro Uribe dice que el juzgamiento de los capos paramilitares por sus crímenes continuará. El embajador de Washington en Bogotá, William Brownfield, garantizó que habrá acceso directo de los fiscales colombianos y de las víctimas al sistema judicial estadounidense. Ambos pusieron el principal énfasis en que los bienes de los paramilitares servirán para reparar a las víctimas.
“El gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que el Estado y el pueblo de Colombia puedan enviar representantes a los juicios que se adelanten en aquel país a fin de continuar en la búsqueda de la verdad… Además, los acuerdos de cooperación judicial con los Estados Unidos facilitan el intercambio de pruebas y la práctica en ese país por parte de las autoridades colombianas. Los Estados Unidos han reiterado sus compromisos con estos puntos”, declaró Uribe.
Pero otra cosa piensa el abogado cubano-estadounidense Santiago Rodríguez, que defendió ante las Cortes estadounidenses a un narcotraficante colombiano extraditado el año pasado: él no dejaría que un cliente suyo reconociera delitos de guerra que le complicaran el caso por el que está siendo juzgado, o sea narcotráfico.
“Cualquier cosa que diga puede ser utilizado en su contra”, se oye en las películas.
Además, si la confesión de 150 muertos por parte de un paramilitar es mucho para un juez en Colombia, para un jurado de conciencia en Estados Unidos es una catástrofe, advirtió Rodríguez. Y este ramillete de paramilitares, ahora bajo la égida de la justicia estadounidense, suman miles de muertos.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) fue la primera entidad que cuantificó las violaciones al cese al fuego decretado por los paramilitares en diciembre de 2002.
La Ley de Justicia y Paz establece que, si infringían sus compromisos de dejar de delinquir, los paramilitares ya no recibirían máximo ocho años de cárcel, sino que se irían a la justicia ordinaria – donde purgarían 40.
Pero Uribe no pasó a los paramilitares a la justicia ordinaria. “El Gobierno prefirió precipitar la extradición de estas personas a otro Estado, para que las investigue y enjuicie por el delito de narcotráfico, en vez de trasladar el conocimiento de los procesos de justicia y paz a la justicia ordinaria colombiana, para que fuesen juzgados por los delitos de lesa humanidad denunciados por miles de víctimas”, declaró la CCJ.
Esa organización no gubernamental con estatus consultivo ante la ONU consideró que “perfectamente, habría podido llevarse a cabo la extradición en el futuro, luego de culminado el trámite judicial en Colombia”.
La CCJ recordó que la decisión de Uribe “es contraria a una reciente providencia de la Corte Suprema de Justicia”, que estableció que la prioridad sobre la extradición está en los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Además, expresó la CCJ, indica “la declinación del Estado colombiano de su derecho y su obligación de juzgar a estos jefes paramilitares por delitos de lesa humanidad, que constituyen graves afrentas a los derechos humanos, frente a un requerimiento internacional por el delito de narcotráfico.
“Si bien este es un delito grave, no es equiparable a la naturaleza de delitos de lesa humanidad, que como el homicidio, la desaparición forzada, la tortura, el desplazamiento forzado y la violencia sexual, cometidos de forma sistemática y generalizada, atentan contra los seres humanos en su dimensión más valiosa: la vida y la dignidad”, según la CCJ.
El comunicado agrega que “esta decisión significa el reconocimiento, por parte del Gobierno, de que el proceso de ‘desmovilización’ no fue genuino, sino un espejismo (…). Desde hace más de 5 años, las víctimas han denunciado insistentemente la comisión de más de 3.500 asesinatos y desapariciones forzadas, por parte de los paramilitares, sin que el gobierno haya hecho nada para prevenirlo, ni para sancionarlo”.
“Sustraer a los investigados del contexto de la justicia nacional anula la posibilidad efectiva de la sociedad colombiana de confrontar a sus victimarios y de conocer el relato de las violaciones de derechos, de las que han sido y siguen siendo víctimas miles de personas”, advierte esta entidad que representa a varios grupos de víctimas en los procesos contra los paramilitares.
Si el derecho a la verdad, la justicia y la reparación se veía restringido en los procesos judiciales de la Ley de Justicia y Paz, “ahora resultará inexistente por completo. No queda para las víctimas otro camino que intentar, dentro y fuera del país, que se deduzca la responsabilidad correspondiente”, añade la CCJ.
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