Me llama la atención este texto burocrático, sin signos de puntuación. Y me recuerda la frase del periodista Daniel Coronell en su entrevista, este jueves, a la revista Cambio: “El Ejecutivo está jugando duro y usando indebidamente las herramientas del Estado en beneficio de la permanencia del Presidente y sus aliados en el poder”.
Omito el remitente.
Fecha: jueves, 28 agosto, 2008, 7:37 pm
Asunto: proyectos reforma justicia y reforma politica
Atendiento instrucciones del señor presidente de esta celula Legislativa H.S. Javier Caceres leal, estamos enviando el Proyecto de Acto legislativo No. 07 de 2008 REFORMA A LA JUSTICIA el cual fue radicado en el Senado por el señor Ministro del Interior y que será repartido por la Mesa Directiva una vez llegue a la Comisión y de igual manera y para su conocimiento la Reforma Politica con el número 106 de 2008 y radicado en la H. Cámara de Representantes
Sólo un par de anotaciones sobre el comunicado del Comité de Protección de Periodistas, que reproduzco a continuación.El de Yidis Medina no es un escándalo, ni un caso de supuesto soborno. Es un proceso judicial que ya fue fallado por la Corte Suprema de Justicia, confirmando el soborno mediante la figura jurídica del cohecho. Medina fue condenada y está en prisión. El otro detalle es que Coronell publicó el vídeo completo con el testimonio de Medina el 20 de abril pasado, en contra de la voluntad de su fuente (Medina), por considerar el periodista que ésta había violado el pacto de confidencialidad que ella misma impuso a Noticias Uno en 2004.
Por cierto, Coronell contó esta mañana que le ha dado copias del vídeo de Medina a cuanta autoridad se lo ha pedido: la Corte Suprema de Justicia (que investigó y condenó a Medina), la Fiscalía General de la Nación (que investiga a los ministros implicados en el soborno a Medina) y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (encargada de absolver al presidente cuando éste así lo disponga).Comunicado del CPJ:
Nueva York, 22 de agosto de 2008—El presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez pidió el jueves una investigación penal contra Daniel Coronell, alegando que el periodista violó la ley al no develar inmediatamente el video de una entrevista dónde supuestamente se vincula la administración de Uribe con un escándalo de soborno. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó a las autoridades colombianas a descartar la solicitud de Uribe.
El jueves, Uribe compareció ante una comisión del congreso encargada de investigar acusaciones contra altos funcionarios por haber sobornado a la ex congresista Yidis Medina para que votara a favor del cambio constitucional que permitió la reelección de Uribe en 2006, según informes de prensa.
Durante la audiencia, a puertas cerradas,Uribe pidió a la comisión que entregara el asunto a la fiscalía para llevar a cabo una investigación penal. Uribe alegó que Coronell, director de noticias de Canal Uno y columnista de la revista Semana, faltó la ley al no informar al público oportunamente sobre un crimen, según informes de prensa y entrevistas del CPJ.
Laentrevista grabada por Coronell en 2004 con Medina, en la cual ésta narra el supuesto soborno, salió al aire el 20 de abril de este año y ayudó a alimentar las investigaciones judiciales y del congreso. Coronell explicó que Medina le había pedido no divulgar la información hasta este año, según informes de la prensa colombiana. Medina, quien fue acusada de cohecho, tiene casa por cárcel.
“Rechazamos la solicitud hecha por el presidente Uribe de investigar a Daniel Coronell”, declaró el Coordinador Senior del Programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría. “Nos parece que la motivación detrás de la decisión de Uribe está ligada a las críticas que Coronell hace al gobierno colombiano. Instamos al Fiscal a descartar la solicitud de Uribe”.
El senador Luis Carlos Avellaneda interpuso una demanda contra el presidente después de que Medina declarara ante la Corte Suprema de Justicia que Uribe estaba al tanto de las ofertas que incluían cargos políticos para familiares y amigos, informó la prensa local. Otros funcionarios también están siendo investigados, informó Reuters.
En octubre de 2007, Uribe calificó a Coronell decobarde, mentiroso, canalla y difamador profesional en un programa radial en La FM. Los comentarios ocurrieron tras una columna de Coronell en Semana, en la que describe acusaciones hechas por Virginia Vallejo, amante del difunto narcotraficante Pablo Escobar, de que Uribe tenía vínculos con el narcotraficante. Horas después de que las acusaciones de Uribe salieran al aire, Coronell recibió una amenaza de muerte por correo electrónico.
Coronell pasó dos años en el exilio luego de recibirdos coronas fúnebres en 2005 con tarjetas invitándolo a su propio sepelio. Coronell también recibió mensajes por correo electrónico amenazando la vida de su pequeña hija, enviados desde la computadora del ex congresista Carlos Náder Simmonds, un amigo cercano de Uribe. Náder posteriormente admitió haber enviado el mensaje pero adujo que había sido mal interpretado. El ex congresista no fue acusado.
El CPJ es una organización independiente sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo.
Llegó a la sede parlamentaria y salió de ella por una puerta trasera y no dio la cara a los periodistas.
La investigación debe establecer hasta qué punto está Uribe implicado en la compra del voto a la entonces parlamentaria Yidis Medina, que en 2004 definía en una comisión legislativa la suerte de la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata del presidente en funciones.
Medina purga desde junio una condena por cohecho pero, como se sabe, el cohecho tiene dos protagonistas: el que peca por la paga y el que paga por pecar.
Uribe lo negó todo. Y pidió a los congresistas que lo investigan, la mayoría oficialistas, que denuncien ante la Fiscalía General de la Nación al periodista Daniel Coronell, director de noticiero de televisión de fin de semana Noticias Uno.
La intervención de Coronell fue crucial para que Medina se autoincriminara en el proceso judicial abierto por la Corte Suprema de Justicia por la compra venta de su voto y del de Teodolindo Avendaño, también parlamentario entonces.
En mayo 2004, el proyecto que permitía la reelección inmediata estaba en tercer debate, de los ocho reglamentarios para una reforma constitucional.
Éste debía pasar la votación en la Comisión Primera de la Cámara baja del legislativo, de 35 miembros. Para ese momento actuaban nueve suplentes. Entre ellos estaban Teodolindo Avendaño y Yidis Medina.
Medina, ex empleada del servicio de aseo en el Concejo Municipal (legislativo local) de Barrancabermeja, llegó en 2002, “no siempre por los métodos más ortodoxos” según expresión de Coronell en una reunión con periodistas de la asociación profesional Medios para la Paz, a ser la segunda del político local Iván Díaz Mateus, hermano de un paramilitar de esa región del Magdalena Medio.
Yidis Medina, de 38 años, madre cabeza de familia, fue representante a la Cámara baja del legislativo exactamente tres meses a partir del 1 de abril de 2004, en los que reemplazó al titular Díaz Mateus. Estaba en el lugar indicado en el momento indicado para una política corrupta.
Para finales de mayo, el gobierno tenía 16 votos, la oposición otros tantos y había tres indecisos: Rosemary Martínez, del central departamento del Tolima, hermana de un ex presidente de la Cámaraque perdió la investidura. Los otros dos eran Medina y Avendaño.
Martínez anunció que ya había negociado con el gobierno y que votaría afirmativamente la reelección, Avendaño dijo que votaría en contra y Medina señaló que estaba indecisa, y que esperaba negociar con el gobierno.
En vísperas de la votación, 18 de los integrantes de la Comisión, incluidos Medina y Avendaño, firmaron una proposición sustitutiva que hundía la reelección.
El día de la votación, Avendaño se ausentó y Medina sorpresivamente cambió su voto. Otro parlamentario no asistió.
En agosto, Medina pidió una cita urgente a Noticias Uno. Expresó que su jefe político,Díaz Mateus, le había advertido: es mejor que no siga presionando al gobierno. Un día le pueden mandar un abogado con moto (un sicario), y resultar usted muerta.
Medina consideró que, si había un video y una prueba clara de quiénes la estaban amenazando, se iba a saber por qué la habían matado. El testimonio fue grabado con el conocimiento de sus hijos, bajo la condición de publicarlo sólo si le sucedía algo a la mujer.
Pero hacia el final de la grabación, cuando Coronell repasó la condición para su publicación, Medina le agregó que éste podía ser publicado también si le incumplían.
En la grabación participó un equipo periodístico del noticiero.
En 2005, Coronell consultó con varios colegas de renombre, cuya identidad él por ahora se reserva, sobre la posibilidad ética de romper el pacto de silencio.
Recibió el concepto de que tenía que respetar el pacto con la fuente mientras no hubiera vidas de por medio.
Medina nunca volvió a pasarle al teléfono a Coronell, y éste tuvo que asilarse en agosto de ese año, tras amenazas de muerte contra su pequeña hija. En textos amenazantes electrónicos contra Coronell resultó implicado un amigo cercano del presidente Uribe.
En el video, Medina dice que en una reunión que sostuvo en la sede presidencial le advirtieron que la reelección era cuestión de “supervivencia del Estado”.
Le ofrecieron, y ella aceptó, puestos y jugosos contratos para sus amigos políticos. La implicación de dos ministros y otros altos funcionarios aún no ha sido fallada.
A principios de este año, Medina comenzó a alardear con que estaba escribiendo un libro que se titularía “Cómo vendí mi voto”, y dio declaraciones a la prensa.
Coronell consideró que Medina había roto el pacto de silencio y le anunció a la política que publicaría el video, lo que en efecto hizo. El documento impidió que Medina se retractara ante la justicia. Su condena cuestiona la legitimidad de la reelección de Uribe.
En su fallo condenatorio contra Medina, la Corte Suprema de Justicia consideró «inaudito» que desde altas esferas del poder se impulsara «la desinstitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del modelo de Estado, (…) en busca de un beneficio particular», y llegando hasta «conductas punibles».
Sentenció, además, que hubo una «desviación de poder» por esos hechos. El gobierno se declaró en rebeldía y convocó un referéndum para «repetir» las elecciones. No lo siguió impulsando, pues la Corte Constitucional se abstuvo de reconsiderar la legalidad de la reforma que permitió la reelección.
Ahora, el presidente considera que Coronell incurrió en omisión de denuncia. La Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, y el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, FIP, lanzaron este viernes una alerta, refutando esa tesis.
Este es el comunicado de FECOLPER:
ALERTA: FECOLPER refuta solicitud de investigación de Presidente Uribe contra periodista Daniel Coronel
22/08/2008
Por considerarla ilegal e intimidatoria para el gremio periodístico, la Federación Colombiana de Periodistas y el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, refutan la solicitud de investigación contra el periodista Daniel Coronel, hecha por el Presidente Álvaro Uribe, el día de ayer.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Acusación de la Cámara, para responder por el presunto delito de cohecho que, aparentemente, habría garantizado su reelección, el Presidente Uribe pidió enviar copia de la diligencia a la Fiscalía para que se investigue al director de Noticias 1, Daniel Coronel, pues considera delito haber guardado durante cuatro años la entrevista hecha a la ex Congresista Yidis Medina, donde confiesa haber sido sobornada por el Ejecutivo.
“Con esta denuncia, lo que el Presidente exige a los periodistas es que dejemos de ser informadores para convertirnos en informantes”, declaró Eduardo Márquez, presidente de FECOLPER y director de Ceso-FIP. “Por otra parte, en la práctica, está pidiendo que destruyamos un principio fundamental del periodismo: el secreto profesional. Lo que hizo Coronel fue guardar una información, por solicitud de su fuente”.
Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado con toda claridad: “El secreto profesional (…) tiene particular relevancia en el campo periodístico, ya que implica la reserva de las fuentes informativas, garantía ésta que, sobre la base de la responsabilidad de los comunicadores, les permite adelantar con mayor eficacia y sin prevención las indagaciones propias de su oficio” (Sentencia No. T-074/95).
En igual sentido se pronunció la Sentencia No. SU-056//95: “Compeler al periodista a revelar la fuente de su información, conduce a limitar el acceso a los hechos noticiosos, porque quien conoce los hechos desea naturalmente permanecer anónimo, cubierto de cualquier represalia en su contra”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Principio No 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, establece: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
Finalmente, el artículo 441 del Código Penal, “Omisión de denuncia de particular”, no contempla el omitir la denuncia del aparente cohecho entre la ex Congresista Medina y el Presidente Uribe, pues hace referencia a otros delitos.
Finalmente Márquez comentó: “Lamentamos que el Presidente haya convertido en normal, atacar a periodistas o medios de comunicación que controvierten sus acciones o las de su gobierno. Esta actitud se suma a la persecución violenta y al acoso judicial, como un factor adicional que induce a la auto censura en Colombia”.
Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER La FECOLPER representa a más de 1100 periodistas en 19 departamentos
Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, CESO FIP La FIP representa a más de 600 mil periodistas en 120 países
“Nunca hemos sido objeto de extorsión”, dijo este jueves a periodistas el portavoz de la cadena francesa Carrefour, Mario Acevedo. “Nunca hemos tenido amenazas, ni hemos sido extorsionados, ni nada parecido”, agregó.
El fin de semana la empresa ya había emitido un comunicado en el que informaba que, desde que opera en Colombia, “siempre han tenido una situación tranquila en ese sentido”.
El sábado estallaron sendos artefactos en dos tiendas de Carrefour en Bogotá. El ministro de Defensa Juan Manuel Santos aseguró que los autores fueron las FARC, y que la empresa venía siendo extorsionada por esa guerrilla, “desesperada” por “conseguir recursos, hacer presencia”. Que las FARC planean cometer atentados y extorsiones en Bogotá y otras ciudades, aseveró, pero que las autoridades no lo permitirán.
Hay que explicarle a Carrefour que, de un tiempo para acá, el miedo colectivo es un ingrediente de campaña electoral en Colombia.
Y también, que no descarte que las amenazas sí comiencen ahora, para que aprenda a no contradecir.
Por fin alguien toma el tema de los computadores de “Raúl Reyes” por donde es:
Leerse cuidadosamente el informe público de INTERPOL (existe otro, más extenso y confidencial, que le fue entregado al gobierno colombiano) y preguntar por la copia espejo.
La copia espejo es una copia idéntica, bajo el procedimiento de «imaging» (obtención de imágenes forenses de datos), cuyos valores de «hash» (o de troceo) coinciden con el original. INTERPOL elaboró dos copias espejo. Una la tiene el gobierno colombiano, y otra la tiene INTERPOL en su sede en Lyon.
De todas maneras, la copia espejo se hizo tardíamente. Las piezas informáticas atribuidas a “Reyes” fueron abordadas de manera no técnica durante el sábado, el domingo y parte de la mañana del lunes (1, 2 y 3 de marzo de 2008).
El periodista colombiano William Parra, acusado de correspondencia electrónica comprometedora con “Reyes”, tenía que comparecer esta semana a indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación. Pidió conocer las pruebas en su contra.
Bajo el argumento de que la Fiscalía no le ha entregado la totalidad de esas pruebas, solicitó aplazar la diligencia. El martes 19, la Fiscalía aceptó fijar una nueva fecha.
Este es el alegato de William Parra:
Por medio de escrito presentado por mi defensa el pasado 14 de agosto de 2008, solicité al fiscal de la Unidad de Terrorismo que adelanta el caso en mi contra, que APLAZARA LA DILIGENCIA DE INDAGATORIA para la cual he sido citado.
Esta solicitud la hago porque después de haber leído el expediente y las supuestas pruebas en mi contra, encuentro que
1. Existen por lo menos seis pruebas anunciadas por la Fiscalía que no aparecen en el proceso, y por lo tanto se desconoce cuál es su contenido, pero no obstante, la Fiscalía sustenta en ellas la apertura de investigación en mi contra y el llamado a indagatoria. Es elemental que en un proceso el imputado pueda conocer todas las pruebas para poder acceder a una defensa verdadera, como es el sentido que se le da a una indagatoria.
2. Porque debo tener acceso a una copia espejo de los equipos (Computador,USB, disco duro, etc.) de donde supuestamente sacaron las pruebas. En el proceso sólo me fueron puestos a disposición papeles, ello a pesar de que mi defensora solicitó a la Fiscalía aclarara si tenía otros elementos. Así, la ley obliga a la Fiscalía a que me muestre a mí y en general a todos los procesados lo que supuestamente existe en dichos elementos (computador, USB, memorias externas, etc.), para poder saber si hay pruebas en mi favor allí y si las que dicen los funcionarios de la Policía Nacional, son las que están.
Ello hace parte del derecho de defensa de cualquier ciudadano y con mayor razón de una persona como yo que ha sido perseguida, entre otros, por los dos últimos directores de la Policía Nacional, el general Jorge Daniel Castro, quien quiso obligarme no sólo a revelar el sitio, sino llevarlo al lugar donde había realizado una entrevista al vocero de las FARC, Raúl Reyes, cuya negativa coincidió curiosamente con un atentado en mi contra, en el cual me propinaron ocho puñaladas delante de mi pequeña hija. Y ahora por el actual director de la Institución, general Óscar Naranjo, es decir por el jefe de los que dicen que encontraron pruebas en mi contra.
3. Como si esto no fuera suficiente, dentro de las supuestas pruebas de cargo existen contradicciones en fechas y contenidos, que pido sean aclaradas antes de la diligencia de indagatoria, mediante el acceso a una copia espejo de los elementos antes mencionados. Así se podrá aclarar en definitiva, qué es lo qué dicen, si dicen algo.
En las condiciones actuales, ¿cómo me podría defender respecto de éstas pruebas, si ni siquiera la propia Fiscalía tiene claridad sobre las fechas o sobre los contenidos?
Pese a peticiones anteriores, aún hoy me veo obligado a exigir una vez más, se permita a mi defensa el acceso, no sólo al expediente, sino a las supuestas pruebas de cargo, para poder adelantar mi defensa en plenas condiciones de transparencia. En resumen, la situación sigue siendo una clara vulneración de mis derechos. Como persona INOCENTE que soy, no renunciaré a mis derechos, ni como persona, ni como procesado, no cejaré en mi empeño de demostrar esa inocencia y estoy dispuesto a cumplir con los llamados de la justicia, siempre y cuando se respeten el debido proceso y el derecho a la defensa.
Ni “insignificante”, ni “maravilloso”, que militares se disfracen de periodistas, ni en operaciones “perfectas” ni en las que no lo sean tanto.
Los socios y familiares del ministro de Defensa Juan Manuel Santos en el diario bogotano El Tiempo expresan en editorial de este viernes su rechazo al uso de la Misión Periodística en la operación “Jaque”, luego de que lo hiciera Earl Maucker, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP.
No es insignificante
El pasado martes, en la conmemoración de los 15 años del diario Hoy Diario del Magdalena, de Santa Marta, que contó con la presencia del Jefe del Estado y de los presidentes de las cortes Suprema y Constitucional, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Earl Maucker, cuestionó en su discurso que los gobiernos utilizaran credenciales o emblemas de la prensa para sus propios objetivos. La semana pasada, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoció que en la ‘Operación Jaque’ se habían usado logos de la cadena de televisión Telesur, financiada por el gobierno venezolano, y dijo que se trataba de un ‘detalle insignificante frente a la magnitud de los resultados’. La afirmación del Ministro es discutible y el hecho debería generar una reflexión de fondo entre los periodistas colombianos y en el Gobierno y las Fuerzas Armadas.
El viernes, después de esa admisión -que despertó preguntas de la prensa extranjera y protestas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y de Telesur-, el Ministro afirmó en el Club Nacional de Prensa, en Washington, que no supo del uso del logo de Telesur sino ‘hasta después’ y dijo: ‘Si yo me pongo en los zapatos de otro medio (como) El Tiempo, un medio de comunicación que tiene que ver con mi familia, y aparece alguien de El Tiempo, y ayudó a que se liberaran unos secuestrados sin que se disparara un tiro, me parecería maravilloso’.
La suplantación de periodistas en conflictos armados es una práctica que pone en riesgo a los periodistas -considerados civiles en el derecho internacional humanitario, y, a diferencia de los combatientes, protegidos en calidad de tales-, y los primeros que deberían tener conciencia de ello son los gobiernos y los militares.
Es una práctica explícitamente desaconsejada por la experiencia internacional y que un Estado de Derecho no debe promover.
Los periodistas de El Tiempo que cubren el conflicto armado deben, por su trabajo, hablar con las FARC y otros grupos armados.
Eso es parte esencial de su labor, y su seguridad depende de que su independencia no se comprometa de ninguna manera. No tiene razón el Ministro si cree que a El Tiempo le parecería ‘maravilloso’ que se utilizara su logo para una operación militar, pues esto solo acrecentaría los riesgos de hombres y mujeres de esta Casa Editorial, que ya encaran suficientes peligros para cumplir una labor difícil y a veces ingrata. Un periódico o un periodista que valoran su autonomía no se prestarían para eso. editorial@eltiempo.com.co
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
