22 de agosto de 2008
Ayer, el presidente Álvaro Uribe rindió durante dos horas declaración ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, competente para investigar a los mandatarios de Colombia y más conocida como Comisión de Absoluciones.
Llegó a la sede parlamentaria y salió de ella por una puerta trasera y no dio la cara a los periodistas.
La investigación debe establecer hasta qué punto está Uribe implicado en la compra del voto a la entonces parlamentaria Yidis Medina, que en 2004 definía en una comisión legislativa la suerte de la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata del presidente en funciones.
Medina purga desde junio una condena por cohecho pero, como se sabe, el cohecho tiene dos protagonistas: el que peca por la paga y el que paga por pecar.
Uribe lo negó todo. Y pidió a los congresistas que lo investigan, la mayoría oficialistas, que denuncien ante la Fiscalía General de la Nación al periodista Daniel Coronell, director de noticiero de televisión de fin de semana Noticias Uno.
La intervención de Coronell fue crucial para que Medina se autoincriminara en el proceso judicial abierto por la Corte Suprema de Justicia por la compra venta de su voto y del de Teodolindo Avendaño, también parlamentario entonces.
En mayo 2004, el proyecto que permitía la reelección inmediata estaba en tercer debate, de los ocho reglamentarios para una reforma constitucional.
Éste debía pasar la votación en la Comisión Primera de la Cámara baja del legislativo, de 35 miembros. Para ese momento actuaban nueve suplentes. Entre ellos estaban Teodolindo Avendaño y Yidis Medina.
Medina, ex empleada del servicio de aseo en el Concejo Municipal (legislativo local) de Barrancabermeja, llegó en 2002, “no siempre por los métodos más ortodoxos” según expresión de Coronell en una reunión con periodistas de la asociación profesional Medios para la Paz, a ser la segunda del político local Iván Díaz Mateus, hermano de un paramilitar de esa región del Magdalena Medio.
Yidis Medina, de 38 años, madre cabeza de familia, fue representante a la Cámara baja del legislativo exactamente tres meses a partir del 1 de abril de 2004, en los que reemplazó al titular Díaz Mateus. Estaba en el lugar indicado en el momento indicado para una política corrupta.
Para finales de mayo, el gobierno tenía 16 votos, la oposición otros tantos y había tres indecisos: Rosemary Martínez, del central departamento del Tolima, hermana de un ex presidente de la Cámara que perdió la investidura. Los otros dos eran Medina y Avendaño.
Martínez anunció que ya había negociado con el gobierno y que votaría afirmativamente la reelección, Avendaño dijo que votaría en contra y Medina señaló que estaba indecisa, y que esperaba negociar con el gobierno.
En vísperas de la votación, 18 de los integrantes de la Comisión, incluidos Medina y Avendaño, firmaron una proposición sustitutiva que hundía la reelección.
El día de la votación, Avendaño se ausentó y Medina sorpresivamente cambió su voto. Otro parlamentario no asistió.
En agosto, Medina pidió una cita urgente a Noticias Uno. Expresó que su jefe político, Díaz Mateus, le había advertido: es mejor que no siga presionando al gobierno. Un día le pueden mandar un abogado con moto (un sicario), y resultar usted muerta.
Medina consideró que, si había un video y una prueba clara de quiénes la estaban amenazando, se iba a saber por qué la habían matado. El testimonio fue grabado con el conocimiento de sus hijos, bajo la condición de publicarlo sólo si le sucedía algo a la mujer.
Pero hacia el final de la grabación, cuando Coronell repasó la condición para su publicación, Medina le agregó que éste podía ser publicado también si le incumplían.
En la grabación participó un equipo periodístico del noticiero.
En 2005, Coronell consultó con varios colegas de renombre, cuya identidad él por ahora se reserva, sobre la posibilidad ética de romper el pacto de silencio.
Recibió el concepto de que tenía que respetar el pacto con la fuente mientras no hubiera vidas de por medio.
Medina nunca volvió a pasarle al teléfono a Coronell, y éste tuvo que asilarse en agosto de ese año, tras amenazas de muerte contra su pequeña hija. En textos amenazantes electrónicos contra Coronell resultó implicado un amigo cercano del presidente Uribe.
En el video, Medina dice que en una reunión que sostuvo en la sede presidencial le advirtieron que la reelección era cuestión de “supervivencia del Estado”.
Le ofrecieron, y ella aceptó, puestos y jugosos contratos para sus amigos políticos. La implicación de dos ministros y otros altos funcionarios aún no ha sido fallada.
A principios de este año, Medina comenzó a alardear con que estaba escribiendo un libro que se titularía “Cómo vendí mi voto”, y dio declaraciones a la prensa.
Coronell consideró que Medina había roto el pacto de silencio y le anunció a la política que publicaría el video, lo que en efecto hizo. El documento impidió que Medina se retractara ante la justicia. Su condena cuestiona la legitimidad de la reelección de Uribe.
En su fallo condenatorio contra Medina, la Corte Suprema de Justicia consideró «inaudito» que desde altas esferas del poder se impulsara «la desinstitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del modelo de Estado, (…) en busca de un beneficio particular», y llegando hasta «conductas punibles».
Sentenció, además, que hubo una «desviación de poder» por esos hechos. El gobierno se declaró en rebeldía y convocó un referéndum para «repetir» las elecciones. No lo siguió impulsando, pues la Corte Constitucional se abstuvo de reconsiderar la legalidad de la reforma que permitió la reelección.
Ahora, el presidente considera que Coronell incurrió en omisión de denuncia. La Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, y el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, FIP, lanzaron este viernes una alerta, refutando esa tesis.
Este es el comunicado de FECOLPER:
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ALERTA: FECOLPER refuta solicitud de investigación de Presidente Uribe contra periodista Daniel Coronel
22/08/2008
Por considerarla ilegal e intimidatoria para el gremio periodístico, la Federación Colombiana de Periodistas y el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, refutan la solicitud de investigación contra el periodista Daniel Coronel, hecha por el Presidente Álvaro Uribe, el día de ayer.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Acusación de la Cámara, para responder por el presunto delito de cohecho que, aparentemente, habría garantizado su reelección, el Presidente Uribe pidió enviar copia de la diligencia a la Fiscalía para que se investigue al director de Noticias 1, Daniel Coronel, pues considera delito haber guardado durante cuatro años la entrevista hecha a la ex Congresista Yidis Medina, donde confiesa haber sido sobornada por el Ejecutivo.
“Con esta denuncia, lo que el Presidente exige a los periodistas es que dejemos de ser informadores para convertirnos en informantes”, declaró Eduardo Márquez, presidente de FECOLPER y director de Ceso-FIP. “Por otra parte, en la práctica, está pidiendo que destruyamos un principio fundamental del periodismo: el secreto profesional. Lo que hizo Coronel fue guardar una información, por solicitud de su fuente”.
Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado con toda claridad: “El secreto profesional (…) tiene particular relevancia en el campo periodístico, ya que implica la reserva de las fuentes informativas, garantía ésta que, sobre la base de la responsabilidad de los comunicadores, les permite adelantar con mayor eficacia y sin prevención las indagaciones propias de su oficio” (Sentencia No. T-074/95).
En igual sentido se pronunció la Sentencia No. SU-056//95: “Compeler al periodista a revelar la fuente de su información, conduce a limitar el acceso a los hechos noticiosos, porque quien conoce los hechos desea naturalmente permanecer anónimo, cubierto de cualquier represalia en su contra”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Principio No 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, establece: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
Finalmente, el artículo 441 del Código Penal, “Omisión de denuncia de particular”, no contempla el omitir la denuncia del aparente cohecho entre la ex Congresista Medina y el Presidente Uribe, pues hace referencia a otros delitos.
Finalmente Márquez comentó: “Lamentamos que el Presidente haya convertido en normal, atacar a periodistas o medios de comunicación que controvierten sus acciones o las de su gobierno. Esta actitud se suma a la persecución violenta y al acoso judicial, como un factor adicional que induce a la auto censura en Colombia”.
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Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER
La FECOLPER representa a más de 1100 periodistas en 19 departamentos
Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, CESO FIP
La FIP representa a más de 600 mil periodistas en 120 países
Para más información, visite: www.fipcolombia.com
Escrito en : El fin justifica los medios,El poder,Justicia
