Heavy Metal Colombia

¿»Misión Médica» con escolta militar?

10 de diciembre de 2008

Por si acaso cuestionan a Colombia por el uso ilegal del distintivo del Comité Internacional de la Cruz Roja en la célebre y exitosa operación Jaque, que liberó a Ingrid Betancourt y a otros 14 cautivos de la guerrilla, el vicepresidente Francisco Santos entró pisando duro en Ginebra, en vísperas del Examen Periódico Universal en derechos humanos a Colombia.

Le entregó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, una carta que denuncia que las FARC atacaron el fin de semana una “misión médica” a unos 14 kilómetros del casco urbano de San Vicente del Caguán, en el sureño departamento del Caquetá.

Creo que voy a enviar varias candidaturas al Premio Monster de Periodismo, que estableció el periódico gratis Un Pasquín, del caricaturista Vladdo.

La primera candidatura es colectiva: para todos los periodistas nacionales e internacionales que calificaron a priori como “misión médica” una caravana de vehículos civiles que fue atacada por las FARC cuando se adentró en territorio guerrillero el domingo.

La caravana estaba integrada por cuatro vehículos: adelante iba una camioneta con logotipos del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), que atiende a la infancia desprotegida.

Luego avanzaban dos camionetas más, cuyos ocupantes, como se afirma, trabajan en un hospital –las informaciones no mencionan si esos vehículos llevaban la insignia de la Misión Médica- y por último un auto con funcionarios de la alcaldía de San Vicente.

Esta vez murieron Yamith Correa, psicólogo del ICBF de apenas 26 años, y John Alape, conductor del vehículo del mismo instituto, y resultaron heridas tres funcionarias: una psicopedagoga, una trabajadora social y una nutricionista.

“La carga estaba oculta a la orilla de la carretera y fue activada al paso del primer automotor”, dijo el secretario de gobierno de Caquetá, Edilberto Endo, “por la acción de los explosivos, el carro se salió de la vía y rodó 50 metros por un abismo, lo cual provocó el deceso del conductor y su acompañante y heridas múltiples a tres personas más”.

Las mujeres heridas fueron trasladadas en helicóptero militar inicialmente al Batallón Cazadores, en las afueras de San Vicente, y luego a un hospital en Florencia, capital del Caquetá.

El alcalde de San Vicente, Hernán Cortés, no viajó, pues fue advertido por el comandante de la Policía local “que no había garantías de seguridad y que era posible que las FARC estuvieran en la zona”, dice el diario bogotano El Tiempo.

“Nosotros conocimos del primer ataque hacia las 8 de la mañana, por eso no viajé al lugar de la brigada”, aseguró Cortés a W Radio. El comentario extraña, pues los reportes sitúan la explosión contra el vehículo del ICBF entre las 9 de la mañana y las 9:30. Caracol Radio informó del hecho a las 10:59.

El alcalde de San Vicente suele transportarse en los vehículos del ICBF, según el diario La Nación, de la ciudad de Neiva.

El asunto es que la “misión médica” era escoltada por la fuerza aérea, informa El Tiempo, que además precisa que la “brigada”, como acertadamente la llama el alcalde, fue “organizada por el ICBF, la Alcaldía y la Fuerza de Tarea Omega de las Fuerzas Militares”.

Por su parte, el diario El País, de la ciudad de Cali, informa que “la misión humanitaria estaba destinada a atender a los niños afectados por la violencia en la región y a los uniformados de la Fuerza Pública que combaten en esta zona vulnerable del país”.

En otras palabras, era una brigada cívico-militar, que son parte de la estrategia de guerra contrainsurgente en Colombia. No dejo de preguntarme por qué la fuerza pública “escoltaba” a la “misión médica” sólo desde el aire.  ¿Para resguardar a sus tropas, si acaso había un ataque guerrillero?

“El principio de distinción implica hacer lo posible para evitar que los medios de transporte sanitarios y las instalaciones de salud se puedan convertir en objetivo militar. Igualmente se debe prevenir que el personal sanitario sea sujeto de ataque”, se lee en el Manual de la Misión Médica, publicado por el Ministerio de Protección Social de Colombia en 2004.

“Debe evitarse viajar en un vehículo perteneciente a alguna de las partes en conflicto, o hacerse desvarar por ellos. Así mismo, solicitar o aceptar escolta”, agrega el manual, cuya impresión fue financiada por la Organización Panamericana de la Salud.

Otros párrafos del manual, cuya lectura recomiendo a mis colegas candidatizados al Premio Monster de Periodismo:

“Debe procurarse evitar recurrir a personas ajenas a la entidad de salud para trabajar en zonas particularmente tensas”.

“Las Unidades Sanitarias autorizadas para utilizar el Emblema Protector serán señalizadas en las paredes exteriores y los techos, de tal forma que sea visible desde tan lejos como sea posible. Las Unidades Sanitarias móviles o temporales (…) no deben presentar ningún escudo, logotipo o eslogan diferente a los descritos para la Misión Médica”.

“Los Medios de Transporte Sanitario deberán pintar el Emblema Protector en el techo y en los lados, así como en el frente y la parte posterior, de forma tal que sea óptima su visibilidad cuando se desplieguen sus actividades de salud. La señalización debe ser permanente y no se autorizará su uso en medios de fácil remoción (magnéticos, autoadhesivos, etc.). Adicionalmente, en zonas de alto riesgo en razón del conflicto armado, se podrá complementar la señalización del vehículo con el uso de banderas con el Emblema Protector”.

“El personal sanitario de carácter civil (tanto público como privado) debe abstenerse de brindar cualquier tipo de apoyo o ventaja estratégica a los combatientes (de cualquier bando), dado que estas acciones pondrían en duda su calidad de ‘no combatiente’».

Una pregunta adicional es si acaso en el Caquetá comenzó ya el programa del Ministerio de Defensa que algunos denominan Consolidación Social del Territorio.

Este programa es manejado por el Centro de Coordinación para la Acción Integral (CCAI), un organismo interagencias que lidera Acción Social, oficina de la Presidencia de la República que, entre otras actividades, canaliza la cooperación internacional.

“Acción Integral” es el nuevo nombre que se les da a las operaciones o brigadas cívico-militares, como puede verse en todas las páginas web de las unidades militares colombianas.

El Ministerio de Defensa propuso a mediados de 2007 un nuevo plan de guerra, que combina el componente militar y la acción integral para la recuperación social y militar del territorio. El departamento piloto para este experimento contrainsurgente fue durante 2008 el central departamento del Meta, en el límite norte del Caquetá.

El objetivo para 2010 es ejecutar recursos del sector defensa en proyectos de bienestar comunitario, en zonas tradicionalmente abandonadas por el Estado y cuyos habitantes no gustan al gobierno, ni éste gusta a sus habitantes.

Esto es “ejecutar una política social a través de la guerra”, como explica el analista José Aristizábal García en la revista Arcanos No. 14, de la Corporación Nuevo Arco Iris, a punto de iniciar circulación.

Así que también valdría preguntar cómo se financiaba la fallida y trágica “misión médica”: ¿con recursos del ICBF o del Ministerio de Protección Social, o con recursos del Ministerio de Defensa? Y cabe aún otro interrogante: ¿Colombia va tras el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio recurriendo, en estas zonas, a la propaganda de guerra?

Escrito en : Civiles en la mira,El fin justifica los medios,Fronteras,La guerra y la paz