Sólo 17 hombres del Bloque Vencedores de Arauca (BVA) han sido llamados a declarar ante la justicia colombiana en cuatro años, desde que esa fuerza paramilitar que operaba en la frontera con Venezuela se desmovilizó con 500 combatientes, en diciembre de 2005, bajo el esquema de la Ley de Justicia y Paz.
“Al comienzo hubo cierta celeridad” por parte de la justicia, “pero ésta se frenó cuando nuestra verdad develó el trabajo en equipo” entre el BVA y políticos, la agencia de inteligencia DAS, la Policía y el Ejército, afirma el ex jefe paramilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “El Mellizo”, en carta desde una cárcel en Virginia, Estados Unidos, país a donde fue extraditado por el presidente Álvaro Uribe en 2009.
“La victimización de colombianos se hizo en estrecha colaboración gobierno-AUC, por ende nos cabrá la misma responsabilidad tanto jurídica como histórica”. “El holocausto de Colombia fue diseñado en las entrañas del gobierno y llevado a efecto por los idiotas útiles que fuimos nosotros”, agrega este narcotraficante que conformó el BVA en 2001, cuando los paramilitares adelantaban pactos secretos con políticos para desmovilizarse tan pronto ganara un gobierno como el que efectivamente ganó en 2002.
“El Mellizo” pide que la justicia escuche en declaración a todos los miembros del BVA que sobreviven, pues “más de 600” murieron, llevándose muchas verdades a la tumba. Y así, “en un plazo de no más de seis meses” se sabría sobre muchos de los crímenes y sobre las alianzas del paramilitarismo narcotraficante en el oriental departamento de Arauca, y por lo tanto “quién es el que le teme a la paz y a la verdad”.
A sus víctimas de Arauca, “El Mellizo” les dice que “espero que se organicen y exijan”, y que “no permitan que se siga haciendo política con su dolor”.
Dos parientes cercanos del ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, han sido asesinados; su familia “recibe amenazas constantes”; sus abogados “son objeto constante de amenazas, de seguimientos pasivos y activos”, incluyendo el seguimiento de sus teléfonos y correos electrónicos, razón por la cual anuncia que callará como un pez.
Mejor para el presidente Álvaro Uribe –entre otros.
Y, quién quita, mejor para algunos sectores del poder en Estados Unidos, habida cuenta el antecedente de la financiación de la entonces Contra nicaragüense con cocaína del Cartel de Cali, por intermedio de la CIA. Un eventual involucramiento estadounidense con el paramilitarismo colombiano es la única explicación que encuentro para los obstáculos que ostensivamente imponen en Estados Unidos para evitar que hablen los capos paramilitares extraditados.
“En una etapa de postración prácticamente insuperable” se encuentra el proceso de confesiones diseñado bajo Justicia y Paz, marco legal bajo el cual se desmovilizaron los principales jefes paramilitares, sostiene “Don Berna” en carta enviada a la Corte Suprema de Justicia de Colombia desde el Metropolitan Correctional Center de New York.
Supuestamente sólo ahora “Don Berna” comprende que el aislamiento dispuesto por el gobierno mientras estuvo preso en Colombia “era necesario para silenciarme, era indispensable para que muchos actos quedaran en la más completa impunidad”.
Cada cual puede creerle o no. Pero, no puede uno dejar de pensar que el silencio de los capos paramilitares mientras aún estaban en cárceles colombianas se debió a que mantuvieron hasta último momento su comprometedora verdad como arma de negociación.
La misiva, con fecha 17 de septiembre, afirma que los paramilitares extraditados el 13 de mayo de 2008 supuestamente estaban dispuestos a contar la verdad en el marco de la Ley de Justicia y Paz, a sabiendas de que “nuestras confesiones conducirían a un replanteamiento y por qué no decirlo, a una reestructuración de casi de la totalidad de las instituciones del Estado [sic], entre ellas el Congreso de la República, el DAS, las Fuerzas Militares y de Policía, la Fiscalía General de la Nación e incluso la Presidencia misma”.
Por ello, asevera, los jefes paramilitares proponían un gran pacto de paz que incluyera a las guerrillas o una asamblea constituyente. Pero, escribe “Don Berna”, en Colombia existen “muchos de sectores políticos, militares y económicos de personas que aún conservan inmensos márgenes de poder e infiltración en las instituciones del país”.
Estos sectores, interesados “en perpetuar el conflicto armado y por ende su poder”, como expresa “Don Berna”, han logrado hasta ahora que no se conozca su participación en los crímenes de lesa humanidad y en los crímenes de guerra por los cuales los paramilitares pusieron la cara.
“Fuimos un instrumento de esos sectores, nosotros hicimos el ‘trabajo sucio’ que ellos ordenaban, fuimos el escudo para la impunidad total de sus actos”, señala “Don Berna”.
He ahí el gran secreto de por qué la guerra colombiana nunca encuentra solución.
Se trata de sectores empresariales que no saben acumular capital si no es mediante la violencia, como indica el instituto Indepaz en su “Informe de Paraeconomía y Narcoparamilitares en el 2008”.
O también, de sectores dedicados a hacerse elegir para tener acceso a la torta presupuestal, familias y compadres que no saben incursionar en la política si no es mediante la compra de votos y la amenaza de muerte. Que, por eso, ven en la oposición, como vieron en la entonces emergente Unión Patriótica, un enemigo mortal al que había que borrar del mapa político y para ello crearon grupos paramilitares.
El capo responsable de la seguridad que logró Medellín a partir de 2004 y hasta su extradición, y que algunos llamamos “Donbernabilidad Democrática”, dice que la estrategia para silenciarlo saldrá “victoriosa”, a menos que intervengan activamente ante el gobierno colombiano y ante la justicia estadounidense, además de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.
“Don Berna” da algunas interesantes claves en su carta a la Corte Suprema:
+ “Las Autodefensas Unidas de Colombia tenían una visión política del país resultado del hecho de haber construido un verdadero Estado dentro del Estado”.
+ En sólo una hora de reunión con uno de sus hombres, cuando estaba bajo régimen de cuasi aislamiento en una cárcel colombiana, “Don Berna” logró esclarecer los hechos relacionados con la masacre de San José de Apartadó en 2005, un “acto conjunto desarrollado con el Ejército Nacional” que culminó en condenas contra los autores materiales, tanto paramilitares como militares.
+ Aunque el gobierno argumentó la extradición de “Don Berna” y los demás en la versión de que seguían “delinquiendo” desde las cárceles, incluso las de máxima seguridad, según el capo no existe en la Fiscalía ninguna prueba o proceso judicial al respecto, en su caso.
+ Después de un año y cuatro meses de la extradición masiva de capos paramilitares, no existe ningún convenio judicial entre Estados Unidos y Colombia para facilitar sus confesiones ante la justicia colombiana, como lo anunciaron en su momento el gobierno y el embajador estadounidense William Brownfield. Apenas se les permite confesar vía video satelital. Pero, los crímenes cometidos por estos señores fueron de tal magnitud, que para ello necesitan importantes ayudas de memoria, como apunta “Don Berna”: “documentar hechos con los partícipes directos, cruzar información con las víctimas, verificar si la información es correcta y corresponde a actos ejecutados bajo las directrices dadas a nuestros hombres, analizar los procesos judiciales existentes y en aquellos casos en que no hay procesos judiciales acopiar los medios de prueba necesarios u orientar a los fiscales para la obtención de las pruebas”.
+ “Don Berna” dice conocer tan bien los esquemas de seguridad que ofrece el Estado colombiano, que no los considera garantía para su familia o abogados. “Es poner al ratón a cuidar el queso”, expresa, “conozco de primera mano la posibilidad de infiltración en tal sistema”, el cual “no ostenta las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de mi familia, sería incluso colocarlos en mayor riesgo”. Se refiere a los sistemas de escolta que el gobierno dice aplicar a 10 mil personas en Colombia, entre líderes políticos, funcionarios, sindicalistas, defensores de derechos humanos y periodistas.
“Don Berna” advierte que es consciente de que, después de esta carta, el gobierno colombiano logrará que las autoridades carcelarias estadounidenses lo aíslen aún más, como ha sucedido con muchos de los demás capos paramilitares extraditados junto con él, y que han sido trasladados a cárceles alejadas y con regímenes penitenciarios que obstaculizan aún más la colaboración con la justicia colombiana.
El Decreto 3672 de 2009 prohíbe a los medios de comunicación transmitir información sobre «orden público», como se le dice a la guerra en Colombia, si ésta no está previamente confirmada por fuente oficial, durante las elecciones primarias que harán cuatro partidos políticos este domingo.
El diario El Universal, de Cartagena de Indias, publicó el 13 de este mes una curiosa noticia, de la que se desprende que los grafiteros que la emprendan contra las bases militares colombianas de Estados Unidos son pandilleros terroristas que causan daño al bien ajeno.
Me pregunto si grafiteros que eventualmente pintaran paredes a favor de las bases militares también serían acusados de terrorismo. O si es que la censura a la libertad de opinión ahora se va a extender a la muralla –que, como dice el aforismo, es “el papel de la canalla”.
La nota de prensa, que reproduzco, habla por sí sola. Vale agregar que la JUCO (Juventud Comunista) es una organización legal, asociada al Partido Comunista, también legal, y que ambos hacen parte del movimiento de centro izquierda Polo Democrático Alternativo, con bancada en el parlamento colombiano. Y que Sincelejo es la capital del noroccidental departamento de Sucre, cuna de un importante movimiento campesino ya diezmado por la guerra; escenario de miles de asesinatos de líderes populares y, dominado por una dirigencia no ya estrechamente ligada al paramilitarismo, sino que ha conformado escuadrones de la muerte para exterminar a la disidencia electoral.
PROTESTAN POR USO DE BASES POR PARTE DE EE.UU.
Aparecen graffitis en varios sectores de Sincelejo
EL UNIVERSAL
SINCELEJO
La aparición de varios graffitis en distintos sectores de la ciudad, a través de los cuales se protesta por las instalaciones de bases militares de Estados Unidos en Colombia, obligó a las autoridades a la implementación de acciones para dar con los responsables de estos hechos.
Los graffitis fueron pintados en paredes de residencias, colegios y hasta en una nueva sede de una iglesia protestante.
La Policía informó que hasta el momento se desconocen los autores de estos hechos, que de establecerse se podrían ver vinculados a un proceso por el delito de daños en bien ajeno, hasta terrorismo.
Residentes del barrio precisaron que el graffiti pintado en ese sector fue obra de un grupo de jóvenes, al parecer, pandilleros que transitan diariamente por este sector.
La Policía investiga las iniciales Juco, las cuales, al parecer, son de una pandilla que se autodenomina de esa forma.
También han sido pintados graffitis en sectores como Mochila, zona céntrica, La Pajuela, Bosque, La María y en barrios de la zona norte de Sincelejo.
Precisamente cuando quedó libre el periodista iraquí que en plena rueda de prensa le tiró un zapato al entonces presidente Bush en gesto que, aunque inapropiado en periodismo, generó fervor y simpatía mundiales, el nuevo ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva Luján, le lanzó un poco diplomático zapatazo al gobierno de España.
España ofreció nuevamente el martes mediar en la crisis entre Colombia y Venezuela, así que el miércoles una periodista de la cadena Caracol Radio, de propiedad del grupo español Prisa, le preguntó al aire a Silva Luján: “Ministro, ¿Colombia estaría considerando esa mediación, esos buenos oficios que ayer reiteró el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, para dialogar con Venezuela y superar esta crisis diplomática?”
-“Yo le contestaría a él que… Zapatero, a tus zapatos”, dijo el ministro Silva.
-“Já Já… Zapatero a tus zapatos…” –otro periodista que retomó el micrófono a continuación, habituado quizá a no cuestionar a los poderosos, se lo celebró como chiste y pasó a otro tema en la entrevista.
Horas más tarde, la misma emisora reprodujo, también sin objeciones, las disculpas del ministro Silva, quien se justificó diciendo que “yo vengo de la gente del campo” y por eso es maleducado y poco diplomático.
Que se lo crean en España, digo yo. Silva sí fue gerente de la Federación de Cafeteros durante siete años, pero su maleducadez con toda seguridad se le pegó en otra parte.
Silva estudió Ciencia Política en la privada -y costosa- Universidad de los Andes e hizo cursos de postgrado en economía y relaciones internacionales en la Escuela de Estudios Internacional Avanzados de la Universidad John Hopkins, en Estados Unidos. Fue asesor de Asuntos Políticos y Seguridad del presidente Virgilio Barco (1986-1990) e hizo parte del círculo cercano de César Gaviria (1990-1994) como consejero de Asuntos Internacionales. Gaviria lo envió en 1993 de embajador en Washington, y luego pasó a trabajar en calidad de asesor especial del mismo Gaviria, cuando éste fue secretario general de la OEA.
Con esa hoja de vida, a Silva Luján le queda difícil sustentar aquello de que es que “yo vengo de trabajar con el sector agrario, y a veces no somos tan elegantes como en los círculos diplomáticos”.
¿O será que cuando fue embajador les respondió a los estadounidenses también a zapatazos, cuando estos le inquirieron por la fuga de Pablo Escobar de la finca-cárcel en la que el capo había aceptado recluirse?
Marta Fidelina Bautista es de profesión vendedora en Puerto Carreño, ciudad de la frontera colombo-venezolana en la gigantesca Orinoquia, región donde Alexander von Humboldt dijo haber visto el paraje más bello de la Tierra, y donde fácilmente la temperatura llega a los 45 grados Celcius bajo la sombra.
El presidente Álvaro Uribe fue a Puerto Carreño y no hizo más que estornudar durante todo el discurso, y después se fue para la idílica y gélida Bariloche, a que le dieran palo los de UNASUR.
De allá regresó con la gripa AH1N1.
Lo aislaron en su alcoba y llevamos ya cinco días sin saber mayor cosa de él, aunque entre tanto el parlamento le aprobó el referendo para su reelección el año entrante.
Todos los presidentes y presidentas de UNASUR se hicieron revisar, por si acaso se les había prendido lo de Uribe.
En Puerto Carreño, las autoridades sanitarias se declararon en alerta, y doña Marta Fidelina sí oyó decir que el presidente tenía algo prendedizo. Así filosofó ante cámaras.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
El Decreto 3672 de 2009 prohíbe a los medios de comunicación transmitir información sobre «orden público», como se le dice a la guerra en Colombia, si ésta no está previamente confirmada por fuente oficial, durante las elecciones primarias que harán cuatro partidos políticos este domingo.
El diario El Universal, de Cartagena de Indias, publicó el 13 de este mes una curiosa noticia, de la que se desprende que los grafiteros que la emprendan contra las bases militares colombianas de Estados Unidos son pandilleros terroristas que causan daño al bien ajeno.
