Mientras medio mundo seguía las incidencias de la liberación unilateral de Pablo Emilio Moncayo, militar que estuvo 12 años y tres meses en cárceles selváticas y sometido a canje por las FARC, que quiere a sus guerrilleros libres, el gobierno de Álvaro Uribe encontró un quehacer: inaugurar cárceles.
Uribe inauguró dos cárceles hoy, en Cúcuta y Yopal, capitales respectivamente de tremendas zonas de guerra sembradas de miles de desaparecidos: los departamentos de Norte de Santander y Casanare, fronterizos con Venezuela.
Dijo que está construyendo otras 10 cárceles y que entregará nueve de ellas antes del 7 de agosto, cuando debe ceder la presidencia. Y dijo que en 2002, cuando subió al poder, Colombia tenía 52 mil 900 reclusos pero que hoy son 78 mil.
Es decir 26 mil presos más, un 49 por ciento de incremento. Eso seguramente le parece que es el resultado de una buena gestión, porque Uribe no es de los que se preocupan por solucionar las causas.
El ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio (quien a propósito tiene a un hermano preso, Guillermo, por supuestamente poner la Fiscalía de Antioquia al servicio de narcoparamilitares) afirmó que la construcción de estas cárceles nuevas crea 23 mil nuevos cupos carcelarios, al costo de un billón de pesos o cerca de 519 millones de dólares.
No contaron –Uribe y Valencia- cuánto hacinamiento había cuando el primero llegó al poder. Lo que está claro es que Uribe deja la presidencia con más hacinamiento que el que encontró: deja 26 mil presos más, y sólo 23 mil cupos nuevos.
En 2004, el Ombudsman reportó 68.020 personas encarceladas. Para esa época ya la Corte Constitucional había dictaminado que el hacinamiento tenía características de “estado de cosas inconstitucional”, una fórmula para decir que a los presos en Colombia se les está violando todo.
Estas son las cifras del hacinamiento en 2004, según el informe del Ombudsman al parlamento:
Por departamentos, los que estaban peor en ese año – varones:
Guajira 105%; Valle 82%; Antioquia 70%; Caquetá 59,9%; Risaralda 58%; Cundinamarca 57,2%; Sucre y Santander, 48%; Casanare 46,4%; Arauca 46%.
Por ciudades, también sólo las de mayor hacinamiento – varones:
Nuevamente, Telesur se apuntó una primicia. Esta vez en la liberación del sargento Pablo Emilio Moncayo, el hijo del «Caminante por la Paz», el «Profe» Gustavo Moncayo.
Este es el video, tomado a las 11:25 a.m. hora local.
A Mario Madrid-Malo, mi profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia, le ha tocado todo el resto de la vida seguir enseñándome, pero gratis. Todo el resto de la vida lo consulto y le pregunto, paso a paso. Ahora, mi profesor entró a hacer parte de la asociación profesional Medios para la Paz (MPP), de la que yo soy miembro también. Y parece que desde allí nos dará a todos lecciones, igualmente gratis. Este es su primer aporte desde MPP, dedicado a analizar, desde el Derecho, una reciente propuesta de la aspirante presidencial Noemí Sanín, tan insultante para con la justicia civil, como imprecisa. Bienvenido, querido profesor. Que le aproveche, estimada candidata.
Inquietante propuesta
La candidata del partido conservador ha formulado una inquietante propuesta. Quiere “devolverles el fuero militar a los militares” (sic) y sustraerlos a “una justicia civil que no conoce el tema castrense y (…) además, tampoco garantiza la lucha contra la impunidad”.
Quizá por razón de su larga permanencia en el exterior la señora Noemí Sanín ya no recuerda bien ni el texto del artículo 221 de la Constitución de 1991 ni la jurisprudencia que sobre esta norma ha desarrollado la Corte Constitucional. Por eso conviene recordarle:
a) Los miembros de las fuerzas militares tienen un fuero, pues por mandato de la Ley Fundamental la justicia penal militar conoce de los delitos por ellos cometidos “en relación con el servicio”. (Un fuero es la garantía en virtud de la cual las conductas punibles atribuidas a ciertos servidores públicos deben ser investigadas y juzgadas por autoridades distintas a las de la jurisdicción ordinaria o común).
b) Como sucede en todo Estado de derecho, el fuero de los militares colombianos es restringido. Para que la jurisdicción penal militar pueda conocer de un delito se requiere el cumplimiento de dos condiciones: 1ª) Que el hecho punible haya sido perpetrado por un miembro de la fuerza pública en servicio activo; 2ª) Que ese hecho tenga relación directa y próxima con el servicio.
c) Sólo pueden considerarse delitos en relación con el servicio aquellos que surgen —como omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones— en el marco de una actividad ligada directamente a la defensa nacional, funciónpropia de las fuerzas militares.
d) Hay ciertos comportamientos que siempre son ajenos al servicio, como las violaciones de los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario, porque quienes los asumen no cumplen un fin constitucionalmente legítimo.
e) Todo hecho constitutivo de violaciónde los derechos humanos o de crimen de guerra rompe, por su inusitada gravedad, el vínculo entre el delito y el servicio. Por consiguiente, su investigación y juzgamiento corresponden a la justicia ordinaria.
f) Según la jurisprudencia y la doctrina internacionales, los tribunales castrenses sólo deben administrar justicia con respecto a los miembros de las fuerzas armadas que sean autores o partícipes de delitos de naturaleza propiamente militar.
g) De lo dispuesto por el artículo 250 de la Constitución se infiere que corresponde a la Fiscalía General de la Nación establecer, en todo caso, si en una conducta punible se dan los elementos de índole objetiva y subjetiva cuya concurrencia justifica la aplicación del fuero militar.
h) En ninguna providencia del Consejo de Estado se afirma que los militares colombianos han perdido su fuero constitucional, o que éste es invocable para impedir el despliegue de la jurisdicción ordinaria sobredelitos graves conforme al derecho internacional.
h) Carece de toda validez científica la tesis según la cual los civiles son incapaces de procesar a los militares con rectitud, independencia e imparcialidad.
La candidata conservadora debe documentarse con más seriedad antes de formular sus propuestas. Es frívolo —y peligroso—presentar a los militares colombianos como víctimas de una jurisdicción común inepta y prejuiciada.
Colombia no debe retornar a los tiempos en que el fuero militar cobijaba, incluso, a los autores de las ejecuciones extrajudiciales (hoy perversamente llamadas “falsos positivos”).
Debajo, el texto del acuerdo humanitario que permitirá la liberación en los próximos días de dos militares, prisioneros de guerra de las FARC, y la entrega de los restos mortales del mayor Julián Guevara, fallecido en cautiverio.Los militares que serán liberados unilateralmente por la guerrilla son el soldado Josué Daniel Calvo y el suboficial Pablo Emilio Moncayo. Las FARC han dicho claramente que no incluye a soldados rasos dentro de su propuesta de canjear guerrilleros presos por militares cautivos en la selva, lo cual explica la liberación de Calvo. En cuanto a Moncayo, su ansiada libertad debe atribuirse a la titánica campaña de su padre, el profesor de secundaria Gustavo Moncayo, conocido internacionalmente como el «caminante por la paz».La senadora liberal Piedad Córdoba, artífice de las negociaciones humanitarias, informará a través de twitter (piedadcordoba) el avance de las operaciones de liberación. Las organizaciones de mujeres harán el sábado un plantón por más acuerdos humanitarios, en las afueras del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, capital del central departamento del Meta.
Y desde ayer, 57 prisioneros del Patio 3 de la cárcel Palogordo de Girón, departamento nororiental de Santander, se declararon en huelga de hambre, ante la gravísima e inatendida situación de salud del preso Diomedes Meneses. Ignoro si Meneses es guerrillero o no; o si lo son los presos que se solidarizan con él. Pero lo que no tiene duda es que las condiciones de la prisión no dejan nada bien parado al Estado colombiano. Mientras este último se da el lujo de dejar a sus militares y policías en la selva durante más de una década, a la espera de una segunda Operación Jaque que quizá no vendrá, la guerrilla sigue empujando un acuerdo para liberar a los suyos. Señal de que se preocupa por ellos.
Memorando de Entendimiento
Protocolo de seguridad y coordinación
En virtud del presente memorando de entendimiento el Ministerio de Defensa de Colombia, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al igual que el CICR se comprometen mutuamente a cumplir – para cada operación de entrega – con el siguiente protocolo de seguridad y coordinación:
1. El CICR notificará al Ministerio de Defensa Nacional, al Comando General de las Fuerzas Militares y a la Dirección General de la Policía Nacional, en la tarde (hasta las 19h00 horas) de la antevíspera del día de cada operación, el área geográfica en donde se desarrollará la operación humanitaria.
2. El CICR comunicará antes del inicio de la operación humanitaria los desplazamientos de las aeronaves que se utilizarán para ingresar al país y para llegar a los puntos de concentración, las características que identifican las aeronaves que empleará en la operación y los nombres y demás datos de identificación de los respectivos tripulantes y pasajeros, incluidos los nombres y demás datos de identificación de las personas que conformarán la misión humanitaria. Se comunicará al Ministerio de Defensa Nacional y al Comando General de las Fuerzas Militares, la ubicación (aeropuerto) en Colombia donde se entregarán a las autoridades acordadas la(s) persona(s) liberada(s), así como los restos mortales del Mayor Julián Guevara. Las aeronaves ingresarán al – y egresarán del – país a un – y desde un – aeropuerto previamente conocido por el Gobierno Nacional; con los emblemas del CICR y con presencia de uno de sus delegados a bordo.
3. El Ministerio de Defensa Nacional se compromete a que una vez recibidasy aprobadas las anteriores comunicaciones suspenderá o cancelará todo tipo de actividad militar y policial o de operaciones militares y policiales en el área geográfica que el CICR le haya comunicado, a partir de las 18:00 horas (6:00 p.m.) del día anterior a la operación, durante todo el día o sea las veinticuatro horas del día de la operación, y hasta las 06:00 horas (6:00 a.m.) del día siguiente a la operación.
4. En el caso de que se realizan varias operaciones, es importante que no se inicie una hasta que no haya finalizado en su totalidad la anterior. Una vez se termine la primera operación se debe notificar a las partes antes de iniciar la segunda (según el punto 1).
5. En particular, quedarán suspendidos los sobrevuelos de aeronaves militares y civiles en el área geográfica determinada. Sólo se autorizarán los vuelos comerciales nacionales o internacionales de las líneas aéreas con plan de vuelo vigente ante las autoridades aeronáuticas de Colombia, manteniendo su rumbo en la dirección del vuelo autorizado, sin realizar vuelos circulares. Vuelos comerciales que por razones técnicas deban volar por debajo de los veinte mil pies de altura deberán desviarse fuera del área geográfica en donde se realice la operación o posponerse. El Ministerio de Defensa Nacional hará las coordinaciones que sean necesarias con el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil para garantizar el cumplimiento de estas reglas de seguridad.
6. Además, el Ministerio de Defensa suspenderá todo tipo de movimientos, operaciones militares y movilización de tropas por vías terrestres o campo abierto, por vías fluviales y desembarcos de tropas aerotransportadas o por embarcaciones fluviales en el área geográfica, durante el tiempo que tenga duración la respectiva operación humanitaria, sin perjuicio de la necesaria movilización de unidades de la Policía Nacional en zonas urbanas que tengan como finalidad el mantenimiento del orden.
7. En el evento de que por fuerza mayor, dificultades meteorológicas o cualquier otro imprevisto el CICR, en consulta con los demás participantes, considere que la operación deba demorarse más tiempo que el previsto atrás (numeral 3) lo comunicará cuanto antes al Ministerio de Defensa o al Comando General de las Fuerzas Militares.
8. El comandante de la tripulación brasilera a cargo de la operación logística podrá decidir en cualquier situación que considere de riesgo técnico o de cualquier otra naturaleza cancelar la operación.
En constancia de lo acordado se firma en Bogotá, D.C. el 12 de marzo de 2010.
Sicarios asesinaron anoche al periodista Clodomiro Castilla, acusador y testigo ante tribunales en casos de parapolítica.
Ocurrió a las 9 de la noche mientras leía un libro en la terraza de su casa en Montería, capital del noroccidental departamento de Córdoba, patria chica del extraditado ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Allí, el presidente Álvaro Uribe sabe hasta qué hoja de cuál árbol se mueve. Así queda claramente mostrado en el libro de Iván Cepeda y Jorge Rojas “A las puertas de El Ubérrimo”, nombre de una de las haciendas preferidas del mandatario colombiano, cuyo portal de entrada queda a pocos minutos en automóvil del casco urbano de Montería.
Clodomiro fue uno de los testigos y fuentes de información para la enjundiosa investigación de Cepeda y Rojas.
Había hecho denuncias e instaurado acciones judiciales contra William Zalleg, director del periódico local “El Meridiano de Córdoba”, cuyas páginas son la “prueba reina” que tantos buscan.
“Era uno de los periodistas críticos que denunció incansablemente el vínculo entre personas del poder político, los ganaderos en Córdoba y Salvatore Mancuso y los grupos paramilitares. Por eso había iniciado acciones jurídicas contra William Zalleg, entre otros. Había denunciado corrupción y nexos entre paramilitares y toda esa gente”, dijo Iván Cepeda a Heavy Metal Colombia.
El periodista radial hacía sus denuncias a través de La Voz de Montería, en el espacio diario entre las 5:30 y las 7:30 de la mañana, junto con Rafael Gómez, director, y Adolfo Berrocal.
En la Montería de la Seguridad Democrática «nadie se atreve a decir nada. Nosotros somos los únicos», había dicho Gómez. Además, hace 10 días Clodomiro había publicado una revista. Para Gómez, “lo que hubo fue una condena a muerte” contra Clodomiro, “y el paredón fue su casa”.
Tenía 50 años y cuatro hijos y recibía amenazas hace tiempo.
Había renunciado a la escolta estatal, que tuvo durante dos años hasta 2009. Desde los asesinatos de los candidatos presidenciales Pardo, Galán, Pizarro y Jaramillo sabemos cuán peligrosa es su compañía. “Mi escolta es Jesucristo”, decía.
Que tu voz se multiplique en nosotros. No nos dejes en paz, Clodomiro.
«Si yo fuera hoy candidato, estuviera en esa lucha, estaría buscando cómo conseguir el último voto, mañana, segundos antes de las 4:00 de la tarde. Y después a conseguir los siguientes votos para la otra.»
Presidente Álvaro Uribe en la instalación del Consejo de Ministros televisado que sesiona en la hacienda Hatogrande.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
Mientras medio mundo seguía las incidencias de la liberación unilateral de Pablo Emilio Moncayo, militar que estuvo 12 años y tres meses en cárceles selváticas y sometido a canje por las FARC, que quiere a sus guerrilleros libres, el gobierno de Álvaro Uribe encontró un quehacer: inaugurar cárceles.
«Si yo fuera hoy candidato, estuviera en esa lucha, estaría buscando cómo conseguir el último voto, mañana, segundos antes de las 4:00 de la tarde. Y después a conseguir los siguientes votos para la otra.»