«Los seguimos esperando»
30 de abril de 2011
Las madres y padres de los desaparecidos del Palacio de Justicia que han fallecido en estos 25 años y cinco meses son María de Jesús Hernández de Beltrán, José Guarín, Ana María Bonilla, María Torres Sierra de Castiblanco, Rosalbina León, el exjuez Enrique Rodríguez Hernández y, hace unos días, Elvira Forero.
Todos ellos murieron esperando a sus hijos. Y esperando una noticia como la de este viernes 29 de abril:
El general Jesús Armando Arias Cabrales, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia, fue condenado este viernes a 35 años de prisión, por la desaparición forzada de 11 personas en el Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
La condena incluye 20 años de interdicción de funciones públicas.
La Juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, María Cristina Trejos, dispuso también que se investigue por falso testimonio y fraude procesal al general José Ignacio Posada; al coronel, hoy retirado, Ariel Guillermo Valdés; y al ex militar Gustavo Alonso Velásquez, todos de la Brigada VII en Villavicencio (capital del departamento del Meta) para la época de los hechos. También el escolta, ayudante y radio operador de Arias, el sargento (r) Luis Armando Suárez.
Todos intentaron infructuosamente desmentir al exmilitar de la Brigada VII Edgar Villamizar, quien no asistió al juicio por grave riesgo de su vida. Villamizar declaró haber sido testigo de las desapariciones forzadas.
También el abogado Pedro Capacho Pabón tendrá que responder por fraude procesal por el mismo intento.
El general Posada era comandante de la Brigada VII. Mintió al declarar que su unidad no envió tropas a Bogotá para la retoma del Palacio.
El exmilitar Velásquez, a instancias del abogado Capacho, afirmó que Villamizar no se encontraba en Bogotá durante la batalla por el Palacio de Justicia.
A Posada lo contradijo en noviembre de 2009 el propio general (r) Rafael Samudio Molina, comandante del Ejército en 1985 y quien reconoció que ordenó agregar unidades de la Brigada VII durante la retoma.
La sentencia contra Arias Cabrales ordena, además, que la Fiscalía General de la Nación investigue la desaparición forzada de Luis Otero Cifuentes, comandante militar de la toma del Palacio de Justicia cometida por el extinto M-19.
Para la época, Arias Cabrales era Comandante de la XIII Brigada del Ejército, con jurisdicción en Bogotá y el departamento de Cundinamarca. Fue quien ejerció el mando de la operación de retoma del Palacio de Justicia.
Su subalterno directo, el entonces teniente y posteriormente coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, resultó condenado en junio de 2010 a 30 años de cárcel por los mismos hechos.
En las radiocomunicaciones internas del ejército durante la retoma del Palacio, Arias Cabrales usó la identificación de “Arcano 6”. Las grabaciones conocidas de esas comunicaciones evidencian las órdenes de llevar a cabo un sinfín de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Arias emitió órdenes para cambiar y desaparecer las evidencias, incluyendo sacar las armas del Palacio una vez derrotada la guerrilla. Las grabaciones demuestran que también se dio orden de remover los cuerpos.
La sentencia contra Arias Cabrales se produce 13 años después de la ejecución extrajudicial, en abril de 1998, del abogado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, quien llevaba la representación de todas las víctimas. Su asesinato sigue impune.
Al comentar el fallo contra Cabrales, los abogados actuales de las víctimas, Germán Romero y Jorge Molano, reivindicaron su memoria.
Arias Cabrales «es el primer general condenado por por el delito de desaparición forzada de personas», destacó el abogado Germán Romero, quien representa a algunas familias de las víctimas. Romero ve en la sentencia «un claro mensaje a los mandos de las Fuerzas Militares, de que no se pueden escudar en sus subordinados y que deberán asumir sus responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos”.
La expectativa ahora es a dónde trasladan a Arias Cabrales a pagar su condena.
El coronel (r) Plazas Vega debería estar preso en una cárcel civil. Sin embargo, permanece recluido en una guarnición militar al norte de Bogotá, en contravía de lo que ordenó expresa y reiteradamente la juez María Stella Jara, a cargo de su sentencia.
Ante este hecho, el abogado Jorge Molano declaró que “Colombia no puede seguir aceptando que las decisiones de los jueces sean burladas, que estas se conviertan en formales o ilusorias. Es inaudito que quienes han cometido crímenes contra la humanidad, permanezcan en guarniciones militares bajo absolutos privilegios”.
A instancias del entonces fiscal general Mario Iguarán, la fiscal delegada Ángela María Buitrago desenterró a finales de 2005 el proceso del Palacio de Justicia.
Tras lograr la condena del coronel Alfonso Plazas Vega, el 1 de septiembre de 2010 Buitrago llamó a indagatoria a Arias Cabrales y a los también generales, hoy retirados, Rafael Hernández López y Carlos Augusto Fracica.
Este caso trata del asesinato del jurista auxiliar Carlos Horacio Urán, pues existe un video que lo muestra cuando sale vivo del Palacio de Justicia.
El 2 de septiembre Buitrago fue destituida por el sucesor de Iguarán, Guillermo Mendoza. Por su parte, la juez María Stella Jara tuvo que asilarse con su familia durante varios meses en Alemania, debido a amenazas de muerte por su fallo contra Plazas Vega. No son, ni mucho menos, las únicas amenazas en el caso Palacio de Justicia.
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