Víctimas en La Habana: la discriminación ya es ley
FALSO POSITIVO. Luz Marina Bernal en La Habana: la vida de su hijo Faír Leonardo Porras fue sacrificada para abultar las cifras de guerrilleros muertos y convencer a los colombianos de que la guerra se iba ganando. Foto tomada de www.voanews.com
Las víctimas que comienzan a acudir a las audiencias fueron escogidas por la ONU, la Universidad Nacional y la Conferencia Episcopal a pedido de la Mesa de negociación de La Habana, buscando reflejar todos los tipos de crímenes cometidos, todos los actores, todas las regiones del país y todos los sectores sociales, sin tener en cuenta cuál bando produjo más daño.
Este primer grupo de 12 víctimas, de un total de 60 que acudirán a Cuba en grupos de 12 en próximas audiencias, escribió historia el sábado 16 de agosto.
Según Fabrizio Hochschild, coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Colombia y director del PNUD, es la primera vez que víctimas se sientan cara a cara con representantes de sus victimarios en una negociación de paz.
¿Quiénes son las primeras 12 víctimas? (Aún no se saben los nombres de las 48 que aún deben viajar)
Víctimas del Estado:
Janeth Bautista, hermana de Nydia Erika Bautista, guerrillera del ya disuelto grupo M-19, víctima de desaparición forzada en 1987. José Antequera, hijo del dirigente de la Unión Patriótica del mismo nombre que fue asesinado en 1989. Alfonso Mora, padre de un miliciano de las FARC torturado y asesinado en la masacre de Mondoñedo en 1996. Luz Marina Bernal, madre de Faír Porras, discapacitado ejecutado y reportado como «falso positivo» en 2008, cuyo caso fue declarado en 2013 crimen de lesa humanidad por el Tribunal Superior de Bogotá.
Víctimas del paramilitarismo:
Jaime Peña, padre de uno de 32 jóvenes desaparecidos y asesinados por paramilitares en la masacre de Barrancabermeja en 1998. Débora Barros, indígena wayuu sobreviviente de la masacre de Bahía Portete cometida en 2004 por paramilitares, en la que asesinaron a cinco mujeres de su familia.
Víctimas de las FARC:
Constanza Turbay: en 1997 murió un hermano suyo en cautiverio de las FARC, y en 2000 esa guerrilla asesinó a otro hermano y a su madre, todos políticos. Jorge Eliécer Vásquez, ex concejal (legislador local) desplazado por las FARC en 2001. Nelly González, desplazada y madre del teniente Alfonso Rodríguez, comandante de policía de Toribío, capital del pueblo nasa en el Norte del Cauca, muerto fuera de combate por las FARC en 2001. Ángela María Giraldo, hermana de Francisco Javier Giraldo, diputado (legislador regional) del occidental departamento Valle del Cauca, rehén por cinco años, asesinado en cautiverio por las FARC en 2007.
Víctimas de dos o más actores armados:
María Eugenia Cruz Alarcón, desplazada y víctima de violencia de género y de ataques y amenazas por su labor en el Comité Nacional de Mujeres de la Coordinación Nacional de Desplazados. Leyner Palacios, afrodescendiente cuya comunidad, Bojayá, fue escenario de un combate entre las FARC y los paramilitares. Un cohete de fabricación guerrillera cayó en la iglesia, donde se había refugiado toda la población. 79 personas murieron. La ONU-DH calificó los hechos como un crimen de guerra y responsabilizó a la guerrilla, los paramilitares y el ejército.
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Los medios han publicado que a La Habana fueron cinco víctimas de las FARC, pero, según mis cuentas, el caso de Bojayá fue un crimen de guerra del que fueron responsabilizados los tres actores. Así que son dos víctimas de más de dos actores armados, y no una sola, como se afirma. Y entre las víctimas de las FARC acudieron a Cuba cuatro, y no cinco.
Pero hay una duda de fondo.
La recordó el periodista Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz, en un panel propiciado por el Programa de Paz de la estatal Universidad Pedagógica Nacional, en Bogotá el pasado 12 de agosto.
El asunto es que, por más que la comisión tripartita que escogió la delegación de víctimas se esforzó en no discriminar entre ellas, en realidad, un marco legal para la paz (Acto Legislativo 1 de 2012), unilateral según subraya las FARC, permite priorizar unos casos sobre otros y autoriza al Estado a renunciar a perseguir judicialmente violaciones de derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario.
Los únicos crímenes de interés para este marco legal son aquellos de competencia de la Corte Penal Internacional (CPI): crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, agrega, “cometidos de manera sistemática”.
Para el abogado Gustavo Gallón, de la humanitaria Comisión Colombiana de Juristas, “desapariciones forzadas, violaciones sexuales, masacres, secuestros, desplazamientos forzados que no hayan sido perpetrados de manera sistemática no serán seleccionados, ni investigados judicialmente, ni juzgados”.
En otras palabras, ya está decidido por el gobierno y el Legislativo, y aprobado por la Corte Constitucional, que el Estado no protegerá los derechos de una parte de las víctimas.
Gallón advierte que el mismo marco legal permite suspender transitoriamente tratados internacionales obligatorios para Colombia, por cierto signataria del Estatuto de Roma que rige la CPI.
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Vea la rueda de prensa completa de la primera delegación de víctimas que acudió a una audiencia con representantes de sus victimarios en una negociación de paz.
http://youtu.be/MDQRvBDiqa0?list=PL4BUlQBKuHekhIT-4TtpQrqj778akweCi
agosto 22nd, 2014
