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Dibujo de un nio ecuatoriano vctima de las fumigaciones colombianas en la frontera (IPS/Accin Ecolgica)
Luego de que la Organizacin Mundial de la Salud dictaminara que el glifosato es sospechoso de producir cncer, el ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, recomend no seguir fumigando con ese herbicida.
El Consejo Nacional de Estupefacientes se rene el 14 de mayo para evaluar la recomendacin y proponer alternativas para usar otros qumicos. Cules? An no se sabe. Entre ellos est uno de ingrata recordacin en Vietnam y en la Sierra Nevada de Santa Marta: el Paraquat.
Varias organizaciones, incluidas Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), Wola (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) y Aida (Asociacin Interamericana para la defensa del Ambiente) estn promoviendo un conversatorio el 13 de mayo, la campaa en redes sociales con el hashtag #NoFumigaciones y una carta de peticin en change.org, que invito a firmar y compartir.
La carta con sus firmas ser entregada el da 14 de mayo en la reunin del Consejo Nacional de Estupefacientes, en Bogot.
Ya era hora
Desde 2003, un peritaje de la Defensora del Pueblo (ombudsman) de Ecuador evidenci dao del material gentico en mujeres, por fumigaciones colombianas.
El estudio fue base de la demanda de Ecuador a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El caso termin con un acuerdo confidencial amistoso entre los dos pases, segn el cual Colombia indemnizaba al pas vecino.
Para ese momento, la composicin de la mezcla potenciada de glifosato que se usaba para fumigar cultivos de drogas en el marco del Plan Colombia era, en la prctica, secreto militar: a los expertos les estaba vedado inspeccionar las naves fumigadoras antes de alzar vuelo. Tenan que conformarse con la informacin que les daban las autoridades. Pero reinaba la desconfianza.
Otra dificultad resida en que las propias operaciones de fumigaciones eran, tambin, secreto militar. Nunca haba sido posible presenciar una fumigacin y tomar muestras en vivo, por decirlo as, para medir los efectos de las aspersiones.
A los ecuatorianos se les ocurri entonces, en 2001, hacer una medicin distinta: averiguar por los efectos colaterales del Plan Colombia sobre la salud humana y los cultivos legales.
Fue as como los encargados de un estudio del Comit Interinstitucional sobre las Fumigaciones (CIF), un grupo interdisciplinario civil de Ecuador, acudieron a la zona de frontera con Colombia dos semanas despus de las fumigaciones.
Sus informes dieron argumentos a Quito para exigir a Bogot que se abstuviera de fumigar en una franja de 10 kilmetros previa a la frontera binacional. Tiempo despus, Ecuador demand a Colombia ante la CIJ. La primera reaccin de Bogot fue suspender las fumigaciones en frontera, y se inici una especie de acuerdo amistoso.
Mortandad de peces y abortos de animales
El CIF comprob, dentro de Ecuador, el impacto de las fumigaciones colombianas a dos, cinco y 10 kilmetros de la frontera. Detect afecciones respiratorias, digestivas, de la piel y oculares.
«Esos cuatro problemas iban disminuyendo conforme nos distancibamos de la frontera», dijo en 2007 a IPS en Bogot el mdico espaol Adolfo Maldonado, de la no gubernamental Accin Ecolgica, una de las 11 entidades que conformaban el CIF.
En su primer estudio encontraron «una gran mortandad de animales, bsicamente peces». Para entonces, nadie haba estudiado el impacto en el agua. «Todos los campesinos mencionaron que se haba producido una gran cantidad de abortos en los animales que estaban preados», seal Maldonado.
Estrs en Ecuador, depresin en Colombia
La segunda investigacin compar poblacin colombiana y ecuatoriana. El CIF encontr «una situacin de estrs muy importante» entre la ecuatoriana, debido a que no saba si sembrar o no, dado que su gobierno no haba podido, en ese entonces, detener las fumigaciones de Colombia.
Mientras, «en la poblacin colombiana lo que haba era un nivel altsimo de depresin. La gente saba que era el Estado el que le estaba haciendo esto, por lo tanto no tena posibilidades de acudir a ninguna instancia oficial a reclamar, y por eso la sensacin de abandono, la necesidad de irse de la zona» era muy marcada, dijo Maldonado.
Riesgo de cncer, malformaciones congnitas y abortos disparado en 800 por ciento
El tercer estudio, de 2003, sobre el impacto de los rociados en el cido desoxirribonucleico (ADN) de la poblacin local, fue parte de un peritaje para la Defensora del Pueblo de Ecuador.
Los encargados del estudio acudieron a la zona dos semanas despus de las fumigaciones y aplicaron la llamada prueba del cometa, electroforesis alcalina de clulas individuales, que analiza el dao del material gentico por accin de diferentes agentes qumicos y fsicos.
Fueron analizadas 47 mujeres colombianas y ecuatorianas que habitaban en la lnea de frontera, escogidas bajo el criterio de que en su actividad cotidiana no tuvieran contacto con pesticidas, pero que hubieran recibido fumigaciones con la mezcla usada en el Plan Colombia.
«Determinamos que haba un dao promedio de 36 por ciento de las clulas en la totalidad de las mujeres que analizamos. Lo habitual es encontrar un cuatro por ciento de dao gentico en poblacin normal, de ciudad o rural, como el grupo control de 25 mujeres (analizadas) a ms de 80 kilmetros de la zona fumigada, dentro de Ecuador», segn Maldonado.
«Eso implica que obviamente el riesgo de cncer, de malformaciones congnitas y de abortos estaba tremendamente elevado, prcticamente en un 800 por ciento», advirti.
El impacto en los nios
Otra investigacin, realizada a comienzos de 2006, busc el impacto sobre los cultivos de alimentos. En la zona «hay niveles de desnutricin elevadsimos, que alcanzan a 32 por ciento frente a 18 por ciento en poblacin que se encuentra a 20 kilmetros de la frontera», seal el mdico.
Este cuarto estudio abarc 25 escuelas ecuatorianas y ms de 1.700 alumnos, y descubri, adems de la mala alimentacin, «comportamientos anmalos muy importantes por parte de los nios», por lo cual se solicit a un equipo de psiclogos averiguar «qu era lo que estaba ocurriendo».
«Comprobamos que haba un 40 por ciento de casos de depresin, un 46 por ciento de problemas de autoestima, una prdida de 70 por ciento de capacidad de aprendizaje, una situacin escolar terrible», asever.
Para esto, se compararon dibujos infantiles de la frontera en diferentes aos. En el estudio de 2001, sobre cmo vean los nios las fumigaciones, stos hicieron gala de una capacidad de observacin «impresionante». «Podan decir en qu se diferenciaba la afectacin de un cedro, una yuca, un platanar», segn Maldonado.
Dos aos despus, cuando se les pidi nuevamente pintar las fumigaciones, «los nios ya empiezan a mostrar la sangre. En los dibujos destacan los disparos, los choques armados. Hay una presencia militar importantsima, aviones que ocupan prcticamente todo el papel», describi.
Los nios dejan de dibujar sonrisas
En 2006, cuando se les pidi a los menores que dibujaran una familia, «nos quedamos absolutamente traumados», dijo Maldonado.
Porque «primero, dejan de dibujar a colores. Abandonan el color. Y, segundo, dejan de dibujar la boca. Los nios dejan de dibujar sonrisas. Lo nico que dibujan son ojos grandes, ojos abiertos pero no hay ni odos ni boca, en una manifestacin de que esos nios no pueden expresar lo que est pasando», dijo.
Los psiclogos sintetizaron esa situacin «con una frase que a todos nos dej con escalofros: que jams haban visto nios con niveles tan bajos de alegra».
El nio Diego Gonzaga, de la comunidad El Cndor cerca del ro San Miguel que marca la frontera, pint un marrano patas arriba y escribi: «Mi chanchito se muri y yo lo quera mucho. Me iba a comprar mi uniforme para ir a la escuela. El que vea y lea lo que est en mi dibujo, pido que me ayuden para terminar mi primaria. No qued nada de plantas y animales».
El San Miguel lleva un letrero: «Ro contaminado del Plan Colombia».
Los animales son «el ahorro de los pobres», explic Maldonado, «el nio cra el chancho durante todo el ao, lo vende y con ese dinero se compra el uniforme y los tiles escolares». Al morir el cerdo, «este nio dice: ahora no tengo cmo ir el prximo ao a la escuela».
Los campesinos ecuatorianos en la primera lnea de frontera aseveraron que perdan entre 75 y 90 por ciento de sus cosechas por las fumigaciones. «Esto hace que, obviamente, la situacin econmica de esta poblacin se afecte», coment el mdico. Por este dao a los cultivos, Colombia tuvo que pactar indemnizaciones a la poblacin ecuatoriana de frontera.
(Lea en IPS el artculo original de donde se retom esta informacin)
mayo 7th, 2015
Foto Dick Emanuelsson
El comandante del Bloque Sur de las FARC, “Joaquín Gómez”, reaccionó a las revelaciones de la revista Semana sobre la Operación Andrómeda.
Andrómeda es una fachada de Inteligencia militar en Bogotá de la que supuestamente no tenían conocimiento los jefes de Inteligencia del Ejército y de las Fuerzas Militares. Entre otros blancos, espiaba las comunicaciones de los negociadores de paz en La Habana, incluyendo los del gobierno y los de la guerrilla, y a los periodistas que con ellos se comunicaban.
El descubrimiento de Andrómeda provocó un remezón en la cúpula militar y, posiblemente como respuesta, la filtración de más de 2.000 correos y comunicaciones personales del presidente y su familia y del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
Andrómeda da “la impresión de ser una organización supra estatal”, estima el jefe insurgente Gómez, “una tenebrosa organización de inteligencia dirigida por el Ejército, de la que hacen parte militares activos y retirados, políticos de ultraderecha, miembros de la CIA y civiles especializados en informática reclutados como ‘gancho ciego’”.
Gómez señala que la central de inteligencia del Ejército debe estar subordinada a Santos, pero “no lo está, porque lo está espiando”, y agrega que, de tratarse de un sector de las FFAA que no comparte la política de paz de Santos, “es necesario conocer cuál es”, “y qué grado de relación tiene con la ultraderecha del ex Presidente (Álvaro) Uribe”.
«Joaquín Gómez» advierte:
“No es un secreto que los más fervientes seguidores de Uribe están en los cuarteles, lo que es entendible, ya que más que seguidores, son sus cómplices, unidos por un irrompible cordón umbilical de matanzas, paramilitarismo y narcotráfico”.
“Los integrantes de esta oscura organización son los mismos que han segado la vida a tantas y tantos líderes de izquierda, sociales, populares, sindicalistas, demócratas”…, “y serán los mismos que nos asesinarán a nosotros, los dirigentes de las FARC-EP, apenas nos reintegremos a la vida civil”.
El presidente Juan Manuel Santos “más que nadie conoce bien esas fuerzas oscuras y sabe de lo que son capaces, porque él mismo, cuando fue ministro de defensa, hizo parte de ellas; y fueron esas mismas fuerzas oscuras las que lo candidatizaron y apoyaron para la Presidencia, con el programa de gobierno de ellos, y son precisamente estas fuerzas, a las que Santos llama oscuras, las que hoy lo tildan a él de traidor”.
Joaquín Gómez propone hacer una pausa en el diálogo de paz de La Habana y urge depurar las FFMM para poner fin a la repetición de los crímenes.
Reitera que las FARC no se levantarán de la mesa, puesto que es lo que buscan las mencionadas fuerzas oscuras.
Sobre una manifestación del presidente el 22 de enero de 2014 en la capital española, acota: “para nosotros, más que extrañas, fueron incomprensibles las palabras de Santos en Madrid (España), cuando dijo que era posible que las FARC cometieran un magnicidio, y que si eso se llegaba a dar, enseguida se rompían las conversaciones”.
El escrito de Gómez fue publicado en el sitio web oficial de las FARC el 22 de febrero, y reproducido por Anncol el 27.
febrero 28th, 2014
Veintinueve preguntas plantea un texto de la delegación negociadora de las FARC en La Habana, publicado hoy, justo cuando la mesa comienza a abordar oficialmente el cuarto punto de la agenda, sobre “solución al problema de las drogas ilícitas”.
Por cierto: el dichoso punto habla de sustituir cultivos, de planes concertados de desarrollo, de recuperación ambiental, de prevención del consumo, y hasta de solucionar asuntos como la producción y comercialización.
Pero no menciona el “problema” del lavado. Ni el “problema” de la cooptación del Estado por parte del narcotráfico. Alguien me dirá que es que en La Habana no se está negociando la estructura económica ni política de Colombia, y razón tendrá.
Sea como sea, la negociación sobre “el problema” comienza un día después de que el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) lanzara su libro “Memorias Olvidadas”, producto de seis meses de trabajo con el periodista Gonzalo Guillén.
Allí, Pastrana rememora que él mismo mostró al presidente César Gaviria (1990-1994) los “narcocasetes”, con interceptaciones telefónicas hechas al Cartel de Cali, sobre financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper (1994-1998).
Y revela que, en la misma reunión, el entonces ministro de Defensa de Gaviria, Rafael Pardo (hoy ministro de Trabajo), le propuso a Pastrana un pacto de silencio.
A continuación extraigo y numero, en su orden y redacción originales, los interrogantes que abren las FARC en “El narcotráfico, una Caja de Pandora».
1. ¿Cuándo se inició el negocio?
2. ¿Cuándo la siembra?
3. ¿Cómo fue la historia de la bonanza marimbera o marihuanera en Colombia?
4. ¿Quiénes se enriquecieron?
5. ¿En dónde están?
6. ¿Cuándo se inició la siembra de la coca y la amapola?
7. ¿Cuándo surge la “ventanilla siniestra” del Banco de la República?
8. ¿Qué presidente la permitió?
9. ¿A quién benefició?
10. ¿Cuáles dineros aparecieron y de dónde y de quiénes cuando la amnistía de Turbay Ayala?
11. ¿Quiénes se beneficiaron?
12. ¿En dónde están esos fulanos?
Tales documentos no son reservados. No los ampara la reserva.
13. ¿Por esas épocas cuáles bancos tenían sucursales en Panamá y en otros paraísos fiscales?
14. ¿Cuáles bancos tuvieron dificultades en esas sucursales (especialmente las panameñas), y sobre cuáles recayeron investigaciones nacionales y americanas?
15. ¿Quiénes eran sus dueños y qué hacen hoy?
16. ¿Qué saben las autoridades sobre las operaciones realizadas por bancos de Medellín y Cali para lavar dinero de negocios sucios de los dos carteles del narcotráfico de ambas ciudades?
17. ¿Existe alguna conclusión de las autoridades judiciales en torno a la alianza del gobierno de César Gaviria con el cartel de Cali y los paramilitares para perseguir a Pablo Escobar?
18. ¿Se ha indagado sobre la financiación del cartel de Cali para el funcionamiento del Bloque de Búsqueda en sus inicios?
19. ¿Qué investigaciones hay, y qué condenas existen relacionadas con la fuerza pública y su vinculación con el narcotráfico?
20. ¿Quién fue el director de la aeronáutica civil que autorizó a la mafia la utilización de pistas clandestinas en las selvas del Yarí para la operación de recepción de pasta de coca del Perú, reabastecimiento de combustible y el despegue de aeronaves cargadas de cocaína hacia los Estados Unidos?
21. ¿A qué familia pertenecía el helicóptero Hughes incautado por las autoridades en la operación contra el laboratorio de “Tranquilandia”, el más grande complejo de producción de cocaína del mundo?
22. ¿Quién fue el presidente que sacó de la dirección de la policía del Magdalena al Coronel Pardo García por negarse a suspender los operativos antidrogas contra el jefe paramilitar Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta?
23. ¿Cómo surgió e incidió en la vida política nacional el llamado cartel de las tres letras, el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad)?
24. ¿Por qué no investigar y hacer públicas las denuncias del informático de esa institución, Rafael García, uno de sus artífices confesos?
25. ¿Es posible que todo este entramado funcionara sin la participación del Estado y sus Fuerzas Armadas en uno de los países más militarizados del mundo?
26. ¿Desde la bonanza “marimbera” hasta hoy, cuántos presidentes, parlamentarios, gobernadores y alcaldes, han sido elegidos con los dineros calientes de los carteles de la droga?
27. ¿Cómo se explica que anualmente el lavado de activos ingrese a la economía colombiana, al menos 16 billones de pesos, lo cual representa 3 puntos del Producto Interno Bruto?
28. ¿Tiene algo que ver esto con que los bancos colombianos ganaran 4.5 billones a julio de 2013?
29. ¿Por qué no hay capturas en los Estados Unidos de los capos mafiosos de la distribución de la droga en ese país, que son los que se quedan con la parte del león en el negocio?
Todas estas inquietudes nos llevan a pensar que el narcotráfico es un complejo problema cuya solución requiere del concurso de la comunidad internacional.
noviembre 29th, 2013
«Estoy tan sorprendida como ustedes», dijo el 17 de julio a defensores de derechos humanos y víctimas la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, sobre el anuncio de la víspera del presidente Juan Manuel Santos, acerca de que cerrará la Oficina de la ONU-DH en el país.
En su segundo día de visita a Colombia, Pillay se reunió el miércoles con más de 400 representantes de esos sectores, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, de Bogotá.
Gustavo Gallón fue uno de los poco más de 30 portavoces que le expusieron a Pillay el estado de los derechos humanos.
El director de la Comisión Colombiana de Juristas dijo que parte del problema reside en el incumplimiento reiterado de Recomendaciones formuladas por ONU-DH, por los Relatores y Grupos de Trabajo de Naciones Unidas, los Comités de Supervisión de los Tratados de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos.
Al respecto, propuso un mecanismo permanente de seguimiento al cumplimiento de dichas recomendaciones, y además el nombramiento de un Relator para Colombia.
Pero la intervención de Gallón se destacó porque presentó las razones por las cuales Santos no puede sacar de Colombia así no más a la ONU-DH. El siguiente es el texto completo:
Estimada y respetada señora Pillay, Alta Comisionada:
Como ha podido usted escuchar de las presentaciones anteriores, son muchos y muy graves los problemas de derechos humanos y derecho humanitario que su Oficina tiene todavía como agenda de trabajo en Colombia. Y faltan otros por mencionar que seguramente serán planteados por colegas que aún no han hablado hoy. Ello se debe a que, en síntesis, y sin desconocer algunos cambios e incluso ciertos progresos registrados en forma limitada desde cuando se creó la Oficina hasta hoy, en nuestro país persiste una seria crisis de derechos humanos, que se caracteriza por un alto nivel de violencia sociopolítica, un alto nivel de impunidad y un alto nivel de inequidad social.
Torturas, ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, desapariciones forzadas, violencia sexual, secuestros, conflicto armado, paramilitarismo, criminalidad organizada, destrucción de pruebas, corrupción o ineficiencia del aparato judicial, obstrucción de la justicia por medios legales e ilegales, enorme desigualdad en la distribución de la riqueza (reflejada en un coeficiente Gini de 0.58, en general, y superior a 0.80 en zonas rurales), notoria discriminación de poblaciones indígenas, afrodescendientes, rom, raizales, campesinos, trabajadores, así como de las mujeres, niñas y niños, personas en situación de discapacidad, son fenómenos estructurales que continúan presentándose en Colombia y que dan lugar a un cuadro persistente de violaciones sistemáticas de derechos humanos.
A ellos se agregan otros nuevos, como la gigantesca operación de impunidad realizada con los grupos paramilitares, la que se proyecta realizar a favor de agentes estatales con la ampliación del fuero militar, y a favor de guerrilleros y todos los victimarios con el llamado marco jurídico para la paz, o el impulso voraz de la extracción de recursos naturales a costa de la destrucción del medio ambiente, la violación de los territorios comunitarios y la expoliación de nuestro país como consecuencia de una orientación de la política económica por parte del Gobierno y de su aplastante mayoría parlamentaria, decididos a acrecentar los ingresos de empresarios nacionales y multinacionales a ultranza y a costa del patrimonio nacional.
Este panorama negativo se debe, en buena medida, a la falta de cumplimiento de las reiteradas y muy atinadas recomendaciones formuladas por su Oficina, así como por los Relatores y Grupos de Trabajo de Naciones Unidas, los Comités de Supervisión de los Tratados de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos a través de su Examen Periódico Universal.
Hace falta un mecanismo institucionalizado de seguimiento al cumplimiento de dichas recomendaciones, acompañado de decisiones que deberían tomarse en el Consejo de Derechos Humanos y en la Tercera Comisión de la Asamblea General para comprometer al Gobierno colombiano de turno a mejorar decididamente la situación y a superar la crisis de derechos humanos. Debería restablecerse la Declaración sobre Colombia del Presidente de la antigua Comisión de Derechos Humanos, que se adoptaba cada año, y que dejó de producirse con la creación del Consejo en 2006. Y sería conveniente complementarla con el nombramiento de un Relator que supervisara el cumplimiento de dichas recomendaciones y le rindiera al Consejo informes al respecto.
En vez de ello, el Gobierno acaba de anunciar que no piensa renovar el acuerdo con su Oficina para su permanencia en Colombia, porque considera que ya mejoró la situación de derechos humanos. Esa es una grave equivocación, y le pedimos respetuosamente que su Oficina se mantenga firme en la necesidad de prorrogar el acuerdo y mantener la integralidad del mandato, por varias razones.
En primer lugar, porque dicho mandato no obedece a una liberalidad del Gobierno sino que fue una decisión adoptada por consenso por la Comisión de Derechos Humanos en 1996, con la aprobación del Gobierno de Colombia. Dicha decisión ha sido mantenida por el Consejo de Derechos Humanos, y no tiene por consiguiente el Gobierno la facultad de modificar unilateralmente tal decisión.
En segundo lugar, porque no le corresponde al Gobierno dictaminar si están o no dadas las condiciones para cesar el acompañamiento de Naciones Unidas, así como tampoco le corresponde al enfermo decidir cuándo está en condiciones de abandonar el hospital. Tal dictamen corresponde a los expertos, es decir, a los médicos en relación con el paciente, o a los órganos intergubernamentales de supervisión, como los Comités de Supervisión de los Tratados, los Procedimientos Especiales, el Consejo y la Oficina de la Alta Comisionada. Y tales órganos han dicho reiteradamente que la situación en Colombia sigue siendo grave.
El pasado mes de abril, para no ir más lejos, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos advirtió que el Gobierno no solo no ha cumplido su recomendación sobre la prevención y sanción de las ejecuciones extrajudiciales llamadas “falsos positivos”, sino que ha tomado decisiones en contra de ella, con la ampliación del fuero militar, y por ello le ha pedido expresamente al Gobierno que adopte correctivos al respecto y le brinde explicaciones en su próximo informe en abril de 2014.
En tercer lugar, porque existe una estrecha relación entre los derechos humanos y la paz, de tal forma que es un desacierto prescindir de la Oficina de la Alta Comisionada justamente en momentos en que el Gobierno pretende concretar un proceso de paz que ponga fin al conflicto armado en el país.
Y en cuarto lugar porque si dicho proceso es exitoso, el acompañamiento de Naciones Unidas será más necesario que nunca en el posconflicto para superar la situación estructural que da lugar a la persistencia del cuadro sistemático de violaciones de derechos humanos en nuestro país.
Cuente con nuestro respaldo, señora Pillay, con el de las organizaciones de derechos humanos y de paz de Colombia, y el de las organizaciones internacionales no gubernamentales que hemos contribuido a la creación y a la permanencia de su Oficina en este país.
Cuente con nuestro respaldo, reitero, para mantenerse firme ante el Gobierno colombiano en este tema. De lo contrario, la población colombiana perderá un importante mecanismos de protección, la Oficina sufrirá un grave desconocimiento de su capacidad de acción, y el sistema universal de derechos humanos será igualmente debilitado, con perjuicio para su credibilidad y posibilidad de contribución en otras situaciones.
Confiando en que pueda usted hacer entrar en razón a las autoridades colombianas en relación con la renovación de la integralidad de su mandato, y como muestra de nuestro decidido respaldo al respecto, así como de agradecimiento por la valiosa labor realizada en Colombia por usted, por su Oficina y por sus colaboradoras y colaboradores, permítanos expresarles de pie un sentido y sincero aplauso de reconocimiento.
Muchas gracias.
julio 18th, 2013
La Alta Comisionada ONU-DH Navi Pillay comenzó una visita de cuatro días a Colombia este 16 de julio. El presidente Juan Manuel Santos le envió al mediodía un llamativo mensaje de bienvenida: anunció que echará de Colombia a la ONU-DH.
Si acaso «vale la pena prolongar ese mandato (…) sería por muy corto tiempo. Porque Colombia ha avanzado lo suficiente para decir ´no necesitamos más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas en nuestro país´», dijo el mandatario. Precisamente hoy se presentó en Cali la desmovilización de 30 guerrilleros del ELN (foto Presidencia de la República).
Esta es la parte pertinente del discurso de Santos:
«Hoy, coincidencialmente, nos visita la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Pillay.
«Esta señora va a encontrar un país que, precisamente, tiene los derechos humanos como uno de sus objetivos fundamentales, como una de sus prioridades.
«Va a encontrar un país donde el respeto por esos derechos humanos cada vez es más evidente, y que el Estado colombiano tiene como Norte ese respeto.
«Y unas fuerzas militares, unas fuerzas armadas que también se han venido transformando y que hoy pueden ser ejemplo, en el mundo entero, de una cultura de respeto por los derechos humanos.
«Y que esas necesidades que tenía el país, de tener una Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esas necesidades se han venido desapareciendo.
«Y le voy a decir que estamos discutiendo si realmente vale la pena prolongar ese mandato. O si se prolonga sería por muy corto tiempo. Porque Colombia ha avanzado lo suficiente para decir ´no necesitamos más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas en nuestro país´.
«Ya es responsabilidad nuestra. Somos lo suficientemente maduros para saber que el respeto por los derechos humanos es una obligación de todos y cada uno de los ciudadanos, pero sobre todo, del Estado colombiano.
«En las fuerzas militares, ustedes, señores generales, lo saben perfectamente: ese respeto es fundamental porque saben que la legitimidad de nuestras fuerzas depende del respeto que tenga la ciudadanía por ellas. Y esa legitimidad nace de respetar los derechos de los ciudadanos.
«Por eso, desde el primer día cuando asumí el Ministerio de Defensa, cambiamos la doctrina. Dijimos: ´soldados de tierra, mar y aire y policías: a partir de este momento las prioridades son las siguientes: primero, los desmovilizados. Segundo, los capturados. Y tercero, si hay necesidad, los dados de baja.
«E inmediatamente se invirtieron las tendencias. Y los desmovilizados comenzaron a crecer y los muertos comenzaron a bajar. Y ¿por qué era más importante un desmovilizado que un muerto? Porque el desmovilizado genera incertidumbre en las filas del enemigo, trae información y además es un gran vehículo, lo hemos comprobado, para convencer a más compañeros que la desmovilización es mejor que seguir allá en el monte, donde no tienen ninguna esperanza.
Y esa política, por fortuna, ha venido dando resultados».
julio 16th, 2013
Un mes de alzamiento campesino en Catatumbo, en Norte de Santander, al pie de la frontera con Venezuela.
Cuatro campesinos asesinados que, por más campaña gubernamental, mediática y política contra los líderes de la protesta, resultan difíciles de tapar.
Esta es la región de los hornos crematorios donde los paramilitares desaparecían a sus asesinados casi industrialmente, para no afectar los índices de homicidios como les pedía la Policía.
Los años del paramilitarismo, con su Bloque Catatumbo, acumularon más de 10 mil muertos en Norte de Santander.
«Por aquí lo único que se cuida es el petróleo. El ejército está con tanquetas para cuidarlo. Y a nosotros ¿quién nos cuida? Nadie. Dese de cuenta señor, que a nosotros nadie nos cuida. Los únicos que se preocupan por nosotros son los dirigentes que están dirigiendo el paro», escribió la campesina Margarita, de #CatatumboResiste, al presidente Juan Manuel Santos.
A pesar del miedo, #CatatumboResiste. Y desnuda irremediablemente, a diario, las causas de la guerra colombiana. La voz más validada para resumirlas resultó ser la ONU-DH, que emitió hoy una declaración. Hay poco que agregar, salvo que la oficina de la Alta Comisionada fue duramente atacada por el gobierno. Sí, el mismo gobierno que pretende acordar el fin de la guerra con las FARC en La Habana.
Oficina de la ONU para los Derechos Humanos espera que se llegue a acuerdos que garanticen los derechos humanos de la población del Catatumbo
(Bogotá, D.C., 9 de julio de 2013)
La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saluda la reanudación de los diálogos en el Catatumbo, Norte de Santander, entre integrantes del Gobierno colombiano y los campesinos de la zona, y espera que puedan lograrse acuerdos, con el fin de diseñar e implementar medidas concretas de inversión social que promuevan transformaciones sociales y garanticen la plena efectividad de los derechos humanos de los habitantes de la región.
La Oficina expresa su preocupación por la grave vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales en la región del Catatumbo. Pese a su riqueza natural, el Catatumbo presenta altos índices de necesidades básicas insatisfechas. La población allí asentada reclama al Estado, desde hace varias décadas, el respeto y la garantía de los derechos a la alimentación adecuada y suficiente, a la salud, a la educación, a la electrificación, al agua potable, al alcantarillado, a vías y acceso al trabajo digno.
La coyuntura actual da cuenta de una gran frustración social, generada por el estancamiento en el proceso de diálogo entre los campesinos y las autoridades estatales en el marco de la Mesa de Interlocución y Acuerdo –MIA-, creada en 2009. A esta frustración se suman los retrasos en la creación de una Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, la falta de inversión social prevista por el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible para el Catatumbo, además de la falta de programas de apoyo para la sustitución progresiva de cultivos de uso ilícito.
La Oficina realizó una misión de observación al Catatumbo la última semana de junio y se reunió con los campesinos y con las autoridades civiles y militares, con todos ellos y ellas compartió sus puntos de vista, su observación y sus preocupaciones.
Al mismo tiempo, la Oficina pudo constatar: por un lado, que en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública, y por lo tanto, indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, lo que habría provocado la muerte de cuatro campesinos, los señores: Leonel Jácome, Édinson Franco, Diomar Humberto Angarita y Hermides Palacios. La Oficina exhorta a la Fiscalía a que investigue la presunta violación del derecho a la vida de estas cuatro personas.
Además, la misión observó que hubo agresiones por parte de los manifestantes contra la fuerza pública. En los hechos violentos quedaron heridos tanto manifestantes como miembros de la fuerza pública, y hubo daños a la propiedad pública y privada, confinamiento a varias comunidades y cierre de vías, lo que generó una grave situación de crisis humanitaria.
La Oficina lamenta que la situación haya escalado a esos altos niveles de violencia.
“Los campesinos tienen quejas valederas con relación a la garantía de sus derechos. Es importante escucharlos y no estigmatizarlos, y que ellos y ellas se manifiesten con respeto en relación con los derechos de todas las personas. La Oficina lamenta la pérdida de la vida de los cuatro campesinos y llama a las partes a que continúen los diálogos y lleguen a acuerdos respetuosos de los derechos humanos”, puntualizó, sobre el Catatumbo, Todd Howland, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
julio 10th, 2013
Imagen de circulodeperiodistasdebogota.com
LA APIC CONDENA EL ATENTADO CONTRA EL PERIODISTA DE SEMANA RICARDO CALDERÓN
La Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) condena el atentado perpetrado con armas de fuego contra el periodista colombiano de la revista Semana Ricardo Calderón, quien salió ileso en la noche del primero de mayo, cuando se trasladaba en su vehículo desde la ciudad de Ibagué a Bogotá.
La APIC exhorta a las autoridades a investigar este suceso para evitar que el caso quede en la impunidad y así garantizar la búsqueda de la verdad y el libre derecho de expresión y de información en Colombia.
Asimismo, la APIC expresa su preocupación por la seguridad, no sólo de Ricardo Calderón, sino de todos los periodistas y reporteros que ejercen la profesión en el país, en especial en las zonas más vulnerables.
Bogotá, 2 de mayo de 2013
mayo 2nd, 2013
David Rabelo es sobreviviente de la Unión Patriótica y está preso (Foto tomada del semanario Voz)
El economista David Rabelo Crespo, defensor de derechos humanos colombiano, es uno de los seis finalistas del Premio Front Line Defenders 2013, que será entregado el 3 de mayo en Dublín por el propio presidente Irlanda, Michael Daniel Higgins.
Lo arrestaron el 14 de septiembre de 2010 en Barrancabermeja, puerto en el centro de Colombia en el departamento de Santander, sobre el río Magdalena, que atraviesa el país de sur a norte.
Fue enjuiciado en mayo de 2012, acusado del crimen del excandidato a la alcaldía de Barrancabermeja, David Núñez, ocurrido en abril de 1991.
Mediante montajes fotográficos y testimonios de dos paramilitares de ultraderecha que fueron denunciados por Rabelo de haber cometido masacres en Barrancabermeja, resultó condenado a 18 años de prisión por homicidio agravado.
Posteriormente se descubrió que el fiscal de la acusación en su contra, William Pacheco Granados, fue condenado en 1993 por el Tribunal Superior Militar, por la desaparición forzada de un joven en la central ciudad de Armenia, cuando era comandante de la Policía.
Por ese caso Pacheco fue inhabilitado definitivamente por la Procuraduría General de la Nación (ministerio público), lo que le impedía ejercer cargos en la rama judicial.
La defensa de Rabelo pidió en febrero de 2013 la nulidad de lo actuado, argumentando violación al debido proceso. Además, solicitó al Fiscal General de la Nación destituir a Pacheco.
Rabelo permanece preso en la abarrotada cárcel La Picota, al sur de Bogotá, donde dedica sus días a leer, escribir y trabajar en la protección de los derechos de los prisioneros políticos en las cárceles colombianas.
Quienes conocen el caso consideran que su encarcelamiento busca extraer a Rabelo de su labor social en la convulsa región del Magdalena Medio en el centro de Colombia y, de paso, estigmatizar el trabajo de los defensores de derechos humanos, que constituye una amenaza para la impunidad.
Además, relacionan la condena como una venganza porque Rabelo denunció una reunión de Álvaro Uribe (presidente 2002-2010) con paramilitares de ultraderecha, específicamente con el paramilitar Fremio Sánchez en Puerto Berrío, río arriba de Barrancabermeja, durante su campaña electoral en 2002.
Front Line Defenders presentó un documental (audio en español, English subtitled), como parte de su campaña internacional para celebrar la vida de un hombre dedicado a la defensa y la protección de los derechos humanos de todos sus compatriotas, sin pensar a los riesgos que él mismo tuviera que afrontar.
Rabelo comenzó a defender los derechos humanos hace 35 años, inicialmente los derechos de los trabajadores, la promoción social y la movilización sindical y en los últimos años ha trabajado en defensa de la vida de otros, aún a riesgo de la suya propia.
Fue dos veces concejal (legislador local) y llegó a diputado (legislador regional). Entre 1998 y 2004 fue director del Consejo Municipal de Paz (CMP) de Barrancabermeja.
El CMP es un organismo diseñado para proteger la vida de los habitantes del puerto fluvial que, con la llegada de los paramilitares, corrían riesgo ante el incremento de asesinatos de líderes sociales y comunitarios, y de varias masacres perpetradas con total impunidad.
Rabelo es directivo de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), una organización civil.
Compite por el premio Front Line Defenders 2013 con defensores y defensoras de Irán, Camboya, Kenia, Uzbekistán y Mauritania.
El galardón
El Front Line Defenders es entregado anualmente a quienes defienden los derechos humanos sin arredrarse ante los riesgos que ellos mismos pueden correr, y que han contribuido de forma excepcional a la causa de los derechos humanos. Han recibido este premio defensoras y defensores de Siria, Rusia, Afganistán, Guatemala, República Democrática de Congo, Uzbekistán y Sudán.
El jurado este año está conformado por miembros del Oireachtas, parlamento nacional bicameral de la República de Irlanda del que hace parte también el presidente irlandés; del Dail Eireann (cámara baja del parlamento); y del Parlamento Europeo: señora Emer Costello, ministro Simon Coveney, senadora Averil Power, ministro Ruairi Quinn y la señora Noeline Blackwell, del Consejo de Administración de Front Line Defenders.
Eligieron entre 90 nominados de todas las regiones del planeta, una tarea “ingrata” según Mary Lawlor, directora de Front Line Defenders, pues sin excepción todos ellos “constituyen un ejemplo de coraje y compromiso pleno con la causa de los derechos humanos”.
“Cada uno de los finalistas ha afrontado amenazas e intimidación y dos de ellos, Mam Sonando, de Camboya y David Rabelo Crespo, están actualmente presos”, indicó.
Lawlor advirtió que “siempre habrá personas que eligen trabajar en la promoción y la protección de los derechos humanos. No importa cuánto intenten hacer los gobiernos, no podrán librarse de ellos y, si uno cae, otro se levanta para continuar luchando contra la injusticia. No importa si su labor se desarrolla por unos pocos años o toda la vida, lo que los gobiernos no comprenden es que no se puede aplacar el espíritu de las defensoras y defensores: corre por sus venas y lo necesitan como al aire”.
“El Premio Front Line Defenders para defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo celebra ese espíritu insaciable” que tienen en común estas personas de todo el mundo, “en un movimiento hacia la creación de sociedades más justas e igualitarias”, dijo Lawlor.
Los otros finalistas 2013
Mam Sonando (Camboya)
Ha dedicado su vida a ayudar a los pobres y a personas privadas de los derechos civiles en Camboya, luchando por sus derechos y –a la vez- cumpliendo con los preceptos de la no violencia de su fe, el budismo. Es periodista y director de una de las tres únicas radioemisoras independientes de Camboya, donde el Estado tiene un monopolio casi completo sobre los medios de comunicación y la represión de la libertad de expresión ha llevado al imperio de la autocensura. También es fundador y presidente de la Asociación de Demócratas, una organización nacional que promueve activamente la democracia y los derechos humanos. Fue arrestado a comienzos del mes de julio de 2012 y, pese a que no existe evidencia que lo relacione con el denominado movimiento separatista, el 1 de octubre de 2012 fue declarado culpable de instigar a la insurrección e incitar a tomar las armas contra el Estado y sentenciado a 20 años de cárcel.
Mansoureh Behkish (Irán)
Es activista por los derechos de la mujer y cofundadora de Madres de Khavaran y Madres del Laleh Park. Partidaria de la resistencia no violenta y defensora de los derechos humanos, en los últimos 30 años se ha dedicado a empoderar a sobrevivientes y víctimas de abusos a los derechos humanos. Especialmente ayuda a las madres, hermanas y esposas de miles de personas recluidas o ejecutadas por las autoridades de la República Islámica, en busca de justicia a través de canales legales o humanitarios. Como consecuencia de su tarea, ella misma es víctima de hostigamiento continuo, le han confiscado el pasaporte y violado el derecho a la libre circulación. Estuvo en la cárcel en tres ocasiones.
Ruth Mumbi (Kenia)
Es una apasionada movilizadora de la comunidad, fundadora y actual coordinadora nacional de Bunge la Wamama, el capítulo para la mujer de Bunge la Mwananchi, un movimiento que lleva adelante firmes acciones de incidencia y campañas sobre temas de justicia social y responsabilidad en Kenia. Nació y vive en Kiamaiko, un barrio pobre de Nairobi. Comenzó su compromiso con las iniciativas de movilización de comunidades a fines de la década de 1990, cuando tenía apenas 16 años de edad.
Bahtiyor Hamraev (Uzbekistán)
Se ha dedicado a hacer campaña por los derechos humanos en Uzbekistán durante los últimos 15 años. Fue responsable de la sede regional de Djizak de la Sociedad de Derechos Humanos de Uzbekistán (HRSU, en inglés) y ha documentado violaciones a los derechos humanos en la región. En los últimos años ha entrado en contacto con familiares de defensoras y defensores encarcelados, ayudándoles a difundir información sobre las condiciones de detención, la tortura y el maltrato y ayudando a brindar a las familias ayuda legal y asistencia financiera. El precio que ha debido pagar ha sido muy alto en algunas ocasiones, pero pese a todas las dificultades continúa trabajando, negándose a salir del país e intentando hacer la diferencia en uno de los peores contextos de derechos humanos de la región. Aunque Hamraev sufre un cáncer terminal, sigue emitiendo información sobre violaciones a los derechos humanos y asistiendo a las familias de los defensores y defensoras encarcelados.
Biram Dah Abeid (Mauritania)
Ha sido amenazado, calumniado y hostigado debido a su tarea por los derechos humanos y contra la esclavitud en Mauritania. Fue arrestado y maltratado en varias ocasiones y, en abril de 2012, fue “desaparecido” durante varias semanas en instalaciones secretas y de extrema seguridad del gobierno, sin poder contactar a sus familiares y sin acceso a asistencia legal. De no haber sido por el clamor internacional, pudo haber sido asesinado; recuperó la libertad en septiembre de 2012, pero eligió continuar con su labor desde dentro Mauritania.
abril 24th, 2013
Para la fiscalía de la Corte Penal Internacional, en su reciente “reporte intermedio” sobre Colombia, los ataques contra comunidades negras estarían motivados porque estas “viven en regiones con abundancia de recursos y que son consideradas estratégicamente importantes por los grupos armados dedicados al narcotráfico”.
Para la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), el asesinato de varios líderes afro apuntan a «una estrategia de persecución y desarticulación” contra “el movimiento étnico-territorial afrocolombiano».
La CPI se remite a Amnistía Internacional para contar que, a finales de 2007, las FARC lanzaron un ultimátum a todos los líderes de consejos comunitarios de Nariño: “les daban hasta abril de 2008 para desmantelar sus organizaciones o ser asesinados. Las FARC querían promover sus propias organizaciones comunitarias”.
Grupos paramilitares de la zona también presionaron a comunidades afrocolombianas para que cultivaran coca. Tanto estos como las guerrillas “promovieron la migración de colonos” a Nariño para que allí cultivaran coca, dice la fiscalía de la CPI.
Se asesina, ante todo, a los líderes, tanto indígenas como afrocolombianos, para intimidar a las comunidades y provocar desplazamiento, con el fin de controlar su territorio; o bien porque los líderes se oponen a la presencia de uno o varios grupos armados o porque permiten la presencia de un grupo armado enemigo del que finalmente comete el crimen. También los matan porque son los líderes quienes suelen desafiar la autoridad de los armados.
“Las FARC y el ELN han sido identificados como los principales autores de asesinatos de comunidades indígenas y afrocolombianas”, dice la CPI. “Se ha identificado que las FARC y el ELN son los principales autores de asesinatos selectivos de líderes de comunidades y de activistas”.
Continúa:
“Las FARC asesinaron presuntamente a miembros de Consejos Comunitarios de comunidades afrocolombianas en varias partes del país, incluidos los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, a fin de socavar las estructuras de sus organizaciones”.
“En enero de 2011, dos líderes del Consejo Comunitario de Los Manglares fueron asesinados en López de Micay (Cauca), presuntamente por miembros de las FARC”.
“Se han atribuido a grupos paramilitares casos de asesinato de líderes y activistas, incluyendo a defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, en octubre de 2008, Walberto Hoyos, un líder que pedía la protección de los derechos colectivos a la tierra para las comunidades afrodescendientes de la Cuenca del río Curbaradó, fue asesinado por paramilitares en Caño Manso”.
“En lo que se refiere concretamente a los territorios afrocolombianos, el Experto independiente de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías explicó que dichos territorios tienen gran importancia estratégica para grupos armados dedicados al narcotráfico, así como en el contexto de nuevos planes de desarrollo macroeconómico, denominados ‘mega-proyectos’. Según este experto, estos proyectos se han ejecutado mediante traslados forzosos y brutales, actos de violencia en masa y asesinatos selectivos”.
“Por ejemplo, en el caso de las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó, 3.000 afrocolombianos fueron trasladados forzosamente de su territorio colectivo por paramilitares, narcotraficantes y personas que aspiraban a adquirir tierras de manera ilegal para establecer plantaciones y explotaciones ganaderas”.
“Entre las víctimas de traslados forzosos se encuentran comunidades afrocolombianas e indígenas de las regiones de Bolívar, Cauca, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá y amplias zonas de Antioquia, Tolima, Nariño, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Meta, Putumayo, Santander, Sucre, Córdoba y Chocó”.
Adicionalmente, la Corte Constitucional señaló que la violencia relacionada con el conflicto afectaba de forma desproporcionada a niñas, mujeres y mujeres indígenas y afro-colombianas.
Que este somero listado de razones sirva de prolegómeno para la comunicación enviada ayer 17 de diciembre al Foro sobre Desarrollo Agrario Integral, que inició ese día en Bogotá y termina mañana miércoles, organizado por el PNUD y la Universidad Nacional. La realización del foro fue solicitada desde La Habana por la mesa de negociación gobierno-FARC.
En el panel inaugural, en la mañana del 17, María Inés Quiñones, del Proceso de Comunidades Negras, invitó a “desobedecer la metodología” del Foro Agrario, “en nombre de nuestros ancestros». La razón: los temas que se tratan allí “son esenciales para nuestro futuro”, “son asuntos que hay que pensar”. Los afros se niegan a que los sigan trayendo y llevando a foros de afán.
Que nos oigan en La Habana: la metodología no puede violar los derechos
La comunidad negra saluda este evento. Somos parte de los millones de colombianos que tenemos un anhelo de paz. Hemos sabido en carne propia las atrocidades del conflicto armado, por eso la posibilidad de estos diálogos para el fin del conflicto nos llenan de esperanza. Nosotros hablamos desde los millones de desplazados internos, los emplazados, los asesinados, los muertos, nuestros desaparecidos, muertos que nos ha sido imposible sacar de los ríos, enterrar y cantar. Pero también hablamos desde las experiencias de comunidades que se resisten en sus territorios a los horrores y desde allí le han apostado y apuestan a la posibilidad de un país distinto.
Tenemos derechos especiales que están reconocidos en la constitución y la ley. La existencia de estos derechos tiene que ver con hechos históricos inobjetables, la trata transatlántica de esclavos, la esclavización cuyas consecuencias, como lo reconoció la tercera conferencia mundial contra el racismo, seguimos padeciendo en el tiempo. En medio de la confrontación armada que vive el país, nuestros derechos colectivos al territorio, la identidad, la participación y el desarrollo en el marco de nuestras propias aspiraciones culturales han sido vulnerados de manera sistemática y generalizada.
En el marco de las negociaciones para el cese del fuego, la mesa en La Habana abrió un espacio de participación para el movimiento social. Este se está llevando a cabo hoy en el centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, se invitaron 1.200 a la conversación, se nos dieron 80 cupos, pero solo llegaron 45.
La mayoría de los miembros de las distintas delegaciones afrocolombianas no han llegado. Entendemos que hay problemas logísticos que han sido difíciles de superar. Cuando fuimos informados de nuestras invitaciones hicimos una ronda de llamadas para coordinarnos. Al final de las mismas, demandamos la instalación de una Mesa específica para Afrocolombianos. No hemos recibido respuesta oficial de parte de los organizadores. Extraoficialmente nos han comunicado que no y que, igualmente, los indígenas lo demandaron y que tampoco les fue concedido y que se trataba de “integrarse”.
La metodología a implementar aquí parte del supuesto de que todos los sectores sociales tienen propuestas conjuntas y vocería unificadas. Esto es lo deseable, mas en todos los casos no es lo real, entre otras porque el tema de fondo que nos convoca ha afectado los tejidos organizativos.
Las metodologías deben estar adecuadas a la realidad y no pueden estar por encima de los derechos que nos han sido reconocidos a los pueblos que hemos luchado. La paz no es un favor, es un deber y un derecho para todas y todos, con todas y todos en igualdad de condiciones de las voces.
No es un favor el que demandamos. Por ello, en ejercicio de nuestros propios derechos, haremos una Mesa de Afrocolombianos en la que discutiremos todos los temas. Los pueblos étnicos somos Colombia también, y queremos construir la Paz para Colombia.
Lo mínimo es el respeto de los derechos de todxs. No es cierto que conversar en una Mesa entre todas y todos, entre los eternamente excluidos y los que nos han excluido por siempre, sea garantía de integración. Estamos dispuestos a juntar nuestras voces con las de todxs, pero no estamos dispuestos a que, en nombre de la integración, nuestra voz y nuestras demandas como pueblo se diluyan.
Si las conversaciones y la participación de todos los sectores sociales en espacios como este no parten de los derechos que nos están reconocidos y de asegurar los principios de regresión de los mismos, ya estamos por mal camino. Estamos degradando el alcance de la Constitución del 1991. Este es el mensaje definitivo que queremos trasmitir, y que quede claro:
Haremos nuestra mesa e invitamos a todos los afrocolombianos y a los que también lo deseen a desobedecer la tiranía de la metodología.
En el espíritu de nuestros ancestros
Organizaciones Afrocolombianas
diciembre 18th, 2012
En las elecciones del 6 de noviembre en Estados Unidos resultaron elegidos dos amigos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Son ellos la senadora Tammy Baldwin (foto arriba) y el representante a la Cámara Mark Pocan (imagen abajo)
Cuenta sobre ellos Colombia Support Network (CSN) que ambos visitaron San José de Apartadó antes de que sus habitantes se declararan Comunidad de Paz bajo la gobernación del sr. Uribe Vélez en Antioquia. Además, Pocan conoció a Manuel Cepeda, periodista y dirigente de la UP, poco antes de ser asesinado.
Baldwin y Pocan son activistas por los derechos de la población gay en Estados Unidos, razón de más para celebrar su triunfo.
Colombia Support Network (CSN) celebrates the election last night of two great friends:
Tammy Baldwin, elected to the United States Senate, and Mark Pocan, elected to the United States House of Representatives. Tammy, with the assistance of Mark, drafted our sister community resolution for Dane County and Apartadó. Both Tammy and Mark went to Colombia on a CSN delegation in 1993 and visited San José de Apartadó, 4 years before San José declared itself a Peace Community.
Mark has returned since, meeting with Senator Manuel Cepeda Vargas and 3 other leaders of the Patriotic Union movement days before Senator Cepeda was murdered. He is a former CSN Board Member and is currently on our Advisory Board.
Tammy and Mark have provided great support to our human rights and sister community work on Colombia. We look forward to their solidarity from their new positions as Senator and Representative in Washington D.C. We congratulate them on their election and on their commitment to good government and support for a sensible U. S. foreign policy toward Colombia.
Madison, November 7, 2012
COLOMBIA SUPPORT NETWORK
noviembre 7th, 2012
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