Algo se está muriendo por acá
10 de febrero de 2010
El Día del Periodista en Colombia comenzó con tristezas, pero produjo al final dos buenas noticias.
La primera, que el sociólogo, columnista y cronista Alfredo Molano fue exonerado por un juez de los cargos penales de injuria y calumnia, por una columna escrita en febrero de 2007 en El Espectador. El juez le dio prelación a la libertad de expresión.
La segunda buena noticia fue que los galardonados por el Círculo de Periodistas de Bogotá dedicaron sus premios al equipo periodístico de Cambio.
La revista deja de existir, según sus recientes dueños, el grupo Planeta, porque no da dinero suficiente; pero según nosotros, los reporteros de este país, porque los españoles quieren a toda costa ganarse la licitación por el tercer canal privado de TV, y temían que el periodismo investigativo de Cambio les pusiera en riesgo sus relaciones con el gobierno de Álvaro Uribe. Al fin y al cabo el mismo grupo Planeta sí mantiene una revista de desnudos llamada Don Juan, que le está produciendo pérdidas por cerca de cinco millones de dólares. Mientras, Cambio pasó 2009 con cifras en negro, gracias a las investigaciones del equipo dirigido por Rodrigo Pardo y María Elvira Samper. Investigaciones que pusieron a temblar al gobierno de Uribe. Por Cambio nos enteramos que Colombia se iba a convertir en el más grande portaaviones del Pentágono, por ejemplo; el gobierno se lo tenía calladito en ese entonces. Por una publicación de Cambio terminó siendo investigado un precandidato conservador al que le gusta que le digan «Uribito». Con eso queda descrito él.
Pero decía que el día comenzó triste. Con una rueda de prensa en la que, al final, nos saludábamos como si se nos hubiera muerto alguien – la libertad tal vez.
Citada por mis colegas Hollman Morris y Claudia Julieta Duque, este fue el comunicado que leyeron, sobre las actividades de la Staatssicherheit (Stasi) de la Seguridad Democrática.
9 de febrero, nada que celebrar, mucho por denunciar:
Periodistas responsabilizan al presidente Uribe por persecución de policía secreta en su contra
Bogotá, 9 de febrero de 2010.
El presidente Álvaro Uribe Vélez es el máximo y directo responsable de los actos criminales ejecutados por el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G-3) en contra del periodismo y la libre expresión en el país, y debe pedir perdón públicamente por los ataques que durante su gobierno y desde el DAS se han cometido contra periodistas en Colombia.
Así lo reclamaron este 9 de febrero, día del periodista, los reporteros Hollman Morris y Claudia Julieta Duque, dos de las principales víctimas del accionar criminal del DAS durante el actual gobierno. Las pruebas y testimonios judiciales que hoy están en poder de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia son contundentes en señalar la responsabilidad del jefe de Estado, por acción y omisión, en la persecución contra más de 300 personas entre miembros de ONGs, periodistas, magistrados y líderes de la oposición.
Los artículos 208 y 189 de la Constitución Política de Colombia definen que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) actuará “bajo la dirección” del Presidente de la República, quien será responsable del nombramiento del director/a de ese organismo. No sobra recordar que cuatro de los cinco directores del DAS en el gobierno Uribe han salido de la entidad en medio de graves escándalos de paramilitarismo, persecución política y espionaje ilegal.
La semana pasada, Álvaro Uribe admitió haber ordenado al DAS “hacerle inteligencia al terrorismo”. Son diversos los discursos y señalamientos que el presidente de la República ha realizado contra quienes él denomina “aliados del terrorismo”, que para Uribe se encuentran en algunas ocasiones en cercanías al Congreso de la República, en otras a la Corte Suprema de Justicia y los defensores de derechos humanos, y en algunas más al periodismo libre.
Es evidente que el discurso presidencial contra el terrorismo ha abarcado sin distinción a los grupos armados ilegales y quienes hacen oposición legítima en Colombia. Se puede deducir que el DAS sí recibió órdenes presidenciales de incluir en el escenario de la llamada “guerra política” al periodismo crítico.
Por su parte, el ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes, hoy en juicio por paramilitarismo y homicidio, la semana pasada confesó haber recibido órdenes del presidente Uribe para el nombramiento de José Miguel Narváez como subdirector del DAS, principal gestor y asesor del G-3, vinculado además a la investigación por el asesinato del periodista Jaime Garzón y del senador Manuel Cepeda Vargas.
En el proceso penal, las siete personas llamadas a juicio por las acciones del G-3 han sido coincidentes en afirmar que todo lo actuado siguió las órdenes y directrices emanadas de la Presidencia “en el marco de la seguridad democrática”.
Los periodistas Morris y Duque solicitaron al presidente Uribe explicarle al país cuáles fueron los filtros –si los hubo– que debieron pasar Narváez y Noguera para llegar a cargos tan importantes dentro de la estructura de inteligencia del Estado colombiano, máxime cuando son contundentes las pruebas y testimonios que los relacionan con grupos paramilitares.
LAS PRUEBAS
En el caso de Hollman Morris, está probado que el DAS diseñó en su contra estrategias de desprestigio a nivel nacional e internacional y elaboró un video en el que lo señalaba de ser miembro de la guerrilla. En ese contexto, no es mera coincidencia el envío de coronas fúnebres que anunciaban su muerte. Las estrategias contra Hollman, de acuerdo con las pruebas en poder de la Fiscalía, al parecer serían ejecutadas en coordinación con el Ejército nacional y las AUC. Incluso el DAS tenía planeado “bloquear” la financiación internacional del programa Contravía y la obtención de visas para otros países, así como el robo de sus documentos para “sabotear” al periodista, al igual que el espionaje contra su familia y equipo de trabajo. Hollman además ha sido víctima de dos detenciones arbitrarias e incautación ilegal de material periodístico.
En el caso de Claudia Julieta Duque, se ha comprobado la existencia de órdenes por parte del DAS para “finalizar urgente” con la periodista, amenazar a su hija en forma directa y demandarla por injuria y calumnia, así como la responsabilidad de ese organismo en innumerables llamadas intimidatorias y otros hechos de tortura psicológica en su contra durante el año 2004, seguimientos e informes de inteligencia incluso cuando la periodista se encontraba en el exilio, y de la infiltración de informantes para vigilarla de cerca. Adicionalmente, en su caso existen pruebas de que el DAS la persiguió desde el año 2001, cuando fue secuestrada y robada, hasta al menos el año 2008.
Hollman y Claudia Julieta trabajaron juntos en agosto de 2003 en la elaboración de un documental sobre el caso Jaime Garzón, mediante el cual demostraron la existencia de un montaje puesto en marcha por el DAS para desviar la investigación por el asesinato del humorista. Claudia Julieta investigaba el caso desde el año 2001, cuando empezaron los ataques en su contra. Existen evidencias para afirmar que a raíz de ese documental, emitido en el programa Contravía los días 17 y 24 de agosto de ese año, se incrementó la persecución en contra de ambos reporteros y sus familias.
Para los dos periodistas, es claro que los severos señalamientos públicos por parte del presidente Álvaro Uribe son coincidentes con la arremetida del G-3. Es así como, tras un discurso presidencial de septiembre de 2003 contra los defensores de derechos humanos, un memorando interno del DAS dirigido a Jorge Noguera, calificó a Claudia Julieta Duque como “traficante de derechos humanos”.
Igualmente, en noviembre de 2008, el presidente Uribe aseguró que existe una “recua de bandidos” y “una campaña orquestada por las FARC” para vincular al ex fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio, con grupos paramilitares. Claudia Julieta Duque es la autora del informe “Fiscalía General de la Nación: Una esperanza convertida en amenaza, balance de Luis Camilo Osorio”, publicado en el 2005, el cual demostró la infiltración del paramilitarismo en el ente investigador durante la administración del ex fiscal Osorio.
Como es de público conocimiento, el presidente Uribe ha arremetido en varias oportunidades contra Hollman Morris, al señalarlo de “hacer alianzas con el terrorismo para grabar atentados” (mayo de 2005). Para esa época, ya reposaban en el G-3 cientos de páginas con información de inteligencia en contra del director de Contravía. De allí, además, se desprende el nombre de la operación del G-3 en su contra: Operación Puerto Asís.
En febrero de 2009, el presidente insinuó una vez más la cercanía de Hollman Morris con las FARC, solicitó que se le investigara penalmente por “entrevistar bajo presión” a cuatro policías y soldados recién liberados, y lo acusó de evadir la protección del Estado para viajar a encuentros con esa guerrilla. Igualmente, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lo señaló de ser “afín a las FARC”. En forma casi inmediata, el periodista recibió más de 50 amenazas por correo electrónico.
Meses después, la Fiscalía archivó la investigación contra Hollman Morris y demostró que el reportero obró conforme a la ética periodística. La campaña de desprestigio que siguió a las acusaciones del presidente Uribe contra Morris coincide plenamente con las recomendaciones del G-3 y el DAS en su caso. El reportero aún está a la espera de una rectificación por parte del jefe de Estado.
En la actualidad, los dos periodistas y sus familias continúan en riesgo. De acuerdo con ambos, sólo la acción de la justicia y una directriz clara de la Presidencia de la República podrán generar algún cambio positivo en su situación de seguridad.
OTROS PERIODISTAS
A través de la persecución contra los periodistas Morris y Duque, también fueron obtenidos en forma ilegal datos, correos electrónicos, teléfonos e información privada de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Medios para la Paz, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York (CPJ), así como de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para entonces en cabeza del argentino Eduardo Bertoni, entre otros.
En la actualidad, la Fiscalía ha comprobado que los seguimientos ilegales del G-3 también tocaron a otros periodistas, a saber:
– Carlos Lozano Guillén, director semanario Voz.
– Alfredo Molano, El Espectador
– Dick Emmanuelsson, corresponsal internacional. Su caso se denominó “Operación Canela”.
– Ramiro Bejarano, columnista de opinión, diario El Espectador
– César Jérez, Agencia Prensa Rural. Hoy exiliado.
– Adriana Cuéllar, jefa de prensa de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
– Nicole Karsin, periodista independiente, colaboradora del diario estadounidense San Francisco Chronicle.
– Liam Craig Best, Justice for Colombia, Reino Unido.
– Luisa Margarita Gil, Redepaz.
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