De labios para afuera
17 de febrero de 2010
Si acaso todavía se enseña en las facultades de periodismo que es preciso desconfiar de las declaraciones de los poderosos, el documento que copio a continuación debería convertirse en clásica pieza de estudio.
Y, al final aporto algunos nombres que no se detallan en este texto, que gira en torno a aquello que tan tiernamente se ha dado en llamar “interceptaciones” o “chuzadas”, pero que en realidad son actos de terror cometidos desde el Estado contra disidentes, jueces y periodistas.
Febrero 17 / 2010
Comunicado – Uribe dijo al CPJ y la FLIP: “El que intercepte es enemigo del gobierno”
El presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez afirmó el martes 16 de febrero de 2010 que aquellos funcionarios que ilegalmente espiaron a la prensa son “enemigos de su gobierno”, durante una reunión con una delegación conformada por el Comité de Protección para los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Uribe emitió esa declaración luego de conocer las observaciones elevadas por la delegación del CPJ y la FLIP, en una reunión de alrededor de dos horas de duración, con el mandatario y funcionarios de alto rango en el Palacio de Nariño, sede del gobierno colombiano. Entre los funcionarios participantes estuvieron el vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón; el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio; el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Felipe Muñoz, y el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo Trujillo, entre otros.
El CPJ y la FLIP habían presentado en la mañana sus informes anuales en una conferencia de prensa en la Universidad Javeriana, en Bogotá. Según ambos informes, el espionaje ilegal a periodistas es una de las amenazas más serias que enfrenta la libertad de prensa en Colombia. Los periodistas locales tuvieron sus teléfonos y cuentas de correo electrónico interceptados, y fueron objeto de vigilancia y acoso entre 2004 y 2006, según la Fiscalía. El CPJ y la FLIP también tuvieron algunos de sus correos electrónicos interceptados. Según una investigación preliminar y versiones de periodistas locales al CPJ y a la FLIP, el espionaje ilegal habría continuado aún después de febrero de 2009, luego de que se publicaran las primeras noticias sobre el escándalo.
La delegación del CPJ y la FLIP solicitó al presidente Uribe que realizara un enérgico rechazo ante la preocupación que ha provocado el espionaje ilegal. El presidente reiteró que Colombia tiene un gobierno democrático que “no acepta la ilegalidad”. Uribe indicó: “Quien afecte la libertad de un periodista y quien intercepte es enemigo del gobierno”.
La delegación estuvo conformada por la reconocida periodista colombiana y miembro de los consejos directivos de ambas organizaciones, María Teresa Ronderos; el ganador del premio del CPJ y presidente del consejo directivo de FLIP, Ignacio Gómez; el coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría, y el director ejecutivo de la FLIP, Andrés Morales.
Los participantes de la delegación informaron a Uribe y al resto de los funcionarios colombianos que los periodistas están tomando medidas extraordinarias para prevenir que sus comunicaciones sean interceptadas y los exhortaron a que apoyen las investigaciones. “Me duele que no estén capturados los responsables”, afirmó Uribe. El general Naranjo dijo que la Policía Nacional comparte la frustración del presidente respecto de la investigación, pero al mismo tiempo insistió en remarcar los esfuerzos que hasta ahora se han realizado.
Como resultado del espionaje generalizado, las fuentes confidenciales se han visto en riesgo y se han mostrado reticentes a hablar con los periodistas colombianos, así lo explicaron varios reporteros al CPJ y la FLIP. Uribe dijo que su gobierno no va a permitir “cualquier acción que interfiera con el trabajo de la prensa”. El vicepresidente Santos indicó que “asumiremos la responsabilidad con sentencias judiciales en firme”.
Desde que el escándalo fue conocido, la oficina del Fiscal General ha iniciado las investigaciones que han conducido al arresto en 2009 de varios funcionarios de alto rango de la inteligencia local, incluyendo el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez. Entre todos, 40 funcionarios del DAS están actualmente investigados. Siete de ellos han sido imputados en enero y podrían enfrentar un juicio pronto.
Durante la reunión con el fiscal general encargado Guillermo Mendoza Diago, realizada el lunes 15 de febrero, la delegación también habló con el Procurador General Alejandro Ordóñez. La oficina de Ordóñez está investigando a 26 funcionarios que podrían estar involucrados en el espionaje y tiene el poder de impartir sanciones disciplinarias sobre ellos. Entre los funcionarios investigados, según Ordóñez, se encuentran tres funcionarios de alto rango del poder ejecutivo.
Mientras los nombres de esos asesores fueron revelados por la oficina del Procurador en junio de 2009, Uribe defendió a los funcionarios y dijo que rechazaba cualquier tipo de presión por parte de los medios para “judicializar a personas inocentes”. Uribe también dijo que le preocupaba que la falta de resultados concretos en la investigación haya sido utilizada para manipular políticamente a su gobierno.
Tanto el Ministro del Interior y de Justicia como el Director del DAS, quienes participaron de una reunión el lunes 15 de febrero con la delegación del CPJ y la FLIP, emitieron declaraciones en las cuales reaccionaban a la información publicada en los informes de ambas organizaciones. Ambas declaraciones reafirmaron que el espionaje ilegal no era una política de estado y que ellos habían prestado su colaboración con la investigación.
La delegación también exhortó a las autoridades a que se abstengan de acusar, sin ninguna evidencia, a miembros de la prensa de tener vínculos con grupos armados, dado que eso pone en serio riesgo la vida de los reporteros.
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+Los tres altos funcionarios de Presidencia que investiga la Procuraduría (ministerio público) y cuyos nombres fueron mencionados en 2009 son el Secretario General, Bernardo Moreno; el Secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, y el entonces asesor de Comunicaciones de Presidencia y hoy viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman.
+Cuatro directores de la agencia de inteligencia DAS bajo el mandato Uribe también son investigados por la Procuraduría: Jorge Noguera, Joaquín Polo, María del Pilar Hurtado y Andrés Peñate. No está descartado que sea vinculado a la investigación el actual director del DAS, Felipe Muñoz.
+En el proceso disciplinario también están vinculados otros 19 funcionarios. Entre ellos, varios de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dependencia especializada del Ministerio de Hacienda contra el lavado de activos.
+Por su parte, la Fiscalía investiga a unos 40 funcionarios y ex funcionarios, también en torno a actividades ilegales de sabotaje contra disidentes.
+En la Corte Suprema avanza el juicio contra Jorge Noguera, acusado de poner el DAS al servicio del paramilitarismo.
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