Al exilio, la jueza que condenó al coronel Plazas Vega
23 de junio de 2010
La jueza que firma esta orden se exilió el martes, cercada por las amenazas de muerte contra ella y su hijo menor de edad.
Fue ella quien dispuso este mes una sentencia de 30 años de prisión para el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega como coautor mediato de la desaparición forzada agravada de una docena de sobrevivientes del Holocausto del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Tras 24 años y siete meses de impunidad, ella se atrevió. Es la pionera. El gobierno saliente blandió contra esta jueza serena y seria su enorme capacidad de intimidación. Un buen resumen de las agresiones a la justicia, con motivo de su fallo, se publica al pie. Es una solicitud de rectificación pública que las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia le dirigieron al Ejecutivo. Aún no hay respuesta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que recordar y reclamar que sobre María Stella Jara pesan medidas cautelares. Clamó también la ONU. Y, a su manera, clamó el Departamento de Estado: publicó documentos clasificados que no dejan bien parado a Plazas.
Para eludir la cárcel, Plazas Vega se mudó a vivir desde septiembre al Hospital Militar, en Bogotá, donde la jefa de Psiquiatría lo recibió con efusivo abrazo. El oficial retirado no volvió al juicio presidido por Jara. Dijo que no la reconocía como juez suya y presentó un dictamen del Hospital, que sostenía que padecía una crisis de nervios.El concepto de Medicina Legal, que establecía que Plazas no tenía ningún impedimento físico ni mental para acudir a las audiencias, nunca fue acatado. Tampoco ahora, cuando la jueza Jara dispuso que el ex militar debe cumplir la pena en un establecimiento carcelario y en ello la respalda la autoridad médica forense.
A las familias de los desaparecidos del Palacio les indigna que Plazas continúe en el Hospital Militar, en lugar de comenzar a pagar su sanción en una cárcel. “Definitivamente, luchar contra el poder de todo un Estado es tarea de quijotes”, escribe René Guarín, hermano de Cristina.
A Cristina Guarín se la ve en un video salir, en esas horas aciagas, en hombros de un militar que la rescata y la salva del Palacio sitiado. Nunca más se supo de Cristina y desde entonces, el ingeniero René no conoce la paz.
“Las conquistas de la humanidad son lentas y difíciles y no podemos claudicar”, recibe Guarín una respuesta. Es Fabiola Lalinde, madre de Luis Fernando Lalinde Lalinde, estudiante desaparecido en Antioquia el 3 de octubre de 1984.
4.428 días después, doña Fabiola recuperó los restos de su hijo. A pesar de todo.
“Toca estar ahí todos los días, insistiendo y persistiendo. Soportando persecuciones, atropellos, montajes y adversidades de toda índole”, escribe a René Guarín esta decana Dolorosa.
“No importa mucho que Plazas Vega siga en el Hospital Militar”, lo tranquiliza. “Lo que verdaderamente cuenta, en este momento, es la condena, después de 25 años de negar siempre la responsabilidad de los militares y, especialmente, la de Plazas Vega, por los desaparecidos de la cafetería que salieron con vida”.
Bogotá, 16 de Junio de 2010
Doctor
Carlos Franco Echavarría
Programa Presidencial de Derechos Humanos
Director
Doctora
Margarita Rey
Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería
Directora
Ref: Solicitud de rectificación pública del Presidente Álvaro Uribe Vélez frente a sus declaraciones sobre la condena a uno de los responsables de la desaparición forzada de nuestros familiares.
Saludo cordial
Como es de su conocimiento, el pasado 9 de junio la juez Tercera Especializada de Bogotá profirió condena contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega por desaparición forzada agravada de nuestros familiares: Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortez, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, e Irma Franco Pineda.
La sentencia fue proferida por la Juez luego de realizar un análisis en derecho de los cientos de pruebas practicadas y aportadas debidamente en la etapa de investigación y juicio, las que fueron controvertidas por los sujetos procesales en el desarrollo del proceso. Estos elementos de convicción llevaron a la Juez a concluir sobre la responsabilidad del coronel Luis Alfonso Plazas Vega como coautor mediato de desaparición forzada agravada.
La investigación y posterior juicio en contra del coronel retirado se circunscribe a determinar su responsabilidad en la desaparición forzada de nuestros familiares, quienes conforme a la prueba que obra dentro del proceso, salieron con vida de las instalaciones del Palacio, bajo la custodia de miembros del Ejército Nacional. Hoy, luego de más de 24 años, desconocemos su paradero. Ni la sentencia, ni nuestras exigencias de derechos han pretendido hacer una tacha a las Fuerzas Militares, sino que se han dirigido, en derecho, desde las pruebas valoradas en sana crítica, a dictar una sentencia que se debe interpretar como un llamado a depurar las Fuerzas Armadas de violadores a los derechos humanos.
Sin embargo, en los días previos y posteriores a que la sentencia fuera proferida, altos funcionarios del gobierno, incluido el propio Presidente de la República, realizaron manifestaciones públicas de rechazo a la decisión de la Juez Tercera Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
El 8 de junio, dos días antes que el fallo fuera proferido, el Ministro de Defensa, Gabriel Silva, sostuvo ante medios de información que esperaba que se acabara la «justicia espectáculo» contra oficiales como el coronel Alfonso Plazas y los otros militares investigados. Afirmó además ser amigo personal del coronel, a quien le ha facilitado toda la solidaridad y acompañamiento institucional. Afirmó: «Hemos dicho que hay que acabar con la justicia espectáculo en el caso del coronel Plazas y de los demás uniformados afectados por procesos de esa naturaleza»[1].
El 10 de junio, conocido el contenido de la sentencia, el presidente Álvaro Uribe, el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior y de Justicia manifestaron públicamente su rechazo a la decisión proferida por la rama judicial.
El primer mandatario, en un comunicado público proferido por la Presidencia de la República y ampliamente difundido por los medios de información, señaló que el fallo era un abuso y un desestímulo para a fuerza pública: “Nosotros necesitamos la eficacia y el respeto a los derechos humanos, pero los derechos humanos no se pueden invocar para cometer abusos contra la fuerza pública. Registro con tristeza hoy un gran desestímulo de las Fuerzas Armadas de Colombia por estas decisiones que se han tomado”[2].
Señaló además que la solicitud de investigación en contra de ex presidente Belisario Betancur es un abuso y una falta de conocimiento de los hechos. “…(t)odos sabemos de su patriotismo, de su buena fe. El patriotismo y la buena fe excluyen el dolo. Sin dolo no hay delito”.
Por su parte, el Ministro de Defensa Nacional y altos mandos militares activos [3] hicieron público un comunicado de 5 puntos en el que expresan su profundo dolor por las consecuencias de la sentencia judicial, manifiestan su solidaridad con el ex oficial, “esperan que la defensa del coronel (r) Plazas Vega pueda exponer sus criterios probatorios en las instancias procesales a seguir” y exhortan a los todos los miembros de la fuerza pública “a mantener la moral en alto y el espíritu combativo indomable”[4].
Por su parte, el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, en declaración dada a los medios de comunicación, puso en duda la desaparición de personas en los hechos ocurridos en la retoma del Palacio de Justicia. «Hay que revisar muy bien los hechos concomitantes en lo de Palacio. Mirar realmente qué fue lo que pasó, establecer realmente si efectivamente hubo o no hubo desaparecidos». Además, controvirtió la decisión judicial al señalar que con ella se quiere condenar la legitimidad del Estado.
Finalmente, en horas de la noche, en una alocución en televisión difundida en canales públicos y privados, el Presidente, acompañado del Ministro de Defensa y rodeado de altos mandos de la fuerza pública, se dirigió al país para condenar, nuevamente, el fallo contra el ex alto militar. Luego de sostener que habían estado reunidos analizando la decisión de la justicia contra el señor coronel en uso de retiro expresó, entre otros aspectos, que: “La sentencia condenatoria al coronel Alfonso Plazas Vega genera profundo dolor y desestímulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas, encargadas de dar seguridad a los colombianos”[5].
El Presidente, además, creó una simetría entre nuestros familiares desaparecidos y nuestras familias que hemos sido víctimas de los crímenes cometidos por la fuerza pública, y los responsables de estos crímenes, a quienes calificó de “víctimas”, al decir que “la forma de apoyar a las víctimas no es creando víctimas en miembros de las Fuerzas Armadas”.
Estas manifestaciones muestran un irrespeto hacia las instituciones democráticas del Estado colombiano, que han cumplido con su deber de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, dentro de un proceso contradictorio dotado de las garantías procesales correspondientes. Son además una indebida injerencia en la administración de justicia que compete a la rama judicial de Colombia, que mina el principio de separación de poderes reconocido en la Constitución Política. El Presidente, conocido el fallo proferido por una autoridad competente en ejercicio de sus competencias constitucionales, no puede hacer otra cosa que acatarlo y velar para que su cumplimiento se haga efectivo.
Estas declaraciones públicas proferidas por el alto gobierno y la cúpula militar ponen en riesgo a los familiares de las víctimas y sus representantes, quienes durante más de 20 años hemos reclamado justicia y verdad por parte del Estado colombiano. El ejercicio de este derecho no puede ser interpretado como un mecanismo para atacar las instituciones del Estado o, como el Presidente Uribe lo señala en sus comunicados, “bajar la moral de la tropa”.
En un Estado de Derecho las fuerzas militares tienen el deber constitucional de garantizar la vida e integridad de todos los colombianos con plena sujeción a los mandatos legales y constitucionales; la omisión o extralimitación de sus poderes, o la utilización de estos para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos erosiona los cimientos de un Estado Social de Derecho y merecen el máximo repudio moral, político y jurídico de todas sus instituciones.
Por esta razón y en procura de conjurar, en algo, la situación de riesgo creada por tales manifestaciones, que como es sabido fueron ampliamente difundidas por medios de información públicos y privados, solicitamos al Presidente de la República, como máxima autoridad civil y como máximo comandante de las Fuerzas Armadas, una rectificación pública de sus declaraciones de rechazo al fallo proferido.
Una rectificación por parte del Presidente, en las mismas condiciones en las que pudo expresar su opinión respecto al fallo proferido, a partir de las cuales enfrentamos una situación de mayor vulnerabilidad, contribuirá a generar verdaderas y eficaces garantías para continuar en el ejercicio de nuestros derechos. Una rectificación del Presidente de la República sería una medida idónea de protección ante el clima de estigmatización y repudio que sus declaraciones han generado en nuestra contra y en contra de los sujetos procesales.
Cordialmente,
Familiares de Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortez, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, e Irma Franco Pineda, desaparecidos del Palacio de Justicia.
(Siguen firmas de los familiares)
[1] Mindefensa espera que con sentencia a Plazas Vega se acabe la “justicia espectáculo” contra oficiales http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1309739[2] Declaración del Presidente Álvaro Uribe Vélez sobre sentencia condenatoria en el caso del atentado contra el Palacio de Justicia http://web.presidencia.gov.co/sp/2010/junio/10/03102010.html
[3] El Comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León; el Comandante Ejército Nacional, General Óscar Enrique González Peña; el Comandante de la Armada Nacional, Almirante Guillermo Barrera Hurtado; el Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Jorge Ballesteros Rodríguez y el Director General de la Policía Nacional, Brigadier General Óscar Naranjo Trujillo.
[4] Comunicado a la opinión pública. Ministerio de Defensa. http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/documents/News/NoticiaGrandeMDN/30d0b6b9-d856-2d10-2684-84916373ba8b.xml
[5] Alocución del Presidente Álvaro Uribe Vélez http://web.presidencia.gov.co/videos/video.aspx?id=1134_alocucion_10062010
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