Comunidades proponen Comisión de la Verdad
04 de septiembre de 2012
Las comunidades proponen cinco puntos:
Cese bilateral del fuego, garantías para la libertad de expresión y participación física en espacios definidos para hacer propuestas, incluida una Comisión de la Verdad.
Además, la satisfacción básica de algunos derechos con base en la redistribución de los recursos que se destinan a la guerra. La idea es también que los recursos de cooperación internacional se destinen, entre otros, a la Comisión de la Verdad.
Finalmente, piden que los acuerdos de paz que se logren sean refrendados en un referendo o mediante una Constituyente.
Esta es la carta.Diversos lugares de Colombia, septiembre 4 de 2012
Doctor JUAN MANUEL SANTOS Presidente de Colombia
Señor TIMOLEÓN JIMÉNEZ Secretariado de las FARC – EP
Señor NICOLÁS BAUTISTA Comité Central ELN
Nos llena de esperanza el haber conocido el acuerdo de aproximación entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional de Santos y la reiteración del ELN de ser parte de un proceso. Respaldamos la disposición de las partes para dar fin al conflicto armado. Y esperamos que prontamente se habiliten acuerdos de aproximación para la discusión con el ELN.
Nosotros hemos vivido los efectos de la guerra, habitamos en zonas de conflicto armado, hemos sido víctimas de crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de graves infracciones al derecho humanitario, en particular, los crímenes de Estado y las operaciones empresariales que han beneficiado a despojadores, operadores extractivistas, ganaderos, palmeros y compañías de infraestructura se encuentran en absoluta impunidad.
Seguimos siendo víctimas de confrontaciones armadas, de hostilidades, de planes de consolidación, de montajes judicializaciones con falsos testigos, de permanentes chantajes, del uso de medios de guerra proscritos por el derecho internacional, tras de los cuales se continúan beneficiando sectores empresariales y políticos. Esos costos inenarrables, muchas veces desconocidos, exigen su cese definitivo. Tomar la decisión de prolongar la guerra es continuar haciendo inviable el país incluyente y democrático que por más de 60 años nos ha sido negado por intereses de poder inconfesables. Algunos calculan que continuar la guerra para someter a las guerrillas significaría 20 o 30 años más de derroche militar, calculando una derrota por vía militar o mejor reducción del movimiento armado eso es reprochable cuando se puede dialogar y concertar
Muchas de nuestras situaciones por efectos del conflicto armado han sido conocidas por Colombianas y Colombianos por la Paz en su labor por la paz con justicia que dan fe de estas graves condiciones que general el conflicto armado. Conocen y han escuchado lo que ha significado en costos en vidas humanas, en costos sociales, ambientales y económicos está guerra que va a cumplir cerca de 50 años.
Igualmente hemos ido construyendo propuestas frente a la impunidad y la verdad en la Comisión Ética de la Verdad y otras iniciativas compartidas con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Hemos constituido y desarrollado propuestas técnicamente asesoradas y probadas de enfrentamiento de la impunidad, de protección ambiental, de producción económica alimentaria, de protección del agua, de acueductos comunitarios, de educación propia, de vivienda saludable, de comunicación radial y televisiva, de salud que son mejoramiento de la calidad de vida de propuestas para enfrentar la pobreza y la exclusión y que proyectas acuerdos comerciales democráticos.
Creemos que cualquier proceso de diálogo hacia la paz debe enfrentar problemas estructurales algunos de ellos consignados en los temas de la agenda, y otros que han quedado excluidos: la definición democrática del uso del suelo urbano, la impunidad jurídica y socio cultural que requiere un nuevo aparato judicial, la democratización en la propiedad y acceso a la información, entre otros.
Somos conscientes, y no por esto pesimistas, que el país no cambiará por acuerdos políticos en las conversaciones, será seguramente unos acuerdos que posibiliten avanzar en la construcción de un nuevo modelo democrático en lo político, lo social, lo económico, lo ambiental.
Se requiere mucha generosidad no solamente para cesar la militarización y propiciar un desarme, una desmentalización de la lógica de la seguridad nacional que ha dado origen incluso al paramilitarismo y la persecución judicial. Se requiere generosidad de empresarios, de la clase política y dirigente y un acuerdo por una información veraz que no afecte la decisión que apoyamos todos que la guerra debe terminar.
Será un avance hacia la paz el que se reconozcan los problemas estructurales que persisten y los que requieren ejercicios de gobierno transversal, horizontal, transparente con voluntad de cambio en la destinación de los recursos del Estado, entre ellos las regalías, y la aplicación de una política pública que proteja a la totalidad de las y los colombianos.
Ya hemos visto como una Constitución como la del 91 logró proteger un conjunto de derechos, pero también, como en su oposición y desestructuración, factores de poder han intervenido para limitar e imposibilitar la satisfacción de derechos de las mayorías y mantener un orden injusto, excluyente. O como, la llamada de ley de víctimas siendo un avance en algunos aspectos, hoy está siendo inviable por factores de poder interno como el neo paramilitarismo y los enfoques de desarrollo de la “prosperidad”.
Proponemos frente a los acuerdos de aproximación ya conocidos, y frente a lo que eventualmente se conozca en Oslo que se defina:
1. Un cese bilateral del fuego. Este debe ser incluyente y exigible a las fuerzas regulares y a los disidentes armados. Esta deberá ser de manera expedita y pronta, con verificación de las propias comunidades, la Defensoría del Pueblo, y algún ente internacional.
2. Garantías para nuestra libertad de expresión. La persistencia del conflicto armado, las operaciones de tipo paramilitar, la persecución judicial y de periodistas imposibilitan que expresemos en libertad o con serias limitaciones nuestro pensar, nuestras actividades cotidianas laborales. Estas son razones importantes para que se de un cese al fuego, se posibilite nuestra participación y podamos creer en el proceso. Es fundamental el cumplimiento de aspectos referente a estructuras criminales e igualmente la necesidad de tener acceso ya a medios de información públicos y privados.
3. El derecho a la paz es de todas y de todos. El Acuerdo habla de recepción electrónico y por medios físicos como medio de participación de la sociedad civil, esa expresión es importante, pero imprecisa y da a equívocos.
Debemos tener nosotros espacios precisos donde discutamos nuestras apuestas territoriales, las que tienen viabilidad técnica y solo se requiere voluntad política de escucharlas, de discutir y asumirlas en acuerdos para salidas socio ambientales al conflicto armado.
Requerimos saber de qué manera, por ejemplo, nuestras propuestas de habitación, de protección territorial, de respeto a la riqueza biológica y ecosistemas, de comisión de verdad, de reforma al aparato judicial, de no a la minería como definición del uso del suelo en zonas de reserva forestal y de páramos es presentada, discutida y concertada.
Sabemos que se requiere eficacia, pero ya tenemos la madurez necesaria para que esta se traduzca en propuestas concretas, viables, verificables
4. Satisfacción básica de algunos derechos con base en redistribución del PIB. Urge una redefinición del destino de los recursos que se usan en la guerra y de otros rubros que se financian por tributación directa e indirecta, una redistribución del PIB y de los de la cooperación internacional desde el 2014 y por 10 años, en los que nuestras propuestas de habitación, de producción, de Comisión de Verdad, de educación, sean incluidas. Una redefinición del gasto serán los que propician la viabilidad de la exclusión con una nueva mentalidad en los acuerdos comerciales y en la que se limiten seriamente las operaciones extractivas.
Esa paz con justicia será procesal, si existe voluntad de cambio
5. Mecanismos de Refrendación de los acuerdos con participación directa Constituyente o Referendo. El gobierno de Colombia y las guerrillas representan algunos intereses, de algunos sectores urbanos y rurales colombianos, pero no necesariamente en las partes se ven reflejados todas nuestras exigencias, nuestros derechos y propuestas en su integralidad, así existan puntos de coincidencia. Si se logran acuerdos, insistimos, que no van a cambiar los factores estructurales, pero si cimentar las bases procesales a la paz, lo que es nuestro deseo, es que estos sean refrendados por algunos de estos mecanismos de participación directa como los arriba propuestos, esto supone una reforma al sistema electoral y los mecanismos de participación política con acceso libre y permanente a medios de información.
Hay una crisis de representación del poder legislativo de los intereses de los colombianos, lo que se ha hecho evidente en las movilizaciones sociales o en el hundimiento a la reforma a la justicia reflejando la capacidad de corrupción en diversas instancias institucionales, así que la carta de acuerdos hacia la solución del conflicto implica su refrendación por otros mecanismos de representación y de participación.
Es hora de empezar en la reconstrucción del país, en fortalecer lo que hemos ido construyendo las víctimas, de lo contrario un proyecto de país en paz será imposible para las próximas generaciones. La paz es una democracia para todas y todos con justicia integral en un proceso que debe empezar pronto, con realismo y eficacia estructural.
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