Posts filed under 'Civiles en la mira'
Primero, el texto del comunicado del Comando Conjunto de Occidente, tal como aparece en el sitio web principal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero los periodistas que cubrimos la guerra colombiana sabemos que lo que diga el secretariado es terreno fijo. Todo lo demás, no necesariamente.
“10 de Julio de 2007
Sobre los diputados fallecidos:
1. Tenemos la decisión de entregar con celeridad, los despojos mortales de los diputados a sus familiares. La tardanza actual solo responde a la búsqueda de una organización intermediaria, que garantice objetividad en los trámites y exámenes que se adelanten.
2. Ninguna entidad estatal colombiana puede fungir como intermediaria ya que todas ellas tienen la perentoria orden acusatoria impartida por la presidencia.
3. La organización intermediaria deberá tomar atenta nota del área, del lugar, de los cuerpos y de la situación militar reinante a mediados del mes de junio donde paramilitares y unidades de la Fuerza Pública desarrollaron acciones conjuntas de gran dimensión, algunas de ellas conocidas públicamente y otras silenciadas para ocultar esa relación.
4. Fallamos en la misión de custodiar los prisioneros y llevarlos al canje, por más de 5 años de negativa del Gobierno pero continuaremos investigando que fuerza llevo a cabo el ataque al campamento hasta aclarar esta tragedia que solo sirvió para llevar luto a los hogares de los diputados y tender otra cortina de humo sobre los verdaderos alcances de la para-política en el Estado colombiano.
Comando Conjunto de Occidente FARC-EP
Montañas de Colombia, julio 5 de 2007”
Llama la atención que, nuevamente, no firma el secretariado de las FARC. Este máximo organismo rector de la guerrilla se ha mantenido al margen de cualquier comunicado en torno a la muerte de los 11 diputados del Valle del Cauca.
Los periodistas que cubrimos la guerra colombiana sabemos que lo que diga el secretariado es terreno fijo. Todo lo demás, no necesariamente.
Contiene un delicado reconocimiento: “fallamos en la misión”. Los civiles, que somos tan bruticos, quisiéramos saber qué pasa, dentro de una organización militar, cuando una de sus unidades falla en una misión, y así lo informa. ¿Renuncian a sus cargos los responsables? ¿Se someten a un consejo de guerra? En ese caso, ¿lo adelantaría el secretariado, y por eso se abstiene de expresarse públicamente?
Pero además, el comunicado parece reconocer que la política de Uribe, de no ceder, es la causa de que los responsables del Comando Conjunto de Occidente hayan fallado en la misión encomendada: “Fallamos en la misión… por más de cinco años de negativa del gobierno”.
O sea, que el canje es una política fracasada, mientras que la actitud cerrada de Uribe aparentemente ha resultado triunfante, al altísimo costo al que el presidente está habituado. Pero como esto no es un partido de fútbol, sino que hay vidas en juego, la goleada es para ambas partes.
Aunque el comunicado afirma que el gobierno oculta operativos conjuntos ejército-paramilitares realizados en la zona por los días de la matanza, cosa que uno no tiene por qué poner en duda, el Comando Conjunto de Occidente, 17 días después de los hechos, no sabe quién exactamente se le metió al rancho. Lo menos que se puede decir es: ¡Qué inseguridad!
El Comando Conjunto de Occidente de las Farc dice que la tragedia llevó «luto a los hogares de los diputados». Error: llevó luto a toda Colombia, y es probable que cualquier persona en el mundo que escuche de estos hechos se sentirá indignada y avergonzada de que algo así sea posible, lo que configura un crimen de lesa humanidad, con responsabilidad de las partes que hayan tenido que ver en ella.
Afirma el Comando Conjunto de Occidente que además la tragedia sirvió para «tender otra cortina de humo sobre los verdaderos alcances de la para-política en el Estado colombiano». Efectivamente, al presidente Uribe le queda muy fácil desviar totalmente la atención ordenando un rescate secreto de los rehenes civiles y de los prisioneros, del que se sabe tendrá una respuesta de autómatas, ejecutando a los rehenes. ¿Ese sólo hecho no amerita revisar la estrategia del canje, tomada por una decisión del Estado Mayor de las Farc?
El resto del comunicado habla por sí solo. Únicamente a una misión neutral les serán entregados los restos de los diputados, para que sus familias puedan hacer el duelo, pero también para que haga los respectivos exámenes forenses; y esta misión neutral debe tomar nota de la real situación militar en la zona “a mediados del mes de junio”.
Quedan pues descartadas del espectro de la neutralidad todas las instancias, incluida la OEA, que se hayan pronunciado condenando solamente a una de las partes. En boca cerrada no entran moscas, señor secretario general Insulza.
No sobraría que el Comando Conjunto de Occidente dé a conocer las bajas en sus filas por cuenta del «ataque al campamento», para poder atender la versión inicial, de que se trató de fuego cruzado y no de ejecuciones a sangre fría.
Y que alguien explique por qué, si se trató de un intento de rescate, la fuerza atacante esperó a que las Farc dieran la noticia.
Seis kilómetros tenía hoy la marcha de acompañantes del profesor Gustavo Moncayo, en peregrinación desde Sandoná, Nariño, hasta Bogotá, para exigir el intercambio humanitario y obtener la libertad de su hijo, militar en manos de las FARC. Nadie volvió a contar cuántas firmas por el intercambio humanitario se han recogido en el trayecto. Iban en un millón. Avivatos cobraban en la carretera diez mil pesos (US $5) a quien quisiera firmar, y vendían estampitas con la foto del profesor Moncayo, para contrariedad de su hija, que también lo acompaña.
Moncayo ha tenido cuidado de no atacar a ninguna de las partes. Tal vez le está dando una lección humanitaria a muchos, en vista de que hay vidas en juego.
Dado que firmas recogidas así no tienen efecto legal, ya andan por ahí proponiendo un plebiscito para obligar a Uribe a hacer el intercambio.
Juan Carlos Lecompte está tan atemorizado que cree que el plebiscito se pierde, y que será una condena a cadena perpetua para los secuestrados políticos.
Quizá sea el momento de que las FARC entreguen a Clara y a su hijo.
Sobre las condenas a Sonia y Trinidad en Estados Unidos, siempre queda la posibilidad de que un presidente de ese país firme un perdón para ambos, en el marco de una negociación de paz avanzada.
Ya está libre Rodrigo Granda, aún en contra de su voluntad, y en contra de la voluntad de Uribe. Pero es un hecho.
Hechos es lo que cubro yo, no palabras. Las palabras sirven sólo como referencia.
julio 10th, 2007
Las familias de los 11 diputados del occidental Valle del Cauca muertos en cautiverio perdieron hoy la “última lucecita de esperanza”, dijo Fabiola Perdomo, ahora viuda. Ese fue el efecto de una breve misiva firmada por “Raúl Reyes, Comisión Internacional”, y publicada este lunes en la página oficial de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, alzadas desde 1964.
Hasta esa publicación, pensaban las familias que quizá la tremenda noticia del Comando Conjunto de Occidente, de esa guerrilla, sobre el crimen de sus esposos, padres, hijos, hermanos, se trataba de una broma pesada de alguien.
La carta de Reyes pide a España, Francia, Suiza y el Comité Internacional de la Cruz Roja “acompañamiento” y “buenos oficios” para entregar los cadáveres. La delegada del Comité Internacional de la Cruz Roja reveló que la petición le llegó hace “varios días”.
Han pagado así 11 familias vallecaucanas la “cuota de sangre” que les demandó Uribe. Las futuras generaciones de colombianos se los van a agradecer, afirmó el presidente cuando se reunió con ellas, a puerta cerrada, la semana antepasada en Cali.
Dicen que Uribe se volvió loco. Yo no lo creo.
El viernes, en el Diario del Sur, de Pasto, Alberto Rueda, ex asesor del ministro Sabas Pretelt en la cartera del Interior y de Justicia, propuso un plebiscito por el acuerdo humanitario.
“La recolección de firmas durante el penoso peregrinaje de Gustavo Moncayo son muestras de apoyo a la causa de la liberación de los secuestrados, pero son solo eso, muestras de apoyo”, escribe Rueda.
El profesor Moncayo, padre de Pablo Moncayo, militar prisionero de las FARC hace más de nueve años, salió a pie desde Sandoná, departamento de Nariño, frontera con Ecuador, para pedir un acuerdo humanitario que le devuelva a su hijo y a los demás.
Moncayo partió hacia Bogotá el mismo día en que fueron ejecutados los 11 diputados rehenes, el 18 de junio. Ha recorrido unos 600 kilómetros. Hoy llegó a Obando, Valle del Cauca. La gente «sale a borbotones a acompañarlo», según un periodista de Caracol Radio. Dicen que ha recolectado un millón de firmas.
Moncayo dice que sus declaraciones son recortadas sistemáticamente por los medios de comunicación. Desde ayer, quienes quieran caminar con él deben someterse a que sus “antecedentes penales” sean revisados.
Uribe “debe delegar la negociación del acuerdo humanitario en una comisión de cinco o seis notables”, escribe Rueda, “las condiciones inamovibles que ha enunciado el presidente para el acuerdo humanitario no son razones de Estado, son razones del presidente Uribe”.
“En Italia, por ejemplo, en los tiempos de las Brigadas Rojas, una sentencia de la Corte Suprema obligó al gobierno a entregar a dos terroristas a cambio de un secuestrado”, explica.
Rueda propone “una recolección nacional de firmas para un plebiscito que otorgue facultades a un grupo de notables, cuyos nombres deben ser conocidos ya en el mismo plebiscito para ahorrar tiempo, que negocien la liberación humanitaria”.
El plebiscito tiene “dientes” para obligar a Uribe a escuchar la voluntad nacional, es la idea de Rueda, quien renunció en octubre de 2004 a su cargo como asesor del Despacho debido a que tampoco se ha escuchado el clamor contra la guerra antidrogas, que también parece cosa de locos, pero que en realidad es cuestión de mucho, mucho dinero, como muy bien lo muestran ciertos admiradores del presidente.
Entre tanto, el policía Freddy Andrés López se suicidó en Pupiales, Nariño. López fue apresado por las FARC en un combate y luego canjeado, junto con más de 300, por el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2000), a cambio de 14 guerrilleros presos.
“El gobierno se olvidó de ellos”, dijo Aida Hernández, esposa de López, “Él cada vez estaba peor y el gobierno nunca hizo nada”.
Dicen que lo tenía muy impresionado la muerte de los diputados. El coronel Javier Patiño, comandante de Policía de Nariño, afirmó que López había recibido ayuda psiquiátrica.
julio 9th, 2007
«Somos gente de bien que no sabe hacer cálculos malignos y que poco conoce de estrategias, pues si así fuera las habríamos utilizado para traer con vida a nuestros seres queridos», dijo la hija de uno de los diputados asesinados en la concentración en Cali, donde en parte fue abucheada, en parte aplaudida y apoyada, y donde su discurso fue calificado de «infame» por el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, a su lado en la tarima.
Buenas tardes. Soy Carolina, hija del diputado Carlos Alberto Charry asesinado por las FARC con la complicidad del gobierno nacional que fue inferior al compromiso de devolverlos con vida.
Soy una colombiana que hace más de cinco años no puede abrazar a su papá, no puede contarle sus sueños, no puede sentir su protección, no puede recibir su bendición cada día, no puede mirarlo a los ojos y decirle TE AMO CON TODO MI CORAZÓN, TE NECESITO, NO QUIERO SEGUIR VIVIENDO SIN TI.
Pero hoy estas carencias no son las únicas que tengo que soportar, ahora se me niega la posibilidad de despedir a mi padre, al mayor Guevara y a 10 diputados más del Valle del Cauca como se merecen unos buenos padres, esposo, hijos y amigos, con un ritual que le permita ejercer su derecho a escoger su religión y con la entrega de sus restos mortales a la tierra de la cual provienen, acompañados de las personas que más aman: su familia y sus amigos.
Estoy aquí en primer lugar para agradecer, en nombre de las familias, la solidaridad demostrada con su presencia en esta marcha y, en segundo lugar, para dejar claro lo que se busca con este acto y evitar que el oportunismo del gobierno distraiga la verdadera razón de tan grande acompañamiento, que se repite en diferentes ciudades de nuestra patria y que simboliza el dolor del país no solo por la infamia cometida, sino por la negligencia demostrada.
Gracias por movilizarse con las familias Echeverri, Giraldo, Narváez, Barragán, Varela, Pérez, Quintero, Hoyos, Arismendi, Orozco, Charry y Guevara para EXIGIR a las FARC respeto por nuestro dolor, respeto por la dignidad de los muertos, respeto por un país que se avergüenza de la guerrilla que perdió el rumbo y que ha sido incapaz militar, ideológica y políticamente de lograr el respaldo del país y que por el contrario se ha quedado sola en medio de su locura. ¡Nuestros muertos nos pertenecen!
Gracias por movilizarse para rechazar las políticas de gobierno que están manchadas con la sangre de mi amado padre y de diez de sus compañeros asesinados con él, a quienes un presidente indolente se negó a escuchar cuando en todos los tonos le suplicaron declarar a Pradera y Florida ZONA DE ENCUENTRO PARA EL ACUERDO HUMANITARIO, como única posibilidad de volver con vida a casa. El despeje no es un deseo de los familiares, es una necesidad de las víctimas del secuestro.
Soy de la generación que creció con un gobierno constitucionalmente elegido, pero que lastimosamente decidió ponerse al mismo nivel de una guerrilla sin ideales y cargada de injusticia y maldad, al haber dejado en manos de las FARC la vida de los secuestrados, a pesar de tener los argumentos e instrumentos jurídicos, políticos, humanitarios y morales para devolverlos con vida a la libertad.
Qué falta de vergüenza y de respeto que uno de los protagonistas de nuestra tragedia marche hoy en Bogotá para ocultar su responsabilidad, para levantar una nueva cortina de humo a sus desaciertos y para no levantar más malicia sobre su falta de corazón, aunque seguramente su conciencia no le permitirá volver a dormir tranquilo sabiendo que pudo haber salvado a mi papá, al mayor Guevara, a los diputados del Valle y a decenas de víctimas de las FARC.
Que incapacidad moral la de una guerrilla que secuestra pueblo para luego decir que fue el fuego cruzado le mató la presa, y se esconde tras mensajes virtuales sólo para ofender al adversario y fingir unas condolencias en las que nadie confía, porque ellos no conocen el significado de la piedad, de la compasión, del dolor ajeno.
Colombianos con sus corazones limpios de rencor por no haber padecido las humillaciones ni las atrocidades de los dos antagonistas más parecidos que ha conocido la historia colombiana: no permitan que se siga gobernando con encuestas y hagan posible el regreso de nuestros muertos, permitan que nuestras familias puedan empezar a elaborar el duelo con un sepelio y, sobre todo, apoyen la zona de encuentro, de lo contrario esta marcha la seguiremos repitiendo cada vez que las FARC asesinen otros compatriotas o el presidente Uribe decida experimentar con nuevos rescates fallidos, de lo cual dan cuenta secuestrados con 10 años de cautiverio sin resultados exitosos.
Solicitamos su solidaridad diaria, no solo el día de la marcha. La solidaridad es apoyar el Acuerdo Humanitario, es exigir la zona de encuentro, es exigir la entrega de los cuerpos de los secuestrados asesinados, es negarse a escuchar las injurias y calumnias que algunos intentan levantar sobre nosotros solamente para desprestigiar nuestra lucha y hacerle eco a los violentos, a los que solo hablan el lenguaje del mal y de la guerra. Somos gente de bien que no sabe hacer cálculos malignos y que poco conoce de estrategias, pues si así fuera las habríamos utilizado para traer con vida a nuestros seres queridos.
No soporto más dolor, más indignación, más tristeza, más rabia, más humillaciones para tener de nuevo a mi papá… o lo que quede de él. Ayúdenos a recuperar los cuerpos de los diputados del Valle y del Mayor Guevara. Hagamos frente común para obtener el regreso de nuestros muertos y de los que hoy todavía están vivos.
Las FARC no pueden seguir burlándose de nuestro dolor, pueden dejar los cadáveres en cualquier lugar de la selva y escapar antes de informar las coordenadas, así podremos recuperar un poquito de la dignidad que le arrebataron a nuestros familiares y que se empeñan en destrozar.
¡NO AL SECUESTRO DE LOS VIVOS NI DE LOS MUERTOS!
PARA RECUPERAR A NUESTRO ÚNICO SOBREVIVIENTE SIGIFREDO LÓPEZ Y A LOS DEMÁS SECUESTRADOS:
¡ACUERDO HUMANITARIO YA!
Cali, Julio 5 de 2007
julio 6th, 2007
Este video fue realizado hace algunas semanas por el productor audiovisual colombiano Daniel Rodríguez. En él participan familiares de Juan Carlos Arbeláez, uno de los diputados muertos, y de Sigifredo López, de quien las FARC afirman que sobrevivió.
“Espero de corazón que estas familias puedan descansar y que cese la manipulación del dolor para la guerra”, escribió Rodríguez a esta periodista.
El video en formato Ogg Theora y el link a su página en YouTube se encuentran disponibles en
http://danielrodriguez.com/video/
http://www.youtube.com/watch?v=EhFgck4bkxw
El formato libre Ogg Theora permite verlo en Linux y muchas más plataformas fuera de Windows y Mac OSX.
Se permite el uso y distribución bajo licencia Creative Commons Attribution 2.5 – Colombia :
http://creativecommons.org/worldwide/co/
junio 30th, 2007
Raúl Reyes, portavoz de las FARC, se comprometió a entregar los restos de los 11 diputados una vez cesen los operativos militares donde ocurrieron los hechos, lugar que “por estrictas razones de seguridad nos abstenemos de mencionar por ahora”, expresó en carta al político conservador Álvaro Leyva, dada a conocer por Caracol Radio.
Reyes certificó la veracidad de la información del Comando Conjunto de Occidente de esa guerrilla, que dio cuenta de la muerte de los rehenes, y manifestó que las FARC insisten en el despeje de dos municipios para negociar el canje de prisioneros y la libertad de los rehenes civiles, el llamado “acuerdo humanitario”.
junio 29th, 2007
Una delegación se encontraba ayer en Bruselas para buscar apoyo para la liberación de rehenes y el canje de prisioneros en Colombia, lo que llaman “intercambio humanitario”. La visita fue organizada por la ONG británica Justice for Colombia y el sindicato, también británico, UNITE.
La delegación está integrada por Luis Augusto Castro, arzobispo de Tunja, Boyacá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia; Yolanda Pulecio, madre de la ex senadora y ex candidata presidencial colombo francesa Ingrid Betancourt; Wilson Borja, representante a la Cámara del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) y miembro del partido comunista; el ex Alto Comisionado de Paz Jose Noé Ríos, secretario general del Partido Liberal Colombiano (PL), centrista; Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz, gran conocedor de los entresijos del canje; y dos líderes sindicales: Tarcisio Mora y Domingo Tovar, ambos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Tovar director del Departamento de Derechos Humanos de esa central obrera.
Pero también hacía parte de ella la hermana de uno de los 11 diputados rehenes muertos, Ángela Giraldo.
El analista estadounidense Adam Isacson, del Center for Internacional Policy con sede en Washington y quien acompaña la delegación, cuenta así en su blog lo que ocurrió el día 28 de junio:
“Esta mañana estábamos en una reunión en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, donde el grupo estaba pidiendo algún tipo de pronunciamiento para desestimular los intentos de rescate armado y apoyar el diálogo.
“Apenas habíamos comenzado cuando Ángela Giraldo, la hermana del diputado vallecaucano secuestrado Francisco Giraldo, recibió una llamada a su celular.
Así, Ángela y los demás se enteraron del contenido del comunicado del Comando Conjunto de Occidente de las FARC, que daba cuenta de la muerte de Giraldo y otros 10 rehenes.
Isacson describe los salones de la Comisión Europea como asépticos y fríos, no precisamente el lugar ideal para recibir la noticia sobre la muerte de un ser querido. Pero anota que ella estaba haciendo en ese instante lo máximo posible para lograr la libertad de su hermano.
De inmediato, Ángela emprendió regreso a Cali. Los demás, incluyendo a Pulecio, continuaron el viaje tal como estaba agendado, y expidieron un comunicado.
En él, cuentan que se han reunido con el subsecretario parlamentario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido y la Oficina del Commonwealth, Lord Triesman; con miembros del parlamento británico; con la Comisión Europea, su Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo.
Su viaje, dicen, fue precisamente para evitar tragedias como la que llevó a la muerte de los 11 diputados rehenes de las FARC. Este hecho, que quedará marcado en las abundantes páginas de la ignominia en la prolongada guerra colombiana, les refuerza su convicción de que la única salida en este país andino es la solución negociada.
Traduzco del inglés, a su vez traducido del español por Isacson, pues no recibí ese comunicado (las ONG y activistas colombianos consideran suficiente comunicarse entre ellos, y son pocos los que mantienen una relación fluida con la prensa profesional):
“Hemos sido testigos de la consternación de la comunidad internacional. Hemos visto cómo ella encuentra incomprensible que nuestro país, visto desde fuera, parece favorecer la muerte por encima de la vida”.
Sí, en Colombia se favorece la muerte por encima de la vida. Los hechos lo muestran.
junio 29th, 2007
“Señor presidente: los que van a morir te saludan”, dijo uno de los diputados asesinados, en un video que en su momento constituyó prueba de supervivencia.
Razones de Estado. “Las instituciones no pueden estar por encima de la vida”, expresó Fabiola Perdomo, portavoz de las familias de los diputados del occidental departamento del Valle del Cauca, ya viuda. Daniela, su niña de siete años, creció los últimos cinco viendo a su padre apenas a través de videos que enviaban las FARC.
“Grupo militar sin identificar”, es el término usado por primera vez en un comunicado de las FARC, cuando se refiere a los atacantes. Resulta difícil creer que las FARC no hayan logrado identificar si se trató de una operación del ejército o de los paramilitares, o combinada: algo que ocurre todos los días en Colombia. Hubo un nuevo modus operandi, desconocido para las FARC. Una de las hipótesis sostiene que una unidad elite fue infiltrada en esa guerrilla.
Preguntas. ¿Por qué el comunicado del Comando Conjunto de Occidente de las FARC no menciona bajas en sus filas, si afirma que hubo un cruce de disparos? ¿Dónde ocurrió la muerte de los 11 diputados rehenes? ¿Por qué las FARC demoraron 10 días en dar a conocer la noticia? ¿Por qué no se ha manifestado el Secretariado de las FARC? ¿Quién silenció la página de Internet de las FARC y la página de Anncol? ¿Por qué el silenciamiento se dio el 28 de junio, justo el día en que Anncol dio a conocer el comunicado con fecha 23? La muerte de los diputados ocurrió, según las FARC, el 18.
Derecho a la información. Las direcciones que les faltó bloquear: http://redresistencia.info/ y http://www.resistencianacional.net/ . La portada de Anncol se puede encontrar en http://209.85.165.104/search?q=cache:CUcWy7pysUUJ:www.anncol.org/+anncol&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=co&client=firefox-a , pero no hay paso a sus páginas interiores.
Versión presidencial. El presidente Álvaro Uribe acudió en la noche a Cali a reunirse con las familias de los rehenes muertos. Allí sostuvo que los rehenes se hallaban en distintos campamentos cuando fueron muertos. “Hoy lo dijo mucha gente”, afirmó, cuando los periodistas le preguntaron cómo había conocido esa versión. Entre ellos, lo dijo uno que hace varios años se desmovilizó de las FARC.
Mentirilla presidencial. Uribe afirmó en su comunicado del 28 de junio que el gobierno siempre consulta a las familias para que éstas autoricen rescates militares de secuestrados. Antes del comunicado, Caracol Radio preguntó a varios familiares en ese sentido. Todos negaron haber sido consultados nunca. ¿Qué más mentirillas habrá dicho?
Derecho Internacional Humanitario. El canje es entre combatientes y ya está inventado. Los civiles son rehenes y deben ser liberados sin condiciones por las FARC. La distinción entre civiles y combatientes, columna vertebral del DIH, ¿un sueño inalcanzable en la guerra colombiana?
“Paremos la guerra”, propusieron los comandantes del Ejército de Liberación Nacional Pablo Beltrán, Francisco Galán y Juan Carlos Cuéllar, que conforman la delegación del ELN a la Mesa de Diálogo con el gobierno Uribe.
“La guerra es un hoyo negro que se traga la paz y la democracia. El ELN ratifica su voluntad de firmar una tregua con el gobierno nacional lo más pronto posible, con liberación de retenidos y presos políticos”, dice el comunicado de tres párrafos, con fecha 28 de junio y redactado probablemente en La Habana.
Círculo vicioso. “Los colombianos hace más de 50 años repetimos la guerra con distintos argumentos. Convocamos al ELN, a las FARC, a los grupos paramilitares, a las bandas urbanas y a todos los factores armados y formas de violencia a hacer un Alto a la Guerra y un pacto por la vida”, agrega.
Los genocidas aceptan propuesta. “Unimos nuestra voz a la consigna nacional de parar la guerra”, respondieron el mismo 28 los jefes paramilitares, desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
“La dirigencia del movimiento de desmovilizados acoge el llamado del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, para ponerle fin a la guerra, cesar la violencia y pactar un acuerdo urgente por la paz y la reconciliación”, dicen en su comunicado, también de tres párrafos.
“Los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia abogamos por una solución política inmediata, que permita la liberación de todos los secuestrados de Colombia”, agregan. En su confesión, el ex jefe paramilitar y capo de las drogas Salvatore Mancuso negó que las AUC tuvieran secuestrados. A todos los mataban, explicó.
Única satisfacción del día. La caída 5-0 de Colombia ante Paraguay en la Copa América. Desde las dos de la tarde, la información sobre la tragedia con los rehenes dio paso, como si nada, a transmisiones futbolísticas. Un marciano que hubiera llegado a Colombia por la tarde habría quedado convencido de que aquí no ha pasado nada. Manes del fascismo, largamente apacentado.
junio 29th, 2007
Por Constanza Vieira
BOGOTÁ, nov 16 – Parece hacer agua la socorrida tesis de que, como «todo el mundo» está o ha estado metido con el narcotráfico y el paramilitarismo, entonces se trata de un tema que no hay por qué ventilar.
Voy a dejar a la inteligencia de mi lector o lectora, donde quiera que esté, quiénes vienen a ser «todo el mundo» en Colombia.
A hoy 24:00 GMT, el panorama es el siguiente:
Acusados por la Corte Suprema de Justicia, o bien señalados por sus víctimas, aún desde las trincheras del miedo, por conformación de grupos paramilitares, matanzas, asesinatos, desplazamiento forzado, fraude electoral mediante la violencia y la intimidación, proselitismo armado, uso de los contratos públicos para lucro propio y para financiar el paramilitarismo, etc.:
Un representante a la Cámara (Eric Morris) y una ex representante a la Cámara (Muriel Benito-Revollo), presos desde esta semana. Dos senadores (Álvaro García y Jairo Merlano, hermano del alcalde de Sincelejo, capital de Sucre) que tienen orden de captura librada por la Corte Suprema de Justicia, siguen fugitivos. Cuatro diputados presos: Nelson Stamp, Ángel Villarreal, Johny Villa y Walberto Estrada.
Hasta aquí, todos son uribistas y todos ejercen en Sucre lo que en Colombia llaman «política».
Cinco congresistas más son investigados y otros 12 están en la mira de la Corte, cuyos nombres no se conocen aún.
Por su parte, el gobernador de Sucre, Jorge Anaya, fue financiado en su campaña electoral con dineros narco, y luego nombró a familiares de jefes paramilitares en su gabinete.
Además, el ex jefe de sistemas del servicio de Inteligencia presidencial (DAS), Rafael García, del departamento del Magdalena, está comenzando a pagar 18 años de cárcel por «limpiar» prontuarios de Inteligencia sobre narcotraficantes y paramilitares.
Su ex jefe y ex director del DAS (Jorge Noguera, nombrado por Uribe en ese cargo y su jefe de campaña en las presidenciales de 2002 en el departamento del Magdalena) desde ayer tiene pliego de cargos de la Procuraduría General (ministerio público) por compartir «información privilegiada» con narcos y paracos, entre otros gravísimos.
El escándalo ha hecho caer en cuenta a mucha gente que no había visto, o no quería ver, que no son los paramilitares los que infiltraron el Congreso legislativo, sino los políticos y narcotraficantes los que conformaron grupos paramilitares propios.
Esos grupos «trabajan» con la fuerza pública, como lo muestran las repetidas condenas a la Nación proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por cuenta de crímenes de lesa humanidad de paramilitares.
Son responsables del 80 por ciento de los crímenes en la guerra colombiana, según la ONU. Y según la Contraloría General, se han apoderado violentamente de 4,5 millones de hectáreas de las mejores tierras del país.
En todo caso, por cuenta del escándalo sobre los «paramentarios» y demás fauna que ahora está sub júdice con motivo de, por expresarlo suavemente, sus nexos con los paramilitares, el miércoles 15 de noviembre se escucharon desde dos flancos (¿o son uno solo?) declaraciones que deben tener preocupado a ese «todo el mundo». A algunos, les sonó como amenaza.
Flanco Uno
Los cesarenses La Conchi, canciller María Consuelo Araújo, y su hermano el senador Álvaro Araujo, uno de los más cercanos al presidente Álvaro Uribe, consideraron apropiado usar sus influencias para entrevistarse esa noche en la fiscalía general con alguien. ¿Con quién? Aún no se sabe, pero se sabrá.
Por ahora se conoce que ahí está preso el representante a la Cámara del departamento de Sucre, Eric Morris, el único que se entregó, de los tres parlamentarios con orden de captura expedida por la Corte Suprema de Justicia.
En todo caso, un noticiero de TV mostró a un enérgico senador Araujo advirtiendo ante las cámaras bajo el cielo nocturno: «Si vienen por mí, vienen por La Conchi y por el presidente Uribe». El periodista que presentó la nota televisiva informó de la visita de los hermanos Araujo a la fiscalía.
El diario El Tiempo publicó a su vez que la misma afirmación fue pronunciada en la Casa de Nariño «durante una reunión para analizar el alcance de una investigación que involucra a tres congresistas y una ex representante en la formación de los grupos paramilitares en la costa».
En la reunión participaron además los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes y voceros de los partidos que apoyan a la coalición de gobierno, así como el secretario general de la presidencia, Bernardo Moreno.
Araujo advirtió allí que, además, tras su cabeza caería la «del viudo de mi tía», es decir el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, cuya esposa, Consuelo Araújonoguera, fue asesinada por las FARC cuando el ejército intentó un rescate a la fuerza, horas después de ser tomada rehén por esa guerrilla.
Según el ministro del Interior y de Justicia Carlos Holguín, en la reunión el senador Araújo «manifestó claramente que a él no lo podrían acusar de ningún acto delictivo», que «ocasionalmente por alguna razón él había tenido conversaciones con los paramilitares» y que «la responsabilidad penal es de cada quien».
Dilia Francisca Toro, presidenta del Senado, interpretó que Araújo estaba advirtiendo que ésta puede ser una «cacería de brujas» para afectar al gobierno.
Y agregó esta otra frase muy propia de «todo el mundo»: «Cuando uno actúa en una región de donde es uno de los jefes más altos de las Autodefensas, no puede estar ajeno a que pueda conocerlo, pero no quiere decir que por ello pertenece a un grupo paramilitar».
Flanco Dos
El mismo miércoles por la mañana, los capos paramilitares desmovilizados, que permanecen presos en un antiguo club social en el poblado antioqueño de La Ceja, recibieron a la prensa. La convocatoria a los medios fue hecha por el Instituto Nacional Penitenciario INPEC.
Estaban uniformados con camiseta blanca y cachucha, ambas con el logotipo de una ONG «de paz» que conformaron. Varios se hicieron filmar con azadones en sus manos trabajando un cultivo que aún no germina. Otros laboraban en un taller, quizá una carpintería.
Los noticieros de TV que yo vi no mostraron las habitaciones de los narcos, aunque sí al director del INPEC cuando afirmaba que las condiciones de reclusión son -palabras más, palabras menos- ni muy estrictas ni muy laxas, y aunque los presos tienen ciertos privilegios, esta reclusión no se parece a La Catedral, la finca de lujo donde se parapetó Pablo Escobar para cumplir con su encarcelamiento, pactado con el gobierno del entonces presidente César Gaviria (1990 – 1994), desde donde siguió matando gente.
Durante la visita de medios, los paras hablaron. Y lo que dijeron quizá asustó a «todo el mundo», y quizá por eso se precipitó la reunión en palacio.
Los paras dijeron, sonrientes, que van a hablar y que el país se debe preparar para conocer «toda la verdad». Lo harán cuando se sometan juicio bajo la Ley de Justicia y Paz.
noviembre 16th, 2006
Una Alerta de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, el 8 de septiembre, dio cuenta de que «pocas horas antes del estreno de un documental sobre la masacre de Mapiripán, un coronel del Ejército exigió la revisión de su contenido. Ante la negativa de los autores, el funcionario militar prohibió la exhibición de la cinta. Ésta hacía parte de la programación de la ‘Semana por la paz’, evento liderado por varias organizaciones sociales en Colombia», que transcurre actualmente.
«El documental, llamado ‘¿Por qué lloró el general?’, examina el proceso judicial de la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997. Ese año, un grupo de paramilitares – con la colaboración de miembros del Ejército – se tomó esa población del departamento del Meta y torturó y asesinó a 49 civiles. Los autores del filme defienden la inocencia del único alto mando implicado, el general Jaime Humberto Uscátegui, y cuestionan la impunidad en el proceso.
«El director del documental, José Jaime Uscátegui – hijo del general acusado -, y dos jóvenes realizadores, Hernán Ruiz y Gonzalo Rodríguez, contrataron los servicios del Teatro Patria para el lanzamiento, programado para el martes 5 de septiembre de 2006. Si bien este teatro es propiedad del Ejército, fue entregado en arriendo a un particular.
«El día anterior al evento, y después de hacer los pagos correspondientes, recibieron una llamada del administrador del teatro, Manuel Díaz Rivera. Éste les dijo que su asesor tenía que ver el documental antes de la función: ‘Yo no voy a exponerme por un evento. Lo mira el asesor del teatro y el dice si se puede o no se puede’, afirmó Díaz. El ‘asesor’ era realmente un coronel del Ejército, quien según Uscátegui es Julio César Becerra Avellaneda, Comandante del Batallón de Apoyo y de Servicios para la Educación Militar.
En grabaciones que la FLIP conoció, Becerra dice que ‘hasta que nosotros no conozcamos el material, no podemos autorizar la presentación’.
«Aunque se negaron inicialmente, Uscátegui y los realizadores finalmente aceptaron que el coronel Becerra viera la pieza antes de la función. Pero una vez en el teatro, el militar se limitó a decir que el espacio ya había sido destinado para otro evento. A la hora programada para el lanzamiento, la Policía Militar se tomó las afueras del teatro, mientras más de 200 personas protestaban pacíficamente por lo que consideraron un acto de censura. Hernán Ruiz, uno de los realizadores afirmó que no entendía ‘las razones para que los militares prohíban a última hora proyectar el documental, desconociendo el contrato existente y el derecho de todo ciudadano a expresarse libremente’.
«La FLIP contactó telefónicamente al coronel Julio Cesar Becerra Avellaneda quien afirmó: «Es absurdo. No sé a qué se refiere, yo no manejo ningún teatro». Por su parte, la FLIP no pudo hablar con el administrador del teatro, sin embargo, una asistente de él dijo que la proyección se había cancelado por razones «mucho más importantes» que se negó a mencionar.
(Oiga en http://www.flip.org.co/ las afirmaciones del coronel Becerra y del administrador del teatro y vea la foto de los militares a las afueras del teatro).
La FLIP exhortó al Ejército «para que a la mayor brevedad levante la restricción y permita la proyección de la cinta».
Agregó la organización que «El alto mando militar desconoció la prohibición general de censura que consagra el artículo 20 de nuestro Constitución Política, su jurisprudencia y los tratados internacionales. Sobre el particular, ha dicho la Corte Constitucional: ‘La censura es el más aberrante de los controles previos a la libertad de la prensa y de los demás medios de comunicación porque representa el mayor grado de invasión del núcleo esencial de dicha libertad.'»
***
EL CASO MAPIRIPÁN: «RAZONES MUCHO MÁS IMPORTANTES»
Por Constanza Vieira, con información recabada en 2004 para IPS
Cuando ocurrió la masacre de la sudoriental localidad de Mapiripán, en julio de 1997, el hoy general retirado Jaime Alberto Uscátegui era comandante de la 7 brigada del ejército. En el juicio que se le adelanta, es acusado de falsedad intelectual y, por omisión, de homicidio agravado y secuestro agravado.
La matanza ocurrió en una aldea por entonces de 1.000 habitantes en lo que era el epicentro cocalero del sudoriente, en la región de Orinoquia, con presencia histórica de las FARC, alzadas en armas desde 1964.
Doscientos paramilitares de las AUC -unos 50 enviados en avión por el entonces jefe de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño desde Urabá- se tomaron Mapiripán. Entre el 15 y el 20 de julio clausuraron los accesos por río y tierra y, lista en mano, arrancaron de sus casas a civiles desarmados. De los 49 muertos, sólo han sido identificados ocho.
El documental del hijo de Uscátegui se pregunta por qué no está siendo investigada la Brigada 17 del ejército, con sede en Urabá: ¿cómo pudo salir el avión sin su conocimiento?
Leonardo Cortés era por entonces juez de Mapiripán y la única autoridad estatal que permaneció en el pueblo, pues todos los funcionarios de la administración local se habían marchado con sus familias ocho días antes: qué casualidad.
Desde su ventana, el juez vio cómo varios vecinos eran conducidos por los paramilitares a las instalaciones del matadero municipal y escuchó los gritos y súplicas que emanaban de ese lugar, convertido en centro de torturas.
Las víctimas eran colgadas vivas de los garfios destinados a las reses, y allí les cortaban las extremidades con una motosierra.
La seguridad de esa región estaba a cargo de Uscátegui, quien alega inocencia y dice haber descubierto cómo sucedieron las cosas, pero pide un precio por guardar silencio: que la fiscalía allane un final del juicio que le sea favorable.
Una advertencia equivalente a la de los jefes paramilitares a cambio de su desmovilización y su silencio sobre la complicidad de lás élites económicas y sus voceros en la política: «Ni un día de cárcel, ni en Colombia ni en el exterior», pues varios de ellos tienen pendientes procesos en Estados Unidos por narcotráfico. El pulso apenas se está resolviendo por estos días, cuando ya quizá los ultraderechistas y sus asesores han comprendido que, si no hacen aunque sea un simulacro de reclusión, se van para la justicia universal.
Las investigaciones demostraron que se facilitó el paso y se ayudó logísticamente a los paramilitares para que llegaran a Mapiripán.
Por coordinar la operación, recibió 40 años de condena el coronel Lino Sánchez, entonces comandante de la brigada móvil 2 del ejército, con asiento en San José del Guaviare, a cuatro horas por carretera de la aldea. El sargento Juan Carlos Gamarra recibió una pena de 22 años de prisión y otro suboficial, 32 años.
El día en que comenzó la matanza, el juez Cortés logró comunicarse por teléfono con el entonces mayor Hernán Orozco, comandante del batallón Joaquín París, quien además fue informado por la Inteligencia de su fuerza.
Orozco solicitó a su superior, Uscátegui, que protegiera a los habitantes con la brigada móvil 2, dotada de helicópteros artillados, centenares de soldados comandados por el coronel Lino Sánchez, y a cinco minutos de vuelo de Mapiripán.
El refuerzo nunca llegó, y más tarde Orozco fue «amenazado por el paramilitarismo y por los oficiales de la fuerza pública que son responsables de estos hechos», afirmó el abogado de derechos humanos Eduardo Carreño.
Orozco está exiliado y protegido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras el juez, blanco de advertencias para que alterara las denuncias, también optó por el exilio.
El posteriormente asesinado Carlos Castaño fue condenado a 40 años de prisión por estos hechos. Según él, sus hombres habían matado guerrilleros. Pero el abogado Carreño asegura que las víctimas eran opositores del alcalde y su equipo, que habían denunciado su corrupción.
«Las personas ejecutadas eran liberales o de la Unión Patriótica«, mientras la administración local pertenecía al Partido Conservador, precisó.
En Barrancón, 35 kilómetros al oeste de Mapiripán, está la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército.
Mientras se perpetraban las muertes, transcurrían allí las sesiones finales de un curso sobre planificación y toma de una decisión militar en la infantería liviana, dictado por boinas verdes del grupo 7 de las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses. El coronel Sánchez actuaba como alumno aplicado.
Pero tres semanas antes de la masacre, Sánchez había propuesto al comandante de la Base Antinarcóticos que facilitara el acceso de los paramilitares al Guaviare, pues «luchaban contra un enemigo común y tenían la posibilidad de dar una lección a la guerrilla» de las FARC, señala la sentencia condenatoria del coronel.
Antinarcóticos se negó a cooperar con Sánchez, pero sólo denunció la propuesta seis meses después, por presión de los investigadores.
Los despavoridos sobrevivientes «salieron de Mapiripán por río, por carretera y por avión», relató Carreño, reconstruyendo los hechos para una nota de esta periodista en IPS.
Nadie regresó. Según Carreño, la aldea es habitada hoy por «gente que no es de la región». Sería interesante mirar los resultados de la votación en Mapiripán, como una pista para entender quién los llevó y a quién le están agradecidos por ocupar hoy bienes de víctimas.
LO QUE SABE USCATEGUI
En una conversación cuyo contenido fue filtrado el 29 de marzo de 2004 a la revista bogotana Cambio, Uscátegui manifestaba a un interlocutor no identificado que era inocente, que no pensaba quedar solo como responsable de la matanza y que, si hablaba, sería el peor escándalo del país, y podría llevar al cese de la ayuda militar estadounidense a través del Plan Colombia antinarcóticos.
La justicia ha mantenido en secreto información «porque no conviene que salga a la luz pública», agregaba Uscátegui.
Gamarra, uno de los condenados en 2003, era jefe de inteligencia del batallón Joaquín París. Uscátegui fue mucho más explícito que la sentencia al describir el contenido de 300 archivos digitales cifrados y guardados en un computador del sargento preso.
«Los panfletos que entregaron las autodefensas en la masacre de Mapiripán los hicieron en ese computador, en el batallón París. Igual hicieron con los panfletos que entregaron ocho meses después en Puerto Alvira» en la misma región, donde se cometió una matanza similar, afirmó Uscátegui.
En el computador «también estaban las planillas de pago mensuales, las nóminas de todo el frente Guaviare de las AUC, que eran 93 hombres y mujeres con los alias, sus cargos y lo que devengaban», añadió el general retirado.
Uscátegui mencionó en su conversación telefónica un elemento clave: «el vínculo con los paramilitares no sólo era en el Guaviare, sino que venía desde el Urabá antioqueño», bajo jurisdicción del general Rito Alejo del Río cuando gobernaba Antioquia el ahora -y quizá por toda esta generación- presidente Uribe. ¡Guau! ¿Puede ser esta una explicación del extraño comentario de la secretaria del Teatro Patria: que la proyección se había cancelado por razones «mucho más importantes»?
Uscátegui reveló que, tras la matanza, la brigada móvil 2 y el batallón París no persiguieron a los asesinos. Y la brigada hizo «una operación gigantesca, aplastó a las FARC y colocó un colchón de aire o de seguridad para que se salieran los ‘paras'» (paramilitares) de la zona.
«El Ejército no sólo tiene vínculos, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC para que no golpearan a los paras por habérseles metido en su territorio», aclaró el militar.
Total: ahora sí, hay que ver la película «¿Por qué lloró el general?». Debe contener muchos más detallitos, por no decir que «razones mucho más importantes».
septiembre 8th, 2006
Además, aumenta el número de sindicalistas desplazados y de familias sindicalistas amenazadas.
La cifra fue dada a conocer por Domingo Tovar Arrieta, director del departamento de derechos humanos y solidaridad de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, en una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a funcionarios gubernamentales y estatales en la que denuncia seguimientos y amenazas contra su familia.
Tovar deja consignado que en los últimos meses ha informado a las autoridades sobre llamadas amenazantes a él y a sus hijos, sus padres y su compañera), así como «llamadas comprometedoras» a su teléfono inhalámbrico «por personas desconocidas». Además, manifiesta la «certeza» de que sus teléfonos están interceptados.
Señala también la presencia ocasional de «falsos policías» cerca de su vivienda.
En Bogotá, «en los últimos meses he sido seguido por vehículos, que casi siempre son reportados a la policía o DAS y casi nunca dan respuesta alguna: Taxi placas SHM 42 (tres personas, dos mujeres y un hombre), camioneta cherokee blanca polarizada CHZ 583, taxi VDJ 066 chevrolet (tres personas), moto AXF 66 color azul (dos personas)».
Según Tovar, al menos una de esas personas que lo vigilan secretamente habría viajado con él a regiones dentro de Colombia.
«Cuando viajé a Corozal (Sucre) por calamidad doméstica fui hostigado permanentemente por una moto Yamaha sin placas, dos personas y una camioneta blanca sin placas, siempre estuvo rondando la casa de mis padres; he de anotar claramente que ni el DAS ni la policía en Sucre, nunca prestaron ninguna colaboración, aún llamando al comando», agrega, y declara su preocupación puesto que el programa de protección del Ministerio del Interior y de Justicia (Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos, CRER) no tiene presupuesto para pagar los tiquetes aéreos de sus escoltas, por lo que le ha tocado viajar sin ellos.
Tovar anota que representa a la CUT ante el CRER, así como en mesas de diálogo con Vicepresidencia de la República, donde denuncia al paramilitarismo y a miembros de organismos de seguridad. «Luego de estas reuniones la situación de seguridad se torna más difícil», agrega.
El líder sindical solicita «la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH y demás organismos internacionales defensores de Derechos Humanos y al movimiento sindical mundial para que con base en los convenios y tratados internacionales exija al gobierno de Colombia garantías y respeto a la vida de mi familia y la mía propia, ya que desde el 1 de enero hasta la fecha son 49 sindicalistas asesinados, 138 amenazados y es progresivo el número de desplazados y de familias sindicalistas amenazadas» subraya.
«Estoy exigiendo al Estado-gobierno su responsabilidad en garantizar la honra y la vida de sus conciudadanos en todo momento y lugar y mucho más a quienes dentro de la democracia como principio ejercemos oposición al gobierno y sus políticas», agrega quien además es miembro del izquierdista Polo Democrático Alternativo.
La carta de Tovar, fechada el 5 de septiembre, está dirigida a Santiago Canton, secretario ejecutivo de la CIDH en Washington, Francisco Santos, vicepresidente de Colombia, Carlos Holguín Sardi, ministro del Interior, Rafael Bustamante, director general del programa de derechos humanos de ese mismo ministerio, Andrés Peñate, director del DAS, y Luis Carlos Toledo, delegado de la Procuraduría ante el CRER.
septiembre 6th, 2006
Next Posts
Previous Posts
