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El Estado Mayor del Frente 15 del Bloque Sur de las FARC parece insistir en la calidad de “prisionero de guerra” del corresponsal de France 24 Roméo Langlois, según uno de los dos textos leídos ante las cámaras de Karl Penhaul por el guerrillero Ancízar.
VIDEO Karl Penhaul en el lugar de la noticia
Penhaul viajó al lugar y obtuvo en video una declaración adicional de Ancízar: “…hemos concluido que, efectivamente, es francés; que se llama Roméo Langlois; que es periodista. Y con esta información esperamos que prontamente superemos este impasse”.
Desde Bogotá podríamos parafrasear a Ancízar: concluimos que, efectivamente, a Roméo lo tienen las FARC; que lo tiene el Frente 15; y que, al momento de llegar Penhaul a la zona, no existía aún una posición del secretariado del estado mayor de las FARC sobre el caso del corresponsal de France 24. Es por esa razón que el Frente 15 no tiene nada qué agregar oficialmente, más que su parte de guerra y su comunicado de fecha lunes 30 de abril.
Así que seguimos esperando respeto al cubrimiento periodístico independiente, como lo expresamos varios periodistas en un comunicado el miércoles.
Teniendo en cuenta la creciente censura en Internet, trascribo aquí lo dicho por Ancízar frente a la cámara de Karl.
“Mi nombre es Ancízar. Conocido popularmente como “Monazo”. Soy comandante de escuadra del Frente 15. A continuación les voy a leer un comunicado.
Marchando hacia la libertad
Parte de guerra
1. El día 28 de abril, unidades del Bloque Sur combatieron con una patrulla del ejército y la policía durante siete horas, en la vereda La Libertad, inspección de La Unión Peneya, municipio de Montañita, Caquetá.
Desde el inicio del combate, el ejército y la policía fueron apoyados por cinco helicópteros, el avión fantasma, dos bombarderos Tucano y un avión de la policía nacional. Durante el combate, el ejército tomó como trinchera las casas de los civiles. Varias casas de los campesinos fueron averiadas por la aviación, que sin ningún pudor disparaba indiscriminadamente.
2. El día 29 de abril, unidades del Bloque Sur dieron de baja a dos agentes de la SIJIN, que se encontraban atropellando a la población civil en la carretera Paujil- Montañita.
Resultados: tres helicópteros averiados. 19 bajas entre ejército y policía. 12 profesionales heridos. Material de guerra recuperado: un fusil M4-M16. Tres fusiles Galil H-55. Un cañón para ametralladora. Dos granadas de mano MK-26. Catorce proveedores. 800 cartuchos calibre 5.56. Cuatro equipos de campaña. Tres riatas. Dos chalecos. Dos visores nocturnos. Una cámara digital y abundante material de inteligencia. Novedades guerrilleras: tres guerrilleros asesinados, un guerrillero herido levemente.
Comunicado
El frente 15 informa a la opinión pública que el periodista francés Roméo Langlois, uniformado de militar y capturado en pleno combate, está en nuestras manos. Es prisionero de guerra. Está levemente herido en un brazo. Se le ha prestado la atención médica necesaria y está fuera de peligro.
Estado Mayor Frente 15, bloque sur de las FARC-EP, montañas del Caquetá, abril 30 de 2012.”
–Karl Penhaul: Pero, Monazo, cuéntenos qué es lo nuevo que nos puede contar de Roméo Langlois, sobre su situación.
Monazo: No estoy autorizado para dar declaraciones, por organismos superiores. Pero basado en el comunicado, lo nuevo que les puedo contar es que, por información de amigos tuyos, periodistas –información que llega directa–, con esa información hemos concluido que, efectivamente es francés; que se llama Roméo Langlois; que es periodista. Y con esta información esperamos que prontamente superemos este impasse.
mayo 6th, 2012
Este sábado 5 de mayo suman ocho días sin saber nada de Roméo Langlois. Nuestro colega y amigo desapareció el 28 de abril en Unión Peneya, Caquetá, en medio de un combate entre las FARC y hombres del comando Jungla antinarcóticos, una fuerza elite combinada.
De ahí en adelante solo conocemos la versión de distintos militares. El ejército, inicialmente, le concedió autenticidad a un anuncio leído por una supuesta guerrillera, que declaraba a Langlois “prisionero de guerra”. Luego se desdijo.
Un puñado de periodistas que cubrimos la guerra colombiana desde el barro; desde el Congreso de la República; desde las audiencias en los juzgados, o desde alguna redacción económica, emitimos un comunicado de respaldo a Roméo Langlois.
Afirmamos qué es nuestro oficio y cómo funciona, y afirmamos quién es Roméo Langlois
Lo queremos de nuevo en casa -y trabajando- tan pronto las condiciones de seguridad lo permitan.
COMUNICADO DE RESPALDO A ROMÉO LANGLOIS
3 de mayo de 2012
Nosotros, periodistas que cubrimos en terreno el conflicto social y armado colombiano, exigimos el respeto a la vida, la libertad y la integridad física de nuestro colega Roméo Langlois, corresponsal de France 24 y colaborador del diario Le Figaro de Francia.
Nos permitimos enfatizar que, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario, los periodistas, incluso aquellos que en el marco de una misión peligrosa acompañan a un ejército o a un grupo armado, o hacen uso de su apoyo logístico, no pierden su condición de civiles protegidos y como tales deben ser tratados en todo tiempo y lugar.
Roméo Langlois no es un “corresponsal de guerra” según el Derecho Internacional Humanitario, puesto que no trabaja para la ventaja militar o propagandística de ningún bando. El hecho de viajar con uno de los actores armados es parte de la labor periodística y no significa una pérdida de independencia.
Langlois ha cubierto con dedicación todos los aspectos del conflicto, los intereses económicos que lo sostienen, sus distintos actores armados, y sus víctimas. Junto con su colega, la periodista Pascale Mariani, ha recorrido e informado sobre Colombia con lealtad, sensibilidad e inteligencia. Y sobre todo, con independencia.
Esperamos su regreso a casa tan pronto las condiciones de seguridad lo permitan, como una muestra de respeto al cubrimiento periodístico independiente.
Firman:
Alejandra de Vengoechea, corresponsal diario ABC de España
Alexander Marín Correa, periodista judicial El Espectador, Colombia
Alfredo Molano Bravo, El Espectador
Álvaro Sierra, editor general de revista Semana, Colombia
Armando González, jefe de redacción de El Nuevo Siglo, Colombia
Arturo Guerrero, columnista de El Colombiano
Arturo Wallace, corresponsal de BBC World Service en Colombia
Blake Schmidt, corresponsal de Bloomberg News en Sao Paulo
Boris Heger, France 24, Francia
Carlos Lozano, director del semanario Voz, Colombia
Claudia Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizkor en Colombia
Constanza Vieira, corresponsal en Colombia de Inter Press Service, Italia
Diana Delgado, corresponsal de Argus Media, Gran Bretaña
Edelmiro Franco, corresponsal jefe, Notimex/Colombia
Gerhard Dilger, corresponsal del diario alemán taz en Brasil
Giovanni González Arango, reportero de la emisora La FM, Colombia
Gonzalo Guillén, periodista independiente. Presidente en Colombia del Instituto Prensa y Sociedad, IPYS
Helda Martínez, periodista en Colombia de Inter Press Service
Jenny Carolina González, corresponsal en Colombia de América Economía, Chile
Jesús Abad Colorado, reportero gráfico independiente, Colombia
Jim Wyss, corresponsal en Colombia del Miami Herald, Estados Unidos
Jineth Bedoya Lima, subeditora Judicial El Tiempo, Colombia
John Otis, corresponsal en Colombia de la revista Time, Estados Unidos
Jorge Iván Posada Duque, editor de Paz y Derechos Humanos de El Colombiano
Juan Álvaro Castellanos, corresponsal en Colombia de La Voz de América, Estados Unidos
Juan Forero, corresponsal para Suramérica del Washington Post, Estados Unidos
María Jimena Dusán, columnista de Semana
Marta Ruiz, ex editora de seguridad y justicia, asesora editorial de Semana
Matthew Bristow, jefe de redacción de Bloomberg News en Colombia
Nadja Drost, corresponsal en Colombia de GlobalPost, Estados Unidos
Óscar Escamilla, corresponsal en Colombia de la Agencia Italiana de Noticias ANSA
Pascale Mariani, France 24
Patricia Uribe, periodista de Noticias Uno, Colombia
Sandra Weiss, Die Welt y Tagesspiegel (Alemania) y Der Standard (Austria), corresponsal en América Latina
Sibylla Brodzinsky, corresponsal The Economist y The Guardian, Gran Bretaña
Simone Bruno, corresponsal France 24 en Colombia
Stephen Ferry, fotógrafo independiente, Estados Unidos
Susan Abad, corresponsal de El Comercio, Perú
Toby Muse, corresponsal de Al Jazeera, Qatar
Wies Ubags, corresponsal de la agencia de prensa ANP, Holanda
mayo 4th, 2012
Claudia Julieta Duque – Foto Constanza Vieira/IPS
La periodista investigativa Claudia Julieta Duque recibió información acerca de que un sector de Inteligencia militar prepara ataques directos en su contra.
Esta es su carta abierta al presidente Juan Manuel Santos (tomada del sitio Facebook de Contravía TV). Santos debe intervenir de inmediato.
Bogotá, 14 de septiembre de 2011
Señor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Palacio de Nariño
Ciudad.
Ref. Llamado urgente de intervención para prevenir posibles atentados contra la periodista Claudia Julieta Duque
Respetado señor Presidente,
Reciba un atento saludo. Soy una periodista defensora de derechos humanos especializada en investigación de temas sensibles en el país y como tal he sido amenazada y perseguida por el Estado colombiano desde el año 2001, razón por la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me otorgó medidas cautelares desde noviembre de 2009 y recibo atención del Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior desde enero de 2004.
Entre las labores más conocidas que he realizado figuran la investigación por el homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón Forero en agosto de 1999, del también periodista Clodomiro Castilla en 2010, mis denuncias respecto a la conformación de una empresa criminal al interior del DAS para el espionaje y persecución de defensores de derechos humanos, magistrados, periodistas, sindicalistas y líderes de la oposición siguiendo las directrices de la Casa de Nariño, para entonces en cabeza del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Como es bien sabido, he sido una de las principales víctimas de ese organismo de inteligencia, que incluso llegó a elaborar un memorando para la ejecución de acciones de tortura psicológica en contra mía y de mi hija. Según reposa en los expedientes judiciales, dicha persecución en contra de miembros la sociedad civil tuvo también la participación de las demás agencias de inteligencia del Estado y de la llamada Junta de Inteligencia Conjunta (JIC).
Recientemente fui coautora de un artículo publicado en primera página de The Washington Post, titulado “Ayuda estadounidense, implicada en abusos de poder en Colombia”, que como es de público conocimiento causó diferentes reacciones y ataques en contra de sus autores, pese a lo cual su contenido hasta la fecha no ha sido desvirtuado. De igual manera he publicado dos artículos en el quincenario Un Pasquín respecto a periodistas y columnistas de opinión que figuran como corresponsales del líder de las AUC Carlos Castaño, y que según la USB que se encuentra en poder de la Fiscalía General de la Nación habrían sobrepasado la línea profesional en sus relaciones con la comandancia del paramilitarismo.
Tales publicaciones han generado una fuerte reacción en contra mía, a tal punto que he sido calificada como “activista de extrema izquierda” por parte de un columnista de opinión, mientras otro ha dicho en redes sociales que mis artículos son escritos por el secretariado de las FARC, aseveraciones respecto a las cuales mis abogados estudian eventuales acciones legales.
En días pasados fui informada por una fuente de altísima credibilidad y posicionamiento en la sociedad, cuyo nombre me reservo por razones de estricta seguridad, que desde Inteligencia Militar o sectores de la misma se han impartido órdenes y se estarían fraguando eventuales operativos para realizar ataques directos en mi contra.
Por lo anterior, y haciendo uso del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, me permito solicitarle muy respetuosamente se sirva intervenir ante sus subalternos en las fuerzas militares para que se desactive cualquier plan dirigido a atentar contra mi integridad física, así como acciones de seguimiento, inteligencia, desprestigio o de judicialización infundados (montajes) que hayan podido ser puestos en marcha.
Por medio de la presente, responsabilizo al Estado colombiano por la materialización de cualquier ataque que se llegare a producir en contra mía o de cualquier miembro de mi familia, no sólo por las posibles omisiones en que se incurriera sino por la participación directa que pudiera existir de organismos de inteligencia del Estado en estos planes criminales. Confío en su eficaz intervención para que se tomen las medidas necesarias para evitar cualquier atentado en contra mía o de mi familia tanto ahora como hacia futuro.
Recibiré notificaciones en la calle 16 No.6-66 Piso 25, sede de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que actúa como mi representante legal ante diferentes instancias nacionales e internacionales.
Atentamente,
CLAUDIA JULIETA DUQUE ORREGO
Periodista C.C.42.097.329 de Pereira
c.c. General Alejandro Navas, Comandante de las Fuerzas Militares Dr. Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa Dr. Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior Dr. Angelino Garzón, Vicepresidente de la República Dra. Vivianne Morales, Fiscal General de la Nación Dr. Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación Dr. Christian Salazar, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, Dr. Frank La Rue, Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dra. Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Brigadas Internacionales de Paz – Colombia, Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos
septiembre 14th, 2011
Se acerca la hora cero de la Minga de la desmilitarización.
IPS entrevistó al abogado Romaric Ferraro, del CICR
Su cargo en Colombia: asesor jurídico para las operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El abogado francés Romaric Ferraro no opina sobre la advertencia indígena acerca de que viene una batalla gigantesca entre ejército y guerrilla, en la arisca confluencia montañosa entre los departamentos del Tolima, Cauca y Huila, en el centro del país.
Páramo de Las Hermosas, idílico escenario de una guerra brutal. Foto Gustavo Wilches-Chaux
“Esa es una evaluación de las condiciones de terreno que a mí, la verdad, me falta. Yo reflexiono más sobre las consecuencias, una vez que los hechos han ocurrido”, dijo a IPS. El campo de acción de Ferraro es el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El CICR no se pronuncia jamás sobre su actividad operacional de terreno en este país en guerra hace más de medio siglo. Se sabe que mantiene un diálogo bilateral, confidencial, tanto con la cúpula de la fuerza pública como con las guerrillas de izquierda, surgidas en 1964.
En una metodología probada por más de 140 años, la entidad neutral se abstiene de calificar penalmente los actos que ambas partes cometen. La prioridad de sus 13 oficinas en toda Colombia es tener acceso a los más afectados por el conflicto armado.
“Por ende pensamos, indicó Ferraro, que al hacer denuncias perdemos potencialmente la confianza de las partes en muchas zonas del país. La condición irrenunciable para poder trabajar es tener acceso; y para tener acceso necesitamos garantías de seguridad; de aceptación, primero, de estos grupos en ciertas zonas”.
Toribío. En el Cauca, «la violencia genera más daños físicos y espirituales que los desastres desencadenados por fenómenos naturales», dice Gustavo Wilches-Chaux. Foto El País (Cali)
El ataque de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en el poblado indígena de Toribío, al norte del Cauca, el 9 de julio, utilizó armas de efecto indiscriminado, con el argumento de que “muchas” casas civiles estarían alquiladas a efectivos de fuerzas estatales.
A su vez, el gobierno amenazó con demoler las casas civiles donde se parapeten o alojen los guerrilleros. La estación de Policía de Toribío es una fortaleza, construida en el casco urbano del pueblo.
Los indígenas quieren su territorio libre de guerra y anunciaron una “minga’ (trabajo colectivo para el bien común) para desmontar trincheras de la policía, bases militares y campamentos de la guerrilla en sus resguardos.
La hora cero de la minga se acerca. Los indígenas ya preparan la logística para llevarla a cabo y se están concentrando en Tierrero, 20 kilómetros antes de llegar a Toribío por la carretera que trepa desde Santander de Quilichao.
“Es evidente”, advirtió Ferraro, que si la población civil “intenta alguna acción forzada contra la fuerza pública, o contra unidades de grupos armados, se va a exponer de forma innecesaria a riesgos grandes”.
El CECIDIC, «universidad indígena» que forma parte del Proyecto NASA,
fundado por el sacerdote nasa Álvaro Ulcué Chocué, asesinado en 1984.
Foto Gustavo Wilches-Chaux en http://declaracioncontralaguerra.blogspot.com/
El abogado Ferraro expone la posibilidad de transpolar una norma vigente en la normativa de Ginebra para los conflictos internacionales y aplicarla en el conflicto interno colombiano: un acuerdo expreso entre las partes combatientes (fuerza pública y guerrilla) que saque del teatro de operaciones bélicas los territorios indígenas.
También sugiere recurrir a la Corte Constitucional, para que esta dirima sobre cómo debe aplicarse en Colombia el Artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que a la letra dice:
Artículo 30
1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.
Esta es la versión completa de un diálogo de IPS con Ferraro, cuya síntesis fue publicada hoy 1 de septiembre en el servicio mundial de IPS Noticias. Las fotografías de Ferraro son de Margarita Carrillo/IPS.
Documento
«Las herramientas jurídicas existen», dice el asesor jurídico para las operaciones del CICR en Colombia, Romaric Ferraro. Un acuerdo entre las partes en contienda podría definir no utilizar los territorios indígenas para fines ofensivos.
Constanza Vieira, IPS: Señor Ferraro, el gobierno colombiano reconoció en junio que en Colombia hay un conflicto armado interno. La pregunta es si esto ha implicado, o si puede, en teoría, implicar limitaciones o congelamiento en materia de derechos humanos de la población colombiana, por estar ahora Colombia oficialmente en tiempos de guerra.
Romaric Ferraro, CICR: Mi respuesta franca sería: en principio, limitaciones o restricciones, no. Debería surtir el efecto contrario, que sería justamente precisar qué marco jurídico es aplicable a la protección de las personas.
Y dijo bien: “en teoría” debería ser la primera consecuencia. Es decir, al declarar la existencia de un conflicto armado, un gobierno es muy consciente de que, abiertamente también, tiene que reconocer el derecho aplicable a esa situación, que es el DIH, que ha sido especialmente diseñado para situaciones de conflicto armado.
Si tomamos en cuenta que, además del DIH, no cesan de aplicarse los derechos humanos –sobre eso ya hay una jurisprudencia constante en la materia- pues deberíamos tener dos marcos, dos pilares fundamentales de protección de la persona, que deberían funcionar de tal forma que se aumente, en lugar de que se menoscabe, la protección de las personas.
IPS: Últimamente el gobierno colombiano, las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) están invocando en sus expresiones públicas el DIH. ¿El acatamiento del DIH se fortalece en Colombia?
Romaric Ferraro: Siempre habrá una distancia en Derecho, me parece, entre el discurso político manejado por los diversos implicados en un conflicto armado y su concreta realización en el terreno.
De nuevo: a mí me parece que es positivo el hecho de que se reconozca la situación fáctica, porque precisamente los actores implicados se ven en la obligación de justificar sus acciones con respecto al DIH. Entonces, cuando antes no se sentían, quizá, obligados a hacerlo, hoy -por lo menos al nivel del discurso- sí se sienten obligados.
IPS: El pronunciamiento del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, fechado 20 de julio en Toribío, dice: “Cada actor de la guerra viola el derecho humanitario de manera consciente, bajo el argumento de que el otro ya lo había hecho antes”. ¿El CICR qué comentaría al respecto?
Romaric Ferraro: Es difícil que tengamos una posición oficial sobre lo que puede opinar una organización de la sociedad civil sobre el grado, o no, de respeto por el DIH por parte de cada uno de los actores armados involucrados en el conflicto.
Lo que veo es que hay, forzosamente, un reclamo de la población civil. Lo que nosotros observamos en el terreno es que la población civil, y eso es lo que intentamos año tras año subrayar también en nuestro informe público, es la primera víctima de las consecuencias de este conflicto. Sean esas consecuencias provocadas por actores gubernamentales o por actores no gubernamentales. Entonces, me parece normal que haya un reclamo.
IPS: ¿Cómo se puede interpretar, desde el punto de vista del DIH, el anuncio del gobierno acerca de que va a demoler las casas civiles donde se parapete la guerrilla, o donde se hospeden guerrilleros?
Romaric Ferraro: La cuestión de los bienes civiles, de nuevo, se tiene que interpretar a la luz del derecho aplicable, que en este caso sería el DIH como primera opción de análisis.
Lo que se debe recordar es que los bienes civiles como tal son protegidos, y el famoso principio de distinción aplica tanto para las personas como para los bienes.
Es decir: en cuanto a las personas, quien no participa directamente en las hostilidades, es protegido en los ataques. En cuanto a los bienes como tales: un bien que no es objetivo militar no puede ser atacado.
Ahora: esa protección no es absoluta. No es absoluta porque, según el uso que se haga de un bien, este puede perder esa defensa por ser bien civil.
Es decir, si por ejemplo la fuerza pública o un grupo armado organizado utilizan un bien civil, en este momento este bien puede perder –aunque hay que hacer un análisis caso por caso- esa protección de bien civil. Y durante su uso como bien de tipo militar, se va a transformar en objetivo militar.
IPS: ¿Cómo decidir en el momento? Un hospital no puede perder nunca su calidad de bien protegido, una escuela tampoco.
Romaric Ferraro: Parecería ser que no, en principio. Esos bienes son, inclusive, especialmente protegidos, porque el hospital tiene que recibir heridos y enfermos. Entonces, por ese mismo hecho recibe una protección especial. Es decir, la instalación sanitaria es, como tal, doblemente protegida. Por un lado es protegida por ser bien civil, y también lo es por ser una unidad sanitaria. Entonces, no debería perder nunca esa calidad.
Lo mismo la escuela. Los niños reciben bajo el DIH, los derechos humanos, el derecho colombiano, una protección especial.
Inclusive, la Corte Constitucional ha dicho en varias ocasiones que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
Sin embargo, en la realidad, si una escuela es utilizada como un fin militar, pierde en ese momento la protección.
Es decir, no hay ningún bien que tenga una calidad absoluta y que fuera imposible de revertir en derecho humanitario.
Porque imagínese, es así de fácil: si no, cualquier grupo armado, y de por sí lo hacen, estaría tentado a instalarse de forma continua en una escuela, diciéndose, ‘bueno, como aquí estoy siempre protegido, desde aquí puedo lanzar todos los ataques del mundo y nunca me van a repeler ese ataque’.
IPS: ¿Y lo mismo puede ocurrir en el caso de una iglesia?
Romaric Ferraro: Exacto, desafortunadamente. Por eso hay tanta responsabilidad también por quien usa el bien. Y esta es una cuestión sobre la que tratamos de convencer a todos los actores de esta violencia armada en Colombia: de las consecuencias de estar en ciertos lugares.
Es decir, no únicamente sobre el hecho de que se debe una protección a todas las personas, sino también acerca de que el simple hecho de que ellos estén en un lugar determinado, tiene consecuencias inmediatas.
La presencia prolongada en un centro urbano, la presencia prolongada en una escuela, en un puesto de salud, pone también en peligro a esos bienes.
IPS: ¿Les quita su estatus de protegidos?
Romaric Ferraro: De forma momentánea. Es decir, mientras sea usado como tal para fines ofensivos.
Obviamente, si un grupo armado ocupa una escuela, o la fuerza pública ocupa un puesto de salud durante un periodo prolongado y después se retiran, pues ese bien vuelve a recuperar su calidad de bien protegido.
IPS: Dijeron las FARC en un comunicado después del ataque a Toribío que “muchas” casas civiles habían sido alquiladas a unidades de la fuerza pública que estaban viviendo ahí. Sin haberlo confirmado IPS in situ, telefónicamente un dirigente indígena me habló de una casa, que parece que sí estaba sirviendo de alojamiento a todo un grupo del ejército. Qué puede comentar el CICR al respecto.
Romaric Ferraro: Bueno, entramos en una casuística en donde necesitamos los elementos concretos.
Ahí habría que distinguir, primero, dos cosas: en Colombia hablamos de “fuerza pública”, en general. Y allí hay una primera dificultad, que es separar la cuestión de Fuerzas Militares de la cuestión de Policía Nacional.
En la dinámica del conflicto, tal como lo hemos observado en los últimos meses, se han multiplicado los ataques a la Policía Nacional, porque en general ellos se encuentran aislados, sin presencia militar en muchos lugares muchas veces pequeños de Colombia, donde son la única materialización de la presencia del Estado.
Y no es evidente que siempre sean ellos objetivos militares, donde estén presentes. Porque la Policía Nacional no deja de tener una naturaleza civil. Entonces, esto es una primera aclaración que habría que hacer.
El tema se complica aún un poco más en Colombia, porque ciertas unidades de la Policía Nacional sí tienen una función militar en su organización, su entrenamiento, sus formas de operar. Pueden llegar a ser objetivos militares.
Entonces, la primera dificultad que tenemos es ésta: estar bien seguros de si hablamos de miembros de fuerza militar. Ellos normalmente siempre son considerados, bajo el Derecho Humanitario, objetivos militares. Siempre pueden ser atacados.
Para la Policía Nacional es un poco más complicado y hay que entrar en la casuística. Realmente, un análisis caso por caso.
IPS: ¿Cuáles son esas unidades de la Policía que cumplen funciones militares y que podrían ser objetivo en el conflicto armado?
Romaric Ferraro: Se ha visto que, por el tipo de operaciones que llevan a cabo a veces, por ejemplo los EMCAR (Escuadrón Móvil de Carabineros), que son los carabineros móviles.
Los EMCAR llevan entrenamiento de tipo militar. De hecho, hasta tienen manuales sobre la aplicación del DIH.
Esta delegación ha trabajado con la Policía Nacional temas de integración del derecho humanitario. Entonces, son conscientes de que, a veces, pueden tener un papel de tipo militar.
De hecho, inclusive la Corte Constitucional lo ha dicho en varias sentencias: que según el tipo de operaciones, la Policía Nacional, que normalmente tiene una naturaleza civil, puede encontrarse realmente en situaciones de contrainsurgencia. Ahí sí cobra un papel militar.
IPS: La policía en Toribío está armada hasta los dientes y usa uniformes de contraguerrilla. ¿Eso los hace militares?
Romaric Ferraro: La cuestión del uniforme no es suficiente. Es el tipo de armamento y también el tipo de misiones que desarrollen.
Es decir, si la misión es únicamente preservación del orden público, como se puede hacer aquí, en el centro de Bogotá, no sería el caso.
Si hay una misión contrainsurgente, claramente sí se vuelven un objetivo militar.
IPS: Los indígenas están advirtiendo que viene una batalla enorme a nivel de esa región. ¿Esa advertencia tiene asidero?
Romaric Ferraro: Esa es una evaluación de las condiciones de terreno que a mí, la verdad, me falta. Yo reflexiono más sobre las consecuencias, una vez que los hechos han ocurrido. Para previsiones de dinámica del conflicto es mucho más con el jefe, el jefe adjunto, el coordinador de terreno. Son los que siguen la dinámica prospectiva.
IPS: La oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió que el ataque de las FARC a Toribío el 9 de julio “revela que hay un patrón de ataques indiscriminados” por parte de las FARC en los que resulta afectada la población civil. ¿Esa es una nueva forma de operar de las FARC, según hayan podido observar en terreno el CICR, y que pueda terminar en una tragedia como el caso de Bojayá, con casi 90 civiles muertos y que fue designado por la ONU DH como un crimen de guerra cometido por los tres actores que tomaron parte (guerrilla, paramilitares y fuerza pública)?
Romaric Ferraro: Nosotros nunca hacemos pronunciamientos públicos en el sentido de calificar jurídicamente, o penalmente sobre todo, los actos cometidos por las diversas partes involucradas en el conflicto armado.
No lo hacemos porque pensamos que logramos mayores resultados a través de un diálogo bilateral, confidencial, con los involucrados directamente.
Y los más de 140 años que llevamos trabajando en escenarios de conflicto armado nos hacen pensar que sigue siendo una buena metodología.
IPS: ¿Calificar cierra puertas?
Romaric Ferraro: La cuestión del acceso a los más necesitados por los efectos del conflicto es realmente la prioridad para nosotros.
Tenemos muchos equipos de terreno; tenemos 13 oficinas en todo Colombia, cuyo principal papel es eso: tener acceso a los más afectados por el conflicto armado.
Por ende pensamos que, al hacer caracterizaciones públicas, al hacer denuncias, perdemos potencialmente la confianza de las partes en muchas zonas del país. La condición irrenunciable para poder trabajar es tener acceso; y para tener acceso necesitamos garantías de seguridad, de aceptación, primero, de estos grupos en ciertas zonas.
IPS: En esos diálogos privilegiados que ustedes llevan a cabo, ¿están advirtiendo que esta forma de operar puede terminar en un episodio como el de Bojayá?
Romaric Ferraro: Pues justamente sería ya entrar en el tipo de argumentos que utilizamos, entonces, no podría darle el detalle de cómo abordamos, como tales, los temas.
Lo que sí, es que siempre como metodología hemos utilizado el tema de las consecuencias de los actos.
Más allá de decir si tal o cual comportamiento es prohibido por el DIH, preferimos hacer ver, en primera instancia, cuáles son las consecuencias muy concretas, por ejemplo, de utilizar minas antipersonal, o de reclutar menores, o de hacer desaparecer personas, o de ocupar bienes públicos o privados de forma prolongada, o de atentar contra la misión médica: son los temas principales con los cuales trabajamos. Pero siempre en términos de consecuencia humanitaria.
IPS: Sobre la práctica que se ha aplicado en Afganistán y que se aplicó antes en Bosnia, de usar los subsidios estatales, o inclusive, la ayuda de emergencia humanitaria como parte de la estrategia militar y a favor de la imagen de lo militar. ¿Cómo ve esto el CICR?
Romaric Ferraro: Es un tema que en Colombia nos preocupa de forma creciente en los dos últimos años.
El tema lo hemos caracterizado mal a veces, llamándolas operaciones cívico-militares, porque había que darles un nombre, pero no tiene ninguna precisión llamarlas así. Es como usted lo describe: esa mezcla de prestación de servicios básicos aunado a, quizá, otro tipo de actuar del Estado, como colectar información de inteligencia, o incentivar a la población a que se pase a las filas de las Fuerzas Armadas.
Ha sido sumamente difícil documentar las consecuencias de ese tipo de operaciones. Inclusive, desde 2009 hemos tenido grupos de reflexión con varias agencias del Sistema de Naciones Unidas, sin poder concretar realmente una relación causa-efecto entre las operaciones y sus consecuencias.
Hoy lo seguimos viendo todavía como un riesgo potencial, mucho más que como una realidad que podamos medir.
Es muy arriesgado hacer comparaciones con Afganistán y, también internamente lo tuvimos que realizar.
Porque en Afganistán estamos hablando de fuerzas multinacionales que, en principio, estaban, primero, como ocupantes; y segundo, como invitadas del gobierno. Entonces ahí sí, realmente, tenemos a un combatiente un día, que al día siguiente presta ayuda humanitaria.
Eso puede generar una confusión muy grande, sobre todo para actores como nosotros, que podemos ser vistos como el último brazo, digamos humanitario, de esas ofensivas.
En Colombia lo que hay que medir, que es totalmente distinto, es que estamos frente a la iniciativa del Estado soberano, en su territorio, que tiene también que prestar servicios básicos en el conjunto del territorio.
Y si no presta esa ayuda, el Estado también puede ser calificado como violentador de ciertos derechos humanos. Entonces, va a ser acusado por estar presente y va a ser acusado por estar ausente. Nosotros somos muy conscientes de que el Estado y el gobierno están frente a una disyuntiva muy complicada.
IPS: Sabemos de organizaciones internacionales de ayuda en emergencias que están preocupadas por la participación de sus gobiernos en algunas regiones declaradas como zonas de consolidación territorial en Colombia, o zonas CCAI. Temen que, a través de proyectos civiles, sus gobiernos entren a involucrarse con la estrategia militar.
Romaric Ferraro: Creo que es un problema de coordinación entre ciertos Estados determinados que tienen intereses de cooperación en Colombia y ciertos organismos intergubernamentales, que son los que finalmente ejecutan esas políticas.
Hablemos de Naciones Unidas, por ejemplo. En principio, son presupuestos asignados por parte de los Estados. Nunca deja de haber esa participación de los Estados allí.
Nosotros no somos partícipes de ninguna de esas acciones directamente, por la posición muy peculiar que tenemos, de no representar los intereses de ningún Estado en particular, ni de participar de forma efectiva en ninguno de esos acuerdos.
IPS: El Consejo Regional Indígena del Cauca señala que la insurgencia incrementa actualmente el reclutamiento de menores de edad, e incrementa el reclutamiento de milicianos. Estos, aparentemente, son personas de civil que están entremezcladas con la población. ¿Qué tiene que comentar el CICR frente a esto?
Romaric Ferraro: De nuevo, este es típicamente el tipo de temas donde evitamos hacer una condena de tipo público sin tener los elementos.
Para nosotros es sumamente complicado documentar el fenómeno. Va a ser más fácil documentar dónde hay zonas contaminadas en el país por minas antipersonal y restos explosivos de guerra, porque realmente tenemos ahí el testimonio directo de los afectados.
En cuanto al reclutamiento de menores, es muy complicado tener cifras. Tanto por parte de los afectados -las mismas familias no van a hablar- como porque los grupos tampoco son proclives a darnos, como tal, cifras exactas.
Hoy no hay un organismo que pueda decir con precisión cuántos niños reclutados hay en Colombia.
Ahora: la regla en Derecho Humanitario es que los menores no deben ser reclutados. La regla es clara. El actuar de los grupos frente a esta regla es muy difícil de medir, definitivamente, para nosotros.
IPS: Los milicianos van de civil, con armas cortas, se mezclan dentro de la población. Según un alto funcionario de la ONU DH a IPS, durante el ataque a Toribío habrían disparado desde dentro de la plaza llena de gente. ¿Cómo manejar esto?
Romaric Ferraro: De nuevo, nosotros hemos hecho nuestra propia documentación de los hechos. Mandamos un equipo unos días después del acontecimiento a hacer nuestra propia documentación de lo que pasó en Toribío.
Metodológicamente hablando, no nos vamos a referir a algo que documentó Naciones Unidas, porque nosotros tenemos el acceso y ya hicimos nuestra propia documentación del caso.
La cuestión de los milicianos surge en muchos de los eventos que tenemos con la fuerza pública. Hacemos mucho trabajo de comunicación con la fuerza pública sobre el contenido del Derecho Humanitario, sus límites, etcétera.
Y una de las preguntas recurrentes es: ¿qué hago yo con un miliciano? ¿Debo seguir considerando que es una persona civil? ¿Es un miembro de las FARC, es un objetivo militar, sí o no? ¿Participa en las hostilidades, sí o no?, justamente para tratar de esclarecer esta cuestión.
Porque es un problema a nivel mundial, no pasa únicamente en Colombia. Hemos sacado –y aprovecho para hacer la promoción- la “Guía para interpretar la noción de la participación directa en las hostilidades, según el DIH” (escrito por Nils Melzer, asesor jurídico del CICR, 85 páginas).
Esa guía tiene la virtud de tratar de esclarecer una noción que en DIH no ha sido definida.
Si usted ve el Protocolo Adicional II, dice “Las personas civiles son protegidas, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”. Y la gran encrucijada es: ¿qué es una participación directa en las hostilidades? Porque los tratados no lo dicen.
Lo que contestamos siempre a la fuerza pública es lo siguiente: miliciano, jurídicamente no existe. Lo que existe es: o alguien es miembro de un grupo armado o alguien no es miembro de un grupo armado. Si es miembro de un grupo armado, puede ser atacado siempre. Es la consecuencia del Derecho Humanitario.
Si no es miembro de ese grupo armado, hay que analizar caso por caso qué estaba haciendo en ese momento. Y ese es el concepto mismo de la “participación directa en las hostilidades”. Por ejemplo, pasaba información de inteligencia. ¿Qué tipo de información de inteligencia pasaba? ¿Esa información iba a servir para una operación inmediata? Es ese tipo de preguntas las que hay que hacerse. Que, en el caso por caso, son muy complicadas.
IPS: Muy complicadas, señor Ferraro. Especialmente cuando se tiene en cuenta que periódicamente surgen informes acerca de campañas de alfabetización dentro del ejército. Con todo respeto, en un determinado porcentaje en el ejército hay personas que no saben siquiera leer ni escribir, o que tienen bajos niveles de educación. ¿Y son ellos los que están designados en el campo para juzgar si una persona es o no es miembro de las FARC, y disponer sobre su vida?
Romaric Ferraro: Es sumamente complicado. La decisión como tal muchas veces no debería recaer sobre un soldado individualmente, sino ser parte de una orden de operación, que es normalmente el documento que va a sustentar jurídicamente y operacionalmente cualquier acción ofensiva.
Yo diría: en caso de operación planificada de la fuerza pública, pienso que la encrucijada, aunque sea complicada, se puede resolver.
Donde se vuelve muy insoluble es cuando la operación militar sea en respuesta a un ataque. Ahí sí es muy complicado saber de dónde vienen los tiros, quién está disparando en ese momento. De nuevo, si alguien está disparando a la fuerza pública hay pocas dudas de que está participando directamente en las hostilidades.
IPS: La Corte Constitucional definió que en Colombia rige la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. De su artículo 30 se aferran los indígenas para decir que se retiren todos: “desmilitarización en nuestros territorios”. ¿Eso es utópico? ¿Se puede realizar ese sueño en Colombia?
Romaric Ferraro: Es muy interesante la pregunta. Hay varias puntualizaciones que hacer. La primera, el CICR no trabaja específicamente sobre derechos indígenas. Los derechos de los indígenas no serían una materia específica del derecho humanitario.
Es decir, el derecho humanitario no provee nada sobre indígenas en particular. Sin embargo, como todas las demás normas son complementarias, no significa que no son importantes para una situación como la de Colombia.
Diría: lo de las zonas donde no podrían ingresar nadie más que la población indígena, es una cuestión que no regula el Derecho Humanitario. Pero el derecho humanitario sí tiene una serie de limitaciones que son equivalentes en cuanto a sus efectos.
No digo que el contenido es el mismo: nada en el DIH dispone: hay zonas indígenas y por ende nadie puede entrar en esas zonas, salvo los indígenas.
Pero, ¿qué va a decir el DIH? Va a decir: la población civil tiene que ser protegida, la población civil no puede sufrir los efectos del conflicto armado, las personas civiles son protegidas, los bienes civiles son protegidos. Existen zonas en el derecho humanitario, zonas que pueden ser declaradas como zonas especialmente protegidas.
Hay una serie de conceptos que existen, en particular, para conflictos armados internacionales, que están previstos en los convenios de Ginebra y que podrían, mediante acuerdo, trasponerse en el contexto de un conflicto interno.
IPS: ¿Los bienes culturales están protegidos?
Romaric Ferraro: Iglesias, museos, son bienes especialmente protegidos.
IPS: ¿Y los territorios indígenas, como bienes culturales?
Precisamente, estoy yendo un poco más allá, pensando en las zonas especialmente protegidas del DIH. Esas zonas que existen específicamente para conflictos internacionales. No existen ni en el Protocolo II, ni en el artículo 3 común (para conflictos armados no internacionales).
Hay zonas de tipo sanitarias, donde básicamente las partes -pero se necesita un acuerdo entre las partes- acuerdan que no van a utilizar tal zona para fines ofensivos.
Pero donde se han declarado, también, han surtido efectos perversos. Acordémonos por ejemplo del fracaso de esas zonas en Bosnia-Herzegovina, en Serbia, en Croacia, en el contexto de Yugoslavia.
Srebrenica es un ejemplo donde, justamente, se había aglutinado población civil, que estaba bajo protección de un contingente de cascos azules y fue aún más fácil masacrarlos porque todos estaban concentrados allí. Eso pasó en la primera fase de la guerra de Yugoslavia.
Digamos: las herramientas jurídicas existen. Su implementación ha sido un fracaso en el caso de Yugoslavia.
IPS: ¿Pero es legítimo que las comunidades indígenas digan: no queremos dejar entrar ejército ni a ningún actor irregular?
Es un reclamo normal, decir “no queremos sufrir los efectos del conflicto”.
IPS: ¿No hay en derecho internacional algo que diga que ellos, los indígenas, tienen razón? ¿Primaría en este caso, como dice el artículo 30, una razón de interés público para ocupar sus territorios?
Romaric Ferraro: Sí. Y además porque hay la obligación, también, de asegurar la seguridad pública en el conjunto del territorio.
Ahí yo creo que únicamente la Corte Constitucional es la que puede resolver ese tipo de intereses generales encontrados.
Sobre la cuestión de ocupación de bienes, privados o públicos, varias veces la Corte Constitucional ha tenido que resolver tutelas donde una persona decía: yo, por la presencia del puesto de Policía, estoy particularmente afectado. Y, la Corte siempre ha puesto en balance dos principios: intereses especialmente protegidos, por ejemplo los de los niños; y, por el otro lado, el deber de solidaridad social, que también está inscrito en la Constitución.
Entonces, lo que dice la Corte es: los riesgos asociados al conflicto armado, todos en Colombia los tenemos que sufrir. Eso se llama principio de solidaridad social. Y por el otro lado, la Corte ha dicho: hay derechos especialmente protegidos y que priman sobre los demás, los derechos de los niños.
Y en un caso, mediante tutela, ordenó la reubicación de un puesto de policía. Ahí la Corte dijo: prevalece el derecho del niño. Pero a la par, dijo: cuidado. La fuerza pública puede hacer presencia en todo el territorio nacional. Es su deber hacerlo, asegurar la seguridad pública es una de las obligaciones básicas del Estado, y lo tiene que hacer. Y a la par, hay un principio de solidaridad social, es decir, todos en Colombia estamos asociados a los peligros procedentes del conflicto armado.
IPS: Pero señor Ferraro: uno llega al territorio kankuamo y contra el muro del colegio hay recostada una base militar.
Romaric Ferraro: Sí. Ahí es donde tenemos nosotros un diálogo con la fuerza pública, constante. Porque ese tipo de comportamiento de la fuerza pública es la violación al derecho humanitario que más documentamos al año en Colombia, por ser también es la más visible.
Hay un dilema, del cual estamos muy conscientes nosotros, para la fuerza pública. Lo mismo para proveer servicios básicos. Si no los voy a proveer, voy a violar derechos básicos. Es decir, si no hago presencia, no puedo asegurar seguridad pública. Si dejo de proveer esos servicios, voy a violar ciertos derechos básicos. Si estoy demasiado presente como Estado, puedo poner en peligro a la población civil.
Entonces, es una cuestión de evaluar, de nuevo, caso por caso, si estamos frente, o no, a una violación del principio de no poner en peligro a la población civil. Inclusive hemos tenido a veces que explicar a nuestros delegados en el terreno, dónde está el límite. Porque no es fácil, ni para ellos, entender.
No se trata de decirle a cualquier miembro de la fuerza pública, retírese de donde está. Eso no sería realista.
Ahora: si una unidad militar hace presencia de forma constante, en una zona densamente poblada y hay ataques repetidos, pues ahí sí hay, yo creo, mucho contenido para poder decirle a esa unidad – es tiempo de pensar en las consecuencias de su presencia.
IPS: A veces uno se decide a buscar una entrevista por una sola pregunta. Y se la voy a hacer de última, como también suele suceder: es la que más le preocupa a uno. Al decidir los indígenas del Norte del Cauca que van a hacer una minga con participación de todos los ocho pueblos del Cauca para desmontar las bases militares, para desmontar las trincheras que hace en los pueblos la policía, y los campamentos guerrilleros, ¿la gente corre peligro en esa operación? ¿El CICR qué va a hacer?
Romaric Ferraro: Es una cuestión muy complicada la que plantea. Lo que vamos a hacer no lo sé, porque es una cuestión operacional de terreno a la cual yo no le puedo contestar.
Es evidente que la población civil como tal, si intenta alguna acción forzada contra la fuerza pública, o contra unidades de grupos armados, se va a exponer de forma innecesaria a riesgos grandes. Por simple razonamiento lógico.
IPS: Dejemos aquí. Señor Ferraro, muchas gracias por esta entrevista.
Reproducción LIBRE siempre y cuando se respete el contexto y se cite la fuente: Constanza Vieira, IPS Noticias (IPS News)
septiembre 1st, 2011
“Se les dijo. Se les advirtió”, decían unos cómicos radiales cuando yo estaba chiquita, hace ya varias generaciones. Pero como estos colegas míos no atienden las admoniciones respecto al terreno minado que es el cubrimiento del conflicto armado, pues uno de ellos cayó en la trampa. Igual que en su momento se la tendieron a La Silla Vacía, cuando Piedad Córdoba viajó a Buenos Aires a una importante reunión por la paz de Colombia.
Se les dijo y se les advirtió: vienen hechos de paz importantes. Ojo avizor con los montajes y las maniobras de distracción de los servicios de inteligencia que, vaya usted a saber por qué diablos, le temen tanto a las palabrejas “paz” y “solución política”.
Palabrejas que, precisamente, fueron las protagonistas en el Encuentro nacional de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz de Colombia, realizado en Barrancabermeja del 12 al 14 de agosto.
Asistieron 25 mil personas, llegadas con un enorme esfuerzo logístico desde todos los rincones donde la guerra es de verdad, y no como en las películas, donde se acaba en hora y media mientras uno se come las crispetas y la sangre ni lo salpica a uno.
Pues hete aquí que, muy de mañanita el viernes, primer día de esa impresionante reunión que yo cubrí para IPS Noticias, Caracol Radio salió con la primicia de unas conversaciones interceptadas a “cabecillas de las FARC”, que trascribo debajo junto con el link al sonido.
Advierto que en Barrancabermeja hablé con uno de los interlocutores cuya conversación fue interceptada.
David Martínez es desplazado dos veces, por lo cual vive hoy en Villavicencio. Es vicepresidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, Sintragrim, y presidente de una asociación campesina de la región del alto Ariari, Meta, denominada Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Campesinos de El Castillo.
Uno de sus celulares le fue entregado a Martínez por el Ministerio del Interior, y el hombre tiene mucha curiosidad por saber si es ése el aparato que le están interceptando.
Dice que las voces están un poco distorsionadas, pero que uno de los que allí habla sí es él. De la otra conversación, dice reconocer a un indígena, cuyo nombre no recuerda.
Por haberlo entrevistado en Barrancabermeja, estoy en capacidad de afirmar que la que he marcado en la trascripción como “Voz 4” es la de David Martínez, a quien presento públicamente mi solidaridad.
También advierto que conocí en Codhes, durante una rueda de prensa, a varias personas de la Coordinación Nacional de Desplazados (CND). Caracol Radio ha lanzado al aire, sin verificar, el nombre de una organización legal, vinculándola con la guerrilla. Seguro que no quedará difícil conseguirle a Caracol Radio teléfonos de los miembros de la junta directiva de la CND, todos líderes muy capaces que, lamentablemente, han visto sus vidas alteradas en materia grave por la guerra que algunos no quieren que termine.
La noticia que transcribo a continuación tiene esta noche de lunes festivo, en la página web de Caracol Radio, el título de “Encuentro Nacional de Paz niega infiltración de las Farc”. Es un buen comienzo para la rectificación que esperamos, de parte del estimado colega que metió las de caminar. Lo que dice él es lo irregular, en esta historia. La foto de David Martínez que acompaña esta nota no la tomé yo, ni es la mejor. Pero es un mensaje para este colega y para los demás: recordemos que nuestra labor, mal hecha, genera sufrimiento injusto.
FIEL TRASCRIPCIÓN
VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2011
Periodista:
“8 de la mañana 13 minutos. Caracol Radio tuvo, como revelamos muy temprano, acceso a cuatro interceptaciones de las FARC, realizadas entre el 20 de julio y el 2 de agosto de este año, entre un presunto cabecilla del comando conjunto de ese grupo guerrillero, hablando con uno de sus compañeros sobre cómo infiltrar el Encuentro Nacional de Paz que se realiza a partir de hoy en Barrancabermeja, y que va hasta el próximo 15 de agosto (en realidad hasta el 14). En una de estas conversaciones, los dos integrantes de las FARC hablan de toda la logística para el evento. Dicen que todo está dispuesto pero que hay dudas en las fechas.”
Voz 1:
Hay una preguntica. ¿Exactamente para cuándo es que se necesitan las delegaciones para… para lo de…
Voz 2:
¿Lo de Barranca?
Voz 1:
Lo de Barranca, sí.
Voz 2:
Eso están…tienen que estar ahí del 10 al 12, allá. O sea, tendremos que estar viajando el 13. Eeee el 11.
Voz 1:
¿El 11? Quiere decir, ¿es del 12 al 15 de agosto?
Voz 2:
Es el evento, sí. Allá.
Voz 1:
Por ahí hicimos ya todo lo que fue la… como la ¿que? La … ehhh. Lo de costos, y toda esa vaina, que estuvimos averiguando allá en la empresa y todo.
Periodista:
“En otro diálogo conocido por Caracol Radio, se reporta por uno de los aparentes guerrilleros lo que se ha hecho para el evento, al que se llevarán varias personas que hay que desplazar y alimentar. Llegarían de Santander, de Bolívar, de Norte de Santander, de Arauca, de Tolima, de Huila y del Cauca”.
Voz 3:
Pues bien hermano, estoy precisamente por aquí… Estaba en este momento pensando en usted.
Voz 4:
Já, já.
Voz 3:
Sí, porque es que estoy aquí. Estoy aquí, estamos en la asamblea nacional de la CND, la Coordinación Nacional de Desplazados y precisamente tiene la palabra el compañero que está ayudando a coordinar el encuentro de Barranca.
Voz 4:
Estamos precisamente en eso.
Voz 3:
Ajá. Aaaaah, bueno, listo, listo.
Voz 4:
Entonces yo necesitaba precisamente hablar con ustedes, cómo andamos ahí.
Voz 3:
No, pues de acuerdo a lo que estuvimos tratando, entonces pues de todas maneras echar eso adelante, ese, ese, ese ambiente.
Periodista:
Así mismo, en las conversaciones las FARC intervendrían en este evento con una ponencia sobre la tierra, el territorio, la lucha por los recursos naturales y la experiencia que ha tenido la organización. Estas y otras comunicaciones conocidas por Caracol Radio están siendo analizadas por las autoridades para evitar la llegada de guerrilleros a Barrancabermeja.
http://www.caracol.com.co/oir.aspx?id=1530434
agosto 16th, 2011
Fotograma de «Impunity», de Hollman Morris y Juan José Lozano. Cortesía Contravía
Michael Reed es director adjunto en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, ICTJ por sus siglas en inglés. Heavy Metal Colombia lo entrevistó en la premier de “Impunity” en Colombia, el pasado 20 de junio. El documental, de 85 minutos, es codirigido por el perseguido periodista colombiano Hollman Morris, reciente becario Nieman de la Universidad de Harvard, y por Juan José Lozano, colombo-suizo y radicado en Ginebra.
El asunto es que, en sus investigaciones sobre graves crímenes sistemáticos y generalizados, la Fiscalía está haciendo fotogramas de la matanza paramilitar, cuando lo que se necesita es, justamente, una película. La película que la Fiscalía debe ver. Mientras tanto, veremos «Impunity».
Heavy Metal Colombia:¿De qué manera apoyó el ICTJ a “Impunity”?
Michael Reed: A través de unos fondos de la cooperación canadiense se creó el capital semilla para arrancar, principalmente, en un tema específico, que tenía que ver con las exhumaciones que se estaban adelantando en el marco de (la jurisdicción de) Justicia y Paz. El proceso fue creciendo y Hollman Morris y Juan Lozano decidieron hacer un mayor enfoque sobre lo que es la justicia, sobre lo que es la impunidad desde la perspectiva de las víctimas.
HMC: ¿Quién es Juan Lozano?
MR: Juan Lozano es un joven documentalista colombiano. Estudió y trabajó en Colombia y ahora se encuentra radicado en Ginebra y está haciendo proyectos documentales desde allá.
HMC: ¿Han enfrentado obstáculos para difundir el documental en Colombia?
MR: Por lo pronto la película ha sido presentada en el exterior. Ha sido conocida en festivales en Toulouse y en La Haya, y en el Festival de Derechos Humanos de Human Rights Watch. A partir de esta presentación en Bogotá, que para Hollman y Juan era muy simbólica, queremos ver justamente el interés comercial que pueda existir.
En el ICTJ estamos convencidos de que esta es una película que todo el mundo puede ver y que todo el mundo debe ver. No es una película árida y justamente habla sobre derechos humanos, sobre impunidad y, principalmente, sobre el sufrimiento de las víctimas para lograr justicia en sus casos. No es una película para hacer dinero. Esta es una película de las víctimas y dirigida a la sociedad colombiana.
Como ICTJ la apoyamos, porque estamos convencidos de que la atrocidad no puede ser solo un tema de las víctimas. Estamos convencidos de que la atrocidad tiene que ver con todos nosotros y la manera como la enfrentamos también.
HMC: ¿Cree que el tema de la película es desconocido para los colombianos?
MR: Desafortunadamente creo que sí. O quizá no desconocido, pero sí bloqueado: es mucho más cómodo no saber o ignorar. Esta película pone las cifras de impunidad, las cifras de los muertos en una dimensión netamente humana, en donde se despierta la sensibilidad.
Estamos convencidos de que hay cierto agotamiento en Colombia en donde la negación empieza a ser una negación implicatoria, interpretativa. Es mejor no saber. O sí, yo soy consciente de eso, pero no quiero quedarme en el sufrimiento de las víctimas.
HMC: El documental hace un punto muy importante en la extradición de alias “HH” como la última esperanza de la verdad. ¿Qué queda sobre el tapete en Colombia en materia de justicia y de verdad sobre los crímenes de los paramilitares, una vez que se ha ido “HH”?
MR: La justicia, primero que todo, no puede ser objeto de solo confesiones. La justicia es, principalmente, un ejercicio de contradicción y de investigación autónoma independiente. Si bien algunos casos se abrieron por las confesiones incentivadas de estos individuos, lo cierto es que los casos no pueden proceder con solo confesiones. Tiene que haber una investigación independiente que señale las rutas.
Lo único que han hecho los paramilitares es reiterar cosas que antes se habían denunciado de manera permanente por parte de las ONG de derechos humanos y de las propias víctimas. Lo que las confesiones de los paramilitares han hecho en el país es hacer imposible la negación literal de esas violaciones.
Pero, la Fiscalía no puede depender de la voluntariedad de unos señores, tiene que hacer una investigación profunda sobre todas las implicaciones y no solo sobre los autores materiales.
HMC: Otra inquietud que toca el documental es el momento en que sacan a la prensa: cuando los paramilitares empiezan a mencionar ciertos nombres. ¿Qué curso tienen en la justicia colombiana esas denuncias con nombre propio?
MR: El procedimiento está reglado. En principio, el paramilitar que está confesando los actos criminales de otros debe hacerlo bajo gravedad de juramento. Esa prueba es trasladada posteriormente a quien se considera el competente y debe seguir su curso. Un punto muy importante es, justamente, aprovechar la instancia procesal -en donde confiesa-, tomarla como declaración juramentada para que se vuelva prueba.
Pero esto solo no puede marchar ni avanzar. Requiere, en efecto, de la debida diligencia de toda la Fiscalía (General de la Nación). El proceso de Justicia y Paz no puede ser un fin en sí mismo. Su valor está, justamente, en que es un medio para promover investigaciones que han estado muertas durante años o décadas en el país.
HMC: ¿El ICTJ considera que ha habido “debida diligencia” por parte de la Fiscalía?
MR: La diligencia se tiene que medir y determinar en todos los casos y en cada uno de los casos. Lo cierto es: el proceso de Justicia y Paz avanza de manera fragmentada esclareciendo hechos.
Lo que pedimos como ICTJ es, justamente, ver una película, una perspectiva estratégica, en donde lo que se investiga es la maquinaria criminal, los crímenes de sistema. Esto es, cuando los crímenes se perpetran como resultado de políticas o prácticas.
Es ahí en donde la Fiscalía está fallando.
Es muy importante el esclarecimiento de un homicidio, de 10 homicidios. Muy importante poder devolverle los restos a una familia. Pero, eso solo ayuda en lo micro, no contribuye realmente a develar la maquinaria criminal que ha estado instalada y que sigue instalada en el país.
HMC: Y eso, ¿qué salida tiene?
MR: Requiere, justamente, la diligencia debida. Aplicar métodos de investigación que difieren de los tradicionales de la escena del crimen; requiere comprender cuál es el universo de crímenes que debe esclarecerse; y plantear hipótesis plausibles de investigación que cobijen a todos, y sobre todo a los máximos responsables, que no son necesariamente quienes han confesado y quienes se han desmovilizado.
junio 28th, 2011
Las madres y padres de los desaparecidos del Palacio de Justicia que han fallecido en estos 25 años y cinco meses son María de Jesús Hernández de Beltrán, José Guarín, Ana María Bonilla, María Torres Sierra de Castiblanco, Rosalbina León, el exjuez Enrique Rodríguez Hernández y, hace unos días, Elvira Forero.
Todos ellos murieron esperando a sus hijos. Y esperando una noticia como la de este viernes 29 de abril:
El general Jesús Armando Arias Cabrales, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia, fue condenado este viernes a 35 años de prisión, por la desaparición forzada de 11 personas en el Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
La condena incluye 20 años de interdicción de funciones públicas.
La Juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, María Cristina Trejos, dispuso también que se investigue por falso testimonio y fraude procesal al general José Ignacio Posada; al coronel, hoy retirado, Ariel Guillermo Valdés; y al ex militar Gustavo Alonso Velásquez, todos de la Brigada VII en Villavicencio (capital del departamento del Meta) para la época de los hechos. También el escolta, ayudante y radio operador de Arias, el sargento (r) Luis Armando Suárez.
Todos intentaron infructuosamente desmentir al exmilitar de la Brigada VII Edgar Villamizar, quien no asistió al juicio por grave riesgo de su vida. Villamizar declaró haber sido testigo de las desapariciones forzadas.
También el abogado Pedro Capacho Pabón tendrá que responder por fraude procesal por el mismo intento.
El general Posada era comandante de la Brigada VII. Mintió al declarar que su unidad no envió tropas a Bogotá para la retoma del Palacio.
El exmilitar Velásquez, a instancias del abogado Capacho, afirmó que Villamizar no se encontraba en Bogotá durante la batalla por el Palacio de Justicia.
A Posada lo contradijo en noviembre de 2009 el propio general (r) Rafael Samudio Molina, comandante del Ejército en 1985 y quien reconoció que ordenó agregar unidades de la Brigada VII durante la retoma.
La sentencia contra Arias Cabrales ordena, además, que la Fiscalía General de la Nación investigue la desaparición forzada de Luis Otero Cifuentes, comandante militar de la toma del Palacio de Justicia cometida por el extinto M-19.
Para la época, Arias Cabrales era Comandante de la XIII Brigada del Ejército, con jurisdicción en Bogotá y el departamento de Cundinamarca. Fue quien ejerció el mando de la operación de retoma del Palacio de Justicia.
Su subalterno directo, el entonces teniente y posteriormente coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, resultó condenado en junio de 2010 a 30 años de cárcel por los mismos hechos.
En las radiocomunicaciones internas del ejército durante la retoma del Palacio, Arias Cabrales usó la identificación de “Arcano 6”. Las grabaciones conocidas de esas comunicaciones evidencian las órdenes de llevar a cabo un sinfín de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Arias emitió órdenes para cambiar y desaparecer las evidencias, incluyendo sacar las armas del Palacio una vez derrotada la guerrilla. Las grabaciones demuestran que también se dio orden de remover los cuerpos.
La sentencia contra Arias Cabrales se produce 13 años después de la ejecución extrajudicial, en abril de 1998, del abogado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, quien llevaba la representación de todas las víctimas. Su asesinato sigue impune.
Al comentar el fallo contra Cabrales, los abogados actuales de las víctimas, Germán Romero y Jorge Molano, reivindicaron su memoria.
Arias Cabrales «es el primer general condenado por por el delito de desaparición forzada de personas», destacó el abogado Germán Romero, quien representa a algunas familias de las víctimas. Romero ve en la sentencia «un claro mensaje a los mandos de las Fuerzas Militares, de que no se pueden escudar en sus subordinados y que deberán asumir sus responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos”.
La expectativa ahora es a dónde trasladan a Arias Cabrales a pagar su condena.
El coronel (r) Plazas Vega debería estar preso en una cárcel civil. Sin embargo, permanece recluido en una guarnición militar al norte de Bogotá, en contravía de lo que ordenó expresa y reiteradamente la juez María Stella Jara, a cargo de su sentencia.
Ante este hecho, el abogado Jorge Molano declaró que “Colombia no puede seguir aceptando que las decisiones de los jueces sean burladas, que estas se conviertan en formales o ilusorias. Es inaudito que quienes han cometido crímenes contra la humanidad, permanezcan en guarniciones militares bajo absolutos privilegios”.
A instancias del entonces fiscal general Mario Iguarán, la fiscal delegada Ángela María Buitrago desenterró a finales de 2005 el proceso del Palacio de Justicia.
Tras lograr la condena del coronel Alfonso Plazas Vega, el 1 de septiembre de 2010 Buitrago llamó a indagatoria a Arias Cabrales y a los también generales, hoy retirados, Rafael Hernández López y Carlos Augusto Fracica.
Este caso trata del asesinato del jurista auxiliar Carlos Horacio Urán, pues existe un video que lo muestra cuando sale vivo del Palacio de Justicia.
El 2 de septiembre Buitrago fue destituida por el sucesor de Iguarán, Guillermo Mendoza. Por su parte, la juez María Stella Jara tuvo que asilarse con su familia durante varios meses en Alemania, debido a amenazas de muerte por su fallo contra Plazas Vega. No son, ni mucho menos, las únicas amenazas en el caso Palacio de Justicia.
abril 30th, 2011
Perdón habían pedido también, con lágrimas y todo, las abogadas que representaron al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas.
Hasta último momento alegaron y negaron todo lo que pudieron, pues para eso les pagan (con mis impuestos). Inopinadamente un día se presentaron ante el Tribunal de luto completo; reconocieron la responsabilidad del Estado en este asesinato cometido por militares y paramilitares en agosto de 1994, y lloraron y pidieron perdón. No eran lágrimas de Vick Vaporub. Eran lágrimas reales, me contó alguien que presenció la escena en San José de Costa Rica, sede de la Corte.
El objetivo era que la Corte aceptara como suficiente esa escena de contrición. Por el contrario, el Tribunal dispuso que, antes de un año, el Estado deberá realizar en Colombia un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“En aras de crear conciencia sobre las consecuencias de los hechos del presente caso dicho acto o evento de reconocimiento deberá ser realizado en el Congreso de la República de Colombia, o en un recinto público prominente, con la presencia de miembros de las dos cámaras, así como de las más altas autoridades del Estado”, se lee en la histórica sentencia, la primera sobre la Unión Patriótica, el partido político que fue vencido a plomo.
Así que la estrategia del llanto no sirvió, y el domingo el máximo representante del Estado colombiano (como se ha vuelto costumbre en lo doméstico) arengó contra el fallo judicial publicado el miércoles. El presidente Álvaro Uribe se negó a reconocer que el Estado sea responsable de la muerte de Manuel Cepeda, como lo ha fallado el máximo tribunal del hemisferio occidental.
Uribe expresó: «Yo no puedo decir que el Estado asesinó al senador Cepeda o al uno o al otro. Lo sí que puedo decir es que los asesinaron, y que eso es muy grave, y que eso no se puede repetir. Y hoy pido perdón».
El hijo de Manuel, Iván Cepeda Castro (foto), le devolvió el desprecio por el fallo de la Corte. Comparto una entrevista radial y la carta abierta que él y su apoderado le enviaron a Uribe.
+ Audio: Iván Cepeda en entrevista de ContagioRadio.com
+ Carta abierta, con fecha lunes 28, de Iván Cepeda y el abogado de la parte civil, Rafael Barrios:
Señor Presidente de la República:
A raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuel Cepeda vs. Colombia, usted formuló la semana pasada una declaración que presentó ante la opinión pública como una petición de perdón. Los términos y el espíritu en que se pronunció, nos llevan a considerar que dicha declaración es inaceptable. Su solicitud se constituye en un nuevo agravio para las víctimas y desconoce los términos de la sentencia del tribunal interamericano.
1. En sus palabras no se hace el reconocimiento de la responsabilidad estatal por el crimen perpetrado el 9 de agosto de 1994 contra el senador Cepeda Vargas por integrantes del Ejército Nacional en complicidad con miembros de grupos paramilitares. Esa responsabilidad fue establecida nítidamente por la Corte Interamericana en los siguientes términos: “La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda Vargas no sólo se encuentra comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales, lo que constituye un crimen de carácter complejo, que debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las investigaciones, las que no han logrado establecer todos los vínculos entre los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales. La planeación y ejecución extrajudicial del senador Cepeda Vargas, así realizada, no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondió a una acción organizada de esos grupos, dentro de un contexto general de violencia contra la UP”[1].
Con su declaración, usted desconoce esta sentencia y los fallos judiciales que se han adoptado en Colombia en el caso; pero además omite que el Gobierno Nacional reconoció la responsabilidad del Estado en este crimen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la propia Corte Interamericana.
2. Su declaración no reúne las condiciones previstas en la sentencia de la Corte Interamericana (párrafos 223 y 224) que ordena que la petición de perdón debe realizarse en un acto solemne, ante las dos cámaras del Congreso de la República, con transmisión en directo por los medios de comunicación oficiales, en la fecha conmemorativa del asesinato, en presencia de los familiares del Senador y de los líderes sobrevivientes de la Unión Patriótica. La sentencia además explicita que el Gobierno Nacional debe pactar con las víctimas los detalles de dicha ceremonia.
3. Como es de su conocimiento, la petición de perdón en situaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad es un acto solemne. Para que sea auténtico requiere que admita sin ambigüedad la verdad de los hechos, la demostración de la voluntad para esclarecerlos, la enunciación de los destinatarios de la petición -nombrar a las víctimas y dirigirse específicamente a ellas-. Sólo se puede pedir perdón en forma veraz, señor Presidente, si se manifiesta públicamente la conciencia del daño que se ha causado y se asume el compromiso de no repetir en el futuro acciones similares. Ninguna de tales condiciones la cumple su declaración.
4. No obstante, el aspecto más deplorable de sus palabras es que no contienen una solicitud auténtica de perdón, y en realidad encubren un nuevo agravio a las víctimas, con expresiones tales como: «No se puede exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones»; «no se puede implorar, exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones, proceder con odio, a maltratar injustamente a compatriotas y la honra de los gobiernos»; «yo no entiendo que se pueda exigir pedir perdón, en nombre del odio»[2].
Estas afirmaciones difamatorias no toman en consideración que la sentencia del tribunal internacional determinó que en otras oportunidades usted incurrió en similares conductas que han violado el derecho al buen nombre de las víctimas en este caso (párrafos 205 a 209).
A través de la Cancillería, el Gobierno Nacional anunció su disposición de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Cepeda. Sin embargo, su actitud, señor Presidente, contradice abiertamente esa promesa. Su deber constitucional es acatar las decisiones de la justicia internacional. Pero además, debemos recordarle que en este caso le cabe responsabilidad personal. La creación de las empresas de seguridad Convivir, que usted lideró con entusiasmo, estimuló el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, el mismo grupo ilegal que asesinó al senador Cepeda en complicidad con miembros del Ejército Nacional. Asimismo, es pertinente mencionar que uno de los presuntos autores de este crimen, el señor José Miguel Narváez, fue nombrado por usted subdirector del DAS y ha sido su colaborador cercano.
Sin otro particular, lo saludamos cordialmente.
Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara
Vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
Rafael Barrios Mendivil
Presidente
Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Copia:
– Corte Interamericana de Derechos Humanos
– Comisión Interamericana de Derechos Humanos
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Manuel Cepeda vs. Colombia, sentencia del 26 de mayo de 2010, párr. 124.
[2] El Tiempo, “No puedo decir que el Estado asesinó al senador Cepeda, pero hoy pido perdón: Uribe”, 24 de junio de 2010.
junio 28th, 2010
La jueza que firma esta orden se exilió el martes, cercada por las amenazas de muerte contra ella y su hijo menor de edad.
Fue ella quien dispuso este mes una sentencia de 30 años de prisión para el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega como coautor mediato de la desaparición forzada agravada de una docena de sobrevivientes del Holocausto del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Tras 24 años y siete meses de impunidad, ella se atrevió. Es la pionera. El gobierno saliente blandió contra esta jueza serena y seria su enorme capacidad de intimidación. Un buen resumen de las agresiones a la justicia, con motivo de su fallo, se publica al pie. Es una solicitud de rectificación pública que las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia le dirigieron al Ejecutivo. Aún no hay respuesta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que recordar y reclamar que sobre María Stella Jara pesan medidas cautelares. Clamó también la ONU. Y, a su manera, clamó el Departamento de Estado: publicó documentos clasificados que no dejan bien parado a Plazas.
Para eludir la cárcel, Plazas Vega se mudó a vivir desde septiembre al Hospital Militar, en Bogotá, donde la jefa de Psiquiatría lo recibió con efusivo abrazo. El oficial retirado no volvió al juicio presidido por Jara. Dijo que no la reconocía como juez suya y presentó un dictamen del Hospital, que sostenía que padecía una crisis de nervios.El concepto de Medicina Legal, que establecía que Plazas no tenía ningún impedimento físico ni mental para acudir a las audiencias, nunca fue acatado. Tampoco ahora, cuando la jueza Jara dispuso que el ex militar debe cumplir la pena en un establecimiento carcelario y en ello la respalda la autoridad médica forense.
A las familias de los desaparecidos del Palacio les indigna que Plazas continúe en el Hospital Militar, en lugar de comenzar a pagar su sanción en una cárcel. “Definitivamente, luchar contra el poder de todo un Estado es tarea de quijotes”, escribe René Guarín, hermano de Cristina.
A Cristina Guarín se la ve en un video salir, en esas horas aciagas, en hombros de un militar que la rescata y la salva del Palacio sitiado. Nunca más se supo de Cristina y desde entonces, el ingeniero René no conoce la paz.
“Las conquistas de la humanidad son lentas y difíciles y no podemos claudicar”, recibe Guarín una respuesta. Es Fabiola Lalinde, madre de Luis Fernando Lalinde Lalinde, estudiante desaparecido en Antioquia el 3 de octubre de 1984.
4.428 días después, doña Fabiola recuperó los restos de su hijo. A pesar de todo.
“Toca estar ahí todos los días, insistiendo y persistiendo. Soportando persecuciones, atropellos, montajes y adversidades de toda índole”, escribe a René Guarín esta decana Dolorosa.
“No importa mucho que Plazas Vega siga en el Hospital Militar”, lo tranquiliza. “Lo que verdaderamente cuenta, en este momento, es la condena, después de 25 años de negar siempre la responsabilidad de los militares y, especialmente, la de Plazas Vega, por los desaparecidos de la cafetería que salieron con vida”.
Bogotá, 16 de Junio de 2010
Doctor
Carlos Franco Echavarría
Programa Presidencial de Derechos Humanos
Director
Doctora
Margarita Rey
Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería
Directora
Ref: Solicitud de rectificación pública del Presidente Álvaro Uribe Vélez frente a sus declaraciones sobre la condena a uno de los responsables de la desaparición forzada de nuestros familiares.
Saludo cordial
Como es de su conocimiento, el pasado 9 de junio la juez Tercera Especializada de Bogotá profirió condena contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega por desaparición forzada agravada de nuestros familiares: Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortez, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, e Irma Franco Pineda.
La sentencia fue proferida por la Juez luego de realizar un análisis en derecho de los cientos de pruebas practicadas y aportadas debidamente en la etapa de investigación y juicio, las que fueron controvertidas por los sujetos procesales en el desarrollo del proceso. Estos elementos de convicción llevaron a la Juez a concluir sobre la responsabilidad del coronel Luis Alfonso Plazas Vega como coautor mediato de desaparición forzada agravada.
La investigación y posterior juicio en contra del coronel retirado se circunscribe a determinar su responsabilidad en la desaparición forzada de nuestros familiares, quienes conforme a la prueba que obra dentro del proceso, salieron con vida de las instalaciones del Palacio, bajo la custodia de miembros del Ejército Nacional. Hoy, luego de más de 24 años, desconocemos su paradero. Ni la sentencia, ni nuestras exigencias de derechos han pretendido hacer una tacha a las Fuerzas Militares, sino que se han dirigido, en derecho, desde las pruebas valoradas en sana crítica, a dictar una sentencia que se debe interpretar como un llamado a depurar las Fuerzas Armadas de violadores a los derechos humanos.
Sin embargo, en los días previos y posteriores a que la sentencia fuera proferida, altos funcionarios del gobierno, incluido el propio Presidente de la República, realizaron manifestaciones públicas de rechazo a la decisión de la Juez Tercera Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
El 8 de junio, dos días antes que el fallo fuera proferido, el Ministro de Defensa, Gabriel Silva, sostuvo ante medios de información que esperaba que se acabara la «justicia espectáculo» contra oficiales como el coronel Alfonso Plazas y los otros militares investigados. Afirmó además ser amigo personal del coronel, a quien le ha facilitado toda la solidaridad y acompañamiento institucional. Afirmó: «Hemos dicho que hay que acabar con la justicia espectáculo en el caso del coronel Plazas y de los demás uniformados afectados por procesos de esa naturaleza»[1].
El 10 de junio, conocido el contenido de la sentencia, el presidente Álvaro Uribe, el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior y de Justicia manifestaron públicamente su rechazo a la decisión proferida por la rama judicial.
El primer mandatario, en un comunicado público proferido por la Presidencia de la República y ampliamente difundido por los medios de información, señaló que el fallo era un abuso y un desestímulo para a fuerza pública: “Nosotros necesitamos la eficacia y el respeto a los derechos humanos, pero los derechos humanos no se pueden invocar para cometer abusos contra la fuerza pública. Registro con tristeza hoy un gran desestímulo de las Fuerzas Armadas de Colombia por estas decisiones que se han tomado”[2].
Señaló además que la solicitud de investigación en contra de ex presidente Belisario Betancur es un abuso y una falta de conocimiento de los hechos. “…(t)odos sabemos de su patriotismo, de su buena fe. El patriotismo y la buena fe excluyen el dolo. Sin dolo no hay delito”.
Por su parte, el Ministro de Defensa Nacional y altos mandos militares activos [3] hicieron público un comunicado de 5 puntos en el que expresan su profundo dolor por las consecuencias de la sentencia judicial, manifiestan su solidaridad con el ex oficial, “esperan que la defensa del coronel (r) Plazas Vega pueda exponer sus criterios probatorios en las instancias procesales a seguir” y exhortan a los todos los miembros de la fuerza pública “a mantener la moral en alto y el espíritu combativo indomable”[4].
Por su parte, el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, en declaración dada a los medios de comunicación, puso en duda la desaparición de personas en los hechos ocurridos en la retoma del Palacio de Justicia. «Hay que revisar muy bien los hechos concomitantes en lo de Palacio. Mirar realmente qué fue lo que pasó, establecer realmente si efectivamente hubo o no hubo desaparecidos». Además, controvirtió la decisión judicial al señalar que con ella se quiere condenar la legitimidad del Estado.
Finalmente, en horas de la noche, en una alocución en televisión difundida en canales públicos y privados, el Presidente, acompañado del Ministro de Defensa y rodeado de altos mandos de la fuerza pública, se dirigió al país para condenar, nuevamente, el fallo contra el ex alto militar. Luego de sostener que habían estado reunidos analizando la decisión de la justicia contra el señor coronel en uso de retiro expresó, entre otros aspectos, que: “La sentencia condenatoria al coronel Alfonso Plazas Vega genera profundo dolor y desestímulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas, encargadas de dar seguridad a los colombianos”[5].
El Presidente, además, creó una simetría entre nuestros familiares desaparecidos y nuestras familias que hemos sido víctimas de los crímenes cometidos por la fuerza pública, y los responsables de estos crímenes, a quienes calificó de “víctimas”, al decir que “la forma de apoyar a las víctimas no es creando víctimas en miembros de las Fuerzas Armadas”.
Estas manifestaciones muestran un irrespeto hacia las instituciones democráticas del Estado colombiano, que han cumplido con su deber de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, dentro de un proceso contradictorio dotado de las garantías procesales correspondientes. Son además una indebida injerencia en la administración de justicia que compete a la rama judicial de Colombia, que mina el principio de separación de poderes reconocido en la Constitución Política. El Presidente, conocido el fallo proferido por una autoridad competente en ejercicio de sus competencias constitucionales, no puede hacer otra cosa que acatarlo y velar para que su cumplimiento se haga efectivo.
Estas declaraciones públicas proferidas por el alto gobierno y la cúpula militar ponen en riesgo a los familiares de las víctimas y sus representantes, quienes durante más de 20 años hemos reclamado justicia y verdad por parte del Estado colombiano. El ejercicio de este derecho no puede ser interpretado como un mecanismo para atacar las instituciones del Estado o, como el Presidente Uribe lo señala en sus comunicados, “bajar la moral de la tropa”.
En un Estado de Derecho las fuerzas militares tienen el deber constitucional de garantizar la vida e integridad de todos los colombianos con plena sujeción a los mandatos legales y constitucionales; la omisión o extralimitación de sus poderes, o la utilización de estos para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos erosiona los cimientos de un Estado Social de Derecho y merecen el máximo repudio moral, político y jurídico de todas sus instituciones.
Por esta razón y en procura de conjurar, en algo, la situación de riesgo creada por tales manifestaciones, que como es sabido fueron ampliamente difundidas por medios de información públicos y privados, solicitamos al Presidente de la República, como máxima autoridad civil y como máximo comandante de las Fuerzas Armadas, una rectificación pública de sus declaraciones de rechazo al fallo proferido.
Una rectificación por parte del Presidente, en las mismas condiciones en las que pudo expresar su opinión respecto al fallo proferido, a partir de las cuales enfrentamos una situación de mayor vulnerabilidad, contribuirá a generar verdaderas y eficaces garantías para continuar en el ejercicio de nuestros derechos. Una rectificación del Presidente de la República sería una medida idónea de protección ante el clima de estigmatización y repudio que sus declaraciones han generado en nuestra contra y en contra de los sujetos procesales.
Cordialmente,
Familiares de Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortez, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, e Irma Franco Pineda, desaparecidos del Palacio de Justicia.
(Siguen firmas de los familiares)
[1] Mindefensa espera que con sentencia a Plazas Vega se acabe la “justicia espectáculo” contra oficiales http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1309739
[2] Declaración del Presidente Álvaro Uribe Vélez sobre sentencia condenatoria en el caso del atentado contra el Palacio de Justicia http://web.presidencia.gov.co/sp/2010/junio/10/03102010.html
[3] El Comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León; el Comandante Ejército Nacional, General Óscar Enrique González Peña; el Comandante de la Armada Nacional, Almirante Guillermo Barrera Hurtado; el Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Jorge Ballesteros Rodríguez y el Director General de la Policía Nacional, Brigadier General Óscar Naranjo Trujillo.
[4] Comunicado a la opinión pública. Ministerio de Defensa. http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/documents/News/NoticiaGrandeMDN/30d0b6b9-d856-2d10-2684-84916373ba8b.xml
[5] Alocución del Presidente Álvaro Uribe Vélez http://web.presidencia.gov.co/videos/video.aspx?id=1134_alocucion_10062010
junio 23rd, 2010
La hija del inmolado líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, Gloria Gaitán, respondió a los comentarios del candidato presidencial por el Partido Verde, Antanas Mockus, sobre una eventual alianza con el partido de centro-izquierda, Polo Democrático Alternativo. A la pregunta de un periodista, Mockus dijo el lunes que en el Polo algunas «fuerzas» no habían roto sus lazos con la guerrilla. Gaitán le pidió denunciar hechos concretos y le advirtió sobre la práctica de acusaciones falsas y «temerarias».
La carta de Gloria Gaitán al candidato que le pisa los talones al aspirante a sucesor uribista, el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, es una genealogía breve de la guerra.
En su página web, Caracol Radio informa hoy -11 de mayo de 2010-, que en Manizales Ud. dijo ayer «que no hará ningún tipo de alianza con el Polo Democrático porque hay fuerzas en ese movimiento que todavía no han roto lazos con la subversión».
Este es un señalamiento de una gravedad extrema, pues coloca un difuminado manto general de duda sobre todos los integrantes de esa agrupación política, por lo que es urgente que Ud. denuncie con exactitud a quiénes se refiere, ya que lo que Ud. denomina «fuerzas», está integrado por personas que tienen nombre propio e identidad ciudadana.
De lo contrario, si es un rumor que Ud. ha acogido – como el que lo señala como ateo – está Ud. advirtiéndonos que es capaz de aplicar en su gobierno el método ignominioso de la calumnia y de los falsos positivos. Con dichas acusaciones – que para mí no son otra cosa que imputaciones temerarias – Ud. está colocándole a todos los militantes del Polo una peligrosa lápida en el pecho. Mi familia toda está afiliada al Polo. Yo misma estoy inscrita en esa organización política y he dicho que, a pesar de ello, votaré por Ud., creyendo que tiene más posibilidades de derrotar a Santos que Petro y que su principal propósito es la defensa de la vida. ¡Pero no!
En Manizales Ud. ha puesto en grave peligro la vida de todos los militantes del Polo. Ha expuesto la integridad de mi familia y, en especial, la de mi yerno, quien es uno de los más cercanos colaboradores de Petro, habiendo ejercido posiciones destacadas en los mandos directivos del partido.
No ha sido fácil para mí hacer campaña por su candidatura, apartándome de la opción política de mi familia de votar por Petro. Y digo que no ha sido fácil, porque razón no les falta cuando dicen que el programa del Polo está más cerca de nuestros ideales que el suyo. Pero yo argumento que el voto a su favor es de transición y que su gobierno puede preparar el terreno para implantar una verdadera democracia en Colombia que le dé juego verdaderamente libre a las fuerzas de izquierda, sin temer el asesinato de sus líderes populares y de sus dirigentes.
Pero ahora, con semejante declaración pública la suya, que coloca a los militantes del Polo en la picota de la subversión, sólo cabe que Ud. diga la verdad, toda la verdad, todo lo que dice saber, para que no se convierta en encubridor de subversivos, al empañar el buen nombre democrático de todo una colectividad política.
En consecuencia, le exijo, en nombre de la vida de mis familiares y mis compañeros, que señale con nombre propio a quienes Ud. aparentemente sabe que guardan vínculos con la guerrilla, confesándole que me he sentido aludida en lo personal, porque los orígenes de la lucha armada en Colombia se remontan a la orfandad que dejó en nuestro pueblo el magnicidio de mi padre, Jorge Eliécer Gaitán, y no puedo menos que mantener un cordón umbilical de carácter emocional muy fuerte con quienes, en sus orígenes, se vieron obligados a tomar las armas para defender sus vidas debido a la persecución y la muerte que generó el magnicidio al Movimiento Gaitanista, lo que no me impide discrepar tajantemente de ellos en sus acciones violadoras de los derechos humanos y en la forma de financiamiento de la organización – métodos que distan completamente de cualquier táctica auténticamente revolucionaria -, Pero eso no me impide entender que la guerrilla requiere un campo verdaderamente honesto y transparente para poder desmovilizarse y no la farsa de un hipócrita diálogo, donde nunca hubo la intención del gobierno de cumplir sus aparentes compromisos para forjar la paz.
A la espera de una pronta respuesta suya, de la cual depende la vida de mucha gente, me suscribo de Ud. como su compatriota adolorida,
Gloria Gaitán
Post-Data de Heavy Metal Colombia: en la noche, Mockus suavizó sus palabras.
mayo 11th, 2010
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