“Dialogar dialogar dialogar mi vida dialogar dialogar dialogar dialogar mi amor”- mientras Fito Páez cantaba ese estribillo en el cierre del festival Rock al Parque, edición número 15, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, ante más de 80 mil extasiados asistentes, llegó una carta de las FARC.
Está dirigida a Luis Alberto Calvo Marín, padre de un soldado profesional herido en combate, recogido por la guerrilla y atendido por sus enfermeros. Lo quieren devolver, únicamente porque no es “mando”. El gobierno había guardado silencio sobre él.
La guerrilla reitera que quiere devolver también al cabo del ejército Pablo Emilio Moncayo, tal como lo anunció el 16 de abril. Ambas liberaciones se harán en una sola operación, en entrega al movimiento Colombianas y Colombianos por la Paz, que lidera la senadora liberal Piedad Córdoba, y al padre de Pablo Emilio, el Caminante por la Paz Gustavo Moncayo. Puede estar presente la Iglesia Católica colombiana, reiteran las FARC. No sugieren garantes internacionales adicionales al Comité Internacional de la Cruz Roja.
“Show”, responde el gobierno, cuando para algunos ya empieza la serie de “shows” para celebrar el primer aniversario de la Operación Jaque, el próximo 2 de julio, que liberó a Ingrid Betancourt, tres estadounidenses activos en la guerra y 11 uniformados colombianos.
Ni una cosa ni otra son apenas “show”. Detrás de ambas está el sufrimiento de muchísima gente: está la guerra.
“Show” es negar el conflicto armado, como hace el gobierno.
Con bastante poco “show” firma acuerdos con más de 25 grandes empresas para rebajarles el impuesto de guerra, pero el «show» se reactiva cuando anuncia que más colombianos, y no sólo los más ricos, también pagarán esa alcabala que, además, va a convertirse en permanente porque los estadounidenses tienen sus prioridades internas y la recesión de Colombia, aunque no declarada oficialmente, aprieta.
“Show” es decir que el paramilitarismo fue desmantelado, cuando éste campea en las barriadas populares, quizá ya en preparación de las elecciones de 2010.
“Show”, mantener a la gente en la ignorancia de lo que verdaderamente está pasando en el campo colombiano, como bien lo dicen las FARC en su carta al padre del soldado.
“Show” es anunciar el presidente Álvaro Uribe, a dos horas de su encuentro con Barack Obama el lunes, que en la noche del domingo, y en territorio estadounidense, ha sancionado una ley que endurece las penas por asesinatos y amenazas a sindicalistas, y que estaba para su firma desde el 26 de este mes.
“Show” es seguir las huellas de la labor humanitaria por la liberación de rehenes de las FARC para apresar a los mensajeros, sabotear las liberaciones o atacar a las unidades de la guerrilla responsables de entregar a quienes durante años y años han estado esperando la libertad.
Pero “show” es también prometer las FARC a los indígenas que esa guerrilla no seguirá asesinando aborígenes, y seguir matándolos. Los indígenas nasa del norte del departamento del Cauca señalan a las FARC de haber dado muerte a Marino Mestizo, que integraba una misión comunitaria para erradicar laboratorios de droga y expulsar la guerra del territorio indígena.
Y, puede que haya «shows» que lleven a algo constructivo. Depende. Por ejemplo, qué tal si hubiera un “show” de parte de las FARC en torno al secuestro de un concejal (legislador municipal) en Garzón, departamento del Huila, este lunes hace un mes. Después de una acción militar espectacular, las FARC se han quedado calladas como peces. ¿El concejal estaba manejando contratos relacionados con un megaproyecto que va a afectar a miles de campesinos? Si esa versión es cierta, que las FARC lo digan públicamente, es mi opinión. Veremos entonces qué hacer o qué decir. Lo que no sirve es el silencio de la violencia: “Dialogar dialogar dialogar mi vida dialogar dialogar dialogar dialogar mi amor”, canta el rockero argentino.
En esta carta, las FARC apuntan a que las ejecuciones extrajudiciales, en la modalidad de “falsos positivos” – es decir, aquellos asesinatos de civiles para ser presentados como guerrilleros y así abultar las cifras triunfalistas de la fuerza pública- hacen “parte de la escabrosa estrategia por perpetuarse en el poder, del show presidencial y de la gran mentira oficial sobre la realidad, dimensión, calidad y esencia del conflicto colombiano”.
Las FARC ponen aquí sal en la llaga: yo azuzo la guerra, ya no quiero financiarla solamente yo, y mis hijos jamás de los jamases irán al frente de combate porque para eso están los pobres, y al fin y al cabo la guerra soluciona en buena parte el problema del desempleo. Así piensan y actúan las poderosas familias de Colombia, y la guerrilla menciona sólo cuatro nombres – el presidente, el banquero, el industrial, el importador de armas.
Ese es el mensaje desde el territorio indígena del suroccidental departamento del Cauca. “Lo que se comenta en la región, y lo que dicen muchos comuneros de esta región, es que el asesinato lo cometieron las FARC, concretamente”, declaró al noticiero de televisión CMI el destacado líder indígena caucano Darío Tote.
Mestizo fue asesinado el martes hacia las 13:30 horas cerca del sitio Santa Rita, resguardo de Tóez, municipio de Caloto, en territorio de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN.
Dos hombres armados y encapuchados lo hicieron apearse de su moto, le amarraron las manos a la espalda, se lo llevaron fuera de la vía. La Guardia Indígena lo encontró boca abajo, con tres balazos en la cabeza.
Las FARC dejaron viuda a Cecilia Escué y sin padre a cuatro hijos, dos de ellos menores de edad.
Mestizo fue presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda (vecindario rural) La Esperanza Jambaló, coordinador jurídico del Cabildo Indígena de Jambaló y a su muerte integraba el Comité de Investigación del Cabildo, parte de la jurisdicción indígena.
Ante el funcionamiento de laboratorios de drogas de gentes “externas”, y ante la “presencia de actores armados de derecha e izquierda en nuestras comunidades”, que estaban “causando problemas de descomposición social en la población civil”, el 26 de febrero de este año las autoridades indígenas de Jambaló expidieron la Declaratoria de Emergencia Territorial y Humanitaria.
La Declaratoria daba tres días a los dueños de los laboratorios de droga para desalojar voluntariamente el territorio indígena.
Vendría luego una verificación del territorio, por parte de guardias indígenas (Nasakiwe Tegnas), en los sitios donde se sabía del funcionamiento de laboratorios. Si para entonces seguían allí, y si los “actores armados continúan en las viviendas de los comuneros y dentro del territorio, se procederá a realizar una minga pacífica de desalojo”, decía la Declaratoria.
El Parágrafo 1 del artículo sexto de la Declaratoria advertía: “Los milicianos o simpatizantes de los actores armados deben definir si se acogen a los criterios de la comunidad, de lo contrario deben desalojar el Territorio”.
Marino Mestizo estuvo entre los líderes que encabezaron la verificación.
En su recorrido “se encontraron artefactos explosivos ubicados en algunas viviendas de los comuneros, material de fabricación de explosivos, uniformes camuflados y un laboratorio grande de procesamiento de alcaloide sin desalojar”, rezaba un comunicado de la comunidad retransmitido por la ACIN.
Al acercarse al laboratorio, las comisiones “fueron hostigadas con disparos por la guerrilla y por aire sobrevoló una avioneta de la Fuerza Aérea Colombiana”. Supuestos guerrilleros intentaron quemar el bus de propiedad del Cabildo Indígena de Jambaló, pero la comunidad lo impidió.
El texto consignaba: “continúan las amenazas a las autoridades, a la guardia indígena y a líderes de la comunidad”.
El 3 de marzo, segundo día de la Asamblea Permanente, las comisiones hallaron “artefactos explosivos, tubos de aluminio, laboratorios pequeños ubicados en una vivienda alquilada y una cocina de procesamiento de alcaloide, que en parte fue desalojada por la comunidad”.
“Se siguen presentando sabotajes, por parte de personas inconformes y apáticas al proceso”, agregaba el comunicado divulgado por ACIN.
La Asamblea Permanente reiteró con fecha 6 de marzo “a los dueños de las cocinas o laboratorios instalados dentro del territorio, para que en el término de tres días, contado a partir de la firma y publicación de la presente resolución, desalojen voluntariamente”.
Como miembro del Comité de Investigación del Cabildo de Jambaló, Marino Mestizo estaba investigando a milicianos de las FARC supuestamente comprometidos en las amenazas contra varios líderes luego de que las comisiones de la Asamblea Permanente destruyeron artefactos explosivos y cocinas de procesamiento de coca en Jambaló.
“El ejército y la guerrilla, ambos nos matan, unos se esconden, otros se camuflan. Debemos fortalecer la guardia indígena en nuestro resguardo porque ellos son los que deben hacer el control territorial”, dijo una comunera de Jambaló, según la cita el Tejido de Comunicación de la ACIN, “el crimen de este compañero no se puede quedar en la impunidad. Nosotros debemos alzarnos en una acción conjunta con los cabildos del norte del Cauca, para defender nuestro territorio. Luchar, no con armas como lo hacen ellos, porque aunque nos maten a todos amarrados no nos vamos a desplazar”.
Ahora, la Consejería Mayor de la ACIN, en nombre de las autoridades tradicionales de todo el norte del Cauca, se declaró en Asamblea Permanente. Este miércoles se tomaron más decisiones colectivas, “para defender el territorio y la vida”. Estas serán publicadas en http://www.nasaacin.org/
La ACIN hace parte del CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca.
Remito a mi lector o lectora a la carta enviada por el CRIC a las FARC el 19 de febrero, y a la que adhirieron Colombianas y Colombianos por la Paz, grupo que lleva un Diálogo Público Epistolar con esa guerrilla y con el ELN, Ejército de Liberación Nacional.
En la misiva a las FARC, motivada por la ejecución de ocho indígenas awá por esa guerrilla, el CRIC resume la razón de las luchas de los indígenas del Cauca: buscan un sistema democrático, un sistema económico que no destruya la naturaleza y una sociedad en armonía.
«No habrá paz para los colombianos y las colombianas, si no hay paz para los indígenas, y no habrá paz para los indígenas si no hay paz para todos los colombianos», resumió entonces el CRIC, pero “no queremos simplemente ser excluidos de la guerra y sus atrocidades, al tiempo que ésta sigue asolando al país y a los otros pueblos; no queremos meternos en un caparazón mientras la gente se asesina. No. Queremos que la guerra termine”.
Ayer viernes, los héroes de la Seguridad Democrática no aparecieron durante todo el día por la Casa de la Cultura de Algeciras, y el seminario sobre derechos humanos de dos jornadas que dictó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) pudo desarrollarse normalmente en ese municipio del departamento del Huila.
Tampoco se manifestaron ni el alcalde, ni el cura, y la personera no volvió.
En cambio, llegó más gente al curso. “No sé cuántos serían, pero llegaron personas que no estuvieron” el jueves, durante la primera y accidentada jornada del evento (Ver En Algeciras), cuando había cerca de 60 personas, contó Luis Jairo Ramírez, secretario ejecutivo del CPDH.
“A nosotros nos preocupa es la gente que quedó allá”, contestó Ramírez cuando quise confirmar que él y la abogada que lo acompañó para adelantar el seminario habían salido sanos y salvos de la zona cuyo nombre ha figurado trágicamente en el mapa de la guerra colombiana.“Da la impresión, por lo que la gente dijo hoy (por el viernes), que esa región está en manos de paramilitares y el alcalde, la personera y hasta el cura son subalternos de ellos”, comentó telefónicamente desde la carretera rumbo a Bogotá el defensor de derechos humanos.
“Personalmente me dio la impresión de que los de la policía eran mucho más agresivos. Los del ejército se metieron (a la Casa de la Cultura el jueves), dieron una vuelta por el salón pero el resto del día se quedaron afuera”, señaló.Esta es “una policía militar, como una policía de tropel, porque estaban muy fuertemente armados. Son muy agresivos”, reiteró. Es, parece, la fuerza que permanece estacionada en el casco urbano de Algeciras.
“La gente se mantiene en un estado de zozobra. Habían pedido esta capacitación precisamente para tener herramientas para defenderse de estos bárbaros. Para tener algún tipo de orientación”, agregó Ramírez.“Los atropellos contra la población son cotidianos. Los golpean, los maltratan, los torturan. La gente está hasta la coronilla de tanto abuso”, son las noticias frescas que trae.
“Nosotros, por lo menos ayer (por el jueves) probamos en carne propia lo que es el salvajismo de estos bárbaros. Uno está dos o tres días en el lugar, pero la gente queda allá en un estado de zozobra e intimidación muy grave”, advirtió Ramírez, y agregó que el CPDH está evaluando organizar una misión a Algeciras, para observar y dejar consignadas las condiciones en las que están los habitantes del municipio.Ante la pregunta de qué opinaron los asistentes al seminario de derechos humanos acerca de lo ocurrido el jueves, y que se describe en la nota En Algeciras, relató que “por un lado, la gente estaba más o menos gratamente sorprendida de que alguien enfrentara a estos señores, y que mientras estuvimos en esa situación hubiéramos llamado a todo el mundo. De (la oficina del CPDH en) Bogotá también llamaron a todos lados”.
“La gente se dio cuenta de cómo es. Que no es agachando la cabeza sino haciendo frente a las cosas. Comentaban que ‘qué bueno’”, dijo el activista humanitario.Es decir, que este fue un seminario sobre derechos humanos con sesión de práctica en vivo y en directo.
Si mi lector o lectora quiere hacerse una idea de las cosas que padecen los habitantes de Algeciras, le recomiendo, por ejemplo, entrar a la base de datos en línea del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP.La dirección es https://www.nocheyniebla.org/consulta_web.php
Allí se debe indicar, simplemente, en “departamento”, Huila. Y en “municipio”, Algeciras, y oprimir “Consulta”.A mí me aparecen 69 entradas, aunque nada más desde el 14 de marzo de 2001.
Algeciras queda en la zona andina cercana al nacimiento del río Magdalena, emblemático de Colombia. Está al oriente del departamento del Huila y a 56 kilómetros de su capital, Neiva. Tiene 672 kilómetros cuadrados.Su economía es agropecuaria en el 95 por ciento y se lo conoce como “la despensa del Huila”. 57 por ciento de los pobladores viven en las 61 veredas (vecindarios rurales). A la capital municipal se suman tres caseríos: Paraíso, El Toro y La Arcadia.
En 2007 tenía 23.427 habitantes, según la proyección 2007 del Censo Poblacional de 2005, o 24.603 en 2008 según el Sisbén (sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales, considerado de la mayor exactitud para las mediciones de los expertos en pobreza). Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el 49.26 por ciento de la población vivía en 2007 con sus Necesidades Básicas Insatisfechas. Las NBI afectan al 62.78 por ciento de la población rural y al 40.14 por ciento en el sector urbano.
Es el municipio del Huila con más desplazados forzadamente. Entre 1991 y hasta mayo de 2007, según el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia, el 17,63% de las familias expulsadas de los 37 municipios del Huila provenían de Algeciras.El alcalde Algeciras, Rigoberto Sánchez Tamayo (el mismo que autorizó el seminario sobre derechos humanos del CPDH pero ni acudió a la invitación de los habitantes para instalarlo oficialmente, ni se apareció por allí durante el allanamiento del jueves) sostiene en su Plan de Desarrollo 2008-2011:
“El plan de desarrollo del Municipio de Algeciras se estructura con base en la participación y el sentir de las comunidades que son el eje central de las acciones de desarrollo. “En él se reconoce a la persona como titular de derechos, como centro y actor del proceso de desarrollo en cada uno de los ciclos de vida y se viabiliza la integración de los principios y estándares de los derechos humanos, universalidad, exigibilidad, integralidad y participación, con prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la restitución de derechos vulnerados.”
Ante semejante brecha entre la realidad y las declaraciones, si yo viviera en Algeciras también necesitaría capacitación urgente en derechos humanos.
El secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Luis Jairo Ramírez, está trabajando en el poblado de Algeciras, unos 60 kilómetros al sur de Neiva, la capital del central departamento del Huila, dictando un seminario de derechos humanos.
La capacitación, dirigida a unos 60 campesinos de esa región en guerra, comenzó hoy y termina mañana. Debería haber sido un evento académico más, de los incontables cursos, talleres y capacitaciones sobre este crucial tema que el CPDH ha dictado desde su surgimiento en 1978.
El propio Ramírez perdió la cuenta de cuántas veces ha repetido los mismos principios en los 12 años que hace que se vinculó al CPDH. En esos mismos 12 años, esta fue la primera vez que fue tratado como un delincuente.
El encuentro estaba citado a las nueve de la mañana de este jueves en la Casa de la Cultura de Algeciras, a una cuadra de la alcaldía.
Estaban invitados a instalar el curso el alcalde, el cura y la personera (funcionaria que representa en cada municipio al ministerio público y tiene a su cargo vigilar el respeto a los derechos humanos).
El cura no fue.
El alcalde tampoco, pero mandó a un funcionario con las llaves para abrir la Casa de la Cultura, sede adscrita a la alcaldía y que los campesinos le habían solicitado para realizar el encuentro, el cual él autorizó verbalmente.
Y la personera llegó tarde, ya en medio del allanamiento.
Porque los que sí hicieron aparición puntual a las ocho, en una espectacular operación conjunta, fueron tropas de Contraguerrilla del ejército, del Comando Operativo 5 perteneciente a la IX Brigada, así como Policía Militar y DAS, servicio de inteligencia que depende de la Presidencia.
El pretexto inicial fue el de pedirle su identificación a Ramírez y a una abogada que lo acompañaba en la labor de capacitación.
Luego se retiraron y 15 minutos después volvieron, con el (segundo) pretexto: querían ver la autorización del alcalde para la reunión.
“Cuando les mostramos la solicitud radicada, la rechazaron y dijeron que querían el permiso firmado por el alcalde”, contó telefónicamente Ramírez a esta periodista.
El seminario sólo comenzó después de la una de la tarde, luego de que los miembros del CPDH llamaran a la misión de la Unión Europea en Bogotá, a la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos –en cuya sede bogotana se adelantaba a la misma hora una rueda de prensa del Relator Especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, Profesor Philip Alston-, a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, a la misión en el Huila del PNUD, y a todas las organizaciones de derechos humanos que pudieron, para que intervinieran.
“Sólo así se retiraron, pero media hora después llegó nuevamente una camionada de ejército y nos tuvieron rodeados toda la tarde. Así tuvimos que dictar el taller”, relató Ramírez.
En todo caso, los integrantes del operativo “les tomaron fotos a todos los asistentes, básicamente líderes campesinos de la región y miembros de juntas de acción comunal del municipio, de distintas profesiones y oficios, amas de casa etcétera”, dijo Ramírez.
Sobre la personera, Ramírez expresó que “se ve que está muy intimidada por el ejército. Trató de quitarle importancia a la cosa y preguntó qué temas íbamos a tratar en la conferencia. Dijimos que el tema de nuestras capacitaciones lo definimos nosotros”.
Curiosamente, fueron más agresivos los miembros de la policía que los del ejército.
“De una cartilla sobre el fenómeno paramilitar, los policías dijeron que no teníamos que hablar de paramilitarismo porque ‘aquí no hay paramilitares’, y que teníamos que hacer una capacitación denunciando al ‘terrorismo narcotraficante’. Dijimos que ellos no tenían por qué intervenir en el contenido de la capacitación”, agregó el defensor de derechos humanos.
“Yo me negué a iniciar la capitación hasta que no se retiraran, cosa que hicieron después del medio día” dijo Ramírez, quien cree que en ello medió una llamada de Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
El seminario termina este viernes en la tarde. Los miembros del CPDH regresan a Bogotá por carretera, unas siete u ocho horas de trayecto.
Poco antes de las cuatro de la tarde (21:00 GMT), una delegación indígena en la cual descollaba el ex Constituyente Lorenzo Muelas logró por fin, tras más de hora y media de espera en la calle, radicar en la embajada del Perú, en Bogotá, una carta dirigida al presidente Alan García.
“Nos sumamos a las voces de las comunidades indígenas amazónicas que están reclamando el cese a la violación de sus derechos y la derogación de los derechos legislativos del TLC que facilitan la invasión y el despojo de sus territorios.
“Consideramos esta acción violenta del gobierno peruano como una masacre y una violación flagrante de la vida, integridad y derechos fundamentales de las comunidades indígenas”, expresa a García el Consejo de Gobierno de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, es decir la dirección de la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia.
La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de Colombia exige al gobierno de Alan García cesar de inmediato la represión, «y abstenerse de este tipo de acciones de desalojo a la fuerza que generan muerte entre hermanos peruanos».
También, garantizar el respeto y la protección de la vida, respetar la libertad de expresión y el derecho de asamblea pacífica, dialogar pacíficamente con los manifestantes y sus representantes sobre los temas que los llevaron a protestar, atender a los heridos e investigar los hechos, tomando medidas preventivas para éstos no se repitan.
Muelas, también ex senador y ex gobernador del suroccidental departamento del Cauca, y tres veces Gobernador de Guambía, el territorio de su etnia, que habita en el Cauca, expresó frente a la embajada del Perú que “los salvajes son esos capitalistas que entran en nuestros territorios”.
Advirtió que lo ocurrido en la Amazonia peruana “puede pasar en cualquier país en este continente”, por eso “este no es un problema indígena, es un problema de todos. Pedimos al mundo entero solidaridad”.
Como periodista, me sorprende cómo muchas comunidades en Colombia trazan cada vez más una relación entre la gran inversión privada, el vaciamiento territorial que genera desplazamiento forzado y la matanza que ocurre en el país.
Le cuentan a uno del asesinato de un líder y a continuación dicen, por ejemplo, como escuché hoy: «la represa de Salvajina»; «la mina de oro en Suárez». Y a continuación mencionan la empresa transnacional detrás del megaproyecto al que aluden, como causa de esa muerte.
Sólo que aquí los perpetradores aprendieron desde comienzos de este siglo que matar de un plumazo y en plural no conviene.
Sean 30, 70 o 100 los muertos, como se dice que hubo en la Amazonia peruana, los de aquí son gota a gota, de uno en uno o de tres en tres, de semana en semana o de mes en mes.
Pero eso sí, en una misma región sobre la cual dentro de un par de años saldrá el anuncio de que será anegada por una represa, o que en un futuro no muy lejano va a ser concedida para una explotación minera.
Grandes proyectos económicos o yacimientos sobre cuya existencia sólo conocen con tanta antelación aquellos con acceso a información privilegiada.
Al día siguiente de la matanza de indígenas amazónicos en Perú, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) informó que la fiscalía colombiana solicitó orden de captura contra Aida Quilcué, Feliciano Valencia y Daniel Piñacué, los líderes más visibles de la Minga indígena que desafió al presidente Álvaro Uribe el año pasado.
La orden de captura es por «secuestro agravado» y «lesiones personales agravadas». El asunto es altamente interesante, por dos cosas.
La más importante es que implica una colisión con la jurisdicción indígena, prevista en el artículo 246 de la Constitución de Colombia, el cual dice: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.
En segundo lugar, porque la demanda fue interpuesta claramente por instigación gubernamental, por parte de un militar de origen nasa que se infiltró vestido de civil en la Minga en octubre pasado y fue sorprendido por los comuneros en territorio indígena y portando material de guerra cuya utilización podría haber desprestigiado a la Minga, como bien lo recuerda el CRIC.
Uribe necesitaba por entonces con urgencia mostrar “pruebas” de que la protesta indígena estaba penetrada, o incluso que era dirigida por la guerrilla. Y que los indígenas estaban armados de algo más que palos y piedras.
El militar fue detenido por la Guardia Indígena, fue sometido a juicio por parte del Tribunal Indígena y condenado al “remedio”, como lo consideran los usos y costumbres de los nasa, de recibir cinco fuetazos en público, y vestido.
Ni qué decir tiene que, entre tanto, fue asesinado por militares el esposo de Quilcué, Edwin Legarda, también en territorio indígena, y que la única hija de ambos, de 12 años, fue hostigada peligrosamente.
Por cierto, los indígenas del suroccidental departamento del Cauca, igual que los masacrados en Perú, han liderado una importante movilización contra el TLC entre Colombia y Estados Unidos.
“No le encuentro la forma del cráneo a este hueso”. A instancias de su madre, Camilo, de 11 años, de cabello y ojos negrísimos, se ha puesto unos guantes quirúrgicos y un tapabocas.
Está sentado sobre sus talones, en el suelo de baldosín de una pequeña alcoba de la casa de los Claretianos en Bogotá, y saca uno a uno los huesos de su padre de una caja de cartón de 30 x 30 x 25 centímetros, para depositarlos en una urna de madera, a su lado.
La caja es reciclada. Lleva en sus costados la marca “Assenda”, de la empresa colombiana Carvajal S.A., que provee, entre otros, suministros de oficina. La fiscalía la entregó sellada con esparadrapo. En su interior, huesos secos en bolsas, y ropa apelmazada.
Camilo estira con sus manos una bolsa de plástico transparente, ya vacía, con un letrero: Fiscalía General de la Nación – Cuerpo Técnico de Investigación. “Aquí venía todo el cráneo”, dice Camilo sin aspavientos, y luego intenta juntar dos pedazos, como en un puzzle.
El cráneo de su padre, Arnoldo Naranjo, está destruido. Lo reconocieron sólo por su carta dental.
Quizá por eso en el CTI de la Fiscalía de Pasto, capital del departamento de Nariño, retuvieron los restos durante 15 meses más, luego de que Arnoldo fue exhumado en diciembre de 2007 de una tumba en Puerto Asís, departamento del Putumayo, y en la que había sido enterrado como “N.N.”: identidad desconocida.
Identidad desconocida, a pesar de que durante tres días la emisora Putumayo FM Stéreo retransmitió un parte militar según el cual un guerrillero había sido dado de baja, y a continuación daban su nombre: Arnoldo Naranjo Ramírez. Le fueron incautados fusiles, dijo el ejército.
Los restos fueron entregados a su familia el pasado 5 de marzo en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, sólo después de una tutela interpuesta por la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.
Lo mataron el 23 de enero de 2005 en la vereda (vecindario rural) La Pradera, inspección de Arizona, municipio de Puerto Caycedo, Putumayo. Allí todo el mundo lo conocía como El Gordo, porque así lo llamaba su esposa Carmen. Por eso al comienzo nadie se dio cuenta de lo que estaba diciendo el parte militar.
“No hablé ni el 23, ni el 24, ni el 25. Yo vine a hablar como el 26 ya”, dice Carmen. El 23 pensó apenas que, si acaso, el ejército lo había detenido. El 24 una vecina le insistió en que escuchara la radio. El 25 otro vecino le dijo que a su marido, dirigente local de la extinta Unión Patriótica (UP), lo había matado el ejército.
Entonces, esta madre campesina y militante del partido comunista emprendió camino por la selva hasta llegar el 26 al teléfono más cercano, en la vereda Las Perlas, y llamó a Putumayo FM Stéreo: “Ese es mi esposo. No es ningún guerrillero”. Fue cuando “todo el mundo se dio cuenta”, relata ella.
Por la radio le dijo al ejército que cómo era posible que engañaran así al país, y a la gente.
En la mañana del 23, Arnoldo desayunó y junto con el trabajador de su finca, Yamid Tumbo, enjalmó la mula para traer frutos de chontaduro (Bactris gasipaes) a los 22 marranos. Salieron hacia las ocho. El ejército los detuvo en la orilla del Caño Picudo. Era verano, y un niño vio cómo los hicieron atravesar a pie el caño semiseco.
A las 2 de la tarde, un hombre le advirtió a Carmen: “el ejército está aquí”.
Camilo tenía entonces siete años. Era el que siempre acompañaba al padre, y conocía bien el camino para ir por el chontaduro. Carmen se sentó a hablar con su hijo mientras esperaban el regreso. Pero a las cinco de la tarde decidió aceptar que quizá Arnoldo había sido detenido. Esa noche durmieron donde unos vecinos.
Al otro día se encontró con Yamid. Estaba pálido.
— Doña Carmen, al Gordo se lo llevaron.
— ¿Se lo llevaron, o lo mataron?
— Se lo llevaron.
Hacia las dos de la tarde, una mujer le preguntó si había oído la radio. “Ese día no me doy cuenta”, recuerda ella. Pero el 24, cuando estaba en casa de un amigo, otro hombre le dijo: “Doña Carmen, al Gordo lo mandaron pa´l otro lado”.
Un hombre que tenía una lancha se ofreció a traer el cuerpo desde Puerto Asís, por dos millones de pesos (unos 800 dólares), pero otro le advirtió que no era seguro de que se tratara de Arnoldo, y que más bien podía ser peligroso para ella.
Carmen se demoró un tiempo vendiendo algunas cosas para juntar dinero y poder viajar a Bogotá. Lo hizo en julio, y expuso lo ocurrido ante un foro de la corporación Reiniciar, que lleva el caso del exterminio de la UP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Su relato llevó a activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente de Desaparecidos. Junto con Yamid, fue citada en mayo de 2006 por la Procuraduría General de la Nación (ministerio público).
Los restos de Arnoldo fueron encontrados dos años y 11 meses después de que el ejército presentó la muerte de este dirigente campesino como un éxito militar. Y sólo otro año y otros tres meses más tarde, fueron entregados a su mujer y a sus hijos.
Carmen es hija de campesinos comunistas. En 1987 comenzó a meterse en política, en Mapiripán, departamento del Meta. Conoció a Arnoldo en 1991 y a los tres meses se fueron a vivir juntos. Quince días después, ella le preguntó por sus opiniones políticas. “Me dijo: yo soy de la Unión Patriótica. Y le dije: yo soy del partido comunista. Me abrazó y me dijo: ‘Carmenza, usted es la mujer para mí”.
Arnoldo nació en 1967 en Puerto Rico, departamento del Caquetá. Era el segundo de nueve hijos de una familia campesina. Cursó hasta tercero de primaria. A los 12 años se fue a trabajar en la finca de una tía, en Cartagena del Chairá, a orillas del río Caguán, también en Caquetá, donde en 1986 supo de la UP.
Ese movimiento político había sido creado un año antes, en 1985, propuesto por las FARC en medio de negociaciones de paz con el gobierno, como fórmula para integrarse a la vida civil. A la UP se unieron el partido comunista, y movimientos locales y regionales o individuos independientes.
En 1987 Arnoldo se marchó a buscar suerte en Puerto Asís, y allí se vinculó a la UP. Ya había comenzado la matanza de ese partido y tuvo que huir por tres meses hacia la frontera con Perú.
Dos años más tarde, cuenta su hija Karen, la dirección de la UP en Putumayo lo delegó para construir esa organización en la región fronteriza de Piñuña Blanco, donde estuvo cerca de un año, pues “entraron los Masetos (paramilitares) y asesinaron familias enteras, lo mismo que en Puerto Asís”. Se refugió hasta finales de 1990 con un tío en una región cercana, llamada Piñuña Negro.
Arnoldo y Carmen se establecieron en Putumayo, compraron una finca, “hicimos una casa muy bonita”, cuenta ella, pero a los dos meses de terminarla les tocó irse.
La razón: 13 comunidades se declararon en paro para hacer que el alcalde fuera a la zona, pues tenían problemas con el costo de los víveres. Una panela (melaza solidificada de jugo de caña de azúcar) costaba 10 mil pesos (cuatro dólares), una libra de arroz, siete mil (2,80 dólares).
Pero el vecino, que tenía una camioneta y se beneficiaba de esos costos, se opuso al paro. Y por su parte, las FARC declararon “paro armado”, es decir que apoyaron el paro amenazando a quienes transitaran.
A partir de ahí, cuenta Carmen, “nos tildan de guerrilleros”, “ni siquiera de auxiliadores” de la guerrilla.
Carmen está huyendo.
El 1 de septiembre fue sacada de la región por el CICR, junto con sus hijos. Ya en Bogotá, el 2 de marzo fue abordada por una mujer desconocida que le advirtió que la están siguiendo. Antes, hace unos 20 días, y «para que no vayan solos los militares», ella anunció que acompañará in situ una inspección judicial convocada por la Procuraduría.
Carmen no cree que la persecución se deba a que ella sigue siendo comunista. Es “porque he llevado hasta las últimas consecuencias este proceso” de Arnoldo, a quien, como resume ella, “lo retienen, lo torturan, lo asesinan y lo desaparecen”.
Arnoldo Naranjo Ramírez encontró el 10 de marzo su tumba definitiva, luego de una misa oficiada en la sede de los Claretianos en Bogotá. “Seguimos denunciando estos atropellos contra la vida”, dijo el sacerdote.
Acompañaron a Carmen, Karen y Camilo apenas una veintena de personas, incluidas dos corresponsales de prensa extranjera.
El DAS destruyó archivos comprometedores, menos una caja que nadie sabe dónde está.
En coincidencia con la posesión de Barack Obama, el 19, 20 y 21 de enero fueron destruidos en el DAS (servicio de inteligencia civil que depende directamente del presidente) decenas de cajas de archivos, discos duros, discos externos, grabaciones y trascripciones que contenían el seguimiento a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, políticos opositores y periodistas que cubren fuentes “duras”. La revista Semana publica sólo algunos de esos nombres.
El magistrado auxiliar e investigador principal de la parapolítica en la Corte Suprema, Iván Velásquez, ha tenido vigilancia “hombre a hombre”.
También, entre otros magistrados, el ex presidente de la Corte César Julio Valencia, a quien el presidente Álvaro Uribe tiene demandado por calumnia. El abogado defensor de Valencia, Ramiro Bejarano, además columnista de El Espectador y ex director del DAS, también ha sido espiado.
Los ataques públicos del mandatario contra Velásquez y Valencia tienen relación con el proceso contra el primo del presidente, Mario Uribe, quien renunció al Senado para que su caso por parapolítica tuviera que pasar de la Corte a la justicia ordinaria.
Funcionarios del alto gobierno también espiados habían pedido con anterioridad “favores políticos” a distintos funcionarios del DAS, y éstos los “conectaban” a los aparatos de interceptación para “asegurarse”. Semana no menciona al ministro de Defensa Juan Manuel Santos, pero el noticiero de Televisión Noticias Uno, sí.
Estos aparatos de interceptación son donados en su mayoría por Gran Bretaña, aunque también por parte de la patria del Watergate.
La operación para destruir información (con excepción de la dichosa caja) fue adelantada por un puñado de funcionarios.
El 16 de enero, tres días antes de que, según Semana, el gobierno diera la orden de recoger grabaciones y documentos, se anunció el nombramiento del nuevo director del DAS, Felipe Muñoz. Este se posesionó el 22 de enero, un día después de que terminó la destrucción de documentos.
La revista Semana adelantó esta investigación por más de seis meses. Las siguientes son declaraciones de cinco funcionarios del DAS, que Semana no identifica, y que trabajan en la subdirección de operaciones del DAS, adscrita a la dirección de Inteligencia, y en la direcciones de Inteligencia, Contrainteligencia y Operativa de esa entidad. Resumen el contenido de la Seguridad Democrática:
“Durante dos días se recolectaron discos duros extraíbles, se cambiaron discos duros de los computadores, se recolectaron CD, archivos de voces y documentos confidenciales”.
«De todas las cajas que se llevaron a Contrainteligencia, con documentos, grabaciones y demás, sólo quedó una, que fue sacada del piso 11 el miércoles 21 al final de la tarde. No sé qué dejaron en esa, ni para dónde se la llevaron. Sólo sé que lo demás fue destruido».
«Acá se trabaja por blancos y objetivos que puedan ser una amenaza a la seguridad del Estado y del Presidente. Dentro de esos está la guerrilla, las Bacrim [bandas criminales, como llama ahora el gobierno a los paramilitares rearmados o que no se sometieron a la negociación de desmovilización], algunos narcos. Pero dentro de esos blancos también están, y es obvio como parte de una de las funciones del DAS, controlar a algunos personajes e instituciones para mantener informada a la Presidencia. Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar a Petro [el senador Gustavo Petro, del partido de izquierda PDA], que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a [la senadora liberal y opositora] Piedad Córdoba, por sus vínculos con Chávez y la guerrilla”.
«Cualquier persona o entidad que represente un eventual peligro para el gobierno debe ser vigilada por el DAS. Y en ese orden de ideas desde hace más de un año se empezó a considerar y tratar como un ‘blanco’ legítimo las actividades de la Corte [Suprema de Justicia], y algunos de sus miembros».
«Cuando se agudizó el enfrentamiento entre la Corte y Presidencia, hace como un año y medio, la orden era saber todo lo posible de todos los magistrados, con los medios que fueran necesarios, desde fuentes humanas hasta medios técnicos. Cuando el enfrentamiento empezó a disminuir los controles se concentraron sólo en aquellos que fueran más prioritarios como Velásquez».
«Lo de los medios de comunicación tiene varios fines, uno de ellos informar al gobierno qué se mueve en los medios, con lo cual se le da un margen de maniobra al Estado en situaciones críticas. La cosa es simple y básicamente se divide en dos categorías. Se monitorean esporádicamente algunos directores o jefes para establecer lo que los periodistas llaman ‘linea editorial’. Pero la mayor parte del esfuerzo está encaminada a los periodistas que manejan la información y las fuentes ‘duras’. Allí se matan dos pájaros de un solo tiro: se sabe en qué están y, sobre todo, lo más importante, con quién hablan».
«En el tema de medios es obvio que la prioridad es conocer la información de aquellos que le inquietan al gobierno, o bien porque son muy críticos o porque a diferencia de otros medios, no los puede controlar a su antojo».
«Hace años, si de la Casa de Nariño se necesitaba algo del DAS el Presidente era quien llamaba directamente al director o viceversa. Desde hace unos cuatro años las cosas son muy distintas. Casi cualquiera de los altos funcionarios de Palacio puede llamar acá a pedir cualquier tipo de favor sin necesidad, incluso, de pasar por el director. Llaman al jefe de Inteligencia, al de Contrainteligencia o a la Dirección Operativa y piden lo que necesitan, sin importar lo que sea. Como no hay una figura de peso en la dirección muchos de los jefes de direcciones simplemente llaman a X o Y funcionario en Palacio y le pasan la información que consideran de interés, obviamente también con la intención de ganar puntos con esos funcionarios».
«Lo que irónicamente ocurre es que aquellos que llaman a pedir ‘favores’ desde Palacio terminan siendo víctimas de su propio invento. También son ‘chuzados’ y la razón es muy simple: hay que tener un seguro».
Andrea Flórez, una detective que trabajaba en la subdirección de análisis, fue asesinada en octubre de 2007, poco antes de que ella denunciara y entregara pruebas de que cierta información confidencial bajo su manejo terminaba en manos del jefe paramilitar alias “Cuchillo”, que opera en la Orinoquia y cuyas fuerzas copan los pueblos tiempo después de que los ha ocupado el ejército.
«La versión que dieron en Contrainteligencia sobre el homicidio es que había sido un crimen pasional, algo que no tenía lógica pues todo el mundo sabía sobre la vida privada de ella y sabíamos que no tenía problemas de ese tipo. Cuando varios de los compañeros y amigos de ella empezamos a investigar el caso por nuestra cuenta, nos advirtieron que no nos metiéramos en eso. A algunos de los que insistieron en el tema y dar con los asesinos coincidencialmente los llamaron para pruebas de polígrafo que no pasaron y con eso los sacaron del DAS».
Certificados de antecedentes judiciales, que son documentos de carácter reservado a los que tiene acceso sólo un reducido grupo de directivos del DAS, resultaron en manos de la organización en Arauca del narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “El Mellizo”.
En ese mismo departamento, fronterizo con Venezuela, el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) resultó con informes confidenciales detallados sobre una operación militar contra esa guerrilla, que habían sido enviados por el Ejército a la Dirección General Operativa del DAS en Bogotá.
Departamento de Nariño, sur de Colombia (Foto ACNUR /M.H.Verney)
Si el próximo lunes a las seis de la tarde, hora colombiana (23:00 GMT), la Columna Mariscal Antonio José de Sucre de las FARC no ha indicado el sitio donde están los cuerpos de los ocho indígenas que reconoció haber masacrado; o si las autoridades colombianas no han encontrado sus restos, se activará la Minga Humanitaria por la Dignidad, que irá a buscar a “nuestros hermanos sacrificados para que podamos devolverlos a la Madre Tierra tal y como lo dictan nuestros usos y costumbres.”
Según dijo a esta periodista José Paí, Autoridad del resguardo indígena Tortugaña Telembí, la Minga Humanitaria podría reunir a 10 mil indígenas del país y responsabiliza “tanto al gobierno nacional como a las FARC de lo que pueda suceder.”
La Minga exige al gobierno colombiano “las gestiones diplomáticas necesarias para garantizar el acompañamiento de un equipo técnico internacional experto en desactivado de minas, ya sea de Bolivia, Ecuador o Brasil, pues no aceptamos el acompañamiento de las fuerzas militares de Colombia”.
La Minga exige a todos los actores armados, legales e ilegales, que se retiren de inmediato del territorio awá, antes del ingreso de la comisión de autoridades tradicionales y de la Guardia Indígena.
Luego de que el grupo Colombianas y Colombianos por la Paz, que lleva adelante desde septiembre un Diálogo Epistolar con el Secretariado del Estado Mayor Central, le solicitara a éste el 12 de febrero un pronunciamiento público sobre la matanza, un día después la Columna Sucre reconoció ser perpetradora de las “ejecuciones”.
El sitio web oficial de las FARC reprodujo el comunicado de la Columna Sucre ayer 18 de febrero, lo que interpreto como una aceptación de parte de la comandancia de las FARC sobre la autoría de este crimen de guerra.
A continuación, el comunicado de la Minga Humanitaria:
POR LA DIGNIDAD, LA VIDA YLA DEFENSA DEL TERRITORIO
PUEBLOS INDÍGENAS UNIDOS EN MINGA DE RESISTENCIA
COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
EL PUEBLO INDÍGENA AWÁ, CON APOYO DE LA ONIC, OPIAC, CIT, COORDINACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS EN COLOMBIA, AICO, CRIC, FCAE DENUNCIAMOS QUE LOS AWÁ SIGUEN CAYENDO MUERTOS POR MANOS CRIMINALES.
La Unidad Indígena del pueblo Awá – UNIPA-, la ONIC, OPIAC, CIT, AICO, Coordinación de Autoridades Tradicionales Indígenas en Colombia, el CRIC y la FCAE alertan a la comunidad nacional e internacional sobre el recrudecimiento de la grave situación de violación a los derechos humanos, los derechos fundamentales del pueblo indígena Awá de Nariño y las infracciones al DIH.
Dichas violaciones se realizan de manera reiterada por los grupos insurgentes, paramilitares y la fuerza pública a través del minado del territorio, la restricción a la libre movilidad, el asesinato a más de ciento cincuenta indígenas Awá en los últimos 7 años, amenazando y desplazando a nuestros hermanos indígenas de Tortugaña Telembí, Tronquería, Pulgande Palicito, Las Planadas Telembí, El Sande, Maguí y Vegas, bombardeando viviendas, planteles educativos y demás sitios de reunión, realizando detenciones arbitrarias y desarrollando políticas y estrategias para involucrar a la población civil en un conflicto social y armado que no compartimos, no apoyamos, no es nuestro y del cual no participamos ni directa ni indirectamente.
En los últimos días el mundo conoció la masacre de 17 indígenas Awá, responsabilizándose de ella el grupo insurgente de las FARC, quienes de manera cínica reconocieron su responsabilidad en los hechos, justificando este acto de barbarie como una retaliación a la política de seguridad democrática sobre una población indefensa, inerme, aislada y que siempre se ha declarado ajena a la guerra interna que se libra en nuestro país; con el agravante de que las FARC manifiesta abiertamente su desconocimiento a la integridad étnica y cultural de los pueblos indígenas, a la autonomía y jurisdicción de nuestras autoridades tradicionales.
A pesar de las denuncias y encontrándose la población Awá desplazada y concentrada, el día 15 de febrero del año en curso a las 3:15 p.m. fue asesinado el compañero Ernesto Jiménez García en la vereda El Pailón, y en horas de la noche el compañero Claudio Nastacuás a las 10:30 p.m., en el corregimiento Justo Ortíz – El Diviso (municipio de Barbacoas). Los dos compañeros pertenecían a los resguardos de Alto Ulbi Nunalbi y Maguí. A la vez que se detectó la presencia de personas de civil que realizan labores de inteligencia, seguimiento y que no se han identificado de pertenecer a ningún organismo oficial como tampoco son conocidos de la zona.
Hoy, después de quince días de la masacre, vemos con gran preocupación que las autoridades militares y judiciales no han mostrado resultados frente a la búsqueda de los cuerpos de nuestros hermanos asesinados, como tampoco el gobierno ha facilitado los espacios humanitarios para atender a la población confinada y a los huérfanos. Por el contrario, pretenden aprovechar el infortunio para que las autoridades indígenas los apoyen en su persecución a los grupos insurgentes, haciendo prevalecer la lógica de la
guerra ante las acciones humanitarias que dicta el derecho internacional en estos casos.
Frente a la crisis humanitaria del pueblo indígena Awá, los firmantes de este documento exigimos tanto a las FARC como al gobierno nacional y damos un ultimátum para que a más tardar el lunes 23 de febrero de 2009 a las 6:00 p.m. entreguen a nuestras autoridades indígenas los cuerpos de nuestros hermanos sacrificados, para que podamos devolverlos a la madre tierra tal y como lo dictan nuestros usos y costumbres.
De lo contrario iniciaremos la Minga Humanitaria por la dignidad y la búsqueda de los cuerpos, responsabilizando tanto al gobierno nacional como a las FARC de lo que pueda suceder.
Exigimos a los actores armados legales e ilegales que desocupen inmediatamente el territorio del pueblo Awá previo al ingreso de la comisión de autoridades tradicionales y guardia indígena, y al gobierno nacional que realice las gestiones diplomáticas necesarias para garantizar el acompañamiento de un equipo técnico internacional experto en desactivado de minas, ya sea de Bolivia, Ecuador o Brasil, pues no aceptamos el acompañamiento de las fuerzas militares de Colombia por las razones expuestas anteriormente.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y populares, a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, para que nos solidaricemos.
¡¡POR LA DIGNIDAD, LA VIDA YLA DEFENSA DEL TERRITORIO PUEBLOS
INDÍGENAS UNIDOS EN MINGA DE RESISTENCIA!!
Unidad Indígena del pueblo Awá – UNIPA
Federación de Centros Awá del Ecuador – FCAE
Autoridad del Gobierno Indígena Nacional ONIC
Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC
Autoridades Indígenas de Colombia – AICO
Confederación Indígena Tayrona – CIT
Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC
Coordinación de Autoridades Tradicionales Indígenas en Colombia
Breve, como las cosas más urgentes. Colombianos por la Paz se pronunció sobre la matanza de indígenas awá, atribuida a las FARC. Este es el texto:
Bogota DC, Febrero 12 de 2009
Colombianas y Colombianos por la Paz, cuyo lema es el respeto a la vida y a la dignidad humanas, expresa su indignación por la masacre cometida contra la comunidad indígena Awá en el departamento de Nariño. Exige a las autoridades de la república el esclarecimiento total de los hechos, al mismo tiempo que solicita al Secretariado de las Farc un pronunciamiento público respecto de ese luctuoso insuceso.
Piedad Córdoba Ruíz, Alpher Rojas Carvajal, Alberto Cienfuegos, Jorge Enrique Botero, Medófilo Medina, Alan Jara, Olga Amparo Sánchez, Francisco Caraballo, Mark Chernik, Felipe Zuleta, María Elvira Bonilla, Mario Esteban Hernández, Gloria Inés Ramírez, Ricardo García Duarte, Gloria Cuartas, Iván Cepeda Castro, Florence Thomas, Luis Fernando Medina, Andrés Felipe Villamizar, María Teresa Arizabaleta, Fabio Morón Díaz, Rocío Londoño Botero, Víctor Manuel Moncayo, Consuelo González de Perdomo, José Gregorio Hernández, William Ospina, Alfredo Beltrán Sierra, Gabriel Misas Arango, Lilia Solano, Gustavo Gallón Giraldo, Luis Eladio Pérez, Ricardo Sánchez, Oscar Tulio Lizcano, Carlos Miguel Ortiz, Claudia Rugeles de Jara, Jaime Angulo Bossa, Jimmy Viera, Orlando Beltrán Cuellar, Daniel Samper Pizano, Alfredo Molano, Javier Darío Restrepo, Darío Arizmendi Posada, Ramón Jimeno, David Sánchez Juliao, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Hollman Morris, Harold Alvarado Tenorio, Arlen Tickner, Vladimir Florez (Vladdo), Gustavo Páez Escobar, Marlene Singapur, Alberto Rojas Puyo, Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, John Sudarsky, Leopoldo Múnera Ruíz, Efraín Viveros, Daniel Garcia-Peña, Consuelo Ahumada, Ricardo Bonilla, Renán Vega Cantor, Felipe de Brigard, Ricardo Montenegro, León Valencia, Raúl Alameda, Marleny Orjuela, Gladys Jimeno, Fabiola Perdomo, Deyanira Ortiz Cuenca, Martha Arango de Lizcano, Ángela de Pérez, Yolanda Polanco, Daniel Pecaut, Gabriel Izquierdo S.J., Fernán González S.J., Oscar Mejía Quintana, Mauricio Rojas Rodríguez, Gelasio Cardona Serna, Carlos Rodríguez Díaz, Apecides Alviz, Julio Roberto Gómez, Sergio Pulgarín Mejía, Juanita Barreto, Blas Zubiría Mutis, Sergio Bustamante, Padre Henry Ramírez Soler cmf, Arnulfo Bayona, Ramiro Gálvez, Juan Sebastián Lozada, Álvaro Camacho Guizado, Apolinar Díaz-Callejas, Lisandro Duque Naranjo, Jaime Caicedo, Ciro Quiroz, Miguel Ángel Herrera, Carlos Lozano Guillén, Jairo Maya Betancur, Jorge Gantiva Silva, Carlos Villalba Bustillo, Constanza Vieira, Venus Albeiro Silva, Santiago García, Pepe Sánchez, Patricia Ariza, Carlos Álvarez Nuñez, Víctor Gaviria, Jennifer Steffens, Bruno Díaz, Zulia Mena, Gustavo Duncan, Lilia Solano, Julio Silva Colmenares, Arturo Escobar, Rafael Ballén, William García Rodríguez, César Augusto Ayala Diago, Diego Otero Prada, Rubén Darío Florez, Darío Villamizar, Luis Alfonso Ramírez, Fabián Acosta, Alonso Ojeda Awad, Eduardo Gómez, Carlos Villamil Chaux, Fernando Estrada, Moritz Akerman, Pilar Rueda, Marina Gallego, Leonor Esguerra, Luz Helena Sánchez, Clara Elena Cardona, Osana Medina, Deide Olaya, Irma Ortiz, María Eugenia Sánchez, Martha Zapata, Dunia Esther León Fajardo, Olga Lucía Ramírez, Darío Morón Díaz, Santiago Vásquez, Enrique Santos Molano, Libardo Sarmiento Anzola, Reinaldo Ramírez García, Antonio Ramírez Caro, Cristóbal González, Fabio Velásquez, Darío Restrepo, Jairo E. Gómez, Daniel Libreros, Héctor Moreno Galviz, Mauricio Archila Neira, Dora Lucy Arias, Luis Alberto Ávila, Norma Enríquez, Orsinia Polanco, Caterina Hayck, Guillermo Silva, Luis Enrique Escobar, Eduardo López Hooker, Eduardo Carreño, Alexandra Bermúdez, Fernando Arellano, Gabriel Awad, Cristo Rafael García Tapias, Alfonso Santos, Jorge Lara Bonilla, Miguel Eduardo Cárdenas, Andrés Vásquez, Jaime Calderón Herrera, Álvaro Bejarano, Álvaro Delgado, Álvaro Villarraga, Armando Palau, Juan de Dios Alfonso, Carlos Rosero, María Eugenia Liévano, Gonzalo Uribe Aristizábal, Edgar Martínez, Esperanza Márquez, Dídima Rico Chavarro, Danilo Rueda, Eduardo Franco Isaza, Evelio Ramírez, Alejandra Millar, Patricia Ramírez, Gabriel García, Gabriel Ruiz, Germán Arias Ospina, Gustavo Puyo, Gustavo García, Hernán Cortéz, Emperatriz de Guevara, Robertina Sánchez, Enrique Murillo, Milena Murillo Sánchez, María Areiza, María de los Ángeles Moreno, Dian Murillejo, Norma Trujillo, Gloria María Marín, Dolores Carrero, Carlos Julio Forero, César Guarín, Carmen Guarín, Uriel Pérez, Cecilia Ramírez, Virginia Franco, Eufracio Beltrán, Marlen Sarmiento, Luis Evelio Pinchao, Myriam de Roa, Janeth González, Paola Callejas, Amanda Rojas, Henry Rosas, Edna Margarita Sánchez Rivas, Paola Sánchez Rivas, Magdalena Rivas, Silvio Hernández, Olga Lucía Rojas, Griselda Medina, Víctor Rojas, Carolina Rojas Medina, Rosalba Sierra, María Concepción Chágueza, Janeth Moreno Chágueza, Fernando Romero Romero, Oscar Romero Romero, Esperanza Estrada, Fanny Martínez, Cielo Erazo, Blanca Mayta de Erazo, Luz Dalia Mora, Andrés Bazante, Trinidad Orjuela, Tiberio Donato, Carmenza Gómez, Jaqueline Donato Gómez, Oliva Solarte, Patricia Trujillo Solarte, Gladys Duarte, Ruth Amelia Argote, Alfredo Rojas, Susy Abitol Arenas, Daniel Lasso, Marleny Orjuela Manjarrés, Ivonne González, Jaime Pulido Sierra, Jaime Vasco, Juanita Bazán, Luis Eduardo Salcedo, Luis Jairo Ramírez, Mario Santana, René Antonio Florez, Sara Leukos, Víctor José Pardo, María Teresa de Mendieta, Silvia Patricia Nieto.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
Ese es el mensaje desde el territorio indígena del suroccidental departamento del Cauca. “Lo que se comenta en la región, y lo que dicen muchos comuneros de esta región, es que el asesinato lo cometieron las FARC, concretamente”, declaró al noticiero de televisión CMI el destacado líder indígena caucano Darío Tote.
Jambaló, coordinador jurídico del Cabildo Indígena de Jambaló y a su muerte integraba el Comité de Investigación del Cabildo, parte de la 
“El ejército y la guerrilla, ambos nos matan, unos se esconden, otros se camuflan. Debemos fortalecer la guardia indígena en nuestro resguardo porque ellos son los que deben hacer el control territorial”, dijo una comunera de Jambaló, según la cita el Tejido de Comunicación de la ACIN, “el crimen de este compañero no se puede quedar en la impunidad. Nosotros debemos alzarnos en una acción conjunta con los cabildos del norte del Cauca, para defender nuestro territorio. Luchar, no con armas como lo hacen ellos, porque aunque nos maten a todos amarrados no nos vamos a desplazar”.
Ayer viernes, los héroes de la Seguridad Democrática no aparecieron durante todo el día por la Casa de la Cultura de Algeciras, y el seminario sobre derechos humanos de dos jornadas que dictó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) pudo desarrollarse normalmente en ese municipio del departamento del Huila. 
Desplazadas Awá en Inda Sabaleta
Breve, como las cosas más urgentes. Colombianos por la Paz se pronunció sobre la 