El presidente Álvaro Uribe lanzó oficialmente el sábado el “bloque intelectual de las FARC”, que no figuraba en las cuentas de ningún experto en la guerra colombiana.
Para el mandatario, aunque no lo nombró, eso sería el movimiento Colombianos por la Paz, que la semana pasada consiguió que un soldado pueda seguir combatiendo a la guerrilla, y que tres agentes de Policía retornen a su lucha contra el secuestro.
“Grupo de intelectuales por la paz”, ha venido llamando la prensa a esta confluencia de 150 intelectuales, académicos, artistas, periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos, líderes sociales, políticos, deportistas y ex rehenes de las FARC, que en septiembre propusieron un Diálogo Público Epistolar con esa guerrilla.
Colombianos por la Paz es respaldado hoy por 180 mil firmantes. Ahora, el diálogo por carta se inicia también con el ELN (Ejército de Liberación Nacional).
Según Uribe, “el ‘bloque intelectual’ de las FARC defiende a las FARC simplemente hablando de paz”.
Los integrantes de ese “bloque” se dedican a advertir en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC), “a toda hora viven hablando de derechos humanos simplemente para atemorizar a nuestros soldados y policías”, paralizan la Seguridad Democrática “con el cuentico de su paz y con la acusación a las Fuerzas Armadas, permanente”, y lideran la “exaltación del terrorismo”, según el mandatario.
“No vamos a permitir ahora que el ‘bloque intelectual’ de las FARC nos desoriente con un discurso de paz que finalmente fortalezca al terrorismo”, dijo Uribe, y advirtió: “Nos toca dar esta batalla en todo el país”.
Lo que sigue es el aparte del discurso de Uribe el sábado en Villavicencio, capital del central departamento del Meta, ciudad donde también habló Alan Jara el martes, tras su liberación. Los ex rehenes Jara y Sigifredo López (liberado el jueves) pidieron ingreso a Colombianos por la Paz en sus primeras intervenciones públicas.
La trascripción es de Presidencia de la República.
«Mire compatriotas, ustedes sí que lo han vivido en el Llano. La seguridad no nace de apoyar a las Farc en nombre de la paz, la seguridad nace de combatir a los terroristas.
«El ‘brazo intelectual ‘de las Farc durante muchos años justificó a las Farc, entonces crecía las Farc. A ustedes aquí en el Meta no los protegían, los secuestraba las Farc, los mataban, como en todas las regiones de Colombia.
«Entonces, el ‘brazo intelectual’ de las Farc la justificaba, y no había política de seguridad, sino que el país entretenido esperando un diálogo con las FARC.
«Y mientras el país lo entretenían esperando ese dialogo, y el brazo intelectual justificaba a las Farc, las Farc crecían y mataban a mas colombianos y secuestraban a mas colombianos.
«Y vinieron los paramilitares, y ustedes saben lo que vivimos. Ustedes saben lo que es tener un departamento atrapado entre guerrilla y paramilitares, y todavía tenemos bandas de narcotráfico que con ‘Cuchillo’, con el ‘loco Barrera’ y tenemos al señor (Jorge) Briceño de las Farc, y al otro, ‘Jhon 40’, y compañía-
«No estamos en el paraíso, esa culebra todavía sigue viva.
«Yo qué le digo a los compatriotas: insistamos en la Seguridad Democrática, es el único camino que conduce a la paz, por eso se han desmovilizado 13 mil de la guerrilla.
«No nos dejemos ahora distraer. La guerrilla, mientras secuestra y asesina y pone carro bombas, se quiere vestir con el manto de la paz.
«No vamos a permitir ahora que nos engañen. La guerrilla tratando de desorientar, produce sangre, pero habla de paz. No vamos a permitir eso, compatriotas.
«No vamos a permitir ahora que el ‘bloque intelectual’ de las Farc nos desoriente con un discurso de paz, que finalmente fortalezca al terrorismo. Y nos toca dar esta batalla en todo el país.
«El ‘bloque intelectual’ de las Farc es muy hábil. En el pasado en Europa decían: ‘es que las Farc se justifican, porque Colombia es un país muy injusto, en Colombia no hay democracia’, sabiendo que ellos le enseñaron a este país y le enseñaron a los paramilitares, a asesinar alcaldes, a presionar gobernadores, a eliminar la democracia, y sabiendo que ellos causaron más y más pobreza, por que ellos y los paramilitares fueron los grandes artífices de los desplazamientos en Colombia, de la generación de desempleo, de la ausencia de inversión.
«Y se escudan en otra cosa: a toda hora viven hablando de derechos humanos, simplemente para atemorizar a nuestros soldados y policías.
«Toda violación de los derechos humanos la sancionamos, pero lo que no podemos permitir es que ahora ellos, con el cuentico de su paz y con la acusación a las Fuerzas Armadas, permanente, nos paralicen la política de Seguridad Democrática, como lo hace el ‘bloque intelectual’ de las Farc.
«Ahora, a mí me dicen: Presidente, que no tenga lenguaje pendenciero, que mucho cuidado. Entonces yo pregunto: ¿no damos esta batalla?, ¿dejamos entonces que el país vuelva a la desorientación que conduce a la exaltación del terrorismo, liderada por el ‘bloque intelectual’ de las Farc? No caigamos en esa trampa.
«Ahora, la política de seguridad tiene que ser imparcial. Compatriotas, llevamos seis años y medio del Gobierno, seguramente hemos cometido muchos errores como obra humana que somos, pero hemos combatido a todos los terroristas por igual.
«Aquí está la primera Ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, sabe que desde la hora cero nuestra decisión fue combatir por igual a la guerrilla y a los paramilitares, y ustedes han visto los resultados. Un país que estaba en manos de guerrilla y paramilitares, los hemos combatido por igual.
«Y entonces, el ‘bloque intelectual’ de las Farc lo que hace es decir en Europa, en Estados Unidos: ‘cuidado, Uribe es paramilitar, no le aprueben a Colombia el TLC que Uribe es paramilitar y violador de derechos humanos’.
«El ‘bloque intelectual’ de las Farc se estrella contra los hechos, porque este es el Gobierno que le ha devuelto a Colombia confianza para denunciar. La gente no denunciaba aquí por miedo.
«Este es el Gobierno que le da la cara a la opinión pública para enfrentar cualquier violación de derechos humanos, y que no le tiembla la mano para sancionarla.
«Y entonces el ‘bloque intelectual’ de las Farc dice en todas partes: ‘Uribe paramilitar’, cuando el Gobierno que presido lleva seis años y medio, con toda la devoción patriótica, combatiendo por igual a los paramilitares y a la guerrilla.
«Es el Gobierno que ha desmontado el paramilitarismo. Es que hoy el señor ‘Cuchillo’ no es paramilitar, simplemente narcotraficante.
«¿La palabra paramilitar de donde surgió? Se utilizó para denominar bandas privadas criminales, cuyo objetivo era combatir la guerrilla. Hoy, el Estado ha recuperado el monopolio para combatir a los delincuentes.
«Por eso afirmamos, mirando al mundo a los ojos, porque tenemos fuerza en nuestra conciencia, que Colombia ha superado el paramilitarismo.
«Ahora, el ‘bloque intelectual’ de las Farc no se atreve a defender a las Farc de frente; el ‘bloque intelectual’ de las Farc es muy hábil, muy astuto, no se atreve a combatir a fondo la política de Seguridad Democrática; el ‘bloque intelectual’ de las Farc defiende a las Farc, simplemente hablando de paz.
«El ‘bloque intelectual’ de las Farc ha sido parcializado. Hay que ver qué rabia contra el paramilitarismo. Todo aquel que piense distinto a como piensa el ‘bloque intelectual’ de las Farc, lo calumnian de paramilitar.
«Eso sí, al ‘bloque intelectual’ de las Farc no se le oye una queja cuando estalla un carrobomba en Arauca, o un carrobomba en Cali, o un carrobomba en Bogotá.
«No permitamos que vuelvan a engañar al país.
«Firmes en la política de Seguridad Democrática. Donde haya errores los corregimos, y donde haya faltantes allá llegamos. Estaremos firmes”.
«Para justificarse, el terrorismo de estado fabrica terroristas: siembra odio y cosecha coartadas. Todo indica que esta carnicería de Gaza, que según sus autores quiere acabar con los terroristas, logrará multiplicarlos», advierte el escritor uruguayo Eduardo Galeano en Brecha.
Cuando los palestinos votan por quien no debe votar, son castigados, recuerda Galeano. «Gaza está siendo castigada. Se convirtió en una ratonera sin salida, desde que Hamas ganó limpiamente las elecciones en el año 2006. Algo parecido había ocurrido en 1932, cuando el Partido Comunista triunfó en las elecciones de El Salvador. Bañados en sangre, los salvadoreños expiaron su mala conducta y desde entonces vivieron sometidos a dictaduras militares. La democracia es un lujo que no todos merecen», dice Galeano en su texto, dedicado «a mis amigos judíos asesinados por las dictaduras latinoamericanas que Israel asesoró» Artículo completo
“Algunos palestinos han muerto, algunos otros viven, pero la mayoría aún no ha nacido”.
Esta frase, que recuerda que las guerras contra los pueblos están destinadas al fracaso, preside el blog http://palestineblogs.net/.
De manera muy diciente, la dirección de palestineblogs se encuentra en un destacado link (una cintilla roja en la esquina superior derecha) de otro blog, de judíos en Tucumán, norte de Argentina, el cual –también de manera muy diciente – tiene esta dirección: http://ennuestronombreno.blogspot.com/
El blog “En nuestro nombre no”, se deslinda de los llamamientos de la Organización Sionista Argentina (OSA) y de otras entidades similares del país austral para cerrar filas en torno al gobierno israelí.
“En nuestro nombre no”, en un dolido comunicado, rechaza la convocatoria de OSA a la “incondicionalidad de la comunidad judía argentina con el Estado de Israel”.
Mujeres judío-canadienses ocupan consulado de Israel en Toronto
En Canadá, ocho mujeres judías fueron arrestadas el martes luego de protagonizar una sentada en el consulado de Israel en Toronto. Las mujeres fueron esposadas, arrestadas y retenidas en una camioneta policial antes de ser liberadas. En el grupo se encontraba la periodista y activista canadiense Judy Rebick. Una vocera dijo: “Israel se atribuye la representación de los judíos del mundo entero, pero estas atrocidades no se están perpetrando en nuestro nombre”.
Tomado de Democracy Now!
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia dice que va a demandar al caricaturista estadounidense Mike Peters, autor de la tira cómica Mother Goose & Grimm.
En la tira cómica publicada el 2 de enero, un personaje pregunta si en cada pote de café colombiano va, literalmente, un pedacito de Juan Valdéz. Mamá Gansa (Mother Goose) prefiere tomarse, entonces, una taza de té.
La caricatura «tiene consecuencias comerciales», argumentó el gerente de la Federación, Gabriel Silva.
600 diarios estadounidenses reproducen Mother Goose & Grim. Así que la Federación va a demandar también “la operación comercial responsable de la distribución y publicación de esa pieza».
Cabe destacar que en Colombia fue el diario El Tiempo el que difundió la tira cómica, como un asunto informativo. Contra ese medio bogotano, la Federación no menciona que adelantará demandas por haber publicado la caricatura. Así que me permito publicarla yo también, para información de mi lector o lectora.
I. Mamá Gansa: Mmm, fresco café colombiano en la mañana. Ralph: ¿Sabes? Hay un enorme crimen organizado en Colombia.
II.
Ralph: Así que cuando ellos dicen que en cada lata (de café) hay un pedacito de Juan Valdés, quizá no están bromeando. III.
Grimm: ¿Por qué estás tomando té? Mamá Gansa: No preguntes.
La megademanda, por la cual la Federación aspira a recibir una reparación económica de 20 millones de dólares, sería “por daños y perjuicios, por detrimento a la propiedad intelectual y por difamación».
La Federación expidió un comunicado en el que indica que la historieta “atenta contra la dignidad nacional y la reputación del Café de Colombia”.
“El hecho de que el señor Peters sea un reconocido caricaturista cuyos dibujos son publicados en más de seiscientos periódicos de los Estados Unidos le da una trascendencia especial al contenido afrentoso e insultante de su caricatura por cuanto es muy probable que haya sido registrada por millones de consumidores del Café de Colombia”, agrega el comunicado.
El caricaturista colombiano Vladdo definió para Heavy Metal Colombia la caricatura política como “una opinión gráfica sobre hechos de actualidad”.
Así que la demanda contra “esa pieza de humor negro” –es decir un chiste amargo, como bien lo reconoce la Federación- queda circunscrita al debate sobre la libertad de opinión y expresión, libertad que sería puesta a prueba en el juicio que, según la entidad cafetera, sobrevendrá en las cortes estadounidenses.
Si la Federación efectivamente demanda, sólo logrará que se debata mundialmente el asunto de los paramilitares y sus prácticas genocidas en Colombia. A mí, eso me parece bien. La mejor imagen que Colombia puede proyectar al mundo es la resistencia de las víctimas, su lucha por la dignidad, contra criminales de guerra peligrosísimos. En eso, Mike Peters resultó ser un aliado.
Además, creo que es cuestionable lo que viene después, en el comunicado lleno de lugares comunes de la Federación, cuyo texto completo puede leerse aquí.
La cancillería colombiana y la Federación de Cafeteros van a coordinar “las acciones diplomáticas con las institucionales”. Ahí sí que corre peligro el pobre Juan Valdéz de que lo dejen hecho picadillo.
La Federación dice que los picadores de cuerpos son apenas “un puñado de delincuentes”. Pero según el gobierno, los paramilitares de ultraderecha que se desmovilizaron, y autores de esta práctica, fueron más de 32 mil.
Contra éstos “ha luchado la sociedad colombiana a un altísimo costo social, económico y humano”, agrega la Federación.
Pero el libro “A las puertas de El Ubérrimo” (El Ubérrimo es la hacienda predilecta del presidente Álvaro Uribe en el noroccidental departamento de Córdoba), escrito por Iván Cepeda y Jorge Rojas y publicado por Random House Mondadori en diciembre, demuestra el apoyo y tolerancia de la prensa y de la sociedad cordobesas –incluidos los dueños de las grandes haciendas en Córdoba- para con estos criminales.
Dice la Federación: “Se trata de una burla cruel a un país que tanto ha sufrido a manos del narcotráfico y la violencia, alimentada por el apetito por las drogas en Estados Unidos y los países desarrollados”.
Pero lo que muestran las noticias es que el paramilitarismo y el narcotráfico son dos caras de una misma moneda. Y que además, parecen conocer bien los pasillos, sótanos y entradas no convencionales a la “Casa de Nari”, como cariñosamente le dicen los narcos a la sede presidencial de Colombia, la Casa de Nariño.
Si alguien lo duda todavía, le recomiendo leer el artículo de la juiciosa investigadora colombiana Claudia López en la edición 14 de la revista Arcanos, de la Corporación Nuevo Arco Iris, titulado “Balance político de la parapolítica” (link a versión en PDF).
Esta foto es de AFP, y ha sido reproducida por mis amigos españoles de Periodistas en Guerra.
El palestino Magdi al-Samuli llora a sus tres hijos muertos durante un bombardeo de la aviación israelí en Gaza.
Este es el tipo de imágenes que los periodistas y medios que están con las guerras no suelen publicar. Si la gente no ve estas cosas, menos rechazo público habrá. Así de sencillo es.
Invito a mi lector o lectora a estudiar la selección de links de Periodistas en Guerra, gracias a la cual se adivinan criterios de manipulación de la opinión a la hora de publicar y editar fotografías.
Mientras la muerte de un palestino valga 200, o 300, o 400 veces menos que la muerte de un israelí, Israel no puede hacer parte del mundo civilizado. ¿O quizá la civilización consiste en lo que está haciendo Israel?
Pero lo que ocurre en Gaza «contiene numerosos elementos de los crímenes de genocidio y ‘apartheid'», advierte la Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
La AAJ recuerda en un comunicado la tipificación de estos dos crímenes, según el derecho internacional. Reproduzco a continuación del comunicado de los juristas de la AAJ. Son simples citas de dos Convenciones Internacionales, que mi lector o lectora puede comparar con lo que Israel está haciendo en Gaza, y contra el pueblo palestino en general:
Tal como lo define la “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio” (1948), “se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial” (art. 2).
De acuerdo al artículo II de la “Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid” (1973), la expresión “crimen de apartheid” incluye “las políticas y prácticas análogas de segregación y discriminación racial tal como se practican en el África meridional, denotará los siguientes actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y oprimirlo sistemáticamente:
a) la denegación a uno o más miembros de uno o más grupos raciales del derecho a la vida y a la libertad de la persona: i) mediante el asesinato de miembro de uno o más grupos raciales; ii) mediante atentados graves contra la integridad física o mental, la libertad o la dignidad de los miembros de uno o más grupos raciales, o su sometimiento a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; iii) mediante la detención arbitraria y la prisión ilegal de los miembros de uno o más grupos raciales; b) la imposición deliberada, a uno o más grupos raciales, de condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;…… denegando a los miembros de uno o más grupos raciales los derechos humanos y libertades fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo, el derecho a formar asociaciones sindicales reconocidas, el derecho a la educación, el derecho a salir de su país y a regresar al mismo, el derecho a una nacionalidad, el derecho a la libertad de circulación y de residencia, el derecho a la libertad de opinión y de expresión y el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. d) Cualesquiera medidas, incluidas las de carácter legislativo, destinadas a dividir la población según criterios raciales, creando reservas y guetos separados para los miembros de uno o más grupos raciales, prohibiendo los matrimonios mixtos entre miembros de distintos grupos raciales y expropiando los bienes raíces pertenecientes a uno o más grupos raciales o a miembros de los mismos;….»
Me cuentan que en el estadio de fútbol Barcelona, durante el partido Colombia-Cataluña el pasado 28 de diciembre, la policía autonómica catalana (Mossos d´escuadra) persiguió una pancarta que decía: “Uribe: 955 ejecuciones extrajudiciales, 250 sindicalistas asesinados, 11.000 desaparecidos. No más terrorismo de Estado”.
Argumento para hacer retirar la dichosa pancarta: “por ofensiva”.
Debo informar a la policía catalana que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, de Colombia, presentó su balance anual, y que este fue revelado al final de diciembre por Caracol Radio.
La mencionada Unidad reporta que está investigando más de mil cien (1.100) asesinatos cometidos sin fórmula de juicio por fuerzas estatales.
Sobre más de 600 de esos casos se abrió investigación apenas en octubre de 2007, debido a la presión internacional encabezada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que dedicó al tema buena parte de su informe de derechos humanos sobre ese año en Colombia.
Junto con el narcotráfico, Estados Unidos financia la guerra colombiana en compañía del Reino Unido y con estrecha colaboración de Israel.
En estas ejecuciones extrajudiciales (tal es su denominación técnica en el derecho internacional), están implicados unos mil (1.000) integrantes de la fuerza pública colombiana, según la Fiscalía: 955 de ellos pertenecen al ejército, 21 ala Policía, 20 ala Armada Nacional y cuatro al servicio secreto presidencial, DAS por sus siglas.
Los cargos por los cuales se investiga son homicidio agravado y homicidio en persona protegida por el derecho internacional humanitario.
El fusilamiento de civiles es contabilizado dentro de los éxitos militares en la guerra contrainsurgente colombiana. Y esto ocurre con especial intensidad bajo el gobierno de Álvaro Uribe, que recibe respaldo “incondicional” de los dos últimos gobiernos españoles.
Así que me permito recomendar a Mossos d´escuadra que, la próxima vez que alguien les sugiera pedir identificación y buscar antecedentes penales de quienes portan pancartas contra cosas como las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, más bien busquen los antecedentes penales de quien les hace la sugerencia.
En gesto al Diálogo Público Epistolar, las FARC anunciaron seis liberaciones unilaterales.
“Como muestra fehaciente de la voluntad que nos asiste y como gesto que apunta a generar condiciones favorables al canje humanitario, anunciamos la próxima liberación unilateral de seis prisioneros, en dos etapas. Estos serán entregados a ustedes, como ‘colombianos por la paz de Colombia’, en cabeza de la senadora Piedad Córdoba. Primero serán liberados tres agentes de policía y un soldado, y a continuación, el señor Alan Jara y el diputado Sigifredo López. Las condiciones de modo, tiempo y lugar serán precisadas en su debido momento.”
Así respondió el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC a nuestra misiva del 27 de noviembre, en el marco del Diálogo Público Epistolar con esa guerrilla insurgente.
Las nuevas liberaciones unilaterales serían “inminentes”, según me advierte una persona de la coordinación del Diálogo, que comenzó en septiembre a iniciativa de la senadora liberal Piedad Córdoba.
Alan Jara, ex gobernador del central departamento del Meta, es rehén de las FARC desde el 15 de julio de 2001. Fue capturado cuando se movilizaba en un vehículo de Naciones Unidas, acompañando una misión de la ONU en el Meta.
Sigifredo López es el único sobreviviente del grupo de 12 diputados (legisladores regionales) del occidental Valle del Cauca, capturados el 11 de abril de 2002 por las FARC en plena sede de la Asamblea Departamental (sede del legislativo regional).
De los cuatro prisioneros de guerra que serán liberados unilateralmente, el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC sólo detalla que se trata de tres agentes de policía y un soldado, es decir uniformados rasos.
No sería liberado, pues, ninguno de los oficiales y suboficiales de la policía y el ejército sometidos a canje desde hace años, como los cabos del ejército Libio Martínez y Pablo Emilio Moncayo, este último el hijo del profesor Gustavo Moncayo, el “caminante por la paz”.
Precisamente en este Solsticio de 2008 ambos cumplen 11 años en la cárcel selvática.
Al mismo tiempo, la guerrilla relanza su propuesta de un marco legal que posibilite el canje de prisioneros de guerra (combatientes por combatientes) mientras persista la guerra en Colombia.
En un acercamiento hacia el Derecho Internacional Humanitario (DIH) anuncia simultánemante la libertad de los dos civiles que mantenía, del grupo de “canjeables” que encabezaba la política Ingrid Betancourt, rescatada por la fuerza pública el pasado julio.
El DIH prohíbe en los conflictos armados la toma de rehenes, es decir de civiles, al tiempo que reconoce el canje de combatientes.
Por lo demás, las FARC confirman que están relacionando el canje de prisioneros con el reconocimiento de beligerancia, lo que quedó en evidencia en la gestión humanitaria del presidente venezolano Hugo Chávez.
En enero, Chávez planteó dejar de llamar terroristas a las FARC y al ELN (Ejército de Liberación Nacional) y reconocerles estatus de beligerancia.
A cambio, exigió el compromiso de ambas guerrillas de poner punto final al secuestro extorsivo para financiarse y, de parte de las FARC, de clausurar la toma de rehenes civiles para obtener la libertad de guerrilleros.
Por entonces, Chávez dejó en suspenso el último paso legal (notificar a las embajadas en Caracas) para el reconocimiento venezolano de estatus de beligerancia a las FARC y el ELN pero, ante la fiera campaña en contra por parte del gobierno del colombiano Uribe, no volvió a insistir en el tema.
La fórmula de Chávez se parecía a la del ex presidente colombiano Alfonso López Michelsen, que propuso en 1999 una “beligerancia restringida para legitimar el canje”.
En todo caso, en declaraciones a la emisora colombiana La FM el 17 de diciembre, Chávez reiteró desde Brasil, donde asistió a la Cumbre de Jefes de Estado de Latinoamérica y el Caribe, que está “a la orden” para ayudar en el tema de las liberaciones y el canje.
“Había un plan el año pasado, el plan se acabó. Pero si surgiera otro plan, aún cuando me sigan dando latigazos, no me importa porque yo amo a Colombia”, señaló Chávez.
El presidente venezolano y el colombiano hablaron telefónicamente la semana pasada, según se informó, de asuntos económicos. “Los enemigos comunes son la pobreza, la exclusión, el atraso”, comentó Chávez sobre esa comunicación. Hay que conseguir la paz de Colombia, y esa “será la fortaleza para la unión suramericana”, dijo.
Las FARC responden así a pregunta tan concreta: “No está dentro de nuestro ideario ni en nuestros principios la eternización de estos métodos”.
Recuerdan que desde marzo de 2000 decidieron limitar el secuestro extorsivo (“impuesto para la paz”) a los más ricos. Desde mayo del mismo año establecieron públicamente que también se llevan a cárceles selváticas a políticos corruptos y azuzadores de la guerra.
La carta de la guerrilla plantea, además, una serie de temas que a mí también me inquietan. El primero, en mis prioridades, la desaparición forzada. Esta incluye secuestro y muchas veces tortura hasta la muerte, aunque la desaparición forzada a tiros de fusil, para simular éxitos militares, se volvió epidemia bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Así que el secuestro va a durar menos que una eternidad, nos contestan las FARC.
Hagamos, pues, un “zoom” sobre la desaparición forzada.
Suscribo la descripción que las FARC hacen de “la desaparición forzada de personas, la más aberrante forma de secuestro existente ejecutada por el Estado, y que a la pérdida de la libertad agrega la pérdida de la vida luego de espantosas torturas y en medio de la mayor impunidad.”
La verdad es que anteriores definiciones del derecho internacional tipificaban la desaparición forzada como una violación a los derechos humanos cometida por agentes del Estado o por quienes ejercieran como tales.
Pero resulta que para el Estatuto de Roma, que rige a la Corte Penal Internacional, el secuestro en ciertas condiciones es una forma de desaparición forzada y ésta puede ser cometida “por un Estado o una organización política”.
Para la CPI, no reconocer el secuestro; no dar información sobre las personas víctimas de secuestro; y, secuestrar en esas condiciones por un periodo prolongado, es delito equivalente a la desaparición forzada de opositores.
Ambos están definidos en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, bajo el título “Crímenes de lesa humanidad” (sobre los cuales el Fiscal de la CPI puede actuar hoy en Colombia).
Dice así la definición de la CPI: “Por ‘desaparición forzada de personas’ se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.”(Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Artículo 7.
Otro tema que abordan las FARC en su respuesta, y que a mí también me inquieta, es la cantidad de no combatientes que están presos acusados de “rebelión”, frecuentemente por el sólo hecho de habitar zonas guerrilleras.
De las dimensiones de ese fenómeno habló una presa de las FARC en una entrevista para IPS el 10 de enero, a la misma hora de la liberación de las políticas rehenes Clara Rojas y Consuelo González.
A continuación, la carta de las FARC, que contiene dos anexos: el Manifiesto de las FARC-EP y la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.
Ambos documentos son aportados por la guerrilla en la reflexión abierta por el Diálogo Público Epistolar, sobre cómo se puede llegar a soluciones de fondo en los problemas sociales de Colombia.
Señores
COLOMBIANOS POR LA PAZ
Bogotá
“Aun cuando sean alarmantes las consecuencias de la resistencia al poder, no es menos cierto que existe en la naturaleza del hombre social un derecho inalienable que legitima la insurrección.”
Simón Bolívar
Compatriotas:
Con esta reflexión del padre de nuestras repúblicas, el Libertador Simón Bolívar, -que ayuda a comprender preocupaciones colectivas- damos continuidad al intercambio epistolar respondiendo a los temas planteados en su misiva del 27 de noviembre.
Compartimos con ustedes que la discusión sobre la guerra y la paz en Colombia no puede ignorar fenómenos que estremecen hoy la conciencia nacional. Los denominados eufemísticamente “falsos positivos” –que debieran llamarse asesinatos de civiles no combatientes ejecutados por el Estado- son, como ustedes acertadamente lo perciben, manifestación dolorosa de la guerra sucia que vive Colombia. Constituyen un espeluznante grito de victoria de la “seguridad democrática” del presidente Uribe, que siempre midió el éxito de esa política –en su componente militar- en litros de sangre.
No puede considerarse como hecho aislado lo que obedece a una directiva puntual del Ministerio de Defensa y de la Presidencia, repetida sistemáticamente a nivel nacional en todas las guarniciones.
Es imposible desvirtuar que los miles de civiles asesinados para ser presentados noticiosamente como guerrilleros muertos en combate, lo fueron por el estímulo de los ascensos y recompensas ofrecidas desde el gobierno a los militares. Así como es un hecho destacable el que, después del conocimiento público sobre semejante genocidio, el Ministerio de Defensa no volvió a publicar sus abultadas cifras de «muertos en combate» con las que sustentaban su fantasiosa «derrota de la insurgencia» y el «fin del conflicto». La conciencia de la nación debe impedir que este tipo de crímenes de lesa humanidad que implican al Estado, terminen en la impunidad. La destitución de algunos altos mandos militares por tales hechos debe ser complementada con una responsabilidad penal, lo que muy seguramente llevará a que las cortes y los tribunales de los pueblos sienten a la «seguridad democrática» -desarrollo de la fascista doctrina de la seguridad nacional- en el banquillo de los acusados.
Tal como lo aprecian ustedes, la escalada del conflicto -que tiene relación directa con la injerencia creciente del gobierno de los Estados Unidos en el conflicto interno de Colombia- ha estado acompañada de una mayor degradación. Algo debemos hacer para desembarazarnos de esa maldición que pareciera perseguirnos desde la destrucción de la Colombia de Bolívar y de su gran obra legislativa concebida de cara al bien común.
Desde las medianías del siglo pasado la degradación acicateada por el Estado no cesa de crecer en espiral. Los mismos métodos brutales que segaron la vida de 300 mil colombianos en la década del 50, ahora más refinados, siguen victimizando a la población, descuartizando con motosierras, enterrando en fosas comunes, desplazando a millones de campesinos para apoderarse de sus tierras, “empapelando” jurídicamente a ciudadanos, hasta alcanzar el nivel de barbarie de los “partes positivos”.
Recordamos la respuesta del comandante de las FARC Manuel Marulanda a una pregunta sobre humanización de la guerra: “la mejor manera de humanizar la guerra es acabarla”. Hoy seguimos teniendo la misma percepción, y para ello es indispensable el cambio de las injustas estructuras.
Celebramos que su alusión a los prisioneros de guerra esté desprovista de ese “humanitarismo tuerto” diseminado por los medios, que ve a los prisioneros de un sólo lado, ignorando que se trata de dos partes contendientes. Este enfoque ayuda a la búsqueda de una solución realista del problema, para lo cual reiteramos nuestra determinación y voluntad de alcanzarla.
En este esfuerzo colectivo es importante avanzar en la identificación y precisión de los temas objeto de nuestras reflexiones para ganar certezas en la búsqueda de soluciones. Por ejemplo: en un conflicto armado y social como el que vive Colombia desde hace más de 40 años, integrantes de la fuerza pública debidamente armados, entrenados y uniformados combaten diariamente, de distinta manera y en diferentes escenarios, con la guerrilla revolucionaria, presentándose bajas de parte y parte, como ocurre en toda contienda bélica. Finalmente una de ellas obtiene la victoria y toma prisioneros de la parte contendiente. Eso ha ocurrido, ocurre e inevitablemente seguirá ocurriendo, aquí y en todo el mundo mientras persistan los conflictos. Ese tipo de capturados son prisioneros de guerra. Esa es su categoría dentro de la confrontación. Salvo que se pretenda, como en el caso del gobierno de Álvaro Uribe, negar la existencia del conflicto.
La propuesta de Manuel Marulanda Vélez al congreso de aprobar una ley permanente que deje abierta la posibilidad del canje, cobra plena vigencia en estas circunstancias. Evitaría un cautiverio prolongado y doloroso. En este mismo sentido y con implicaciones de muy diversos órdenes, hemos planteado en diversas oportunidades la conveniencia de un reconocimiento de las FARC-EP como fuerza beligerante. Se presenta también la retención de personas con algún tipo de representación política, que han tomado partido involucrándose abiertamente a favor de la guerra y en crímenes contra sectores populares, vinculados con el militarismo y el paramilitarismo como lo demuestra todo el proceso de la para política, o, que con sus acciones, golpean al pueblo, al tesoro o los bienes públicos. Estos, ante la ominosa impunidad del régimen y en la lógica de los de abajo, deben responder por su conducta. Y se da también el fenómeno de la retención de personas con objetivos económicos que tiene múltiples autores: policías, militares, DAS, paramilitares, delincuencia común y miembros de la insurgencia. En la responsabilidad que nos cabe y, entendiendo las dificultades que ello nos acarrea, nos hemos hecho esta reflexión: ¿cómo se financia una confrontación como la colombiana? ¿Cómo lo hace, por ejemplo, el Estado? Decreta cargas impositivas generales, impuestos de guerra, aportes de las empresas trasnacionales, entre las que se destacan: BP, Chevron- Texaco OXI, Drummond, Chiquita Brands, Repsol, Monsanto, Coca Cola, etc.; pero fundamentalmente financia la guerra con ayuda económica, militar y tecnológica del gobierno de los Estados Unidos. Colombia es el primer receptor de esta «ayuda» en el hemisferio, la cual se paga con soberanía. El prominente sociólogo estadounidense James Petras estima que Washington ha invertido en el Plan Colombia más de 10 mil millones de dólares en los últimos seis años. Es una desproporción de recursos económicos y de medios para una guerra injusta contra un pueblo.
En el espíritu de minimizar el impacto sobre los no combatientes, las FARC expidió la Ley 002 sobre tributación, que cobra un impuesto para la paz a aquellas personas naturales o jurídicas cuyo patrimonio sea superior al millón de dólares y que solo en última instancia contempla el recurso de la retención.
La guerra, a medida que se generaliza, produce efectos dolorosos y no deseados. Con franqueza les comentamos que no está dentro de nuestro ideario ni en nuestros principios la eternización de estos métodos. De hecho, lo hemos manifestado estando inmersos en diálogos que buscaron la paz con anteriores gobiernos, como bien lo resaltan en su nota.
Los temas de esta misiva son más que oportunos para sugerirles lo importante que sería abrir un amplio debate sobre la situación de miles de presos políticos encarcelados luego de redadas masivas utilizadas como táctica para atemorizar y disuadir el apoyo popular a las fuerzas insurgentes. Son millares los ciudadanos acusados de rebelión y terrorismo a través de montajes de la inteligencia militar y del pago de jugosas recompensas. Esta reflexión colectiva debería incluir también la desaparición forzada de personas, la más aberrante forma de secuestro existente ejecutada por el Estado, y que a la pérdida de la libertad agrega la pérdida de la vida luego de espantosas torturas y en medio de la mayor impunidad.
Finalmente, nos piden ustedes, de cara a un eventual intercambio humanitario, avanzar en algunas reflexiones acerca de cómo «diseñar escenarios en donde sea posible debatir con la sociedad alternativas políticas para encontrar una senda transicional hacia una sociedad justa y equitativa».
Al respecto estamos proponiendo a través del manifiesto de las FARC-EP y de la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia (documentos adjuntos), un encuentro de las fuerzas políticas y sociales interesadas en el cambio, que nos permita delinear de manera consensuada un gran acuerdo nacional hacia la paz, para construir colectivamente alternativas políticas a la guerra y a la injusticia social. Estamos seguros que a nosotros y a millones de colombianos nos gustaría ver florecer un nuevo gobierno, producto de ese pacto social, que convoque al diálogo de paz con participación de las organizaciones políticas y sociales del país, que lleve sus conclusiones a una asamblea nacional constituyente, para que el tratado de paz así logrado tenga además, sustento constitucional.
Como muestra fehaciente de la voluntad que nos asiste y como gesto que apunta a generar condiciones favorables al canje humanitario, anunciamos la próxima liberación unilateral de seis prisioneros en dos etapas. Estos serán entregados a ustedes, como «colombianos por la paz de Colombia» en cabeza de la senadora Piedad Córdoba. Primero serán liberados tres agentes de policía y un soldado, y a continuación, el señor Alan Jara y el diputado Sigifredo López. Las condiciones de modo, tiempo y lugar serán precisadas en su debido momento.
Reciban nuestro saludo cordial.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, diciembre 17 de 2008
Manifiesto de las FARC
Compatriotas:
1
La dignidad nos está convocando a la resistencia en unidad frente al gobierno forajido, ilegítimo e ilegal que se ha tomado el Palacio de Nariño, a la convergencia y al Acuerdo Nacional para superar la profunda crisis institucional y de gobernabilidad que abate al país, y para concertar caminos ciertos hacia la paz duradera.
Colombia merece respeto. No podemos tolerar más esa mafia narco-paramilitar de latifundistas y ganaderos, narcotraficantes y empresarios que, con el apoyo militar del gobierno de los Estados Unidos y el bombo de los medios de información, convirtieron a Colombia en un infierno de la guerra, las masacres, las detenciones masivas de ciudadanos, las desapariciones, la miseria y el saqueo, y de todos los desafueros del terrorismo de Estado.
2
El gobierno de Uribe marcha al compás de las directrices de Washington y de las exigencias de poderosos capos narco-paramilitares como Salvatore Mancuso, Jorge 40, Castaño, Cuco Vanoy, Isaza, Báez, Macaco, Don Berna, El Alemán, Giraldo, El Tuso, Gordo Lindo y otros siniestros personajes de motosierra y cocaína, socios del Presidente. Esa mafia financió con maletas repletas de dólares las dos campañas presidenciales de Uribe.
Sí; ellos lo eligieron, y son ellos los que están mandando.
Impusieron a punta de fusil, de terror y de fraudes electorales a decenas de congresistas, gobernadores y alcaldes que han actuado como peleles del paramilitarismo en la política y en el gobierno. Como se creían los dueños del país no tuvieron reparo en proclamar con clarines de victoria que habían logrado elegir el 35% del actual congreso, lo que equivale a unos 80 representantes y senadores. Esos mismos votos contaminados llevaron a Uribe a la Presidencia de la República, y por eso y mucho más, su mandato es ilegítimo e ilegal.
Este gobierno está erigido sobre miles de fosas comunes y masacres, sobre tierras despojadas y millones de desplazados, sobre lágrimas y luto… Nada se hizo sin el visto bueno o sin la participación de las fuerzas armadas oficiales.
Toda la cúpula del Estado, empezando por el propio Uribe, cabecilla principal de los “paracos”, está invadida por el monstruo de la narco-para-política que se tomó a Colombia. El Vicepresidente fue el inspirador del bloque paramilitar que actúo sobre la capital. La comandancia del ejército y la policía no puede negar que siempre actuó en concierto para delinquir con ellos. El ministro de Defensa conspiró con Carlos Castaño. La ex canciller Araújo era cuota de Jorge 40. El ex jefe del DAS Jorge Noguera, además de montar con ellos el conocido fraude electoral a favor de Uribe, les suministraba la lista de los dirigentes sindicales y populares que debían asesinar.
Al país se lo estaban robando los mandamases paramilitares y Uribe no decía nada. Se robaron los recursos de la salud. Mordieron cuanto contrato aparecía. Saquearon los presupuestos departamentales y municipales. Se les permitió cobrar impuestos…
El Acuerdo de Ralito, pacto de las tinieblas entre el gobierno y sus paramilitares, fue el pacto de la impunidad, en el que el gobierno se comprometió a garantizarles penas irrisorias y simbólicas, participación en política, la no extradición, el respeto a sus riquezas mal habidas amasadas con el despojo, el narcotráfico y el lavado de activos.
Esa es la razón que ha compelido al Presidente Uribe al desacato y al desafío insólitos frente a la providencia de la Corte Suprema de justicia que dictaminó que paramilitarismo y concierto para delinquir no es sedición. Él entiende que sin el rótulo artificial de delito político que pretendía colgarle al paramilitarismo para santificarlo, se le cierra la más importante opción de impunidad con que contaba, no sólo para favorecer a los paramilitares, sino para exculpar al Estado, genitor de esa inhumana estrategia contrainsurgente en la que también están involucradas la CIA y la DEA.
Es que Uribe se ha merecido el repudio de los pueblos que en sus giras internacionales lo recibe con gritos de asesino, asesino; que renuncie por paramilitar, por ilegítimo y por ilegal.
Cualquier gobierno del mundo en tales circunstancias ya habría caído sin remedio. Y los colombianos no somos menos para tolerar semejantes gobernantes, así cuenten con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos.
3
Colombia está siendo violentada además por la política de Seguridad Democrática diseñada por Washington como desarrollo de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional y como estrategia de predominio del imperio sobre los pueblos de Nuestra América. En esencia esta política -explicada por el general Craddock del Comando Sur- busca en el marco de la recolonización neoliberal, asegurar la inversión y el expolio de las trasnacionales mediante la aplicación de leyes severas y la fuerza, para reprimir y aniquilar la resistencia de los pueblos y la inconformidad social.
No podemos permanecer impasibles frente a esta política que ya empieza a ser ejecutada también por otros gobiernos del hemisferio.
Para el caso de Colombia la Seguridad Democrática tiene como componente militar el Plan Patriota, cuyo objetivo principal es la derrota militar de la guerrilla de las FARC, o en su defecto la reducción de su voluntad de lucha para llevarla doblegada a la mesa de negociaciones. Desde luego no se sienten tranquilos con esta alternativa de poder construida por el pueblo como resistencia a décadas de violencia estatal y de opresión.
Con ese objetivo de derrotar a la guerrilla movilizaron decenas de batallones y brigadas móviles hacia el sur y lanzaron grandes y sostenidas operaciones en otras áreas del país. Instalaron puestos de mando con oficiales gringos en Larandia y Tres Esquinas, Caquetá, en los umbrales de la Amazonia que codician. Activaron satélites espías y aparatos con tecnología militar de punta. Desplegaron cercos estratégicos, bloquearon zonas campesinas, desplazaron a la población, asesinaron y desaparecieron civiles, incendiaron parcelas, robaron ganados, bombardearon día y noche, trillaron selva y cordilleras, y no han podido en cinco años mostrar un resultado contundente. Sólo el desgaste inútil y el resquebrajamiento de la voluntad de lucha de las tropas oficiales que mueren en la selva o salen lisiados de ella, porque así lo quiere un loco guerrerista que vocifera en Bogotá y echa generales por ausencia de resultados o partes de victoria.
De la pólvora y el fragor de los combates está surgiendo una fuerza guerrillera de nuevo tipo, fogueada en las maniobras enemigas y en el choque con las nuevas tecnologías de la operatividad contrainsurgente, guerrilla que es verdadero poder de fuego político y militar al servicio de la causa popular.
Pero paralelamente al desarrollo del Plan Patriota en los distintos teatros de operaciones, el gobierno iba entronizando el delito de opinión, la represión de la conciencia, hasta llegar a encarcelar a más de 150 mil ciudadanos acusándolos de simpatizar con la guerrilla. En aras de disuadir el respaldo al proyecto político y social de la insurgencia se está cercenando en Colombia el derecho universal a la opción política. No le bastó eliminar físicamente a toda una generación de revolucionarios que se incorporaron a la Unión Patriótica como alternativa legal de cambio; ahora quieren imponer un pensamiento, el de la nueva inquisición, de la derecha y el fascismo. Un pensamiento que criminaliza la protesta social con el cuento que detrás de toda movilización popular contra las políticas del gobierno está la guerrilla. Un autoritarismo que quisiera barrer con la autonomía y la independencia de las otras ramas del poder público para establecer sin sobresaltos constitucionales el reino de la tiranía, que sólo tolera las oposiciones que no se propongan el cambio del statu quo, de las estructuras de la opresión.
4
Esa derecha fascista activó el presupuesto de la nación en función de la guerra y el resultado es el desastre social. Niños que mueren de hambre, crecimiento de la pobreza y del marginamiento, abandono total de los proyectos de construcción de vivienda popular; la mayoría de la población sin servicios de agua, luz y alcantarillado. Indiferencia del gobierno frente a la carencia de escuelas, colegios y maestros porque optó por la privatización de este servicio, lo mismo que el de la salud. Recorte de las transferencias que paraliza el desarrollo de las regiones. Venta de empresas rentables del Estado para allegar más recursos a la guerra. Privatización paulatina de empresas estratégicas como ECOPETROL. Incremento de los índices de desempleo y subempleo al impulso de la flexibilización laboral que pisotea los derechos de los trabajadores y dispara las ganancias de los empresarios. Hambre y alto costo de la vida es lo que generan las políticas del Estado contra la masa popular. Perspectivas de agudización de la crisis social con la aprobación del TLC que atenta contra la patria, la soberanía y la calidad de vida de los colombianos.
La perfidia con que actúa el Estado debe ser respondida con la movilización de pueblo en acciones de calle y bloqueo de carreteras que paralicen el país en demanda de los derechos conculcados para constatar en la lucha de masas la fuerza de los de abajo y para buscar la convergencia de todos los sectores democráticos bajo una sola bandera política y social con miras a conformar un nuevo gobierno que trabaje por la paz, la justicia social y el rescate de la dignidad y la soberanía del pueblo de Colombia.
5
Para la construcción de esta alternativa ponemos a consideración del país, de sus organizaciones políticas y sociales, de todo el pueblo, la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia para abrir la discusión y el intercambio en torno a las banderas y programa de un nuevo gobierno que sugerimos patriótico, democrático, bolivariano, hacia un nuevo orden social, comprometido en la solución política del grave conflicto que vive el país.
Un nuevo gobierno que materialice el proyecto político y social del Libertador, que conforme un nuevo Ejército Bolivariano para la defensa de la patria y las garantías sociales. Un nuevo orden edificado sobre la democracia y la soberanía del pueblo, que agregue a las ramas del poder público los poderes moral y electoral, que instituya el congreso unicameral y la revocatoria del mandato. Un nuevo sistema de gobierno que castigue con severidad la corrupción y la impunidad, que ponga fin a la política neoliberal, que estimule la producción en sus diversas modalidades, que asuma el control de los sectores estratégicos, que haga respetar nuestra soberanía sobre los recursos naturales y que implemente políticas eficaces de preservación del medio ambiente. Un gobierno que trabaje por la gratuidad de la educación en todos los niveles, que instrumente la redención social, la justicia agraria, que renegocie los contratos con las trasnacionales que sean lesivos para la nación, que deje sin vigencia los pactos militares, tratados y convenios que mancillen la soberanía de la patria, que no extradite nacionales, que objete el pago de la deuda externa en aquellos préstamos viciados de dolo en cualquiera de sus fases. Un gobierno cuya divisa en política internacional sea la Patria Grande y el socialismo y que priorice las tareas de la integración de los pueblos de Nuestra América. Por eso la política de fronteras de FARC opta por la hermanación y no por la confrontación con los ejércitos de los países vecinos. Nuestra lucha es de resistencia y liberación frente al régimen opresor colombiano.
Es hora de analizar y seleccionar la ruta que nos conduzca a la paz, a la independencia, la justicia social, la democracia, y la unidad como camino para sobrevivir y enfrentar con éxito las políticas de los imperios.
6
La paz es un proceso, un bien común que requiere de todos la preparación del terreno para que germine. No se logra de la noche a la mañana. Necesita nuevas estructuras económicas, políticas y sociales que la sustenten, cambios como los que sugiere la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.
No habrá paz de los sepulcros. Todos los planes militares de las oligarquías y el imperio para exterminar a la insurgencia, desde el LASO (Latin American Security Operation) ejecutado en Marquetalia, hasta el Patriota, han fracasado porque el alzamiento armado por causas sociales, económicas y políticas, no se derrota ni con bombas, ni con plomo, ni tecnologías recién creadas.
Por chifladura o demagogia electorera, Uribe ha anunciado estar dispuesto a oficializar una zona de encuentro para firmar la paz en tres meses. 43 años de confrontación no se superan en tan corto tiempo. La problemática política, económica, social, cultural, ambiental y de soberanía del país no se puede resolver en 3 meses, a no ser que alguna de las partes haya derrotado al contendor, y este no es el caso. Uribe no es el hombre para la paz en Colombia. No está programado por los gringos para eso. Un tipo que ni siquiera reconoce la existencia del conflicto armado no logrará la paz por ninguna vía. Sólo un nuevo gobierno patriótico y democrático, soberano, podrá lograr la paz negociada, no un gobierno títere de la Casa Blanca. Se necesitaría un gobierno compenetrado con la necesidad de la paz, que apoyado en el pueblo y el interés nacional tome la decisión de regresar las tropas a sus cuarteles, de reducir drásticamente el presupuesto de la guerra a favor de la inversión social y de exigir la salida del país de las tropas y asesores estadounidenses entrometidos en el conflicto interno y factor atizador de la guerra, para darle paso resuelto a los diálogos de paz.
7
La paz merece todos los esfuerzos y sacrificios del país y empieza con el consenso de sus fuerzas fundamentales, de sus organizaciones políticas y sociales, para crear entre todos una nueva alternativa política de poder que se convierta en gobierno soberano y digno, altivo frente a Washington, empeñado en la mayor suma de felicidad posible para el pueblo según el mandato del Libertador.
Es necesario empezar cuanto antes el intercambio y el reencuentro de todos los actores de la transformación social y la paz, incluida la guerrilla, en torno a esta perspectiva. Aquellos que desde la servidumbre del establecimiento pregonan la exclusión de la insurgencia con rebuscados argumentos, lo hacen para inducir a la formación de una alternativa enclenque que sea presa fácil de los poderosos explotadores de siempre.
Proponemos despegar lo más pronto posible con los primeros contactos clandestinos, sin darle importancia al gobierno, para convenir un derrotero y para ir esbozando colectivamente algunos trazos programáticos para la redención de Colombia.
Invitamos a este diálogo a los dirigentes revolucionarios, a los sectores democráticos de los partidos, a la gente avanzada del clero, a los militares patriotas y bolivarianos, a los líderes obreros y campesinos, estudiantiles, comunales, indígenas, a las negritudes, a los educadores, a las mujeres… a todos los liderazgos populares, para juntar anhelos y emprender juntos el camino hacia la Nueva Colombia.
8
El objetivo es la creación de una alternativa para el cambio, surgida de un Gran Acuerdo Nacional por la paz, la justicia, la soberanía y el decoro de la nación, que se proponga un nuevo gobierno para salvar a Colombia del abismo, para recuperar la dignidad mancillada por el gobierno forajido de fascistas narco-paramilitares bendecidos por Washington, una nueva conducción de los destinos de la patria que proscriba la represiva y expoliadora Seguridad Democrática del imperio y la política neoliberal, que rescate la soberanía del pueblo, reestructure el Estado con el fin de garantizar el bien común y conforme un Ejército Bolivariano guiado por el amor al pueblo, la justicia social y la defensa de la patria. En fin, un gobierno que convoque una Asamblea Nacional Constituyente para darnos una nueva Constitución que refrende los cambios a favor del pueblo, hacia la paz y la convivencia, la verdadera democracia, la soberanía y la integración solidaria de los pueblos, como mandatos emanados de ese gran Pacto Social.
No nos queda otra alternativa que buscar unidos el camino para salir de la oscura noche orientados por la vislumbre de la justicia y la alborada nueva de la Gran Colombia.
Hacia la Nueva Colombia, Acuerdo Nacional por la Paz
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC
Montañas de Colombia, septiembre de 2007
Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia
Invitamos a todos los colombianos que anhelan una patria soberana, en desarrollo y en paz, a trabajar por la conformación de un nuevo gobierno nacional, patriótico, democrático, bolivariano, hacia el socialismo, que se comprometa a lo siguiente:
1. Solución política al grave conflicto social que vive el país.
2. La doctrina militar y de Defensa Nacional, será BOLIVARIANA. En cumplimiento del mandato del libertador, los militares emplearán su espada en defensa de las garantías sociales. Las nuevas Fuerzas Armadas se distinguirán por su amor al pueblo y el odio a la tiranía. Serán garantes de la soberanía nacional, respetuosas de los derechos humanos, y tendrán un tamaño y un presupuesto acorde a un país que no está en guerra con sus vecinos.
La Policía Nacional dependerá del Ministerio del interior y justicia, reestructurada para que cumpla su función preventiva; moralizada y educada en el respeto de los derechos humanos.
3. Participación democrática nacional, regional y municipal en las decisiones que comprometen el futuro de la sociedad. El pueblo se erige en soberano y como tal elige directamente al Presidente, a los miembros del legislativo unicameral, a los titulares del poder moral (Procuraduría, Defensoría y Contraloría) y al titular del poder electoral. Se instituirán los poderes moral y electoral. Todas las instancias de elección popular podrán ser objeto de revocatoria del mandato. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Nacional de la Judicatura serán elegidos por voto directo de todos los jueces y Magistrados del país, previa democratización del sistema judicial. Se suprimirá el sistema penal acusatorio.
4. Se pondrá fin a la corrupción y a la impunidad. Los incursos en estas conductas recibirán castigo ejemplar. El nuevo gobierno resarcirá la dignidad de los millones de desplazados, desaparecidos, asesinados, y de todas las víctimas del terrorismo de Estado.
5. Habrá libertad de prensa y democratización de los medios masivos de comunicación. En todo caso primará el interés social.
6. Rechazo a la política neoliberal. Desarrollo y modernización económica con justicia social. El Estado debe ser el principal propietario y administrador de los sectores estratégicos: el energético, las comunicaciones, los servicios públicos, vías, puertos y recursos naturales en beneficio del desarrollo económico-social equilibrado del país y las regiones.
Se procurará la ampliación del mercado interno, la autosuficiencia alimenticia y el estímulo permanente a la PRODUCCION, a la pequeña, mediana y gran industria, a la autogestión, la microempresa y a la economía solidaria.
La gestión económica oficial se debe caracterizar por su eficiencia, su ética, su productividad y su alta calidad. Habrá participación de los gremios, las organizaciones sindicales, populares, entes académicos y científicos en la elaboración de las decisiones sobre la política económica, social, energética y de inversiones estratégicas.
7. Explotación de los Recursos Naturales como el petróleo, el gas, el carbón, el oro, el níquel, las esmeraldas, el agua y la biodiversidad etc., en beneficio del país y de sus regiones, garantizando la preservación del medio ambiente. Renegociación de los contratos con Compañías Multinacionales que sean lesivos para Colombia. La Comisión Nacional de Energía, con participación del Estado, los trabajadores del sector y las regiones, planificará la política energética.
Se construirán más refinerías y se desarrollará la industria petroquímica. El gobierno le informará a la comunidad con transparencia, los términos de los contratos existentes.
8. El 50% del Presupuesto Nacional será invertido en el bienestar social, teniendo en cuenta al ciudadano, su empleo, su salario, salud, vivienda, educación y recreación como centro de las políticas del Estado, apoyados en nuestras tradiciones culturales y buscando el equilibrio de la sociedad y la naturaleza. Los derechos de la niñez, la juventud, las mujeres y los ancianos, de los pueblos indígenas y afro-descendiente, serán especialmente reivindicados por el nuevo gobierno.
El 10% del Presupuesto Nacional, será invertido en la investigación científica.
9. Quienes mayores riquezas posean, más altos impuestos aportarán para hacer efectiva la redistribución del ingreso. El impuesto del IVA, sólo afectará bienes y servicios suntuarios.
10. Política Agraria que democratice el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo. Estímulo total a la industria y a la producción agropecuaria. Proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional.
Cada región tendrá su propio plan de desarrollo elaborado en conjunto con las organizaciones de la comunidad, liquidando el latifundio allí donde subsista, redistribuyendo la tierra, definiendo una frontera agrícola que racionalice la colonización y proteja del arrasamiento nuestras reservas. Ayuda permanente para el mercadeo nacional e internacional.
11. Relaciones internacionales con todos los países del mundo bajo el principio del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y del mutuo beneficio. Priorizar tareas por la integración de Nuestra América. Todos los latinocaribeños serán considerados ciudadanos de Nuestra América. Patria Grande y socialismo será nuestra divisa. Respeto a los compromisos políticos con otros Estados sin menoscabo de la soberanía. Revisión total de los pactos militares, tratados comerciales y convenios lesivos para la nación. Se pondrá fin a la extradición de nacionales. Objeción al pago de la Deuda Externa en aquellos préstamos viciados de dolo en cualquiera de sus fases. Para los otros casos se planteará una moratoria en el servicio para facilitar la cancelación de la deuda social.
12. Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes. Materialización de la propuesta de sustitución de cultivos emanada de la audiencia pública internacional sobre cultivos ilícitos y medio ambiente.
Novena Conferencia de las FARC-EP
Por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo
Una condena inusualmente fuerte expidieron poco antes del mediodía de este miércoles el Sistema de Naciones Unidas en Colombia; Japón, Suecia y México, en nombre del grupo de países y entidades multilaterales que cooperan con Colombia (G-24); y Francia, como presidenta de la Unión Europea en Bogotá, ante el asesinato por parte de militares de Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor del CRIC y máxima líder de la Minga de Resistencia Indígena y Popular, Ayda Quilcué.
La comunidad internacional dice al gobierno colombiano que no había ningún retén, y que antes de disparar no se siguieron los procedimientos establecidos para estos casos.
La “troika” del G-24 se integra por la presidencia actual del grupo (Japón), la presidencia anterior (Suecia) y la presidencia entrante (México). Estados Unidos también hace parte del G-24.
Este es el texto del comunicado:
ONU condena enérgicamente la muerte del esposo de lideresa indígena, en Totoró, Cauca.
2008-12-17
(A este comunicado se adhiere la troika del G 24 y la presidencia local de la UE.)
El Sistema de Naciones Unidas en Colombia condena la muerte de Edwin Legarda, indígena Coconuco, esposo de la Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC Aida Quilcué, líderesa Nasa quien acababa de regresar de Ginebra Suiza donde denunció la crítica situación por la que atraviesan los pueblos indígenas.
Según la información recopilada por el Sistema de Naciones Unidas, el señor Legarda se desplazaba en un vehículo, entre las localidades de Inzá y Totoró, en el departamento del Cauca.
Sin que haya suficiente claridad sobre cómo ocurrieron los hechos, el Ministerio de Defensa confirmó que a primeras horas de la mañana de ayer, 16 de diciembre, tropas del Batallón José Hilario López de la III División del Ejército Nacional dispararon al automóvil que conducía el señor Legarda.
Preocupa la información recogida por funcionarios de Naciones Unidas a través de pobladores y representantes indígenas que manifestarían que, al momento de los hechos, no existía un reten militar debidamente identificado sobre la carretera y que se habrían realizado disparos en forma indiscriminada en contra de lo establecido en las propias Reglas de Encuentro del Ejército.
Preocupa a su vez que este hecho se enmarque dentro de los numerosos ataques contra la vida de indígenas que han sido registrados por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y las autoridades de investigación y control.
El Sistema de Naciones Unidas en Colombia confía en que las autoridades pertinentes investigarán de manera pronta y exhaustiva estos hechos, y juzgarán y sancionarán a quienes resulten responsables. Naciones Unidas confía que el rápido esclarecimiento de los hechos permitirá continuar avanzando en el diálogo que mantienen el Gobierno y las autoridades indígenas.
Adicionalmente, el Sistema de Naciones Unidas alienta a las autoridades a implementar con urgencia mecanismos eficaces para proteger el trabajo de los líderes y organizaciones indígenas en el departamento del Cauca y en todo el país.
La ONU expresa su solidaridad a Aida Quilcué, esposa del señor Legarda, a su familia y a toda la comunidad indígena por esta lamentable pérdida.
Por si acaso cuestionan a Colombia por el uso ilegal del distintivo del Comité Internacional de la Cruz Roja en la célebre y exitosa operación Jaque, que liberó a Ingrid Betancourt y a otros 14 cautivos de la guerrilla, el vicepresidente Francisco Santos entró pisando duro en Ginebra, en vísperas del Examen Periódico Universal en derechos humanos a Colombia.
Le entregó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, una carta que denuncia que las FARC atacaron el fin de semana una “misión médica” a unos 14 kilómetros del casco urbano de San Vicente del Caguán, en el sureño departamento del Caquetá.
Creo que voy a enviar varias candidaturas al Premio Monster de Periodismo, que estableció el periódico gratis Un Pasquín, del caricaturista Vladdo.
La primera candidatura es colectiva: para todos los periodistas nacionales e internacionales que calificaron a priori como “misión médica” una caravana de vehículos civiles que fue atacada por las FARC cuando se adentró en territorio guerrillero el domingo.
La caravana estaba integrada por cuatro vehículos: adelante iba una camioneta con logotipos del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), que atiende a la infancia desprotegida.
Luego avanzaban dos camionetas más, cuyos ocupantes, como se afirma, trabajan en un hospital –las informaciones no mencionan si esos vehículos llevaban la insignia de la Misión Médica- y por último un auto con funcionarios de la alcaldía de San Vicente.
Esta vez murieron Yamith Correa, psicólogo del ICBF de apenas 26 años, y John Alape, conductor del vehículo del mismo instituto, y resultaron heridas tres funcionarias: una psicopedagoga, una trabajadora social y una nutricionista.
“La carga estaba oculta a la orilla de la carretera y fue activada al paso del primer automotor”, dijo el secretario de gobierno de Caquetá, Edilberto Endo, “por la acción de los explosivos, el carro se salió de la vía y rodó 50 metros por un abismo, lo cual provocó el deceso del conductor y su acompañante y heridas múltiples a tres personas más”.
Las mujeres heridas fueron trasladadas en helicóptero militar inicialmente al Batallón Cazadores, en las afueras de San Vicente, y luego a un hospital en Florencia, capital del Caquetá.
El alcalde de San Vicente, Hernán Cortés, no viajó, pues fue advertido por el comandante de la Policía local “que no había garantías de seguridad y que era posible que las FARC estuvieran en la zona”, dice el diario bogotano El Tiempo.
“Nosotros conocimos del primer ataque hacia las 8 de la mañana, por eso no viajé al lugar de la brigada”, aseguró Cortés a W Radio. El comentario extraña, pues los reportes sitúan la explosión contra el vehículo del ICBF entre las 9 de la mañana y las 9:30. Caracol Radio informó del hecho a las 10:59.
El alcalde de San Vicente suele transportarse en los vehículos del ICBF, según el diario La Nación, de la ciudad de Neiva.
El asunto es que la “misión médica” era escoltada por la fuerza aérea, informa El Tiempo, que además precisa que la “brigada”, como acertadamente la llama el alcalde, fue “organizada por el ICBF, la Alcaldía y la Fuerza de Tarea Omega de las Fuerzas Militares”.
Por su parte, el diario El País, de la ciudad de Cali, informa que “la misión humanitaria estaba destinada a atender a los niños afectados por la violencia en la región y a los uniformados de la Fuerza Pública que combaten en esta zona vulnerable del país”.
En otras palabras, era una brigada cívico-militar, que son parte de la estrategia de guerra contrainsurgente en Colombia. No dejo de preguntarme por qué la fuerza pública “escoltaba” a la “misión médica” sólo desde el aire. ¿Para resguardar a sus tropas, si acaso había un ataque guerrillero?
“El principio de distinción implica hacer lo posible para evitar que los medios de transporte sanitarios y las instalaciones de salud se puedan convertir en objetivo militar. Igualmente se debe prevenir que el personal sanitario sea sujeto de ataque”, se lee en el Manual de la Misión Médica, publicado por el Ministerio de Protección Social de Colombia en 2004.
“Debe evitarse viajar en un vehículo perteneciente a alguna de las partes en conflicto, o hacerse desvarar por ellos. Así mismo, solicitar o aceptar escolta”, agrega el manual, cuya impresión fue financiada por la Organización Panamericana de la Salud.
Otros párrafos del manual, cuya lectura recomiendo a mis colegas candidatizados al Premio Monster de Periodismo:
“Debe procurarse evitar recurrir a personas ajenas a la entidad de salud para trabajar en zonas particularmente tensas”.
“Las Unidades Sanitarias autorizadas para utilizar el Emblema Protector serán señalizadas en las paredes exteriores y los techos, de tal forma que sea visible desde tan lejos como sea posible. Las Unidades Sanitarias móviles o temporales (…) no deben presentar ningún escudo, logotipo o eslogan diferente a los descritos para la Misión Médica”.
“Los Medios de Transporte Sanitario deberán pintar el Emblema Protector en el techo y en los lados, así como en el frente y la parte posterior, de forma tal que sea óptima su visibilidad cuando se desplieguen sus actividades de salud. La señalización debe ser permanente y no se autorizará su uso en medios de fácil remoción (magnéticos, autoadhesivos, etc.). Adicionalmente, en zonas de alto riesgo en razón del conflicto armado, se podrá complementar la señalización del vehículo con el uso de banderas con el Emblema Protector”.
“El personal sanitario de carácter civil (tanto público como privado) debe abstenerse de brindar cualquier tipo de apoyo o ventaja estratégica a los combatientes (de cualquier bando), dado que estas acciones pondrían en duda su calidad de ‘no combatiente’».
Una pregunta adicional es si acaso en el Caquetá comenzó ya el programa del Ministerio de Defensa que algunos denominan Consolidación Social del Territorio.
Este programa es manejado por el Centro de Coordinación para la Acción Integral (CCAI), un organismo interagencias que lidera Acción Social, oficina de la Presidencia de la República que, entre otras actividades, canaliza la cooperación internacional.
“Acción Integral” es el nuevo nombre que se les da a las operaciones o brigadas cívico-militares, como puede verse en todas las páginas web de las unidades militares colombianas.
El Ministerio de Defensa propuso a mediados de 2007 un nuevo plan de guerra, que combina el componente militar y la acción integral para la recuperación social y militar del territorio. El departamento piloto para este experimento contrainsurgente fue durante 2008 el central departamento del Meta, en el límite norte del Caquetá.
El objetivo para 2010 es ejecutar recursos del sector defensa en proyectos de bienestar comunitario, en zonas tradicionalmente abandonadas por el Estado y cuyos habitantes no gustan al gobierno, ni éste gusta a sus habitantes.
Esto es “ejecutar una política social a través de la guerra”, como explica el analista José Aristizábal García en la revista Arcanos No. 14, de la Corporación Nuevo Arco Iris, a punto de iniciar circulación.
Así que también valdría preguntar cómo se financiaba la fallida y trágica “misión médica”: ¿con recursos del ICBF o del Ministerio de Protección Social, o con recursos del Ministerio de Defensa? Y cabe aún otro interrogante: ¿Colombia va tras el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio recurriendo, en estas zonas, a la propaganda de guerra?
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
coartadas. Todo indica que esta carnicería de Gaza, que según sus autores quiere acabar con los terroristas, logrará multiplicarlos», advierte el escritor uruguayo Eduardo Galeano en Brecha.
Esta foto es de AFP, y ha sido reproducida por mis amigos españoles de 
de 
“Las Unidades Sanitarias autorizadas para utilizar el Emblema Protector serán señalizadas en las paredes exteriores y los techos, de tal forma que sea visible desde tan lejos como sea posible. Las Unidades Sanitarias móviles o temporales (…) no deben presentar ningún escudo, logotipo o eslogan diferente a los descritos para 
