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Por Constanza Vieira
BOGOTÁ, nov 16 – Parece hacer agua la socorrida tesis de que, como «todo el mundo» está o ha estado metido con el narcotráfico y el paramilitarismo, entonces se trata de un tema que no hay por qué ventilar.
Voy a dejar a la inteligencia de mi lector o lectora, donde quiera que esté, quiénes vienen a ser «todo el mundo» en Colombia.
A hoy 24:00 GMT, el panorama es el siguiente:
Acusados por la Corte Suprema de Justicia, o bien señalados por sus víctimas, aún desde las trincheras del miedo, por conformación de grupos paramilitares, matanzas, asesinatos, desplazamiento forzado, fraude electoral mediante la violencia y la intimidación, proselitismo armado, uso de los contratos públicos para lucro propio y para financiar el paramilitarismo, etc.:
Un representante a la Cámara (Eric Morris) y una ex representante a la Cámara (Muriel Benito-Revollo), presos desde esta semana. Dos senadores (Álvaro García y Jairo Merlano, hermano del alcalde de Sincelejo, capital de Sucre) que tienen orden de captura librada por la Corte Suprema de Justicia, siguen fugitivos. Cuatro diputados presos: Nelson Stamp, Ángel Villarreal, Johny Villa y Walberto Estrada.
Hasta aquí, todos son uribistas y todos ejercen en Sucre lo que en Colombia llaman «política».
Cinco congresistas más son investigados y otros 12 están en la mira de la Corte, cuyos nombres no se conocen aún.
Por su parte, el gobernador de Sucre, Jorge Anaya, fue financiado en su campaña electoral con dineros narco, y luego nombró a familiares de jefes paramilitares en su gabinete.
Además, el ex jefe de sistemas del servicio de Inteligencia presidencial (DAS), Rafael García, del departamento del Magdalena, está comenzando a pagar 18 años de cárcel por «limpiar» prontuarios de Inteligencia sobre narcotraficantes y paramilitares.
Su ex jefe y ex director del DAS (Jorge Noguera, nombrado por Uribe en ese cargo y su jefe de campaña en las presidenciales de 2002 en el departamento del Magdalena) desde ayer tiene pliego de cargos de la Procuraduría General (ministerio público) por compartir «información privilegiada» con narcos y paracos, entre otros gravísimos.
El escándalo ha hecho caer en cuenta a mucha gente que no había visto, o no quería ver, que no son los paramilitares los que infiltraron el Congreso legislativo, sino los políticos y narcotraficantes los que conformaron grupos paramilitares propios.
Esos grupos «trabajan» con la fuerza pública, como lo muestran las repetidas condenas a la Nación proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por cuenta de crímenes de lesa humanidad de paramilitares.
Son responsables del 80 por ciento de los crímenes en la guerra colombiana, según la ONU. Y según la Contraloría General, se han apoderado violentamente de 4,5 millones de hectáreas de las mejores tierras del país.
En todo caso, por cuenta del escándalo sobre los «paramentarios» y demás fauna que ahora está sub júdice con motivo de, por expresarlo suavemente, sus nexos con los paramilitares, el miércoles 15 de noviembre se escucharon desde dos flancos (¿o son uno solo?) declaraciones que deben tener preocupado a ese «todo el mundo». A algunos, les sonó como amenaza.
Flanco Uno
Los cesarenses La Conchi, canciller María Consuelo Araújo, y su hermano el senador Álvaro Araujo, uno de los más cercanos al presidente Álvaro Uribe, consideraron apropiado usar sus influencias para entrevistarse esa noche en la fiscalía general con alguien. ¿Con quién? Aún no se sabe, pero se sabrá.
Por ahora se conoce que ahí está preso el representante a la Cámara del departamento de Sucre, Eric Morris, el único que se entregó, de los tres parlamentarios con orden de captura expedida por la Corte Suprema de Justicia.
En todo caso, un noticiero de TV mostró a un enérgico senador Araujo advirtiendo ante las cámaras bajo el cielo nocturno: «Si vienen por mí, vienen por La Conchi y por el presidente Uribe». El periodista que presentó la nota televisiva informó de la visita de los hermanos Araujo a la fiscalía.
El diario El Tiempo publicó a su vez que la misma afirmación fue pronunciada en la Casa de Nariño «durante una reunión para analizar el alcance de una investigación que involucra a tres congresistas y una ex representante en la formación de los grupos paramilitares en la costa».
En la reunión participaron además los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes y voceros de los partidos que apoyan a la coalición de gobierno, así como el secretario general de la presidencia, Bernardo Moreno.
Araujo advirtió allí que, además, tras su cabeza caería la «del viudo de mi tía», es decir el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, cuya esposa, Consuelo Araújonoguera, fue asesinada por las FARC cuando el ejército intentó un rescate a la fuerza, horas después de ser tomada rehén por esa guerrilla.
Según el ministro del Interior y de Justicia Carlos Holguín, en la reunión el senador Araújo «manifestó claramente que a él no lo podrían acusar de ningún acto delictivo», que «ocasionalmente por alguna razón él había tenido conversaciones con los paramilitares» y que «la responsabilidad penal es de cada quien».
Dilia Francisca Toro, presidenta del Senado, interpretó que Araújo estaba advirtiendo que ésta puede ser una «cacería de brujas» para afectar al gobierno.
Y agregó esta otra frase muy propia de «todo el mundo»: «Cuando uno actúa en una región de donde es uno de los jefes más altos de las Autodefensas, no puede estar ajeno a que pueda conocerlo, pero no quiere decir que por ello pertenece a un grupo paramilitar».
Flanco Dos
El mismo miércoles por la mañana, los capos paramilitares desmovilizados, que permanecen presos en un antiguo club social en el poblado antioqueño de La Ceja, recibieron a la prensa. La convocatoria a los medios fue hecha por el Instituto Nacional Penitenciario INPEC.
Estaban uniformados con camiseta blanca y cachucha, ambas con el logotipo de una ONG «de paz» que conformaron. Varios se hicieron filmar con azadones en sus manos trabajando un cultivo que aún no germina. Otros laboraban en un taller, quizá una carpintería.
Los noticieros de TV que yo vi no mostraron las habitaciones de los narcos, aunque sí al director del INPEC cuando afirmaba que las condiciones de reclusión son -palabras más, palabras menos- ni muy estrictas ni muy laxas, y aunque los presos tienen ciertos privilegios, esta reclusión no se parece a La Catedral, la finca de lujo donde se parapetó Pablo Escobar para cumplir con su encarcelamiento, pactado con el gobierno del entonces presidente César Gaviria (1990 – 1994), desde donde siguió matando gente.
Durante la visita de medios, los paras hablaron. Y lo que dijeron quizá asustó a «todo el mundo», y quizá por eso se precipitó la reunión en palacio.
Los paras dijeron, sonrientes, que van a hablar y que el país se debe preparar para conocer «toda la verdad». Lo harán cuando se sometan juicio bajo la Ley de Justicia y Paz.
noviembre 16th, 2006
«Nadie entiende en las FARC de dónde saca el gobierno que los contactos para el canje avanzan por buen camino, si hasta el día de hoy no se ha producido el primer encuentro directo con las FARC», opina el 28 de agosto el miembro del secretariado del estado mayor de las Farc, Iván Márquez, en el sitio web de esa guerrilla.
«Lo más práctico es despejar de tropas el territorio propuesto para el diálogo, o ‘pre- diálogo’, si ese es el término que complace al gobierno. Lo importante es que se de el cara a cara gobierno-FARC para convenir el intercambio humanitario», puntualiza.
Márquez vuelve a dejar claro que:
- Las Farc exigen el despeje de los municipios de Pradera y Florida en el Valle del Cauca, al suroccidente de Colombia.
- No dejarán la seguridad de sus comandantes negociadores en manos de nadie más que de sus propias tropas.
- Y que sin Simón Trinidad y la guerrillera Sonia, extraditados por Uribe a Estados Unidos, no hay canje.
Por cierto, gran escándalo en la corte estadounidense que juzgará a Trinidad, porque éste le escribió una carta a su novia guerrillera, una atractiva mujer que el periodista sueco Dick Emanuelsson encontró, en 2005, al frente de una de las emisoras de esa insurgencia campesina. La justicia estadounidense tomó el escrito, nada menos, como ¡prueba! de que Trinidad pertenece a las Farc, informó el 3 de septiembre el telenoticiero Noticias Uno. Como si alguien sobre el planeta Tierra lo estuviera poniendo en duda.
El jurado que decidirá la suerte de Trinidad y de Ingrid Betancourt, entre muchos otros privados de la libertad, será escogido un día emblemático: el 11 de septiembre.
Tal como van las cosas : Libertad de Ingrid Betancourt podría demorar años
septiembre 3rd, 2006
El 29 de agosto de 2006, Estados Unidos anunció que financiará con un millón 975 mil dólares (adicionales a los15,5 millones donados ya) la Misión de Acompañamiento de la OEA (MAPP-OEA) a la supuesta desmovilización paramilitar. El embajador estadounidense William Wood reconoció que en 12 regiones, donde permanece el 74% de los «ex» paras, continúan las «actividades ilegales».
Este apoyo «le permitirá a la Misión fortalecer su capacidad de analizar y monitorear las condiciones de seguridad en regiones antes dominadas por grupos paramilitares así como en las áreas donde los ex combatientes se han reubicado. Esto es especialmente importante debido a indicios confiables sobre la continuación de actividades ilegales en esas regiones», dijo Wood.
Según el jefe de MAPP-OEA, Sergio Caramagna, el 2 de agosto, su oficina, con un total de 85 funcionarios, no verifica lo que ocurre en 16 departamentos del país, «un territorio que es casi la mitad de Colombia. Esencialmente en los departamentos que están de la mitad del territorio hacia el sur, la Misión no tiene oficinas», dijo en el foro Altas y bajas del proceso de desmovilización de las AUC, organizado por Indepaz y la revista Semana.
septiembre 3rd, 2006
«Los consumidores colombianos comerán la misma carne que la que comen los estadounidenses», resumió el ministro colombiano de Comercio al explicar por qué el país andino cedió ante los reticentes negociadores estadounidenses del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y aceptó la importación de carne de reses mayores de 30 meses, más susceptibles de estar afectadas por el mal de las «vacas locas». La declaración fue avalada por el ministro de Protección Social, además del ministro de Agricultura. La enésima concesión colombiana puso, por ahora, punto final al texto del tratado, que la última semana de agosto comenzó el trámite ante el Congreso estadounidense.
Pero Estados Unidos está calificado por la Organización Internacional de Sanidad Animal como país de «riesgo indeterminado» en materia del mal de las «vacas locas», por haber presentado focos de esa enfermedad. Y el 21 de julio de 2006, Los Angeles Times publicó que las severas pruebas para detectar las «vacas locas» se han reducido en el 90 por ciento, debido a su alto costo: un millón de dólares a la semana.
Por cierto, el arroz de grano largo estadounidense fue declarado de prohibida importación por Japón, debido a que contiene una proteina transgénica que ni siquiera ha sido aprobada para consumo interno en Estados Unidos. Por la misma razón, la Unión Europea mantiene demorada la importación de ese cereal.
Y la macadamia, cuya sola mención emociona al ministro colombiano de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien la propone como la gran alternativa para los arroceros que quebrarán por el TLC, registra inventarios sobrantes y caída de precios en Hawaii, primer productor de Estados Unidos.
Todo según Aurelio Suárez Montoya en esta nota de Argenpress.
septiembre 3rd, 2006
¿En qué se basa la Iglesia Católica para tomar una decisión así? ¿Por qué un criminal de guerra como Carlos Castaño sí puede recibir la comunión sin que haya ninguna manifestación de censura?
La polémica está servida. La Iglesia Católica decidió excomulgar al cuerpo médico del Hospital Simón Bolívar, en Bogotá, por haberle practicado un aborto a una niña de 11 años. La menor estaba embarazada de su padrastro que durante los últimos cuatro años la violaba.
Nota completa en semana.com:
http://www.semana.com/wf_InfoArticuloNormal.aspx?IdArt=96722
«¿Quién es un padre Lopera que Virginia Vallejo menciona como persona muy cercana a Escobar?», pregunta la periodista María Isabel Rueda al historiador Alonso Salazar, en la edición de la revista Semana de 31 julio 2006.
Salazar contesta: «Ese es el capellán. Un sacerdote que aún ejerce en la ciudad y que estuvo presente en todas las grandes manifestaciones de Escobar, y a quien curiosamente la Arquidiócesis nunca sancionó».
Se trata del padre Elías Lopera, quien junto con el sacerdote Hernán Cuartas trabajaba con Pablo Escobar en tiempos en que el cardenal López Trujillo hacía hasta para vender al frente de la Arquidiócesis de Medellín. La revista Semana de agosto 13 de 1984 publica una foto que muestra a Lopera con Escobar, como anfitriones en uno de sus eventos, tal como recordó la periodista estadounidense Penny Lernoux en el National Catholic Reporter de Kansas City, noviembre 16 de 1984.
La documentación está recogida en «La guerra secreta del cardenal López Trujillo», del periodista Hernando Salazar Palacio, Ediciones Temas de Hoy (Planeta) 1996, que muestra la persecusión sin cuartel a la Teología de Liberación -que López Trujillo, junto con el cardenal Ratzinger, estaba empeñado en erradicar.
Por cierto que me puse a buscar cuáles eran exactamente las alusiones al supuesto homosexualismo de monseñor, que había leído, hace nueve años, en el libro de Hernando. Y las encontré.
Están en una carta que le escribe en 1988 a López Trujillo el cura Eduardo Toro, para entonces párroco de Santa Cruz de Alcalá, barrio de clase media de Envigado, municipio aledaño a Medellín. Toro no usaba el clerygman, lo que molestaba a López T. Era amigo de otros curas que habían caído en desgracia con monseñor. Y encima, Toro se había atrevido a testificar a favor de un seminarista, que había demandado por calumnia a tres curas de la rosca derechista de López Trujillo.
Toro era pintor, había estudiado Bellas Artes en Roma y tres años atrás había hecho una exposición de pinturas con desnudos humanos, para los cuales había recurrido a modelos masculinos, por lo cual López le había atribuido proponerse ser «apóstol del mal». Otros sacerdotes decían haber visto a Toro en compañía de un joven en el municipio de La Pintada, en Antioquia, lo que Toro rechazó como calumnia. En todo caso, López le prohibió al párroco rodearse de jóvenes.
Toro escribe en la semana de Pascua de 1988 dirigiéndose al cardenal: «Sería como decir yo que usted anda en mancebías por los innumerables comentarios que inundan a Medellín, porque usted, repetidísimamente sale de paseo con C.L. o L.F.R. [probablemente el sacerdote Luis Fernando Rodríguez, uno de los acusadores contra el seminarista], así los haya investido de Cancillerías [el canciller se encarga de la redacción de las actas de la curia, su expedición y archivo], Vice-Cancillerías [el vicecanciller es el ayudante del canciller], Secretarías Ejecutivas, Rectorías de Filosofías y Teologías, Profesorías de Latines, Maestrías de Liturgia, Direcciones Espirituales y de todos los todos… o señalar igualmente al Señor Cardenal porque en esos paseos se hace acompañar de jóvenes seminaristas y laicos. ¡Qué injusticia! Dios me libre de juzgar a la gente. Tenga presente aquello del sapientísimo aforismo De internis non judicat ecclesia [La iglesia no juzga sobre el fuero interno].
«Me prohíbe recibir jóvenes en mi casa o salir con ellos. Sólo le digo, que se habla de sus relaciones, no muy santas, con jóvenes y dan incluso nombres propios. Entonces, «Al alcalde quién lo ronda?», reza la carta de Toro, con copia al Nuncio, al Tribunal de la Signatura Apostólica en el Vaticano, y al muchacho seminarista, ya expulsado del seminario.
Y agregaba: «Sólo quien tenga una mirada perversa, podrá ver mis dibujos con maldad: ‘Los ojos son el espejo del alma’. Me pregunto cómo hace usted para pasearse por el Vaticano en donde los desnudos campean. Cómo podrá estar eligiendo al Sumo Pontífice en un recinto pleno de desnudeces hasta del Cristo y de la Purísima, quien mira el cuerpo humano a la manera suya? Si así fuere, que condenen a Julio II, a Alejandro IV Borja, a León X, a Urbano VIII Barberini y a León III Farsenio; que a Miguel Ángel lo destruyan y a usted que le quemen su cuerpo, para que quede ‘limpio’de sus carnes».
El libro de Hernando Salazar es una investigación impecable que reseña episodios mucho más determinantes que estos asuntos infraumbilicales, que sólo traigo a colación porque este prelado es el que manda en el mundo católico precisamente sobre esos asuntos. La investigación no pudo ser demandada por López Trujillo, a pesar de que monseñor dedicó todo un equipo de abogados a evaluar renglón por renglón la posibilidad de una demanda.
Y hasta sería entretenido hacer una relectura del libro contando cuántas veces aparece López Trujillo amenazando con la excomunión. Parece ser una de sus pasiones. Constanza Vieira
agosto 30th, 2006
Por Constanza Vieira
Además de la parlamentaria Muriel Benito-Revollo, aliada del desaparecido jefe paramilitar ‘Rodrigo Cadena’ en San Onofre, Sucre, al norte de Colombia, donde desde 2001 los paramilitares han perpetrado cerca de 2.000 desapariciones forzadas, y donde muchos de los crímenes «se cometieron para eliminar a los opositores políticos» de Benito-Revollo, el Llamamiento a la Memoria, de Hijas e Hijos por la Memoria y contra la Impunidad, hecho público el 9 de marzo, invita a no votar otros nombres en las elecciones parlamentarias del domingo.
Los dirigentes de Colombia Viva «han expresado públicamente sus afinidades con el proyecto paramilitar», recuerda el llamamiento.
En anteriores elecciones, en varios departamentos caribeños con amplio control paramilitar, este movimiento obtuvo cinco gobernadores, 13 congresistas, 27 alcaldes y 365 concejales.
«En muchos de estos sitios sus líderes fueron candidatos únicos y sus listas obtuvieron votaciones casi absolutas. Sus opositores tuvieron que renunciar bajo presiones», rememora Hijas e Hijos, y a continuación menciona a tres parlamentarios actuales y aspirantes a ser reelegidos, Dieb Maloof, Habib Merheg y Vicente Blel..
Maloof fue uno de los que levantó sospechas entre los atentos observadores de los procesos electorales, pues en las elecciones de 2002 obtuvo votaciones exorbitantes para la costumbre colombiana: el 90 por ciento de los votos en Remolino, el 87 por ciento en Chivolo y el 85 por ciento en Salamina, todos municipios de la costa, según la Registraduría Nacional, entidad a cargo de las votaciones.
Merheg fue acusado por la ex senadora liberal Piedad Córdoba, actual candidata al senado, de tener vínculos con el jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, ‘Macaco’, considerado el más poderoso de las AUC.
«Blel figura en un proceso judicial en Estados Unidos, y fue delatado ante la justicia por el narcotraficante Víctor Patiño Fómeque de ser su testaferro desde principios de 1990», rememora Hijas e Hijos.
El líder de Alas – Equipo Colombia y candidato actual al senado, Álvaro Araujo, fue acusado por el parlamentario izquierdista Gustavo Petro de ser cómplice de los paramilitares del nororiental departamento del Cesar.
«Contra otro de sus candidatos, el general (r) Jaime Ernesto Canal, existen indicios de que en 1999, cuando estaba al mando de la Tercera Brigada del Ejército, creó un grupo paramilitar y le facilitó armas e información», afirma el llamamiento, que además recuerda que el general absolvió a colegas suyos ante la justicia penal militar por una matanza.
Colombia Democrática fue creado por el primo del actual presidente, senador Mario Uribe, quien excluyó de su lista a las parlamentarias Rocío Arias y Eleonora Pineda porque de ello dependía su visa a Estados Unidos. Arias y Pineda, que en septiembre reconocieron su admiración por los jefes de las AUC Salvatore Mancuso y ‘Don Berna’, fueron acogidas por otras listas uribistas.
Un escolta de Arias fue capturado junto con el jefe paramilitar Eduardo Orlando Benavides, acusados del asesinato de tres dirigentes políticos del departamento del Meta, al sur de Bogotá.
El parlamentario Álvaro García Romero es señalado por Hijas e Hijos de ser «aliado del jefe paramilitar ‘Rodrigo Cadena’.
García fue acusado por Petro en un debate parlamentario de agotar, mediante corrupción, los recursos públicos del departamento de Sucre y de haber participado en el asesinato del alcalde del municipio de El Roble, Eudaldo Díaz, en abril de 2003.
Un curtido senador del nororiental departamento de La Guajira, Miguel Pinedo Vidal, sería aliado de los jefes paramilitares ‘Hernán Giraldo’ y ‘Jorge 40’, quien se desmovilizó este viernes. La Guajira está bajo control paramilitar.
El controvertido general (r) Rito Alejo del Río, a quien el propio Uribe llamó «el pacificador de Urabá», la zona bananera al norte de los departamentos de Antioquia y Córdoba, es señalado por las comunidades afrodescendientes del río Atrato de haber aplicado en 1997 en la región una estrategia combinada militar-paramilitar que condujo a masacres y desplazamiento forzado, «con el fin de implantar en la región empresas palmicultoras pertenecientes a la familia Castaño Gil», fundadores de las AUC, dice Hijas e Hijos.
Otro ex militar candidato al senado, coronel (r) Alfonso Plazas Vega, es señalado como responsable de la desaparición de 17 civiles durante la retoma militar del Palacio de Justicia, que fue asaltado por la guerrilla M-19, hoy disuelta, en noviembre de 1985.
Hijas e Hijos recuerda además que Plazas Vega, desde la Dirección Nacional de Estupefacientes, habría cedido al lucro privado de personas cercanas suyas propiedades confiscadas a narcotraficantes. También, desde ese cargo, ordenó la fumigación indiscriminada con glifosato de territorios campesinos, una polémica estrategia para destruir los sembrados de coca, materia prima de la cocaína de la cual Colombia es primer productor mundial.
La asociación de víctimas no menciona a Héctor Julio Alfonso, aspirante a la cámara baja por el partido uribista Apertura Liberal, tras ser expulsado de la lista conservadora.
Alfonso es hijo de la empresaria de apuestas Enilse López, ‘La Gata’, de quien se dice tiene vínculos con el paramilitar Mancuso, cercana al extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, jefe militar del Cartel de Medellín, y quien está actualmente detenida acusada de lavado de activos y apropiación de dineros públicos de la salud.
Tan pronto ‘La Gata’ fue trasladada a Bogotá, entre 10 y 20 parlamentarios pidieron al fiscal general que les permitiera hablar a solas con ella, antes de que declarara ante la Fiscalía, pero los nombres de los políticos no han sido revelados por el funcionario. El presidente Uribe reconoció que la empresa de la mujer donó más de 44 mil dólares a su primera campaña en 2002.
Aparentemente por presión de Estados Unidos, el presidente Uribe pidió excluir de las listas uribistas a Luis Eduardo Vives, Jorge Luis Caballero y Jorge Castro.
Vives se postuló en las pasadas elecciones a nombre del Movimiento Integración Popular (Mipol), un partido de la costa caribe, poco conocido. Según la Corporación Nuevo Arco Iris, tanto Mipol como Colombia Viva se multiplicaron junto con la expansión paramilitar a partir de 1999.
En las elecciones de 2002, según Registraduría, el senador Vives consiguió en Nueva Granada el 89 por ciento de los votos y en San Zenón, el 87 por ciento, ambas poblaciones del departamento del Magdalena, dominado por el paramilitarismo.
Por nexos con el paramilitarismo que él niega, Jorge Luis Caballero fue expulsado públicamente en una rueda de prensa de Cambio Radical, segunda fuerza uribista según las encuestas, pero fue acogido por Apertura Liberal, dirigido por la política tradicional Zulema Jattin, también uribista.
En las elecciones de 2002, Caballero, del departamento del Magdalena, obtuvo en el poblado de El Piñón 97.7 por ciento de los votos para la cámara baja; en Concordia, otro poblado, el 96.4 por ciento y en Tenerife, el 93.7 por ciento, según la Registraduría.
Para Antonio Navarro, ex guerrillero del disuelto M-19 y hoy senador y precandidato presidencial del izquierdista Polo Democrático Alternativo, «esos resultados son consecuencia de coacción armada sobre los votantes».
Para Navarro, las apabullantes votaciones muestran que estos políticos ya en 2002 tuvieron el apoyo de los paramilitares en el Magdalena. Navarro disputa este domingo la candidatura de la izquierda con el también senador del Polo y ex presidente de la Corte Constitucional Carlos Gaviria.
Castro, expulsado también de Cambio Radical por el mismo motivo, fue acogido por Colombia Viva.
En el Senado, durante la discusión del código electoral y de la ley de garantías elaborada tras la aprobación de la reelección inmediata que favorece a Uribe, Navarro propuso considerar que una votación superior al 75 por ciento en un municipio debería ser investigada, pero fue derrotado porque el gobierno se opuso.
También fue rechazada por el gobierno la propuesta de que no podría haber candidatos únicos ni a gobernaciones, ni a alcaldías.
El mismo Navarro observó que el propio presidente Uribe, originario del departamento de Antioquia, sólo en Envigado, ciudad aledaña a Medellín y que en sus tiempos era controlada por el narcotraficante Pablo Escobar, obtuvo una votación del 80 por ciento. El resto de votaciones por Uribe en su tierra natal fue normal en cada municipio.
Por eso, al precandidato izquierdista le llama la atención que Uribe, a quien los paramilitares han manifestado repetidamente su apoyo, haya obtenido el 95 por ciento de los votos en Sabanas de San Ángel, y cifras similares en Chivolo y Ariguaní, municipios del mismo Magdalena.
El 5 de enero de 2006, los senadores cordobeses Miguel De la Espriella y Juan Manuel López Cabrales se acusaron mutuamente, y delante del presidente Uribe, de vínculos con las AUC. De la Espriella sería amigo de Mancuso, según López. Un hermano de López estaría favoreciendo a los paramilitares con contratos públicos, según De la Espriella. Sólo luego de que las acusaciones trascendieron a los medios, 15 días después, Uribe dio a conocer su intención de que la fiscalía investigue.
La lista es aún más larga: las AUC han hablado de tener el 35 por ciento de las curules del actual parlamento. En http://www.salvatoremancuso.com/ se lee un artículo que pone en duda esa cifra, que ha sido citada por el propio Mancuso y por Vicente Castaño. Sea como sea, el texto subraya que en las elecciones del 12 de marzo las AUC duplicarán la presencia actual en el legislativo colombiano.++++
ELECCIONES – COLOMBIA:
Paramilitares buscan votos
por Constanza Vieira
BOGOTÁ, mar 10 (IPS) – Una entidad de hijas e hijos de víctimas de «la guerra sucia y el terrorismo» en Colombia llamó a la ciudadanía a no votar en los comicios parlamentarios de este domingo por las listas que postulan a presuntos paramilitares, sus cómplices y sus testaferros.
marzo 10th, 2006
Por Constanza Vieira
En el departamento del Meta, Colombia, territorio donde se encuentra Vistahermosa, en cercanías de la Serranía de La Macarena y escenario el 27 de diciembre del peor revés militar para el gobierno de Álvaro Uribe en su guerra contra las FARC, se inició el 19 de enero la operación de erradicación manual de cultivos de coca más grande emprendida por gobierno alguno en el país andino.
Ha sido bienvenida, en principio, por muchos ambientalistas, la decisión de erradicar manualmente unos cultivos que suelen destruir sin miramientos las selvas colombianas, entre las más valiosas del planeta.
Subsiste eso sí el temor de que, si la operación Macarena resulta costosa en términos de enfrentamientos bélicos, el gobierno considere que tiene visa para fumigar con una mezcla potenciada del herbicida glifosato este parque nacional natural que contiene especies genéticas únicas en el planeta.
En qué consiste el tesoro de La Macarena
Los geólogos creen que la actual Suramérica fue la primera gran masa de tierra que se desprendió de Gondwana, el gran continente único original. Por eso sus especies de flora y fauna están entre las más primitivas del planeta.
Muchísimo tiempo después se desprendió la actual Norteamérica. Y hace poco, unos tres y medio millones de años, estas dos partes se juntaron, dando lugar a un intenso intercambio de especies.
El punto de encuentro se llamaría Colombia. Su selva del Darién, en el Chocó, en la hoy frontera con Panamá, es considerada internacionalmente por científicos la selva más biodiversa del planeta y también es escenario de la guerra civil originada a mediados de los 40, con breves años de treguas.
La Macarena, una mole selvática de 690.000 hectáreas, es una suerte de Arca de Noé. Más antigua que Los Andes, existía ya en épocas geológicas cuando la mayor parte de la América estaba bajo el agua y sirvió de refugio para miles de especies.
Se cree que La Macarena es uno de los «escombros» de Gondwana. Se la considera un banco genético único en el mundo. Allí se encuentran hoy plantas y animales en condiciones primigenias y, según los biólogos, inclusive hay especies que aún no han emprendido la dispersión genética.
Las FARC en su casa
La Macarena es bordeada por el Norte por el río Güéjar, y por el Sur, por el Guayabero. Ambos fluyen hacia la Orinoquia, en el oriente. El Guayabero, que brota en la vecina Cordillera Oriental de los Andes, marca en la historia colombiana uno de los cuatro lugares que fueron cuna de las FARC en 1964. Los otros fueron Marquetalia, Riochiquito y El Pato, más al sur sobre distintos puntos de la cordillera.
La Macarena y sus alrededores están sembrados de anillos de seguridad que resguardan desde hace decenios a la alta dirigencia de las FARC. Aquí la guerrilla literalmente está en su casa.
El arma que usa la guerrilla para asegurar su territorio son las minas antipersonal made in las montañas de Colombia y otras trampas explosivas prohibidas por tratados internacionales: la amenaza más temida por la fuerza pública y que más bajas le causa, y la más barata para la guerrilla.
Más del 60 por ciento del territorio de Colombia ha reportado incidentes con minas, que también son usadas para proteger los alrededores de las bases militares, con la debida señalización, así como por otros grupos guerrilleros surgidos también en los años sesenta y por los paramilitares, que entraron en escena en 1982.
La droga, combustible de la guerra colombiana
La operación sobre La Macarena, que llevan a cabo 930 contratistas erradicadores de arbustos de coca, es escoltada por 1.500 policías y 6.000 soldados contraguerrilla, apoyados desde el aire por 15 helicópteros de combate Black Hawk estadounidenses y un «avión fantasma», de teledetección de objetivos y espionaje electrónico.
Desde esta nave la avanzada se coordina en inglés: en Colombia hay centenares de asesores militares estadounidenses dedicados a la guerra de contrainsurgencia a través del Plan Colombia y su fase abiertamente militar, el Plan Patriota, ambos financiados por Estados Unidos.
Con semejante respuesta al ataque de Vista Hermosa, el gobierno pretende reforzar el mensaje en el sentido de que esa insurgencia de origen campesino no es más que una organización narcotraficante.
Pero la compra-venta de droga en los amplios territorios dominados por las FARC, que son al mismo tiempo regiones abandonadas por el estado, está lejos de ser el único ingreso de la guerrilla, en primer lugar.
En segundo, la droga ilegal no financia únicamente a la guerrilla: en la cúpula paramilitar, con la cual el gobierno Uribe mantiene negociaciones secretas que parecen apuntar a su inserción en la vida económica legal, tienen asiento varios de los más reconocidos narcotraficantes, probablemente algunos de los hombres más ricos de Colombia.
En ese marco, el Estado colombiano parece beneficiarse últimamente otra vez de una masiva legalización de capitales narco de tal magnitud, que se refleja en las rutilantes cifras económicas de 2005, sobre todo del segundo semestre.
Con ello queda dicho que el narcotráfico es el combustible estratégico de la guerra colombiana para TODAS las partes.
Interrogante Uno: Por qué no la erradicación concertada
Ante la operación Macarena surgen varios interrogantes:
Uno, por qué la erradicación manual no se adelanta de manera concertada con la comunidad local. La Asociación de Juntas de Acción Comunal del río Güéjar ha mostrado públicamente en el pasado su disposición de sustituir los cultivos siempre y cuando cuente con soluciones lógicas y sostenibles respaldadas por el Estado.
Un abordaje concertado para la erradicación requiere una acción coordinada y sostenible de muchas entidades públicas, una infraestructura estatal que refleje una verdadera política permanente para dar soluciones de fondo a los productores de la materia prima de la cocaína y -en otras regiones- de la heroína.
Esa política de erradicación no es que no resulte costosa, pero les daría sustento permanente legal a los pobladores.
En contraste, hasta ahora nadie parece preguntarse cuántos dólares les está costando a los ciudadanos estadounidenses la operación militar sobre La Macarena, parte del Plan Patriota y del Plan Colombia financiados por los contribuyentes del primer consumidor mundial de cocaína.
Una «conquista» fracasada
Una respuesta a por qué no se recurre a la erradicación concertada es que el gobierno no ha podido «conquistar la mente y el corazón» de los habitantes de La Macarena y sus inmediaciones.
Por lo menos desde la muerte del Ché Guevara en las selvas bolivianas, donde su pequeño grupo fue delatado por los propios lugareños, que vieron con desconfianza en su vecindario deambular a unos extranjeros barbudos y armados, estaba claro que la guerrilla no sobrevive si no tiene apoyo de la población: es el secreto de que se mueva como pez en el agua.
Se podría decir que el presidente Uribe inauguró su Política de Seguridad Democrática en Vista Hermosa, cuando recién posesionado ofreció a sus habitantes ingentes millones de pesos a cambio de que estos entregaran a los miembros de la cúpula de las FARC o a los jefes de sus 105 frentes a las autoridades. El paquete que se ofrece, entratanto también en otras regiones, incluye traslado, cambio de identidad y visa estadounidense.
Gente de la región dice en este enero de 2006 que el gobierno, en más de 40 años, apenas hasta ahora se aparece -pero para la guerra.
El objetivo de la operación Macarena es el mismo del Plan Colombia y el Plan Patriota. No tanto combatir a la guerrilla, como «quitarle el agua al pez».
La vía en La Macarena -y en otros lugares- es atacar los cultivos de coca que, por el contrario, sí parecen ser el principal ingreso para los pobladores de la región, que el gobierno supone son base de apoyo de la guerrilla. Al eliminar su fuente de sustento la población tendrá que irse. La que no lo haga se volverá contra la guerrilla, o bien es su base de apoyo y se la podría perseguir lícitamente, sería el cálculo del gobierno.
Al mismo tiempo, habrá redadas. En su respuesta al ataque de Vista Hermosa el presidente Uribe advirtió: «Emprenderemos una tarea de captura de milicianos en toda esta área: Vista Hermosa, Uribe, El Castillo, Lejanías, los municipios vecinos porque hemos encontrado que hay mucha milicia urbana acompañando a estos terroristas», refiriéndose a la red de apoyo logístico de la guerrilla.
¿Qué entenderán las fuerzas militares por ‘miliciano’? Más de 50 pobladores de Cartagena del Chairá, sobre el río Caguán, al sur del país y también en zona de operaciones del Plan Patriota, salieron de la cárcel este enero tras 2 años y medio de prisión. Estaban acusados de rebelión, y muchos de ellos, de ser milicianos. Fueron liberados por falta de pruebas y ahora iniciarán demandas contra el Estado.
Interrogante Dos: ¿Lluvia de plomo o calma chicha?
El segundo interrogante es si habrá enfrentamientos en la región, que vayan más allá que los combates reportados en la segunda semana de enero. Ante la operación Macarena ¿la guerrilla responderá defendiendo ese territorio, en el que sus fundadores están desde finales de los años 50?
Ante la superioridad militar del contrincante, ¿la guerrilla decidirá mimetizarse y no emprender ningún ataque contra la fuerza pública?
El tema entusiasmará a los teóricos del conflicto, que discuten si la guerra en Colombia es «de guerrillas», «de movimientos» o «de posiciones».
La guerra de guerrillas es tan vieja como la historia de la guerra. La hicieron los indígenas contra los españoles: hostigar y huir.
En la guerra de movimientos, una fuerza militar logra concentrar una gran cantidad de efectivos para acertar golpes al «enemigo», como les gusta decir a los conocedores de la vida armada. Aunque no logre control territorial, avanza hacia tenerlo, en términos estratégicos, según los entendidos.
Es lo que se vio en Colombia al menos en cuatro grandes ataques de la guerrilla durante 2005 en puntos diferentes de la geografía, que rememoraron golpes anonadantes de las FARC durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998).
La guerra de posiciones ocurre cuando una fuerza militar logra mantener un control territorial.
En el ataque en Vista Hermosa contra el ejército, éste se hallaba en un territorio controlado por la guerrilla. Esta atacó, por medio de al menos 300 hombres, a un pelotón de 90 soldados élite. 29 murieron. El ejército informó de sólo seis heridos, pero parece que éstos fueron 24, según la agencia Colprensa. Eso quiere decir que el resto de sobrevivientes tuvo que dedicarse a salvar a los heridos: en otras palabras, el pelotón militar quedó totalmente «neutralizado». La aviación llegó tres horas después de la tragedia que se suma a la enlutada historia de Colombia.
El general ( r) Fernando Tapias opinó en la revista Semana, edición de enero 16 a 23: «Lo que no puede la fuerza del estado es dejarse aferrar al terreno. La guerrilla no defiende ningún territorio. Si lo hiciera, ya habría desaparecido, porque para el estado es muy fácil reducirla. La guerrilla es nómada por definición. Una operación militar debe cumplir entonces el propósito inicial y no aferrarse al terreno. No cometer el error de los norteamericanos en Vietnam».
El general Tapias fue quien reveló que los ataques de las FARC en masas muy grandes de combatientes durante la presidencia de Samper, llevaron al gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) a plantear un compás de espera mediante los diálogos en la zona desmilitarizada de 42 mil kilómetros en el Caguán, mientras se gestionaban en el congreso estadounidense los fondos del Plan Colombia.
Al iniciarse ese gobierno, el entonces ministro de Defensa presentó en noviembre de 1998 un plan de reestructuración de las fuerzas militares cuya implementación necesitaría tres años. Los primeros helicópteros del Plan Colombia llegaron al país también tres años después, en enero de 2002, así como el primer avión fantasma, y en pocas semanas se rompieron definitivamente los diálogos del Caguán, que duraron lo que estaba previsto: tres años.
Dice Tapias a Semana sobre la guerra de movimientos durante el gobierno Samper: «neutralizamos eso por aire, con los aviones fantasma y los helicópteros artillados». Pero las FARC siguieron teniendo control sobre grandes extensiones, aunque más resguardadas.
Ante la guerra total decretada por Uribe, pero cuyas condiciones materiales se deben a Pastrana, el comandante de las FARC, Manuel Marulanda, probablemente el guerrillero más viejo del mundo, decretó repliegue.
El tal repliegue fue como una calma chicha que duró dos años. La guerrilla se esfumó. A principios de 2005, las FARC parecieron comenzar a desperezarse.
Según el portavoz del Movimiento Bolivariano, de civiles cercanos a la guerrilla comunista, hoy las FARC «están en capacidad de pasar, en menos de tres horas, de un alto número de hombres a comandos de cinco y al revés, y no son detectados».
O dicho por el general Tapias: «Ahora la guerrilla se divide en pequeños grupos y no se deja localizar, y sólo asesta golpes cuando está el objetivo desprotegido o se ha rutinizado. La guerrilla analiza las respuestas del Estado y se acomoda. Se acostumbró al concepto de las fuerzas de despliegue rápido, de unidades móviles, del apoyo aéreo», que fueron previstas en el diseño durante el gobierno Pastrana.
O sea que la guerrilla se adapta, como el agua. Por el tipo de ataques que protagonizó en 2005, parece aplicar al mismo tiempo la guerra de guerrillas y de movimientos, mientras en algunas regiones mantiene control territorial.
Interrogante Tres: Ojo a la «reubicación» de la población
Según el general Jorge Daniel Castro, comandante de la Policía, dentro de seis meses ya no habrá más plantas de coca en La Macarena. El gobierno se propone, para entonces, tener diseñado ya un plan de «reubicación» de cinco mil familias que vivan hace más de tres años en la zona.
Surge el tercer interrogante: cómo será esa «reubicación», si a las buenas (concertada), a las malas (trasteando a la gente en aviones, como ocurrió ya a comienzos del Plan Patriota en 2003 en el Guaviare en un episodio que la opinión pública no conoce), o a las peores, es decir, recurriendo a masacres y asesinatos selectivos escudándose en supuestos o reales grupos paramilitares, acciones que ya empezaron en la zona circundante a La Macarena.
En la última semana de enero, enviados de las Juntas de Acción Comunal del río Güéjar presentarán en Bogotá su propuesta de 14 puntos para sustituir la economía de la coca. No es la primera vez que lo harán. La alternativa comunitaria hasta ahora ha sido ignorada por los medios colombianos. Veremos si ahora sí les paran bolas.++++
enero 20th, 2006
Emilio García, del ministerio de agricultura de Colombia, denunció hoy al noticiero televisivo CMI que Colombia está, según el noticiero, «a punto de aceptar la imposicion de Estados Unidos sobre patentamiento de organismos vivos. Eso quiere decir que Colombia otorgará patentes (sobre) plantas y animales desconociendo, entre otras cosas, la legislación andina que expresamente lo prohíbe».
Además, según CMI, «Colombia acepta ampliar los derechos de prueba de cinco a 10 años. Eso significa (…) bloquear durante cinco años los medicamentos genéricos y durante 10 años los genéricos agroquímicos».
«Durante 10 años -advirtió la sección editorial del noticiero dirigido por el periodista Yamid Amat, y titulada 1, 2 y 3– Colombia no podrá comercializar sus genéricos agroquímicos: abonos, fertilizantes, etc. Eso supondrá, por una parte, que esos productos incrementarán automáticamente sus costos y, por la otra, que matan por asfixia a nuestra industria agroquímica. Ojo con los riesgos que corremos, de verdad.»
Texto completo del editorial:
Cosas graves parecen ocurrir en la negociación de TLC. Comienzan las denuncias sobre como el país, aparentemente, se está entregando.
diciembre 6th, 2005
«Cuando la verdad es la ausente, la historia es un juez implacable”. Con esta frase termina la carta de renuncia -“por razones éticas”- de su cargo en una dependencia del área de salud, de Luis Guillermo Restrepo Vélez (en la foto), ex miembro del equipo negociador colombiano en el tema de medicamentos en el TLC que, se supone, Colombia, Ecuador y Perú regatean hace casi dos años con Estados Unidos.
Pero Restrepo revela ahora que no ha habido tal regateo.
Y que los esfuerzos de los negociadores colombianos en 14 rondas de TLC, comandados por el ministerio de comercio exterior, han estado más dirigidos a «negociar» con sus propios compatriotas del área institucional de salud concesiones gota a gota que afectarán a la población y, en cambio, reconfortan a las corporaciones farmacéticas estadounideses.
“Sería mucho más transparente decirle al país que el trabajo de 18 meses en las cuestiones relacionadas con propiedad intelectual y salud fracasó, que realmente nunca existió negociación” pues para poder firmar el TLC los negociadores tendrán que abandonar sus propios principios de “negociación por intereses” y de no traspasar unas “líneas rojas” acordadas con el empresariado colombiano, escribe Restrepo.
“Eso tal vez nos hubiera ahorrado conflictos, tiempo y recursos. Que no se diga esto con claridad, me produce vergüenza ajena y dolor de patria”, escribe.
Para Restrepo, estos negociadores supieron desde el principio “de la rígida postura de los negociadores estadounidenses, que no aceptarían un texto que no fuera igual o superior al CAFTA”, el TLC aprobado este año entre Estados Unidos y Centroamérica.
“Aceptaron vetos, impusieron vetos, invitaron un experto internacional de conocida tendencia pro industria, desacreditaron estudios, tergiversaron resultados de otros, teniendo siempre como espada de Damocles la amenaza de convertir al sector (salud), al Ministerio (de Protección Social, antes de Salud) y al Ministro en el obstáculo del tratado”, resume sobre la real estrategia de negociación de mincomercio de Colombia.
Restrepo deplora “la forma desleal y engañosa con la que los negociadores de comercio trataron hasta ahora al sector, no sólo en Colombia, sino en los tres países”.
Revela en su carta, fechada el 5 de diciembre, que en la XIV ronda del TLC en Washington “el coordinador (colombiano) de la mesa de propiedad intelectual por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, abandonó la propuesta de negociación concertada con los andinos y, de manera unilateral, presentó una propuesta de protección de datos de prueba basada en el texto estadounidense, que contiene disposiciones con niveles de protección mayores que los acordados por ese país con Chile y con los países centroamericanos (CAFTA), donde se ignoran todos los compromisos con el sector salud”.
Al finalizar la XIII ronda, en septiembre en Cartagena de Indias, Restrepo, junto con sus colegas Gilberto Alvarez Uribe y Juan Fernando García Echeverry, había renunciado a seguir haciendo parte del equipo técnico negociador de propiedad intelectual: «Los representantes del gobierno de Estados Unidos mantuvieron una posición inflexible que ha roto el equilibrio de las propuestas formuladas por los andinos, destinadas a dar solución integral y facilitar el cierre de la negociación», escribieron entonces.
Los tres fueron calificados entonces de «desleales» por el ministro de Comercio de Colombia. Las negociaciones del TLC se han hecho de espaldas a la opinión pública, aunque el ministro afirma que en la página web del ministerio está publicado «casi todo». Los periodistas no tenemos acceso a los documentos y quien se acerque a los contenidos de la negociación debe firmar un «compromiso de confidencialidad».
Así, copio textual la última frase de Restrepo, quien por cierto admira y apoya a su ministro de Salud: «Me llevo un sabor amargo, porque una sociedad siempre está expuesta a tomar buenas o malas decisiones cuyas repercusiones tendrá que disfrutar o sufrir, pero cuando la verdad es la ausente, la historia es un juez implacable».++++
diciembre 6th, 2005
La Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR) ganó el 1 de diciembre el premio internacional que concede anualmente la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).
El galardón le fue conferido “por sus valientes denuncias apoyadas en unos 17 mil testimonios de víctimas o testigos de violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad, cometidos durante las últimas dos décadas en Perú, y por su continuada lucha contra la impunidad, endurecida en las difíciles circunstancias actuales”.
La APDHE valoró el esfuerzo de la Comisión de la Verdad por buscar información y testimonios por todo el país. Actualmente, los miembros de la Comisión están amenazados de muerte.
El premio –una estatuilla de honor- será entregado el 15 de diciembre en Madrid, en nombre de la CVR, al comisionado Enrique Bernales Ballesteros, constitucionalista, ex senador y director ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas.
Un país que olvida su historia está condenado a repetirla (Página de la CVR, en español e inglés)
diciembre 2nd, 2005
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