Fabulita

Marcha Patriota, abril 23 de 2012 en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Como parte de su talante de negociación con la guerrilla, el gobierno se comprometió a cesar la demonización de este movimiento pacifista campesino que proviene de los territorios FARC y ELN. Foto Constanza Vieira/IPS

«¡Viva la paz, viva la paz!»…

septiembre 4th, 2012

Rebelión contra la guerra

Este mes de julio, tan convulsionado en el suroccidental departamento del Cauca por cuenta del levantamiento indígena contra la guerra, le está abriendo los ojos a más de uno.

Y oh, sorpresa.

Resultó que la noticia sobre la minga de la desmilitarización, que decidió expulsar a todos los combatientes del territorio nasa, viene de hace un año. La desmilitarización fue decidida el 20 de julio de 2011 y es un mandato de miles de indígenas del Cauca que echó a andar en septiembre. Tan así es la cosa que esta reportera habló entonces con un alto funcionario del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, sobre las salidas que pudieran evitar graves riesgos para la vida de los indígenas mingueros.

El pasado 20 de abril, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, dirigió un dura carta al comandante de las FARC, Timoléon Jiménez. Publico debajo su texto completo porque parece difícil de encontrar.

La carta conocida ayer, 25 de julio, del comandante de las FARC a los indígenas, es respuesta a otra misiva de ACIN a la guerrilla, fechada en Miranda (Cauca) el 15 de este mes.

Pero sobre esta carta, a continuación, no conozco respuesta. En ella los indígenas abordan temas tan delicados, que quizá las FARC respondieron por canales confidenciales que no me pillé.

Cxhab Wala Kiwe –Territorio del Gran Pueblo Nasa en el Cauca–, abril 20 de 2012

Señor
Timoleón Jiménez
Comandante
FARC.

Reciba un saludo de la Asociación de Cabildos Indígenas de la Cxhab Wala Kiwe ACIN. Como en anteriores ocasiones, le escribimos desde nuestro compromiso por abrir las rutas para la paz en Colombia.

Esta carta es para seguir con el diálogo y debate público que iniciamos hace ya tres años (7 de marzo de 2009) con un mensaje que  también firmó nuestro CRIC. Y para invitarlos nuevamente a un diálogo sobre temas humanitarios en el territorio indígena del norte del Cauca, como ya lo hicimos en el Encuentro por la Paz de Barrancabermeja, en agosto del año pasado. Tal diálogo es más urgente a medida que el conflicto se intensifica en nuestra región, y por los hechos reiterados de parte de sus tropas y algunos mandos contra nuestra Asociación y autoridades tradicionales. Al final le solicitamos que nos haga una aclaración importante sobre la política de su organización hacia nosotros.

1. El primer punto que queremos analizar son los términos de la carta que el comandante Alfonso Cano nos envió (abril de 2009), respondiendo la nuestra. Allí ustedes señalaron cuatro cosas relevantes, entre otras: que hay “desencuentros y dificultades puntuales” de la insurgencia con los indígenas; que ustedes han colaborado en la lucha indígena; que reafirman y reiteran el llamamiento a los frentes que operan en zonas indígenas a que respeten la “organización autónoma de las comunidades indígenas, a sus cabildos, su vida, su cultura, su lengua propia y su organización interna”; y que reconocen su identificación “con la esencia de principios como Territorio, Unidad, Cultura, Autonomía, Resistencia, Justicia y Moral”.

Debemos reconocer que en esa ocasión en general nos pareció bien que respondieran la carta. También valoramos positiva la parte en que reconocen la existencia de atropellos, así sea sin darle el nombre que es; porque algunas de las situaciones que ustedes llaman “dificultades puntuales”, para nosotros han sido en realidad crímenes contra las comunidades, más o menos reiterados. Pero reconocer que hay problemas puede ser el principio para seguir tratándolos en futuros diálogos humanitarios, y eso nos parece muy importante.

Lo que sí nos sigue pareciendo un poco vanidoso es que se arroguen como propias las luchas y las recuperaciones de tierras de los años 70s que hicimos las comunidades indígenas del Cauca. Se trata de una posición frágil en términos históricos, y más bien podría resultar oportunista en términos políticos. Lo cierto es que en las recuperaciones de tierras han participado de forma protagónica indígenas y no indígenas de todas las corrientes políticas: conservadores, liberales, comunistas, socialistas, maoístas, gaitanistas, del MRL, del MOEC, protestantes, católicos, y hasta funcionarios públicos; pero no hay lugar a dudas de que el cuerpo principal de estas acciones ha sido la movilización indígena de raíz autonomista, y así lo corroboran historiadores de quienes no se puede dudar su independencia. Pudo haber gente influida por distintos grupos insurgentes que haya estado esos años en las recuperaciones, pero no es posible hablar de un papel muy significativo; porque aunque han sido hechos de fuerza ninguna recuperación fue hecha con las armas; ninguna fue resultado de una acción donde la guerrilla pudiera haber tenido un papel protagónico, pues de haber sido así simplemente nos hubieran aniquilado militarmente.

La realidad es que las enormes movilizaciones del CRIC de esa década encontraron incomprensión en varias fuerzas políticas que veían en lo indígena el atraso y la ignorancia, y no reconocían ni sabiduría ancestral ni derechos milenarios, y ni siquiera formas económicas sustentables; y tienen que acordarse que también en esa época las necesidades de la guerra los llevó a ustedes a hacer acuerdos con terratenientes para mantener los impuestos de guerra que ellos pagaban, lo que generó duras denuncias de nuestra parte.

Se trata de un argumento ligero que solo sirve a quienes siempre quieren quitarle protagonismo a las comunidades organizadas, y en últimas subvaloran la capacidad de los pobres y los indios de dar luchas contundentes por nuestra propia cuenta. Son los que dicen que las tierras recuperadas fueron una concesión del Estado porque algunos funcionarios del Incora fueron fundamentales en esa lucha, o porque el gobierno de Lleras Restrepo de algún modo promovió la formación de la Anuc; los que repiten que se trata de una conquista de los partidos tradicionales porque nuestro primer mártir de la actual etapa de lucha fue Gustavo Mejía, que era un liberal del MRL; o que es un logro de la Iglesia  porque Álvaro Ulcué y Pedro León Rodríguez eran curas católicos. En resumen, que hay que torcer mucho el análisis histórico y político para sostener esa superficialidad.

2. Sobre los otros dos temas de ese mensaje del 2009 –que orientaron respetarnos y que comparten nuestros principios de vida y de lucha–, vemos que sus palabras no corresponden del todo con la realidad. Sinceramente creímos que iban a mermar lo que ustedes llaman “dificultades”, pues después de la masacre de los Awá eso era lo mínimo que tenían que hacer para distinguirse de sus enemigos. Pero no ha habido cambios visibles: desde ese momento hasta ahora, siguió el paralelismo en lugar del respeto a la autonomía; siguieron las agresiones y asesinatos por los milicianos y sus combatientes; el ataque a casas de la gente y los ataques indiscriminados siguen ocurriendo todas las semanas; siguen usando minas y armas que disparan para cualquier lado.

En Tacueyó, vereda  Gargantillas, ustedes tenían una escuela de entrenamiento, que el Ejército bombardeó hace un año; varios menores indígenas murieron. El gobierno dijo que no tuvo la culpa de los niños muertos porque estaban en un campamento, que es un objetivo militar legítimo. Pero el gobierno sabía no solo del campamento sino de la presencia de los menores, porque la información les había llegado por un desertor de ustedes mismos. De modo que usó las armas sabiendo de la presencia de personas que debían ser protegidas –los niños y niñas. Eso es un crimen de guerra del Estado. Pero también de ustedes, porque está prohibido reclutar menores y llevarlos al matadero. En un comunicado ustedes dijeron que en realidad los muchachos fueron llevados con engaños por un infiltrado del Estado que actuó a nombre de las FARC; sin embargo el supuesto infiltrado actuó siempre con otros guerrilleros que siguen con ustedes, y con la protección y apoyo de todas las estructuras de las FARC de la zona.

Lo de Toribío y Corinto del 10 de julio de 2011 es lo mismo, pero al revés. Enviaron carros-bomba contra las estaciones de Policía cargados con explosivos. Saben ustedes que los cilindros y los tatucos salen para cualquier lado; sabían que era día de mercado; sabían que había muchos civiles indígenas en el centro de ambos pueblos; sabían que las explosiones iban a destruir viviendas, y matar y herir civiles. Pero no les importó; actuaron a conciencia de que iban a destruir el centro de esas poblaciones. La fuerza pública es responsable de poner sus bases en medio de la población, y eso es una infracción al DIH. Pero ustedes son responsables de atacar con armas que tienen efecto indiscriminado y por atacar a civiles que estaban siendo usados como escudos. En esa ocasión murieron 3 comuneros y ustedes dañaron casi 400 viviendas.

Los responsables de las FARC de la zona dicen que son cosas inevitables. O peor, que es culpa de las víctimas estar cerca de los batallones y cuarteles de policía, como apareció en un comunicado del Sexto Frente. Si el gobierno instala una base militar en medio de la población civil y la usa como escudo humano –que es lo que viene haciendo y es una infracción al DIH–, la obligación de la insurgencia es proteger en todo momento a la gente desarmada, y más si se trata de gente humilde. Ustedes no pueden exigirle al gobierno que cumpla con el DIH, como aparece en el comunicado, y no asumir que ustedes también están obligados a cumplir. Eso no es serio. El cuento del “daño colateral” lo usan los Rambos y los fascistas cuando ametrallan las comunidades y mueren civiles; nosotros esperaríamos que ustedes no pensaran igual.

3. De todos modos, es claro que la orden del comandante Cano de respetarnos la vida, la autonomía y la organización no se ha cumplido. Hay un tema de urgencia que queremos analizar con usted, y que muestra que lo que afirmamos es cierto. Según información confiable que no han desmentido los miembros del Comando Conjunto de Occidente de las FARC luego que les preguntáramos explícitamente, esa estructura de la organización que usted comanda ha ordenado la ejecución del delegado de nuestra organización para representarnos en la Comisión Política de la Minga Social y Comunitaria, del encargado de dirigir el Equipo de Paz, del coordinador de la Guardia Indígena a nivel zonal y del coordinador del Tejido de Justicia y Armonía (responsable de apoyar la función jurisdiccional de las autoridades indígenas); los cuatro líderes hacen parte de la Comisión Política de la ACIN y del CRIC. Ese mismo Comando Conjunto de Occidente unos días después de conocida la orden de ejecución, distribuyó un comunicado fechado en marzo de este año, en el cual aparecen las que serían las “justificaciones” para cometer tales crímenes; dicho comunicado en buena medida fue respondido por el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, en términos que compartimos plenamente, pues se trata de la posición que históricamente ha adoptado el movimiento indígena del Cauca.

Hay unas consideraciones de orden en ese comunicado que merecen nuestra crítica. Ya señalamos que nos parece una total inexactitud histórica decir que ustedes hayan reconquistado “para los indígenas” las tierras que se encontraban en manos de terratenientes, como dice el comunicado al que nos referimos. Por otra parte, según el CCO nuestra interpretación de la autonomía indígena es “errónea y engañosa” y genera odio contra la insurgencia, porque es “confrontacional” frente a la presencia guerrillera y frente a “los indígenas que se alejan de sus [nuestras] políticas proclives al Estado”. Resulta extraño que el CCO nos “acuse” hoy de no querer la presencia guerrillera en el territorio indígena, cuando se trata de una posición que hemos expresado por todos los medios desde hace décadas, y siempre hemos dicho que exigimos también que salga el ejército oficial. Hemos dicho que no necesitamos a ninguno de los dos. Hemos dicho que nuestros problemas los resolvemos nosotros. Es más: no estamos solamente contra la presencia de la guerrilla o del ejército en nuestros territorios; ¡estamos en contra de la guerra en todas sus dimensiones, en nuestros territorios y en el país! Lo afirmamos porque llevamos cinco siglos soportándola, y sabemos como nadie de sus dolores y de sus miserias, incluso cuando fue inevitable que nos tocara meternos directamente en ella, con la Gaitana y el Quintín.

No estamos en orillas diferentes de un mismo río, como dice el comunicado del CCO. En realidad estamos en dos ríos distintos; puede que ambos desemboquen en el mismo mar, pero pensamos que el de ustedes difícilmente llegará al de un país más justo. Hemos escogido la lucha civil, masiva, directa, comunitaria, en montonera, no por simple diferencia con la lucha armada, sino porque nos parece que nuestro modo de hacer las cosas es más efectivo y eficaz para consolidar un poder popular alternativo y construir un modo de vida más inteligente, porque permite que sea siempre la comunidad la que decida sobre las formas de lucha, y porque entendemos que una guerra como la colombiana, más que en un posible remedio, se ha convertido en una “enfermedad crónica” que produce mucho dolor y muerte injustificados. Para enfrentar el modelo imperante, que es inhumano y avallasador frente a la Madre Tierra, nuestros esfuerzos se han encaminado a la consolidación de un modelo distinto, basado en el poder de la comunidad y en la construcción de nuestros sistemas propios de economía, justicia, educación, salud y bienestar, orientado a un nuevo país que nos permita vivir y convivir con otros sectores y pueblos. No somos soberbios, pero mucho de eso hemos ido logrando estos años, sin armas: la tierra, la cultura, la unidad, la autonomía.

En resumen, no se trata de una diferencia en las formas de la lucha, sino que estamos en desacuerdo con la necesidad y utilidad actuales de la guerra. Eso no cambia el hecho de que entendemos las causas del conflicto y las razones para su persistencia; pero es claro que hacer la guerra no es un mero resultado de las condiciones socio-económicas, sino que es resultado de una decisión política. Ahora bien, sería una verdadera tragedia que las FARC consideraran enemigo y objetivo militar a quienes rechazamos la guerra y nos oponemos a ser involucrados en ella, o que ahora su estrategia sea considerar enemigos a todos quienes optamos por la lucha no armada para construir el nuevo país que necesitamos.

4. La otra acusación política solo puede ser resultado de la ignorancia. Le hubiera bastado a quien redactó ese comunicado ver la prensa burguesa, para saber que la política del CRIC y la ACIN es cualquier cosa, menos proclive al Estado. ¿No se enteraron de las movilizaciones del 2007 y 2008, impulsadas por nuestras organizaciones, que fueron las más importantes acciones contra el régimen de Uribe Vélez? ¿No supieron de la consulta contra el TLC con los Estados Unidos? ¿No han sabido de la Minga Social y Comunitaria, que propone un proceso legislativo popular? ¿No han tenido conocimiento del Congreso de los Pueblos? ¿No les contaron del masivo Congreso de Tierras y Territorios? Solo la ignorancia o la mala intención permitiría decir tamaña necedad.

Dice el CCO que nosotros tenemos una política confrontacional con los indígenas que nos critican por nuestras supuestas políticas gobiernistas. No hemos escuchado esas críticas en ninguna de las miles de asambleas que realizamos cada año. Al revés, hay un sector financiado y promovido por el gobierno que nos acusa de ser muy radicales en nuestra exigencia de derechos; en las pasadas elecciones ese sector votó unánimemente con los candidatos contrarios a nuestro proyecto político-electoral. Y claro que otros sectores nos cuestionan: por posibles problemas de autoritarismo y por manejos administrativos que no se comparten; casi todas esas acusaciones han resultado no tener ningún fundamento, salvo el odio personal y la calumnia de algunas personas, que por desgracia son rápidamente acogidas por su organización en el afán de ganar “amigos”; se trata de asuntos que abordamos en nuestras instancias internas y que hemos resuelto en la inmensa mayoría de los casos, corrigiendo y aplicando remedio. Porque cuando las autoridades indígenas no servimos, simplemente la comunidad nos cambia, en cualquier momento. Ninguna organización de este país puede mostrar una experiencia de democracia directa más profunda que la nuestra. ¡Ninguna! No tenemos cargos que duran cuarenta años, ni suplentes designados a dedo. Lo que sí no vamos a aceptar es que la guerrilla que usted comanda, o el ejército o los ministerios del Estado, nos digan cómo resolver nuestros debates internos.

Otra cosa es el asunto de los indígenas milicianos, que sin decirlo es a lo que creemos se refiere el CCO en su comunicado. No podemos negar que los milicianos indígenas son indígenas; no somos ciegos. Pero en el mismo momento en que decidieron ser miembros permanentes de una organización militar han renunciado a su condición civil y se han puesto por fuera de nuestra comunidad política. El pueblo nasa no ha decretado la guerra ni al Estado ni a ustedes, y por tanto cualquier comunero o comunera indígena que se arme o realice acciones militares está violando nuestra ley, sea que se meta en el ejército o en la guerrilla o en cualquier otro grupo; si quiere ser miliciano no puede ser comunero con derechos políticos, porque en tal caso tendríamos que sancionarlo por violar la ley indígena. Les hemos dicho: si se queda en la comunidad, tiene que cumplir la ley indígena; si quiere irse a la guerra, debe acogerse al derecho de la guerra, que es el DIH y el reglamento de guerra de ustedes o el del ejército; si quiere salirse de la guerra, tiene que aceptar el camino indígena de regreso a casa. Lo que no pueden hacer es escudarse en medio de la población civil y ponerla en riesgo, actuar armados dentro de la comunidad o atacar o amenazar a sus miembros con medios armados, y esperar que la comunidad los proteja o no los sancione. No es tan difícil entender esto, que es lo que dice el Derecho Internacional Humanitario sobre la condición de combatiente, pero que también lo dice el derecho de gentes y el mínimo sentido común. Sabemos que ustedes no comparten del todo el DIH, ¿pero exigir a los actores armados que cumplan el DIH es un acto hostil según las FARC?, ¿exigir que se proteja a los civiles indígenas es un acto militar? Nos parece muy extraño que digan eso.

Ahora bien, para oponerla a nuestro proyecto de autonomía territorial, el CCO habla de la supuesta “verdadera autonomía”, que consiste en una que le guste a los comandantes guerrilleros; es la misma autonomía de que habla el gobierno: una que le haga caso a sus ministros y sus generales. Pero nosotros cuando decimos “libre determinación” entendemos “libre determinación”, no autonomía tutelada. La autonomía no consiste en que algún actor armado, o intelectual, o político, o religioso, legal o ilegal, nos da la bendición sobre cómo debemos ejercerla; precisamente la autonomía se refiere a lo contrario: a que las autoridades y los líderes indígenas no le rendimos cuentas sino a la comunidad organizada.

En este tema sí que estamos bien lejos. Y si esa es la posición de las FARC, es más atrasada que la de los Estados capitalistas, que por lo menos de palabra aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Dicen los dirigentes del CCO que los pueblos indígenas no podemos tener autonomía mientras persistan ciertas amenazas crecientes que ellos van a “combatir” (palabras textuales), la primera de las cuales son los “gobiernos propios”, es decir nuestros gobiernos indígenas, “que no constituyen garantía de justicia social y pulcritud para las comunidades”. Preguntamos: ¿Las FARC en adelante van a “combatir” a los cabildos, a la ACIN y al CRIC? ¡Vaya enemigo el que escogieron: una organización popular!  ¿Si no es eso lo que quisieron decir, por qué lo escriben? ¿Para intimidarnos? ¿Es un error de redacción? Cualquiera sea la razón, los indígenas del Cauca no vamos a cambiar de política por miedo.

Sin ánimo pendenciero, nos parece que a menudo ustedes no le disputan el poder al Estado colombiano en nuestros territorios, sino que por el contrario le están disputando al movimiento indígena sus gérmenes de poder popular, su derecho a gobernarse y su ejercicio de libre determinación.

Las otras amenazas de las que nos pretenden cuidar los miembros del CCO son la fuerza pública y el saqueo de los recursos naturales. Varias veces hemos cuestionado esta afirmación. Ningún ejército está hecho para proteger a la población civil. Cuando el ejército oficial arrasa las comunidades no es la guerrilla la que sale a defendernos; nunca lo ha hecho y tampoco esperamos que lo haga, porque no nos interesa y porque lo primero que protege una fuerza armada cuando se encuentra en desventaja obviamente son sus propios intereses militares; en cambio es la Guardia Indígena, la comunidad desarmada, la que no sale corriendo y en cambio enfrenta con el pecho y los bastones las agresiones reiteradas de todos los ejércitos. Y sobre la supuesta protección de los recursos naturales, hay demasiadas evidencias de que no es así; basta recordarle la posición de sus frentes sobre la minería y el petróleo, que no es exactamente de oposición.

5. Queremos terminar refiriéndonos al segundo tipo de consideraciones del comunicado del CCO, las de carácter militar. Dice, entre otras acusaciones amenazantes, que entre las autoridades y líderes de los Cabildos, de la ACIN y del CRIC hay “agentes abiertos o encubiertos del Estado”, que hemos sido cómplices de la “estrategia [militar] de reclutar a dirigentes, guardias indígenas y comuneros para su bando”, y que abogamos porque haya más “pie de fuerza del ejército y más represión”. Con esas acusaciones, concluyen que la ACIN, el CRIC y sus Cabildos nos hemos involucrado “peligrosamente en la guerra dentro del bando oficial”, que hemos tomado “partido al lado de las fuerzas del Estado” y, lo más delicado, que promovemos “acciones hostiles” y orientamos que la guardia indígena sea una “extensión de los cuerpos policíacos del Establecimiento”.

¿De dónde sacan tamañas conclusiones? De una frase en una circular interna del Cabildo de Jambaló, sacada de contexto a propósito, donde se orienta a la guardia indígena “continuar en el ejercicio de control y verificación e información a las autoridades competentes”. En realidad la frase completa continúa “…, defensoría del pueblo, cruz roja internacional, personería, derechos humanos”, y tiene como encabezado que se trata de la “reafirmación de la emergencia territorial y humanitaria, y las acciones de resistencia pacífica”. Cualquiera que habite nuestra zona sabe que los indígenas solo hablamos de “autoridades” cuando nos referimos a las “autoridades indígenas”, las únicas con quienes deben reportarse los Kiwe Tengna (guardias); cualquiera que lea la circular entiende que se trata de orientaciones humanitarias; cualquiera que conozca nuestra organización así sea por encima, sabe que la Guardia Indígena es una forma milenaria de protección de los pueblos indígenas, cuyo mandato es la defensa de la vida en su integralidad, incluyendo la vida de combatientes puestos fuera de combate, que la Guardia ha protegido independientemente del actor armado a quien pertenezca. ¿Por qué entonces esta utilización perversa de nuestras palabras de paz? Sinceramente no vemos otra explicación que un interés provocador.

También señalan que no hacemos “nada concreto por impedir la presencia de la policía y el ejército” en las cabeceras municipales. El CCO sabe que cuando hemos exigido la desmilitarización, nos hemos referido por igual al ejército y a la guerrilla; y sabe que hemos realizado las acciones civiles a nuestro alcance para desmontar la infraestructura militar de ambos actores sin darle ventaja militar a ninguno de los dos, como manda el DIH. ¿A qué medidas concretas se refieren? Parece que nos acusaran de no realizar acciones bélicas contra el ejército y policía; pero es que nosotros no estamos en guerra. No sabemos a usted, pero a nosotros nos parece que hay un poco de cobardía militar al exigir a una comunidad inerme que haga por ellos lo que han sido incapaces de hacer estando armados.

Comandante Jiménez: Usted sabe lo que significa decir que somos elementos “hostiles”. No son cosas que se escriban por jugar. Según el DIH, significa que las FARC considera al CRIC, la ACIN y los Cabildos sus enemigos militares y nos “combatirá” mediante las armas.

Hemos tomado la decisión de solicitarle directamente a usted un pronunciamiento específico sobre este asunto, y por su intermedio al Secretariado de las FARC, porque nos negamos a creer que ustedes hayan tomado esa decisión, y menos cuando vienen insistiendo en buscarle salidas políticas dialogadas al conflicto armado y han manifestado su disposición a acogerse al Derecho Internacional Humanitario. Tenemos la duda de si los términos del mensaje del Comando Conjunto de Occidente expresan adecuadamente la posición de su organización, o si por el contrario se trata de un documento escrito de forma apresurada o superficial, o fruto de la intensificación del conflicto en el norte del Cauca que pone a los actores militares en estado de paranoia permanente, o motivado por razones que no son exactamente las de su organización político-militar.

Nos preguntamos y quisiéramos saber si a las FARC les resulta una amenaza militar el planteamiento de la autonomía de los pueblos indígenas, el derecho a gobernar nuestro territorio o el planteamiento de generar sistemas propios que fortalezcan nuestra autonomía; si les incomoda que nuestra comunidad se autogobierne y por eso mandan a quitar del camino a nuestros dirigentes.

Nos preguntamos si las FARC van a honrar el compromiso firmado en La Uribe, el 21 de febrero de 1989, por Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, Raúl Reyes, Alfonso Cano y usted mismo, de “reconocer y respetar los lineamientos organizativos de las comunidades indígenas: unidad, tierra, cultura y autonomía”

6. Permítanos una consideración final. Los mayores de las comunidades dicen que ustedes patinan y patinan en el mismo barro y se hunden cada vez más. Están tan metidos en esa lógica de la guerra que no ven las cosas de otro modo que no sea el de mandar y hacer cumplir con el fusil en la mano, aunque lo que manden no tenga ningún sentido. Ya deben saber ustedes lo que pasó con uno de nuestros comunicadores hace unos meses: como no le tuvo miedo a un miliciano, ¡éste le pegó un tiro en el pie! ¿Qué pensamiento político puede tolerar este comportamiento? Así de enferma es la gente que ustedes están reclutando, o así la está enfermando la misma guerra. Casi todos los casos que hemos sufrido estos meses tienen la misma forma: como no tienen argumentos o no les tenemos miedo o hacemos las cosas sin pedirle permiso a nadie o queremos gobernarnos a nuestro modo o hablamos con toda la sociedad, simplemente disparan o mandan disparar.

Es posible que ustedes tengan desde hace tiempo la enfermedad del militarismo y de la violencia sin contenido y no se hayan dado cuenta. Esa enfermedad es la que hace que el Secretariado diga que van a respetar la autonomía, y sin embargo sus mandos medios, sus combatientes y milicianos hagan otra cosa. Es que a la gente que lleva tanto tiempo en la guerra le parece normal que si alguien se roba una gallina, o conversa muy duro, o habla con un funcionario del gobierno, o si se duerme en la guardia, o piensa contrario al que manda en el pueblo, hay que fusilarlo por orden de un comandante, sin derecho a defenderse y sin poder saber de qué lo acusan. Todo se vuelve un problema de seguridad del Estado o de seguridad del grupo guerrillero; todo lo que es distinto se les vuelve una amenaza. Es que también la guerra se vuelve burocrática, y los funcionarios armados matan por pura costumbre, como si fuera el trámite en una ventanilla.
Ese pensamiento hace que la vida de la gente termine por no valer nada. Y que los comandantes terminen también por aceptar todos esos atropellos de sus miembros porque “así es la guerra”, y no corrijan de verdad, y se hagan los que no saben. Entonces vuelven sus combatientes a cometer crímenes, y vuelve otra vez la misma rueda en el mismo charco. Y ustedes y el país se hunden más y más.

Así será la guerra, pero así no tiene por qué ser la vida de la gente, que merece dignidad y respeto. Cuando la vida y la muerte no tienen valor, ninguna lucha tiene valor. Si la vida de la gente no vale nada, ¿para qué es la pelea de ustedes? Bueno sería que ustedes nos respondieran qué análisis han hecho sobre la forma de proteger la vida de las personas desarmadas, y cómo es que respetan a los que no comparten sus ideas. Es a esto último a lo que nos referimos cuando insistimos en resolver el conflicto armado: cuando lo militar es más importante que la propuesta política, cualquier lucha armada ya está herida de muerte y está condenada a la derrota, aunque ganaran algún día la guerra.

Eso tiene que parar. Cada vez que hay un asesinato o una amenaza o un ataque a las poblaciones, ustedes se alejan más y más del país que dicen querer construir, y alejan a los colombianos y colombianas de la posibilidad de tener un país decente.

7. Hemos tomado atenta nota de las diferentes comunicaciones sobre la disposición de diálogo de las FARC, enviadas por Alfonso Cano y Pastor Alape al Encuentro por la Paz realizado en Barrancabermeja, donde los indios del Cauca estuvimos planteando nuestra postura de paz de forma clara y seria; también leímos las comunicaciones suyas como comandante de las FARC sobre la necesidad y voluntad de sentarse a dialogar, que los sectores democráticos de la sociedad saludaron como un cambio de lenguaje positivo; y conocimos la decisión  del Secretariado de esa organización de dejar en libertad a todos los soldados y policías retenidos, de renunciar al secuestro como medio de financiación y del muy posible acatamiento al DIH, que la ACIN saludó públicamente como hechos positivos hacia la paz.

Ese último hecho era un pedido que también la ACIN había hecho como avance hacia la solución del conflicto armado. Como muchos, creemos que ustedes deben profundizar algunas acciones humanitarias, como suspender el reclutamiento de menores y abandonar el uso de armas de efecto indiscriminado. Pero sin duda es al gobierno a quien corresponde ahora realizar hechos ciertos de paz, que podrían empezar por la descriminalización de la protesta, el inicio de la depuración de las fuerzas militares y el enfrentamiento más decidio al paramilitarismo. Así lo señalamos en nuestro mensaje al Encuentro de Paz de Barrancabermeja, que ustedes debieron leer pero que le enviamos de nuevo.

Por nuestra parte, luego de los hechos del 9 de julio de 2011 en Toribío y Corinto, la Junta Directiva del CRIC del 20 de julio de 2011 aprobó la “Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra”. Allí reiteramos que estamos por los diálogos humanitarios y por los diálogos políticos; que vamos a profundizar el control de nuestro territorio; y que haremos lo posible para desmilitarizar nuestras comunidades. Es nuestra forma de aportar a la paz: con hechos de paz.

Ciertamente resultan una contradicción muy grande los mensajes de paz y diálogo con la sociedad colombiana que han emitido las FARC a nivel nacional, y la orden de asesinato de nuestros líderes o las justificaciones utilizadas para hacerlo, que los frentes y columnas de las FARC que operan en el Cauca han puesto de manifiesto. Esperamos que usted pueda atender nuestra expectativa de que nos aclare específicamente la posición de las FARC frente al movimiento indígena del Cauca organizado en la ACIN y el CRIC, frente a la Minga Social y Comunitaria, y frente a la paz y los que la estamos construyendo, y si hay una orden de matar a quienes nos representan en esos espacios.

Comandante Jiménez:

Para nosotros ha sido muy doloroso recoger nuestros muertos, sobre todo cuando en la época reciente la mayoría de ellos han sido ocasionados en nombre de la revolución. Consideramos que puede haber sectores provocadores que quieren que las FARC cometan un genocidio contra los indígenas, o que esperan infructuosamente que los indios nos metamos en la guerra para justificar un ataque militar. Sabemos a ciencia cierta que esos provocadores no están en la dirección de nuestra organización. Nos parece necesario que usted confirme lo propio en la suya.

Sirva este mensaje para ratificarle a su organización, así como a todo el país y al gobierno nacional, que mantenemos el espíritu de diálogo con todos los actores políticos y la continua búsqueda de salidas políticas al conflicto armado interno. Mucho nos gustaría que ustedes y el país entero estuvieran atentos a la Minga por la Paz que realizaremos del 9 al 11 de mayo próximo, en Caloto, cuando 10.000 indígenas, mujeres, afrodescendientes, campesinos, sindicalistas, la mayoría del Cauca, vamos a lanzar de nuevo nuestra palabra de paz, que dice…

Cuenten con nosotros y nosotras para la paz. Nunca para la guerra.

Consejería Mayor
Cxhab Wala Kiwe – Asociación de Cabildos Indígenas ACIN

Abril de 2012.

julio 26th, 2012

Ruido de sables

Las cartas que copio textualmente a continuación fueron difundidas esta noche por Canal Capital, el canal de la Alcaldía de Bogotá. Aparecen fechadas automáticamente por el sistema el miércoles 16, al día siguiente del atentado contra el exministro Fernando Londoño Hoyos en Bogotá.

Estos textos pueden tener relación con un tema bajo estrecha observación de IPS y que será publicado tan pronto las condiciones lo indiquen. En poder de IPS está el listado completo de destinatarios, entre ellos distintas casillas de correo electrónico de ACORE ( Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares) y la dirección del Club Militar. Noticia en desarrollo.

Subject: ATENTADO

Date: Wed, 16 May 2012 02:55:46

Aunque en forma personal no he hablado nunca con el DR. FERNANDO LONDOÑO HOYOS, sí quiero decir que es un hombre de gran valía para el pueblo colombiano. Sus conceptos tanto hablados como escritos dejan sin duda la sensación de un hombre que conoce el país, a sus bandidos y lamenta como el que más, lo que tiene común ocurrencia: LOS ATENTADOS CONTRA LA SALUD DE LA REPÚBLICA. Hoy en forma “maestra” hubieran podido cegar (sic) por siempre sus ideas y su pensamiento. Es que los apátridas nunca podrán estar de acuerdo con él y por eso qué mejor que atentar contra su vida. Qué bien que no lo lograron, pero quedaron en la tristeza infinita unas familias las cuales valen nada para los criminales y para muchos que no sienten pertenencia por este país. OIGA PRESIDENTE SANTOS: Por muchas “CUMBRES” y paseos que Ud. se invente yo creo que la suerte del país está en decadencia. Lo que está pasando en el Sur parece no tener retorno, nos están GANANDO LOS INDÍGENAS o coloquemos el simple ejemplo acá en Bogotá, en donde los indios blindaron a uno de de (sic) sus “valiosos” representantes (ROJAS BIRRY) aclamando que los únicos que podían juzgarlo eran ellos. Si Ud. coge en su manos el mapa del país, creo que no hay zona que se le escape bien sea por la violencia, la pobreza, la falta de educación, las promesas incumplidas y la desesperanza. El invierno campeó y las ayudas no alcanzaron a llegar a los Municipios (sic) y si llegaron, se las robaron. El cuento de las regalías nadie lo cree; las intervenciones sobre la salud en nada se menciona (sic) han mejorado (ni siquiera la de su mejor “amiguis”). Ante el suceso de hoy lo único infalible era una reunión emergente “DE SEGURIDAD”. No Presidente, requerimos un mandatario de VERDAD, acá lo que se necesita es acabar con tanta gente sobrante en un Congreso inoperante, acá lo que se requiere es que haya VERDADERA JUSTICIA (sin ladrones), en fin… cómo nos enorgullecería a los Colombianos (sic) un Presidente que acabe con los bandidos de arriba y apoye al campesino que todo lo requiere y todo lo necesita. O es que Ud. cree que con las famosas 100.000 casas acabará con el conflicto del país?. (sic) Es damagogia (sic). Verdad?. (sic) Créame PRESIDENTE que la gente cada día que pasa siente más desilución (sic) de haberlo elegido a Ud. como gobernante. Lo sucedido hoy me dá (sic) la impresión de que la “guerra” (para Ud. es un conflicto) se está trasladando nuevamente a los cascos urbanos. El viernes Ud. va a dictar “una Cátedra Magistral” en la Escuela Superior de Guerra; por favor no diga mentiras porque de pronto los alumnos “ya no tragan entero”. Bueno… pero lo más seguro es que lo aplaudan estruendosamente. Porque los Militares (sic) somos así…

Mayor General (…)

====

Buenos dias (sic) EDUARDO, comparto y me identifico en su pronunciamiento y comentarios relacionados con la actual situación del país (sic) y la errónea postura del presidente y su equipo de gobierno.

Justamente lo que anoche intercambiamos epistolarmente, es que llegara (sic) el momento que (sic) algunos CORONELES o GENERALES, bien sea en el auditorio de la ESDEGUE, o en el mismo Palacio (sic) de NARIÑO, pongan las cartas sobre la mesa, (KING) exigiéndoles al Dr. SANTOS, cumpla con sus obligaciones y compromisos electorales, o de lo contrario removerlo del cargo, encargar un gobierno provisional y convocar elecciones en un tiempo no mayor de 6meses (sic), reducir la cantidad de bandidos que conforman las corporación (sic) legislativas-judiciales y otros estamentos burocráticos, reconocer y pagar lo adeudado a la RESERVA ACTIVA, no regalar las 100.000 viviendas y a cambio ofrecer diuturnidades laborales en el campo a los necesitados, pero con soporte TECNICO, vias (sic) e infraestructura.

Lo anterior no lo pueden hacer los miembros del Cuerpo de Generales (sic) ni ACORE, o cualquier otra organización de militares en retiro; solamente podrán realizarlo los militares en SERVICIO ACTIVO, a quienes si (sic) les creen y respetan tanto el gobierno como la sociedad en general.

De todas maneras tener inquietudes como las suyas y de muchos otros, de alguna manera ayuda a crear conciencia e inconformidad, para que los militares en actividad se PRONUNCIEN. Saludo como veterano en UNIDAD-FORTALEZA e INTEGRACION. Mayor (R.A.) (…).-

NOTA: Los nombres de quienes firman los mensajes se omiten, a pedido de Canal Capital.

mayo 18th, 2012

FARC habrían anunciado pronta liberación de Langlois

“Informamos que el prisionero de guerra: Roméo Langlois, periodista francés, pronto será liberado sano y salvo”

Así dice un tweet emitido desde @FARC_COLOMBIA hoy después de mediodía. No se sabe quién firma y, por ahora, no hay manera de verificar la relación de esta dirección de Twitter con el secretariado del estado mayor de la FARC, para mí, único vocero de esa guerrilla.

Insisto. Roméo no puede ser jamás de los jamases “prisionero de guerra”. Ni siquiera es un periodista “incrustado”, como los estadounidenses en Irak y Afganistán.

Roméo, parece, se entregó a las FARC en pleno combate, alzó su bandera blanca al pregonar su condición de civil y periodista y se le debe respeto como tal.

¿Qué hubiera pasado si la cosa hubiera sido al revés? Si Roméo hubiera estado en un campamento de las FARC y que éste hubiera sido atacado por las tropas oficiales. En eso me puso a pensar un articulista muy interesante del Rebelion.org, Carlos Alberto Ruiz, quien escribió lo más interesante que he leído hasta ahora sobre este caso.

mayo 6th, 2012

Seguimos esperando respeto al periodismo independiente

El Estado Mayor del Frente 15 del Bloque Sur de las FARC parece insistir en la calidad de “prisionero de guerra” del corresponsal de France 24 Roméo Langlois, según uno de los dos textos leídos ante las cámaras de Karl Penhaul por el guerrillero Ancízar.

VIDEO Karl Penhaul en el lugar de la noticia

Penhaul viajó al lugar y obtuvo en video una declaración adicional de Ancízar: “…hemos concluido que, efectivamente, es francés; que se llama Roméo Langlois; que es periodista. Y con esta información esperamos que prontamente superemos este impasse”.

Desde Bogotá podríamos parafrasear a Ancízar: concluimos que, efectivamente, a Roméo lo tienen las FARC; que lo tiene el Frente 15; y que, al momento de llegar Penhaul a la zona, no existía aún una posición del secretariado del estado mayor de las FARC sobre el caso del corresponsal de France 24. Es por esa razón que el Frente 15 no tiene nada qué agregar oficialmente, más que su parte de guerra y su comunicado de fecha lunes 30 de abril.

Así que seguimos esperando respeto al cubrimiento periodístico independiente, como lo expresamos varios periodistas en un comunicado el miércoles.

Teniendo en cuenta la creciente censura en Internet, trascribo aquí lo dicho por Ancízar frente a la cámara de Karl.

“Mi nombre es Ancízar. Conocido popularmente como “Monazo”. Soy comandante de escuadra del Frente 15. A continuación les voy a leer un comunicado.

Marchando hacia la libertad

Parte de guerra

1. El día 28 de abril, unidades del Bloque Sur combatieron con una patrulla del ejército y la policía durante siete horas, en la vereda La Libertad, inspección de La Unión Peneya, municipio de Montañita, Caquetá.

Desde el inicio del combate, el ejército y la policía fueron apoyados por cinco helicópteros, el avión  fantasma,         dos bombarderos Tucano y un avión de la policía nacional. Durante el combate, el ejército tomó como trinchera las casas de los civiles. Varias casas de los campesinos fueron averiadas por la aviación, que sin ningún pudor disparaba indiscriminadamente.

2. El día 29 de abril, unidades del Bloque Sur dieron de baja a dos agentes de la SIJIN, que se encontraban atropellando a la población civil en la carretera Paujil- Montañita.

Resultados: tres helicópteros averiados. 19 bajas entre ejército y policía. 12 profesionales heridos. Material de guerra recuperado: un fusil M4-M16. Tres fusiles Galil H-55. Un cañón para ametralladora. Dos granadas de mano MK-26. Catorce proveedores. 800 cartuchos calibre 5.56. Cuatro equipos de campaña. Tres riatas. Dos chalecos. Dos visores nocturnos. Una cámara digital y abundante material  de inteligencia. Novedades guerrilleras: tres guerrilleros asesinados, un guerrillero herido levemente.

Comunicado

El frente 15 informa a la opinión pública que el periodista francés Roméo Langlois, uniformado de militar y capturado en pleno combate, está en nuestras manos. Es prisionero de guerra. Está levemente herido en un brazo. Se le ha prestado la atención médica necesaria y está fuera de peligro.

Estado Mayor Frente 15, bloque sur de las FARC-EP, montañas del Caquetá, abril 30 de 2012.”

–Karl Penhaul: Pero, Monazo, cuéntenos qué es lo nuevo que nos puede contar de Roméo Langlois, sobre su situación.

Monazo: No estoy autorizado para dar declaraciones, por organismos superiores. Pero basado en el comunicado, lo nuevo que les puedo contar es que, por información de amigos tuyos, periodistas –información que llega directa–, con esa información hemos concluido que, efectivamente es francés; que se llama Roméo Langlois; que es periodista. Y con esta información esperamos que prontamente superemos este impasse.

mayo 6th, 2012

Del Colectivo “Nos conocimos en Juárez”

Los colegas de Roméo Langlois en Ciudad Juárez emitieron un comunicado en el que subrayan que los periodistas «no somos el enemigo». “La información es un bien público y sólo trabajamos ejerciéndola”, dice la declaración:

Libertad para Roméo

Los firmantes, periodistas y corresponsales que trabajamos o hemos cubierto información en Ciudad Juárez, integramos el Colectivo “Nos conocimos en Juárez” con el fin de pronunciarnos por la inmediata liberación del colega francés Roméo Langlois, quien fue detenido por integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el sábado 28 de mayo en el sur de ese país y tomado como “prisionero de guerra” mientras cubría un operativo antinarco.

Roméo estuvo en Ciudad Juárez en octubre del 2010, durante seis días, para cubrir el nombramiento de Marisol Valles García, titular de Seguridad Pública del Municipio de Práxedis G. Guerrero, una localidad azotada por la delincuencia que se ubica al oriente de la mancha urbana.

En esa ocasión muchos de nosotros coincidimos con él y conocimos en Langlois al excelente ser humano que es, así como al periodista profesional y apasionado por su labor.

Otros no lo conocemos personalmente, pero igualmente hemos desarrollado trabajo periodístico en Ciudad Juárez con colegas que son sus amigos, por lo que apoyamos su liberación.

Demandamos y exigimos a las FARC la inmediata liberación del comunicador, es necesario recordarles que Roméo, y los periodistas en general, no somos el enemigo. La información es un bien público y sólo trabajamos ejerciéndola para lograr o preservar la democracia en nuestras sociedades.

El Colectivo se une a las voces que han hecho esta demanda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea, el Comité para la Protección de los Periodistas, la Unión Sudamericana de Corresponsales, Reporteros sin Fronteras, la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, entre otros.

Araly Castañón Leos/El Diario de Juárez/ Ciudad Juárez, Méx.

Rubén Alejandro Bringas García/ El Universal y EFE/ Ciudad Juárez, Méx.

Julio César Aguilar/Agence France Presse AFP/ Monterrey, Méx.

Fabio Cuttica/Agenzia Contrasto (Italia)/ México

Jacobo García/ periódico El Mundo de España/ México.

Javier Manzano/ Polaris Images/ Estados Unidos

Ricardo López/ The Associated Press/ Distrito Federal, México

Jesús Alcázar / Agence France Presse/ Ciudad Juárez, México

mayo 4th, 2012

Respeto al cubrimiento periodístico independiente

Este sábado 5 de mayo suman ocho días sin saber nada de Roméo Langlois. Nuestro colega y amigo desapareció el 28 de abril en Unión Peneya, Caquetá, en medio de un combate entre las FARC y hombres del comando Jungla antinarcóticos, una fuerza elite combinada.

De ahí en adelante solo conocemos la versión de distintos militares. El ejército, inicialmente, le concedió autenticidad a un anuncio leído por una supuesta guerrillera, que declaraba a Langlois “prisionero de guerra”. Luego se desdijo.

Un puñado de periodistas que cubrimos la guerra colombiana desde el barro; desde el Congreso de la República; desde las audiencias en los juzgados, o desde alguna redacción económica, emitimos un comunicado de respaldo a Roméo Langlois.

Afirmamos qué es nuestro oficio y cómo funciona, y afirmamos quién es Roméo Langlois

Lo queremos de nuevo en casa -y trabajando- tan pronto las condiciones de seguridad lo permitan.

COMUNICADO DE RESPALDO A ROMÉO LANGLOIS

3 de mayo de 2012

Nosotros, periodistas que cubrimos en terreno el conflicto social y armado colombiano, exigimos el respeto a la vida, la libertad y la integridad física de nuestro colega Roméo Langlois, corresponsal de France 24 y colaborador del diario Le Figaro de Francia.

Nos permitimos enfatizar que, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario, los periodistas, incluso aquellos que en el marco de una misión peligrosa acompañan a un ejército o a un grupo armado, o hacen uso de su apoyo logístico, no pierden su condición de civiles protegidos y como tales deben ser tratados en todo tiempo y lugar.

Roméo Langlois no es un “corresponsal de guerra” según el Derecho Internacional Humanitario, puesto que no trabaja para la ventaja militar o propagandística de ningún bando. El hecho de viajar con uno de los actores armados es parte de la labor periodística y no significa una pérdida de independencia.

Langlois ha cubierto con dedicación todos los aspectos del conflicto, los intereses económicos que lo sostienen, sus distintos actores armados, y sus víctimas. Junto con su colega, la periodista Pascale Mariani, ha recorrido e informado sobre Colombia con lealtad, sensibilidad e inteligencia. Y sobre todo, con independencia.

Esperamos su regreso a casa tan pronto las condiciones de seguridad lo permitan, como una muestra de respeto al cubrimiento periodístico independiente.

Firman:

Alejandra de Vengoechea, corresponsal diario ABC de España

Alexander Marín Correa, periodista judicial El Espectador, Colombia

Alfredo Molano Bravo, El Espectador

Álvaro Sierra, editor general de revista Semana, Colombia

Armando González, jefe de redacción de El Nuevo Siglo, Colombia

Arturo Guerrero, columnista de El Colombiano

Arturo Wallace, corresponsal de BBC World Service en Colombia

Blake Schmidt, corresponsal de Bloomberg News en Sao Paulo

Boris Heger, France 24, Francia

Carlos Lozano, director del semanario Voz, Colombia

Claudia Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizkor en Colombia

Constanza Vieira, corresponsal en Colombia de Inter Press Service, Italia

Diana Delgado, corresponsal de Argus Media, Gran Bretaña

Edelmiro Franco, corresponsal jefe, Notimex/Colombia

Gerhard Dilger, corresponsal del diario alemán taz en Brasil

Giovanni González Arango, reportero de la emisora La FM, Colombia

Gonzalo Guillén, periodista independiente. Presidente en Colombia del Instituto Prensa y Sociedad, IPYS

Helda Martínez, periodista en Colombia de Inter Press Service

Jenny Carolina González, corresponsal en Colombia de América Economía, Chile

Jesús Abad Colorado, reportero gráfico independiente, Colombia

Jim Wyss, corresponsal en Colombia del Miami Herald, Estados Unidos

Jineth Bedoya Lima, subeditora Judicial El Tiempo, Colombia

John Otis, corresponsal en Colombia de la revista Time, Estados Unidos

Jorge Iván Posada Duque, editor de Paz y Derechos Humanos de El Colombiano

Juan Álvaro Castellanos, corresponsal en Colombia de La Voz de América, Estados Unidos

Juan Forero, corresponsal para Suramérica del Washington Post, Estados Unidos

María Jimena Dusán, columnista de Semana

Marta Ruiz, ex editora de seguridad y justicia, asesora editorial de Semana

Matthew Bristow, jefe de redacción de Bloomberg News en Colombia

Nadja Drost, corresponsal en Colombia de GlobalPost, Estados Unidos

Óscar Escamilla, corresponsal en Colombia de la Agencia Italiana de Noticias ANSA

Pascale Mariani, France 24

Patricia Uribe, periodista de Noticias Uno, Colombia

Sandra Weiss, Die Welt y Tagesspiegel (Alemania) y Der Standard (Austria), corresponsal en América Latina

Sibylla Brodzinsky, corresponsal The Economist y The Guardian, Gran Bretaña

Simone Bruno, corresponsal France 24 en Colombia

Stephen Ferry, fotógrafo independiente, Estados Unidos

Susan Abad, corresponsal de El Comercio, Perú

Toby Muse, corresponsal de Al Jazeera, Qatar

Wies Ubags, corresponsal de la agencia de prensa ANP, Holanda

mayo 4th, 2012

Es tiempo

Ellos insisten. Llevan 20 años, o más, dedicados a analizar desde todos los resquicios el asunto del narcotráfico. Con motivo de la VI Cumbre de Cartagena que tiene lugar esta semana, hoy emitieron una “Carta abierta a los presidentes de América”, donde nuevamente dicen todo lo que han repetido en estas décadas: la guerra a la droga no sirve y, peor, estorba y agrava las cosas.

Lo mejor de este oportuno documento es que, en apenas dos páginas, los especialistas resumen las conclusiones clave de su experiencia, de sus investigaciones y de su análisis. La propuesta central a la Cumbre de las Américas 2012 es que se cree una comisión hemisférica de expertos con poder de decisión, para que delinee una política antidrogas “alternativa, centrada en la paz y la justicia”.

Carta  abierta  a  los  presidentes de  América

Por una política de drogas que promueva la

Paz y el respeto de los derechos humanos

En esta Sexta Cumbre de las Américas la agenda de las y los presidentes del continente incluye debatir las políticas de drogas. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos desde distintos ángulos y países en el tema, hacemos un llamado a los mandatarios de la región a revisar las consecuencias de dos décadas de guerra que, como ha sido y sigue siendo ampliamente documentado, no han tenido como resultado la reducción del narcotráfico sino la multiplicación, concentración, especialización y diversificación del crimen organizado.

En cambio, esta guerra sin resultados positivos en la reducción del mercado de las drogas tuvo, y tiene, altos costos económicos y miles de víctimas inocentes: muertos y personas desaparecidas; encarcelamientos masivos e inhumanos para los eslabones más débiles del tráfico; familias campesinas tratadas como delincuentes; usuarios de drogas criminalizados.

Es tiempo de que la agenda de política de drogas de los gobiernos cambie su sentido y centre el esfuerzo en respuestas alternativas, innovadoras y concertadas que permitan un abordaje integral de los problemas asociados a las drogas. Son propuestas audaces que requieren decisión política.

Proponemos:

1.-Separar el uso de drogas del campo penal y de la seguridad. Las personas que usan drogas no deben ser penalizadas por su consumo, ni sospechosas de formar parte de la cadena de tráfico. Solo una clara separación entre usuarios de drogas y mercado ilegal permitirá que el esfuerzo de las agencias de seguridad se enfoque en quienes realmente debe hacerlo. Esta medida redundará, además, en un primer descongestionamiento de las cárceles y los sistemas de justicia.

2.-Penar en forma proporcional los delitos vinculados a las drogas. Las cárceles están superpobladas de personas de bajos recursos sin antecedentes en otro tipo de delitos, vendedores al menudeo, microtraficantes fronterizos o campesinos cultivadores de plantas con fines ilícitos. Las penas por drogas deben ser proporcionales al tipo de delito y deben evaluarse alternativas al encarcelamiento para las situaciones ligadas a mayor vulnerabilidad social.

3.- Regular el mercado de cannabis, despenalizar la tenencia y el cultivo para consumo personal. Perseguir a los usuarios y al mercado de cannabis ha resultado ser inefectivo, costoso y contraproducente. El extendido uso de la planta y su enorme disponibilidad, aunado a la facilidad para ser producida en casi cualquier latitud y condición hacen necesarios cambios en su regulación que garanticen una fiscalización estricta del Estado sobre su producción, disponibilidad y consumo fuera del mercado abierto; de forma tal que además se fortalezca el esfuerzo de la autoridad en aquellas actividades que, como la violencia y el narcotráfico, son mucho más lesivas para el tejido social. Las enseñanzas derivadas de la experiencia de un mercado regulado de cannabis permitirían diseñar, en el futuro y en forma prudente y pragmática, formas de regulación de la producción y acceso a otras sustancias psicoactivas más riesgosas, a fin de arrancar a las organizaciones criminales el monopolio que hoy tienen de esos mercados, con todos sus graves efectos en violencia, corrupción y la propia salud de los usuarios.

4.-Incorporar un abanico completo y diverso de respuestas de salud pública. La atención de las distintas situaciones de consumo problemático de drogas requiere respuestas diversas, especialmente en contextos donde tal consumo se combina con pobreza extrema. Debe ponerse especial atención en las disposiciones para la reducción de riesgos y daños.

5.- Incorporar un enfoque integral en el desarrollo alternativo, frente a cultivos de uso ilícito. Los campesinos y pequeños productores viven en contextos de pobreza, exclusión social y abandono estatal. Este escenario incide dramáticamente en sus opciones de involucrarse en mercados ilegales de drogas. Un enfoque integral debe partir de esos escenarios locales y regionales, introducir medidas para el desarrollo rural integral, modificar las estructuras concentradas de tenencia de la tierra, dar acceso a créditos y mercados para los productos alternativos, y gobernanza democrática.

6.-Reconocer los usos tradicionales de las plantas ancestrales como la hoja de coca. Distintos países de América Latina cuentan con el masticado y con otros usos cotidianos de la hoja de coca como una práctica ancestral de sus poblaciones. El reconocimiento de estos usos, y el impulso a los mercados de productos integrales de la hoja de coca, deben ser respetados, protegidos e impulsados por todos los países involucrados. Los potenciales usos terapéuticos deberían de ser investigados.

7.-Reducir el despliegue represivo y poner énfasis en la persecución del crimen organizado. El modelo de persecución al crimen organizado que debe llevarse adelante no significa incremento de la violencia, porque su énfasis debería ser el desarrollo de acciones de inteligencia y castigo, basadas en herramientas propias de la persecución al crimen organizado, dirigidas a perseguir conductas dolosas de tipo financiero, lavado de dinero, corrupción de las fuerzas represivas y la convivencia del crimen con distintos sectores de los Estados y los gobiernos locales. Ese modelo de abordaje no requiere alto poder bélico sobre las poblaciones ni incrementa la violencia.

Lograr el consenso para estas reformas requiere generar un debate hemisférico que tenga en cuenta las lecciones aprendidas del pasado y las llamadas “consecuencias no deseadas” de la guerra contra las drogas. Este debate proponemos lo lidere un Grupo de Expertos de la región, en condiciones de elaborar los lineamientos para una política de drogas alternativa, centrada en la paz y la justicia.

Llevamos veinte años de recursos dilapidados en respuestas bélicas que sólo han servido para multiplicar la espiral de violencia, la corrupción y la criminalidad en nuestros países.

Llegó la hora de probar con respuestas que promuevan la paz, el desarrollo, la atención de la salud y el respeto de los derechos humanos. Un camino en el que América Latina tiene grandes lecciones aprendidas y nuestros pueblos mucho aún por ganar.

Acción Andina- Colombia;
Acción Andina- Bolivia;
Centro de Investigación “Drogas y Derechos Humanos”, Perú;
Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas A.C, México;
DeJusticia- Colombia;
Intercambios A.C., Argentina;
Transnational Institute, Países Bajos;
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Estados Unidos

abril 10th, 2012

Historias secretas fuera de la alcoba

Alias Biófilo simula desmovilizarse del inexistente frente FARC «Cacica Gaitana», marzo de 2006. Foto SEMANA

El Cacica Gaitana: la desmovilización de este frente de las FARC era clave en su momento, marzo de 2006. Estaba Álvaro Uribe en plena campaña electoral para su segundo mandato consecutivo.

Se sucedían, una tras otra, las desmovilizaciones masivas de los paramilitares. Una y otra vez se repetía la escena: en distintos puntos de Colombia el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, recibía una a una, de manos de paramilitares, las armas que estos le entregaban.

Pero de la guerrilla solo se conseguían desmovilizaciones individuales.

Y era importante mostrar que sí era cierto que la llamada Ley de Justicia y Paz, aprobada en 2005, era un marco legal que no llevaba “nombre propio”; que había sido diseñado para la desmovilización de todos los “grupos armados ilegales” y no solo para sacar de líos a los paramilitares, con los que se relaciona a Uribe y que para ese momento parecían haber cumplido su papel.

Para evadir la extradición a Estados Unidos, los narcos compraban “franquicias” para desmovilizarse con ejércitos recién montados. Se sentaban en Santa Fe de Ralito y ponían cara de paramilitares, como si la cuna de los paramilitares no hubiera sido, desde siempre, el narcotráfico.

Diferenciar paramilitares de narcos era, en fin, la estrategia clave hacia la opinión pública.

Y entonces ocurrió que se desmovilizó el Cacica Gaitana, aunque el Cacica Gaitana no existía.

Con el correr del tiempo el Gaitana quedó al desnudo, aunque resta por destapar muchísimos detalles, como lo insinuó anoche el ex Alto Comisionado Restrepo (ver ipsnoticias.net).

En febrero de este año, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra los implicados en el montaje. Y este lunes 19 de diciembre adelantó su decisión en este caso, que incluye pedir cárcel para Restrepo mientras transcurre el juicio.

Restrepo radicó el mismo día en la Fiscalía una carta en la que aborda actos supuestamente delictivos de Carlos Alonso Lucio, el controvertido esposo de la fiscal general Viviane Morales.

El ex guerrillero del M-19 Carlos Alonso Lucio, también exsenador, medió infructuosamente entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, que sigue en armas, y las paramilitares de ultraderecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuando estas aún estaban en su ofensiva genocida.

A raíz de este intento, Lucio fue secuestrado por las AUC y se temió por su vida. Terminó asesorando a esta fuerza en su desmovilización, ocurrida de manera parcial entre 2003 y 2007.

Para quienes lo conocen, Lucio es un obnubilado que cree tener gran capacidad para convencer a sus contertulios; un obsesionado por lograr, como individuo, acercamientos de paz y reconciliación. En la tarea de poner de acuerdo a las extremas no se ha detenido en miramientos.

La carta de Restrepo tiene fecha viernes 16, curiosamente el mismo día que, según la fiscal Morales, la fiscalía le notificó al ex Alto Comisionado de la imputación de cargos en su contra por cuenta del Cacica Gaitana.

El excomisionado sostiene que, a finales de 2004, Lucio le pidió autorización para llevar a un grupo de paramilitares a Venezuela, a parlamentar con “autoridades venezolanas que estaban interesadas en apoyar el proceso de paz” y que él lo consideró inconveniente.

Pese a ello, aseguró Restrepo, los paramilitares colombianos viajaron a Venezuela y establecieron contacto con la DISIP, Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención.

Días después, en noviembre del mismo año, según Restrepo, Lucio le propuso que lo acompañara a Libia porque el presidente venezolano Hugo Chávez se iba a reunir con el entonces mandatario de esa nación, Muamar Gadafi, y que este último le iba a donar 100 mil dólares al proceso de paz. Restrepo dice que se negó.

Agregó que, aunque no le consta, supo que un delegado de gobierno libio habría estado conversando con paramilitares colombianos.

En febrero de 2005, Lucio le planteó, según Restrepo, que había “dinero venezolano” interesado en invertir en proyectos productivos con exparamilitares en el fronterizo departamento del Vichada, al este de Colombia.

Por entonces, dijo Restrepo, se hablaba de que el paramilitar alias “Macaco” estaba comprando tierras allí. Restrepo no mencionó que Uribe y/o sus hijos también hicieron por esa época ingentes compras de tierras en el Vichada.

Asevera Restrepo en su carta a la fiscal Morales que en los años noventa Lucio tenía planes de financiar con dineros del narcotraficante Cartel de Cali una campaña para mostrarle al país los costos de la prohibición de la droga.

Ante la carta de Restrepo, la fiscal Morales ordenó investigar a su esposo Lucio y anunció que se aparta de dichas pesquisas.

Además, cuestionó que Restrepo solo solicite estas investigaciones contra Lucio cuando la fiscalía anuncia los cargos que tiene contra el ex Alto Comisionado.

“La Fiscal General de la Nación es inchantajeable”, dijo Morales el lunes.

Esta es la carta de Luis Carlos Restrepo. Léala bajo su propio riesgo.

Bogotá, diciembre 16 de 2011

Doctora
VIVIANE MORALES HOYOS

Fiscal General de la Nación

Respetada doctora:

En torno a la polémica pública que se ha desatado sobre la relación del ex congresista Carlos Alonso Lucio con los grupos ilegales de autodefensas, durante la negociación de paz que dichos grupos sostuvieron con el Gobierno Nacional, tanto mi nombre como el de la Oficina a mi cargo durante la administración del Presidente Álvaro Uribe Vélez, han sido mencionados. Para muestra un ejemplo. El día de ayer, 15 de diciembre, en su columna en el periódico El Tiempo titulada “Reflexión necesaria”, el ex Ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño Hoyos, afirma refiriéndose a los vínculos del Dr. Lucio con los paramilitares: “Y Lucio, por asesorar a algunos, bien identificables, tuvo que ser expulsado del recinto por el Comisionado de Paz”.

He sido requerido por algunos medios de comunicación para que me pronuncie sobre el tema. Aunque son hechos que no tienen especial reserva, siendo conocidos además por otras personas, he preferido mantenerme alejado del debate público. Dada sin embargo la importancia del asunto y la condición privilegiada en que me encontraba como Alto Comisionado para la Paz, tuve conocimiento de primera mano de sucesos, que considero debe conocer Usted de manera directa, sin mediaciones que puedan alterar el contenido de mi relato. Por tal motivo he decidido enviarle esta misiva a su Despacho, dando cuenta de lo sucedido.

Es sabido de manera pública que desempeñé el cargo de Alto Comisionado para la Paz durante la administración del Presidente Álvaro Uribe Vélez, entre los años 2002 a 2009. Mientras adelantaba conversaciones de paz con los grupos de autodefensas en la Zona de Ubicación Temporal de Santa Fe Ralito, en Tierralta-Córdoba, tuve conocimiento durante el segundo semestre de 2004 de la asistencia del ex congresista Carlos Alonso Lucio a dicha zona, al parecer como asesor de este grupo ilegal. En algunas ocasiones, al llegar al aeropuerto de Montería, encontré estacionado un avión privado, que según me informaron, correspondía a la aeronave que trasportaba al señor Lucio hasta esa ciudad, desde donde se desplazaba al municipio de Tierralta.

Supe de la presencia del señor Lucio en Santa Fe Ralito por comentarios de terceros, y después por declaraciones suyas al periódico El Espectador, con referencia a sus actividades. Debo aclarar que en ningún momento fuimos informados de las intenciones del señor Lucio, ni solicitó autorización al Gobierno Nacional para adelantar labores de paz con grupos ilegales. No obstante, en sus declaraciones públicas al mencionado diario, daba a entender que el Gobierno estaba al tanto de sus gestiones. Asunto que me generó molestias, pues no era verdad.

A comienzos del mes de septiembre de 2004, al llegar a la Zona de Ubicación de Ralito a una reunión de rutina con las autodefensas, me encontré de sorpresa al señor Lucio conversando con algunos jefes de este grupo. De inmediato, y en presencia de todos, le recriminé sus declaraciones públicas y le pedí aclarar en qué condición se encontraba en la Zona de Ubicación Temporal, pues solo podía hacerlo como representante del Gobierno o como miembro de las autodefensas. Y era claro, que en este caso, no representaba al Gobierno Nacional. El señor Lucio omitió polemizar conmigo y se retiró sin dar debate, mientras yo ingresaba con algunos jefes de las autodefensas a la reunión de rutina.

La mencionada reunión, liderada por Salvatore Mancuso, se desarrolló en un ambiente tenso. Se trataron inicialmente temas sobre el funcionamiento de la zona, y yo hice de nuevo la pregunta sobre la presencia del señor Lucio allí, a lo cual respondió de manera airada el señor Salvatore Mancuso, argumentando que ellos tenían libertad para invitar a quien quisieran. Fue entonces cuando en un momento acalorado y en señal de autoridad, di un golpe sobre la mesa recriminándole su postura. La sesión estaba siendo grabada clandestinamente por las autodefensas y pocos días después, esa parte de la reunión, editada por ellos para esconder los motivos del debate, fue filtrada a los medios de comunicación, que repitieron varias veces, en sus emisiones de radio y televisión, mi voz airada y el golpe sobre la mesa. A partir de este episodio, el señor Mancuso se negó a reunirse de nuevo conmigo y emprendió acciones para tratar de sacarme de la mesa de diálogo, las cuales no tuvieron éxito por el apoyo que entonces me dio el señor Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez.

Volví a saber del señor Lucio semanas después, cuando me pidió una cita en la ciudad de Bogotá para conversar personalmente. Dada la tensión que se vivía dentro del proceso con las autodefensas y como un gesto de apertura por parte del Comisionado de Paz, acepté escucharlo. En dicha reunión me planteó, entre otras cosas, que le diera autorización para llevar a algunos jefes de las autodefensas a un encuentro con autoridades venezolanas, lo cual me pareció insólito. Argumentaba interés de dichas autoridades en el proceso y un posible apoyo económico de parte del gobierno de dicho país a la reinserción. Me negué a aceptar sus propuestas, por considerarlas inconvenientes e irrealizables.

Días después, en noviembre de 2004, mientras me encontraba en el aeropuerto de Villavicencio en tránsito hacia una zona rural de los llanos orientales para adelantar labores relacionadas con mi cargo, recibí a través del conmutador de Presidencia una llamada del señor Lucio, pidiéndome que lo acompañara a un viaje que realizaríamos en fecha cercana a la República de Libia, para un encuentro del Presidente venezolano Hugo Chávez con el señor Gadafi. Me dijo que Gadafi estaba dispuesto a darnos 100.000 dólares de apoyo al proceso de paz. Me pareció tan insólita, y a decir verdad, delirante, su propuesta, que me negué de manera rotunda, recordándole que yo era el Comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia. La conversación terminó con reproches de su parte, diciéndome que con mi actitud no contribuía a que el proceso avanzara.

A comienzos del año 2005, en reunión que sostuvimos en mi oficina, en donde lo recibí nuevamente para dar muestras a las autodefensas de mi apertura al diálogo, me planteó que estaba en condiciones de poner en marcha unos proyectos productivos en el Departamento del Vichada, teniendo como recurso humano a los miembros de un grupo de autodefensas, que bajo el mando de alias “Macaco”, se iban a desmovilizar en dicha zona. Nuevamente habló de acuerdos con sectores venezolanos para asegurar el montaje de los proyectos y la comercialización de los productos. Dadas las dificultades que ya se hacían patentes por los rumores sobre una compra masiva de tierras en ese departamento por parte del mencionado jefe de las autodefensas, y las limitaciones que tenía el montaje de un proyecto productivo con personas que venían de hacer parte de un grupo ilegal sin que mediara el proceso de justicia y paz, le dije que no podía aceptar dicha propuesta. Fue la última vez que vi al señor Lucio, con quien no he vuelto a tener contacto hasta el día de hoy.

Quiero comentarle, sin embargo, dos hechos adicionales, que tienen relación con lo ya descrito. En primer lugar, supe después que algunos miembros de las autodefensas se habrían trasladado, sin conocimiento por parte del Gobierno colombiano, a territorio venezolano, para mantener una reunión con funcionarios de ese país, encabezados por el director de la DISIP –policía secreta– de la nación vecina. Que al parecer, mantenían contacto con ellos. E incluso, se me informó de la presencia de un delegado del gobierno de Libia en la zona de Ralito, encargado de hablar con miembros de las autodefensas, hecho que, de haber sucedido, aconteció sin nuestra autorización.

A comienzos del año 2006, ya desmovilizadas buena parte de las autodefensas, algunos jefes de dichos grupos me plantearon que habían recibido invitación de las autoridades venezolanas para viajar a su territorio, pero que dada su nueva condición de desmovilizados querían hacerlo con nuestra autorización, por lo que me pidieron consultar al más alto nivel. Les respondí que tal encuentro era inconveniente y que se abstuvieran de hacerlo. Supe sin embargo por ellos mismos, que sin esperar autorización nuestra, dicha reunión se habría realizado.

En segundo lugar, quiero comentar un episodio anterior a mi desempeño como Alto Comisionado para la Paz, que explica en parte mi desconfianza hacia las actividades del señor Lucio, no obstante que nunca dejé de mantener una relación formal con él, como figura pública que era, y en una ocasión, incluso, tuve oportunidad de compartir fugazmente con él y Usted en cercanías al parque El Virrey, donde los encontré en un recorrido peatonal un día de descanso.

Se trata de un acontecimiento sucedido durante la administración del Presidente Ernesto Samper. Es conocida mi postura pública, sostenida desde hace varios años y argumentada en libros, artículos académicos y entrevistas, a favor de la despenalización del uso de drogas y la búsqueda de una alternativa diferente a la criminalización para el consumo de psicoactivos. Por tal motivo, y en compañía de otros investigadores y académicos, fui contactado por el Representante Carlos Alonso Lucio, con el propósito de conformar un Comité que mostrara al país los daños colaterales que ocasiona el prohibicionismo. Se planteó incluso escribir y publicar un manifiesto, convocando a muchos sectores para que se vincularan a una acción que permitiera sacar a nuestro país de la encrucijada a la que lo conducía la denominada “guerra contra las drogas”.

Estábamos en las conversaciones iniciales para definir nuestro modo de acción, cuando supe por los medios de comunicación que el señor Lucio se encontraba reunido en una cárcel de Bogotá con uno de los hermanos Rodríguez Orejuela, cuando este había sufrido un infarto cardíaco que obligó a su traslado a un centro hospitalario. Molesto por la noticia, le recriminé dos días después, cuando pude hablar con él, pues no tenía presentación que él sostuviera este tipo de relaciones cuando estábamos a punto de hacer una convocatoria pública en torno a un manifiesto favorable a la despenalización de las drogas. Me respondió igualmente molesto, diciéndome con cierto desparpajo, que de donde creía que iba a sacar el dinero para la campaña que adelantaríamos, sino de ellos.

Dado que estábamos a pocos días de publicar en la prensa nacional un manifiesto, en cuya elaboración había contribuido, le dije que no podía acompañarlo como miembro del Comité, y sugerí a otras personas que hacían parte de ese organismo que nos retiráramos. En efecto, así sucedió. El señor Lucio publicó el manifiesto solo con su nombre, liderando a partir de ese momento una campaña nacional, de cuyo desarrollo no tuve ningún conocimiento adicional.

Espero señora Fiscal que estos hechos, relatados de manera objetiva, sean de su interés, dada la Institución que regenta. Por mi parte, no me corresponde valorar si se ajustan o no a la ley, o si se trata de acciones por la paz o tenían otros propósitos. En torno a ellos siempre he mantenido discreción, pues tengo claro que no es de mi competencia juzgar las acciones de los ciudadanos. Si ese fuera el caso, son otras las instancias a las que corresponde hacerlo.

Atentamente,

Luis Carlos Restrepo Ramírez

Ex Alto Comisionado Para la Paz

diciembre 20th, 2011

WIKILEAKS: El temor de Uribe a la popularidad de Córdoba

Soldado William Domínguez / Foto tomada de El Espectador

Según análisis del entonces Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo al embajador estadounidense, Piedad Córdoba bien podía ganar la consulta interna del liberalismo y quedar como candidata presidencial. Cable de la embajada estadounidense en Bogotá, fechado el 6 de marzo de 2009. Wikileaks sin censura.

Clasificación: CONFIDENCIAL

Según el embajador William Brownfield, Uribe se enfureció porque Luis Carlos Restrepo aceptó la presencia de los periodistas Jorge Enrique Botero y Daniel Samper Pizano en la liberación de cuatro uniformados el 1 de febrero de 2009 (el soldado William Domínguez, asesinado en Bogotá septiembre de 2011, y los agentes de policía Juan Fernando Galicia, José Walter Lozano y Alexis Torres).

Restrepo incluyó a los periodistas para evitar la posible participación internacional: en la semana del 2 de marzo, Córdoba se reunió con el congresista James McGovern en Washington, para supuestamente hablar de su posible participación en otra liberación de parte de las FARC.

Para Restrepo, si las Farc decidían liberar a más prisioneros, pondrían a Uribe en aprietos. El Comisionado de Paz dijo que el presidente tenía “una reacción visceralmente negativa hacia estos eventos controlados por las FARC y hacia la facilitación de Córdoba, lo que hacía su respuesta a ello algo impredecible”. También rechazaban arduamente las operaciones de liberación Juan Manuel Santos y el comandante del ejército, Padilla.

El gobierno tenía en 2009 un mensajero autorizado con las FARC: Henry Acosta, quien en 1999, siendo alcalde de Chámeza (pueblo del departamento Casanare, al oriente), se asiló porque, dijo, no le quiso entregar el presupuesto de la alcaldía a la guerrilla.

Restrepo salió de su cargo en marzo de 2009 porque Uribe estaba convencido de que la paz no llegaría ni con las Farc ni con el ELN en lo que restaba de su gobierno. En enero, el guerrillero Pablo Catatumbo escribió al mensajero Acosta que Uribe no entendía los gestos de las FARC y reconociendo que con Uribe no habría paz. Poco después, Uribe le revocó a Acosta la autorización para contactar a las FARC.

Restrepo reconoció que con la liberación de un total de seis rehenes a través de Córdoba, las FARC se anotaron un tanto propagandístico a costa del gobierno colombiano, que resultó aún más costoso por los sobrevuelos de las FFMM durante la primera de las tres operaciones de liberación.

Uribe, dijo Restrepo, ya no quería más que Piedad Córdoba participara en liberaciones subsiguientes, pues como resultado de esta labor Córdoba estaba en capacidad de ganar las primarias presidenciales del partido liberal. Una encuesta Gallup mostró a Córdoba liderando, con el 30% del apoyo en su partido. “Restrepo nos dijo que, una vez esté fuera del cargo, planea ser mucho más agresivo en sus críticas contra Córdoba y otros defensores del  diálogo de paz, como amigos de las FARC”.

===

“Restrepo lamentó que el ELN también continuara jugando. Dijo que el exmiembro del Comando Central del ELN (COCE), Pacho Galán, convencido de que la lucha armada no tiene futuro en América Latina, está decidido a presionar públicamente al grupo a renunciar a la violencia. Galán, cuyos esfuerzos son financiados por los suecos y la Alcaldía de Medellín, piensa que el modelo tradicional de diálogos de paz con las FARC y el ELN solo ha servido para prolongar la guerra. Restrepo dijo que el gobierno colombiano aspira a explotar los comentarios de Galán para presionar tanto al ELN como a las FARC”.

Link original del cable en Wikileaks:

http://wikileaks.org/cable/2009/03/09BOGOTA768.html

First published on Thu, 1 Sep 2011 23:24 UTC

Reference ID: 09BOGOTA768

SUBJECT: "NO CHANCE" OF FARC PEACE TALKS AS PEACE COMMISSIONER RESTREPO RESIGNS

septiembre 15th, 2011