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Claudia Julieta Duque – Foto Constanza Vieira/IPS
La periodista investigativa Claudia Julieta Duque recibió información acerca de que un sector de Inteligencia militar prepara ataques directos en su contra.
Esta es su carta abierta al presidente Juan Manuel Santos (tomada del sitio Facebook de Contravía TV). Santos debe intervenir de inmediato.
Bogotá, 14 de septiembre de 2011
Señor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Palacio de Nariño
Ciudad.
Ref. Llamado urgente de intervención para prevenir posibles atentados contra la periodista Claudia Julieta Duque
Respetado señor Presidente,
Reciba un atento saludo. Soy una periodista defensora de derechos humanos especializada en investigación de temas sensibles en el país y como tal he sido amenazada y perseguida por el Estado colombiano desde el año 2001, razón por la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me otorgó medidas cautelares desde noviembre de 2009 y recibo atención del Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior desde enero de 2004.
Entre las labores más conocidas que he realizado figuran la investigación por el homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón Forero en agosto de 1999, del también periodista Clodomiro Castilla en 2010, mis denuncias respecto a la conformación de una empresa criminal al interior del DAS para el espionaje y persecución de defensores de derechos humanos, magistrados, periodistas, sindicalistas y líderes de la oposición siguiendo las directrices de la Casa de Nariño, para entonces en cabeza del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Como es bien sabido, he sido una de las principales víctimas de ese organismo de inteligencia, que incluso llegó a elaborar un memorando para la ejecución de acciones de tortura psicológica en contra mía y de mi hija. Según reposa en los expedientes judiciales, dicha persecución en contra de miembros la sociedad civil tuvo también la participación de las demás agencias de inteligencia del Estado y de la llamada Junta de Inteligencia Conjunta (JIC).
Recientemente fui coautora de un artículo publicado en primera página de The Washington Post, titulado “Ayuda estadounidense, implicada en abusos de poder en Colombia”, que como es de público conocimiento causó diferentes reacciones y ataques en contra de sus autores, pese a lo cual su contenido hasta la fecha no ha sido desvirtuado. De igual manera he publicado dos artículos en el quincenario Un Pasquín respecto a periodistas y columnistas de opinión que figuran como corresponsales del líder de las AUC Carlos Castaño, y que según la USB que se encuentra en poder de la Fiscalía General de la Nación habrían sobrepasado la línea profesional en sus relaciones con la comandancia del paramilitarismo.
Tales publicaciones han generado una fuerte reacción en contra mía, a tal punto que he sido calificada como “activista de extrema izquierda” por parte de un columnista de opinión, mientras otro ha dicho en redes sociales que mis artículos son escritos por el secretariado de las FARC, aseveraciones respecto a las cuales mis abogados estudian eventuales acciones legales.
En días pasados fui informada por una fuente de altísima credibilidad y posicionamiento en la sociedad, cuyo nombre me reservo por razones de estricta seguridad, que desde Inteligencia Militar o sectores de la misma se han impartido órdenes y se estarían fraguando eventuales operativos para realizar ataques directos en mi contra.
Por lo anterior, y haciendo uso del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, me permito solicitarle muy respetuosamente se sirva intervenir ante sus subalternos en las fuerzas militares para que se desactive cualquier plan dirigido a atentar contra mi integridad física, así como acciones de seguimiento, inteligencia, desprestigio o de judicialización infundados (montajes) que hayan podido ser puestos en marcha.
Por medio de la presente, responsabilizo al Estado colombiano por la materialización de cualquier ataque que se llegare a producir en contra mía o de cualquier miembro de mi familia, no sólo por las posibles omisiones en que se incurriera sino por la participación directa que pudiera existir de organismos de inteligencia del Estado en estos planes criminales. Confío en su eficaz intervención para que se tomen las medidas necesarias para evitar cualquier atentado en contra mía o de mi familia tanto ahora como hacia futuro.
Recibiré notificaciones en la calle 16 No.6-66 Piso 25, sede de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que actúa como mi representante legal ante diferentes instancias nacionales e internacionales.
Atentamente,
CLAUDIA JULIETA DUQUE ORREGO
Periodista C.C.42.097.329 de Pereira
c.c. General Alejandro Navas, Comandante de las Fuerzas Militares Dr. Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa Dr. Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior Dr. Angelino Garzón, Vicepresidente de la República Dra. Vivianne Morales, Fiscal General de la Nación Dr. Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación Dr. Christian Salazar, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, Dr. Frank La Rue, Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dra. Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Brigadas Internacionales de Paz – Colombia, Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos
septiembre 14th, 2011
Vista del «Encuentro nacional de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz de Colombia», realizado entre el 12 y el 14 de este mes en Barrancabermeja (Foto Constanza Vieira)
Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta.
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969
agosto 29th, 2011
La agroindustria bananera también tiene intereses en la cuenca del Curbaradó. Foto Constanza Vieira (IPS)
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Según recuerda un cable filtrado por Wikileaks y fechado el 22 de octubre de 2008, ya por ese entonces el gobierno colombiano planteaba cumplir la orden judicial de realizar un censo en los valles del Curbaradó y el Jiguamiandó, afluentes del río Atrato en el Chocó.
El censo busca determinar quiénes hacen parte de las comunidades negras dueñas del título colectivo y quiénes son invasores del territorio.
Los líderes ancianos, tanto hombres como mujeres, son los que saben quién es quién. En estas cuencas, a diferencia del resto del país, los líderes han sobrevivido a la guerra y son la memoria viviente de la comunidad.
La región fue tomada por ganaderos y empresarios de palma africana ligados al paramilitarismo de ultraderecha, luego del desplazamiento masivo generado por la arremetida paramilitar iniciada en 1996 en la región.
Solo desde marzo se está adelantando efectivamente el mencionado censo. En el momento falta contabilizar a los desplazados de estos valles que viven en distintas ciudades de Colombia, así como refugiados en el exterior.
Heavy Metal Colombia entrevistó al sacerdote Alberto Franco, de la organización humanitaria religiosa Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña a las comunidades en su lucha legal y en el arriesgado retorno a sus tierras. La Comisión ha advertido reiteradamente que los empresarios aplican todo tipo de trucos para mantenerse en la región. Muchos de ellos están en la mira de la Fiscalía General de la Nación.
Heavy Metal Colombia: Usted ha estado denunciando que a los valles del Curbaradó y el Jiguamiandó han entrado centenares de paramilitares en estos días.
Alberto Franco: Los paramilitares dijeron que la gente va ganando el censo, pero que ellos se van a quedar. Desde abril, cuando entraron por Bella Flor Remacho (cuenca del Jiguamiandó) y por El Tesoro (sobre un caño afluente del Curbaradó), anunciaron que iban a simular un enfrentamiento con otros paramilitares para generar un desplazamiento. Los de Bella Flor se presentan como del grupo Los Rastrojos. Y los 300 que entraron esta semana están en la zona de Llano Rico (a la entrada del valle del Curbaradó) y van a moverse por Caracolí y Caño Manso (aguas abajo del Curbaradó). Estos dicen que son del grupo Águilas Negras, aunque ambos son parte de la misma estrategia. Le están diciendo a la gente que cultive coca y que ellos van a propiciar el desarrollo con banano, palma y ganadería extensiva.
¿Los paramilitares están promoviendo que se siembre coca en la región?
Ya están cultivando coca. Entraron por Brisas (en el Curbaradó, donde hay una base militar) 30 bultos de semilla de coca, pasaron como mínimo por tres controles, uno de la Policía y dos o tres controles más, permanentes, entre Brisas y Llano Rico. Nuestra interpretación es que es una estrategia de los empresarios vinculados a estos negocios, que trabajan en alianza con la Brigada 17, para que las acciones que se han ido ganando en Derecho queden amarradas a las acciones de hecho. Yo no entiendo cómo 300 hombres pasan a 250 metros de un comando militar y no los ven. Van uniformados de camuflado, con armas cortas, con armas largas. ¿Cómo pasan?
¿Al sembrar coca se puede perder toda la batalla legal por la tierra?
Claro, porque la coca genera por lo menos tres problemas: uno, descomposición. La gente comienza a consumir coca y licor. Han llevado a mujeres prostituidas. Todo esto para captar gente, con la plata se convence a la gente. Un segundo problema tiene que ver con que constituye una disculpa para que actúen tanto paramilitares como guerrilla, que también puede comenzar a moverse por esta zona. Y el tercer problema es legal. Si hay un territorio que tiene coca, entonces les quitan los derechos sobre el territorio a las comunidades.
¿Cuál es el interés sobre esta región?
Primero, es parte del proyecto que se conoce como “la mejor esquina de América”.
¿Allí juega un papel la conexión interoceánica por ferrocarril que proyecta construir China?
Claro. También el tema de la interconexión eléctrica. No sabemos si en esta zona haya petróleo. En el cerro Careperro (al sur del río Jiguamiandó) hay intereses mineros. Y, no hay que desestimar el aspecto judicial. A medida que las comunidades siguen resistiendo y avanzan en recuperar sus tierras, se evidencian conexiones de alto interés entre militares, empresarios, políticos y paramilitares. Eso explica también las amenazas contra la Comisión. Y están afectando a los líderes, que han sido objeto de amenazas.
La restitución de tierras este 3 de agosto interviene tierras, entre otros, en Pavarandó, Belén de Bajirá, Caucheras, Cetino…
En Cetino es justo donde están los paramilitares en este momento.
¿Hay posibilidad de que a los paramilitares también les den tierras?
No necesariamente a ellos. Pero ellos han metido gente a la zona que son parte de su estrategia, para que comiencen a obstaculizar la devolución de tierras.
¿En qué va el censo?
En que, según el gobierno, ha terminado muy bien. Con preocupación de las comunidades, porque hubo amenazas y no todos los adultos mayores pudieron estar. Y porque hay gente que vive en el casco urbano de Carmen del Darién, que sale a pescar, y algunos de ellos han sido vinculados como si fueran propietarios de las tierras. Eso también es parte de la estrategia.
agosto 4th, 2011
Dicen las noticias que hoy se instaló en Tacueyó, norte del Cauca, un Batallón de Alta Montaña. Se hizo contra la voluntad de los pueblos indígenas de ese departamento al suroccidente de Colombia.
Este es el Artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (Resolución aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007 y firmada por Colombia en abril de 2009).
Artículo 30
1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.
La Declaración no es un tratado internacional y por lo tanto no es vinculante para los Estados que la suscriben ni genera obligaciones jurídicas directas. Tiene, sin embargo, un rango político, ético y moral.
Uno de sus artículos establece obligaciones para los organismos internacionales y para los Estados:
Artículo 42
Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por la eficacia de la presente Declaración.
Adicionalmente, en noviembre de 2007 la Corte Interamericana de Derechos Humanos situó esta Declaración como fuente jurisprudencial.
En su sentencia en el caso Saramaka vs. Surinam dictaminó que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas es referencia cuando se trata de la aplicación del consentimiento previo, libre e informado.
Y el consentimiento previo, libre e informado, a su vez, está contenido en el Convenio 169 de la OIT, ese sí un tratado internacional vinculante para Colombia.
Artículo 19
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
Artículo 18
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.
Otros artículos de la Declaración instan a los Estados a actuar en concreto para promoverla. Incluso convirtiéndola en ley, como el Artículo 38:
Artículo 38
Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración.
Finalmente, cómo no citar el Artículo 43 de esta Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que dice lo que más importa en realidad:
Artículo 43
Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.
julio 27th, 2011
Henry Caballero es un administrador de empresas que trabaja con los indígenas del Cauca desde 1990, y con los del Tolima desde mediados de los años 80. Escribía en el computador al pie de la ventana, en la sede del laureado Proyecto Nasa, en Toribío, cuando sobrevino el ataque de las FARC el 9 de julio. Se salvó de las esquirlas porque en el instante de la explosión del bus-bomba, a 100 metros del Proyecto Nasa, se había incorporado del escritorio para buscar una documentación. Heavy Metal Colombia lo entrevistó telefónicamente.
Heavy Metal Colombia: ¿Usted qué está haciendo en el Proyecto Nasa?
Henry Caballero: Trabajé en un proyecto productivo, que ya terminamos. Era con el Laboratorio de Paz (de la Unión Europea). Fue hasta el año pasado, pero tenía una auditoria esta semana que pasó. Por eso estaba pendiente, preparando todo para la auditoría. El proyecto se llama “Fortalecimiento de formas de producción y mercadeo propio en cinco municipios del oriente caucano con alto grado de incidencia del conflicto armado”, precisamente.
¿Cómo funciona la producción y mercadeo de alimentos en medio de la confrontación?
Es muy complicado. Ahí mismo, pegado al Proyecto Nasa, en la casa de al lado que también es del Proyecto Nasa, por la misma calle hacia la alcaldía, funciona Jugos F’xize (“fresco” en lengua nasa). Con este proyecto se había dotado a Jugos F’xize de un cuarto frío, que se averió. Ayer me encontré con un productor, y le pregunté cómo está el asunto de los cultivos, ya que (el ataque de las FARC) no los afectó. Me dijo: “Sí, ¿pero no ve que aquí en Jugos F’xize no nos está comprando la mora? Que porque se les dañó el cuarto frío”.
“Entonces nos toca llevarla a Cali y allá es muy difícil de comercializar. Dijeron que dentro de unos 15 días nos reciben nuevamente”, decía el compañero que produce mora.
Así que imagínese la gente que traía su yuquita, sus hortalizas: tocó dejar todo eso abandonado. Los carniceros: toda la carne se dañó. Para la gente es muy complicado producir en esas condiciones.
Hay un círculo vicioso. Decimos que es que “las causas objetivas de la guerra”. Que mientras sigan “las causas objetivas” no podemos acabar con el conflicto, pero que, entonces, le hagamos a la economía. Pero resulta que la economía no funciona porque está el conflicto. Se forma un círculo irresoluble.
Así que el Proyecto Nasa había logrado dotar a Jugos F’xise de un cuarto frío.
Sí, pero quedó averiado con la explosión y no se ha podido volver a recibir mora, porque no hay dónde conservarla. Los jugos necesitan lo que llaman la “cadena de frío”. No se ha podido seguir con la producción como venía.
Esto se hizo en aras de la economía propia, de los mercados propios, para combatir la gaseosa. Pero no hay ni cómo comprarle a la gente, ni cómo venderle. Por ejemplo ayer, en la audiencia (de seis mil indígenas con el Consejo Regional Indígena del Cauca el 20 de Julio), la gente decía: “Bueno, y qué, oímos hablar tanto de Jugos F’xise y no hay”. Y se iban a las tiendas a comprar Postobón (una marca nacional de gaseosa) y Coca Cola. Tocaba explicarles que F’xise estaba con ese problema.
¿Por qué combaten la gaseosa?
Por un lado, porque eso no nutre nada. Por otro lado, los recursos que pueden seguir alimentando procesos económicos dentro de las comunidades no quedan en la región, sino que se van. Y, porque a través de eso está entrando un consumismo que no es el que las comunidades indígenas proponen. Hay que procurar alimentarse, nutrirse. Inclusive, procurar que se gaste menos en energía, en medios de transporte de productos que traen desde Bogotá, a veces hasta de nivel internacional, para consumir algo que las comunidades pueden producir de mejor calidad y que sea nutricional. Y que les permita hacer su propia economía. No tiene sentido toda esta dinámica mundial, de mover y mover productos de un lado a otro, y después quejarse del calentamiento global.
Las comunidades son concientes de que deben producir sus propios productos y que hay una serie de multinacionales que se están apropiando del territorio. No solamente buscan apoderarse del agua y de la minería, sino también transformar los hábitos alimenticios de la gente, cuando la gente, en últimas, no tiene con qué comprar.
Es muy distinto un jugo F’xise, que vale 100, 200 pesos, a una gaseosa que vale mil. Y cuando la gente no tiene con qué comprar, entonces tiene que empezar a encadenarse al capitalismo, sea yéndose para las ciudades, sea metiéndose en cultivos de uso ilícito.
Es una tarea también contra el consumismo. La gaseosa es de los productos que más se consumen. Pero también es todo lo que traen, lo que viene de afuera a través de ese consumo masivo. Entonces, es también una oposición a ese consumismo. Es garantizar precios más baratos y garantizar alimentación para la gente.
Por eso hay una oposición a la gaseosa, pero en cambio de prohibir, porque ha habido intentos de prohibirla, se planteó crear opciones. Para que la gente pueda decir: “Bueno, si no tomo gaseosa, ¿qué tomo?” Y ahí está el jugo que la gente produce.
Usted hablaba de que las multinacionales están apoderándose del agua en la región.
Como tal, en la zona no. Pero la preocupación de las comunidades se dio a partir de los planes departamentales de agua que impusieron el gobierno nacional y el departamental, y que están en marcha. Podrían quitarles el manejo de los acueductos veredales (rurales) a las comunidades. Si esto se da, ya no va a haber siquiera acueductos, se los van a vender al mejor postor. Y el mejor postor, seguramente, van a ser las multinacionales, que son las que embotellan el agua. Entonces, los indígenas ven que ya se están dando los primeros pasos para apoderarse del agua.
¿Y la minería?
Una gran parte de los territorios indígenas ha sido entregada en concesión para exploración. Además hay lugares que son títulos indígenas mineros, porque las comunidades han tenido que entrar a jugar ahí, más que con la intención de explotar, con la intención de que no entren otros. Pero cada día como que les van cerrando el círculo y les dicen, “bueno, comiencen a explotar, o si no esto se lo damos a otros”.
Ya hay conflictos en la zona, sobre todo por la minería del oro. Hay dragas que están entrando de forma ilegal. También ha llegado paramilitarismo a algunas zonas, en fin, ilegales que disparan contra la población para amedrentarla por asuntos relacionados con conflictos mineros.
¿En qué zonas está pasando eso?
Eso está pasando en el norte del Cauca, en las comunidades indígenas de Santander de Quilichao (municipio que colinda con Toribío), en Caldono -en la comunidad de La Aguada-, en Canoas, en Munchique. En Buenos Aires, donde hay comunidades en parte indígenas y en parte afrocolombianas.
julio 22nd, 2011
“Cada actor de la guerra viola el derecho humanitario de manera consciente, bajo el argumento que el otro ya lo había hecho”, dice el pronunciamiento emitido en Toribío, capital del pueblo nasa, por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Fue dado a conocer el jueves pero está fechado la víspera, 20 de Julio, Día de la Independencia de Colombia. Se titula “Terminar la guerra, defender la autonomía, reconstruir los bienes civiles y construir la paz”.
En días anteriores, a raíz del ataque de la guerrilla de las FARC el 9 de julio a Toribío y a otros cinco pueblos nasa en el norte del Cauca, el presidente Juan Manuel Santos anunció que el ejército demolerá las casas donde se parapete la guerrilla.
La guerrilla ELN comparó esa decisión con el arrasamiento que adelanta Israel contra el pueblo palestino e hizo cuentas de las infracciones al principio de distinción y de los crímenes que comete la fuerza pública en todo el país.
A su vez, las FARC lanzaron un comunicado invocando el DIH para justificar su ataque a Toribío y advirtiendo a todos los civiles en Colombia que deben alejarse medio kilómetro de los transportes militares y hacer que las bases del ejército y los cuarteles de policía sean retirados de los cascos urbanos.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia utilizó términos muy serios en un breve informe de misión a Toribío. Declaró que el “masivo y violento ataque” de las FARC a esa población «no es un acto aislado o accidental” y “revela un patrón de ataques indiscriminados” de dicho grupo insurgente “en los que resulta afectada la población civil.”
El duro pronunciamiento del CRIC anuncia el inicio de la “Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra” con participación de todos los nueves pueblos indígenas del Cauca que comenzará, cómo no, por retirar las bases militares y las trincheras de la policía, pero también los campamentos guerrilleros del territorio civil.
“Si no detenemos esta guerra, el país asistirá a una terrible masacre de civiles y a la destrucción de buena parte del proyecto político pacífico y democrático que los indígenas hemos parido con gran esfuerzo durante años”, prevé el CRIC ante la ocupación del territorio ancestral por 15.000 efectivos militares y aviación, cifra que se incrementa según anuncios oficiales.
Sobre el ataque de las FARC que causó muerte y destrucción en Toribío, cuna de históricas luchas indígenas, el CRIC declara: “No puede haber ninguna justificación para tanto desprecio por los seres humanos y por un proceso político que ha dado muestras indudables de construcción de dignidad, democracia, autonomía y justicia social”.
“Tanto la invasión de nuestro territorios por el Ejército oficial, como la ocupación de nuestras comunidades por la insurgencia, promueven un modelo territorial y económico extractivo y dependiente de las rentas de los recursos naturales, reproduciendo un sistema de despojo y aniquilamiento que los indígenas conocemos desde hace siglos”, se lee en el Pronunciamiento del CRIC. Aquí el texto completo.
JUNTA DIRECTIVA REGIONAL DE CABILDOS INDÍGENAS DEL CAUCA
Toribío, 20 de julio de 2011
Terminar la guerra, defender la autonomía, reconstruir los bienes civiles y construir la paz
La Junta Directiva Regional de Cabildos Indígenas del Cauca –CRIC- nos hemos reunido en Toribío los días 19 y 20 de julio de 2011, para analizar y proponer caminos de solución ante los hechos de la semana anterior en los municipios de Toribío, Corinto, Caldono, Jambaló y el resguardo de San Andrés de Pisimbalá en Tierradentro, que son de responsabilidad directa de las FARC, y ante la decisión unilateral e inconsulta del gobierno nacional de copar militarmente los territorios indígenas, principalmente los del norte del Cauca.
Como Comunidades originarias y Autoridades Tradicionales hoy les hablamos a los colombianos y colombianas desde el fondo de nuestro dolor y de nuestra indignación. También desde la profunda convicción de que con la reflexión y el espíritu de las comunidades es posible sacar al país del pantano a donde lo han llevado décadas de invasión y guerra armada del Estado y las guerrillas, principalmente a territorios indígenas del país. En estos dos días los delegados y delegadas de las comunidades hemos hablado y pensado como pueblos originarios, con autocrítica por lo que hemos podido hacer y no hemos hecho, y con responsabilidad por lo nuestro y por el país entero.
Nos hemos reunido para manifestarle a los pobladores urbanos de estos municipios afectados por las acciones armadas que sentimos esta agresión como un ataque contra todos los pueblos indígenas, que entendemos han tumbado la casa de cada uno de nosotros y nosotras, que la lluvia y el frío sentido estos días por ausencia de techo lo hemos sentido en cada resguardo indígena del Cauca; porque no puede haber ninguna justificación para tanto desprecio por los seres humanos y por un proceso político que ha dado muestras indudables de construcción de dignidad, democracia, autonomía y justicia social. Por eso, esta Junta Directiva y esta Audiencia Pública son sobre todo un acto de dignidad, unidad y resistencia a la guerra por parte de toda la gente del Cauca. Un acto donde nos guía la convicción de que solo la solución del conflicto armado puede abrir caminos para la construcción de paz y justicia; por eso hemos ratificado la voluntad de seguir construyéndola.
Desde nuestra Resolución de Vitoncó emitida en 1985, nuestras comunidades y autoridades exigieron la desmilitarización total de nuestros territorios. En aquella ocasión las FARC se comprometieron a no intervenir nuestros procesos y a respetar a nuestros territorios y autoridades; luego en 1990 se concertó la dejación de armas del grupo indigenista Quintín Lame, que contribuyó con la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual, jurídicamente, en la nueva Carta Política, devolvió el poder al pueblo y declaró que la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento. En 1999, con nuestra Declaratoria de los Territorios de Convivencia Diálogo y Negociación nuestras autoridades reclamaron del Estado y las guerrillas la necesaria y obligante participación de la sociedad civil en todo proceso de paz para el país. Las declaraciones y mandatos de Ambaló (1996) y Jambaló (2000) fueron claras en determinar la responsabilidad de los diferentes actores que hacen presencia en nuestros territorios y en ellas se determinaron políticas y responsabilidades internas referidas al conflicto armado, a los llamados cultivos de uso ilícito, a las iglesias y a los intereses económicos de las empresas multinacionales.
Sin embargo, lo ocurrido principalmente en Toribío, Corinto, Caldono, Jambaló y en el resguardo de San Andrés de Pisimbalá en Tierradentro, niega lo que el país ha avanzado constitucionalmente en materia de derechos humanos y paz, y por el contrario se ha convertido en una estrategia global que se repite cotidianamente de ocupación territorial de conquista, involucramiento de civiles con propósitos militares, y de arrasamiento con propósito de cambiar el escenario político, poniendo de presente la decisión del Estado y las FARC de una escalada del conflicto no vista antes en nuestros territorios.
En consecuencia, si no detenemos esta guerra, el país asistirá a una terrible masacre de civiles y a la destrucción de buena parte del proyecto político pacífico y democrático que los indígenas hemos parido con gran esfuerzo durante años.
Ante ello la Junta Directiva Regional de Cabildos indígenas del Cauca –CRIC-, ha analizado
Sobre la guerra actual
- La guerra ha absorbido todas las otras dimensiones de la vida nacional, subordinando la política a las prioridades militares de ambos bandos,. Con la gravedad que cada actor de la guerra viola el derecho humanitario de manera consciente, bajo el argumento que el otro ya lo había hecho.
- En la actualidad Las FARC desplazan fuerzas hacia el norte del Cauca provenientes de otros departamentos, y recrudecen el reclutamiento forzado de menores y la incorporación de milicianos a sus filas, al parecer para responder a la estrategia del Estado. de tierra arrasada desde el entendido que su sobrevivencia depende de estar entre la población civil.
- Por su parte el Estado ha subordinado la ley y sus propios intereses económicos al sostenimiento de una guerra y de las mafias económico-militares que la promueven; mientras para la insurgencia ya no se trata de tener una fuerza armada para defender un proyecto político, sino de destruir todos los proyectos políticos -incluido el de ellos- con el propósito de mantener el aparato militar. Es lógico, por eso, la enorme despolitización y degradación del conflicto armado interno que vivimos.
- Por supuesto, cada vez tenemos menos dudas de que la guerra es funcional al modelo de colonización minero-energético, de la expansión de los agrocombustibles y de la expropiación de los territorios indígenas y de los afrodescendientes y campesinos, impulsada por las transnacionales. Tanto la invasión de nuestro territorios por el Ejército oficial, como la ocupación de nuestras comunidades por la insurgencia, promueven un modelo territorial y económico extractivo y dependiente de las rentas de los recursos naturales, reproduciendo un sistema de despojo y aniquilamiento que los indígenas conocemos desde hace siglos.
- Todo indica que en el departamento del Cauca, especialmente en la zona norte y en las áreas contiguas de los departamentos del Huila, Tolima y Valle, todas ellas territorio del pueblo Nasa, se prepara una enorme batalla de incalculables consecuencias para la población. La Madre Tierra nos dio un territorio que por sus características ha resultado ser el más adecuado para la guerra irregular, donde la derrota de la guerrilla solo puede darse mediante el copamiento militar terrestre, el arrasamiento y el uso de bombardeos indiscriminados. Y eso es lo que, desde los planes de quienes dirigen la guerra, vendrá para nuestro territorio y nuestras comunidades en los próximos meses. El Ejército concentra un número cada vez mayor de unidades; miles de hombres armados han desembarcado en helicópteros la última semana en Corinto, Caloto, y Miranda y Tierradentro, preparando una nueva oleada militar. Se ha anunciado la decisión unilateral e inconsulta de establecer un nuevo Batallón de Alta Montaña en Tacueyó, y es de esperar que otros pequeños batallones se instalen en el páramo. Casi 15 mil soldados invaden la Cxhab Wala Kiwe, el territorio del gran pueblo.
- El Plan de consolidación territorial del gobierno nacional combina una estrategia de “desarrollo armado y humanitarismo armado”, por medio del cual los recursos públicos destinados a garantizar los derechos sociales y el desarrollo de infraestructura, pasan a través de los batallones. Con la clara intención de involucrar a las comunidades civiles en la estrategia de guerra, los dineros de Acción Social son pagados en los batallones, los puentes reparados por el ejército, las alcaldías presionadas a aceptar el tutelaje de los militares. En la práctica las comunidades se convierten en una especie de escudos humanos para proteger forzadamente a los soldados.
- El Plan Colombia obligó a la insurgencia al repliegue, la dispersión y el retorno a la guerra de guerrillas. Al no tener ya capacidad para subordinar territorialmente a las comunidades y los gobiernos autónomos indígenas, han optado por erosionar la organización en su conjunto, promoviendo estructuras paralelas que tratan de deslegitimar a nuestras autoridades, al proceso político del CRIC y a sus organizaciones zonales.
- Derivado de lo anterior, mientras el ejército involucra a la población civil. La guerrilla se camufla entre ella dando como resultado que sea la población civil la que lleve la peor parte. Entonces, como ambos bandos comparten la misma estrategia, disparan, hacen estallar explosivos o bombardean indiscriminadamente, con la supuesta certeza de que los civiles muertos o heridos, por estar cerca de sus enemigos, también son blancos legítimos.
- Con base en lo anterior recordamos que al firmar la Constitución de 1991 nos comprometimos a la construcción de un país en paz y respetuoso de la diferencia. Nosotros como pueblos indígenas hemos cumplido, pero no así los promotores de la guerra y quienes tienen otros designios sobre nuestros territorios. Ratificamos nuestras posiciones y mandatos expresados en la Resolución de Vitoncó, la Resolución de Jambaló, los Congresos del CRIC, la propuesta de Diálogo de La María Piendamó, de los cuales resaltamos los siguientes puntos:
- Los armados no nos representan, no pueden hablar ni mucho menos realizar acciones en nombre nuestro o de nuestros intereses.
- Reclamamos la desmilitarización total de nuestros territorios de parte y parte.
- Tanto el Estado como la guerrilla y demás grupos armados, los gremios económicos, narcotráfico y multinacionales y demás actores externos deben respetar nuestro territorio y autonomía
- Exigimos la recuperación de la armonía y nuestros territorios indígenas y en general de la nación colombina, por ello construimos una ruta de solución política al conflicto armado donde la sociedad civil sea un actor fundamental .
Con base en esta lectura realizamos el siguiente
PRONUNCIAMIENTO:
- Como nuestros llamados a los actores armados para que respeten la autonomía de las comunidades, la vida de las personas y las leyes de la guerra no han sido escuchados, hemos decidido convocar la Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra.
- Esta Minga tiene tres propósitos. El primero es la desmilitarización de los territorios indígenas y el freno a la militarización promovida por el ejército y las FARC. Reiteramos la exigencia a estos actores para que desmonten sus bases militares y campamentos en territorio indígena, y para que dejen de utilizar los bienes civiles para usos de guerra. Sabemos que no lo harán por su propia voluntad, y que requerirá una enorme presión de la sociedad civil colombiana. En los próximos meses, con la intervención de todas las comunidades indígenas del Cauca, y con la compañía de las organizaciones amigas que luchan por la paz, iniciaremos acciones hacia el desmonte -como lo hemos hecho en anteriores circunstancias- de las trincheras y bases de la Policía y el Ejército, y simultáneamente de los campamentos de las FARC, que se encuentran en medio de la población civil.
- No queremos darle ventaja militar a ninguno de los bandos, sino defender la vida y la autonomía de las comunidades. Esperamos que ambos actores entiendan que nuestro propósito es esencialmente humanitario. Llamamos a nuestros amigos y amigas para que así se lo hagan entender al gobierno y a las FARC. Y recordamos a los actores armados que los territorios indígenas son bienes culturales especialmente protegidos por el derecho internacional humanitario, y por tanto deben ser excluidos de las acciones militares.
- La Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas es absolutamente clara en que no podrán montarse bases militares sin que se realicen “consultas eficaces” con las autoridades y comunidades de los pueblos indígenas; y ya la Corte Constitucional ha dicho que la Declaración hace parte del derecho internacional consuetudinario, que es obligación para el Estado. En consecuencia, no aceptamos el establecimiento de Batallones de Alta Montaña en los territorios indígenas, anunciados por el gobierno nacional. El gobierno viola la Constitución y la ley al imponerlos sin nuestro consentimiento; además son inútiles para proteger a la población civil y no los necesitamos para ordenar el resguardo. Emprenderemos acciones jurídicas, políticas y humanitarias contra su implementación. Hacemos un llamado al Relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para que se pronuncie sobre este inminente irrespeto a la normatividad internacional.
- El segundo propósito de la Minga es convocar al gobierno nacional y a la guerrilla a Diálogos Humanitarios en territorio indígena del Cauca para exigir el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Para la interlocución sobre estos temas, el CRIC y sus organizaciones zonales hemos conformado una Comisión especial, con la presencia de mujeres, mayores y exgobernadores, encargada de apoyar a las autoridades, que es responsable de presentar nuestros puntos de vista ante los grupos armados. Enviaremos invitaciones formales al presidente de la República y al comandante de las FARC.
- Los temas que proponemos a ambos actores son los que venimos impulsando en la Red de Iniciativas de Paz desde la Base: El cese inmediato de reclutamiento de menores o su vinculación como informantes; la prohibición y castigo de la violencia sexual, especialmente contra las mujeres; el uso de minas y armas de efecto indiscriminado; y el respeto a la autonomía, que ya los tratados internacionales reconocen sin discusión alguna.
- Con las FARC queremos discutir adicionalmente los problemas relacionados con los milicianos, y sobre el compromiso del Secretariado de no reclutar indígenas, incumplido reiteradamente. Y con el gobierno, vemos pertinente discutir el cese de la instalación de bases militares en medio de la población civil y el reclutamiento de informantes; así como que haya total claridad sobre la orden de destruir las viviendas de las comunidades, porque no vemos convincentes las explicaciones dadas por el presidente y el ministro de Defensa.
- El tercer propósito de la Minga es reactivar los Debates públicos con el gobierno y la insurgencia, sobre los proyectos políticos y territoriales que están en juego. Como estamos convencidos de que la solución del conflicto requiere una negociación política, nuestro compromiso es elevar el nivel político de estos diálogos y debates, y exigimos a estos actores que se comprometan a poner en claro sus apuestas estratégicas.
- La Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra está fundamentada en el derecho ancestral que nos asiste de ordenar nuestra casa, de equilibrar el territorio y buscar la armonía comunitaria. Así mismo, en los instrumentos internacionales que reconocen nuestro derecho a la libre determinación como pueblos y a dotarnos de las instituciones políticas que decidamos libremente. Todas estas medidas que hemos tomado hacen parte de los Planes de Salvaguarda que los pueblos indígenas del Cauca venimos formulando para impedir la desaparición física y cultural, cuya aceptación es obligatoria para el Estado frente a la sentencia 025 de la Corte Constitucional. Llamamos a la sociedad civil colombiana, a la Conferencia Episcopal y a la comunidad internacional para que contribuyan en generar condiciones de protección y respeto a las acciones que emprenderemos.
- Para realizar la Minga necesitamos del acompañamiento político y humanitario de todos nuestros amigos y amigas. Los convocaremos para que nos acompañen en la protección de los sitios sagrados y humanitarios, y en las acciones para liberar la Madre Tierra de la guerra y armonizar el territorio.
- Hemos tomado también la decisión de recuperar para la comunidad, a los jóvenes indígenas involucrados en los grupos armados. Dos acciones realizaremos para hacerlo realidad: En primer lugar, profundizar nuestros planes de Retorno a Casa, mediante el diálogo, la discusión política, la armonización y el remedio, para que se reencuentren con el camino de la lucha indígena por la dignidad; y en segundo lugar, emprenderemos Misiones de exigencia para que los niños y niñas reclutados regresen a casa; entendemos que las FARC dicen no defender esta práctica prohibida, lo que deberá hacer más fácil la entrega de los menores de edad a sus familias y comunidades.
- Mantenemos nuestra posición de buscar una solución autónoma para la situación de la economía ilegal. Reconocemos que los cultivos de coca, marihuana y amapola son una aparente solución que adoptan algunas familias para resolver una situación económica angustiosa, que en el mediano plazo abren las puertas a una creciente crisis económica, crisis de valores y crisis de gobernabilidad. Reiteramos el compromiso de profundizar las acciones para resolver el problema; al respecto, realizaremos una consulta a las comunidades para decidir los elementos centrales de la estrategia. Llamamos al gobierno nacional, las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que apoyen la adopción de un Plan Regional de solución a la economía ilegal, que debe consistir no en erradicar los cultivos de uso ilícito, sino en cambiar una economía de renta por otra economía armoniosa con la naturaleza.
- Por nuestra parte, vamos a fortalecer decididamente nuestra Guardia Indígena, a la que ratificamos el mandato de ser actores de paz y cuidadores del territorio. Con la Guardia, y con la participación de todas las comunidades, vamos a reforzar el control territorial interno. La Junta Directiva ha adoptado un plan interno para hacer cumplir los mandatos que los diversos congresos han aprobado.
Es urgente buscar caminos para la solución política del conflicto armado
- La gran confrontación que se avecina en nuestros territorios, y en otras regiones del país, nos obliga a profundizar nuestro llamado a abrir caminos para la solución del conflicto armado interno. Compartimos la visión de muchos sectores, acerca de la inutilidad de propiciar más muertes para llegar a un escenario de diálogo que podemos constituir desde ahora. Conocemos la falta de confianza de muchos colombianos y colombianas en una negociación política; pero hechos como los de Toribío y Corinto prueban que la solución militar es inaceptable. No es coherente condenar y lamentar la destrucción de nuestras poblaciones, los ataques indiscriminados, la muerte dela población civil, y al mismo tiempo defender la continuidad de la guerra.
- Creemos que nuestra Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra, es un aporte en la apertura de estos caminos. Como señalamos en La María, a los 40 años de conformación del CRIC, los diálogos humanitarios pueden y deben llevar a una solución del conflicto armado, y la solución del conflicto armado puede y debe llevar a un escenario para la construcción de una paz digna y duradera.
- Ante la negativa de los actores armados de propiciar este escenario con acciones ciertas de paz y su insistencia en crearlo mediante el incremento de la acción militar, llamamos a la sociedad colombiana a ser la protagonista directa de un nuevo esfuerzo por la terminación de la guerra en Colombia. El movimiento indígena del Cauca ratifica su disposición a converger con todas aquellas voces que de nuevo se pronuncian sobre la inutilidad de la guerra y la urgencia de acabarla.
- Consideramos que la comunidad internacional puede desempeñar un papel mucho más activo en la búsqueda de una solución política del conflicto y en la construcción de la paz; no solo al manifestarse más enfáticamente sobre la necesidad del diálogo político, sino en abstenerse de promover proyectos económicos que alimentan el conflicto, en particular los relacionados con la industria minero-energética.
- Agradecemos al Relator Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas y a la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, que insistan al gobierno nacional sobre la urgencia de buscar una salida política con participación de la sociedad civil y en especial de los pueblos indígenas, así como la necesidad de apoyar las iniciativas de diálogo y de construcción de paz propuestas por las comunidades. Llamamos a estos Relatores para que programen visitas de emergencia a los territorios indígenas del Cauca para que constaten la situación de violaciones generalizadas de los derechos humanos y el DIH. Igualmente solicitamos sean garantes de la reconstrucción de los daños físicos producidos por los actores armados, hagan seguimiento a la atención de las víctimas, y refuercen las acciones indígenas por la paz que los instrumentos internacionales protegen especialmente.
- Al mismo tiempo, insistimos a los organismos internacionales que hacen seguimiento y control al DIH, para que no abandonen su tarea de exigir a los actores armados el acatamiento de los principios de protección a los civiles y de no uso de armas de efecto indiscriminado, y en particular la instalación de campamentos y bases en cercanías de la población civil.
- Hacemos un llamado perentorio al gobierno nacional para que la reconstrucción de Toribío, Corinto y Caldono sea rápida y digna. Demandamos que no se convierta en un nuevo acto de guerra, por lo que exigimos que ésta se haga por parte de la comunidad y mediante procedimientos civiles, sin involucramiento de los militares.
- Como dijimos en los 40 años del CRIC: Es hora de la paz y no de la guerra. Hora para que desde el Estado, desde la insurgencia y demás grupos armados, no se levanten las armas contra el pueblo. Que cesen las masacres, los homicidios selectivos, los desplazamientos, las amenazas, las torturas, las desapariciones forzadas, las mutilaciones, los señalamientos, la muerte y la ignominia. Hora de la Verdad y de la Justicia. Hora de que la riqueza del país sea puesta a favor de la igualdad y la equidad, que el presupuesto nacional sea invertido fundamentalmente en lo social y no en la guerra.
Cuenten con nosotros para la Paz… Nunca para la Guerra.
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA – CRIC
julio 22nd, 2011
Fotograma de «Impunity», de Hollman Morris y Juan José Lozano. Cortesía Contravía
Michael Reed es director adjunto en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, ICTJ por sus siglas en inglés. Heavy Metal Colombia lo entrevistó en la premier de “Impunity” en Colombia, el pasado 20 de junio. El documental, de 85 minutos, es codirigido por el perseguido periodista colombiano Hollman Morris, reciente becario Nieman de la Universidad de Harvard, y por Juan José Lozano, colombo-suizo y radicado en Ginebra.
El asunto es que, en sus investigaciones sobre graves crímenes sistemáticos y generalizados, la Fiscalía está haciendo fotogramas de la matanza paramilitar, cuando lo que se necesita es, justamente, una película. La película que la Fiscalía debe ver. Mientras tanto, veremos «Impunity».
Heavy Metal Colombia:¿De qué manera apoyó el ICTJ a “Impunity”?
Michael Reed: A través de unos fondos de la cooperación canadiense se creó el capital semilla para arrancar, principalmente, en un tema específico, que tenía que ver con las exhumaciones que se estaban adelantando en el marco de (la jurisdicción de) Justicia y Paz. El proceso fue creciendo y Hollman Morris y Juan Lozano decidieron hacer un mayor enfoque sobre lo que es la justicia, sobre lo que es la impunidad desde la perspectiva de las víctimas.
HMC: ¿Quién es Juan Lozano?
MR: Juan Lozano es un joven documentalista colombiano. Estudió y trabajó en Colombia y ahora se encuentra radicado en Ginebra y está haciendo proyectos documentales desde allá.
HMC: ¿Han enfrentado obstáculos para difundir el documental en Colombia?
MR: Por lo pronto la película ha sido presentada en el exterior. Ha sido conocida en festivales en Toulouse y en La Haya, y en el Festival de Derechos Humanos de Human Rights Watch. A partir de esta presentación en Bogotá, que para Hollman y Juan era muy simbólica, queremos ver justamente el interés comercial que pueda existir.
En el ICTJ estamos convencidos de que esta es una película que todo el mundo puede ver y que todo el mundo debe ver. No es una película árida y justamente habla sobre derechos humanos, sobre impunidad y, principalmente, sobre el sufrimiento de las víctimas para lograr justicia en sus casos. No es una película para hacer dinero. Esta es una película de las víctimas y dirigida a la sociedad colombiana.
Como ICTJ la apoyamos, porque estamos convencidos de que la atrocidad no puede ser solo un tema de las víctimas. Estamos convencidos de que la atrocidad tiene que ver con todos nosotros y la manera como la enfrentamos también.
HMC: ¿Cree que el tema de la película es desconocido para los colombianos?
MR: Desafortunadamente creo que sí. O quizá no desconocido, pero sí bloqueado: es mucho más cómodo no saber o ignorar. Esta película pone las cifras de impunidad, las cifras de los muertos en una dimensión netamente humana, en donde se despierta la sensibilidad.
Estamos convencidos de que hay cierto agotamiento en Colombia en donde la negación empieza a ser una negación implicatoria, interpretativa. Es mejor no saber. O sí, yo soy consciente de eso, pero no quiero quedarme en el sufrimiento de las víctimas.
HMC: El documental hace un punto muy importante en la extradición de alias “HH” como la última esperanza de la verdad. ¿Qué queda sobre el tapete en Colombia en materia de justicia y de verdad sobre los crímenes de los paramilitares, una vez que se ha ido “HH”?
MR: La justicia, primero que todo, no puede ser objeto de solo confesiones. La justicia es, principalmente, un ejercicio de contradicción y de investigación autónoma independiente. Si bien algunos casos se abrieron por las confesiones incentivadas de estos individuos, lo cierto es que los casos no pueden proceder con solo confesiones. Tiene que haber una investigación independiente que señale las rutas.
Lo único que han hecho los paramilitares es reiterar cosas que antes se habían denunciado de manera permanente por parte de las ONG de derechos humanos y de las propias víctimas. Lo que las confesiones de los paramilitares han hecho en el país es hacer imposible la negación literal de esas violaciones.
Pero, la Fiscalía no puede depender de la voluntariedad de unos señores, tiene que hacer una investigación profunda sobre todas las implicaciones y no solo sobre los autores materiales.
HMC: Otra inquietud que toca el documental es el momento en que sacan a la prensa: cuando los paramilitares empiezan a mencionar ciertos nombres. ¿Qué curso tienen en la justicia colombiana esas denuncias con nombre propio?
MR: El procedimiento está reglado. En principio, el paramilitar que está confesando los actos criminales de otros debe hacerlo bajo gravedad de juramento. Esa prueba es trasladada posteriormente a quien se considera el competente y debe seguir su curso. Un punto muy importante es, justamente, aprovechar la instancia procesal -en donde confiesa-, tomarla como declaración juramentada para que se vuelva prueba.
Pero esto solo no puede marchar ni avanzar. Requiere, en efecto, de la debida diligencia de toda la Fiscalía (General de la Nación). El proceso de Justicia y Paz no puede ser un fin en sí mismo. Su valor está, justamente, en que es un medio para promover investigaciones que han estado muertas durante años o décadas en el país.
HMC: ¿El ICTJ considera que ha habido “debida diligencia” por parte de la Fiscalía?
MR: La diligencia se tiene que medir y determinar en todos los casos y en cada uno de los casos. Lo cierto es: el proceso de Justicia y Paz avanza de manera fragmentada esclareciendo hechos.
Lo que pedimos como ICTJ es, justamente, ver una película, una perspectiva estratégica, en donde lo que se investiga es la maquinaria criminal, los crímenes de sistema. Esto es, cuando los crímenes se perpetran como resultado de políticas o prácticas.
Es ahí en donde la Fiscalía está fallando.
Es muy importante el esclarecimiento de un homicidio, de 10 homicidios. Muy importante poder devolverle los restos a una familia. Pero, eso solo ayuda en lo micro, no contribuye realmente a develar la maquinaria criminal que ha estado instalada y que sigue instalada en el país.
HMC: Y eso, ¿qué salida tiene?
MR: Requiere, justamente, la diligencia debida. Aplicar métodos de investigación que difieren de los tradicionales de la escena del crimen; requiere comprender cuál es el universo de crímenes que debe esclarecerse; y plantear hipótesis plausibles de investigación que cobijen a todos, y sobre todo a los máximos responsables, que no son necesariamente quienes han confesado y quienes se han desmovilizado.
junio 28th, 2011
Este martes 24 de mayo, hacia las 5 de la tarde, asaltantes intentaron ingresar al apartamento de Ignacio Gómez, forzando la entrada.
Tras un robo en febrero de 2009, cuando se llevaron únicamente su computador personal, varios documentos físicos y una libreta de apuntes; y luego de similar episodio en septiembre de 2010, cuando se alzaron –únicamente- con otro computador y varias memorias USB, Ignacio mandó poner puerta blindada.
Como hoy no pudieron penetrar, destruyeron la puerta de tal manera que Ignacio no la pudo abrir.
Ignacio Gómez es subdirector de Noticias Uno, periodista investigativo y presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
Por la mañana, durante la estremecedora presentación de la demanda que interpuso la Flip ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la periodista Jineth Bedoya, Ignacio denunció la toma del Estado por parte de la mafia y los ataques que sigue sufriendo la prensa en Colombia.
¿Casualidad?
Jineth fue privada de la libertad 16 horas, torturada y violada el 25 de mayo hace 11 años, por individuos que tienen protectores lo suficientemente poderosos como para mantener esta y, seguramente, muchas otras atrocidades en la total impunidad.
Jineth, hoy subeditora judicial de El Tiempo, trabajaba entonces para El Espectador.
Cuando se disponía a realizar una entrevista periodística en medio de una guerra entre paramilitares y guerrilleros que estalló en la cárcel La Modelo de Bogotá, fue secuestrada en plena entrada principal de la cárcel. Luego fue abandonada cerca de la ciudad de Villavicencio, 86 kilómetros al sur de Bogotá.
Los atacantes advirtieron en ese entonces a Jineth que planeaban matar a tres periodistas, entre ellos a Ignacio Gómez, quien para la época era jefe de unidad investigativa del diario El Espectador. El día antes, Ignacio fue seguido en un taxi por un hombre que el periodista identificó como un paramilitar.
La vida no volvió a ser la misma.
“El proceso sigue en etapa de investigación en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, sin que haya alguna persona procesada por lo sucedido”, remarcó la Flip.
Al llevar el caso de Jineth a la justicia interamericana, la Flip tiene en cuenta estos puntos:
– El Estado colombiano ha incumplido su deber de investigar y sancionar a los responsables, durante un periodo de tiempo razonable. El estado de impunidad en que se encuentra la investigación debe ser motivo de vergüenza para las autoridades competentes.
– En el caso de Jineth Bedoya se violaron la libertad de expresión, integridad física, garantías judiciales y el derecho de la mujer, a vivir libre de violencia. De igual forma, el Estado incumplió su deber de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la tortura, todos ellos previstos en la Constitución, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y normas concordantes.
El caso de Jineth no fue solo contra una mujer o contra una periodista en particular, sino contra los derechos de las mujeres, la libertad de expresión, el derecho a informar y el derecho que tienen los ciudadanos a estar informados.
Foto tomada del sitio web de Radio Netherland
mayo 25th, 2011
“Hay enfermos mentales que quieren la guerra. Algunos me acusan de querer la paz. Por supuesto que quiero la paz y voy a hacer todo lo posible para lograrla, pero no a cualquier precio: del afán no queda sino el cansancio y los procedimientos a veces lo llevan a uno a más violencia. A los que me acusan de querer la paz, sí, soy culpable, quiero la paz”, declaró hoy el presidente Juan Manuel Santos.
Santos reiteró que rechaza todo acercamiento «paralelo» con la guerrilla: “Desautorizo cualquier intento en esa dirección. No es conveniente abrir todos los canales para dialogar con la guerrilla. Cuando consideremos que existe la oportunidad la abriremos, como creemos debe ser para lograr el objetivo”.
Al menos, esa es la cita que aparece entre comillas a esta hora en el sitio web del Senado, organizador del foro «Legislar para la paz».
La versión de Presidencia no cambia el sentido, pero sí un poco la forma. Discurso completo de Santos en el foro «Legislar para la paz», según Presidencia.gov.co
Algunos creen por acá que está muy claro quién es el enfermo mental. Por ahora, este no se ha dado por aludido en su Twitter bipolar, que oscila entre anodino y brutal.
Foto: Presidencia de la República
mayo 23rd, 2011
Las madres y padres de los desaparecidos del Palacio de Justicia que han fallecido en estos 25 años y cinco meses son María de Jesús Hernández de Beltrán, José Guarín, Ana María Bonilla, María Torres Sierra de Castiblanco, Rosalbina León, el exjuez Enrique Rodríguez Hernández y, hace unos días, Elvira Forero.
Todos ellos murieron esperando a sus hijos. Y esperando una noticia como la de este viernes 29 de abril:
El general Jesús Armando Arias Cabrales, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia, fue condenado este viernes a 35 años de prisión, por la desaparición forzada de 11 personas en el Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
La condena incluye 20 años de interdicción de funciones públicas.
La Juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, María Cristina Trejos, dispuso también que se investigue por falso testimonio y fraude procesal al general José Ignacio Posada; al coronel, hoy retirado, Ariel Guillermo Valdés; y al ex militar Gustavo Alonso Velásquez, todos de la Brigada VII en Villavicencio (capital del departamento del Meta) para la época de los hechos. También el escolta, ayudante y radio operador de Arias, el sargento (r) Luis Armando Suárez.
Todos intentaron infructuosamente desmentir al exmilitar de la Brigada VII Edgar Villamizar, quien no asistió al juicio por grave riesgo de su vida. Villamizar declaró haber sido testigo de las desapariciones forzadas.
También el abogado Pedro Capacho Pabón tendrá que responder por fraude procesal por el mismo intento.
El general Posada era comandante de la Brigada VII. Mintió al declarar que su unidad no envió tropas a Bogotá para la retoma del Palacio.
El exmilitar Velásquez, a instancias del abogado Capacho, afirmó que Villamizar no se encontraba en Bogotá durante la batalla por el Palacio de Justicia.
A Posada lo contradijo en noviembre de 2009 el propio general (r) Rafael Samudio Molina, comandante del Ejército en 1985 y quien reconoció que ordenó agregar unidades de la Brigada VII durante la retoma.
La sentencia contra Arias Cabrales ordena, además, que la Fiscalía General de la Nación investigue la desaparición forzada de Luis Otero Cifuentes, comandante militar de la toma del Palacio de Justicia cometida por el extinto M-19.
Para la época, Arias Cabrales era Comandante de la XIII Brigada del Ejército, con jurisdicción en Bogotá y el departamento de Cundinamarca. Fue quien ejerció el mando de la operación de retoma del Palacio de Justicia.
Su subalterno directo, el entonces teniente y posteriormente coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, resultó condenado en junio de 2010 a 30 años de cárcel por los mismos hechos.
En las radiocomunicaciones internas del ejército durante la retoma del Palacio, Arias Cabrales usó la identificación de “Arcano 6”. Las grabaciones conocidas de esas comunicaciones evidencian las órdenes de llevar a cabo un sinfín de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Arias emitió órdenes para cambiar y desaparecer las evidencias, incluyendo sacar las armas del Palacio una vez derrotada la guerrilla. Las grabaciones demuestran que también se dio orden de remover los cuerpos.
La sentencia contra Arias Cabrales se produce 13 años después de la ejecución extrajudicial, en abril de 1998, del abogado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, quien llevaba la representación de todas las víctimas. Su asesinato sigue impune.
Al comentar el fallo contra Cabrales, los abogados actuales de las víctimas, Germán Romero y Jorge Molano, reivindicaron su memoria.
Arias Cabrales «es el primer general condenado por por el delito de desaparición forzada de personas», destacó el abogado Germán Romero, quien representa a algunas familias de las víctimas. Romero ve en la sentencia «un claro mensaje a los mandos de las Fuerzas Militares, de que no se pueden escudar en sus subordinados y que deberán asumir sus responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos”.
La expectativa ahora es a dónde trasladan a Arias Cabrales a pagar su condena.
El coronel (r) Plazas Vega debería estar preso en una cárcel civil. Sin embargo, permanece recluido en una guarnición militar al norte de Bogotá, en contravía de lo que ordenó expresa y reiteradamente la juez María Stella Jara, a cargo de su sentencia.
Ante este hecho, el abogado Jorge Molano declaró que “Colombia no puede seguir aceptando que las decisiones de los jueces sean burladas, que estas se conviertan en formales o ilusorias. Es inaudito que quienes han cometido crímenes contra la humanidad, permanezcan en guarniciones militares bajo absolutos privilegios”.
A instancias del entonces fiscal general Mario Iguarán, la fiscal delegada Ángela María Buitrago desenterró a finales de 2005 el proceso del Palacio de Justicia.
Tras lograr la condena del coronel Alfonso Plazas Vega, el 1 de septiembre de 2010 Buitrago llamó a indagatoria a Arias Cabrales y a los también generales, hoy retirados, Rafael Hernández López y Carlos Augusto Fracica.
Este caso trata del asesinato del jurista auxiliar Carlos Horacio Urán, pues existe un video que lo muestra cuando sale vivo del Palacio de Justicia.
El 2 de septiembre Buitrago fue destituida por el sucesor de Iguarán, Guillermo Mendoza. Por su parte, la juez María Stella Jara tuvo que asilarse con su familia durante varios meses en Alemania, debido a amenazas de muerte por su fallo contra Plazas Vega. No son, ni mucho menos, las únicas amenazas en el caso Palacio de Justicia.
abril 30th, 2011
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