Lo primero que dijo el político Oscar Tulio Lizcano en Cali ayer domingo, cuando exhausto y embarrado compareció ante los medios, tras escapar de la guerrilla de las FARC luego de más de ocho años como rehén, fue:
«Deben comprender, de pronto, mi incoherencia, por la falta del ejercicio de la palabra, toda vez que no podía hablar, ni comunicarme con ninguno de los guerrilleros que me custodiaban”.
Sus captores le tenían prohibido dialogar con ellos, según cuenta. Para hacerle gambetas al silencio, le puso nombre a tres palos, y con ellos hablaba, y les daba clases.
Lizcano era el último parlamentario en poder de esa guerrilla, que esperaba acordar su liberación a cambio de la excarcelación de insurgentes presos.
El periodista Arturo Guerrero publicó ayer, 1 de octubre, en su columna del diario El Colombiano, de Medellín, capital del departamento de Antioquia, una referencia a mi intervención el 25 de septiembre en Bogotá, en la celebración del Premio del Edicto de Nantes a Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó (municipio del mismo departamento).
Mi lector o lectora sabrá reconocer que el texto que leí la semana pasada en el homenaje a Gloria nació en este blog, y que sólo lo complementé un poco. Arturo, a su vez, complementó mejor. Va su deliciosa columna, que muestra qué importante es no someter las convicciones al vaivén de la moda; y luego el link a la página de la laureada defensora colombiana de derechos humanos, donde fueron reproducidas mis palabras.
Hugonotes era el apodo despectivo con que los católicos franceses del siglo XVI designaban a los seguidores del reformador protestante Juan Calvino. A lo largo de la segunda mitad de ese siglo y durante 37 años, unos y otros, católicos y calvinistas se despedazaron en ocho guerras religiosas, que como todas las guerras religiosas disfrazan con términos piadosos lo que en realidad era una disputa de tierras, castillos y poder.
Al cabo de las matanzas de rigor, un rey hugonote que para ser rey se convirtió al catolicismo, Enrique IV, firmó con los duques de Bretaña el Edicto de Nantes, ciudad noroccidental sobre el Loira donde la contienda era brava. La ley real concedió libertad de conciencia a los protestantes, en un tiempo en que la tolerancia religiosa era inconcebible, pues la católica era la religión fuera de la cual no había salvación.
El fin de las guerras religiosas trajo apenas una tregua en la carnicería interreligiosa, pues el célebre edicto fue revocado casi un siglo después por Luis XIV, los hugonotes fueron desterrados, y solo la Revolución Francesa cauterizó la furia mística. Por encima de estos avatares, el documento de Nantes pasó al futuro como un hito en la lucha de la humanidad por las libertades civiles.
Cuatrocientos años más tarde, el ayuntamiento de esta ciudad resolvió celebrar el lance creando un premio bienal para individuos o entidades que luchen por la paz civil, el estado de derecho y la libertad de conciencia. Dotado de una bolsa de 15 mil euros, el galardón ha recaído en años anteriores sobre activistas de Chile, Togo, Bangladesh, Israel, Rusia, Suráfrica y Camboya. Este año fue para Colombia.
¿Colombia? Sí. Y más específicamente Antioquia. Después de haberlo recibido la viuda del ex primer ministro de Israel y Nobel de Paz, Yitsak Rabin; después también del mismísimo Nelson Mandela, una trabajadora social paisa tomó en sus manos el pasado 3 de julio el premio Edicto de Nantes 2008 «por su combate por la paz civil en Colombia».
El jueves pasado, en la Casa de España en Bogotá, la galardonada ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas fue aplaudida por su premio, en un acto de reconocimiento a su coraje. La oradora del momento, la periodista Constanza Vieira, le imprimió un sesgo de afabilidad y de equilibrio a este valor con la siguiente confidencia: la batalladora del Urabá antioqueño ¡les tiene miedo a las ranas!
“No hay ninguna investigación en curso contra el general” Mario Montoya, dijo en Washington el canciller Jaime Bermúdez.
«Hemos hablado directamente con el Fiscal General de Colombia y él nos ratificó que no hay ninguna investigación en curso contra el general. Es lamentable que esa información salga sin que se haya corroborado ni verificado», dijo el canciller.
El Washington Post publica hoy un artículo de su corresponsal, Juan Forero, que afirma lo contrario. Párrafo textual de Forero:
«Montoya se encuentra bajo investigación», dijo un funcionario del despacho del Fiscal General en Bogotá que está familiarizado con el caso. «No ha sido acusado, pero ese es el siguiente paso.» Otro funcionario familiarizado con el caso añadió que Palacio «tiene un alto grado de credibilidad.»
Palacio es Luis Adrián Palacio, un ex combatiente paramilitar que declaró ante la fiscalía que el general Montoya, comandante del ejército, colaboraba con los escuadrones de la muerte que tomaron el control de las comunas de Medellín a partir de la Operación Orión, en octubre de 2002 (Uribe se posesionó en agosto de ese año para su primer mandato).
Mañana, el canciller Bermúdez discutirá el artículo de Juan Forero con la mesa editorial del Washington Post.
Bermúdez, quien además de verificar lo que, según él, el periodista no verificó, se reunió hoy con la secretaria de Estado Condoleezza Rice y firmó con ella un convenio sobre energías limpias, que promociona el cultivo de agrocombustibles.
El gobierno estadounidense anunció, también hoy, que seguirá fortaleciendo la tecnología de guerra en Colombia.
Uribe llegó esta noche a Washington. Al mediodía hora colombiana (GMT -5) tuvo una conversación telefónica con el candidato demócrata Barack Obama.
No trascendieron detalles sobre el contenido de la charla pero, como seguro que algún servicio de inteligencia nacional o extranjero la grabó, más adelante podremos verificar de qué hablaron. Se trataron “muchísimo puntos”, fue lo único que contó Uribe.
¿Quién llamó a quién? Publica hoy el bogotano diario El Tiempo: “Una fuente gubernamental colombiana comentó que fue Obama el que llamó a Uribe, después de que este le envió una carta, en la que destacó algunas de las propuestas económicas del candidato.
“La llamada es clave, pues Obama se ha mostrado duro frente a la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, hasta el punto de que en abril, Uribe le hizo un sutil reclamo cuando se enteró de que el candidato pidió a los congresistas de su partido no aprobar esa iniciativa”.
Se me ocurre que, cuando llegue la cuenta del teléfono a la «Casa de Nari», como cariñosamente le dicen los narcos a la Casa de Nariño, sede presidencial colombiana, en teoría también se podrá verificar quién llamó a quién. Mientras, El Tiempo ha publicado una información “sin que se haya corroborado ni verificado”.
Uribe, quien si pudiera votaría por el candidato republicano John McCain, se entrevistará con el presidente Bush el sábado.
En un artículo del abogado Fernando Reyes, en la edición de julio de Un Pasquín –el periódico gratis que de su propio bolsillo publica el caricaturista Vladdo- se destaparon dos mentirijillas en la hoja de vida del presidente Álvaro Uribe.
El presidente colombiano ni cursó especializaciones en Administración y Gerencia en Harvard, ni fue profesor asociado en Oxford. Sin explicaciones, ambas “inflaciones” del curriculum vitae de Uribe acaban de ser corregidas en la web de la Presidencia, cuenta Vladdo, y reproduce la versión inflada y la actual.
A Héctor Mondragón lo conocí como periodista hace muchos años. Es economista. Una vez comenté que él hablaba ocho lenguas indígenas y me corrigió: apenas habla seis, incluyendo la lengua nukak, la tribu “descubierta” en los años 80 y ya casi en extinción.
Mondragón explica la raíz de las cosas que ocurren.
Sabe, por ejemplo, que los Acuerdos de Protección de Inversión Extranjera que tan olímpicamente se están firmando son, en realidad, pequeñitos TLC que comprometen, igual que estos, la soberanía de las decisiones de futuros gobiernos.
Mondragón “ha estado vinculado a las reivindicaciones campesinas e indígenas, no solo en Colombia, sino a nivel hemisférico”, advierte la Alianza Social Continental.
El 29 de agosto, El Tiempo afirmó, remitiendo a fuentes de inteligencia, que en los computadores de “Raúl Reyes”, miembro del secretariado de las FARC abatido el 1 de marzo en un campamento en Ecuador, aparece un correo, con fecha 2 de abril de 2006, en el que “’Reyes le escribe a un hombre identificado como Héctor Mondragón: ‘Quiero presentarle a la camarada Liliany (…) ella trabaja conmigo y al mismo tiempo presta asesoría a Fensuagro (Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria) en su trabajo de relaciones internacionales. Naturalmente se trata de una camarada de absoluta confianza».
Y ya está: Mondragón es de las FARC, según el gobierno colombiano, o sea que tiene tratos con Belcebú. Reproduzco la respuesta de Mondragón, el 7 de septiembre.
Mi opción por la resistencia civil
por Héctor Mondragón
Para quienes me conocen cercanamente, para quienes trabajan a mi lado, es indudable que practico un compromiso total con la no violencia y que arriesgándolo todo, entregando mi vida, me dedico a la resistencia civil, en un país donde los intereses de los poderosos se imponen con violencia y grupos armados creen que se puede derrotar la violencia con violencia.
Quienes me conocen cercanamente saben con claridad que no soy de las Farc, porque discrepo de su estrategia, su línea política y sus métodos.
He discrepado pública y privadamente desde hace 18 años con la estrategia de las Farc que se centraba y se centra en el papel de la guerrilla convertida en ejército revolucionario, en torno al cual el pueblo puede tomar el poder y producir las transformaciones sociales y coloca en segundo plano la movilización de las masas populares. Esta concepción se ha demostrado completamente inaplicable a Colombia; incluso, anteriormente las propias Farc se hicieron más fuertes que otras organizaciones que confiaban prioritariamente en la acción militar y luego por razones que probablemente tienen que ver con la forma como fue masacrada la Unión Patriótica, las Farc pasaron a subestimar las luchas masivas del pueblo y se dedicaron al fortalecimiento militar como principal objetivo. Este error político se ha convertido en una tragedia para la lucha popular, ha permitido el fortalecimiento de la extrema derecha que se ha convertido en gobierno y no solamente ha fracasado en impedir el despojo de las tierras de cientos de miles de campesinos y afrocolombianos, sino que lo ha acentuado y ahora permite y hasta provoca el desplazamiento forzado de indígenas en varias regiones del país.
En la mayoría de Latinoamérica, son las movilizaciones multitudinarias de las masas las que han comenzado a provocar cambios y a cuestionar al neolberalismo, la dominación de las transnacionales y el latifundio. Incluso en un país donde el sector agrario tiene un peso proporcional mayor, como es Bolivia, las movilizaciones masivas tienen el papel principal. Se ha visto como allí como en Venezuela, los sectores sociales en conflicto dirimen sus contradicciones en el terreno de luchas masivas. En Ecuador las grandes masas han sido las protagonistas, tanto como en Argentina o en otros países y en cada sitio es el nivel de conciencia de las masas el que marca el resultado de sus caudalosas movilizaciones. En Colombia en cambio, el enfrentamiento militar ha sido la cortina tras la cual la extrema derecha ha podido masacrar el liderazgo sindical y campesino e imponer así la demolición del derecho laboral y la legalización del despojo de tierras.
A pesar de la tragedia que significó el exterminio físico de 3 mil de sus integrantes, la Unión Patriótica se había ganado el cariño del pueblo. La lucha por un acuerdo de paz democrática que abriera el paso a grandes expresiones populares, había ganado el corazón de la gente. Aunque era absurdo seguir exponiendo diariamente a senadores, representantes, diputados, concejales y líderes a la muerte, no debía confundirse la necesidad de esconderse de los asesinos y eludir su acción, con aceptar colocarse en el terreno en que el poder quería, en el camino de una guerra indefinida. Muchos partidos y movimientos revolucionarios o democráticos del mundo han tenido que pasar a la clandestinidad más completa o la semiclandestinidad, sin que por ello hayan pasado a la lucha armada. Han sido obligados a la clandestinidad pero han mantenido una acción no violenta centrada en organizar al pueblo y en movilizarlo por sus intereses vitales, que en ese momento eran para los colombianos detener el avance del neolberalismo, defender las conquistas laborales y sociales, las empresas del estado y conquistar una paz democrática.
Los acuerdos de paz de 1991 hubieran podido abrir el paso para que Colombia estuviera hoy en el rumbo de Latino América. Si esto no fue así se debió en parte a inconsecuencias de algunos de quienes los firmaron y al hecho de que algunos de ellos dejaron de luchar por el cambio social, pero se debió sobre todo a que el proceso no se continuó con acuerdos con las dos guerrillas más grandes, las Farc y el Eln. En negociaciones que se celebraron en Caracas parecía que había caminos de acuerdos, pero se frustraron. Aunque es obvio que la derecha, especialmente el latifundio, la narcopolítica y ciertos círculos transnacionales sabían que no les convenía para nada ese acuerdo y se dedicaron a impedirlo con el estímulo al paramilitarsmo y sus asesinatos y masacres, también es cierto que esas dos guerrillas no tenían una estrategia congruente con la búsqueda de acuerdos de paz, que les permitiera visionar la importancia decisiva de grandes movilizaciones de masas como verdadero eje de los cambios que necesitamos.
Esa concepción errada de las guerrillas produjo otros errores graves. La subestimación de las masas, su conciencia y su lucha llevó a las Farc a justificar y utilizar formas de guerra que golpearon al propio pueblo, como el uso de cilindros explosivos en centros poblados, contra el cual escribí hace unos años el artículo “Toribío atacado”. El uso de rehenes civiles que años antes las propias Farc consideraran un método equivocado de lucha se convirtió en táctica central de las Farc, al extremo que un frente de las Farc llegó a desplazar a grupos indígenas Nukak para mantener unos secuestros. Desde hace varios años se registra que algunos de los asesinatos de líderes queridos por la gente o de activistas esforzados resultan siendo cometidos por las Farc y entonces en varios casos esos líderes y activistas ya no deben temer solamente a los paramilitares o a los poderes constituidos, sino a las Farc, lo cual ha afectado especialmente al movimiento indígena. ¿Cómo no va a rechazar la mayoría del pueblo estas actuaciones de las Farc? Esto que escribo aquí lo he dicho todos los días y en la medida que trabajo en las regiones con los indígenas y los campesinos he tratado de que se oiga, para ver si se produce un cambio en esas actuaciones, pero aunque a veces se atiende los reclamos de los indígenas, los problemas se repiten debido a las concepciones erradas que los causan.
Hago en primer lugar estas consideraciones estrictamente políticas, para resumir muy sintéticamente mi análisis sostenido y profundizado durante 18 años, sin que para ello tenga que acudir a mis compromisos personales de vida con la no violencia, que aunque son también esencialmente políticos, no tienen por qué se compartidos por quienes no comparten una fe y consideran que es válido hacer uso del derecho a defenderse de la violencia con violencia, ya que incluso jurídicamente actuar violentamente “en defensa propia” puede tener validez. Las guerrillas surgieron como defensa campesina frente a los asesinatos y masacres perpetrados por agentes del estado y los latifundistas, los paramilitares fueron constituidos con el pretexto de combatir la violencia de la guerrilla. El país se ha sumido en la cadena de las violencias y de ello se aprovechan los intereses creados, los gamonales políticos, las mafias y en especial el capital transnacional que va logrando imponer una legislación a su favor.
Desde 1994 opté por un compromiso personal con la no violencia como camino a seguir para contribuir al cambio radical de la sociedad y de las relaciones sociales. Renuncié bajo cualquier circunstancia a usar las armas para mi defensa y a propiciar su uso para la defensa de otros. Me deshice de dos revólveres de los que legalmente me doté cuando fui amenazado de muerte y se intentó asesinarme por pertenecer a la Unión Patriótica, renuncié a tener escoltas porque no quiero salvar mi vida a costa de la de otros. Terminé renunciando a cualquier rutina y a varias posibilidades laborales para evitar ser asesinado sin acudir a ningún arma. Creo desde entonces que la lucha radical por el cambio de social debe estar acompañada por el cambio radical de los métodos, por la renuncia completa a cualquier lucha armada, de manera que no solamente podamos decir que el fin no justifica los métodos, sino que el método radical de la no violencia sí puede conducirnos a lograr el fin de un cambio social realmente radical.
Como es público, es así como mantuve mi compromiso de lucha por un cambio social radical, que como enseña Carlos Gaviria, consiste en ir a la raíz y no creer que con maquillajes se pueden cambiar las cosas. No se trata de un cambio de gobierno para que la corrupción de la derecha sea reemplazada por otra. No se trata de un cambio de roscas, para que nuestros amigos gobiernen en vez de nuestros enemigos, demostrando “gobernabilidad”, pero sin tomar medidas esenciales a favor del 80% más pobre. Colombia necesita cambios de fondo, en primer lugar en cuanto se refiere a la tierra y a las relaciones con las transnacionales. Y único el camino para lograrlos es desplegar la más amplia resistencia civil, la construcción de alternativas desde la base y la movilización civil masiva y decidida. Absolutamente todo lo que he hecho durante estos años, todos los días, es transitar por este camino en la medida de mis fuerzas y mi experiencia.
Estoy desde luego herido por las huellas de la tortura que sufrí en 1977 y también por 20 años de estar amenazado de muerte y perseguido por los sicarios. A veces pierdo la esperanza, especialmente cuando sé que alguno de mis amigos ha sido asesinado, entonces me pregunto por qué sigo acompañando la lucha de los indígenas y campesinos, por qué no renuncio. Pero nuevamente se enciende en mí la pasión por la gente que amo y que sé que tiene derecho a una vida digna, la pasión por unas relaciones sociales basadas en la solidaridad. No han matado mi cuerpo pero ahora me amenazan con matar mi palabra, abren mis cicatrices. Pero la palabra es semilla y está sembrada y sea lo que sea lo que nos hagan en cada campesino con su tierra, en los indígenas gestionando su territorio, en los afrocolombianos retornados a sus comunidades, en los habitantes de los barrios populares de las ciudades que podrán comer mejor después de la reforma agraria que al fin conquistarán, en cada familia de los asalariados que reciban al fin justicia para su trabajo, allí vivirá esa palabra y no la podrán matar.
El general ( r) Rito Alejo del Río fue detenido el jueves por la Fiscalía General de la Nación, y este viernes debe rendir indagatoria.
¿Alguien quiere evitar que a su caso se le aplique el artículo 20 del Tratado de Roma, que creó la Corte Penal Internacional? El artículo 20 habla de cuando se sustrae al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la CPI, es decir genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La Operación Génesis, comandada por Del Río en 1997, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia y él comandante de la Brigada 17 del ejército, es recordada con indignación y horror en Jiguamiandó, Curbaradó, Pavarandó y Cacarica, en el departamento del Chocó, y en Vigía del Fuerte, San José de Apartadó y Dabeiba, en Antioquia.
De la “limpieza territorial” propiciada durante la comandancia de Del Río en la región, surgieron los cultivos de palma africana que avanzaron por la cuenca del Atrato de norte a sur, sembrando la muerte.
Para mí, la “limpieza territorial” – vaciar los territorios de gente- equivale a la “limpieza étnica” de las guerras en otras latitudes. En Colombia se expresa en desplazamiento forzado.
El 29 de abril de 1999, Álvaro Uribe fue oferente del homenaje de desagravio al general Rito Alejo del Río en el Hotel Tequendama de Bogotá, cuando éste fue destituido del Ejército por sus nexos con el paramilitarismo. Los empresarios antioqueños y los ganaderos cordobeses llamaban al general “el Pacificador de Urabá”.
El prontuario de Del Río muestra que no había tal ausencia del Estado, argumento que invocan los paramilitares para justificar la existencia de estas estructuras, y sus delitos.
El 9 de marzo de 2004, el entonces fiscal Luis Camilo Osorio hizo cerrar y precluir el expediente contra Del Río.
La ultraderecha armada, una parte de la cual se considera legal a pesar de estos antecedentes, enfiló baterías contra el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien se constituyó en parte civil en el proceso contra Del Río presentando pruebas documentadas de masacres, asesinatos y desplazamiento forzado.
Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó, también perseguida por fuerzas de ultraderecha armada tanto legales como ilegales, anunció –según Caracol Radio- que ella igualmente tiene cargos contra el general. Lo demandará penalmente por su presunta participación en la matanza de 130 campesinos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Cuando en este país del poder narcotraficante se revelan o se recuerdan cosas fuertes, por un buen rato suena como un silencio.
Últimamente ese silencio dura poco. Pronto surge alguien, generalmente del gobierno, a dar una noticia espectacular, que desvía la atención totalmente. A veces hasta estallan bombas.
Una mujer, de nombre supuesto Marta (identidad protegida por los periodistas), contó esta mañana en W Radio cómo fue que su familia tuvo que traspasar, ante notaría, todos sus bienes a “Los Pepes” (Perseguidos por Pablo Escobar), para rescatar con vida a un hermano secuestrado.
El notario sigue en funciones en la misma notaría, y los funcionarios de la notaría, por entonces – comienzos de los 90- sabían, igual que su jefe, de qué se trataban esos traspasos masivos de títulos de propiedad, dijo Marta. Su testimonio, con voz modulada para dificultar su identificación, está en La W.
Menciona Marta a un “Guillo” Ángel, que según ella aparecía, en las negociaciones por el rescate del hermano secuestrado, al lado de Don Berna (el verdadero responsable de la “seguridad” en Medellín, mediante sus bandas paramilitares urbanas, y extraditado en mayo a Estados Unidos).
Este señor “Guillo” también existe. Es hermano de Juan Gonzalo Ángel, quien es socio del mexicano Carlos Slim -dueños de mi televisor, mi Internet, mi celular y mi teléfono digital.
Los hermanos Ángel y varios “capi di tutti capi” de los años 80 son mencionados por la periodista colombiana Virginia Vallejo, por entonces amante de Pablo Escobar, en la página 102 y subsiguientes de su alucinante libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar” (Random House Mondadori, septiembre 2007).
Así que el silencio duró poco esta mañana. El grito que se oyó fue, otra vez, el del presidente Álvaro Uribe (páginas 111, 218 y 326 de “Amando a Pablo, odiando a Escobar”). Lo profirió casi quedamente, sin querer pero queriendo, en una reunión con su bancada en “La Casa de Nari”.
Así le dicen cariñosamente los narcos a la sede presidencial, llamada Casa de Nariño en honor del entonces subversivo anticolonialista Antonio Nariño, quien tradujo y publicó en Colombia por primera vez la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa.
Muy prontito después de que Marta diera su testimonio en La W, un representante a la Cámara de la bancada oficialista contó que el presidente contó en la «Casa de Nari» que en 1991 el entonces gerente de la campaña liberal le envió a Harvard (donde Uribe adelantaba un curso y además era candidato al senado, según él) dos millones de pesos para financiar su campaña, y que esos dineros provenían del narcotráfico.
Dos millones no eran suma despreciable en 1991, pero para una campaña no eran gran cosa. Hoy equivalen a unos mil dólares. Uribe dice que devolvió el dinero una vez conoció su origen. No dijo si el envío fue mediante cheque o en efectivo.
Además, Uribe no era candidato al senado en 1991, según periodistas que llevan esas cuentas. Puede que el parlamentario corre-ve-y-dile se haya equivocado al reseñar lo dicho por Uribe. Veremos.
«Es muy curioso que el presidente se haya acordado 14 años después de un hecho en el cual él fue testigo y protagonista, y aparentemente partícipe. ¿Por qué no lo denunció, por qué no lo dijo y por qué no lo llevó a la justicia, si le pareció tan grave?», comentó el ex ministro de Defensa Rafael Pardo Rueda.
Anda, en fin, el presidente poniendo bombas. En estos casos, la acción recomendada no es mirar contra quién pone la bomba, sino por qué. Es decir, hay que mirar para otro lado.
¿Mi estimado lector o lectora no entendió nada? Yo tampoco. En estos temas de narcos uno entiende más lo que está ocurriendo en la actualidad si, en lugar de ver noticias de televisión, sintoniza “El Cartel”, emocionantísima serie televisiva sobre “Los Pepes” de los años 90 y algunos de sus sucesores, que está al aire desde hace un par de meses por el canal colombiano Caracol Televisión.
Tampoco es mala idea leerse a Vallejo, quien no lo haya hecho aún.
En todo caso, si uno mira para otro lado, encuentra que suena cada vez más la versión de que algunos parapolíticos serían pedidos en extradición por Estados Unidos.
Quizá los estadounidenses, que se han quedado con TODOS los computadores incautados a narcos, o con sus copias, y han guardado su contenido en el absoluto secreto, le ganen en la carrera tras los autores intelectuales de la matanza colombiana al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo.
Me llama la atención este texto burocrático, sin signos de puntuación. Y me recuerda la frase del periodista Daniel Coronell en su entrevista, este jueves, a la revista Cambio: “El Ejecutivo está jugando duro y usando indebidamente las herramientas del Estado en beneficio de la permanencia del Presidente y sus aliados en el poder”.
Omito el remitente.
Fecha: jueves, 28 agosto, 2008, 7:37 pm
Asunto: proyectos reforma justicia y reforma politica
Atendiento instrucciones del señor presidente de esta celula Legislativa H.S. Javier Caceres leal, estamos enviando el Proyecto de Acto legislativo No. 07 de 2008 REFORMA A LA JUSTICIA el cual fue radicado en el Senado por el señor Ministro del Interior y que será repartido por la Mesa Directiva una vez llegue a la Comisión y de igual manera y para su conocimiento la Reforma Politica con el número 106 de 2008 y radicado en la H. Cámara de Representantes
Sólo un par de anotaciones sobre el comunicado del Comité de Protección de Periodistas, que reproduzco a continuación.El de Yidis Medina no es un escándalo, ni un caso de supuesto soborno. Es un proceso judicial que ya fue fallado por la Corte Suprema de Justicia, confirmando el soborno mediante la figura jurídica del cohecho. Medina fue condenada y está en prisión. El otro detalle es que Coronell publicó el vídeo completo con el testimonio de Medina el 20 de abril pasado, en contra de la voluntad de su fuente (Medina), por considerar el periodista que ésta había violado el pacto de confidencialidad que ella misma impuso a Noticias Uno en 2004.
Por cierto, Coronell contó esta mañana que le ha dado copias del vídeo de Medina a cuanta autoridad se lo ha pedido: la Corte Suprema de Justicia (que investigó y condenó a Medina), la Fiscalía General de la Nación (que investiga a los ministros implicados en el soborno a Medina) y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (encargada de absolver al presidente cuando éste así lo disponga).Comunicado del CPJ:
Nueva York, 22 de agosto de 2008—El presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez pidió el jueves una investigación penal contra Daniel Coronell, alegando que el periodista violó la ley al no develar inmediatamente el video de una entrevista dónde supuestamente se vincula la administración de Uribe con un escándalo de soborno. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó a las autoridades colombianas a descartar la solicitud de Uribe.
El jueves, Uribe compareció ante una comisión del congreso encargada de investigar acusaciones contra altos funcionarios por haber sobornado a la ex congresista Yidis Medina para que votara a favor del cambio constitucional que permitió la reelección de Uribe en 2006, según informes de prensa.
Durante la audiencia, a puertas cerradas,Uribe pidió a la comisión que entregara el asunto a la fiscalía para llevar a cabo una investigación penal. Uribe alegó que Coronell, director de noticias de Canal Uno y columnista de la revista Semana, faltó la ley al no informar al público oportunamente sobre un crimen, según informes de prensa y entrevistas del CPJ.
Laentrevista grabada por Coronell en 2004 con Medina, en la cual ésta narra el supuesto soborno, salió al aire el 20 de abril de este año y ayudó a alimentar las investigaciones judiciales y del congreso. Coronell explicó que Medina le había pedido no divulgar la información hasta este año, según informes de la prensa colombiana. Medina, quien fue acusada de cohecho, tiene casa por cárcel.
“Rechazamos la solicitud hecha por el presidente Uribe de investigar a Daniel Coronell”, declaró el Coordinador Senior del Programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría. “Nos parece que la motivación detrás de la decisión de Uribe está ligada a las críticas que Coronell hace al gobierno colombiano. Instamos al Fiscal a descartar la solicitud de Uribe”.
El senador Luis Carlos Avellaneda interpuso una demanda contra el presidente después de que Medina declarara ante la Corte Suprema de Justicia que Uribe estaba al tanto de las ofertas que incluían cargos políticos para familiares y amigos, informó la prensa local. Otros funcionarios también están siendo investigados, informó Reuters.
En octubre de 2007, Uribe calificó a Coronell decobarde, mentiroso, canalla y difamador profesional en un programa radial en La FM. Los comentarios ocurrieron tras una columna de Coronell en Semana, en la que describe acusaciones hechas por Virginia Vallejo, amante del difunto narcotraficante Pablo Escobar, de que Uribe tenía vínculos con el narcotraficante. Horas después de que las acusaciones de Uribe salieran al aire, Coronell recibió una amenaza de muerte por correo electrónico.
Coronell pasó dos años en el exilio luego de recibirdos coronas fúnebres en 2005 con tarjetas invitándolo a su propio sepelio. Coronell también recibió mensajes por correo electrónico amenazando la vida de su pequeña hija, enviados desde la computadora del ex congresista Carlos Náder Simmonds, un amigo cercano de Uribe. Náder posteriormente admitió haber enviado el mensaje pero adujo que había sido mal interpretado. El ex congresista no fue acusado.
El CPJ es una organización independiente sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo.
Llegó a la sede parlamentaria y salió de ella por una puerta trasera y no dio la cara a los periodistas.
La investigación debe establecer hasta qué punto está Uribe implicado en la compra del voto a la entonces parlamentaria Yidis Medina, que en 2004 definía en una comisión legislativa la suerte de la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata del presidente en funciones.
Medina purga desde junio una condena por cohecho pero, como se sabe, el cohecho tiene dos protagonistas: el que peca por la paga y el que paga por pecar.
Uribe lo negó todo. Y pidió a los congresistas que lo investigan, la mayoría oficialistas, que denuncien ante la Fiscalía General de la Nación al periodista Daniel Coronell, director de noticiero de televisión de fin de semana Noticias Uno.
La intervención de Coronell fue crucial para que Medina se autoincriminara en el proceso judicial abierto por la Corte Suprema de Justicia por la compra venta de su voto y del de Teodolindo Avendaño, también parlamentario entonces.
En mayo 2004, el proyecto que permitía la reelección inmediata estaba en tercer debate, de los ocho reglamentarios para una reforma constitucional.
Éste debía pasar la votación en la Comisión Primera de la Cámara baja del legislativo, de 35 miembros. Para ese momento actuaban nueve suplentes. Entre ellos estaban Teodolindo Avendaño y Yidis Medina.
Medina, ex empleada del servicio de aseo en el Concejo Municipal (legislativo local) de Barrancabermeja, llegó en 2002, “no siempre por los métodos más ortodoxos” según expresión de Coronell en una reunión con periodistas de la asociación profesional Medios para la Paz, a ser la segunda del político local Iván Díaz Mateus, hermano de un paramilitar de esa región del Magdalena Medio.
Yidis Medina, de 38 años, madre cabeza de familia, fue representante a la Cámara baja del legislativo exactamente tres meses a partir del 1 de abril de 2004, en los que reemplazó al titular Díaz Mateus. Estaba en el lugar indicado en el momento indicado para una política corrupta.
Para finales de mayo, el gobierno tenía 16 votos, la oposición otros tantos y había tres indecisos: Rosemary Martínez, del central departamento del Tolima, hermana de un ex presidente de la Cámaraque perdió la investidura. Los otros dos eran Medina y Avendaño.
Martínez anunció que ya había negociado con el gobierno y que votaría afirmativamente la reelección, Avendaño dijo que votaría en contra y Medina señaló que estaba indecisa, y que esperaba negociar con el gobierno.
En vísperas de la votación, 18 de los integrantes de la Comisión, incluidos Medina y Avendaño, firmaron una proposición sustitutiva que hundía la reelección.
El día de la votación, Avendaño se ausentó y Medina sorpresivamente cambió su voto. Otro parlamentario no asistió.
En agosto, Medina pidió una cita urgente a Noticias Uno. Expresó que su jefe político,Díaz Mateus, le había advertido: es mejor que no siga presionando al gobierno. Un día le pueden mandar un abogado con moto (un sicario), y resultar usted muerta.
Medina consideró que, si había un video y una prueba clara de quiénes la estaban amenazando, se iba a saber por qué la habían matado. El testimonio fue grabado con el conocimiento de sus hijos, bajo la condición de publicarlo sólo si le sucedía algo a la mujer.
Pero hacia el final de la grabación, cuando Coronell repasó la condición para su publicación, Medina le agregó que éste podía ser publicado también si le incumplían.
En la grabación participó un equipo periodístico del noticiero.
En 2005, Coronell consultó con varios colegas de renombre, cuya identidad él por ahora se reserva, sobre la posibilidad ética de romper el pacto de silencio.
Recibió el concepto de que tenía que respetar el pacto con la fuente mientras no hubiera vidas de por medio.
Medina nunca volvió a pasarle al teléfono a Coronell, y éste tuvo que asilarse en agosto de ese año, tras amenazas de muerte contra su pequeña hija. En textos amenazantes electrónicos contra Coronell resultó implicado un amigo cercano del presidente Uribe.
En el video, Medina dice que en una reunión que sostuvo en la sede presidencial le advirtieron que la reelección era cuestión de “supervivencia del Estado”.
Le ofrecieron, y ella aceptó, puestos y jugosos contratos para sus amigos políticos. La implicación de dos ministros y otros altos funcionarios aún no ha sido fallada.
A principios de este año, Medina comenzó a alardear con que estaba escribiendo un libro que se titularía “Cómo vendí mi voto”, y dio declaraciones a la prensa.
Coronell consideró que Medina había roto el pacto de silencio y le anunció a la política que publicaría el video, lo que en efecto hizo. El documento impidió que Medina se retractara ante la justicia. Su condena cuestiona la legitimidad de la reelección de Uribe.
En su fallo condenatorio contra Medina, la Corte Suprema de Justicia consideró «inaudito» que desde altas esferas del poder se impulsara «la desinstitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del modelo de Estado, (…) en busca de un beneficio particular», y llegando hasta «conductas punibles».
Sentenció, además, que hubo una «desviación de poder» por esos hechos. El gobierno se declaró en rebeldía y convocó un referéndum para «repetir» las elecciones. No lo siguió impulsando, pues la Corte Constitucional se abstuvo de reconsiderar la legalidad de la reforma que permitió la reelección.
Ahora, el presidente considera que Coronell incurrió en omisión de denuncia. La Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, y el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, FIP, lanzaron este viernes una alerta, refutando esa tesis.
Este es el comunicado de FECOLPER:
ALERTA: FECOLPER refuta solicitud de investigación de Presidente Uribe contra periodista Daniel Coronel
22/08/2008
Por considerarla ilegal e intimidatoria para el gremio periodístico, la Federación Colombiana de Periodistas y el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, refutan la solicitud de investigación contra el periodista Daniel Coronel, hecha por el Presidente Álvaro Uribe, el día de ayer.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Acusación de la Cámara, para responder por el presunto delito de cohecho que, aparentemente, habría garantizado su reelección, el Presidente Uribe pidió enviar copia de la diligencia a la Fiscalía para que se investigue al director de Noticias 1, Daniel Coronel, pues considera delito haber guardado durante cuatro años la entrevista hecha a la ex Congresista Yidis Medina, donde confiesa haber sido sobornada por el Ejecutivo.
“Con esta denuncia, lo que el Presidente exige a los periodistas es que dejemos de ser informadores para convertirnos en informantes”, declaró Eduardo Márquez, presidente de FECOLPER y director de Ceso-FIP. “Por otra parte, en la práctica, está pidiendo que destruyamos un principio fundamental del periodismo: el secreto profesional. Lo que hizo Coronel fue guardar una información, por solicitud de su fuente”.
Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado con toda claridad: “El secreto profesional (…) tiene particular relevancia en el campo periodístico, ya que implica la reserva de las fuentes informativas, garantía ésta que, sobre la base de la responsabilidad de los comunicadores, les permite adelantar con mayor eficacia y sin prevención las indagaciones propias de su oficio” (Sentencia No. T-074/95).
En igual sentido se pronunció la Sentencia No. SU-056//95: “Compeler al periodista a revelar la fuente de su información, conduce a limitar el acceso a los hechos noticiosos, porque quien conoce los hechos desea naturalmente permanecer anónimo, cubierto de cualquier represalia en su contra”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Principio No 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, establece: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
Finalmente, el artículo 441 del Código Penal, “Omisión de denuncia de particular”, no contempla el omitir la denuncia del aparente cohecho entre la ex Congresista Medina y el Presidente Uribe, pues hace referencia a otros delitos.
Finalmente Márquez comentó: “Lamentamos que el Presidente haya convertido en normal, atacar a periodistas o medios de comunicación que controvierten sus acciones o las de su gobierno. Esta actitud se suma a la persecución violenta y al acoso judicial, como un factor adicional que induce a la auto censura en Colombia”.
Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER La FECOLPER representa a más de 1100 periodistas en 19 departamentos
Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, CESO FIP La FIP representa a más de 600 mil periodistas en 120 países
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
Lo primero que dijo el político Oscar Tulio Lizcano en Cali ayer domingo, cuando exhausto y embarrado compareció ante los medios, tras escapar de la guerrilla de las FARC luego de más de ocho años como rehén, fue:
él hablaba ocho lenguas indígenas y me corrigió: apenas habla seis, incluyendo la lengua nukak, la tribu “descubierta” en los años 80 y ya casi en extinción.