Heavy Metal Colombia

Carrefour contradice al ministro de Defensa

“Nunca hemos sido objeto de extorsión”, dijo este jueves a periodistas el portavoz de la cadena francesa Carrefour, Mario Acevedo. “Nunca hemos tenido amenazas, ni hemos sido extorsionados, ni nada parecido”, agregó.

El fin de semana la empresa ya había emitido un comunicado en el que informaba que, desde que opera en Colombia, “siempre han tenido una situación tranquila en ese sentido”.

El sábado estallaron sendos artefactos en dos tiendas de Carrefour en Bogotá. El ministro de Defensa Juan Manuel Santos aseguró que los autores fueron las FARC, y que la empresa venía siendo extorsionada por esa guerrilla, “desesperada” por “conseguir recursos, hacer presencia”. Que las FARC planean cometer atentados y extorsiones en Bogotá y otras ciudades, aseveró, pero que las autoridades no lo permitirán.

Hay que explicarle a Carrefour que, de un tiempo para acá, el miedo colectivo es un ingrediente de campaña electoral en Colombia.

Y también, que no descarte que las amenazas sí comiencen ahora, para que aprenda a no contradecir.

agosto 22nd, 2008

La copia espejo

Por fin alguien toma el tema de los computadores de “Raúl Reyes” por donde es:

Leerse cuidadosamente el informe público de INTERPOL (existe otro, más extenso y confidencial, que le fue entregado al gobierno colombiano) y preguntar por la copia espejo.

La copia espejo es una copia idéntica, bajo el procedimiento de «imaging» (obtención de imágenes forenses de datos), cuyos valores de «hash» (o de troceo) coinciden con el original. INTERPOL elaboró dos copias espejo. Una la tiene el gobierno colombiano, y otra la tiene INTERPOL en su sede en Lyon.

De todas maneras, la copia espejo se hizo tardíamente. Las piezas informáticas atribuidas a “Reyes” fueron abordadas de manera no técnica durante el sábado, el domingo y parte de la mañana del lunes (1, 2 y 3 de marzo de 2008).

Este hecho, según el Informe público de INTERPOL, complica «en gran medida el proceso de validación de las pruebas para presentarlas ante los tribunales«.

El periodista colombiano William Parra, acusado de correspondencia electrónica comprometedora con “Reyes”, tenía que comparecer esta semana a indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación. Pidió conocer las pruebas en su contra.

Bajo el argumento de que la Fiscalía no le ha entregado la totalidad de esas pruebas, solicitó aplazar la diligencia. El martes 19, la Fiscalía aceptó fijar una nueva fecha.

Este es el alegato de William Parra:

Por medio de escrito presentado por mi defensa el pasado 14 de agosto de 2008, solicité al fiscal de la Unidad de Terrorismo que adelanta el caso en mi contra, que APLAZARA LA DILIGENCIA DE INDAGATORIA para la cual he sido citado.

Esta solicitud la hago porque después de haber leído el expediente y las supuestas pruebas en mi contra, encuentro que

1.      Existen por lo menos seis pruebas anunciadas por la Fiscalía que no aparecen en el proceso, y por lo tanto se desconoce cuál es su contenido, pero no obstante, la Fiscalía sustenta en ellas la apertura de investigación en mi contra y el llamado a indagatoria. Es elemental que en un proceso el imputado pueda conocer todas las pruebas para poder acceder a una defensa verdadera, como es el sentido que se le da a una indagatoria.

2.      Porque debo tener acceso a una copia espejo de los equipos (Computador,USB, disco duro, etc.) de donde supuestamente sacaron las pruebas. En el proceso sólo me fueron puestos a disposición papeles, ello a pesar de que mi defensora solicitó a la Fiscalía aclarara si tenía otros elementos. Así, la ley obliga a la Fiscalía a que me muestre a mí y en general a todos los procesados lo que supuestamente existe en dichos elementos (computador, USB, memorias externas, etc.), para poder saber si hay pruebas en mi favor allí y si las que dicen los funcionarios de la Policía Nacional, son las que están.

Ello hace parte del derecho de defensa de cualquier ciudadano y con mayor razón de una persona como yo que ha sido perseguida, entre otros, por los dos últimos directores de la Policía Nacional, el general Jorge Daniel Castro, quien quiso obligarme no sólo a revelar el sitio, sino llevarlo al lugar donde había realizado una entrevista al vocero de las FARC, Raúl Reyes, cuya negativa coincidió curiosamente con un atentado en mi contra, en el cual me propinaron ocho puñaladas delante de mi pequeña hija. Y ahora por el actual director de la Institución, general Óscar Naranjo, es decir por el jefe de los que dicen que encontraron pruebas en mi contra.

3.      Como si esto no fuera suficiente, dentro de las supuestas pruebas de cargo existen contradicciones en fechas y contenidos, que pido sean aclaradas antes de la diligencia de indagatoria, mediante el acceso a una copia espejo de los elementos antes mencionados. Así se podrá aclarar en definitiva, qué es lo qué dicen, si dicen algo.

En las condiciones actuales, ¿cómo me podría defender respecto de éstas pruebas, si ni siquiera la propia Fiscalía tiene claridad sobre las fechas o sobre los contenidos?

Pese a peticiones anteriores, aún hoy me veo obligado a exigir una vez más, se permita a mi defensa el acceso, no sólo al expediente, sino a las supuestas pruebas de cargo, para poder adelantar mi defensa en plenas condiciones de transparencia. En resumen, la situación sigue siendo una clara vulneración de mis derechos. Como persona INOCENTE que soy, no renunciaré a mis derechos, ni como persona, ni como procesado, no cejaré en mi empeño de demostrar esa inocencia y estoy dispuesto a cumplir con los llamados de la justicia, siempre y cuando se respeten el debido proceso y el derecho a la defensa.

William Parra

agosto 20th, 2008

Sobre “el fin justifica los medios” (3)

Ni “insignificante”, ni “maravilloso”, que militares se disfracen de periodistas, ni en operaciones “perfectas” ni en las que no lo sean tanto.

Los socios y familiares del ministro de Defensa Juan Manuel Santos en el diario bogotano El Tiempo expresan en editorial de este viernes su rechazo al uso de la Misión Periodística en la operación “Jaque”, luego de que lo hiciera Earl Maucker, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP.

No es insignificante

El pasado martes, en la conmemoración de los 15 años del diario Hoy Diario del Magdalena, de Santa Marta, que contó con la presencia del Jefe del Estado y de los presidentes de las cortes Suprema y Constitucional, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Earl Maucker, cuestionó en su discurso que los gobiernos utilizaran credenciales o emblemas de la prensa para sus propios objetivos. La semana pasada, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoció que en la ‘Operación Jaque’ se habían usado logos de la cadena de televisión Telesur, financiada por el gobierno venezolano, y dijo que se trataba de un ‘detalle insignificante frente a la magnitud de los resultados’. La afirmación del Ministro es discutible y el hecho debería generar una reflexión de fondo entre los periodistas colombianos y en el Gobierno y las Fuerzas Armadas.
El viernes, después de esa admisión -que despertó preguntas de la prensa extranjera y protestas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y de Telesur-, el Ministro afirmó en el Club Nacional de Prensa, en Washington, que no supo del uso del logo de Telesur sino ‘hasta después’ y dijo: ‘Si yo me pongo en los zapatos de otro medio (como) El Tiempo, un medio de comunicación que tiene que ver con mi familia, y aparece alguien de El Tiempo, y ayudó a que se liberaran unos secuestrados sin que se disparara un tiro, me parecería maravilloso’.
La suplantación de periodistas en conflictos armados es una práctica que pone en riesgo a los periodistas -considerados civiles en el derecho internacional humanitario, y, a diferencia de los combatientes, protegidos en calidad de tales-, y los primeros que deberían tener conciencia de ello son los gobiernos y los militares.
Es una práctica explícitamente desaconsejada por la experiencia internacional y que un Estado de Derecho no debe promover.
Los periodistas de El Tiempo que cubren el conflicto armado deben, por su trabajo, hablar con las FARC y otros grupos armados.
Eso es parte esencial de su labor, y su seguridad depende de que su independencia no se comprometa de ninguna manera. No tiene razón el Ministro si cree que a El Tiempo le parecería ‘maravilloso’ que se utilizara su logo para una operación militar, pues esto solo acrecentaría los riesgos de hombres y mujeres de esta Casa Editorial, que ya encaran suficientes peligros para cumplir una labor difícil y a veces ingrata. Un periódico o un periodista que valoran su autonomía no se prestarían para eso.
editorial@eltiempo.com.co

agosto 1st, 2008

Sobre “el fin justifica los medios” (2)

Nuevas reacciones sobre el abuso de la Misión Periodística en la “operación perfecta”.

Ayer lunes se pronunció Andrés Monroy, asesor jurídico del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, CESO-FIP, a quien ya había entrevistado IPS sobre el tema. CESO-FIP funciona en la sede de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, organización gremial que representa a más de 1.100 periodistas en 19 departamentos de Colombia.

Por otra parte, hoy circuló una carta del neoyorquino Centro para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), dirigida al ministro de Defensa Juan Manuel Santos, quien recientemente estuvo en Washington pidiendo que no le rebajen la financiación militar el año entrante. Para Santos, el uso del logo de Telesur fue “un detalle insignificante frente a la magnitud” de la operación “Jaque”. Todavía nadie dice nada sobre la “clonación” del periodista Jorge Enrique Botero.

La CPJ advierte que “hacerse pasar por periodistas es un acontecimiento preocupante, en especial cuando periodistas en Irak y Afganistán están siendo secuestrados y acusados de ser espías”.

Van los dos textos

Los periodistas son civiles que deben ser protegidos en medio del conflicto armado

Por Andrés Monroy Gómez
Asesor jurídico Ceso-FIP

Este texto demuestra, a la luz de la normatividad nacional e internacional, cómo involucrar a periodistas en operativos militares, o que miembros de alguna de las partes enfrentadas se presenten como periodistas en el desarrollo de una operación militar, pone a los verdaderos informadores en riesgos adicionales a los que deben soportar al ejercer su trabajo en un país azotado por un conflicto armado.

El mayor de estos nuevos riesgos, es que la credibilidad sobre su identidad como periodistas queda en entredicho al momento de encontrarse con distintos grupos armados, convirtiéndose en potenciales víctimas de la hostilidad bélica. La argumentación está en las nociones básicas del Derecho Internacional Humanitario (en adelante DIH), cuyo cumplimiento fue firmado por el gobierno colombiano.

Derecho Internacional Humanitario y periodistas

El DIH es aplicable en circunstancias de conflicto armado y esa es su gran diferencia respecto a los Derechos Humanos. Es un ordenamiento de supervivencia, busca la protección del no combatiente, y tiene como criterio fundamental el principio de distinción entre población civil y combatientes. Las normas del DIH son normas de obligatorio cumplimiento para todas las partes de un conflicto armado [1].

Este tema tiene doble importancia para los periodistas: por una parte, como informadores del conflicto armado deben conocer las normas internacionales relativas al comportamiento que las sociedades civilizadas esperan de las partes enfrentadas en el conflicto. La otra perspectiva de importancia radica en que sus normas son el instrumento por excelencia para que los comunicadores sean reconocidos como civiles y, por lo tanto, no sean involucrados en el conflicto armado. En efecto, es un principio del DIH la Inmunidad de la población civil.

Los periodistas: civiles en medio del conflicto

En DIH se considera población civil toda aquella que no participan activa y directamente en las hostilidades; el «principio de distinción» es pilar fundamental del derecho humanitario: distinguir al civil del combatiente. De esta manera se busca garantizar el respeto y la protección de la población civil y de los bienes de carácter civil.

El Protocolo II relativo a los Conflictos Armados Internos señala, en el artículo 13, que «La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares».

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) explica en el Comentario al Protocolo II [2] que las personas civiles pierden la protección si participan en las hostilidades y mientras dure su participación.

Sobre las operaciones militares, el CICR las identifica como los movimientos o las maniobras de las fuerzas armadas o de grupos armados en acción. Estas operaciones hacen correr a la población civil dos tipos de riesgos: por una parte, el de los ataques; por otra, los efectos de ataques que pudieran afectarla incidentalmente.

Entonces, el periodista que efectúa una misión profesional peligrosa en una zona de operaciones es una persona civil; goza de todos los derechos otorgados a las personas civiles como tales [3].

Periodistas como personas protegidas por el DIH en el ordenamiento colombiano

El Título II del Código Penal Colombiano contiene la descripción de los delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH. Este título, novedad en la legislación penal colombiana, obedece al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano al suscribir convenios y tratados sobre DIH.

El parágrafo del artículo 135 del Código Penal señala que «Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente título, se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario:

5. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados«.

Entonces, el hecho de involucrar a los periodistas en operativos militares puede ponerlos en riesgo de ser víctimas de los delitos de constreñimiento al apoyo bélico o represalias, además del riesgo obvio de ser víctima de actos contra su vida e integridad personal. Además, el carácter neutral de los periodistas se ve afectado al hacerlos parte activa de operaciones coordinadas por una de las fuerzas enfrentadas. Al suceder esto, el periodista pierde la inmunidad que le otorga su carácter de civil.

Los periodistas y los equipos de los medios informativos gozan de inmunidad; los primeros, en cuanto personas civiles, los segundos, en razón de la protección general que el derecho humanitario confiere a los bienes de carácter civil. Pero el periodista no está protegido si participa directamente en las hostilidades y mientras dure esa participación [4].

¿Cuál es la diferencia entre periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados?

El DIH distingue, sin dar una definición exacta, dos categorías de periodistas en actividad en una zona de conflicto armado:

Corresponsales de guerra acreditados ante una fuerza armada: Son periodistas especializados que, bajo la autorización y la protección de las fuerzas armadas de un beligerante, están presentes en el teatro de operaciones y cuya misión es informar acerca de los acontecimiento vinculados al curso de las hostilidades [5].

El corresponsal de guerra ha sido entendido como el comunicador que participa de los mismos objetivos que las tropas que acompaña, sigue a las fuerzas armadas sin formar realmente parte integrante de ellas y, en caso de ser detenido, goza de la condición de prisionero de guerra [6].

El periodista independiente es todo corresponsal, reportero, fotógrafo, camarógrafo y sus ayudantes técnicos de fijación, radio y televisión, que usualmente ejercen esa actividad como ocupación principal [7]. El periodista en misión peligrosa no sólo no comparte los intereses de las tropas presentes en el lugar de la información, sino que pueden llegar a ser contrapuestos. El periodista es sin duda un civil, incluso si acompaña a las fuerzas armadas o si se beneficia de su apoyo logístico [8].

Aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario en Colombia

[1] Ibáñez Guzmán, Augusto J. «Delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario (a propósito de la configuración de los delitos contra la humanidad)». En: Lecciones de derecho penal. Parte Especial. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2003. Pg. 605 y ss.
[2] http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/950B5D7D9CEA18B2C1256E2100501C7D?OpenDocument&Style=Custo_Final.3&View=defaultBody12#2
[3] GASSER, Hans-Peter. La protección de los periodistas en misión profesional peligrosa. Revista Internacional de la Cruz Roja. Número 55. Enero – Febrero 1983. Pg. 3 -19.
[4] BALGUY-GALLOIS, Alexandre. Protección de los periodistas y de los medios de información en situaciones de conflicto armado. Revista Internacional de la Cruz Roja No. 853. Pg. 37 – 68.
[5] Idem
[6] EVANS, Joám; RODRÍGUEZ, Carlos. Análisis jurídico internacional de la protección de periodistas en zonas de conflicto armado. Asteriskos: Journal of Internacional and Peace Studies (2006)
[7] Ob Cit. Nota No. 4
[8] Ob. Cit. Nota No. 6.

Colombia admite que soldados fingieron ser periodistas en operación de rescate

[El CPJ envió hoy una carta al ministro de Defensa de Colombia expresando preocupación que las fuerzas de seguridad se hicieron pasar por periodistas en operación de rescate]

29 de Julio de 2008

Juan Manuel Santos
Ministro de Defensa
Carrera 54 No. 26-25 CAN
Bogotá, Colombia

Estimado Señor Santos:

Tras la exitosa operación de rescate de rehenes del 2 de julio que culminó con la liberación de 15 personas secuestradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), le escribimos para expresar nuestra preocupación por el hecho que fuerzas de seguridad se hayan hecho pasar por periodistas durante la misión. Nos alarma que fingir ser periodistas pueda hacer peligrar aún más a la ya asediada prensa colombiana.

Durante el rescate, dos soldados colombianos fingieron ser periodistas de la cadena de televisión estatal Telesur mientras otros pretendieron pasar por trabajadores humanitarios, como su gobierno luego reconoció. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, General Freddy Padilla De León, también afirmó que los soldados que participaron en la operación habían tomado clases de actuación para saber cómo hacerse pasar por guerrilleros, trabajadores humanitarios y periodistas.

El 23 de julio, durante una conferencia de prensa en Washington, usted aseguró que el uso del logo de Telesur fue “un detalle insignificante frente a la magnitud” de la operación. Entendemos lo que estaba en juego y reconocemos que 15 personas fueron rescatadas durante la operación, pero existen riesgos significativos al emplear dicha táctica:

• Fingir ser periodistas eleva el riesgo para todos los reporteros, en particular para aquellos que cubren el conflicto civil de cinco décadas en regiones que son controladas por los grupos ilegales armados. En las áreas rurales, los periodistas son a menudo amenazados por guerrillas y paramilitares y presionados por autoridades civiles y militares, según la investigación del CPJ.

Afecta la posición de la prensa como cuerpo independiente, especialmente aquellos periodistas que trabajan en zonas de conflicto y que confían en su estatus civil, tal como establece la Convención de Ginebra.

• Al hacerse pasar por periodistas, las fuerzas de seguridad socavan el rol de la prensa libre y producen desconfianza en la profesión, provocando en última instancia un daño al bien público.

Colombia sigue siendo uno de los países donde más periodistas han caído en cumplimiento de su trabajo en el mundo, y tiene el índice más alto de asesinatos de periodistas por porcentaje de población en toda América Latina, según el Índice de Impunidad elaborado por el CPJ. Más aún, los asesinatos y otros actos de violencia cometidos por todos los actores del conflicto han conducido a muchos periodistas y medios a autocensurarse mientras cubren temas sensibles, como lo documentó el CPJ en un informe especial de 2005.

Creemos que el hecho de hacerse pasar por periodistas es un acontecimiento preocupante, en especial cuando periodistas en Irak y Afganistán están siendo secuestrados y acusados de ser espías.

Instamos al gobierno de Colombia a considerar detenidamente las implicaciones de este tipo de práctica y a no minimizar las potenciales consecuencias que tiene para la prensa.

Le agradecemos su atención sobre estos temas urgentes. Esperamos su respuesta.

Atentamente,

Joel Simon
Director Ejecutivo

CC:

Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia
Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de Colombia
General Freddy Padilla De León, Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia
Carolina Barco Isakson, Embajadora de Colombia en Estados Unidos
Jakob Kellenberger, Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
American Society of Newspaper Editors
Amnesty Internacional
Article 19 (United Kingdom)
Artikel 19 (The Netherlands)
Canadian Journalists for Free expresión
Freedom of Expression and Democracy Unit, UNESCO
Freedom Forum
Freedom House
Human Rights Watch
Index on Censorship
International Center for Journalists
International Federation of Journalists
International PEN
International Press Institute
The Newspaper Guiad
The North American Broadcasters Association
Overseas Press Club

El CPJ es una organización independiente sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo.

julio 29th, 2008

Otro ex presidente del Senado a la cárcel

“La U estará en el centro de las decisiones, y a eso le apuesto: llevar al partido a apoyar lo bueno; lo que sirve; lo que da resultado, confianza, genera crecimiento social, inversión y empleo”, decía en junio el senador Carlos García Orjuela, presidente del Partido de la U, principal fuerza política oficialista.

García Orjuela ha sido abanderado de la recolección de firmas para impulsar una nueva reforma constitucional que permita la reelección inmediata de quien ya haya sido presidente por dos veces consecutivas, es decir, una reforma constitucional con nombre propio.

Con su detención, este viernes, García Orjuela es el tercer ex presidente del Senado al que meten preso por la investigación de la Corte Suprema de Justicia sobre la parapolítica.

Los otros dos ex presidentes del Senado presos son Luis Humberto Gómez Gallo y Mario Uribe Escobar, éste último principal aliado político del presidente Álvaro Uribe, y primo suyo.

Sólo digo que quizá esté a punto de pasar algo grueso, que desvíe la atención.

julio 25th, 2008

Sobre “el fin justifica los medios” (1)

Vamos lento, pero al menos vamos, en reaccionar a la evidencia revelada por el propio Ministerio de Defensa desde el día siguiente de la operación “Jaque”, cuando mostró el famoso vídeo editado de 3 minutos 30 segundos, en el que aparece claramente el uso de la Misión Periodística, y además muestra un trozo del emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja.

La colombiana Fundación para la Libertad de Prensa rechazó el 24 de julio la utilización de la Misión Periodística en una operación de guerra.

«Jaque” usó no sólo los símbolos de Telesur, sino que, según el guerrillero apresado “César”, fabricó un “doble” del periodista colombiano Jorge Enrique Botero. Sobre eso aún no se ha dicho mayor cosa. ¿Dónde está ese doble de Botero? ¿Qué tal que esté yendo a ruedas de prensa y yo me lo encuentre y él no me salude? ¿Y que, para disculparse, el verdadero Botero tenga que invitarme a una cena bien deliciosa en un restaurante bien caro?

A continuación el comunicado de la FLIP, que se titula “Sobre la suplantación de Telesur en la Operación Jaque”; pero yo insisto en que el titular para todo esto es “El fin justifica los medios”. El que esté de acuerdo con esa frase, que tenga en cuenta todas las consecuencias.

Sobre la suplantación de Telesur en la Operación Jaque

En declaraciones públicas entregadas ayer, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos reconoció que el Ejército colombiano utilizó la imagen del canal internacional Telesur en el reciente operativo de rescate de 15 secuestrados en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Al parecer, el logo del medio de comunicación se utilizó en el chaleco del supuesto camarógrafo y en el cubo del micrófono del supuesto periodista. Santos agregó que se trata de “un detalle insignificante frente a la magnitud de los resultados”. Sobre el particular, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), manifiesta lo siguiente:

1. La libertad de expresión en Colombia se ejerce en medio de condiciones adversas. Además del riesgo que presupone cubrir el conflicto armado, los periodistas son víctima constante de amenazas, agresiones y obstrucciones por parte de grupos ilegales, narcotraficantes y funcionarios públicos. Esto sin contar los asesinatos de periodistas en las últimas décadas en Colombia y el estado generalizado de impunidad en que se encuentran las investigaciones judiciales por estos hechos.

2. La suplantación de un equipo periodístico por parte de las Fuerzas Armadas acrecienta aún más la vulnerabilidad que enfrenta el periodismo en Colombia, especialmente en las zonas donde están presentes los grupos armados ilegales.

3. Dicha suplantación también implica un desconocimiento de la condición de civil que ostentan los periodistas en desarrollo de conflictos armados. Según el artículo 79 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, “los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto armado serán considerados personas civiles”. Se entiende por periodista los corresponsales, reporteros, fotógrafos, camarógrafos o ayudantes técnicos. El carácter civil de los periodistas salvaguarda su labor y evita que las partes en conflicto los consideren combatientes o espías.

4. Para la FLIP este hecho no resulta “insignificante”, como afirma el ministro de Defensa Nacional. Preocupa que esta acción termine por estigmatizar el papel de la prensa en el cubrimiento del conflicto armado y, particularmente, ponga en riesgo a los periodistas del canal internacional Telesur. La FLIP exhorta al gobierno para que ofrezca disculpas a este medio de comunicación y que, adicionalmente, manifieste de manera expresa que esta práctica no se implementará en su estrategia de lucha contra los grupos armados ilegales.

julio 25th, 2008

Duelo por mi hermana

Con este testimonio, preámbulo del que será su libro Viaje al infierno, María Jimena Duzán cuenta en la Revista Soho cómo llegó a la decisión de declararse víctima oficial del paramilitarismo, por el asesinato de su hermana Silvia.

Por MARÍA JIMENA DUZÁN

La primera vez que oí hablar de alguien que hubiera iniciado «el viaje» fue a una mujer de inmensos ojos azules que conocí en una reunión en Belfast, durante un viaje por Irlanda del Norte. Como muchas mujeres de su generación —no tenía más de 35 años—, había sido víctima de la violencia política y religiosa que asoló a su país hasta hace poco. Su infancia la pasó esquivando atentados, asistiendo a funerales y visitando en las cárceles a su padre y a sus hermanos, como sucedía con casi todos los militantes del entonces proscrito ejército IRA, una guerrilla católica, de corte nacionalista —que a mí se me asemeja al M-19.

Al igual que muchas mujeres de Irlanda del Norte, ella fue criada en un ambiente segregacionista: sus amigos siempre fueron católicos, como su colegio y el barrio en el que vivió. Por años nunca se cruzó en la calle con ningún protestante y se acostumbró a convivir con esa estética violenta y desoladora que imponen los «muros de paz», unas paredes de cemento que se siguen construyendo hasta hoy en algunas zonas de Belfast, con el propósito de separar los barrios católicos de los protestantes.

Al principio no supe a ciencia cierta a qué se refería esa mujer, cuando hablaba de «el viaje». Sin embargo, al cabo de unos minutos entendí que no se trataba de un viaje cualquiera, sino de uno en especial que le cambió la vida: un viaje íntimo e ineludible hacia los más profundos sótanos de nuestra condición humana; uno que acabó por liberarla de todos esos odios apresados con los que había malvivido y que le permitió acometer un acto de contrición insospechado: el de confrontar a su victimario, cara a cara, como siempre lo había deseado. Pudo mirarlo a los ojos sin el menor reparo y sin el menor asomo de cobardía. Si algo le envidiaba yo a esa mujer era su mirada franca, altiva y transparente.

Sin que me lo hubiera propuesto, de cierta forma, yo emprendí mi propio «viaje» como el que emprendió esa mujer de mirada diáfana y cristalina. Un viaje doloroso y desgarrador hacia lo más profundo de mis entrañas de mujer agnóstica y racional.

Por eso digo que estas líneas están escritas a cuatro manos: las empezó escribiendo la periodista que hay en mí —sí, cómo no, soy periodista—, pero el viaje hacia ese infierno lo hizo la víctima, la hermana de Silvia Duzán, también reportera, asesinada por los paramilitares en febrero de 1990, en una masacre en Cimitarra, junto con cuatro líderes campesinos de esa región.

Comenzaré por decirles que mi historia es, hasta cierto punto, insignificante: en realidad es una más entre las muchas que hay en Colombia hibernando en la desmemoria. Por lo pronto, solo quiero que sepan lo siguiente: pertenezco a ese inmenso número de colombianos que han sido víctimas del conflicto en el país. La cifra más reciente dice que somos cerca de tres millones de colombianos. Sin embargo, ese número es tan arbitrario como la guerra misma, porque en realidad corresponde al número de desplazados registrados por la oficina de la ONU, pero desde el 2001. No se sabe cuántos de esos desposeídos que hoy se encuentran en las ciudades en el rebusque de una nueva vida son víctimas de las Farc, ni cuántos son de los paras, y me temo que nunca lo sabremos.

Lo que sí les puedo asegurar es que yo soy una víctima de las miles que han dejado los paramilitares; ese temible ejército privado, que desde finales de los ochenta y en alianza con el narcotráfico, decidió tomarse a sangre y fuego pueblos enteros, masacrando a la población campesina para hacerse a sus tierras. A pesar de que las masacres por ellos perpetradas han escrito con sangre uno de los capítulos más horrendos de nuestra historia reciente, hasta hoy, la mayoría de sus crímenes siguen impunes, como el asesinato de mi hermana Silvia y de los cuatro líderes campesinos de Cimitarra.

Los paramilitares justifican las atrocidades cometidas en esa guerra, con el argumento de que ese fue el precio que el país tuvo que pagar para desterrar a las Farc de esos territorios y liberarnos a todos de semejante yugo. Yo, desde mi humilde rincón, digo que los colombianos pasamos de los atropellos de las Farc a los atropellos de los paramilitares y que estos, más que un ejército privado creado para defender a los campesinos y hacendados de los atropellos de las guerrillas, fueron un ejército que se constituyó con el fin de forzar en el país una contrarreforma agraria que les permitiera a los paras y a sus aliados concentrar en sus manos untadas de sangre las mejores tierras de este país. Los paras no consiguieron derrotar a las Farc, pero en cambio hoy tienen en sus manos, el 46% de las mejores tierras del país.

Y mientras las Farc, con sus secuestros, con sus extorsiones y con sus minas antipersonales consiguieron el repudio de la gran mayoría de los sectores de la población, los paras, en cambio, despertaron grandes simpatías en las élites rurales —cada vez más penetradas por el narcotráfico— y en un círculo bastante amplio de oficiales del ejército colombiano. Su aceptación social vino de contera.

Tengo la impresión, ahora que estoy recordando estos episodios, de haber vivido una guerra que los medios nunca cubrimos como tal. Aún me pregunto cómo fue que ni la prensa internacional, interesada en guerras más evidentes, ni la prensa nacional, de cabeza en el proceso 8.000, se percataron de lo que años después hemos venido a saber: que entre 1989 y el 2002 murieron asesinados cerca de 20.000 colombianos a manos de los paras, muchos de los cuales fueron descuartizados vivos. Yo misma cubrí algunas de las primeras masacres perpetradas por los paras a finales de los ochenta y a comienzos de los noventa, y lo hice como si estos actos macabros fueran hechos aislados y no evidencias de una guerra sin cuartel que se estaba librando.

Anna Arhendt dice que los alemanes no denunciaron la existencia de los campos de exterminio de los judíos sino mucho tiempo después, no solo porque la propaganda de Hitler convenció a muchos alemanes de que los judíos que se montaban en los camiones iban a ser deportados, no exterminados, sino porque las guerras degradan a la sociedad que las padece y quitan los resortes que nos permiten reaccionar frente a la barbarie. Guardadas proporciones, eso también pasó en mi país. Me pasó a mí, aunque me duela aceptarlo.

Me interesa que ustedes sepan sobre mí una cosa más: que soy una víctima afortunada, si es que acaso existe alguna fortuna en semejante desgracia. A mí por lo menos me entregaron el cuerpo de mi hermana. No tuve que pasar por el drama que han tenido que enfrentar muchas personas en Colombia, quienes aún esperan que los paramilitares se compadezcan con su tragedia y les digan dónde están enterrados los cuerpos de sus seres queridos.

Pero también diría que soy una mujer privilegiada. A diferencia de las víctimas de las Farc, que en buena parte provienen de zonas urbanas y pertenecen a familias de profesionales, lo que las hace algo más visibles a los medios de comunicación, la mayoría de las víctimas del paramilitarismo son mujeres campesinas y anónimas; madres cabeza de familia de escasos recursos que viven en pueblos alejados, de difícil acceso.

Yo, en cambio, he tenido la fortuna de estudiar en un colegio privado, de ir a la Universidad de los Andes a estudiar Ciencia Política y de haber sido becaria de la Universidad de Harvard. En el medio en que yo me muevo no es muy común encontrar una víctima de los paramilitares y les confieso que por mucho tiempo pensé que esa circunstancia me convertía en una desajustada social. Hoy creo que esa particularidad me confiere la condición de ser una rara especie en esta guerra olvidada.

Por cuenta de lo que me pasó, he tenido la oportunidad de mirar con otros ojos a esas viudas y a esas madres que han visto morir a sus esposos y a sus hijos, bajo las balas. Sus testimonios crudos y dignos no los he podido olvidar, ni cuando me sumí en la desmemoria. En cambio no recuerdo ninguna frase memorable pronunciada por ningún presidente o líder político nacional ni extranjero de los tantos que he entrevistado en 20 años de vida periodística.

Mi condición de víctima oficial la adquirí hace poco y la historia es más o menos la siguiente: en agosto de 2005, el Congreso colombiano aprobó la Ley de Justicia y Paz, impulsada por el gobierno del presidente Uribe, la cual tenía como propósito otorgar reducciones de penas a aquellos jefes paramilitares que se desmovilizaran y estuvieran dispuestos a decir la verdad y a reparar a sus víctimas.

La ley fue aprobada en medio de una tremenda polémica nacional porque no fue producto de un consenso político. A última hora, el gobierno no incluyó en el proyecto final las propuestas hechas por los ponentes, las cuales provenían no solo de la oposición sino de las filas del uribismo. Su gran reproche era que se trataba de una ley que pensaba más en los victimarios que en las víctimas. Afortunadamente, cuando la ley llegó para su control a la Corte Constitucional, el alto tribunal en su fallo trató de enmendar este vacío.

Desde mi trinchera de periodista controvertida y polémica —así se me conoce en ciertos círculos políticos y sociales— asistí a la aprobación de la ley con un interés inusitado. Al comienzo de los debates el proyecto me pareció farragoso: era evidente que el gobierno se estaba viendo en aprietos para deslindar el paramilitarismo del narcotráfico. Me parecía una división tan inocua como degradante que me recordaba una conversación que alguna vez tuve con una familiar de uno de los jefes paras desmovilizados. «Vengo a entrevistarme con usted para aclararle que mi hermano sí es paramilitar, ¡nunca narcotraficante!», me aclaró la señora, como si traficar con coca fuera peor visto que asesinar a campesinos con motosierra.

Sin embargo, pese a estos reparos y a otros que no menciono, la ley tenía una virtud invaluable para mí: por primera vez, nos daba a las víctimas del paramilitarismo la visibilidad que hasta ahora el Estado nos había negado y pensé que después de tantos años de impunidad, esa podría ser una señal de que el viento empezaría a soplar a favor nuestro. Pero además, si esta ley lograba desmovilizar a los paras y si estos a su vez dejaran de matar y de narcotraficar —según informes de la Policía Nacional, todos ellos representaban en ese momento el 70% de la droga que salía del país—, ¿qué más queríamos?

En un acto de optimismo inusitado en mí, decidí poner a un lado los reparos que le tenía a la Ley y me propuse darle un compás de espera. En diciembre de 2005, se anunció que uno de los jefes paramilitares históricos del Magdalena Medio se iba a desmovilizar con el propósito de someterse a la Ley de Justicia y Paz. El nombre de ese comandante era Ramón Isaza, mejor conocido como ‘Don Ramón’.

La noticia de su desmovilización me produjo un sabor agridulce, porque despertó memorias de épocas aciagas que quería olvidar.

Durante casi 20 años, Ramón Isaza había sido el jefe supremo del paramilitarismo en el Magdalena Medio, y yo y medio país sabíamos que en esa vasta zona no se movía una hoja sin que él lo autorizara. Su búnker, bien conocido por todos los pobladores del Magdalena Medio, quedaba en su finca Las Mercedes, situada en un pequeño pueblo donde ‘Don Ramón’ solía despachar como amo y señor de la región. Durante muchos años, y mientras que el paramilitarismo cometía las peores masacres en el país, Isaza vivió allí plácidamente como un gran notable, como un gran señor.

Esa noche, en compañía de mis hijas y de mi esposo —fui madre tardía, como ya lo verán—, vi por la televisión cómo Isaza entraba a la cárcel La Picota. Visto de lejos parecía un humilde campesino entrado en edad. Mi mamá, que no podía creer lo que veían sus ojos, me llamó y me dijo una frase con una voz entrecortada que removió todos mis recuerdos apresados: «Esperé tanto este día que ya no sé lo que siento. De todas formas, algo es algo… él nunca se imaginó que entraría a una cárcel».

El 12 de marzo de 2007, Ramón Isaza fue llamado a rendir versión libre ante la Fiscalía. Me senté a ver la noticia por la televisión, no sin sentir comezón en los labios: ahí estaba muy orondo él, con su piel cetrina, con su cara de yo-no-fui, al lado de su abogado, diciendo que él no era un hombre rico —¡pensar que sus tierras van desde Puerto Boyacá hasta La Dorada! —, y que no era más que un viejo campesino indefenso, incapaz de matar una mosca.

Isaza afirmaba semejante mentira, con una propiedad casi melodramática. Recordé cómo bajo su dominio se sucedieron varias de las masacres más macabras ocurridas a finales de la década de los ochenta. Una a una, fueron reviviendo en mi memoria, como si nunca las hubiera olvidado: ahí estaba la de los 19 comerciantes de Barrancabermeja, asesinados en una carretera a las afueras de ese puerto petrolero a finales de 1988. Sus cuerpos fueron echados al río como si se tratara de basura.

A los pocos meses de ese horror, una comisión de fiscales que iba a investigar la masacre de los comerciantes asesinados en Barranca fue acribillada por grupos paramilitares como si fueran animales de monte, cerca de La Rochela, en Santander. Por esta masacre, que la justicia tampoco ha logrado esclarecer, el Estado colombiano fue recientemente condenado por la Corte Interamericana a pagar cinco millones de dólares a los familiares de las víctimas.

Fue también bajo el mandato sanguinario de Ramón Isaza que ocurrió el infausto capítulo protagonizado por el mercenario israelí Yair Klein, el ex militar que llegó al Magdalena Medio, recomendado por varios generales activos, con el propósito de entrenar al primer ejército paramilitar que se creó en el país, hace ya 25 años. Yair Klein vino a Colombia varias veces y pudo salir y entrar del país sin ningún problema. Durante sus largas estadías en el Magdalena Medio, entrenó a los paras en el arte de la guerra, les enseñó a hacer bombas y a preparar atentados, muchos de los cuales acabarían asesinando prácticamente a una generación de candidatos presidenciales, exterminando a los miembros de la Unión Patriótica y acabando la vida de miles de polícias, jueces y periodistas en los años que estaban por venir.

La última vez que se supo de Yair Klein fue a comienzos de los noventa, cuando salió del país de manera clandestina, antes de que la justicia lo capturara. En mayo de 2008, el gobierno del presidente Uribe lo pidió en extradición a Rusia, país donde el mercenario se encuentra hasta hoy pagando una pena, pero la solicitud fue negada. El argumento que adujeron no deja de ser una pieza digna del teatro del absurdo: según ese gobierno, Colombia es un país muy inseguro y la vida de Klein corre peligro. ?

Todo esto no me lo inventé yo, desde luego. Gran parte de lo que estoy rememorando se lo contó a Fernando Cano, entonces director de El Espectador, un hombre de ellos, un paramilitar arrepentido llamado Diego Viafra, quien, luego de la masacre de La Rochela, no pudo más con su alma y decidió desertar de los paracos y contarlo todo a ese periódico.

Evidentemente una persona con este historial tan sangriento difícilmente podría ser un campesino del común. Mi indignación fue suprema. Sin embargo lo que realmente me sacó de mis casillas no fue lo que dijo Isaza, sino lo que afirmó a rajatabla su apoderado: «El señor Isaza —dijo el abogado— no puede confesar ningún crimen porque padece de alzhéimer».

No podía recordar ningún crimen, pero en cambio su alzhéimer sí le permitía recordar que él era un campesino humilde y sin dinero.

Ese día, con la rabia que me quemaba la piel, llamé a un amigo que era abogado, reuní a mi familia, a mi hermano Juan Manuel, a mi cuñado Salomón Kalmanovitz y a Julia, mi mamá, y les comuniqué mi decisión:

—Quiero registrarme como víctima oficial de los paramilitares dentro de la Ley de Justicia y Paz. Quiero hacerle recordar a este desmemoriado los crímenes que ha cometido —les dije.

—Si tú estás dispuesta a hacerlo, nosotros también —fue la respuesta que me dio Salomón.

Camino a mi casa, y mientras divagaba en uno de esos trancones interminables tan frecuentes en Bogotá, pensé para mis adentros: vaya paradoja la mía. Ahora que no le tengo miedo a recordar, el que no quiere recordar es mi presunto victimario.

Contada así como se las he contado, esta historia parece más fácil de lo que realmente fue. La decisión de registrarme como víctima y de aceptarme de esa forma no fue fácil. Hoy sé que en realidad me tomó casi tres años decidirme, los años que duró mi «viaje» hacia el infierno.

julio 22nd, 2008

Fuerte tensión entre Suiza y Colombia

Suiza “tomó nota” de la decisión de Bogotá de excluir la mediación europea de los acercamientos con las FARC para conseguir una solución negociada.“Hay una fuerte tensión entre Suiza y Colombia”, está claro que “Colombia quería sacarse de encima a los países mediadores», dijo a Swissinfo Bruno Rütsche, especialista del Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, organización helvética con más de 20 años de presencia en este país.

A veces pasan cosas por acá que me dan vergüenza ajena, y no dejo de preguntarme por qué, si no tengo nada que ver con lo que el presidente Álvaro Uribe haga o deshaga.

Cuenta El Tiempo en su edición de este viernes que el presidente Álvaro Uribe “careó” a los dos emisarios de los tres países amigos (Francia, Suiza y España) cuando se los encontró en los pasillos de la Casa de Nariño, sede presidencial, el viernes 27 de junio, en la semana antes de la operación “Jaque” del miércoles 2 de julio, que liberó a 15 cautivos de la guerrilla, incluida Ingrid Betancourt.

El emisario francés Noël Saez y el suizo Jean-Pierre Gontard estaban acompañados de sus embajadores.

Salían de una reunión con el Alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, en la sede presidencial.

Relata el periódico en su edición impresa: “Uribe se los topó. No hubo saludo. El Presidente los careó, los señaló con su índice, y les reprochó sus actuaciones como mediadores: ‘Mal, ¡Muy mal! (…) Eso no es así. No les quito la mediación por respeto a sus países’, dijo Uribe y les dejó claro que no confiaba en ellos”.

“Ni los emisarios ni los embajadores tuvieron tiempo de replicar. El presidente, una vez ‘cantada la tabla’, siguió su camino. No hubo diálogo”.

Una razón para la furia presidencial -prosigue El Tiempo- es que, según su gobierno, en los computadores de «Raúl Reyes» que la fuerza pública dice haber encontrado en el campamento del guerrillero abatido el 1 de marzo en territorio ecuatoriano, «Reyes» dice que los emisarios europeos dicen que ellos le dicen a Uribe «el loco».

El Tiempo (que a veces publica columnas de la médica de Uribe, en las que la galena nos explica qué bueno es, desde el punto de vista de su salud, que el presidente sea maleducado), intentó justificar el trato del mandatario colombiano a los representantes de Francia y Suiza:

“Uribe estaba indispuesto, pues el día anterior había conocido pormenores del fallo de la Corte Suprema que cuestionó el trámite del acto legislativo de la reelección. De hecho, el presidente se topó con los emisarios cuando se dirigía al primer piso de la Casa de Nariño con el ministro de Protección Social, Diego Palacio, para anunciar que este último demandaría a magistrados de la Corte ante la Comisión de Acusación”.

Mejor dicho, El Patrón estaba hecho una hidra, para satisfacción de su médica.

La noche anterior al “careo” con los europeos decidió, casi a la medianoche, convocar un referendo para eludir la acción de la justicia. No tuvo óbice para acusar a los magistrados de la Corte Suprema de ser cómplices del narcotráfico y la guerrilla. Y ese mismo viernes, altísimos funcionarios como el propio ministro Palacio siguieron el ejemplo de El Patrón. El ministro Palacio se atrevió a calificar a los magistrados de la Corte Suprema de “mentirosos”.

julio 11th, 2008

FARC dicen que operación “Jaque” fue una “fuga”

Un comunicado publicado hoy, y fechado el 5 de julio, señala que los dos guerrilleros detenidos durante la operación “Jaque”, “César” y “Enrique Gafas”, se habrían fugado junto con los cautivos que estaban a su cargo, encabezados por Ingrid Betancourt.

El secretariado del Estado Mayor de la guerrilla acusa a ambos combatientes, en proceso de ser extraditados a Estados Unidos, de “despreciable conducta”.

El comunicado no hace ninguna referencia a que estuviera en marcha una supuesta operación de liberación. Cobraría así fuerza la versión de fuentes consultadas por IPS, y muy cercanas a los esfuerzos de negociación con las FARC, que expresaron que se trató de una “compra” a los guardianes de los cautivos.

“César” lo niega, y dice que fue engañado por inteligencia militar, que tiene interceptadas todas las comunicaciones de la insurgencia.

“De persistir en el rescate como única vía, el gobierno debe asumir todas las consecuencias de su temeraria y aventurera decisión”, dicen las FARC, y yo pienso en las familias de los que aún quedan en la selva, en primer lugar en el docente Gustavo Moncayo, el “caminante de la paz” y padre del militar Pablo Emilio Moncayo, más de 10 años a la espera de una solución viable.

Este es el texto:

Comunicado

1. La fuga de los 15 prisioneros de guerra, el pasado miércoles 2 de Julio, fue consecuencia directa de la despreciable conducta de Cesar y Enrique, que traicionaron su compromiso revolucionario y la confianza que en ellos se depositó.

2. Independiente de un episodio como el sucedido, inherente a cualquier confrontación política y militar donde se presentan victorias y reveses, mantenemos vigente nuestra política por concretar acuerdos humanitarios que logren el intercambio y además protejan la población civil de los efectos del conflicto. De persistir en el rescate como única vía, el gobierno debe asumir todas las consecuencias de su temeraria y aventurera decisión.

3. La lucha por liberar a los nuestros y demás combatientes políticos presos siempre estará al orden del día en el conjunto de las unidades farianas, especialmente en su dirección. A todos ellos los llevamos en la mente y en el corazón.

4. El camino por lograr las transformaciones revolucionarias, en ninguna parte del mundo ni en ningún momento de la historia ha sido fácil, por el contrario, y por ello nuestro compromiso se acrecienta ante cada nuevo reto o dificultad.

5. La paz que requiere Colombia debe ser resultado de acuerdos que beneficien a las mayorías, no va a ser la paz de los sepulcros sostenida sobre la corrupción, el terror del Estado, la felonía y la traición. Las causas por las que luchan las FARC-EP siguen vivas, el presente es de lucha y el futuro es nuestro.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Montañas de Colombia, julio 5 del 2008.

julio 11th, 2008

Negociador suizo en línea de fuego colombiano

Así titula Swissinfo un despacho este martes, cuya lectura recomiendo. No solamente está en “línea de fuego colombiano” el facilitador suizo Jean-Pierre Gontard.

Creo que el principal balance, tras la dicha sin límites que significa volver a oír a Ingrid Betancourt en libertad, y lo más importante, que su liberación y la de los demás haya sido incruenta, en una operación de inteligencia militar el pasado 2 de julio, es que ha quedado “en línea de fuego” la solución política.

Había empezado a pintar mi casa cuando me sorprendió la operación Jaque.

En medio del arduo trabajo que prosiguió y que continúa, de seguimiento periodístico y de puesta a prueba de las descripciones de la operación de rescate (descripciones que, por cierto, han ido variando con los días), así como la puesta a prueba de las versiones que han surgido, mi casa –forrada de libros- parece poco menos que el campamento bombardeado de Raúl Reyes, aunque sin muertos, claro.

Por fin terminó ayer la labor de pintura. Ya comencé a reordenar los libros y a ponerlos en su lugar. Ya está casi organizada la biblioteca de poesía, la consentida, la que mejor me ilumina, y anoche emprendí la organización de la biblioteca sobre la historia de este país.

La biblioteca de guerra, la llamo. En la que apoyo mi labor cotidiana en el esfuerzo permanente por equivocarme lo menos posible, para mi lector o lectora, y para mí misma.

Paso amorosamente un trapo un poco húmedo por cada tomo, y lo coloco en el sitio al que cronológicamente corresponde.

El ejercicio ha servido para repasar esta guerra sin fin, cuán largo es el horror que se va juntando en los anaqueles, las oportunidades de paz desperdiciadas, los pactos traicionados.

También, para tener presente que la guerrilla colombiana ha sufrido derrotas muchas veces; ha decretado cese de fuegos y se ha desmovilizado unas cuantas; y tantas otras ha vuelto a la batalla. ¿Por qué?

Los tomos van contando que la guerrilla –por lo menos esta guerrilla campesina de las FARC, que hoy tanto humilla y maltrata a sus rehenes y prisioneros- surgió como una autodefensa ante la violación de los derechos humanos promovida por gamonales, a través de bandas armadas que actuaban con la fuerza pública de la época, por allá a mediados de los años 40.

Como en Colombia la historia da vueltas en redondo, la fórmula fue repetida por narcotraficantes aliados del ejército y de la policía desde los años 80.

Espero que otros concluyan, aún hoy, como yo, que para salir de ese encallamiento repetitivo la única solución garantizada y sustentable es cambiar ciertas costumbres y negociar.

Una negociación política que sea respetada.

Acompañada de verdad y justicia y –a juzgar por los muchos volúmenes de mi biblioteca sobre la estructura de la propiedad de la tierra- de un reparto más equitativo de ése, que sigue siendo el bien más preciado en este país tan rico y tan bonito.

Esta mañana acompañé a ASFAMIPAZ en su plantón de todos los martes en la Plaza de Bolívar por el acuerdo humanitario que ha gestionado Jean-Pierre Gontard, entre muchos otros.

Los de ASFAMIPAZ siguen pensando que la negociación con las FARC es la vía más civilizada y la garantía más segura de volver a ver a los suyos con vida, como sueñan, y “sin un rasguño”, como regresaron los del 2 de julio, tal como me dijo la presidenta de ASFAMIPAZ, Marleny Orjuela.

Yo esperaba que las madres y padres de los policías y soldados que se quedaron en la selva tuvieran mucha compañía en este primer martes en la Plaza de Bolívar tras la operación Jaque.

Pero no: estaban solos. Quizá más solos que nunca. Y tenían miedo, y desesperanza, librados únicamente a la fe en Dios.

julio 8th, 2008