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El general en retiro Pauselino Latorre, hasta hace cerca de año y medio director de Inteligencia Militar, fue apresado en una redada antidroga junto con su sobrino, Leovaldo Latorre, quien fue fiscal especializado de la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía General.
Ambos son acusados de hacer parte de una red de narcotraficantes cuando aún estaban en sus respectivos cargos, hace dos años. Otras 20 personas fueron detenidas en una redada simultánea promovida por la DEA estadounidense en las ciudades de Bogotá, Armenia, Pereira y Cali y en la isla caribeña de San Andrés.
Latorre fue también comandante de la Tercera División del ejército, con sede en Cali.
Cuando era comandante de la Brigada Móvil 1, ascendió a general luego de haber tomado el curso de altos estudios en la Escuela Superior de Guerra, en octubre de 2001.
Siendo jefe de la Brigada 17, con jurisdicción en la región noroccidental, el militar toleró en 2003, a favor de la empresa Urapalma, sembrados ilegales de palma africana en territorios colectivos de comunidades negras en varias cuencas del río Atrato, en el departamento del Chocó.
Asimismo avaló en 2004 el traspaso ilegal, a dicha empresa, de al menos un predio de propiedad colectiva en la cuenca del río Curbaradó.
Dicho terreno ya había sido sembrado con palma tras despoblar la zona mediante horrendas matanzas cometidas por paramilitares, que sembraban el terror y obligaban a huir a los habitantes.
Por su parte, el ex fiscal Latorre fue el encargado de diseñar la implantación en el país del nuevo sistema penal acusatorio.
El fiscal general, Mario Iguarán, dijo que la red “utilizaba a Venezuela como puente, transportaba los estupefacientes desde laboratorios ubicados en Aguachica, Santa Rosa y en zona rural del Norte de Santander, hacia Europa y Norteamérica”, dijo refiriéndose respectivamente a poblados en el nororiental departamento del Cesar, en la región del Magdalena Medio y al departamento fronterizo cuya capital es Cúcuta.
enero 24th, 2008
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó sí tiene derecho a conocer la identidad de los militares que patrullaban por su territorio, al noroccidente de Colombia en el departamento de Antioquia, cuando fueron cometidos crímenes contra miembros la comunidad.
Comenzando por los peores casos, la Fiscalía General de la Nación tendrá que activar los procesos por los múltiples asesinatos que ha padecido esa comunidad campesina pacifista, que está protegida por medidas provisionales de seguridad expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
En Sentencia T-1025/07, la Corte Constitucional respondió el 23 de enero positivamente la tutela instaurada por el sacerdote jesuita Javier Giraldo, y que había sido denegada en junio de 2006 por el Tribunal Superior de Bogotá.
La Corte ordenó al Ministerio de Defensa que proporcione “los nombres y códigos institucionales, las unidades a las cuales están adscritos y su línea de mando”.
La negativa del Ministerio de Defensa de proporcionar estos nombres entrañaba, según la tutela interpuesta por el sacerdote, la violación al derecho de acceso a la información en manos del Estado, la violación del derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo (ombudsman) debe disponer el personal necesario y las medidas pertinentes para “propiciar la construcción de la confianza mínima necesaria entre las instituciones y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”, con el fin de facilitar el cumplimiento de la sentencia y de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Extendida vigencia de medidas provisionales
La Corte extendió la vigencia de lo dispuesto en una sentencia suya en 2004, que activa en Colombia las medidas provisionales ordenadas por la CoIDH para garantizar la vida e integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz y de las personas que les prestan servicios, pues éstas también suelen ser atacadas.
El Ministerio de Defensa deberá en adelante informar quincenalmente a la Defensoría del Pueblo (Ombudsman) sobre las acciones realizadas para cumplir dichas medidas provisionales.
El informe deberá incluir la evaluación de los resultados obtenidos, con una relación de los logros alcanzados y de las fallas identificadas en la misión de impedir que ocurran crímenes contra la comunidad de paz.
“En el informe también se expresará cómo se ha procedido para dar cumplimiento a los principios y normas de derecho internacional humanitario en las actividades que realiza la Fuerza Pública en la zona”, ordena la Corte.
Inventario de crímenes
Detrás de los medios – San José de Apartadó / 1de3 10m 54s
Detrás de los medios – San José de Apartadó / 2de3 10m 15s
Detrás de los medios – San José de Apartadó / 3de3 7m 57s
El Fiscal General de la Nación tendrá que realizar ahora, por orden de la Corte, “un inventario cuidadoso, completo, preciso y actualizado sobre los crímenes que han afectado a la Comunidad de Paz, identificando con nombre propio a cada una de las víctimas” y la fecha en que ocurrieron los crímenes.
La Fiscalía debe establecer el estado actual de todos los procesos penales que se adelantan por los crímenes, el número total de procesos, cuáles son las fiscalías que adelantan las investigaciones, cuáles son las últimas actuaciones adelantadas.
Asimismo, debe identificar las investigaciones estancadas y establecer qué crímenes aún no están siendo objeto de persecución criminal, para abrir los respectivos procesos.
El fiscal general debe definir prioridades, con el fin de que los crímenes más graves encuentren sanción.
La Corte Constitucional ordena al Fiscal General que establezca también qué procesos adelanta la justicia penal militar por crímenes contra la Comunidad de Paz, y proponer colisión de competencia en los casos pertinentes, con el fin de que la Fiscalía asuma las investigaciones correspondientes.
El fiscal debe hacer seguimiento, en los juzgados penales, del destino de los procesos en los que la Fiscalía dictó resolución de acusación.
Sobre todas estas actividades, el fiscal debe enviar un informe a la Corte y al Ombudsman a más tardar el próximo 1 de marzo.
A partir de ese día, mensualmente debe informar a la Defensoría del Pueblo acerca de los avances en cada uno de los procesos penales que se adelanten en relación con estos crímenes.
enero 24th, 2008
El gobierno colombiano “ha resuelto secuestrar en Bogotá” al chico Emmanuel, hijo de una rehén nacido en cautiverio, y se apresta a hacer lo mismo con quienes lo cuidaban, dice un comunicado de la cúpula del secretariado del Estado Mayor Central de las FARC, fechado el 2 de enero.
La guerrilla expresa que “este niño, de padre guerrillero, había sido ubicado en Bogotá bajo el cuidado de personas honradas mientras se firmaba el acuerdo humanitario”.
“Emmanuel no podía estar en medio de las operaciones bélicas del Plan Patriota, de los bombardeos y los combates, la movilidad permanente y las contingencias de la selva”, agrega.
El gobierno de Colombia dice que el niño estaba en manos de una comunidad indígena en el Guaviare, que «lo tenía encerrado, solo, no le daban de beber ni de comer», cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF asumió su custodia, supuestamente en 2005.
Las FARC recuerdan que el gobierno, “que ya secuestró en la capital las pruebas de vida que iban con destino al Presidente Chávez, secuestra ahora a Emmanuel. Así como capturó y encarceló a los correos humanitarios, se apresta ahora a proceder de igual manera con las personas encargadas de atender al niño. Emmanuel iba a ser entregado, junto con su madre, al Presidente Chávez de Venezuela”.
El proceso de liberación de la madre del chico, Clara Rojas, ex candidata a la vicepresidencia en fórmula con Ingrid Betancourt, y de la ex parlamentaria Consuelo González “seguirá su curso”, pues “esa es la determinación de las FARC”.
“Para ello”, agrega la cúpula guerrillera, “no le estamos pidiendo al señor Uribe ningún corredor de seguridad”.
La guerrilla niega haber torturado a Emmanuel, tal como lo expresó el presidente colombiano Álvaro Uribe cuando anunció, el 31 de diciembre, que la demora en la «Operación Emmanuel» se debió a que efectivamente el niño está en poder del Estado, y no de la guerrilla.
Además las Farc piden al presidente venezolano Hugo Chávez, “por encima de estas vicisitudes”, “mantener viva la esperanza del canje”, mediante el cual la insurgencia espera sacar a sus guerrilleros de las cárceles.
Este es el comunicado, que confirma la “hipótesis” de Uribe que puso en crisis la humanitaria “Operación Emmanuel”, organizada por Venezuela, coordinada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y con el aval de siete países que enviaron delegados, para recibir a las dos rehenes y el niño.
«Enero 4 de 2007
Comunicado
«1. Experto en cortinas de humo, el gobierno narco-paramilitar de Uribe Vélez, previa consulta a su amo en Washington, ha resuelto secuestrar en Bogotá al niño Emmanuel con el infeliz propósito de sabotear su entrega, la de su madre Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez.
«2. Con este nuevo hecho, que se suma a la intensificación de los operativos bélicos en el área, Uribe apunta a desactivar la trascendental gestión humanitaria del Presidente Chávez, sembrando la desconfianza entre los delegados internacionales y atravesando nuevos obstáculos y campañas mediáticas a una decisión unilateral que expresa la voluntad política de las FARC de sacar adelante el canje de prisioneros. Lo reiteramos en esta ocasión: Uribe no está programado por los gringos ni para el canje humanitario, ni para la paz.
«3. La opinión pública nacional e internacional entiende muy bien que Emmanuel no podía estar en medio de las operaciones bélicas del Plan Patriota, de los bombardeos y los combates, la movilidad permanente y las contingencias de la selva. Por eso este niño, de padre guerrillero, había sido ubicado en Bogotá bajo el cuidado de personas honradas mientras se firmaba el acuerdo humanitario. Uribe, que ya secuestró en la capital las pruebas de vida que iban con destino al Presidente Chávez, secuestra ahora a Emmanuel. Así como capturó y encarceló a los correos humanitarios, se apresta ahora a proceder de igual manera con las personas encargadas de atender al niño. Emmanuel iba a ser entregado, junto con su madre, al Presidente Chávez de Venezuela.
«4. Con el gobierno de Uribe, que obstinadamente se ha negado a despejar Pradera y Florida para hablar de acuerdo humanitario, no hemos asumido ningún compromiso para que ahora ande propalando que estamos incumpliendo. Por principio, por moral y ética revolucionaria, FARC no utiliza como método la tortura y mucho menos si se trata de niños. Los verdaderos torturadores están en el ejército, las fuerzas policiales, y en los agentes del gobierno narco-paramilitar que se tomó el Palacio de Nariño.
«5. El proceso de liberación de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, seguirá su curso, tal como lo hemos ofrecido al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es la determinación de las FARC. Para ello no le estamos pidiendo al señor Uribe ningún corredor de seguridad; lo que hemos reiterado, y lo ratificamos, es la necesidad del despeje militar de Pradera y Florida para proceder de inmediato a verificar y realizar el primer encuentro para convenir el canje humanitario, que en todo caso debe ser con el acompañamiento de la comunidad internacional.
«6. Al Presidente Chávez, por encima de estas vicisitudes, le pedimos mantener viva la esperanza del canje a través de su consecuente compromiso humanitario, el cual consideramos paso necesario hacia la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto social y armado que vive Colombia.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC
Montañas de Colombia, enero 2 de 2008″
enero 4th, 2008
El comandante de las fuerzas militares general Freddy Padilla de León, a instancias del presidente Álvaro Uribe, declaró el 31 de diciembre que en las últimas dos semanas no hubo combates en la región donde se supone se iba a liberar al chico Emmanuel, dentro de la operación humanitaria que llevó su nombre, nacido estando su madre Clara Rojas en calidad de rehén civil de las FARC.
Aunque no sabemos realmente dónde iba a ocurrir esa liberación, se supone que ésta está en algún punto al sur de Villavicencio, la capital del central departamento del Meta.
El 18 diciembre en la noche llega a Prensa Latina en Bogotá el comunicado del secretariado, con fecha 9, que informa que ya dio la orden de liberar a Clara, Emmanuel y la ex parlamentaria Consuelo González.
La noticia sale publicada por la central de PL en La Habana al mediodía del 19.
He aquí una curiosidad: los partes militares de la IV División de Ejército colombiano entre el 17 y el 26.
La IV División tiene sede en Villavicencio y su jurisdicción es el suroccidente de Colombia.
Bajo el título “Resultados del Ejército contra los grupos terroristas en los Llanos Orientales” con fecha 26 de diciembre de 2007, aparecen, entre otros, los siguientes reportes:
“En las últimas horas y como producto de las operaciones que adelantan tropas de la Cuarta División del Ejército para garantizar la seguridad en las festividades navideñas y de fin de año, fue muerto en combate un terrorista de la cuadrilla 39 de las FARC”.
La “acción militar se registró en la vereda San Ignacio del municipio de Mapiripán, Meta, escenario de operaciones ofensivas desarrolladas por tropas del Batallón de Infantería No 19 ‘General Joaquín Paris’ de la Brigada de Selva 22, contra estructuras de la cuadrilla 39 de las Farc, en el enfrentamiento armado murió un terrorista, quien tenía en su poder un fusil calibre 7.62mm y una pistola”.
http://www.cuartadivision.mil.co/?idcategoria=196968
Con fecha 19 de diciembre de 2007, aparece lo siguiente:
“Por otra parte en desarrollo de la operación ´Emanuel’, tropas del Batallón de infantería No 44 ‘Ramón Nonato Pérez’ de la Decimasexta Brigada en la vereda Sardinata del municipio de Vistahermosa, Meta, sostuvieron contacto armado contra integrantes de la cuadrilla 27 de las Farc, dando como resultado la muerte en combate de un presunto integrante de dicha organización a quien se le incautó un fusil AK-47”.
http://www.cuartadivision.mil.co/?idcategoria=196797
17 diciembre:
“Muerto en combate terrorista de las Farc en Jurisdicción de la Cuarta División
En las últimas horas y como producto de las operaciones que adelantan tropas de la Cuarta División del Ejército, fue muerto en combate un terrorista de las FARC…”
La “acción militar se registró en el sector Buenos Aires del municipio de Mapiripán, Meta, escenario de operaciones ofensivas desarrolladas por tropas del Batallón de Contraguerrillas No 7 ‘Héroes de Arauca’, de la Séptima Brigada, contra estructuras de la cuadrilla 39 de las FARC”, “en el enfrentamiento armado murió un terrorista”, y luego lista armas y equipo incautados.
http://www.cuartadivision.mil.co/?idcategoria=196741
enero 2nd, 2008
CARACAS.- La estatal Venezolana de Televisión trascribió el audio de la carta de las FARC, leída por Hugo Chávez vía telefónica hoy lunes 31 de diciembre hacia las 15:30 hora local.
El mandatario venezolano interrumpió la lectura para dar a paso al directo desde la base militar de Apiay, cerca de Villavicencio, en Colombia, donde comenzaba a hablar su par colombiano, Alvaro Uribe.
En su discurso, Uribe lanzó la hipótesis -aunque advirtió que aún no ha sido probada-, de que las FARC no tienen en su poder a Emmanuel, el hijo de Clara Rojas. En este comunicado, el secretariado del estado mayor de las FARC-EP menciona dos veces el nombre del chico.
Las FARC mienten, advirtió Uribe.
Chávez comentó a periodistas en la noche que “seguimos en contacto con las FARC” y que esta guerrilla “hasta ahora ha cumplido”.
Volvió a repetir que “Uribe miente”, frase que se le ha escuchado desde que el mandatario colombiano puso fin a la mediación del venezolano y de la senadora colombiana Piedad Córdoba. Sin embargo, el presidente venezolano no ha dicho específicamente sobre qué miente Uribe. Y la rueda de prensa fue tan desordenada, que fue imposible preguntarle.
La carta de las FARC a Chávez:
Montañas de Colombia
Diciembre 30-2007 (de ayer, llegó hoy)
Comandante Hugo Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Caracas
Ante todo nuestro saludo cordial y el reconocimiento de las FARC (sic) a su consecuente como perseverante gestión humanitaria.
Señor Presidente, los intensos operativos militares desplegados en la zona nos impiden por ahora entregar a usted a Clara Rojas, Emmanuel y a la ex representante González de Perdomo como era nuestro deseo.
Estamos seguros que tanto usted, los comisionados por los gobiernos interesados en el canje humanitario como la opinión nacional e internacional entenderán esta situación; insistir en ello, en estas condiciones, sería poner en grave riesgo la vida de las personas a liberar, del resto de prisioneros de guerra y de los mismos guerrilleros designados para cumplir esta misión.
Luego del secuestro de las pruebas de vida en Bogotá, y de la captura de los correos humanitarios, los operativos militares en la zona donde están ubicados los prisioneros se intensificaron.
Tan pronto hallemos un lugar que nos brinde toda la certeza de seguridad, le estaremos comunicando para reactivar los mecanismos que hagan posible el retorno, sanos y salvos, de Clara, Emmanuel y Consuelo al seno de sus hogares.
Con sentimientos de consideración y aprecio,
Compatriotas, del secretariado del estado Mayor de las FARC.”
diciembre 31st, 2007
Venezuela, Francia, Argentina, Brasil, Suiza, Cuba, Ecuador y Bolivia son los países que están poniendo la cara en la “Operación Enmanuel” (así, con nm y no con doble m), como se denomina en Venezuela la misión humanitaria que debe devolver a sus hogares a Clara Rojas con su hijito Emmanuel, y a Consuelo González.
La operación, diseñada por Hugo Chávez y aceptada casi de inmediato por Álvaro Uribe, es llevada a cabo por el Comité Internacional de la Cruz Roja, experto en este tipo de misiones humanitarias.
En algún momento en los próximos días, quizá el sábado 29 de diciembre, si todo sale bien, las dos mujeres y el niño estarán con sus familias.
Chávez diseñó el complejo operativo, lo presentó por televisión y el gobierno colombiano lo aceptó sin condiciones, a pesar de la crisis en las relaciones entre Colombia y Venezuela a raíz de que el mandatario colombiano Alvaro Uribe puso fin sin ceremonias a la mediación que adelantaban Chávez y la senadora colombiana Piedad Córdoba.
El jueves 28 de diciembre comenzó la primera fase. Dos helicópteros de una unidad de salvamento de la Defensa Civil venezolana, con distintivos de la Cruz Roja, se trasladaron a las 15:00 horas hora venezolana (19:30 GMT) al aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, en el centro de Colombia.
En el aeropuerto venezolano de Santo Domingo, cerca de la frontera con Colombia, de donde partieron los helicópteros, permanecen estacionados tres aviones Falcon que viajarán a Villavicencio al iniciarse la segunda fase, lo que “pudiera ser mañana” (viernes), dijo Chávez.
Agregó que esa segunda fase depende de que haya buen tiempo y de que se puedan completar “algunos pequeños detalles que nos faltan” que no especificó.
Luego, los helicópteros partirán desde Villavicencio hacia el sur de Colombia, a los anchos territorios donde la única presencia estatal es la guerra.
Según Chávez, por razones logísticas las FARC aún no han informado las coordenadas a donde se tienen que movilizar los dos helicópteros para recoger a las dos rehenes y el chico.
“Tengo fe en que haya una cooperación plena”, agregó, y a continuación mencionó aviones “made in USA” que “andan dando vueltas con todos los equipos electrónicos”, y que las FARC temen ser localizadas si se ponen en contacto con la misión.
Pero las FARC darán a conocer sus coordenadas al CICR al menos unos 15 minutos después de que los helicópteros hayan iniciado su vuelo, según una fuente que tiene a un familiar rehén de las FARC, y quien participó en una misión humanitaria similar, cuando la guerrilla devolvió unilateralmente a dos policías capturados en un combate.
Y sí es cierto que un avión espía estadounidense de comunicaciones sobrevuela la región, pero no significa que lo haga con motivo de la Operación Emmanuel.
Se trata de que Big Brother mantiene un avión que diariamente, desde hace años, va de la base militar estadounidense de Manta, en la costa ecuatoriana, hasta la también base militar estadounidense en la isla de Curazao, frente a la costa venezolana, y regresa. Todos los días.
Vuela por encima de los Llanos, la inmensa sabana plana que constituye la Orinoquia, región que comparten Colombia y Venezuela.
Y, de vez en cuando, el avión, dotado de todos los equipos de interceptación electrónica imaginables, vuela un poco más al Este, digamos que por encima o cerca de Venezuela.
Junto con la tripulación viaja siempre un colombiano, que seguramente debe hablar buen inglés para entenderse con los demás a quienes acompaña.
Es obvio que las FARC saben del dichoso avión espía.
Pero también, no sobraría que alguien diga a Big Brother que, mientras el mundo está expectante sobre lo que ocurra con la liberación de Clara, Consuelo y Emmanuel, suspendan el sobrevuelo rutinario.
¿Quién le pone el cascabel al gato? Alguien que le diga en buen inglés a la gente del complejo militar-industrial estadounidense: Oye, por favor, quita ese avión.
Porque el episodio en el que mi fuente participó (la liberación de dos policías) abortó, debido a que el lugar de las coordinadas que comunicaron las FARC, ya el helicóptero en vuelo, fue de inmediato bombardeado. Y la misión tuvo que ser repetida días después.
diciembre 28th, 2007
Este viernes, los cabos del ejército colombiano Libio Martínez y Pablo Emilio Moncayo cumplen 10 años en calidad de prisioneros de guerra de las FARC. Uno de los argumentos que el presidente Álvaro Uribe esgrime para no negociar su liberación, es que la tropa se desmoralizaría si, como producto del canje, salen libres guerrilleros que están en la cárcel.
¿No desmoraliza que el Estado no se ocupe de la libertad y la vida de estos dos hombres?
diciembre 17th, 2007
Figuras como Luis Carlos Galán o Rodrigo Lara Bonilla brillan cada vez más en el tiempo. Ellos entendieron la dimensión del poderoso monstruo. No fueron los únicos, y muchos otros tampoco sobrevivieron.
Una noche, dos semanas antes de su asesinato por el Cartel de Medellín, el entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara acudió a una invitación de un grupo de periodistas en la sede de la Fundación Friedrich Ebert en Bogotá.
Luego de trazarnos un amplio panorama sobre la omnipresencia del narcotráfico en la sociedad, y sobre todo en la alta sociedad, concluyó que los que no estamos metidos en narcotráfico en Colombia, ni nos lucramos de él, cabíamos, toditos, en la diminuta isla de Gorgona, frente a la costa Pacífica.
En esa década de los 80 se comentaba en los corrillos de prensa que los narcotraficantes estaban enviando a sus hijos a estudiar a las mejores universidades del mundo, porque el proyecto era que regresaran a mandar. Limpios ante la justicia, por supuesto.
La verdad, uno no entiende cómo es que jóvenes que tienen todo nuestro afecto y solidaridad, hijos de padres admirables asesinados por el narcotráfico, aceptan o han aceptado cargos en este gobierno.
La pregunta queda abierta.
Rodrigo Lara Restrepo tenía ocho años cuando su padre fue asesinado en una calle de Bogotá, protegido por fuerte escolta, el 30 de abril de 1984. Casi 23 años después, en marzo de 2006, aceptó el cargo de Zar Anticorrupción, precisamente en el gobierno de Álvaro Uribe. Con ello, dejó boquiabierto a más de uno.
El pasado día 12, renunció. Y hoy, 14, habló.
Para explicar por qué trabajó con el gobierno Uribe, él dice que “perder el odio es empezar una nueva vida”, y yo le creo. Dice que nunca revisó el expediente sobre la muerte de su padre. Le creo.
Para un niño que vivió un episodio tan traumático, evadir durante un tiempo, largo o breve, quizá sea necesario para fortalecerse y labrarse una personalidad autónoma. Las convicciones son más fuertes cuando provienen de cosecha propia.
El posible fin de esa etapa de evadir, para el joven ex Zar Anticorrupción, sobrevino porque el 9 de diciembre el laureado periodista investigativo colombiano Gerardo Reyes publicó en El Nuevo Herald, de Miami, extractos de una de tantas declaraciones bajo juramento que han sido echadas al olvido por la justicia colombiana.
La hermana del inmolado ministro, Cecilia Lara Bonilla, dijo en julio de 1984 al juez 77 de instrucción criminal de Bogotá que Rodrigo Lara mencionó al hoy presidente Álvaro Uribe Vélez y a su padre, Alberto Uribe Sierra, como ejemplos de la infiltración de la mafia en sociedad.
La declaración de Cecilia Lara “sugiere que el ex ministro consideraba que Uribe Sierra estaría vinculado con el mundo del narcotráfico” porque un helicóptero de una firma de la que era socio fue encontrado en “Tranquilandia”, gigantesca zona industrial del narcotráfico en el Yarí, sur de Colombia.
“Tranquilandia” fue atacada por la policía colombiana y la DEA estadounidense el 10 de marzo de 1984. El golpe contra la mafia fue tan grande, que disparó el precio de la cocaína en las calles de New York. Uribe Sierra había sido asesinado nueve meses antes, el 14 de junio de 1983.
El ministro “dijo que lo de ‘Tranquilandia’ era muy grave y comprometía a gente muy importante de la política del país, que el helicóptero que habían cogido en ‘Tranquilandia’ era del papá de Alvaro Uribe Vélez», cita el Nuevo Herald la declaración juramentada de Cecilia Lara, “fue entonces cuando me dijo, en ese momento: ‘La mafia ha entrado todos los estamentos del país, no sólo a la política sino a la economía’ ».
Cecilia Lara agregó que su hermano, al mencionar el helicóptero, aseguró que Uribe Sierra había sido asesinado bajándose del aparato, »inclusive me contó que Álvaro Uribe [Vélez] había dado declaraciones a la prensa de que al papá lo había matado la guerrilla porque no se había dejado secuestrar».
Dice que se ratifica »en todas y cada una de las palabras» de su testimonio de entonces. Que no cita nombres hoy, porque algunas personas mencionadas por ella en esa época pueden haber corregido su rumbo.
»Yo creo que él sí tenía muchas dudas de Uribe [Vélez]. Él nos las manifestó claramente», le dijo ahora a El Nuevo Herald.
El helicóptero en cuestión es marca Hugues-500, modelo 369D, construído en 1980, matrícula HK 2704E expedida por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil al día siguiente de su importación el 27 de octubre de 1981 (un trámite que suele demorar al menos 20 días). Quien dirigía entonces Aeronáutica Civil era Álvaro Uribe Vélez.
Uribe Sierra era ganadero y criador de caballos del noroccidental departamento de Antioquia, de donde también proviene el Clan Ochoa, criadores de caballos y, junto con Pablo Escobar, fundadores del Cartel de Medellín.
Se han publicado fotos de Uribe Sierra participando como rejoneador en una corrida de toros en beneficio de “Medellín Sin Tugurios”, el proyecto de vivienda social que promovió Escobar en la capital de Antioquia cuando decidió hacer avalar con votos su inmenso poder conseguido como narcotraficante.
También se han publicado fotos de celebraciones en el medio caballístico de Santiago Uribe Vélez, otro controvertido hermano del presidente, con los Ochoa.
“Tranquilandia” pertenecía a los Ochoa, a Escobar y a Gonzalo Rodríguez Gacha, este último uno de los principales engranajes de la mafia con las fuerzas militares para matar comunistas, que por entonces integraban el grueso de líderes de la Unión Patriótica.
El diario estadounidense también desempolvó otra declaración juramentada del coronel de la policía, Jaime Ramírez Gómez, quien coordinó la operación contra “Tranquilandia”.
Lara Bonilla “me manifestó que si a él le hacían un atentado iban a ser los que eran propietarios de lo cogido en Yarí cuando se descubrieron los laboratorios de cocaína. Le pedí una mayor explicación y él me dijo: ‘Sí, los dueños del helicóptero y los aviones que ustedes cogieron en el Yarí’”, declaró Ramírez.
El presidente Uribe argumenta que la firma por entonces propietaria del helicóptero, Aerofoto Amórtegui y Cía. Ltda., de la cual era socio su padre, habría vendido la nave antes de la operación antinarcóticos de “Tranquilandia”.
El 28 de marzo de 1984, 17 días después del golpe a “Tranquilandia”, Aerofoto Amórtegui reportó a la Aeronáutica Civil la supuesta venta del aparato a Pedro Fidel Agudelo Chávez.
Como prueba, la compañía anexó, no un certificado de traspaso de propiedad de la nave, sino un documento suscrito ante notario en febrero de ese año entre Agudelo y Jaime Uribe Vélez (fallecido en 2001), en el cual el hermano del actual presidente se comprometía a entregar el helicóptero al aparente nuevo propietario, en pago de una supuesta deuda dejada por Uribe Sierra. El traspaso de propiedad se haría al final del complejo proceso de sucesión.
El diario de Miami aporta los siguientes datos escalofriantes:
“Una fuente cercana a los Ochoa dijo a El Nuevo Herald que Agudelo, el nuevo propietario del helicóptero, fue un trabajador de Fabio Ochoa, narcotraficante condenado en Estados Unidos a 30 años de prisión”.
Según la revista cultural colombiana El Malpensante, edición de septiembre 2007, Agudelo fue testaferro de Rodríguez Gacha en la compra de obras de arte.
Y aunque la Aeronáutica Civil canceló el 11 de abril de 1984 la licencia del helicóptero confiscado en “Tranquilandia”, el aparato siguió volando y aparentemente el traspaso de propiedad jamás se hizo.
“Según logró establecer El Nuevo Herald, el primero de mayo de 1986 un helicóptero con las mismas características y similar matrícula cayó con cocaína en un céntrico sector de Medellín. El diario El Colombiano publicó la noticia: ‘El helicóptero de matrícula HK 2704 es de propiedad de la firma Aerofoto Amórtegui y Cía. Ltda. de la ciudad de Medellín’.”
Por su parte, el periodista Gonzalo Guillén, corresponsal local de El Nuevo Herald, consigna en su libro Los Confidentes de Pablo Escobar (Ediciones Un Pasquín, Bogotá, mayo de 2007) que en el expediente oficial del helicóptero todavía no aparece el traspaso a nombre de Agudelo.
Agrega Guillén que las autoridades aeronáuticas (al momento de escribir el libro) «dicen desconocer el paradero del HK-2704X, el cual fue adjudicado a la Policía Nacional, y once años después de haber sido decomisado en el complejo cocalero, la Fiscalía ordenó devolverlo a los dueños legítimos con el argumento de que no hubo, a la postre, sentencia judicial alguna que comprobara oficialmente la relación del helicóptero con el narcotráfico, a pesar de haber sido encontrado en el laboratorio de cocaína más grande del mundo en todos los tiempos.»
Rodrigo Lara Restrepo argumenta, como una de las razones para no haber leído el expediente sobre la muerte de su padre, que la investigación «no llegó a nada», y apenas «condenó a unos miserables sicarios. Condenó a un niño de 18 años».
El juez Tulio Manuel Castro Gil, que acusó a Pablo Escobar del asesinato del ministro Lara, fue asesinado en 1985. En noviembre de 1986 fue asesinado el coronel Ramírez. Rodríguez Gacha fue abatido en 1989 por las autoridades, y Pablo Escobar en 1993.
Por cierto: a los periodistas colombianos que abordan estos temas los cercan con amenazas de muerte, y el presidente enfurecido les dice todo tipo de improperios. Si me va a llamar a mí, crucen los dedos para que no me coja ese día de mal genio.
diciembre 14th, 2007
“Sé que todos pueden vivir sin mí, menos tú”.
noviembre 30th, 2007
A propósito de los coloridos episodios en la XVII Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile, he aquí un extracto de una entrevista IPS al senador Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo (izquierda), el 10 de mayo de este año. Para entonces, por ejemplo el Grupo Prisa (dueño de El País de Madrid, entre otros medios) era ya dueño de Caracol Radio, cadena radial originalmente colombiana y con sede en Bogotá. Ahora, además, el Grupo Planeta, cercano a Aznar, es dueño –por ahora- del 55 por ciento del bogotano diario El Tiempo, el principal de Colombia. Petro hablaba a IPS sobre el silencio español frente a los crímenes de los paramilitares:
“España es la puerta de entrada de Europa en América Latina. Se escucha la voz de España para la toma de decisiones que tengan que ver con América Latina por parte de la Unión Europea. España ha venido adoptando, con algunas excepciones, una política de defensa de los intereses comerciales de sus empresas en América, que en Colombia son muy fuertes. Incluso, las ganancias en Colombia llegaron a equilibrar las grandes pérdidas obtenidas en Argentina y Brasil durante la crisis. Y eso hace que la voz de España sea la voz de sus empresas, y no la de la humanidad. Estas empresas –el actual presidente (Álvaro Uribe) fue miembro de la junta directiva de una de ellas, el Banco Santander- lo que sugieren siempre es tener buenas relaciones con el gobierno y no meterse en honduras. Y efectivamente, tanto el gobierno de Aznar, como el de Zapatero, no han tocado el tema de los derechos humanos en Colombia. Del crimen contra la humanidad en Colombia”.
Los «30 mil cadáveres descuartizados en fosas comunes» por paramilitares “no les parecen nada. Ocultan esa realidad ante su propia ciudadanía, incluso habiendo (entre ellos) ciudadanos españoles muertos. Y Europa lo desconoce”.
noviembre 12th, 2007
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