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Una Alerta de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, el 8 de septiembre, dio cuenta de que «pocas horas antes del estreno de un documental sobre la masacre de Mapiripán, un coronel del Ejército exigió la revisión de su contenido. Ante la negativa de los autores, el funcionario militar prohibió la exhibición de la cinta. Ésta hacía parte de la programación de la ‘Semana por la paz’, evento liderado por varias organizaciones sociales en Colombia», que transcurre actualmente.
«El documental, llamado ‘¿Por qué lloró el general?’, examina el proceso judicial de la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997. Ese año, un grupo de paramilitares – con la colaboración de miembros del Ejército – se tomó esa población del departamento del Meta y torturó y asesinó a 49 civiles. Los autores del filme defienden la inocencia del único alto mando implicado, el general Jaime Humberto Uscátegui, y cuestionan la impunidad en el proceso.
«El director del documental, José Jaime Uscátegui – hijo del general acusado -, y dos jóvenes realizadores, Hernán Ruiz y Gonzalo Rodríguez, contrataron los servicios del Teatro Patria para el lanzamiento, programado para el martes 5 de septiembre de 2006. Si bien este teatro es propiedad del Ejército, fue entregado en arriendo a un particular.
«El día anterior al evento, y después de hacer los pagos correspondientes, recibieron una llamada del administrador del teatro, Manuel Díaz Rivera. Éste les dijo que su asesor tenía que ver el documental antes de la función: ‘Yo no voy a exponerme por un evento. Lo mira el asesor del teatro y el dice si se puede o no se puede’, afirmó Díaz. El ‘asesor’ era realmente un coronel del Ejército, quien según Uscátegui es Julio César Becerra Avellaneda, Comandante del Batallón de Apoyo y de Servicios para la Educación Militar.
En grabaciones que la FLIP conoció, Becerra dice que ‘hasta que nosotros no conozcamos el material, no podemos autorizar la presentación’.
«Aunque se negaron inicialmente, Uscátegui y los realizadores finalmente aceptaron que el coronel Becerra viera la pieza antes de la función. Pero una vez en el teatro, el militar se limitó a decir que el espacio ya había sido destinado para otro evento. A la hora programada para el lanzamiento, la Policía Militar se tomó las afueras del teatro, mientras más de 200 personas protestaban pacíficamente por lo que consideraron un acto de censura. Hernán Ruiz, uno de los realizadores afirmó que no entendía ‘las razones para que los militares prohíban a última hora proyectar el documental, desconociendo el contrato existente y el derecho de todo ciudadano a expresarse libremente’.
«La FLIP contactó telefónicamente al coronel Julio Cesar Becerra Avellaneda quien afirmó: «Es absurdo. No sé a qué se refiere, yo no manejo ningún teatro». Por su parte, la FLIP no pudo hablar con el administrador del teatro, sin embargo, una asistente de él dijo que la proyección se había cancelado por razones «mucho más importantes» que se negó a mencionar.
(Oiga en http://www.flip.org.co/ las afirmaciones del coronel Becerra y del administrador del teatro y vea la foto de los militares a las afueras del teatro).
La FLIP exhortó al Ejército «para que a la mayor brevedad levante la restricción y permita la proyección de la cinta».
Agregó la organización que «El alto mando militar desconoció la prohibición general de censura que consagra el artículo 20 de nuestro Constitución Política, su jurisprudencia y los tratados internacionales. Sobre el particular, ha dicho la Corte Constitucional: ‘La censura es el más aberrante de los controles previos a la libertad de la prensa y de los demás medios de comunicación porque representa el mayor grado de invasión del núcleo esencial de dicha libertad.'»
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EL CASO MAPIRIPÁN: «RAZONES MUCHO MÁS IMPORTANTES»
Por Constanza Vieira, con información recabada en 2004 para IPS
Cuando ocurrió la masacre de la sudoriental localidad de Mapiripán, en julio de 1997, el hoy general retirado Jaime Alberto Uscátegui era comandante de la 7 brigada del ejército. En el juicio que se le adelanta, es acusado de falsedad intelectual y, por omisión, de homicidio agravado y secuestro agravado.
La matanza ocurrió en una aldea por entonces de 1.000 habitantes en lo que era el epicentro cocalero del sudoriente, en la región de Orinoquia, con presencia histórica de las FARC, alzadas en armas desde 1964.
Doscientos paramilitares de las AUC -unos 50 enviados en avión por el entonces jefe de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño desde Urabá- se tomaron Mapiripán. Entre el 15 y el 20 de julio clausuraron los accesos por río y tierra y, lista en mano, arrancaron de sus casas a civiles desarmados. De los 49 muertos, sólo han sido identificados ocho.
El documental del hijo de Uscátegui se pregunta por qué no está siendo investigada la Brigada 17 del ejército, con sede en Urabá: ¿cómo pudo salir el avión sin su conocimiento?
Leonardo Cortés era por entonces juez de Mapiripán y la única autoridad estatal que permaneció en el pueblo, pues todos los funcionarios de la administración local se habían marchado con sus familias ocho días antes: qué casualidad.
Desde su ventana, el juez vio cómo varios vecinos eran conducidos por los paramilitares a las instalaciones del matadero municipal y escuchó los gritos y súplicas que emanaban de ese lugar, convertido en centro de torturas.
Las víctimas eran colgadas vivas de los garfios destinados a las reses, y allí les cortaban las extremidades con una motosierra.
La seguridad de esa región estaba a cargo de Uscátegui, quien alega inocencia y dice haber descubierto cómo sucedieron las cosas, pero pide un precio por guardar silencio: que la fiscalía allane un final del juicio que le sea favorable.
Una advertencia equivalente a la de los jefes paramilitares a cambio de su desmovilización y su silencio sobre la complicidad de lás élites económicas y sus voceros en la política: «Ni un día de cárcel, ni en Colombia ni en el exterior», pues varios de ellos tienen pendientes procesos en Estados Unidos por narcotráfico. El pulso apenas se está resolviendo por estos días, cuando ya quizá los ultraderechistas y sus asesores han comprendido que, si no hacen aunque sea un simulacro de reclusión, se van para la justicia universal.
Las investigaciones demostraron que se facilitó el paso y se ayudó logísticamente a los paramilitares para que llegaran a Mapiripán.
Por coordinar la operación, recibió 40 años de condena el coronel Lino Sánchez, entonces comandante de la brigada móvil 2 del ejército, con asiento en San José del Guaviare, a cuatro horas por carretera de la aldea. El sargento Juan Carlos Gamarra recibió una pena de 22 años de prisión y otro suboficial, 32 años.
El día en que comenzó la matanza, el juez Cortés logró comunicarse por teléfono con el entonces mayor Hernán Orozco, comandante del batallón Joaquín París, quien además fue informado por la Inteligencia de su fuerza.
Orozco solicitó a su superior, Uscátegui, que protegiera a los habitantes con la brigada móvil 2, dotada de helicópteros artillados, centenares de soldados comandados por el coronel Lino Sánchez, y a cinco minutos de vuelo de Mapiripán.
El refuerzo nunca llegó, y más tarde Orozco fue «amenazado por el paramilitarismo y por los oficiales de la fuerza pública que son responsables de estos hechos», afirmó el abogado de derechos humanos Eduardo Carreño.
Orozco está exiliado y protegido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras el juez, blanco de advertencias para que alterara las denuncias, también optó por el exilio.
El posteriormente asesinado Carlos Castaño fue condenado a 40 años de prisión por estos hechos. Según él, sus hombres habían matado guerrilleros. Pero el abogado Carreño asegura que las víctimas eran opositores del alcalde y su equipo, que habían denunciado su corrupción.
«Las personas ejecutadas eran liberales o de la Unión Patriótica«, mientras la administración local pertenecía al Partido Conservador, precisó.
En Barrancón, 35 kilómetros al oeste de Mapiripán, está la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército.
Mientras se perpetraban las muertes, transcurrían allí las sesiones finales de un curso sobre planificación y toma de una decisión militar en la infantería liviana, dictado por boinas verdes del grupo 7 de las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses. El coronel Sánchez actuaba como alumno aplicado.
Pero tres semanas antes de la masacre, Sánchez había propuesto al comandante de la Base Antinarcóticos que facilitara el acceso de los paramilitares al Guaviare, pues «luchaban contra un enemigo común y tenían la posibilidad de dar una lección a la guerrilla» de las FARC, señala la sentencia condenatoria del coronel.
Antinarcóticos se negó a cooperar con Sánchez, pero sólo denunció la propuesta seis meses después, por presión de los investigadores.
Los despavoridos sobrevivientes «salieron de Mapiripán por río, por carretera y por avión», relató Carreño, reconstruyendo los hechos para una nota de esta periodista en IPS.
Nadie regresó. Según Carreño, la aldea es habitada hoy por «gente que no es de la región». Sería interesante mirar los resultados de la votación en Mapiripán, como una pista para entender quién los llevó y a quién le están agradecidos por ocupar hoy bienes de víctimas.
LO QUE SABE USCATEGUI
En una conversación cuyo contenido fue filtrado el 29 de marzo de 2004 a la revista bogotana Cambio, Uscátegui manifestaba a un interlocutor no identificado que era inocente, que no pensaba quedar solo como responsable de la matanza y que, si hablaba, sería el peor escándalo del país, y podría llevar al cese de la ayuda militar estadounidense a través del Plan Colombia antinarcóticos.
La justicia ha mantenido en secreto información «porque no conviene que salga a la luz pública», agregaba Uscátegui.
Gamarra, uno de los condenados en 2003, era jefe de inteligencia del batallón Joaquín París. Uscátegui fue mucho más explícito que la sentencia al describir el contenido de 300 archivos digitales cifrados y guardados en un computador del sargento preso.
«Los panfletos que entregaron las autodefensas en la masacre de Mapiripán los hicieron en ese computador, en el batallón París. Igual hicieron con los panfletos que entregaron ocho meses después en Puerto Alvira» en la misma región, donde se cometió una matanza similar, afirmó Uscátegui.
En el computador «también estaban las planillas de pago mensuales, las nóminas de todo el frente Guaviare de las AUC, que eran 93 hombres y mujeres con los alias, sus cargos y lo que devengaban», añadió el general retirado.
Uscátegui mencionó en su conversación telefónica un elemento clave: «el vínculo con los paramilitares no sólo era en el Guaviare, sino que venía desde el Urabá antioqueño», bajo jurisdicción del general Rito Alejo del Río cuando gobernaba Antioquia el ahora -y quizá por toda esta generación- presidente Uribe. ¡Guau! ¿Puede ser esta una explicación del extraño comentario de la secretaria del Teatro Patria: que la proyección se había cancelado por razones «mucho más importantes»?
Uscátegui reveló que, tras la matanza, la brigada móvil 2 y el batallón París no persiguieron a los asesinos. Y la brigada hizo «una operación gigantesca, aplastó a las FARC y colocó un colchón de aire o de seguridad para que se salieran los ‘paras'» (paramilitares) de la zona.
«El Ejército no sólo tiene vínculos, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC para que no golpearan a los paras por habérseles metido en su territorio», aclaró el militar.
Total: ahora sí, hay que ver la película «¿Por qué lloró el general?». Debe contener muchos más detallitos, por no decir que «razones mucho más importantes».
septiembre 8th, 2006
Además, aumenta el número de sindicalistas desplazados y de familias sindicalistas amenazadas.
La cifra fue dada a conocer por Domingo Tovar Arrieta, director del departamento de derechos humanos y solidaridad de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, en una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a funcionarios gubernamentales y estatales en la que denuncia seguimientos y amenazas contra su familia.
Tovar deja consignado que en los últimos meses ha informado a las autoridades sobre llamadas amenazantes a él y a sus hijos, sus padres y su compañera), así como «llamadas comprometedoras» a su teléfono inhalámbrico «por personas desconocidas». Además, manifiesta la «certeza» de que sus teléfonos están interceptados.
Señala también la presencia ocasional de «falsos policías» cerca de su vivienda.
En Bogotá, «en los últimos meses he sido seguido por vehículos, que casi siempre son reportados a la policía o DAS y casi nunca dan respuesta alguna: Taxi placas SHM 42 (tres personas, dos mujeres y un hombre), camioneta cherokee blanca polarizada CHZ 583, taxi VDJ 066 chevrolet (tres personas), moto AXF 66 color azul (dos personas)».
Según Tovar, al menos una de esas personas que lo vigilan secretamente habría viajado con él a regiones dentro de Colombia.
«Cuando viajé a Corozal (Sucre) por calamidad doméstica fui hostigado permanentemente por una moto Yamaha sin placas, dos personas y una camioneta blanca sin placas, siempre estuvo rondando la casa de mis padres; he de anotar claramente que ni el DAS ni la policía en Sucre, nunca prestaron ninguna colaboración, aún llamando al comando», agrega, y declara su preocupación puesto que el programa de protección del Ministerio del Interior y de Justicia (Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos, CRER) no tiene presupuesto para pagar los tiquetes aéreos de sus escoltas, por lo que le ha tocado viajar sin ellos.
Tovar anota que representa a la CUT ante el CRER, así como en mesas de diálogo con Vicepresidencia de la República, donde denuncia al paramilitarismo y a miembros de organismos de seguridad. «Luego de estas reuniones la situación de seguridad se torna más difícil», agrega.
El líder sindical solicita «la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH y demás organismos internacionales defensores de Derechos Humanos y al movimiento sindical mundial para que con base en los convenios y tratados internacionales exija al gobierno de Colombia garantías y respeto a la vida de mi familia y la mía propia, ya que desde el 1 de enero hasta la fecha son 49 sindicalistas asesinados, 138 amenazados y es progresivo el número de desplazados y de familias sindicalistas amenazadas» subraya.
«Estoy exigiendo al Estado-gobierno su responsabilidad en garantizar la honra y la vida de sus conciudadanos en todo momento y lugar y mucho más a quienes dentro de la democracia como principio ejercemos oposición al gobierno y sus políticas», agrega quien además es miembro del izquierdista Polo Democrático Alternativo.
La carta de Tovar, fechada el 5 de septiembre, está dirigida a Santiago Canton, secretario ejecutivo de la CIDH en Washington, Francisco Santos, vicepresidente de Colombia, Carlos Holguín Sardi, ministro del Interior, Rafael Bustamante, director general del programa de derechos humanos de ese mismo ministerio, Andrés Peñate, director del DAS, y Luis Carlos Toledo, delegado de la Procuraduría ante el CRER.
septiembre 6th, 2006
«Nadie entiende en las FARC de dónde saca el gobierno que los contactos para el canje avanzan por buen camino, si hasta el día de hoy no se ha producido el primer encuentro directo con las FARC», opina el 28 de agosto el miembro del secretariado del estado mayor de las Farc, Iván Márquez, en el sitio web de esa guerrilla.
«Lo más práctico es despejar de tropas el territorio propuesto para el diálogo, o ‘pre- diálogo’, si ese es el término que complace al gobierno. Lo importante es que se de el cara a cara gobierno-FARC para convenir el intercambio humanitario», puntualiza.
Márquez vuelve a dejar claro que:
- Las Farc exigen el despeje de los municipios de Pradera y Florida en el Valle del Cauca, al suroccidente de Colombia.
- No dejarán la seguridad de sus comandantes negociadores en manos de nadie más que de sus propias tropas.
- Y que sin Simón Trinidad y la guerrillera Sonia, extraditados por Uribe a Estados Unidos, no hay canje.
Por cierto, gran escándalo en la corte estadounidense que juzgará a Trinidad, porque éste le escribió una carta a su novia guerrillera, una atractiva mujer que el periodista sueco Dick Emanuelsson encontró, en 2005, al frente de una de las emisoras de esa insurgencia campesina. La justicia estadounidense tomó el escrito, nada menos, como ¡prueba! de que Trinidad pertenece a las Farc, informó el 3 de septiembre el telenoticiero Noticias Uno. Como si alguien sobre el planeta Tierra lo estuviera poniendo en duda.
El jurado que decidirá la suerte de Trinidad y de Ingrid Betancourt, entre muchos otros privados de la libertad, será escogido un día emblemático: el 11 de septiembre.
Tal como van las cosas : Libertad de Ingrid Betancourt podría demorar años
septiembre 3rd, 2006
«Los consumidores colombianos comerán la misma carne que la que comen los estadounidenses», resumió el ministro colombiano de Comercio al explicar por qué el país andino cedió ante los reticentes negociadores estadounidenses del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y aceptó la importación de carne de reses mayores de 30 meses, más susceptibles de estar afectadas por el mal de las «vacas locas». La declaración fue avalada por el ministro de Protección Social, además del ministro de Agricultura. La enésima concesión colombiana puso, por ahora, punto final al texto del tratado, que la última semana de agosto comenzó el trámite ante el Congreso estadounidense.
Pero Estados Unidos está calificado por la Organización Internacional de Sanidad Animal como país de «riesgo indeterminado» en materia del mal de las «vacas locas», por haber presentado focos de esa enfermedad. Y el 21 de julio de 2006, Los Angeles Times publicó que las severas pruebas para detectar las «vacas locas» se han reducido en el 90 por ciento, debido a su alto costo: un millón de dólares a la semana.
Por cierto, el arroz de grano largo estadounidense fue declarado de prohibida importación por Japón, debido a que contiene una proteina transgénica que ni siquiera ha sido aprobada para consumo interno en Estados Unidos. Por la misma razón, la Unión Europea mantiene demorada la importación de ese cereal.
Y la macadamia, cuya sola mención emociona al ministro colombiano de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien la propone como la gran alternativa para los arroceros que quebrarán por el TLC, registra inventarios sobrantes y caída de precios en Hawaii, primer productor de Estados Unidos.
Todo según Aurelio Suárez Montoya en esta nota de Argenpress.
septiembre 3rd, 2006
Por Constanza Vieira
Además de la parlamentaria Muriel Benito-Revollo, aliada del desaparecido jefe paramilitar ‘Rodrigo Cadena’ en San Onofre, Sucre, al norte de Colombia, donde desde 2001 los paramilitares han perpetrado cerca de 2.000 desapariciones forzadas, y donde muchos de los crímenes «se cometieron para eliminar a los opositores políticos» de Benito-Revollo, el Llamamiento a la Memoria, de Hijas e Hijos por la Memoria y contra la Impunidad, hecho público el 9 de marzo, invita a no votar otros nombres en las elecciones parlamentarias del domingo.
Los dirigentes de Colombia Viva «han expresado públicamente sus afinidades con el proyecto paramilitar», recuerda el llamamiento.
En anteriores elecciones, en varios departamentos caribeños con amplio control paramilitar, este movimiento obtuvo cinco gobernadores, 13 congresistas, 27 alcaldes y 365 concejales.
«En muchos de estos sitios sus líderes fueron candidatos únicos y sus listas obtuvieron votaciones casi absolutas. Sus opositores tuvieron que renunciar bajo presiones», rememora Hijas e Hijos, y a continuación menciona a tres parlamentarios actuales y aspirantes a ser reelegidos, Dieb Maloof, Habib Merheg y Vicente Blel..
Maloof fue uno de los que levantó sospechas entre los atentos observadores de los procesos electorales, pues en las elecciones de 2002 obtuvo votaciones exorbitantes para la costumbre colombiana: el 90 por ciento de los votos en Remolino, el 87 por ciento en Chivolo y el 85 por ciento en Salamina, todos municipios de la costa, según la Registraduría Nacional, entidad a cargo de las votaciones.
Merheg fue acusado por la ex senadora liberal Piedad Córdoba, actual candidata al senado, de tener vínculos con el jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, ‘Macaco’, considerado el más poderoso de las AUC.
«Blel figura en un proceso judicial en Estados Unidos, y fue delatado ante la justicia por el narcotraficante Víctor Patiño Fómeque de ser su testaferro desde principios de 1990», rememora Hijas e Hijos.
El líder de Alas – Equipo Colombia y candidato actual al senado, Álvaro Araujo, fue acusado por el parlamentario izquierdista Gustavo Petro de ser cómplice de los paramilitares del nororiental departamento del Cesar.
«Contra otro de sus candidatos, el general (r) Jaime Ernesto Canal, existen indicios de que en 1999, cuando estaba al mando de la Tercera Brigada del Ejército, creó un grupo paramilitar y le facilitó armas e información», afirma el llamamiento, que además recuerda que el general absolvió a colegas suyos ante la justicia penal militar por una matanza.
Colombia Democrática fue creado por el primo del actual presidente, senador Mario Uribe, quien excluyó de su lista a las parlamentarias Rocío Arias y Eleonora Pineda porque de ello dependía su visa a Estados Unidos. Arias y Pineda, que en septiembre reconocieron su admiración por los jefes de las AUC Salvatore Mancuso y ‘Don Berna’, fueron acogidas por otras listas uribistas.
Un escolta de Arias fue capturado junto con el jefe paramilitar Eduardo Orlando Benavides, acusados del asesinato de tres dirigentes políticos del departamento del Meta, al sur de Bogotá.
El parlamentario Álvaro García Romero es señalado por Hijas e Hijos de ser «aliado del jefe paramilitar ‘Rodrigo Cadena’.
García fue acusado por Petro en un debate parlamentario de agotar, mediante corrupción, los recursos públicos del departamento de Sucre y de haber participado en el asesinato del alcalde del municipio de El Roble, Eudaldo Díaz, en abril de 2003.
Un curtido senador del nororiental departamento de La Guajira, Miguel Pinedo Vidal, sería aliado de los jefes paramilitares ‘Hernán Giraldo’ y ‘Jorge 40’, quien se desmovilizó este viernes. La Guajira está bajo control paramilitar.
El controvertido general (r) Rito Alejo del Río, a quien el propio Uribe llamó «el pacificador de Urabá», la zona bananera al norte de los departamentos de Antioquia y Córdoba, es señalado por las comunidades afrodescendientes del río Atrato de haber aplicado en 1997 en la región una estrategia combinada militar-paramilitar que condujo a masacres y desplazamiento forzado, «con el fin de implantar en la región empresas palmicultoras pertenecientes a la familia Castaño Gil», fundadores de las AUC, dice Hijas e Hijos.
Otro ex militar candidato al senado, coronel (r) Alfonso Plazas Vega, es señalado como responsable de la desaparición de 17 civiles durante la retoma militar del Palacio de Justicia, que fue asaltado por la guerrilla M-19, hoy disuelta, en noviembre de 1985.
Hijas e Hijos recuerda además que Plazas Vega, desde la Dirección Nacional de Estupefacientes, habría cedido al lucro privado de personas cercanas suyas propiedades confiscadas a narcotraficantes. También, desde ese cargo, ordenó la fumigación indiscriminada con glifosato de territorios campesinos, una polémica estrategia para destruir los sembrados de coca, materia prima de la cocaína de la cual Colombia es primer productor mundial.
La asociación de víctimas no menciona a Héctor Julio Alfonso, aspirante a la cámara baja por el partido uribista Apertura Liberal, tras ser expulsado de la lista conservadora.
Alfonso es hijo de la empresaria de apuestas Enilse López, ‘La Gata’, de quien se dice tiene vínculos con el paramilitar Mancuso, cercana al extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, jefe militar del Cartel de Medellín, y quien está actualmente detenida acusada de lavado de activos y apropiación de dineros públicos de la salud.
Tan pronto ‘La Gata’ fue trasladada a Bogotá, entre 10 y 20 parlamentarios pidieron al fiscal general que les permitiera hablar a solas con ella, antes de que declarara ante la Fiscalía, pero los nombres de los políticos no han sido revelados por el funcionario. El presidente Uribe reconoció que la empresa de la mujer donó más de 44 mil dólares a su primera campaña en 2002.
Aparentemente por presión de Estados Unidos, el presidente Uribe pidió excluir de las listas uribistas a Luis Eduardo Vives, Jorge Luis Caballero y Jorge Castro.
Vives se postuló en las pasadas elecciones a nombre del Movimiento Integración Popular (Mipol), un partido de la costa caribe, poco conocido. Según la Corporación Nuevo Arco Iris, tanto Mipol como Colombia Viva se multiplicaron junto con la expansión paramilitar a partir de 1999.
En las elecciones de 2002, según Registraduría, el senador Vives consiguió en Nueva Granada el 89 por ciento de los votos y en San Zenón, el 87 por ciento, ambas poblaciones del departamento del Magdalena, dominado por el paramilitarismo.
Por nexos con el paramilitarismo que él niega, Jorge Luis Caballero fue expulsado públicamente en una rueda de prensa de Cambio Radical, segunda fuerza uribista según las encuestas, pero fue acogido por Apertura Liberal, dirigido por la política tradicional Zulema Jattin, también uribista.
En las elecciones de 2002, Caballero, del departamento del Magdalena, obtuvo en el poblado de El Piñón 97.7 por ciento de los votos para la cámara baja; en Concordia, otro poblado, el 96.4 por ciento y en Tenerife, el 93.7 por ciento, según la Registraduría.
Para Antonio Navarro, ex guerrillero del disuelto M-19 y hoy senador y precandidato presidencial del izquierdista Polo Democrático Alternativo, «esos resultados son consecuencia de coacción armada sobre los votantes».
Para Navarro, las apabullantes votaciones muestran que estos políticos ya en 2002 tuvieron el apoyo de los paramilitares en el Magdalena. Navarro disputa este domingo la candidatura de la izquierda con el también senador del Polo y ex presidente de la Corte Constitucional Carlos Gaviria.
Castro, expulsado también de Cambio Radical por el mismo motivo, fue acogido por Colombia Viva.
En el Senado, durante la discusión del código electoral y de la ley de garantías elaborada tras la aprobación de la reelección inmediata que favorece a Uribe, Navarro propuso considerar que una votación superior al 75 por ciento en un municipio debería ser investigada, pero fue derrotado porque el gobierno se opuso.
También fue rechazada por el gobierno la propuesta de que no podría haber candidatos únicos ni a gobernaciones, ni a alcaldías.
El mismo Navarro observó que el propio presidente Uribe, originario del departamento de Antioquia, sólo en Envigado, ciudad aledaña a Medellín y que en sus tiempos era controlada por el narcotraficante Pablo Escobar, obtuvo una votación del 80 por ciento. El resto de votaciones por Uribe en su tierra natal fue normal en cada municipio.
Por eso, al precandidato izquierdista le llama la atención que Uribe, a quien los paramilitares han manifestado repetidamente su apoyo, haya obtenido el 95 por ciento de los votos en Sabanas de San Ángel, y cifras similares en Chivolo y Ariguaní, municipios del mismo Magdalena.
El 5 de enero de 2006, los senadores cordobeses Miguel De la Espriella y Juan Manuel López Cabrales se acusaron mutuamente, y delante del presidente Uribe, de vínculos con las AUC. De la Espriella sería amigo de Mancuso, según López. Un hermano de López estaría favoreciendo a los paramilitares con contratos públicos, según De la Espriella. Sólo luego de que las acusaciones trascendieron a los medios, 15 días después, Uribe dio a conocer su intención de que la fiscalía investigue.
La lista es aún más larga: las AUC han hablado de tener el 35 por ciento de las curules del actual parlamento. En http://www.salvatoremancuso.com/ se lee un artículo que pone en duda esa cifra, que ha sido citada por el propio Mancuso y por Vicente Castaño. Sea como sea, el texto subraya que en las elecciones del 12 de marzo las AUC duplicarán la presencia actual en el legislativo colombiano.++++
ELECCIONES – COLOMBIA:
Paramilitares buscan votos
por Constanza Vieira
BOGOTÁ, mar 10 (IPS) – Una entidad de hijas e hijos de víctimas de «la guerra sucia y el terrorismo» en Colombia llamó a la ciudadanía a no votar en los comicios parlamentarios de este domingo por las listas que postulan a presuntos paramilitares, sus cómplices y sus testaferros.
marzo 10th, 2006
Por Constanza Vieira
BOGOTÁ, 31 ene (IPS) – «Los casquillos y balas caían como granizo» en el fronterizo caserío ecuatoriano de Barranca Bermeja durante una incursión de la fuerza aérea de Colombia, dijeron aterrorizados habitantes del lugar. Para Quito, «el ataque fue premeditado».
Según fuentes directas en la zona, en el ataque del sábado pasado al poblado, con 70 por ciento de sus habitantes de origen colombiano, participó una flotilla de tres helicópteros Black Hawk, dos aviones de guerra y una aeronave radar.
Estos equipos forman parte del contrainsurgente Plan Colombia y su fase militar, el Plan Patriota, ambas operaciones financiadas por Estados Unidos.
La flotilla atacó una embarcación en la que viajaban civiles integrantes del Comité Binacional de los Pueblos de la Frontera del Ecuador y Colombia, que representa a 250 organizaciones de base de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos y 240 «veredas» (vecindarios rurales) de la zona limítrofe de los departamentos colombianos de Putumayo y Nariño.
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enero 31st, 2006
Por Constanza Vieira
En el departamento del Meta, Colombia, territorio donde se encuentra Vistahermosa, en cercanías de la Serranía de La Macarena y escenario el 27 de diciembre del peor revés militar para el gobierno de Álvaro Uribe en su guerra contra las FARC, se inició el 19 de enero la operación de erradicación manual de cultivos de coca más grande emprendida por gobierno alguno en el país andino.
Ha sido bienvenida, en principio, por muchos ambientalistas, la decisión de erradicar manualmente unos cultivos que suelen destruir sin miramientos las selvas colombianas, entre las más valiosas del planeta.
Subsiste eso sí el temor de que, si la operación Macarena resulta costosa en términos de enfrentamientos bélicos, el gobierno considere que tiene visa para fumigar con una mezcla potenciada del herbicida glifosato este parque nacional natural que contiene especies genéticas únicas en el planeta.
En qué consiste el tesoro de La Macarena
Los geólogos creen que la actual Suramérica fue la primera gran masa de tierra que se desprendió de Gondwana, el gran continente único original. Por eso sus especies de flora y fauna están entre las más primitivas del planeta.
Muchísimo tiempo después se desprendió la actual Norteamérica. Y hace poco, unos tres y medio millones de años, estas dos partes se juntaron, dando lugar a un intenso intercambio de especies.
El punto de encuentro se llamaría Colombia. Su selva del Darién, en el Chocó, en la hoy frontera con Panamá, es considerada internacionalmente por científicos la selva más biodiversa del planeta y también es escenario de la guerra civil originada a mediados de los 40, con breves años de treguas.
La Macarena, una mole selvática de 690.000 hectáreas, es una suerte de Arca de Noé. Más antigua que Los Andes, existía ya en épocas geológicas cuando la mayor parte de la América estaba bajo el agua y sirvió de refugio para miles de especies.
Se cree que La Macarena es uno de los «escombros» de Gondwana. Se la considera un banco genético único en el mundo. Allí se encuentran hoy plantas y animales en condiciones primigenias y, según los biólogos, inclusive hay especies que aún no han emprendido la dispersión genética.
Las FARC en su casa
La Macarena es bordeada por el Norte por el río Güéjar, y por el Sur, por el Guayabero. Ambos fluyen hacia la Orinoquia, en el oriente. El Guayabero, que brota en la vecina Cordillera Oriental de los Andes, marca en la historia colombiana uno de los cuatro lugares que fueron cuna de las FARC en 1964. Los otros fueron Marquetalia, Riochiquito y El Pato, más al sur sobre distintos puntos de la cordillera.
La Macarena y sus alrededores están sembrados de anillos de seguridad que resguardan desde hace decenios a la alta dirigencia de las FARC. Aquí la guerrilla literalmente está en su casa.
El arma que usa la guerrilla para asegurar su territorio son las minas antipersonal made in las montañas de Colombia y otras trampas explosivas prohibidas por tratados internacionales: la amenaza más temida por la fuerza pública y que más bajas le causa, y la más barata para la guerrilla.
Más del 60 por ciento del territorio de Colombia ha reportado incidentes con minas, que también son usadas para proteger los alrededores de las bases militares, con la debida señalización, así como por otros grupos guerrilleros surgidos también en los años sesenta y por los paramilitares, que entraron en escena en 1982.
La droga, combustible de la guerra colombiana
La operación sobre La Macarena, que llevan a cabo 930 contratistas erradicadores de arbustos de coca, es escoltada por 1.500 policías y 6.000 soldados contraguerrilla, apoyados desde el aire por 15 helicópteros de combate Black Hawk estadounidenses y un «avión fantasma», de teledetección de objetivos y espionaje electrónico.
Desde esta nave la avanzada se coordina en inglés: en Colombia hay centenares de asesores militares estadounidenses dedicados a la guerra de contrainsurgencia a través del Plan Colombia y su fase abiertamente militar, el Plan Patriota, ambos financiados por Estados Unidos.
Con semejante respuesta al ataque de Vista Hermosa, el gobierno pretende reforzar el mensaje en el sentido de que esa insurgencia de origen campesino no es más que una organización narcotraficante.
Pero la compra-venta de droga en los amplios territorios dominados por las FARC, que son al mismo tiempo regiones abandonadas por el estado, está lejos de ser el único ingreso de la guerrilla, en primer lugar.
En segundo, la droga ilegal no financia únicamente a la guerrilla: en la cúpula paramilitar, con la cual el gobierno Uribe mantiene negociaciones secretas que parecen apuntar a su inserción en la vida económica legal, tienen asiento varios de los más reconocidos narcotraficantes, probablemente algunos de los hombres más ricos de Colombia.
En ese marco, el Estado colombiano parece beneficiarse últimamente otra vez de una masiva legalización de capitales narco de tal magnitud, que se refleja en las rutilantes cifras económicas de 2005, sobre todo del segundo semestre.
Con ello queda dicho que el narcotráfico es el combustible estratégico de la guerra colombiana para TODAS las partes.
Interrogante Uno: Por qué no la erradicación concertada
Ante la operación Macarena surgen varios interrogantes:
Uno, por qué la erradicación manual no se adelanta de manera concertada con la comunidad local. La Asociación de Juntas de Acción Comunal del río Güéjar ha mostrado públicamente en el pasado su disposición de sustituir los cultivos siempre y cuando cuente con soluciones lógicas y sostenibles respaldadas por el Estado.
Un abordaje concertado para la erradicación requiere una acción coordinada y sostenible de muchas entidades públicas, una infraestructura estatal que refleje una verdadera política permanente para dar soluciones de fondo a los productores de la materia prima de la cocaína y -en otras regiones- de la heroína.
Esa política de erradicación no es que no resulte costosa, pero les daría sustento permanente legal a los pobladores.
En contraste, hasta ahora nadie parece preguntarse cuántos dólares les está costando a los ciudadanos estadounidenses la operación militar sobre La Macarena, parte del Plan Patriota y del Plan Colombia financiados por los contribuyentes del primer consumidor mundial de cocaína.
Una «conquista» fracasada
Una respuesta a por qué no se recurre a la erradicación concertada es que el gobierno no ha podido «conquistar la mente y el corazón» de los habitantes de La Macarena y sus inmediaciones.
Por lo menos desde la muerte del Ché Guevara en las selvas bolivianas, donde su pequeño grupo fue delatado por los propios lugareños, que vieron con desconfianza en su vecindario deambular a unos extranjeros barbudos y armados, estaba claro que la guerrilla no sobrevive si no tiene apoyo de la población: es el secreto de que se mueva como pez en el agua.
Se podría decir que el presidente Uribe inauguró su Política de Seguridad Democrática en Vista Hermosa, cuando recién posesionado ofreció a sus habitantes ingentes millones de pesos a cambio de que estos entregaran a los miembros de la cúpula de las FARC o a los jefes de sus 105 frentes a las autoridades. El paquete que se ofrece, entratanto también en otras regiones, incluye traslado, cambio de identidad y visa estadounidense.
Gente de la región dice en este enero de 2006 que el gobierno, en más de 40 años, apenas hasta ahora se aparece -pero para la guerra.
El objetivo de la operación Macarena es el mismo del Plan Colombia y el Plan Patriota. No tanto combatir a la guerrilla, como «quitarle el agua al pez».
La vía en La Macarena -y en otros lugares- es atacar los cultivos de coca que, por el contrario, sí parecen ser el principal ingreso para los pobladores de la región, que el gobierno supone son base de apoyo de la guerrilla. Al eliminar su fuente de sustento la población tendrá que irse. La que no lo haga se volverá contra la guerrilla, o bien es su base de apoyo y se la podría perseguir lícitamente, sería el cálculo del gobierno.
Al mismo tiempo, habrá redadas. En su respuesta al ataque de Vista Hermosa el presidente Uribe advirtió: «Emprenderemos una tarea de captura de milicianos en toda esta área: Vista Hermosa, Uribe, El Castillo, Lejanías, los municipios vecinos porque hemos encontrado que hay mucha milicia urbana acompañando a estos terroristas», refiriéndose a la red de apoyo logístico de la guerrilla.
¿Qué entenderán las fuerzas militares por ‘miliciano’? Más de 50 pobladores de Cartagena del Chairá, sobre el río Caguán, al sur del país y también en zona de operaciones del Plan Patriota, salieron de la cárcel este enero tras 2 años y medio de prisión. Estaban acusados de rebelión, y muchos de ellos, de ser milicianos. Fueron liberados por falta de pruebas y ahora iniciarán demandas contra el Estado.
Interrogante Dos: ¿Lluvia de plomo o calma chicha?
El segundo interrogante es si habrá enfrentamientos en la región, que vayan más allá que los combates reportados en la segunda semana de enero. Ante la operación Macarena ¿la guerrilla responderá defendiendo ese territorio, en el que sus fundadores están desde finales de los años 50?
Ante la superioridad militar del contrincante, ¿la guerrilla decidirá mimetizarse y no emprender ningún ataque contra la fuerza pública?
El tema entusiasmará a los teóricos del conflicto, que discuten si la guerra en Colombia es «de guerrillas», «de movimientos» o «de posiciones».
La guerra de guerrillas es tan vieja como la historia de la guerra. La hicieron los indígenas contra los españoles: hostigar y huir.
En la guerra de movimientos, una fuerza militar logra concentrar una gran cantidad de efectivos para acertar golpes al «enemigo», como les gusta decir a los conocedores de la vida armada. Aunque no logre control territorial, avanza hacia tenerlo, en términos estratégicos, según los entendidos.
Es lo que se vio en Colombia al menos en cuatro grandes ataques de la guerrilla durante 2005 en puntos diferentes de la geografía, que rememoraron golpes anonadantes de las FARC durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998).
La guerra de posiciones ocurre cuando una fuerza militar logra mantener un control territorial.
En el ataque en Vista Hermosa contra el ejército, éste se hallaba en un territorio controlado por la guerrilla. Esta atacó, por medio de al menos 300 hombres, a un pelotón de 90 soldados élite. 29 murieron. El ejército informó de sólo seis heridos, pero parece que éstos fueron 24, según la agencia Colprensa. Eso quiere decir que el resto de sobrevivientes tuvo que dedicarse a salvar a los heridos: en otras palabras, el pelotón militar quedó totalmente «neutralizado». La aviación llegó tres horas después de la tragedia que se suma a la enlutada historia de Colombia.
El general ( r) Fernando Tapias opinó en la revista Semana, edición de enero 16 a 23: «Lo que no puede la fuerza del estado es dejarse aferrar al terreno. La guerrilla no defiende ningún territorio. Si lo hiciera, ya habría desaparecido, porque para el estado es muy fácil reducirla. La guerrilla es nómada por definición. Una operación militar debe cumplir entonces el propósito inicial y no aferrarse al terreno. No cometer el error de los norteamericanos en Vietnam».
El general Tapias fue quien reveló que los ataques de las FARC en masas muy grandes de combatientes durante la presidencia de Samper, llevaron al gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) a plantear un compás de espera mediante los diálogos en la zona desmilitarizada de 42 mil kilómetros en el Caguán, mientras se gestionaban en el congreso estadounidense los fondos del Plan Colombia.
Al iniciarse ese gobierno, el entonces ministro de Defensa presentó en noviembre de 1998 un plan de reestructuración de las fuerzas militares cuya implementación necesitaría tres años. Los primeros helicópteros del Plan Colombia llegaron al país también tres años después, en enero de 2002, así como el primer avión fantasma, y en pocas semanas se rompieron definitivamente los diálogos del Caguán, que duraron lo que estaba previsto: tres años.
Dice Tapias a Semana sobre la guerra de movimientos durante el gobierno Samper: «neutralizamos eso por aire, con los aviones fantasma y los helicópteros artillados». Pero las FARC siguieron teniendo control sobre grandes extensiones, aunque más resguardadas.
Ante la guerra total decretada por Uribe, pero cuyas condiciones materiales se deben a Pastrana, el comandante de las FARC, Manuel Marulanda, probablemente el guerrillero más viejo del mundo, decretó repliegue.
El tal repliegue fue como una calma chicha que duró dos años. La guerrilla se esfumó. A principios de 2005, las FARC parecieron comenzar a desperezarse.
Según el portavoz del Movimiento Bolivariano, de civiles cercanos a la guerrilla comunista, hoy las FARC «están en capacidad de pasar, en menos de tres horas, de un alto número de hombres a comandos de cinco y al revés, y no son detectados».
O dicho por el general Tapias: «Ahora la guerrilla se divide en pequeños grupos y no se deja localizar, y sólo asesta golpes cuando está el objetivo desprotegido o se ha rutinizado. La guerrilla analiza las respuestas del Estado y se acomoda. Se acostumbró al concepto de las fuerzas de despliegue rápido, de unidades móviles, del apoyo aéreo», que fueron previstas en el diseño durante el gobierno Pastrana.
O sea que la guerrilla se adapta, como el agua. Por el tipo de ataques que protagonizó en 2005, parece aplicar al mismo tiempo la guerra de guerrillas y de movimientos, mientras en algunas regiones mantiene control territorial.
Interrogante Tres: Ojo a la «reubicación» de la población
Según el general Jorge Daniel Castro, comandante de la Policía, dentro de seis meses ya no habrá más plantas de coca en La Macarena. El gobierno se propone, para entonces, tener diseñado ya un plan de «reubicación» de cinco mil familias que vivan hace más de tres años en la zona.
Surge el tercer interrogante: cómo será esa «reubicación», si a las buenas (concertada), a las malas (trasteando a la gente en aviones, como ocurrió ya a comienzos del Plan Patriota en 2003 en el Guaviare en un episodio que la opinión pública no conoce), o a las peores, es decir, recurriendo a masacres y asesinatos selectivos escudándose en supuestos o reales grupos paramilitares, acciones que ya empezaron en la zona circundante a La Macarena.
En la última semana de enero, enviados de las Juntas de Acción Comunal del río Güéjar presentarán en Bogotá su propuesta de 14 puntos para sustituir la economía de la coca. No es la primera vez que lo harán. La alternativa comunitaria hasta ahora ha sido ignorada por los medios colombianos. Veremos si ahora sí les paran bolas.++++
enero 20th, 2006
“Es una tragedia invisible. Las tierras indígenas están generalmente en áreas remotas, de importancia estratégica, donde los grupos armados tienen fuerte presencia. Los crímenes y los abusos contra los derechos humanos de los indígenas con frecuencia no son reportados y permanecen en la impunidad”, advirtió la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, y agregó que comunidades enteras podrían desaparecer tras ser forzadas a abandonar sus territorios tradicionales.
En Colombia, de 43,7 millones de habitantes, hay cerca de un millón de indígenas de 90 etnias. Muchos están en riesgo, dijo ACNUR.
Solamente este año, más de 19 mil indígenas fueron forzados a abandonar sus casas y territorios, de ellos unos 14 mil del pueblo Nasa pues su hogar, en el suroccidental departamento del Cauca, se convirtió en escenario predilecto de la confrontación a partir de abril.
Cerca del 7% de la población total actual de Colombia ha sufrido desplazamiento forzado. En tamaño y alcance, la crisis del desplazamiento interno en Colombia sólo es superada por las de Sudán y la República Democrática del Congo.
Proporcionalmente, la mayoría de los desplazados son indígenas y afrocolombianos. Aunque estas etnias suman sólo el 11% de la población nacional, constituyen la cuarta parte de la población desplazada.
Se trata de comunidades que dependen de su relación con la tierra para su supervivencia física y cultural. Sus estructuras tradicionales de liderazgo y los vínculos comunitarios se ven profundamente afectados. El desplazamiento contribuye a menudo al desmoronamiento de los gobiernos tribales indígenas, señaló en noviembre un informe del Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos, con sede en Suiza, COHRE por sus siglas en inglés.
La estadística de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, registra que de los más de 1.600 indígenas asesinados en los últimos veinte años, casi mil perecieron en los últimos cinco años.++++
Recopilación de las violaciones más relevantes al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos – Etnias de Colombia – Enero a noviembre de 2005
diciembre 9th, 2005
Emilio García, del ministerio de agricultura de Colombia, denunció hoy al noticiero televisivo CMI que Colombia está, según el noticiero, «a punto de aceptar la imposicion de Estados Unidos sobre patentamiento de organismos vivos. Eso quiere decir que Colombia otorgará patentes (sobre) plantas y animales desconociendo, entre otras cosas, la legislación andina que expresamente lo prohíbe».
Además, según CMI, «Colombia acepta ampliar los derechos de prueba de cinco a 10 años. Eso significa (…) bloquear durante cinco años los medicamentos genéricos y durante 10 años los genéricos agroquímicos».
«Durante 10 años -advirtió la sección editorial del noticiero dirigido por el periodista Yamid Amat, y titulada 1, 2 y 3– Colombia no podrá comercializar sus genéricos agroquímicos: abonos, fertilizantes, etc. Eso supondrá, por una parte, que esos productos incrementarán automáticamente sus costos y, por la otra, que matan por asfixia a nuestra industria agroquímica. Ojo con los riesgos que corremos, de verdad.»
Texto completo del editorial:
Cosas graves parecen ocurrir en la negociación de TLC. Comienzan las denuncias sobre como el país, aparentemente, se está entregando.
diciembre 6th, 2005
«Cuando la verdad es la ausente, la historia es un juez implacable”. Con esta frase termina la carta de renuncia -“por razones éticas”- de su cargo en una dependencia del área de salud, de Luis Guillermo Restrepo Vélez (en la foto), ex miembro del equipo negociador colombiano en el tema de medicamentos en el TLC que, se supone, Colombia, Ecuador y Perú regatean hace casi dos años con Estados Unidos.
Pero Restrepo revela ahora que no ha habido tal regateo.
Y que los esfuerzos de los negociadores colombianos en 14 rondas de TLC, comandados por el ministerio de comercio exterior, han estado más dirigidos a «negociar» con sus propios compatriotas del área institucional de salud concesiones gota a gota que afectarán a la población y, en cambio, reconfortan a las corporaciones farmacéticas estadounideses.
“Sería mucho más transparente decirle al país que el trabajo de 18 meses en las cuestiones relacionadas con propiedad intelectual y salud fracasó, que realmente nunca existió negociación” pues para poder firmar el TLC los negociadores tendrán que abandonar sus propios principios de “negociación por intereses” y de no traspasar unas “líneas rojas” acordadas con el empresariado colombiano, escribe Restrepo.
“Eso tal vez nos hubiera ahorrado conflictos, tiempo y recursos. Que no se diga esto con claridad, me produce vergüenza ajena y dolor de patria”, escribe.
Para Restrepo, estos negociadores supieron desde el principio “de la rígida postura de los negociadores estadounidenses, que no aceptarían un texto que no fuera igual o superior al CAFTA”, el TLC aprobado este año entre Estados Unidos y Centroamérica.
“Aceptaron vetos, impusieron vetos, invitaron un experto internacional de conocida tendencia pro industria, desacreditaron estudios, tergiversaron resultados de otros, teniendo siempre como espada de Damocles la amenaza de convertir al sector (salud), al Ministerio (de Protección Social, antes de Salud) y al Ministro en el obstáculo del tratado”, resume sobre la real estrategia de negociación de mincomercio de Colombia.
Restrepo deplora “la forma desleal y engañosa con la que los negociadores de comercio trataron hasta ahora al sector, no sólo en Colombia, sino en los tres países”.
Revela en su carta, fechada el 5 de diciembre, que en la XIV ronda del TLC en Washington “el coordinador (colombiano) de la mesa de propiedad intelectual por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, abandonó la propuesta de negociación concertada con los andinos y, de manera unilateral, presentó una propuesta de protección de datos de prueba basada en el texto estadounidense, que contiene disposiciones con niveles de protección mayores que los acordados por ese país con Chile y con los países centroamericanos (CAFTA), donde se ignoran todos los compromisos con el sector salud”.
Al finalizar la XIII ronda, en septiembre en Cartagena de Indias, Restrepo, junto con sus colegas Gilberto Alvarez Uribe y Juan Fernando García Echeverry, había renunciado a seguir haciendo parte del equipo técnico negociador de propiedad intelectual: «Los representantes del gobierno de Estados Unidos mantuvieron una posición inflexible que ha roto el equilibrio de las propuestas formuladas por los andinos, destinadas a dar solución integral y facilitar el cierre de la negociación», escribieron entonces.
Los tres fueron calificados entonces de «desleales» por el ministro de Comercio de Colombia. Las negociaciones del TLC se han hecho de espaldas a la opinión pública, aunque el ministro afirma que en la página web del ministerio está publicado «casi todo». Los periodistas no tenemos acceso a los documentos y quien se acerque a los contenidos de la negociación debe firmar un «compromiso de confidencialidad».
Así, copio textual la última frase de Restrepo, quien por cierto admira y apoya a su ministro de Salud: «Me llevo un sabor amargo, porque una sociedad siempre está expuesta a tomar buenas o malas decisiones cuyas repercusiones tendrá que disfrutar o sufrir, pero cuando la verdad es la ausente, la historia es un juez implacable».++++
diciembre 6th, 2005
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