El Referendo por el Agua, que yo firmé luego de leer con muchísima atención tanto su contenido como su redacción, fue alterado y mutilado de tal forma por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que no lo reconozco. Mi lector o lectora puede ver debajo toooodo lo que cambió.
El 29 de septiembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil (organización electoral) acreditó 2’039.812 firmas válidas en respaldo al Referendo por el Agua, promovido por el Comité en Defensa del Agua y de la Vida, una reunión variopinta de ecologistas, indígenas, comunidades negras, organizaciones de usuarios, sindicalistas, campesinos, líderes sociales, vocales de control de los servicios públicos, académicos, estudiantes y ciudadanos del común.
El objetivo: prohibir, por constitución, la privatización del agua, y la depredación de ese recurso natural que constituye el principio de la vida en el atribulado planeta Tierra.
«El agua es un bien común y público», «El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental», «El servicio de acueducto y alcantarillado será prestado en forma directa e indelegable por el Estado o por comunidades organizadas», «Se respetará una franja de protección de los ríos, cauces y humedales. Las aguas que discurren o se encuentren en territorios indígenas o en los territorios colectivos de las comunidades negras son parte integrante de los mismos. Se garantizará además el valor cultural del agua como elemento sagrado en la cosmovisión de los grupos étnicos», «Los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua deben gozar de especial protección por parte del Estado y se destinarán prioritariamente para garantizar el funcionamiento de dicho ciclo», decía el texto del referendo firmado por más de dos millones.
El correspondiente proyecto de ley de iniciativa popular que convoca al referendo fue presentado al parlamento el 14 de octubre, a través del secretario general de la Cámara de Representantes. El trámite debía enfrentar cuatro debates, después de los cuales el parlamento debía expedir una ley convocando al referendo, al tiempo que la Registraduría debía definir una fecha para su realización.
Pero se atravesó el presidente Álvaro Uribe, fervoroso privatizador e interesado personalmente en que los textos de los referendos de origen popular que buscan reformar la Constitución puedan ser alterados por el parlamento.
Aunque ninguna norma lo dice ni explícita ni implícitamente, Uribe consideró que el parlamento sí puede «modular», es decir cambiar los textos ya firmados por la ciudadanía. Y así lo impuso a través de sus mayorías parlamentarias, mayorías que por cierto bordean la ilegitimidad, debido a los procesos por la «parapolítica».
Un afán de Uribe es que le ha ido mal con el movimiento ambientalista.
En alianza con otros sectores, sobre todo indígenas y negros, los ambientalistas le derrotaron su ecocida proyecto de Ley Forestal, lograron congelar su privatizadora Ley del Agua y su depredadora Ley de Páramos.
Por si fuera poco, a iniciativa de defensores de derechos humanos, en marzo le tumbaron por inconstitucional la Ley Rural, que buscaba desconocer la autonomía territorial de indígenas y comunidades negras y legitimar la apropiación violenta de millones de hectáreas de tierras de los desplazados.
Pero el principal afán de Uribe reside en que el referendo en torno a su propia reelección, que avanza también en el parlamento, quedó mal redactado y, si el texto no se «modula» en el parlamento, el actual presidente sólo podría presentarse a elecciones nuevamente en 2014 y no en 2010, como sería su ambición.
Escribe en su editorial del 24 de abril el diario conservador El Nuevo Siglo: «Los Referendos, al igual que los tratados internacionales, sólo pueden ser aprobados o improbados en su conjunto por el Congreso. Sería un galimatías que el pueblo, que es el directo jefe de los parlamentarios, quedara subyugado por sus subordinados.»
El Nuevo Siglo advierte que «incidir en el texto proveniente del pueblo es bordear el prevaricato», y habla de extralimitación de funciones. «No hay, pues, debate de ninguna índole al respecto: en la Constitución, ni en las leyes, el Congreso está autorizado para modificar los Referendos de iniciativa popular. Y como lo están haciendo a sabiendas de que no lo pueden hacer, se están enfrentando, evidentemente, a la posibilidad de ser denunciados ante la Corte Suprema de Justicia».
Si cambian tanto un texto que yo firmé, pues que le quiten mi firma. Si a pesar de todo sacan adelante ese nuevo texto espurio y convocan al referendo para aplicarse a sus inconfesables negocios que tienen previstos con el agua, pues el día de la votación me abstendré.
“No le encuentro la forma del cráneo a este hueso”. A instancias de su madre, Camilo, de 11 años, de cabello y ojos negrísimos, se ha puesto unos guantes quirúrgicos y un tapabocas.
Está sentado sobre sus talones, en el suelo de baldosín de una pequeña alcoba de la casa de los Claretianos en Bogotá, y saca uno a uno los huesos de su padre de una caja de cartón de 30 x 30 x 25 centímetros, para depositarlos en una urna de madera, a su lado.
La caja es reciclada. Lleva en sus costados la marca “Assenda”, de la empresa colombiana Carvajal S.A., que provee, entre otros, suministros de oficina. La fiscalía la entregó sellada con esparadrapo. En su interior, huesos secos en bolsas, y ropa apelmazada.
Camilo estira con sus manos una bolsa de plástico transparente, ya vacía, con un letrero: Fiscalía General de la Nación – Cuerpo Técnico de Investigación. “Aquí venía todo el cráneo”, dice Camilo sin aspavientos, y luego intenta juntar dos pedazos, como en un puzzle.
El cráneo de su padre, Arnoldo Naranjo, está destruido. Lo reconocieron sólo por su carta dental.
Quizá por eso en el CTI de la Fiscalía de Pasto, capital del departamento de Nariño, retuvieron los restos durante 15 meses más, luego de que Arnoldo fue exhumado en diciembre de 2007 de una tumba en Puerto Asís, departamento del Putumayo, y en la que había sido enterrado como “N.N.”: identidad desconocida.
Identidad desconocida, a pesar de que durante tres días la emisora Putumayo FM Stéreo retransmitió un parte militar según el cual un guerrillero había sido dado de baja, y a continuación daban su nombre: Arnoldo Naranjo Ramírez. Le fueron incautados fusiles, dijo el ejército.
Los restos fueron entregados a su familia el pasado 5 de marzo en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, sólo después de una tutela interpuesta por la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.
Lo mataron el 23 de enero de 2005 en la vereda (vecindario rural) La Pradera, inspección de Arizona, municipio de Puerto Caycedo, Putumayo. Allí todo el mundo lo conocía como El Gordo, porque así lo llamaba su esposa Carmen. Por eso al comienzo nadie se dio cuenta de lo que estaba diciendo el parte militar.
“No hablé ni el 23, ni el 24, ni el 25. Yo vine a hablar como el 26 ya”, dice Carmen. El 23 pensó apenas que, si acaso, el ejército lo había detenido. El 24 una vecina le insistió en que escuchara la radio. El 25 otro vecino le dijo que a su marido, dirigente local de la extinta Unión Patriótica (UP), lo había matado el ejército.
Entonces, esta madre campesina y militante del partido comunista emprendió camino por la selva hasta llegar el 26 al teléfono más cercano, en la vereda Las Perlas, y llamó a Putumayo FM Stéreo: “Ese es mi esposo. No es ningún guerrillero”. Fue cuando “todo el mundo se dio cuenta”, relata ella.
Por la radio le dijo al ejército que cómo era posible que engañaran así al país, y a la gente.
En la mañana del 23, Arnoldo desayunó y junto con el trabajador de su finca, Yamid Tumbo, enjalmó la mula para traer frutos de chontaduro (Bactris gasipaes) a los 22 marranos. Salieron hacia las ocho. El ejército los detuvo en la orilla del Caño Picudo. Era verano, y un niño vio cómo los hicieron atravesar a pie el caño semiseco.
A las 2 de la tarde, un hombre le advirtió a Carmen: “el ejército está aquí”.
Camilo tenía entonces siete años. Era el que siempre acompañaba al padre, y conocía bien el camino para ir por el chontaduro. Carmen se sentó a hablar con su hijo mientras esperaban el regreso. Pero a las cinco de la tarde decidió aceptar que quizá Arnoldo había sido detenido. Esa noche durmieron donde unos vecinos.
Al otro día se encontró con Yamid. Estaba pálido.
— Doña Carmen, al Gordo se lo llevaron.
— ¿Se lo llevaron, o lo mataron?
— Se lo llevaron.
Hacia las dos de la tarde, una mujer le preguntó si había oído la radio. “Ese día no me doy cuenta”, recuerda ella. Pero el 24, cuando estaba en casa de un amigo, otro hombre le dijo: “Doña Carmen, al Gordo lo mandaron pa´l otro lado”.
Un hombre que tenía una lancha se ofreció a traer el cuerpo desde Puerto Asís, por dos millones de pesos (unos 800 dólares), pero otro le advirtió que no era seguro de que se tratara de Arnoldo, y que más bien podía ser peligroso para ella.
Carmen se demoró un tiempo vendiendo algunas cosas para juntar dinero y poder viajar a Bogotá. Lo hizo en julio, y expuso lo ocurrido ante un foro de la corporación Reiniciar, que lleva el caso del exterminio de la UP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Su relato llevó a activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente de Desaparecidos. Junto con Yamid, fue citada en mayo de 2006 por la Procuraduría General de la Nación (ministerio público).
Los restos de Arnoldo fueron encontrados dos años y 11 meses después de que el ejército presentó la muerte de este dirigente campesino como un éxito militar. Y sólo otro año y otros tres meses más tarde, fueron entregados a su mujer y a sus hijos.
Carmen es hija de campesinos comunistas. En 1987 comenzó a meterse en política, en Mapiripán, departamento del Meta. Conoció a Arnoldo en 1991 y a los tres meses se fueron a vivir juntos. Quince días después, ella le preguntó por sus opiniones políticas. “Me dijo: yo soy de la Unión Patriótica. Y le dije: yo soy del partido comunista. Me abrazó y me dijo: ‘Carmenza, usted es la mujer para mí”.
Arnoldo nació en 1967 en Puerto Rico, departamento del Caquetá. Era el segundo de nueve hijos de una familia campesina. Cursó hasta tercero de primaria. A los 12 años se fue a trabajar en la finca de una tía, en Cartagena del Chairá, a orillas del río Caguán, también en Caquetá, donde en 1986 supo de la UP.
Ese movimiento político había sido creado un año antes, en 1985, propuesto por las FARC en medio de negociaciones de paz con el gobierno, como fórmula para integrarse a la vida civil. A la UP se unieron el partido comunista, y movimientos locales y regionales o individuos independientes.
En 1987 Arnoldo se marchó a buscar suerte en Puerto Asís, y allí se vinculó a la UP. Ya había comenzado la matanza de ese partido y tuvo que huir por tres meses hacia la frontera con Perú.
Dos años más tarde, cuenta su hija Karen, la dirección de la UP en Putumayo lo delegó para construir esa organización en la región fronteriza de Piñuña Blanco, donde estuvo cerca de un año, pues “entraron los Masetos (paramilitares) y asesinaron familias enteras, lo mismo que en Puerto Asís”. Se refugió hasta finales de 1990 con un tío en una región cercana, llamada Piñuña Negro.
Arnoldo y Carmen se establecieron en Putumayo, compraron una finca, “hicimos una casa muy bonita”, cuenta ella, pero a los dos meses de terminarla les tocó irse.
La razón: 13 comunidades se declararon en paro para hacer que el alcalde fuera a la zona, pues tenían problemas con el costo de los víveres. Una panela (melaza solidificada de jugo de caña de azúcar) costaba 10 mil pesos (cuatro dólares), una libra de arroz, siete mil (2,80 dólares).
Pero el vecino, que tenía una camioneta y se beneficiaba de esos costos, se opuso al paro. Y por su parte, las FARC declararon “paro armado”, es decir que apoyaron el paro amenazando a quienes transitaran.
A partir de ahí, cuenta Carmen, “nos tildan de guerrilleros”, “ni siquiera de auxiliadores” de la guerrilla.
Carmen está huyendo.
El 1 de septiembre fue sacada de la región por el CICR, junto con sus hijos. Ya en Bogotá, el 2 de marzo fue abordada por una mujer desconocida que le advirtió que la están siguiendo. Antes, hace unos 20 días, y «para que no vayan solos los militares», ella anunció que acompañará in situ una inspección judicial convocada por la Procuraduría.
Carmen no cree que la persecución se deba a que ella sigue siendo comunista. Es “porque he llevado hasta las últimas consecuencias este proceso” de Arnoldo, a quien, como resume ella, “lo retienen, lo torturan, lo asesinan y lo desaparecen”.
Arnoldo Naranjo Ramírez encontró el 10 de marzo su tumba definitiva, luego de una misa oficiada en la sede de los Claretianos en Bogotá. “Seguimos denunciando estos atropellos contra la vida”, dijo el sacerdote.
Acompañaron a Carmen, Karen y Camilo apenas una veintena de personas, incluidas dos corresponsales de prensa extranjera.
El DAS destruyó archivos comprometedores, menos una caja que nadie sabe dónde está.
En coincidencia con la posesión de Barack Obama, el 19, 20 y 21 de enero fueron destruidos en el DAS (servicio de inteligencia civil que depende directamente del presidente) decenas de cajas de archivos, discos duros, discos externos, grabaciones y trascripciones que contenían el seguimiento a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, políticos opositores y periodistas que cubren fuentes “duras”. La revista Semana publica sólo algunos de esos nombres.
El magistrado auxiliar e investigador principal de la parapolítica en la Corte Suprema, Iván Velásquez, ha tenido vigilancia “hombre a hombre”.
También, entre otros magistrados, el ex presidente de la Corte César Julio Valencia, a quien el presidente Álvaro Uribe tiene demandado por calumnia. El abogado defensor de Valencia, Ramiro Bejarano, además columnista de El Espectador y ex director del DAS, también ha sido espiado.
Los ataques públicos del mandatario contra Velásquez y Valencia tienen relación con el proceso contra el primo del presidente, Mario Uribe, quien renunció al Senado para que su caso por parapolítica tuviera que pasar de la Corte a la justicia ordinaria.
Funcionarios del alto gobierno también espiados habían pedido con anterioridad “favores políticos” a distintos funcionarios del DAS, y éstos los “conectaban” a los aparatos de interceptación para “asegurarse”. Semana no menciona al ministro de Defensa Juan Manuel Santos, pero el noticiero de Televisión Noticias Uno, sí.
Estos aparatos de interceptación son donados en su mayoría por Gran Bretaña, aunque también por parte de la patria del Watergate.
La operación para destruir información (con excepción de la dichosa caja) fue adelantada por un puñado de funcionarios.
El 16 de enero, tres días antes de que, según Semana, el gobierno diera la orden de recoger grabaciones y documentos, se anunció el nombramiento del nuevo director del DAS, Felipe Muñoz. Este se posesionó el 22 de enero, un día después de que terminó la destrucción de documentos.
La revista Semana adelantó esta investigación por más de seis meses. Las siguientes son declaraciones de cinco funcionarios del DAS, que Semana no identifica, y que trabajan en la subdirección de operaciones del DAS, adscrita a la dirección de Inteligencia, y en la direcciones de Inteligencia, Contrainteligencia y Operativa de esa entidad. Resumen el contenido de la Seguridad Democrática:
“Durante dos días se recolectaron discos duros extraíbles, se cambiaron discos duros de los computadores, se recolectaron CD, archivos de voces y documentos confidenciales”.
«De todas las cajas que se llevaron a Contrainteligencia, con documentos, grabaciones y demás, sólo quedó una, que fue sacada del piso 11 el miércoles 21 al final de la tarde. No sé qué dejaron en esa, ni para dónde se la llevaron. Sólo sé que lo demás fue destruido».
«Acá se trabaja por blancos y objetivos que puedan ser una amenaza a la seguridad del Estado y del Presidente. Dentro de esos está la guerrilla, las Bacrim [bandas criminales, como llama ahora el gobierno a los paramilitares rearmados o que no se sometieron a la negociación de desmovilización], algunos narcos. Pero dentro de esos blancos también están, y es obvio como parte de una de las funciones del DAS, controlar a algunos personajes e instituciones para mantener informada a la Presidencia. Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar a Petro [el senador Gustavo Petro, del partido de izquierda PDA], que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a [la senadora liberal y opositora] Piedad Córdoba, por sus vínculos con Chávez y la guerrilla”.
«Cualquier persona o entidad que represente un eventual peligro para el gobierno debe ser vigilada por el DAS. Y en ese orden de ideas desde hace más de un año se empezó a considerar y tratar como un ‘blanco’ legítimo las actividades de la Corte [Suprema de Justicia], y algunos de sus miembros».
«Cuando se agudizó el enfrentamiento entre la Corte y Presidencia, hace como un año y medio, la orden era saber todo lo posible de todos los magistrados, con los medios que fueran necesarios, desde fuentes humanas hasta medios técnicos. Cuando el enfrentamiento empezó a disminuir los controles se concentraron sólo en aquellos que fueran más prioritarios como Velásquez».
«Lo de los medios de comunicación tiene varios fines, uno de ellos informar al gobierno qué se mueve en los medios, con lo cual se le da un margen de maniobra al Estado en situaciones críticas. La cosa es simple y básicamente se divide en dos categorías. Se monitorean esporádicamente algunos directores o jefes para establecer lo que los periodistas llaman ‘linea editorial’. Pero la mayor parte del esfuerzo está encaminada a los periodistas que manejan la información y las fuentes ‘duras’. Allí se matan dos pájaros de un solo tiro: se sabe en qué están y, sobre todo, lo más importante, con quién hablan».
«En el tema de medios es obvio que la prioridad es conocer la información de aquellos que le inquietan al gobierno, o bien porque son muy críticos o porque a diferencia de otros medios, no los puede controlar a su antojo».
«Hace años, si de la Casa de Nariño se necesitaba algo del DAS el Presidente era quien llamaba directamente al director o viceversa. Desde hace unos cuatro años las cosas son muy distintas. Casi cualquiera de los altos funcionarios de Palacio puede llamar acá a pedir cualquier tipo de favor sin necesidad, incluso, de pasar por el director. Llaman al jefe de Inteligencia, al de Contrainteligencia o a la Dirección Operativa y piden lo que necesitan, sin importar lo que sea. Como no hay una figura de peso en la dirección muchos de los jefes de direcciones simplemente llaman a X o Y funcionario en Palacio y le pasan la información que consideran de interés, obviamente también con la intención de ganar puntos con esos funcionarios».
«Lo que irónicamente ocurre es que aquellos que llaman a pedir ‘favores’ desde Palacio terminan siendo víctimas de su propio invento. También son ‘chuzados’ y la razón es muy simple: hay que tener un seguro».
Andrea Flórez, una detective que trabajaba en la subdirección de análisis, fue asesinada en octubre de 2007, poco antes de que ella denunciara y entregara pruebas de que cierta información confidencial bajo su manejo terminaba en manos del jefe paramilitar alias “Cuchillo”, que opera en la Orinoquia y cuyas fuerzas copan los pueblos tiempo después de que los ha ocupado el ejército.
«La versión que dieron en Contrainteligencia sobre el homicidio es que había sido un crimen pasional, algo que no tenía lógica pues todo el mundo sabía sobre la vida privada de ella y sabíamos que no tenía problemas de ese tipo. Cuando varios de los compañeros y amigos de ella empezamos a investigar el caso por nuestra cuenta, nos advirtieron que no nos metiéramos en eso. A algunos de los que insistieron en el tema y dar con los asesinos coincidencialmente los llamaron para pruebas de polígrafo que no pasaron y con eso los sacaron del DAS».
Certificados de antecedentes judiciales, que son documentos de carácter reservado a los que tiene acceso sólo un reducido grupo de directivos del DAS, resultaron en manos de la organización en Arauca del narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “El Mellizo”.
En ese mismo departamento, fronterizo con Venezuela, el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) resultó con informes confidenciales detallados sobre una operación militar contra esa guerrilla, que habían sido enviados por el Ejército a la Dirección General Operativa del DAS en Bogotá.
Departamento de Nariño, sur de Colombia (Foto ACNUR /M.H.Verney)
Si el próximo lunes a las seis de la tarde, hora colombiana (23:00 GMT), la Columna Mariscal Antonio José de Sucre de las FARC no ha indicado el sitio donde están los cuerpos de los ocho indígenas que reconoció haber masacrado; o si las autoridades colombianas no han encontrado sus restos, se activará la Minga Humanitaria por la Dignidad, que irá a buscar a “nuestros hermanos sacrificados para que podamos devolverlos a la Madre Tierra tal y como lo dictan nuestros usos y costumbres.”
Según dijo a esta periodista José Paí, Autoridad del resguardo indígena Tortugaña Telembí, la Minga Humanitaria podría reunir a 10 mil indígenas del país y responsabiliza “tanto al gobierno nacional como a las FARC de lo que pueda suceder.”
La Minga exige al gobierno colombiano “las gestiones diplomáticas necesarias para garantizar el acompañamiento de un equipo técnico internacional experto en desactivado de minas, ya sea de Bolivia, Ecuador o Brasil, pues no aceptamos el acompañamiento de las fuerzas militares de Colombia”.
La Minga exige a todos los actores armados, legales e ilegales, que se retiren de inmediato del territorio awá, antes del ingreso de la comisión de autoridades tradicionales y de la Guardia Indígena.
Luego de que el grupo Colombianas y Colombianos por la Paz, que lleva adelante desde septiembre un Diálogo Epistolar con el Secretariado del Estado Mayor Central, le solicitara a éste el 12 de febrero un pronunciamiento público sobre la matanza, un día después la Columna Sucre reconoció ser perpetradora de las “ejecuciones”.
El sitio web oficial de las FARC reprodujo el comunicado de la Columna Sucre ayer 18 de febrero, lo que interpreto como una aceptación de parte de la comandancia de las FARC sobre la autoría de este crimen de guerra.
A continuación, el comunicado de la Minga Humanitaria:
POR LA DIGNIDAD, LA VIDA YLA DEFENSA DEL TERRITORIO
PUEBLOS INDÍGENAS UNIDOS EN MINGA DE RESISTENCIA
COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
EL PUEBLO INDÍGENA AWÁ, CON APOYO DE LA ONIC, OPIAC, CIT, COORDINACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS EN COLOMBIA, AICO, CRIC, FCAE DENUNCIAMOS QUE LOS AWÁ SIGUEN CAYENDO MUERTOS POR MANOS CRIMINALES.
La Unidad Indígena del pueblo Awá – UNIPA-, la ONIC, OPIAC, CIT, AICO, Coordinación de Autoridades Tradicionales Indígenas en Colombia, el CRIC y la FCAE alertan a la comunidad nacional e internacional sobre el recrudecimiento de la grave situación de violación a los derechos humanos, los derechos fundamentales del pueblo indígena Awá de Nariño y las infracciones al DIH.
Dichas violaciones se realizan de manera reiterada por los grupos insurgentes, paramilitares y la fuerza pública a través del minado del territorio, la restricción a la libre movilidad, el asesinato a más de ciento cincuenta indígenas Awá en los últimos 7 años, amenazando y desplazando a nuestros hermanos indígenas de Tortugaña Telembí, Tronquería, Pulgande Palicito, Las Planadas Telembí, El Sande, Maguí y Vegas, bombardeando viviendas, planteles educativos y demás sitios de reunión, realizando detenciones arbitrarias y desarrollando políticas y estrategias para involucrar a la población civil en un conflicto social y armado que no compartimos, no apoyamos, no es nuestro y del cual no participamos ni directa ni indirectamente.
En los últimos días el mundo conoció la masacre de 17 indígenas Awá, responsabilizándose de ella el grupo insurgente de las FARC, quienes de manera cínica reconocieron su responsabilidad en los hechos, justificando este acto de barbarie como una retaliación a la política de seguridad democrática sobre una población indefensa, inerme, aislada y que siempre se ha declarado ajena a la guerra interna que se libra en nuestro país; con el agravante de que las FARC manifiesta abiertamente su desconocimiento a la integridad étnica y cultural de los pueblos indígenas, a la autonomía y jurisdicción de nuestras autoridades tradicionales.
A pesar de las denuncias y encontrándose la población Awá desplazada y concentrada, el día 15 de febrero del año en curso a las 3:15 p.m. fue asesinado el compañero Ernesto Jiménez García en la vereda El Pailón, y en horas de la noche el compañero Claudio Nastacuás a las 10:30 p.m., en el corregimiento Justo Ortíz – El Diviso (municipio de Barbacoas). Los dos compañeros pertenecían a los resguardos de Alto Ulbi Nunalbi y Maguí. A la vez que se detectó la presencia de personas de civil que realizan labores de inteligencia, seguimiento y que no se han identificado de pertenecer a ningún organismo oficial como tampoco son conocidos de la zona.
Hoy, después de quince días de la masacre, vemos con gran preocupación que las autoridades militares y judiciales no han mostrado resultados frente a la búsqueda de los cuerpos de nuestros hermanos asesinados, como tampoco el gobierno ha facilitado los espacios humanitarios para atender a la población confinada y a los huérfanos. Por el contrario, pretenden aprovechar el infortunio para que las autoridades indígenas los apoyen en su persecución a los grupos insurgentes, haciendo prevalecer la lógica de la
guerra ante las acciones humanitarias que dicta el derecho internacional en estos casos.
Frente a la crisis humanitaria del pueblo indígena Awá, los firmantes de este documento exigimos tanto a las FARC como al gobierno nacional y damos un ultimátum para que a más tardar el lunes 23 de febrero de 2009 a las 6:00 p.m. entreguen a nuestras autoridades indígenas los cuerpos de nuestros hermanos sacrificados, para que podamos devolverlos a la madre tierra tal y como lo dictan nuestros usos y costumbres.
De lo contrario iniciaremos la Minga Humanitaria por la dignidad y la búsqueda de los cuerpos, responsabilizando tanto al gobierno nacional como a las FARC de lo que pueda suceder.
Exigimos a los actores armados legales e ilegales que desocupen inmediatamente el territorio del pueblo Awá previo al ingreso de la comisión de autoridades tradicionales y guardia indígena, y al gobierno nacional que realice las gestiones diplomáticas necesarias para garantizar el acompañamiento de un equipo técnico internacional experto en desactivado de minas, ya sea de Bolivia, Ecuador o Brasil, pues no aceptamos el acompañamiento de las fuerzas militares de Colombia por las razones expuestas anteriormente.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y populares, a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, para que nos solidaricemos.
¡¡POR LA DIGNIDAD, LA VIDA YLA DEFENSA DEL TERRITORIO PUEBLOS
INDÍGENAS UNIDOS EN MINGA DE RESISTENCIA!!
Unidad Indígena del pueblo Awá – UNIPA
Federación de Centros Awá del Ecuador – FCAE
Autoridad del Gobierno Indígena Nacional ONIC
Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC
Autoridades Indígenas de Colombia – AICO
Confederación Indígena Tayrona – CIT
Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC
Coordinación de Autoridades Tradicionales Indígenas en Colombia
Breve, como las cosas más urgentes. Colombianos por la Paz se pronunció sobre la matanza de indígenas awá, atribuida a las FARC. Este es el texto:
Bogota DC, Febrero 12 de 2009
Colombianas y Colombianos por la Paz, cuyo lema es el respeto a la vida y a la dignidad humanas, expresa su indignación por la masacre cometida contra la comunidad indígena Awá en el departamento de Nariño. Exige a las autoridades de la república el esclarecimiento total de los hechos, al mismo tiempo que solicita al Secretariado de las Farc un pronunciamiento público respecto de ese luctuoso insuceso.
Piedad Córdoba Ruíz, Alpher Rojas Carvajal, Alberto Cienfuegos, Jorge Enrique Botero, Medófilo Medina, Alan Jara, Olga Amparo Sánchez, Francisco Caraballo, Mark Chernik, Felipe Zuleta, María Elvira Bonilla, Mario Esteban Hernández, Gloria Inés Ramírez, Ricardo García Duarte, Gloria Cuartas, Iván Cepeda Castro, Florence Thomas, Luis Fernando Medina, Andrés Felipe Villamizar, María Teresa Arizabaleta, Fabio Morón Díaz, Rocío Londoño Botero, Víctor Manuel Moncayo, Consuelo González de Perdomo, José Gregorio Hernández, William Ospina, Alfredo Beltrán Sierra, Gabriel Misas Arango, Lilia Solano, Gustavo Gallón Giraldo, Luis Eladio Pérez, Ricardo Sánchez, Oscar Tulio Lizcano, Carlos Miguel Ortiz, Claudia Rugeles de Jara, Jaime Angulo Bossa, Jimmy Viera, Orlando Beltrán Cuellar, Daniel Samper Pizano, Alfredo Molano, Javier Darío Restrepo, Darío Arizmendi Posada, Ramón Jimeno, David Sánchez Juliao, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Hollman Morris, Harold Alvarado Tenorio, Arlen Tickner, Vladimir Florez (Vladdo), Gustavo Páez Escobar, Marlene Singapur, Alberto Rojas Puyo, Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, John Sudarsky, Leopoldo Múnera Ruíz, Efraín Viveros, Daniel Garcia-Peña, Consuelo Ahumada, Ricardo Bonilla, Renán Vega Cantor, Felipe de Brigard, Ricardo Montenegro, León Valencia, Raúl Alameda, Marleny Orjuela, Gladys Jimeno, Fabiola Perdomo, Deyanira Ortiz Cuenca, Martha Arango de Lizcano, Ángela de Pérez, Yolanda Polanco, Daniel Pecaut, Gabriel Izquierdo S.J., Fernán González S.J., Oscar Mejía Quintana, Mauricio Rojas Rodríguez, Gelasio Cardona Serna, Carlos Rodríguez Díaz, Apecides Alviz, Julio Roberto Gómez, Sergio Pulgarín Mejía, Juanita Barreto, Blas Zubiría Mutis, Sergio Bustamante, Padre Henry Ramírez Soler cmf, Arnulfo Bayona, Ramiro Gálvez, Juan Sebastián Lozada, Álvaro Camacho Guizado, Apolinar Díaz-Callejas, Lisandro Duque Naranjo, Jaime Caicedo, Ciro Quiroz, Miguel Ángel Herrera, Carlos Lozano Guillén, Jairo Maya Betancur, Jorge Gantiva Silva, Carlos Villalba Bustillo, Constanza Vieira, Venus Albeiro Silva, Santiago García, Pepe Sánchez, Patricia Ariza, Carlos Álvarez Nuñez, Víctor Gaviria, Jennifer Steffens, Bruno Díaz, Zulia Mena, Gustavo Duncan, Lilia Solano, Julio Silva Colmenares, Arturo Escobar, Rafael Ballén, William García Rodríguez, César Augusto Ayala Diago, Diego Otero Prada, Rubén Darío Florez, Darío Villamizar, Luis Alfonso Ramírez, Fabián Acosta, Alonso Ojeda Awad, Eduardo Gómez, Carlos Villamil Chaux, Fernando Estrada, Moritz Akerman, Pilar Rueda, Marina Gallego, Leonor Esguerra, Luz Helena Sánchez, Clara Elena Cardona, Osana Medina, Deide Olaya, Irma Ortiz, María Eugenia Sánchez, Martha Zapata, Dunia Esther León Fajardo, Olga Lucía Ramírez, Darío Morón Díaz, Santiago Vásquez, Enrique Santos Molano, Libardo Sarmiento Anzola, Reinaldo Ramírez García, Antonio Ramírez Caro, Cristóbal González, Fabio Velásquez, Darío Restrepo, Jairo E. Gómez, Daniel Libreros, Héctor Moreno Galviz, Mauricio Archila Neira, Dora Lucy Arias, Luis Alberto Ávila, Norma Enríquez, Orsinia Polanco, Caterina Hayck, Guillermo Silva, Luis Enrique Escobar, Eduardo López Hooker, Eduardo Carreño, Alexandra Bermúdez, Fernando Arellano, Gabriel Awad, Cristo Rafael García Tapias, Alfonso Santos, Jorge Lara Bonilla, Miguel Eduardo Cárdenas, Andrés Vásquez, Jaime Calderón Herrera, Álvaro Bejarano, Álvaro Delgado, Álvaro Villarraga, Armando Palau, Juan de Dios Alfonso, Carlos Rosero, María Eugenia Liévano, Gonzalo Uribe Aristizábal, Edgar Martínez, Esperanza Márquez, Dídima Rico Chavarro, Danilo Rueda, Eduardo Franco Isaza, Evelio Ramírez, Alejandra Millar, Patricia Ramírez, Gabriel García, Gabriel Ruiz, Germán Arias Ospina, Gustavo Puyo, Gustavo García, Hernán Cortéz, Emperatriz de Guevara, Robertina Sánchez, Enrique Murillo, Milena Murillo Sánchez, María Areiza, María de los Ángeles Moreno, Dian Murillejo, Norma Trujillo, Gloria María Marín, Dolores Carrero, Carlos Julio Forero, César Guarín, Carmen Guarín, Uriel Pérez, Cecilia Ramírez, Virginia Franco, Eufracio Beltrán, Marlen Sarmiento, Luis Evelio Pinchao, Myriam de Roa, Janeth González, Paola Callejas, Amanda Rojas, Henry Rosas, Edna Margarita Sánchez Rivas, Paola Sánchez Rivas, Magdalena Rivas, Silvio Hernández, Olga Lucía Rojas, Griselda Medina, Víctor Rojas, Carolina Rojas Medina, Rosalba Sierra, María Concepción Chágueza, Janeth Moreno Chágueza, Fernando Romero Romero, Oscar Romero Romero, Esperanza Estrada, Fanny Martínez, Cielo Erazo, Blanca Mayta de Erazo, Luz Dalia Mora, Andrés Bazante, Trinidad Orjuela, Tiberio Donato, Carmenza Gómez, Jaqueline Donato Gómez, Oliva Solarte, Patricia Trujillo Solarte, Gladys Duarte, Ruth Amelia Argote, Alfredo Rojas, Susy Abitol Arenas, Daniel Lasso, Marleny Orjuela Manjarrés, Ivonne González, Jaime Pulido Sierra, Jaime Vasco, Juanita Bazán, Luis Eduardo Salcedo, Luis Jairo Ramírez, Mario Santana, René Antonio Florez, Sara Leukos, Víctor José Pardo, María Teresa de Mendieta, Silvia Patricia Nieto.
Uno no sabe si las críticas contra el periodista Jorge Enrique Botero son porque contó ayer el peligroso cariz que estaba tomando la misión humanitaria que acudió a liberar a cuatro miembros de la fuerza pública.
O si lo critican exclusivamente porque lo hizo siendo integrante de dicha misión, en su calidad de miembro de Colombianos por la Paz, por lo que, según los expertos, debió hacer el reclamo por los canales que se abrieron para este acuerdo humanitario temporal y parcial.
En todo caso, la verdad se supo -o parte de ella- y en adelante, esa verdad servirá para estar más alertas, y para que los incautos no se confíen tanto en la «buena voluntad» gubernamental. El material de audio y vídeo, que no se ha revelado, pero que Botero aportó a la discusión entre Colombianos por la Paz y el Alto Comisionado para la Paz, puso fin a un probable rosario de desmentidos y, por qué no, abrió a su manera mayores garantías para las liberaciones en curso. Es lo que pienso como periodista. Y por supuesto, espero que se publique el material.
En medio de las altisonancias de ayer domingo, nadie se fijó en que el guerrillero que habló mediante satelital por Telesur, en un reporte en directo de Botero desde el Caguán, no afirmó que la muerte en combate de un insurgente y la «desaparición» de otro que habría caído en manos del ejército hayan ocurrido durante el cese al fuego decretado por el gobierno a partir de las cero horas del sábado, y por 36 horas.
Este mediodía, la familia del periodista Hollman Morris informó que éste permanecía retenido en el retén militar de Unión Peneya. Los militares están exigiendo a Morris la entrega de su material periodístico.
A la entrada de Unión Peneya está uno de los múltiples retenes militares en la región del río Caguán, aguas arriba del poblado de Cristales, en el departamento del Caquetá. Es la zona donde las FARC entregaron ayer cuatro uniformados cautivos a una comisión de Colombianos por la Paz, liderada por la senadora Piedad Córdoba.
Morris –también integrante de Colombianos por la Paz- se adelantó a la misión humanitaria de ese grupo, en el marco de su carácter de corresponsal del canal árabe de televisión Al-Jazeera y de Radio Francia Internacional (RFI). El laureado periodista Morris es director del programa televisivo Contravía, censurado en la práctica y que no se transmite actualmente en Colombia por ningún canal, aunque sí en otros países.
RFI mostró preocupación por la situación de su periodista, luego de que éste fuera mencionado por dos de los uniformados liberados, quienes de manera confusa insinuaron que los periodistas presentes allí habrían pactado con la guerrilla las preguntas que les harían a ellos.
La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, lanzó este mediodía una Alerta, con el fin de que “el mando central del Ejército dé información inmediata sobre las condiciones y razones por las que Hollman Morris y su equipo periodístico están retenidos”.
Este es el texto.
Alerta – Periodista hostigado y aparentemente retenido por el Ejército
Hollman Morris, director del programa periodístico ‘Contravía’ y corresponsal de medios extranjeros, viene siendo hostigado por miembros del Ejército y, al parecer, se encuentra retenido por negarse a entregar su material periodístico.
El periodista se encuentra en el departamento de Caquetá, al sur del país, zona donde se están desarrollando las liberaciones de los secuestrados de las FARC. Según le comentaron algunas fuentes a la FLIP, Morris y dos periodistas que lo acompañan han tenido que enfrentar sucesivos retenes del Ejército y al parecer se encuentran retenidos por negarse a entregar su material periodístico. En este momento una comisión de la Defensoría del Pueblo se está trasladando a la zona. La FLIP trató de ponerse en contacto con las autoridades militares, pero no fue posible.
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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) emite esta alerta para que el mando central del Ejército dé información inmediata sobre las condiciones y razones por las que Hollman Morris y su equipo periodístico están retenidos. De la misma forma, expresa su preocupación por el hecho de que las autoridades militares estén exigiendo, sin orden de un juez, la entrega del material periodístico. Este hecho constituye una violación de la reserva de la fuente.
El general Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares, dijo que, luego de encontrarse con el grupo de las FARC para la entrega de los tres policías y el soldado liberados ayer, la misión humanitaria de dedicó a «actividades lúdicas» con la guerrilla, que «hubo canto de himnos» e incluso «se fueron de pic-nic».
El gobierno de Álvaro Uribe ordenó suspender totalmente los vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana, de cualquier altura, durante la segunda fase de la operación de liberación, que tuvo que ser suspendida por falta de garantías.
La declaración presidencial se produjo minutos después de que el CICR, en su lenguaje diplomático, confirmó que el gobierno violó las garantías dadas a la misión humanitaria liderada por la senadora Piedad Córdoba, de Colombianos por la Paz, y coordinada logísticamente por el CICR, con participación de helicópteros de la Fuerza Aérea de Brasil.
La operación de entrega del ex gobernador del Meta Alan Jara debe ser reprogramada y «hoy no hay salida» de los helicópteros puestos por el gobierno del Brasil, dijo el portavoz del CICR, Yves Heller.
El CICR pidió que las fuerzas militares colombianas cumplan con los compromisos asumidos ayer en reunión a las 8 de la mañana, ante ese organismo humanitario, en materia de garantías de seguridad de la misión de liberación que lidera la senadora Piedad Córdoba.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
Desplazadas Awá en Inda Sabaleta
Breve, como las cosas más urgentes. Colombianos por la Paz se pronunció sobre la 
Uno no sabe si las críticas contra el periodista Jorge Enrique Botero son porque contó ayer el peligroso cariz que estaba tomando la misión humanitaria que acudió a liberar a cuatro miembros de la fuerza pública.
El general Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares, dijo que, luego de encontrarse con el grupo de las FARC para la entrega de los tres policías y el soldado liberados ayer, la misión humanitaria de dedicó a «actividades lúdicas» con la guerrilla, que «hubo canto de himnos» e incluso «se fueron de pic-nic».