El juez palestino Akrem al-Ghoul (en la foto con una de sus nietas) fue una de las primeras víctimas de la invasión israelí a Gaza.
«¿Cuál es la diferencia entre el piloto que voló en pedazos a mi padre y el militante que dispara un pequeño cohete?», se pregunta el periodista Fares Akram, corresponsal en Gaza del diario británico The Independent. Traducción de Heavy Metal Colombia en solidaridad con Palestina.
Por Fares Akram, desde Gaza
Lunes, 5 de enero de 2009
La llamada telefónica entró como a las 4.20 pm del sábado. Una bomba había caído sobre la casa en nuestra pequeña granja en el norte de Gaza. En ese momento, mi padre iba caminando del portón hacia la casa. Era nuestro entrañable lugar, la granja y su casa blanca de dos pisos, con techo rojo. Ubicada en una fértil llanura agrícola al noroeste de Beit Lahiya, tenía huertos con árboles de limón, naranja y albaricoque, y habíamos adquirido recientemente 60 vacas lecheras.
Es la granja más cercana a la frontera norte con Israel. Irónicamente, siempre pensamos que el mayor peligro no vendría de las tropas israelíes, que usualmente han pasado de largo cuando montan una incursión, sino de cohetes extraviados de Hamas, cuando éste dispara contra ciudades israelíes al norte de nosotros.
Sin embargo, poco antes de la puesta del sol del sábado, cuando tropas de tierra y tanques israelíes invadieron Gaza para supuestamente acabar con los nidos desde donde Hamas dispara sus cohetes, la paz de ese lugar se hizo pedazos y la vida de mi padre se extinguió a la edad de 48. Aviones de combate y helicópteros hicieron su barrido, bombardeando y disparando para abrir paso a los tanques y la infantería que llegaron con la oscuridad. Fue uno de esos ataques aéreos con F-16 lo que mató a mi padre.
La casa se redujo a poco más que polvo, y de papá no fue mucho más lo que quedó. «Apenas un montón de carne», dijo más tarde con franqueza brutal mi tío, quien lo encontró en los escombros.
Como la mayoría de los habitantes de Gaza, mi madre, mis hermanas y mi mujer -que tiene nueve meses de embarazo- y yo hemos pasado la última semana, de la ofensiva israelí, atrapados en nuestro piso en la ciudad. Pero mi padre había decidido permanecer en la granja; él sabía que sería imposible volver para cuidar del ganado, si se iniciaba la esperada invasión de tropas. Nos llamaba a diario. La última vez que lo vi fue el jueves, cuando trajo efectivo y una bolsa de harina. Hablamos del inminente nacimiento de mi primer hijo y cómo íbamos a llevar a mi esposa, Ala, a un hospital en medio de los bombardeos y el caos.
Por supuesto, el sábado por la noche no había ninguna esperanza de conseguir una ambulancia que llegara hasta la granja, porque las carreteras habían sido cortadas por los israelíes. Por lo tanto, mi tío y mi hermano manejaron los 8 kilómetros hasta allá, y el resto de nosotros nos quedamos sentados, en estado de shock, temblando en la oscuridad del apartamento, abrigándonos con las cobijas para mantener el calor, y rodeados del trepidar incesante de los tanques. Muy en el fondo, todos sabíamos que papá estaba muerto. Él tenía que haber estado en o cerca de la casa, y si un F16 dispara directamente a tu casa, ya sabes lo que eso significa.
Cuando llegaron, encontraron un montón de escombros humeantes. La mayoría de las vacas yacían muertas y otras habían huido, heridas. Mahmoud, un adolescente de la familia, estaba con mi padre cuando la bomba israelí aplastó la casa. La fuerza del ataque lo arrojó a 300 metros. Encontraron el cuerpo de Mahmoud en un campo vecino.
Hemos enterrado a mi padre y a Mahmoud ayer por la mañana en un funeral muy rápido, a sabiendas de que los tanques israelíes están a sólo 3 km, en las afueras de la ciudad. Podíamos escuchar el traqueteo de las ametralladoras que acompaña a los tanques. Los israelíes pueden decir que había militantes en el área de nuestra finca, pero yo nunca lo voy a creer. El punto más avanzado de lanzadores de rockets está a 6 kilómetros al sur de la ciudad de Gaza. Hasta la frontera sólo hay campo abierto donde nada se puede ocultar.
Mi padre, Akrem al-Ghoul, no era militante. Nacido en Gaza y educado en Egipto, fue un abogado y juez que trabajó para la Autoridad Palestina. Después de que Hamas ganó las elecciones, renunció y se dedicó a la agricultura. El padre de papá, Fares, quien fue expulsado en 1948 de su hogar, en lo que ahora es la ciudad israelí de Ashkelon, había comprado la tierra en la década de 1960.
Durante la segunda intifada, y hasta que los israelíes se retiraron de Gaza en 2005, la finca fue ocupada por colonos israelíes, pero después de 2005 fuimos allí todos los días festivos. En Gaza, el único escape es la playa o, si tienes suficiente suerte, el campo. Mi padre odiaba lo que Hamas estaba haciendo con el sistema jurídico de Gaza, introduciendo la justicia islámica, y se opuso por completo a la violencia. Él hubiera trabajado duro por una solución justa con Israel y un futuro mejor para los palestinos. Cuando la Autoridad Palestina obtuvo el control de Cisjordania, se trasladó a Ramallah para ayudar a establecer allí los tribunales.
Mi dolor no conlleva el deseo de venganza, que sé siempre es en vano. Pero, en verdad, como hijo en duelo, estoy encontrando que me es difícil distinguir entre lo que los israelíes llaman terroristas y los pilotos y tripulantes de los tanques israelíes que están invadiendo Gaza. ¿Cuál es la diferencia entre el piloto que voló en pedazos a mi padre y el militante que dispara un pequeño cohete? No tengo respuestas pero, cuando estoy justo a punto de convertirme en padre, he perdido a mi padre.
Me cuentan que en el estadio de fútbol Barcelona, durante el partido Colombia-Cataluña el pasado 28 de diciembre, la policía autonómica catalana (Mossos d´escuadra) persiguió una pancarta que decía: “Uribe: 955 ejecuciones extrajudiciales, 250 sindicalistas asesinados, 11.000 desaparecidos. No más terrorismo de Estado”.
Argumento para hacer retirar la dichosa pancarta: “por ofensiva”.
Debo informar a la policía catalana que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, de Colombia, presentó su balance anual, y que este fue revelado al final de diciembre por Caracol Radio.
La mencionada Unidad reporta que está investigando más de mil cien (1.100) asesinatos cometidos sin fórmula de juicio por fuerzas estatales.
Sobre más de 600 de esos casos se abrió investigación apenas en octubre de 2007, debido a la presión internacional encabezada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que dedicó al tema buena parte de su informe de derechos humanos sobre ese año en Colombia.
Junto con el narcotráfico, Estados Unidos financia la guerra colombiana en compañía del Reino Unido y con estrecha colaboración de Israel.
En estas ejecuciones extrajudiciales (tal es su denominación técnica en el derecho internacional), están implicados unos mil (1.000) integrantes de la fuerza pública colombiana, según la Fiscalía: 955 de ellos pertenecen al ejército, 21 ala Policía, 20 ala Armada Nacional y cuatro al servicio secreto presidencial, DAS por sus siglas.
Los cargos por los cuales se investiga son homicidio agravado y homicidio en persona protegida por el derecho internacional humanitario.
El fusilamiento de civiles es contabilizado dentro de los éxitos militares en la guerra contrainsurgente colombiana. Y esto ocurre con especial intensidad bajo el gobierno de Álvaro Uribe, que recibe respaldo “incondicional” de los dos últimos gobiernos españoles.
Así que me permito recomendar a Mossos d´escuadra que, la próxima vez que alguien les sugiera pedir identificación y buscar antecedentes penales de quienes portan pancartas contra cosas como las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, más bien busquen los antecedentes penales de quien les hace la sugerencia.
Una condena inusualmente fuerte expidieron poco antes del mediodía de este miércoles el Sistema de Naciones Unidas en Colombia; Japón, Suecia y México, en nombre del grupo de países y entidades multilaterales que cooperan con Colombia (G-24); y Francia, como presidenta de la Unión Europea en Bogotá, ante el asesinato por parte de militares de Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor del CRIC y máxima líder de la Minga de Resistencia Indígena y Popular, Ayda Quilcué.
La comunidad internacional dice al gobierno colombiano que no había ningún retén, y que antes de disparar no se siguieron los procedimientos establecidos para estos casos.
La “troika” del G-24 se integra por la presidencia actual del grupo (Japón), la presidencia anterior (Suecia) y la presidencia entrante (México). Estados Unidos también hace parte del G-24.
Este es el texto del comunicado:
ONU condena enérgicamente la muerte del esposo de lideresa indígena, en Totoró, Cauca.
2008-12-17
(A este comunicado se adhiere la troika del G 24 y la presidencia local de la UE.)
El Sistema de Naciones Unidas en Colombia condena la muerte de Edwin Legarda, indígena Coconuco, esposo de la Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC Aida Quilcué, líderesa Nasa quien acababa de regresar de Ginebra Suiza donde denunció la crítica situación por la que atraviesan los pueblos indígenas.
Según la información recopilada por el Sistema de Naciones Unidas, el señor Legarda se desplazaba en un vehículo, entre las localidades de Inzá y Totoró, en el departamento del Cauca.
Sin que haya suficiente claridad sobre cómo ocurrieron los hechos, el Ministerio de Defensa confirmó que a primeras horas de la mañana de ayer, 16 de diciembre, tropas del Batallón José Hilario López de la III División del Ejército Nacional dispararon al automóvil que conducía el señor Legarda.
Preocupa la información recogida por funcionarios de Naciones Unidas a través de pobladores y representantes indígenas que manifestarían que, al momento de los hechos, no existía un reten militar debidamente identificado sobre la carretera y que se habrían realizado disparos en forma indiscriminada en contra de lo establecido en las propias Reglas de Encuentro del Ejército.
Preocupa a su vez que este hecho se enmarque dentro de los numerosos ataques contra la vida de indígenas que han sido registrados por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y las autoridades de investigación y control.
El Sistema de Naciones Unidas en Colombia confía en que las autoridades pertinentes investigarán de manera pronta y exhaustiva estos hechos, y juzgarán y sancionarán a quienes resulten responsables. Naciones Unidas confía que el rápido esclarecimiento de los hechos permitirá continuar avanzando en el diálogo que mantienen el Gobierno y las autoridades indígenas.
Adicionalmente, el Sistema de Naciones Unidas alienta a las autoridades a implementar con urgencia mecanismos eficaces para proteger el trabajo de los líderes y organizaciones indígenas en el departamento del Cauca y en todo el país.
La ONU expresa su solidaridad a Aida Quilcué, esposa del señor Legarda, a su familia y a toda la comunidad indígena por esta lamentable pérdida.
Por si acaso cuestionan a Colombia por el uso ilegal del distintivo del Comité Internacional de la Cruz Roja en la célebre y exitosa operación Jaque, que liberó a Ingrid Betancourt y a otros 14 cautivos de la guerrilla, el vicepresidente Francisco Santos entró pisando duro en Ginebra, en vísperas del Examen Periódico Universal en derechos humanos a Colombia.
Le entregó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, una carta que denuncia que las FARC atacaron el fin de semana una “misión médica” a unos 14 kilómetros del casco urbano de San Vicente del Caguán, en el sureño departamento del Caquetá.
Creo que voy a enviar varias candidaturas al Premio Monster de Periodismo, que estableció el periódico gratis Un Pasquín, del caricaturista Vladdo.
La primera candidatura es colectiva: para todos los periodistas nacionales e internacionales que calificaron a priori como “misión médica” una caravana de vehículos civiles que fue atacada por las FARC cuando se adentró en territorio guerrillero el domingo.
La caravana estaba integrada por cuatro vehículos: adelante iba una camioneta con logotipos del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), que atiende a la infancia desprotegida.
Luego avanzaban dos camionetas más, cuyos ocupantes, como se afirma, trabajan en un hospital –las informaciones no mencionan si esos vehículos llevaban la insignia de la Misión Médica- y por último un auto con funcionarios de la alcaldía de San Vicente.
Esta vez murieron Yamith Correa, psicólogo del ICBF de apenas 26 años, y John Alape, conductor del vehículo del mismo instituto, y resultaron heridas tres funcionarias: una psicopedagoga, una trabajadora social y una nutricionista.
“La carga estaba oculta a la orilla de la carretera y fue activada al paso del primer automotor”, dijo el secretario de gobierno de Caquetá, Edilberto Endo, “por la acción de los explosivos, el carro se salió de la vía y rodó 50 metros por un abismo, lo cual provocó el deceso del conductor y su acompañante y heridas múltiples a tres personas más”.
Las mujeres heridas fueron trasladadas en helicóptero militar inicialmente al Batallón Cazadores, en las afueras de San Vicente, y luego a un hospital en Florencia, capital del Caquetá.
El alcalde de San Vicente, Hernán Cortés, no viajó, pues fue advertido por el comandante de la Policía local “que no había garantías de seguridad y que era posible que las FARC estuvieran en la zona”, dice el diario bogotano El Tiempo.
“Nosotros conocimos del primer ataque hacia las 8 de la mañana, por eso no viajé al lugar de la brigada”, aseguró Cortés a W Radio. El comentario extraña, pues los reportes sitúan la explosión contra el vehículo del ICBF entre las 9 de la mañana y las 9:30. Caracol Radio informó del hecho a las 10:59.
El alcalde de San Vicente suele transportarse en los vehículos del ICBF, según el diario La Nación, de la ciudad de Neiva.
El asunto es que la “misión médica” era escoltada por la fuerza aérea, informa El Tiempo, que además precisa que la “brigada”, como acertadamente la llama el alcalde, fue “organizada por el ICBF, la Alcaldía y la Fuerza de Tarea Omega de las Fuerzas Militares”.
Por su parte, el diario El País, de la ciudad de Cali, informa que “la misión humanitaria estaba destinada a atender a los niños afectados por la violencia en la región y a los uniformados de la Fuerza Pública que combaten en esta zona vulnerable del país”.
En otras palabras, era una brigada cívico-militar, que son parte de la estrategia de guerra contrainsurgente en Colombia. No dejo de preguntarme por qué la fuerza pública “escoltaba” a la “misión médica” sólo desde el aire. ¿Para resguardar a sus tropas, si acaso había un ataque guerrillero?
“El principio de distinción implica hacer lo posible para evitar que los medios de transporte sanitarios y las instalaciones de salud se puedan convertir en objetivo militar. Igualmente se debe prevenir que el personal sanitario sea sujeto de ataque”, se lee en el Manual de la Misión Médica, publicado por el Ministerio de Protección Social de Colombia en 2004.
“Debe evitarse viajar en un vehículo perteneciente a alguna de las partes en conflicto, o hacerse desvarar por ellos. Así mismo, solicitar o aceptar escolta”, agrega el manual, cuya impresión fue financiada por la Organización Panamericana de la Salud.
Otros párrafos del manual, cuya lectura recomiendo a mis colegas candidatizados al Premio Monster de Periodismo:
“Debe procurarse evitar recurrir a personas ajenas a la entidad de salud para trabajar en zonas particularmente tensas”.
“Las Unidades Sanitarias autorizadas para utilizar el Emblema Protector serán señalizadas en las paredes exteriores y los techos, de tal forma que sea visible desde tan lejos como sea posible. Las Unidades Sanitarias móviles o temporales (…) no deben presentar ningún escudo, logotipo o eslogan diferente a los descritos para la Misión Médica”.
“Los Medios de Transporte Sanitario deberán pintar el Emblema Protector en el techo y en los lados, así como en el frente y la parte posterior, de forma tal que sea óptima su visibilidad cuando se desplieguen sus actividades de salud. La señalización debe ser permanente y no se autorizará su uso en medios de fácil remoción (magnéticos, autoadhesivos, etc.). Adicionalmente, en zonas de alto riesgo en razón del conflicto armado, se podrá complementar la señalización del vehículo con el uso de banderas con el Emblema Protector”.
“El personal sanitario de carácter civil (tanto público como privado) debe abstenerse de brindar cualquier tipo de apoyo o ventaja estratégica a los combatientes (de cualquier bando), dado que estas acciones pondrían en duda su calidad de ‘no combatiente’».
Una pregunta adicional es si acaso en el Caquetá comenzó ya el programa del Ministerio de Defensa que algunos denominan Consolidación Social del Territorio.
Este programa es manejado por el Centro de Coordinación para la Acción Integral (CCAI), un organismo interagencias que lidera Acción Social, oficina de la Presidencia de la República que, entre otras actividades, canaliza la cooperación internacional.
“Acción Integral” es el nuevo nombre que se les da a las operaciones o brigadas cívico-militares, como puede verse en todas las páginas web de las unidades militares colombianas.
El Ministerio de Defensa propuso a mediados de 2007 un nuevo plan de guerra, que combina el componente militar y la acción integral para la recuperación social y militar del territorio. El departamento piloto para este experimento contrainsurgente fue durante 2008 el central departamento del Meta, en el límite norte del Caquetá.
El objetivo para 2010 es ejecutar recursos del sector defensa en proyectos de bienestar comunitario, en zonas tradicionalmente abandonadas por el Estado y cuyos habitantes no gustan al gobierno, ni éste gusta a sus habitantes.
Esto es “ejecutar una política social a través de la guerra”, como explica el analista José Aristizábal García en la revista Arcanos No. 14, de la Corporación Nuevo Arco Iris, a punto de iniciar circulación.
Así que también valdría preguntar cómo se financiaba la fallida y trágica “misión médica”: ¿con recursos del ICBF o del Ministerio de Protección Social, o con recursos del Ministerio de Defensa? Y cabe aún otro interrogante: ¿Colombia va tras el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio recurriendo, en estas zonas, a la propaganda de guerra?
El 8 de marzo de 2006, en plena celebración del Día Internacional de la Mujer, Óscar Salas, de 20 años, llegó después de almuerzo a la Universidad Nacional, en Bogotá. Había “tropel” – es decir, enfrentamientos con la policía-, pues los estudiantes de las universidades estatales temen que la universidad pública sea rebajada a simple fábrica de técnicos y semiprofesionales, como le viene bien al TLC con Estados Unidos, por ahora congelado por el congreso de ese país.
El rector de la Nacional había pedido a la policía antidisturbios, ESMAD por sus siglas, que entrara a la universidad a controlar el motín.
Óscar Salas era flaco, de ojos verdes, de cabello claro. Se afiebró por la radio siendo apenas un estudiante de secundaria. Primero fue radioaficionado, luego estudió producción radial en la Universidad Nacional y se hizo corresponsal de Café 93.5 FM, la emisora comunitaria de su pueblo natal, El Líbano, mientras estudiaba Lingüística en la también estatal Universidad Distrital.
Su caso me llamó la atención especialmente, pues ese día Salas resultó herido por un arma extraña. A Salas le penetró por un ojo un objeto que se le incrustó en el cerebro. El muchacho ingresó después de mediodía a Urgencias de una clínica cercana, donde más tarde le fue diagnosticada muerte cerebral. Había ganado un premio de poesía en la Universidad Distrital, pero no alcanzó a recibirlo.
Su padre adoptivo Ricardo Lizarazo, quien trabajó en electromedicina en los Seguros Sociales y por lo tanto supo leer los exámenes tomados al joven, expresó que éstos mostraban “un balín del tamaño de un globo ocular en la parte posterior del cerebro, el cual entró por el ojo izquierdo sin dañarlo, pero destrozó los dos hemisferios en su mortal recorrido”.
La policía dijo que los estudiantes habían lanzado un explosivo con trozos de metal y canicas de vidrio, y publicitó ruidosamente el saldo de cuatro uniformados heridos. Recuerdo a un oficial señalando ante la TV la corteza de un árbol de la Universidad Nacional, de la que extrajo una canica incrustada allí, de esas con las que seguramente Óscar Salas jugó cuando chico.
Desde entonces seguí en las noticias la aparición de ese tipo de arma. No tenía sentido que los estudiantes hicieran estallar, dentro de sus propias filas, esos ruidosos explosivos que habitualmente usan en sus protestas, conocidos como “bombas papa”, que contuvieran canicas u otros objetos y que se convierten en potenciales mortíferas esquirlas.
Estas armas han sido usadas desde el caso Salas –cómo no- en muchas otras manifestaciones. Pero fueron los indígenas de la formidable Minga quienes “desnudaron” esos artefactos en octubre pasado. En un aparte de este vídeo, tomado por la Minga, se ven claramente los tales balines del tamaño de un globo ocular. Así que ya el mundo que se interesa por Colombia sabe quién los lanza contra las protestas civiles, y todos podemos imaginarnos quién los elabora.
La muerte de Óscar Salas, también apasionado del teatro callejero, generó fuertes protestas estudiantiles, así como de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de Café 93.5 FM. De inmediato surgió el Colectivo Óscar Salas, que busca rescatar la memoria del joven artista y periodista comunitario.
El Líbano es un poblado de rica historia enclavado en la Cordillera Central de Los Andes colombianos, en la zona cafetera del central departamento del Tolima. A los dos meses de la muerte de Salas, allí se realizó en homenaje al poeta de ojos verdes un festival cultural con serenata, exposiciones de arte y mucha poesía.
Este lunes, otro colectivo en memoria de Óscar Salas, que se identifica como “Radicales Libres”, vinculado a la emisora Café 93.5 FM, integrado por amigos de Óscar Salas y que trabaja con la comunidad de software libre, lanzó un trabajo increíble.
“En medio del ruido, cada vez se escucha menos el nombre de las víctimas, se pierden en el zumbido que nos dejan en los oídos los discursos y la cacofonía de los verdugos que gritándose unos a los otros sus propios nombres tapan el nombre de las víctimas, pretendiendo perderlas en el tiempo y en el humo, raptándolas por enésima vez, asesinándolas de nuevo”, advierte el proyecto, titulado “No olvidar a las víctimas”.
“Ya ni calcio cargan nuestros huesos”, dice un poema de Óscar Salas. El día de su muerte llevaba en su mochila dos libros de poesía, otro del cronista tolimense Germán Santamaría, un cuaderno lleno de dibujos y poemas y muchos papelitos de colores, con los que gustaba jugar desde niño.
El noticiero de televisión Noticias Uno mostró, en su emisión del domingo, un aparte de la declaración del capitán Ronald Coy Ortiz.
El experto de la Policía dice bajo juramento a la Fiscalía colombiana, en el proceso contra la diputada ecuatoriana a la Asamblea Constituyente, María Augusta Calle, que no había correos electrónicos como tales en los computadores de “Raúl Reyes”.
Estos contenían documentos Word, que no sirven para probar un intercambio de comunicaciones mediante correos entrantes o salientes. La diputada Calle, además periodista de la agencia Altercom, y ex becaria de Ashoka, aparece en un correo pidiéndole a “Reyes” plata para el arriendo, según las autoridades colombianas.
Este es el texto del expediente revelado por Noticias Uno:
“PREGUNTADO: Informe al despacho si ustedes hallaron en los elementos electrónicos incautados a Raúl Reyes archivos correspondientes a los correos electrónicos enviados y recibidos por él. RONALD HAYDEN COY ORTIZ: Pantallazo de correo electrónico no se ha hallado hasta el momento. Se han halladogran cantidad de direcciones que pertenecen a correos electrónicos. Pero Reyes almacenaba la información en Word y en programas de Microsoft”.
Según el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, se trata de “una estrategia de mucha gente que sale implicada por los correos y así defenderse. Pero los correos son prueba incluso en España. Cinco etarras han sido capturados…”
Vale recordar los párrafos 66 y 67 del “Informe forense de INTERPOL sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia – Informe Público”. Estos, efectivamente, no hablan de correos electrónicos, aunque sí de direcciones electrónicas.
El párrafo 66 dice que “en el informe confidencial de INTERPOL (entregado al gobierno colombiano) figuran todos los archivos de usuario almacenados en las ocho pruebas instrumentales decomisadas. Corresponde a las autoridades colombianas decidir de manera soberana qué información debe revelarse”.
Por su parte, dice el párrafo 67: “Sin desvelar dichos datos, INTERPOL puede declarar lo siguiente con respecto a los archivos de usuario contenidos en las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC:
·Se encontraron 109 archivos de documentos en más de una de las pruebas instrumentales
·452 hojas de cálculo
·7.989 direcciones de correo electrónico
·10.537 archivos multimedia (de sonido y vídeo)
·22.481 páginas web
·37.872 documentos escritos (de Word, PDF y formato texto)
·210.888 imágenes
De los anteriores, 983 archivos estaban cifrados”.
Los ocho elementos informáticos entregados a INTERPOL como supuestamente incautados en el ataque al campamento de “Reyes” en territorio de Ecuador son tres ordenadores portátiles, dos discos duros externos y tres llaves USB.
Pero los dos discos duros externos aparecieron a mitad de camino, aunque hay que aclarar que éstos supuestamente sólo contienen música, videos e imágenes, y todo fue ingresado a ambas piezas con fecha futura. También registra fecha futura uno de los computadores, que a su vez alberga sólo un archivo.
En la sección de Anexos del mismo informe, en la primera comunicación a INTERPOL, con el asunto “Solicitud experto técnico forense”, el general Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional, solicita la valoración oficial de “tres (3) computadores y tres (3) dispositivos USB”. El secretario generadle INTERPOL, Ronald K. Noble, contesta el 5 de marzo a la entonces directora del servicio secreto, DAS, María del Pilar Hurtado, confirmando por escrito una previa conversación telefónica: “Concretamente, han pedido Vds. a INTERPOL que les proporcione ayuda especializada en materia de investigación informática forense en relación con los datos almacenados en tres (3) ordenadores y tres (3) USB que fueron decomisados en el marco de una operación…”
Al día siguiente, la misma directora del polémico DAS le escribe a Noble, con la referencia “Solicitud de asistencia técnica”, “establecer el origen y manejo técnico dado a la información obtenida de los procesos de búsqueda de los archivos almacenados en los tres computadores portátiles, tres memorias USB, y dos discos externos, que son objeto de análisis por parte de la Policía Nacional de Colombia…”.
El 28 de agosto, la lectora Lucy Roessler acertadamente comenta: “En la página 53 del informe Interpol se lee que se le solicitó oficialmente al organismo: ‘la valoración oficial de tres (3) computadores y tres (3) dispositivos de almacenamiento USB…’”, y remite a un artículo suyo en Indymedia.
“Sepan que disponen de nuestros esfuerzos y medios para acompañar decididamente ese proceso desde espacios de la comunidad internacional, haciendo nuestro el interés de construir una paz establecida con la razón y la justicia social”.
Así expresan su apoyo al Diálogo Público Epistolar con las FARC 70 intelectuales, activistas de paz, religiosos y periodistas de Argentina, Estados Unidos, Bélgica, México, Francia, Italia, Israel, Cuba, Puerto Rico y sobre todo del Estado Español.
Piden que el diálogo epistolar se abra también internacionalmente con la sociedad civil, y que éste se extienda asimismo al Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Encabezan el mensaje Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, James Petras, profesor emérito de la Universidad de Binghamton, New York, François Houtart, profesor emérito de la Universidad de Lovaina, y el obispo mexicano Samuel Ruiz García.
POR UNA PAZ CON DIGNIDAD Y JUSTICIA PARA COLOMBIA
6 de noviembre de 2008
Señores/as
Firmantes de la carta del 11 de septiembre de 2008
Att. Senadora Piedad Córdoba
Señores
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Att. Comandante Alfonso Cano
Quienes firmamos esta comunicación, mujeres y hombres de diversos lugares del planeta, a quienes nos concierne la realidad de Colombia, no indiferentes sino preocupados/as por los graves hechos del día a día que degradan la vida y libertades de su pueblo, consternados/as por el ensombrecido futuro del país, y a la vez reforzados/as por los signos de orden social y político nacidos de sus luchas, queremos manifestar nuestra adhesión a las voluntades que inician un diálogo y que alumbran con él una convicción profunda de búsquedas hacia salidas dignas y justas al conflicto social, político y armado que se afronta desde hace décadas;
En ese sentido, conocedores y conocedoras de diferentes clamores por la paz y la justicia, entre esas manifestaciones de esperanza asumimos y respaldamos la carta que el pasado mes de septiembre de 2008 encabezó la Senadora Piedad Córdoba, urgiendo aproximaciones para que puedan darse pasos hacia la comprensión, pidiendo que puertas de conversaciones sean abiertas por la insurgencia colombiana con la sociedad civil nacional e internacional, comenzando por un intercambio epistolar con el Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP;
Sabiendo de la respuesta positiva de las FARC-EP a esa propuesta, y su ratificación, queremos pública y explícitamente apoyar ese intercambio epistolar y su cometido ético, seguros que en el mundo miles y miles de voces se sumarán, para pedir el diálogo, que ojalá se haga extensivo al Ejército de Liberación Nacional, ELN, tanto de cara a necesarias soluciones humanitarias y de derecho internacional aplicables a la confrontación, como para albergar ese supremo propósito de avanzar hacia desenlaces fundados en los ideales de justicia para todos.
Sepan que disponen de nuestros esfuerzos y medios, para acompañar decididamente ese proceso desde espacios de la comunidad internacional, haciendo nuestro el interés de construir una paz establecida con la razón y la justicia social.
Atentamente,
Adolfo Pérez Esquivel,
Premio Nobel de la Paz, Argentina.
James Petras,
Profesor emérito Universidad de Binghamton, New York, Estados Unidos.
François Houtart,
Profesor emérito Universidad de Lovaina, Bélgica.
Santiago Alba Rico,
Filósofo, España.
Enrique Santiago Romero,
Jurista, España.
Monseñor Samuel Ruiz García,
Secretaría Internacional de Solidaridad Monseñor Romero SICSAL, México.
Pascual Serrano,
Periodista, España.
Ana Andrés Ablanedo,
Lingüista, Coordinadora de Soldepaz Pachakuti, Asturias, España.
Carlos Taibo,
Profesor universitario, Madrid, España.
Francisco Erice,
Profesor universitario, Oviedo, España.
Ana García,
Activista social y política, Asturias, España.
Carlos Fazio,
Profesor, periodista, Periódico La Jornada, México.
Cuando el río suena, es porque lleva piedras, dicen.
Los dos principales financiadores de la guerra colombiana (me refiero a gobiernos, no al narcotráfico y la corrupción) saludaron la destitución, ayer miércoles, de 20 oficiales y siete suboficiales del ejército, por ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate.
Ayer se pronunció el embajador de Estado Unidos en Colombia, William Brownfield. Hoy hizo lo propio el gobierno británico desde Londres.
No es que ese respaldo a las destituciones no se necesite: por supuesto que sí.
Pero quizá arroja luz sobre por qué diablos el gobierno de Álvaro Uribe madrugó ayer -en plena visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas- a reconocer lo que hasta hace pocas semanas consideraba calumnias: el fusilamiento de civiles para presentarlos como «muertos en combate», y disfrazados de guerrilleros y paramilitares, esto último para probar que sí persigue a sus aliados.
La práctica no es de hoy, recuerdan las organizaciones de derechos humanos, que vienen denunciando ejecuciones desde los años 70. ¿Por qué reaccionó el gobierno, y precisamente en este momento?
Ayer en Bogotá, en el lanzamiento simultáneo de cuatro informes de la sociedad civil sobre ejecuciones extrajudiciales (hora y media antes, Uribe anunció las destituciones), algunos defensores de derechos humanos estaban desconcertados, y otros especulaban respuestas.
Estas iban desde la actual visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Colombia, hasta el alto riesgo (para Uribe) de que Obama gane la presidencia de Estados Unidos el próximo martes, pasando por el escándalo en los medios.
El senador de izquierda Gustavo Petro tipificó hoy estas ejecuciones extra juicio como crimen de lesa humanidad, y pidió que la Corte Penal Internacional (CPI) intervenga.
Nuevamente cabe recordar que la salvaguarda de siete años para la acción de la CPI en Colombia, y que vence exactamente el 1 de noviembre de 2009, es únicamente para los crímenes de guerra.
No para los crímenes de lesa humanidad -actos repetitivos, planeados fríamente y ejecutados de manera masiva- ni para el crimen de genocidio.
En otras palabras, si Uribe no actúa contra los criminales dentro del ejército, que asesinan inocentes para obtener días de vacaciones, medallas y bonificaciones -como se premian desde hace 100 años las bajas en combate- el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, puede entrar a Colombia mañana viernes.
Y hasta me da por malpensar que quizá hay ya una comunicación en ese sentido de por medio – pero no nos precipitemos.
En todo caso, también hoy jueves, el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, declaró: “Si aquí llegamos a comprobar que esta es una práctica sistemática y generalizada, estamos frente a un delito de lesa humanidad, y de ahí la competencia de la Corte Penal Internacional”.
Eso sí, que quede claro que la CPI actúa sólo si Iguarán no hace nada, como hasta ahora.
Iguarán habló de las recompensas que tanto ha promovido este gobierno: “¿No será que el afán por el positivo*, y el ansia por la recompensa, está generando o llevando a estos graves y oscuros sucesos?” (*Positivo, para los militares, es lo contrario de lo que a uno le dice la palabra–> matar, herir, destruir, confiscar, encarcelar y etc.)
“Con todo el respeto, tenemos que revisarnos todos”—dijo Iguarán, que tampoco ha atendido mucho que digamos las denuncias de los defensores de derechos humanos.
“Yo le diría al gobierno, por ejemplo, que revisara la Directiva Ministerial 029 del 2006, sobre el tema de las recompensas. Porque allí, a riesgo de equivocarme, puede estar diciéndose que hay recompensas, incluso, no sé si son 3 millones 600 mil pesos (unos 1.300 dólares), para cuando se trata de bajas” en combate, recordó Iguarán.
La declaración del gobierno británico, por su parte, da pistas sobre lo que preocupa. Copio el texto, y luego comento.
Bogotá, 30 de Octubre de 2008
La Vice-Ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Gillian Merron, se refirió a la medida tomada por el gobierno colombiano con respecto al retiro de los militares involucrados en las recientes ejecuciones extra-judiciales en el país.
«Es importante que el gobierno colombiano haya tomado la decisión de retirar un número de militares como resultado de su implicación en las recientes ejecuciones extra-judiciales y casos de conspiración criminal. Es de vital importancia para Colombia la reputación internacional, razón por la cual el gobierno y los tribunales deben continuar mostrando una determinación para enfrentar los abusos en derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, y que los condenados por el Sistema de Justicia Civil sean castigados debidamente».
Hasta ahí, la declaración desde Londres, enviada por la Embajada Británica en Bogotá.
Primero, observe mi lector o lectora que Merron no utiliza el término «supuestamente» cuando se refiere a «los militares involucrados en las recientes ejecuciones extra-judiciales en el país».
Aquí en Colombia los medios les están abriendo amplios espacios a los militares destituidos, promoviendo que hasta que no sean vencidos en juicio, son inocentes. Eso es cierto.
Pero una neurona traviesa me cuestiona invariablemente: ¿a los jóvenes llevados al matadero se les aplicó la presunción de inocencia?
También fijémonos en que Merron delimita correctamente: los destituidos ayer están implicados apenas en las ejecuciones «recientes».
De una vez, está hablando de «conspiración criminal». Es decir, de algo planeado.
Cuando hace referencia a la «reputación internacional» de Colombia, uno recuerda lo que ya dijo el ministro británico de Relaciones Exteriores Kim Howells el 1 de octubre al gobierno de Uribe, cuando ya había estallado la bomba de esta pena de muerte a la colombiana: «Crímenes extrajudiciales no tienen lugar en una sociedad civilizada y democrática».
Luego, Merron dice que las investigaciones deben continuar; es decir, estamos apenas en el principio. Y, finalmente, una advertencia al buen entendedor: que ni se le ocurra al gobierno permitir que estos casos pasen a la justicia penal militar.
Por cierto, la radio reporta desde ayer una verdadera avalancha de denuncias desde distintos puntos de Colombia, por fusilamiento de civiles reportados por autoridades militares como muertos en combate, y disfrazados de guerrilleros.
Se menciona por estos días bastante al general Mario Montoya, comandante del ejército, el héroe del ejército de Ingrid Betancourt.
(Ya que la nombro, quiero dejar sentado que yo sí estoy de acuerdo con todos los premios que le han dado a Ingrid, que me encanta saber que puede hablar públicamente y ser escuchada, y viajar por el mundo. Durante tantos años añoré su palabra, esté de acuerdo con ella o no.)
A comienzos de septiembre alcanzaba un punto culminante la cacería nacional e internacional contra quienes hayan tenido o tengan contactos con el secretariado de las FARC. La prueba contra todos ellos: figurar en esos admirables portátiles Toshiba que la fuerza pública dice haber encontrado en el campamento de «Raúl Reyes» en Ecuador. Para mí se trata apenas de una formalidad, pues lo que veo detrás de esa persecución es el intento de quienes se lucran de la guerra de satanizar cualquier posibilidad de diálogo o salida negociada.
Dentro del costal de perseguidos caen desde el gobierno suizo hasta una mujer colombiana que hizo su tesis de grado de sociología sobre esa guerrilla, pasando por Carlos Lozano, periodista y hombre correctísimo con quien comparto, por ejemplo, el convencimiento de la solución negociada y el diálogo.
Pues en septiembre, por iniciativa relámpago de la senadora liberal Piedad Córdoba, 148 personas firmamos una carta al secretariado de las FARC. La idea me encantó: en ese contexto de persecución nacional e internacional a quien se hubiera cruzado cartas con la guerrilla, la propuesta consiste en un diálogo público epistolar con las FARC, gústele a quien le guste.
Justo cuando hoy, en un artículo de IPS, me quejo de la falta de diálogo en Colombia, con fecha 16 de octubre llegó la respuesta del secretariado de las FARC a nuestra misiva.
Copio debajo nuestra carta, y luego la respuesta de las FARC. Perdonará mi lector o lectora, pero me propongo publicar en este blog el diálogo público epistolar que resulte de esa propuesta que yo misma respaldo con mi firma. Eso sí, hasta que me metan presa.
Bogotá DC., septiembre 11 de 2008
Señores miembros del Secretariado:
La solución de la crisis múltiple que aqueja a la sociedad y al Estado colombianos demanda una juiciosa reflexión, así como la participación de los distintos sectores expresados en la sociedad civil y de aquellos actores comprometidos en el conflicto interno armado, social y político que agobia al país, con el objeto de evitar daños a la institucionalidad y propiciar la construcción de una democracia plena con justicia social y paz en la que quepamos todos.
En tal virtud, nuestra aspiración es la de trabajar por desbloquear los caminos que conduzcan a la concreción de un Acuerdo Humanitario que permita la liberación de secuestrados y prisioneros en poder de la insurgencia armada de las FARC y, al propio tiempo, la libertad de los presos de esta guerrilla bajo la jurisdicción del Estado.
Comprendemos que una alternativa diferente al entendimiento político para celebrar un Acuerdo Humanitario y facilitar una salida negociada al conflicto entrañaría el padecimiento de importantes sectores de la población, el inminente peligro para la vida de los cautivos que están en la selva, la degradación de la guerra, y el estímulo a la militarización y al autoritarismo y debilitamiento institucional del proceso político nacional.
El escalamiento de la confrontación ha desbordado la geografía nacional e impacta territorios de países hermanos, con diversos hechos de violencia institucional que han puesto en dificultades las relaciones diplomáticas de nuestro país.
No obstante, tenemos la certeza de que los presidentes y jefes de Estado de pueblos hermanos en el hemisferio, y de los denominados países amigos europeos, concurrirán de manera solidaria a apoyar los procesos de diálogo que estamos proponiendo.
Por las razones expuestas, y con el ánimo de emprender desde ahora la búsqueda de soluciones a favor de la paz de Colombia y el sosiego de los seres humanos afectados por el conflicto, de manera cordial los invitamos a desarrollar un diálogo público a través de un intercambio epistolar mediante el cual ustedes, nosotros y en general la sociedad colombiana podamos identificar los elementos que permitan definir una agenda que esclarezca las rutas en las que sería posible un entendimiento, en aras del anhelado acuerdo humanitario.
Consideramos que ya existe una apreciable corriente de opinión que favorece la promoción de factores contrarios a la solución armada y que está en condiciones de colocar los referentes apropiados para generar una controversia democrática sobre los temas de la paz y de la guerra en Colombia, con el fin de propiciar la convivencia pacífica dentro de una nueva ética social.
Estaremos atentos a su respuesta:
Piedad Córdoba Ruiz, Medófilo Medina, Fabio Morón Díaz, José Gregorio Hernández, Víctor Manuel Moncayo, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Angulo Bossa, Consuelo González de Perdomo, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán Cuéllar, Alfredo Molano Bravo, Javier Darío Restrepo, Daniel Samper Pizano, María Teresa Herrán, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Alberto Rojas Puyo, Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, Iván Cepeda Castro, Raúl Alameda, Florence Thomas, Alpher Rojas Carvajal, Felipe de Brigard, Rocío Londoño Botero, León Valencia, Jorge Enrique Botero, Consuelo Ahumada, Marleny Orjuela, Fabiola Perdomo, Deyanira Ortiz Cuenca, Martha Arango de Lizcano, Claudia Rugeles Flórez, Ángela de Pérez, Yolanda Polanco, Marc Chernick, Gabriel Izquierdo S.J., Gloria Cuartas, Fernán González S.J., José Gutiérrez, Juanita Barreto, Padre Henry Ramírez Soler CMF, Juan Sebastián Lozada, Álvaro Camacho Guisado, Apolinar Díaz-Callejas, Lisandro Duque Naranjo, Alberto Cienfuegos, Ricardo Bonilla, Leopoldo Múnera Ruiz, Renán Vega Cantor, Ciro Quiroz, Carlos Lozano Guillén, Jairo Maya Betancur, Ricardo García Duarte, Jorge Gantiva, Carlos Villalba Bustillo, Constanza Vieira, Gloria Polanco, Apecidez Álviz, Carlos A. Rodríguez Díaz, Venus Albeiro Díaz, Andrés Felipe Villamizar, Arlen B. Tickner, Santiago García, Pepe Sánchez, Patricia Ariza, Carlos Álvarez Núñez, Víctor Gaviria, Jennifer Steffens, Bruno Díaz, Zulia Mena, Gustavo Duncan, Lilia Solano, Julio Silva Colmenares, Oscar Mejía Quintana, Arturo Escobar, Rafael Ballén, William García Rodríguez, César Augusto Ayala Diago, Carlos Medina Gallego, Diego Otero Prada, Rubén Darío Flórez, Darío Villamizar, Luis Fernando Medina, Santiago Araoz, Fabián Acosta, Alonso Ojeda Awad, Jimmy Viera, Efraín Viveros, Mauricio Rojas Rodríguez, Eduardo Gómez, Carlos Villamil Chaux, Fernando Estrada, Moritz Akerman, Ricardo Montenegro, Santiago Vásquez, Enrique Santos Molano, Libardo Sarmiento Anzola, Hollman Morris, Reinaldo Ramírez García, Jairo E. Gómez, Daniel Libreros, Jaime Caicedo Turriago, Héctor Moreno Galviz, Mauricio Archila Neira, Dora Lucy Arias, Luis Alberto Ávila, Olga Amparo Sánchez, Norma Enríquez, Orsinia Polanco, Caterina Heyck, Guillermo Silva, Luis Enrique Escobar, Eduardo López Hooker, Eduardo Carreño, Alexandra Bermúdez, Pilar Rueda, Fernando Arellano, Gabriel Awad, Cristo Rafael García Tapias, Alfonso Santos, Jorge Lara Bonilla, Miguel Eduardo Cárdenas, Andrés A. Vásquez, Jaime Calderón Herrera, Álvaro Bejarano, Álvaro Delgado, Álvaro Villarraga, Armando Palau, Juan de Dios Alfonso, Darío Morón Díaz, Carlos Rosero, María Eugenia Liévano, Hernando Rosillo Torrente, Gonzalo Uribe Aristizábal, Edgar Martínez, Esperanza Márquez, Dídima Rico Chavarro, Danilo Rueda, Eduardo Franco Isaza, Evelio Ramírez, Carlos Torres Corredor, Fructuoso Arias, Gabriel García B, Gabriel Ruiz, Germán Arias Ospina, Gustavo Puyo, Gustavo García, Hernán Cortez A, Ivón González, Jaime Pulido Sierra, Jaime Vasco A, Juanita Bazán, Luís Eduardo Salcedo, Luis Jairo Ramírez, Mario Santana, René Antonio Flórez, Sara Leukos, Víctor José Pardo, Francisco de Roux S.J., Gustavo Gallón, Pierre Gilhodes.
Carta de las FARC a los colombianos partidarios de la solución política a los problemas de la guerra y la paz
Respetados Compatriotas:
Con beneplácito hemos recibido su misiva de septiembre que invita a explorar colectivamente caminos hacia la paz alejados del actual rumbo gubernamental de guerra perpetua que significa persistir en el imposible de una solución militar a los problemas políticos, económicos y sociales que subyacen en el cruento conflicto que estremece al país.
Saludamos el florecimiento de una corriente de opinión que se aparta del falso triunfalismo y de los parámetros de la solución guerrerista a los grandes problemas nacionales. No dudamos del éxito de su gestión porque coincide con el sentimiento y el anhelo de paz de las mayorías.
Esta carta es ya el comienzo del Intercambio Epistolar que nos proponen para discutir en torno a la salida política del conflicto, el canje humanitario y la paz. Participaremos de cara al pueblo en un diálogo con amplitud y franqueza, sin dogmatismos, sin sectarismos y sin descalificaciones sobre los temas que sugieren. Es necesario esforzarnos en procurar la vinculación de la mayor cantidad posible de organizaciones políticas y sociales y de personas independientes.
Nuestra disposición a explorar posibilidades hacia el canje humanitario y la paz con justicia social que es hoy el clamor y la necesidad más urgente y sentida de toda la nación, continúa invariable. La liberación unilateral de seis ex congresistas en el pasado reciente, entregados al presidente Hugo Chávez y a la senadora Piedad Córdoba, buscaba crear condiciones y ambientes propicios al canje de prisioneros en poder de las partes contendientes. Este hecho es testimonio fehaciente de voluntad política.
Muy respetuosamente sugerimos, para reforzar este nuevo emprendimiento, tener en cuenta la manifiesta disposición de la gran mayoría de presidentes latinoamericanos para contribuir con sus esfuerzos en el proceso de intercambio humanitario y paz.
La inmensa bandera de la paz con justicia social deberá ondear definitivamente, libre, bajo el cielo de Colombia. La guerra eterna contra el pueblo que nos quieren imponer para perpetuar la injusticia no puede ser el destino de la patria.
Reciban nuestro saludo cordial.
Compatriotas
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, octubre 16 de 2008
Antes de que la Corte Penal Internacional (CPI) entre a actuar en Colombia por los casos de crímenes de guerra, a finales de 2009, van a aparecer los desaparecidos del Palacio de Justicia (noviembre de 1985).
Y también: antes de que la CPI entre a actuar en Colombia por los casos de crímenes de guerra como el Palacio de Justicia (y otros que no prescriben mientras los restos de los desaparecidos no aparezcan, y otros crímenes más recientes, con o sin desaparecidos, en este rosario interminable), antes de eso, van a desfilar por los tribunales colombianos los máximos militares responsables de esos hechos.
Y Colombia y el mundo se van a maravillar, de tantísima justicia.
Cabe recordar que la acción de la CPI es subsidiaria, es decir que aplica sólo si un Estado “no puede o no quiere” hacer justicia.
El coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega estuvo ayer lunes en audiencia de indagatoria por el juicio que se le sigue por secuestro agravado y desaparición forzada.
Llegué temprano, y lo vi esperar -igual que yo-, entre una cafetería y la calle de los juzgados, en el sector de Bogotá conocido como Centro Internacional. Hablaba por celular mientras paseaba por el andén. Después me enteré que sigue preso.
La familia de Plazas Vega argumenta que él es inocente de las desapariciones forzadas del Palacio de Justicia porque tenía una larga cadena de mando por encima suyo, cuando dirigió los tanques que penetraron en el palacio que había sido ocupado por la guerrilla del M-19.
“Defendiendo la democracia, maestro”, fue la frase que lo hizo célebre, cuando el periodista Hernando Corral le preguntó, en una esquina de la Plaza de Bolívar, en cuyo costado norte estaba el Palacio de Justicia, qué hacía allí su unidad.
Pero Plazas Vega, en lugar de decir quiénes mandaron torturar hasta la muerte no sólo a guerrilleros, sino a los empleados y simples clientes casuales de la cafetería, además de a algunos guerrilleros, ha preferido “revelar” el lunes a los periodistas, a la salida de la audiencia, lo que algunos sabíamos: que a Antropología Forense de la Universidad Nacional de Colombia le fueron entregados varios cadáveres de desaparecidos del Palacio de Justicia, para su identificación.
La estatal Universidad Nacional confirmó en la tarde que, efectivamente, recibió en 1998 de la Fiscalía General de la Nación 22 cuerpos para su identificación, que fueron supuestamente desenterrados de fosas comunes del Cementerio del Sur de Bogotá.
De ellos, 10 fueron identificados en 2004, bajo la dirección del director del postgrado de Antropología Forense, José Vicente Rodríguez.
“No hubo desaparecidos” en el Palacio de Justicia, descubrió ahora Plazas. “No hay desaparecidos de la cafetería”, es decir 11 hombres y mujeres que sus familias buscan desde hace 23 años.
“22 cadáveres sin identificar, muertos en el Palacio de Justicia: ahí están los desaparecidos”, sostuvo Vega.
Es decir, si los restos aparecen, no hay desaparecidos, y el asunto queda enterrado; prescribe.
No contó Vega que ya fueron devueltos a sus familias los restos de al menos seis guerrilleros –puede que esté siendo imprecisa en la cifra- y que recibieron sepultura hace un par de años, en absoluta discreción, por petición de las familias.
Pero, hay un problemilla. Y es que no existe ningún documento de remisión de las 22 osamentas a la Universidad Nacional.
Otro problemilla: los testigos. Los propios torturadores, o los propios soldados que escucharon o ejecutaron las órdenes infames en el operativo.
Edgar Villamizar, uno de esos testigos contra Plazas, considera que su vida está amenazada, dejó constancia oficialmente la juez este lunes.
El abogado de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, el gran defensor de las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia, fue asesinado el 18 de abril de 1998 en Bogotá.
Sus investigaciones, y la exhumación de los restos, evidenciaron que varios sobrevivientes de la toma del Palacio de Justicia fueron capturados y luego asesinados, como recuerda su hermano Germán Umaña.
Me gustaría saber qué día de ese mismo año en que fue asesinado Eduardo le entregaron a las Universidad Nacional las osamentas de 22 personas.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
El juez palestino Akrem al-Ghoul (en la foto con una de sus nietas) fue una de las primeras víctimas de la invasión israelí a Gaza.
de 
“Las Unidades Sanitarias autorizadas para utilizar el Emblema Protector serán señalizadas en las paredes exteriores y los techos, de tal forma que sea visible desde tan lejos como sea posible. Las Unidades Sanitarias móviles o temporales (…) no deben presentar ningún escudo, logotipo o eslogan diferente a los descritos para 
Salas, de 20 años, llegó después de almuerzo a 