Heavy Metal Colombia

#NoFumigaciones

Dibujo de un nio ecuatoriano vctima de las fumigaciones colombianas en la frontera (IPS/Accin Ecolgica)

Luego de que la Organizacin Mundial de la Salud dictaminara que el glifosato es sospechoso de producir cncer, el ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, recomend no seguir fumigando con ese herbicida.

El Consejo Nacional de Estupefacientes se rene el 14 de mayo para evaluar la recomendacin y proponer alternativas para usar otros qumicos. Cules? An no se sabe. Entre ellos est uno de ingrata recordacin en Vietnam y en la Sierra Nevada de Santa Marta: el Paraquat.

Varias organizaciones, incluidas Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), Wola (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) y Aida (Asociacin Interamericana para la defensa del Ambiente) estn promoviendo un conversatorio el 13 de mayo, la campaa en redes sociales con el hashtag #NoFumigaciones y una carta de peticin en change.org, que invito a firmar y compartir.

La carta con sus firmas ser entregada el da 14 de mayo en la reunin del Consejo Nacional de Estupefacientes, en Bogot.

Ya era hora

Desde 2003, un peritaje de la Defensora del Pueblo (ombudsman) de Ecuador evidenci dao del material gentico en mujeres, por fumigaciones colombianas.

El estudio fue base de la demanda de Ecuador a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El caso termin con un acuerdo confidencial amistoso entre los dos pases, segn el cual Colombia indemnizaba al pas vecino.

Para ese momento, la composicin de la mezcla potenciada de glifosato que se usaba para fumigar cultivos de drogas en el marco del Plan Colombia era, en la prctica, secreto militar: a los expertos les estaba vedado inspeccionar las naves fumigadoras antes de alzar vuelo. Tenan que conformarse con la informacin que les daban las autoridades. Pero reinaba la desconfianza.
Otra dificultad resida en que las propias operaciones de fumigaciones eran, tambin, secreto militar. Nunca haba sido posible presenciar una fumigacin y tomar muestras en vivo, por decirlo as, para medir los efectos de las aspersiones.

A los ecuatorianos se les ocurri entonces, en 2001, hacer una medicin distinta: averiguar por los efectos colaterales del Plan Colombia sobre la salud humana y los cultivos legales.

Fue as como los encargados de un estudio del Comit Interinstitucional sobre las Fumigaciones (CIF), un grupo interdisciplinario civil de Ecuador, acudieron a la zona de frontera con Colombia dos semanas despus de las fumigaciones.

Sus informes dieron argumentos a Quito para exigir a Bogot que se abstuviera de fumigar en una franja de 10 kilmetros previa a la frontera binacional. Tiempo despus, Ecuador demand a Colombia ante la CIJ. La primera reaccin de Bogot fue suspender las fumigaciones en frontera, y se inici una especie de acuerdo amistoso.

Mortandad de peces y abortos de animales

El CIF comprob, dentro de Ecuador, el impacto de las fumigaciones colombianas a dos, cinco y 10 kilmetros de la frontera. Detect afecciones respiratorias, digestivas, de la piel y oculares.

«Esos cuatro problemas iban disminuyendo conforme nos distancibamos de la frontera», dijo en 2007 a IPS en Bogot el mdico espaol Adolfo Maldonado, de la no gubernamental Accin Ecolgica, una de las 11 entidades que conformaban el CIF.

En su primer estudio encontraron «una gran mortandad de animales, bsicamente peces». Para entonces, nadie haba estudiado el impacto en el agua. «Todos los campesinos mencionaron que se haba producido una gran cantidad de abortos en los animales que estaban preados», seal Maldonado.

Estrs en Ecuador, depresin en Colombia

La segunda investigacin compar poblacin colombiana y ecuatoriana. El CIF encontr «una situacin de estrs muy importante» entre la ecuatoriana, debido a que no saba si sembrar o no, dado que su gobierno no haba podido, en ese entonces, detener las fumigaciones de Colombia.

Mientras, «en la poblacin colombiana lo que haba era un nivel altsimo de depresin. La gente saba que era el Estado el que le estaba haciendo esto, por lo tanto no tena posibilidades de acudir a ninguna instancia oficial a reclamar, y por eso la sensacin de abandono, la necesidad de irse de la zona» era muy marcada, dijo Maldonado.

Riesgo de cncer, malformaciones congnitas y abortos disparado en 800 por ciento

El tercer estudio, de 2003, sobre el impacto de los rociados en el cido desoxirribonucleico (ADN) de la poblacin local, fue parte de un peritaje para la Defensora del Pueblo de Ecuador.

Los encargados del estudio acudieron a la zona dos semanas despus de las fumigaciones y aplicaron la llamada prueba del cometa, electroforesis alcalina de clulas individuales, que analiza el dao del material gentico por accin de diferentes agentes qumicos y fsicos.

Fueron analizadas 47 mujeres colombianas y ecuatorianas que habitaban en la lnea de frontera, escogidas bajo el criterio de que en su actividad cotidiana no tuvieran contacto con pesticidas, pero que hubieran recibido fumigaciones con la mezcla usada en el Plan Colombia.

«Determinamos que haba un dao promedio de 36 por ciento de las clulas en la totalidad de las mujeres que analizamos. Lo habitual es encontrar un cuatro por ciento de dao gentico en poblacin normal, de ciudad o rural, como el grupo control de 25 mujeres (analizadas) a ms de 80 kilmetros de la zona fumigada, dentro de Ecuador», segn Maldonado.

«Eso implica que obviamente el riesgo de cncer, de malformaciones congnitas y de abortos estaba tremendamente elevado, prcticamente en un 800 por ciento», advirti.

El impacto en los nios

Otra investigacin, realizada a comienzos de 2006, busc el impacto sobre los cultivos de alimentos. En la zona «hay niveles de desnutricin elevadsimos, que alcanzan a 32 por ciento frente a 18 por ciento en poblacin que se encuentra a 20 kilmetros de la frontera», seal el mdico.

Este cuarto estudio abarc 25 escuelas ecuatorianas y ms de 1.700 alumnos, y descubri, adems de la mala alimentacin, «comportamientos anmalos muy importantes por parte de los nios», por lo cual se solicit a un equipo de psiclogos averiguar «qu era lo que estaba ocurriendo».

«Comprobamos que haba un 40 por ciento de casos de depresin, un 46 por ciento de problemas de autoestima, una prdida de 70 por ciento de capacidad de aprendizaje, una situacin escolar terrible», asever.

Para esto, se compararon dibujos infantiles de la frontera en diferentes aos. En el estudio de 2001, sobre cmo vean los nios las fumigaciones, stos hicieron gala de una capacidad de observacin «impresionante». «Podan decir en qu se diferenciaba la afectacin de un cedro, una yuca, un platanar», segn Maldonado.

Dos aos despus, cuando se les pidi nuevamente pintar las fumigaciones, «los nios ya empiezan a mostrar la sangre. En los dibujos destacan los disparos, los choques armados. Hay una presencia militar importantsima, aviones que ocupan prcticamente todo el papel», describi.

Los nios dejan de dibujar sonrisas

En 2006, cuando se les pidi a los menores que dibujaran una familia, «nos quedamos absolutamente traumados», dijo Maldonado.

Porque «primero, dejan de dibujar a colores. Abandonan el color. Y, segundo, dejan de dibujar la boca. Los nios dejan de dibujar sonrisas. Lo nico que dibujan son ojos grandes, ojos abiertos pero no hay ni odos ni boca, en una manifestacin de que esos nios no pueden expresar lo que est pasando», dijo.

Los psiclogos sintetizaron esa situacin «con una frase que a todos nos dej con escalofros: que jams haban visto nios con niveles tan bajos de alegra».

El nio Diego Gonzaga, de la comunidad El Cndor cerca del ro San Miguel que marca la frontera, pint un marrano patas arriba y escribi: «Mi chanchito se muri y yo lo quera mucho. Me iba a comprar mi uniforme para ir a la escuela. El que vea y lea lo que est en mi dibujo, pido que me ayuden para terminar mi primaria. No qued nada de plantas y animales».

El San Miguel lleva un letrero: «Ro contaminado del Plan Colombia».

Los animales son «el ahorro de los pobres», explic Maldonado, «el nio cra el chancho durante todo el ao, lo vende y con ese dinero se compra el uniforme y los tiles escolares». Al morir el cerdo, «este nio dice: ahora no tengo cmo ir el prximo ao a la escuela».

Los campesinos ecuatorianos en la primera lnea de frontera aseveraron que perdan entre 75 y 90 por ciento de sus cosechas por las fumigaciones. «Esto hace que, obviamente, la situacin econmica de esta poblacin se afecte», coment el mdico. Por este dao a los cultivos, Colombia tuvo que pactar indemnizaciones a la poblacin ecuatoriana de frontera.

(Lea en IPS el artculo original de donde se retom esta informacin)

mayo 7th, 2015

Comunidades proponen Comisión de la Verdad

Las comunidades proponen cinco puntos:

Cese bilateral del fuego, garantías para la libertad de expresión y participación física en espacios definidos para hacer propuestas, incluida una Comisión de la Verdad.
Además, la satisfacción básica de algunos derechos con base en la redistribución de los recursos que se destinan a la guerra. La idea es también que los recursos de cooperación internacional se destinen, entre otros, a la Comisión de la Verdad.
Finalmente, piden que los acuerdos de paz que se logren sean refrendados en un referendo o mediante una Constituyente.
Esta es la carta.Diversos lugares de Colombia, septiembre 4 de 2012
Doctor JUAN MANUEL SANTOS Presidente de Colombia
Señor TIMOLEÓN JIMÉNEZ Secretariado de las FARC – EP
Señor NICOLÁS BAUTISTA Comité Central ELN
Nos llena de esperanza el haber conocido el acuerdo de aproximación entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional de Santos y la reiteración del ELN de ser parte de un proceso. Respaldamos la disposición de las partes para dar fin al conflicto armado. Y esperamos que prontamente se habiliten acuerdos de aproximación para la discusión con el ELN.
Nosotros hemos vivido los efectos de la guerra, habitamos en zonas de conflicto armado, hemos sido víctimas de crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de graves infracciones al derecho humanitario, en particular, los crímenes de Estado y las operaciones empresariales que han beneficiado a despojadores, operadores extractivistas, ganaderos, palmeros y compañías de infraestructura se encuentran en absoluta impunidad.
Seguimos siendo víctimas de confrontaciones armadas, de hostilidades, de planes de consolidación, de montajes judicializaciones con falsos testigos, de permanentes chantajes, del uso de medios de guerra proscritos por el derecho internacional, tras de los cuales se continúan beneficiando sectores empresariales y políticos. Esos costos inenarrables, muchas veces desconocidos, exigen su cese definitivo. Tomar la decisión de prolongar la guerra es continuar haciendo inviable el país incluyente y democrático que por más de 60 años nos ha sido negado por intereses de poder inconfesables. Algunos calculan que continuar la guerra para someter a las guerrillas significaría 20 o 30 años más de derroche militar, calculando una derrota por vía militar o mejor reducción del movimiento armado eso es reprochable cuando se puede dialogar y concertar
Muchas de nuestras situaciones por efectos del conflicto armado han sido conocidas por Colombianas y Colombianos por la Paz en su labor por la paz con justicia que dan fe de estas graves condiciones que general el conflicto armado. Conocen y han escuchado lo que ha significado en costos en vidas humanas, en costos sociales, ambientales y económicos está guerra que va a cumplir cerca de 50 años.
Igualmente hemos ido construyendo propuestas frente a la impunidad y la verdad en la Comisión Ética de la Verdad y otras iniciativas compartidas con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Hemos constituido y desarrollado propuestas técnicamente asesoradas y probadas de enfrentamiento de la impunidad, de protección ambiental, de producción económica alimentaria, de protección del agua, de acueductos comunitarios, de educación propia, de vivienda saludable, de comunicación radial y televisiva, de salud que son mejoramiento de la calidad de vida de propuestas para enfrentar la pobreza y la exclusión y que proyectas acuerdos comerciales democráticos.
Creemos que cualquier proceso de diálogo hacia la paz debe enfrentar problemas estructurales algunos de ellos consignados en los temas de la agenda, y otros que han quedado excluidos: la definición democrática del uso del suelo urbano, la impunidad jurídica y socio cultural que requiere un nuevo aparato judicial, la democratización en la propiedad y acceso a la información, entre otros.
Somos conscientes, y no por esto pesimistas, que el país no cambiará por acuerdos políticos en las conversaciones, será seguramente unos acuerdos que posibiliten avanzar en la construcción de un nuevo modelo democrático en lo político, lo social, lo económico, lo ambiental.
Se requiere mucha generosidad no solamente para cesar la militarización y propiciar un desarme, una desmentalización de la lógica de la seguridad nacional que ha dado origen incluso al paramilitarismo y la persecución judicial. Se requiere generosidad de empresarios, de la clase política y dirigente y un acuerdo por una información veraz que no afecte la decisión que apoyamos todos que la guerra debe terminar.
Será un avance hacia la paz el que se reconozcan los problemas estructurales que persisten y los que requieren ejercicios de gobierno transversal, horizontal, transparente con voluntad de cambio en la destinación de los recursos del Estado, entre ellos las regalías, y la aplicación de una política pública que proteja a la totalidad de las y los colombianos.
Ya hemos visto como una Constitución como la del 91 logró proteger un conjunto de derechos, pero también, como en su oposición y desestructuración, factores de poder han intervenido para limitar e imposibilitar la satisfacción de derechos de las mayorías y mantener un orden injusto, excluyente. O como, la llamada de ley de víctimas siendo un avance en algunos aspectos, hoy está siendo inviable por factores de poder interno como el neo paramilitarismo y los enfoques de desarrollo de la “prosperidad”.
Proponemos frente a los acuerdos de aproximación ya conocidos, y frente a lo que eventualmente se conozca en Oslo que se defina:
1. Un cese bilateral del fuego. Este debe ser incluyente y exigible a las fuerzas regulares y a los disidentes armados. Esta deberá ser de manera expedita y pronta, con verificación de las propias comunidades, la Defensoría del Pueblo, y algún ente internacional.
2. Garantías para nuestra libertad de expresión. La persistencia del conflicto armado, las operaciones de tipo paramilitar, la persecución judicial y de periodistas imposibilitan que expresemos en libertad o con serias limitaciones nuestro pensar, nuestras actividades cotidianas laborales. Estas son razones importantes para que se de un cese al fuego, se posibilite nuestra participación y podamos creer en el proceso. Es fundamental el cumplimiento de aspectos referente a estructuras criminales e igualmente la necesidad de tener acceso ya a medios de información públicos y privados.
3. El derecho a la paz es de todas y de todos. El Acuerdo habla de recepción electrónico y por medios físicos como medio de participación de la sociedad civil, esa expresión es importante, pero imprecisa y da a equívocos.
Debemos tener nosotros espacios precisos donde discutamos nuestras apuestas territoriales, las que tienen viabilidad técnica y solo se requiere voluntad política de escucharlas, de discutir y asumirlas en acuerdos para salidas socio ambientales al conflicto armado.
Requerimos saber de qué manera, por ejemplo, nuestras propuestas de habitación, de protección territorial, de respeto a la riqueza biológica y ecosistemas, de comisión de verdad, de reforma al aparato judicial, de no a la minería como definición del uso del suelo en zonas de reserva forestal y de páramos es presentada, discutida y concertada.
Sabemos que se requiere eficacia, pero ya tenemos la madurez necesaria para que esta se traduzca en propuestas concretas, viables, verificables
4. Satisfacción básica de algunos derechos con base en redistribución del PIB. Urge una redefinición del destino de los recursos que se usan en la guerra y de otros rubros que se financian por tributación directa e indirecta, una redistribución del PIB y de los de la cooperación internacional desde el 2014 y por 10 años, en los que nuestras propuestas de habitación, de producción, de Comisión de Verdad, de educación, sean incluidas. Una redefinición del gasto serán los que propician la viabilidad de la exclusión con una nueva mentalidad en los acuerdos comerciales y en la que se limiten seriamente las operaciones extractivas.
Esa paz con justicia será procesal, si existe voluntad de cambio
5. Mecanismos de Refrendación de los acuerdos con participación directa Constituyente o Referendo. El gobierno de Colombia y las guerrillas representan algunos intereses, de algunos sectores urbanos y rurales colombianos, pero no necesariamente en las partes se ven reflejados todas nuestras exigencias, nuestros derechos y propuestas en su integralidad, así existan puntos de coincidencia. Si se logran acuerdos, insistimos, que no van a cambiar los factores estructurales, pero si cimentar las bases procesales a la paz, lo que es nuestro deseo, es que estos sean refrendados por algunos de estos mecanismos de participación directa como los arriba propuestos, esto supone una reforma al sistema electoral y los mecanismos de participación política con acceso libre y permanente a medios de información.
Hay una crisis de representación del poder legislativo de los intereses de los colombianos, lo que se ha hecho evidente en las movilizaciones sociales o en el hundimiento a la reforma a la justicia reflejando la capacidad de corrupción en diversas instancias institucionales, así que la carta de acuerdos hacia la solución del conflicto implica su refrendación por otros mecanismos de representación y de participación.
Es hora de empezar en la reconstrucción del país, en fortalecer lo que hemos ido construyendo las víctimas, de lo contrario un proyecto de país en paz será imposible para las próximas generaciones. La paz es una democracia para todas y todos con justicia integral en un proceso que debe empezar pronto, con realismo y eficacia estructural.

septiembre 4th, 2012

NO MÁS CORAZONES ROTOS

Una campaña global en respuesta a la campaña gubernamental y privada «Colombia es pasión»

http://www.nomorebrokenhearts.net/

http://www.colombiavisit.org/

septiembre 9th, 2009

Nos mataron a Marino Mestizo

Ese es el mensaje desde el territorio indígena del suroccidental departamento del Cauca. “Lo que se comenta en la región, y lo que dicen muchos comuneros de esta región, es que el asesinato lo cometieron las FARC, concretamente”, declaró al noticiero de televisión CMI el destacado líder indígena caucano Darío Tote.

Mestizo fue asesinado el martes hacia las 13:30 horas cerca del sitio Santa Rita, resguardo de Tóez, municipio de Caloto, en territorio de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN.

Dos hombres armados y encapuchados lo hicieron apearse de su moto, le amarraron las manos a la espalda, se lo llevaron fuera de la vía. La Guardia Indígena lo encontró boca abajo, con tres balazos en la cabeza.

Las FARC dejaron viuda a Cecilia Escué y sin padre a cuatro hijos, dos de ellos menores de edad.

Mestizo fue presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda (vecindario rural) La Esperanza Jambaló, coordinador jurídico del Cabildo Indígena de Jambaló y a su muerte integraba el Comité de Investigación del Cabildo, parte de la jurisdicción indígena.

Ante el funcionamiento de laboratorios de drogas de gentes “externas”, y ante la “presencia de actores armados de derecha e izquierda en nuestras comunidades”, que estaban “causando problemas de descomposición social en la población civil”, el 26 de febrero de este año las autoridades indígenas de Jambaló expidieron la Declaratoria de Emergencia Territorial y Humanitaria.

La Declaratoria daba tres días a los dueños de los laboratorios de droga para desalojar voluntariamente el territorio indígena.

Vendría luego una verificación del territorio, por parte de guardias indígenas (Nasakiwe Tegnas), en los sitios donde se sabía del funcionamiento de laboratorios. Si para entonces seguían allí, y si los “actores armados continúan en las viviendas de los comuneros y dentro del territorio, se procederá a realizar una minga pacífica de desalojo”, decía la Declaratoria.

El Parágrafo 1 del artículo sexto de la Declaratoria advertía: “Los milicianos o simpatizantes de los actores armados deben definir si se acogen a los criterios de la comunidad, de lo contrario deben desalojar el Territorio”.  

Marino Mestizo estuvo entre los líderes que encabezaron la verificación.

El 2 de marzo, Jambaló se declaró en Asamblea Permanente. Hombres y mujeres se organizaron en 11 comisiones de verificación y evaluación. 

En su recorrido “se encontraron artefactos explosivos ubicados en algunas viviendas de los comuneros, material de fabricación de explosivos, uniformes camuflados y un laboratorio grande de procesamiento de alcaloide sin desalojar”, rezaba un comunicado de la comunidad retransmitido por la ACIN.

Al acercarse al laboratorio, las comisiones “fueron hostigadas con disparos por la guerrilla y por aire sobrevoló una avioneta de la Fuerza Aérea Colombiana”. Supuestos guerrilleros intentaron quemar el bus de propiedad del Cabildo Indígena de Jambaló, pero la comunidad lo impidió.

El texto consignaba: “continúan las amenazas a las autoridades, a la guardia indígena y a líderes de la comunidad”.

El 3 de marzo, segundo día de la Asamblea Permanente, las comisiones hallaron “artefactos explosivos, tubos de aluminio, laboratorios pequeños ubicados en una vivienda alquilada y una cocina de procesamiento de alcaloide, que en parte fue desalojada por la comunidad”.

“Se siguen presentando sabotajes, por parte de personas inconformes y apáticas al proceso”, agregaba el comunicado divulgado por ACIN.

La Asamblea Permanente reiteró con fecha 6 de marzo “a los dueños de las cocinas o laboratorios instalados dentro del territorio, para que en el término de tres días, contado a partir de la firma y publicación de la presente resolución, desalojen voluntariamente”.

Como miembro del Comité de Investigación del Cabildo de Jambaló, Marino Mestizo estaba investigando a milicianos de las FARC supuestamente comprometidos en las amenazas contra varios líderes luego de que las comisiones de la Asamblea Permanente destruyeron artefactos explosivos y cocinas de procesamiento de coca en Jambaló.

“El ejército y la guerrilla, ambos nos matan, unos se esconden, otros se camuflan. Debemos fortalecer la guardia indígena en nuestro resguardo porque ellos son los que deben hacer el control territorial”, dijo una comunera de Jambaló, según la cita el Tejido de Comunicación de la ACIN, “el crimen de este compañero no se puede quedar en la impunidad. Nosotros debemos alzarnos en una acción conjunta con los cabildos del norte del Cauca, para defender nuestro territorio. Luchar, no con armas como lo hacen ellos, porque aunque nos maten a todos amarrados no nos vamos a desplazar”.

Ahora, la Consejería Mayor de la ACIN, en nombre de las autoridades tradicionales de todo el norte del Cauca, se declaró en Asamblea Permanente. Este miércoles se tomaron más decisiones colectivas, “para defender el territorio y la vida”. Estas serán publicadas en http://www.nasaacin.org/

La ACIN hace parte del CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca.

Remito a mi lector o lectora a la carta enviada por el CRIC a las FARC el 19 de febrero, y a la que adhirieron Colombianas y Colombianos por la Paz, grupo que lleva un Diálogo Público Epistolar con esa guerrilla y con el ELN, Ejército de Liberación Nacional.

En la misiva a las FARC, motivada por la ejecución de ocho indígenas awá por esa guerrilla, el CRIC resume la razón de las luchas de los indígenas del Cauca: buscan un sistema democrático, un sistema económico que no destruya la naturaleza y una sociedad en armonía.

«No habrá paz para los colombianos y las colombianas, si no hay paz para los indígenas, y no habrá paz para los indígenas si no hay paz para todos los colombianos», resumió entonces el CRIC, pero “no queremos simplemente ser excluidos de la guerra y sus atrocidades, al tiempo que ésta sigue asolando al país y a los otros pueblos; no queremos meternos en un caparazón mientras la gente se asesina. No. Queremos que la guerra termine”.  

junio 25th, 2009

Matar de un plumazo y en plural

Poco antes de las cuatro de la tarde (21:00 GMT), una delegación indígena en la cual descollaba el ex Constituyente Lorenzo Muelas logró por fin, tras más de hora y media de espera en la calle, radicar en la embajada del Perú, en Bogotá, una carta dirigida al presidente Alan García.
 
La misiva expresa el “más profundo rechazo” frente al asesinato de decenas de aborígenes en la Amazonia peruana, el pasado 5 de junio, Día de la Tierra.
 
“Nos sumamos a las voces de las comunidades indígenas amazónicas que están reclamando el cese a la violación de sus derechos y la derogación de los derechos legislativos del TLC que facilitan la invasión y el despojo de sus territorios.

“Consideramos esta acción violenta del gobierno peruano como una masacre y una violación flagrante de la vida, integridad y derechos fundamentales de las comunidades indígenas”, expresa a García el Consejo de Gobierno de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, es decir la dirección de la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia.
 
La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de Colombia exige al gobierno de Alan García cesar de inmediato la represión, «y abstenerse de este tipo de acciones de desalojo a la fuerza que generan muerte entre hermanos peruanos».

También, garantizar el respeto y la protección de la vida, respetar la libertad de expresión y el derecho de asamblea pacífica, dialogar pacíficamente con los manifestantes y sus representantes sobre los temas que los llevaron a protestar, atender a los heridos e investigar los hechos, tomando medidas preventivas para éstos no se repitan.
 
Muelas, también ex senador y ex gobernador del suroccidental departamento del Cauca, y tres veces Gobernador de Guambía, el territorio de su etnia, que habita en el Cauca, expresó frente a la embajada del Perú que “los salvajes son esos capitalistas que entran en nuestros territorios”.

Advirtió que lo ocurrido en la Amazonia peruana “puede pasar en cualquier país en este continente”, por eso “este no es un problema indígena, es un problema de todos. Pedimos al mundo entero solidaridad”.

Como periodista, me sorprende cómo muchas comunidades en Colombia trazan cada vez más una relación entre la gran inversión privada, el vaciamiento territorial que genera desplazamiento forzado y la matanza que ocurre en el país.

Le cuentan a uno del asesinato de un líder y a continuación dicen, por ejemplo, como escuché hoy: «la represa de Salvajina»; «la mina de oro en Suárez». Y a continuación mencionan la empresa transnacional detrás del megaproyecto al que aluden, como causa de esa muerte.

Sólo que aquí los perpetradores aprendieron desde comienzos de este siglo que matar de un plumazo y en plural no conviene.

Sean 30, 70 o 100 los muertos, como se dice que hubo en la Amazonia peruana, los de aquí son gota a gota, de uno en uno o de tres en tres, de semana en semana o de mes en mes.

Pero eso sí, en una misma región sobre la cual dentro de un par de años saldrá el anuncio de que será anegada por una represa, o que en un futuro no muy lejano va a ser concedida para una explotación minera.

Grandes proyectos económicos o yacimientos sobre cuya existencia sólo conocen con tanta antelación aquellos con acceso a información privilegiada. 

junio 8th, 2009

Orden de captura contra líderes de la Minga

Al día siguiente de la matanza de indígenas amazónicos en Perú, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) informó que la fiscalía colombiana solicitó orden de captura contra Aida Quilcué, Feliciano Valencia y Daniel Piñacué, los líderes más visibles de la Minga indígena que desafió al presidente Álvaro Uribe el año pasado.

La orden de captura es por «secuestro agravado» y «lesiones personales agravadas». El asunto es altamente interesante, por dos cosas.

La más importante es que implica una colisión con la jurisdicción indígena, prevista en el artículo 246 de la Constitución de Colombia, el cual dice: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”. 

En segundo lugar, porque la demanda fue interpuesta claramente por instigación gubernamental, por parte de un militar de origen nasa que se infiltró vestido de civil en la Minga en octubre pasado y fue sorprendido por los comuneros en territorio indígena y portando material de guerra cuya utilización podría haber desprestigiado a la Minga, como bien lo recuerda el CRIC.

Uribe necesitaba por entonces con urgencia mostrar “pruebas” de que la protesta indígena estaba penetrada, o incluso que era dirigida por la guerrilla. Y que los indígenas estaban armados de algo más que palos y piedras.

El militar fue detenido por la Guardia Indígena, fue sometido a juicio por parte del Tribunal Indígena y condenado al “remedio”, como lo consideran los usos y costumbres de los nasa, de recibir cinco fuetazos en público, y vestido.

Ni qué decir tiene que, entre tanto, fue asesinado por militares el esposo de Quilcué, Edwin Legarda, también en territorio indígena, y que la única hija de ambos, de 12 años, fue hostigada peligrosamente.

Por cierto, los indígenas del suroccidental departamento del Cauca, igual que los masacrados en Perú, han liderado una importante movilización contra el TLC entre Colombia y Estados Unidos.

junio 8th, 2009

Si es así, retiro mi firma del Referendo por el Agua

El Referendo por el Agua, que yo firmé luego de leer con muchísima atención tanto su contenido como su redacción, fue alterado y mutilado de tal forma por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que no lo reconozco. Mi lector o lectora puede ver debajo toooodo lo que cambió.

El 29 de septiembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil (organización electoral) acreditó 2’039.812 firmas válidas en respaldo al Referendo por el Agua, promovido por el Comité en Defensa del Agua y de la Vida, una reunión variopinta de ecologistas, indígenas, comunidades negras, organizaciones de usuarios, sindicalistas, campesinos, líderes sociales, vocales de control de los servicios públicos, académicos, estudiantes y ciudadanos del común.

El objetivo: prohibir, por constitución, la privatización del agua, y la depredación de ese recurso natural que constituye el principio de la vida en el atribulado planeta Tierra.

«El agua es un bien común y público», «El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental», «El servicio de acueducto y alcantarillado será prestado en forma directa e indelegable por el Estado o por comunidades organizadas», «Se respetará una franja de protección de los ríos, cauces y humedales. Las aguas que discurren o se encuentren en territorios indígenas o en los territorios colectivos de las comunidades negras son parte integrante de los mismos. Se garantizará además el valor cultural del agua como elemento sagrado en la cosmovisión de los grupos étnicos», «Los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua deben gozar de especial protección por parte del Estado y se destinarán prioritariamente para garantizar el funcionamiento de dicho ciclo», decía el texto del referendo firmado por más de dos millones.

El correspondiente proyecto de ley de iniciativa popular que convoca al referendo fue presentado al parlamento el 14 de octubre, a través del secretario general de la Cámara de Representantes. El trámite debía enfrentar cuatro debates, después de los cuales el parlamento debía expedir una ley convocando al referendo, al tiempo que la Registraduría debía definir una fecha para su realización.

Pero se atravesó el presidente Álvaro Uribe, fervoroso privatizador e interesado personalmente en que los textos de los referendos de origen popular que buscan reformar la Constitución puedan ser alterados por el parlamento.

Aunque ninguna norma lo dice ni explícita ni implícitamente, Uribe consideró que el parlamento sí puede «modular», es decir cambiar los textos ya firmados por la ciudadanía. Y así lo impuso a través de sus mayorías parlamentarias, mayorías que por cierto bordean la ilegitimidad, debido a los procesos por la «parapolítica».

Un afán de Uribe es que le ha ido mal con el movimiento ambientalista.

En alianza con otros sectores, sobre todo indígenas y negros, los ambientalistas le derrotaron su ecocida proyecto de Ley Forestal, lograron congelar su privatizadora Ley del Agua y su depredadora Ley de Páramos.

Por si fuera poco, a iniciativa de defensores de derechos humanos, en marzo le tumbaron por inconstitucional la Ley Rural, que buscaba desconocer la autonomía territorial de indígenas y comunidades negras y legitimar la apropiación violenta de millones de hectáreas de tierras de los desplazados.

Pero el principal afán de Uribe reside en que el referendo en torno a su propia reelección, que avanza también en el parlamento, quedó mal redactado y, si el texto no se «modula» en el parlamento, el actual presidente sólo podría presentarse a elecciones nuevamente en 2014 y no en 2010, como sería su ambición.

Escribe en su editorial del 24 de abril el diario conservador El Nuevo Siglo: «Los Referendos, al igual que los tratados internacionales, sólo pueden ser aprobados o improbados en su conjunto por el Congreso. Sería un galimatías que el pueblo, que es el directo jefe de los parlamentarios, quedara subyugado por sus subordinados.»

El Nuevo Siglo advierte que «incidir en el texto proveniente del pueblo es bordear el prevaricato», y habla de extralimitación de funciones. «No hay, pues, debate de ninguna índole al respecto: en la Constitución, ni en las leyes, el Congreso está autorizado para modificar los Referendos de iniciativa popular. Y como lo están haciendo a sabiendas de que no lo pueden hacer, se están enfrentando, evidentemente, a la posibilidad de ser denunciados ante la Corte Suprema de Justicia».

Si cambian tanto un texto que yo firmé, pues que le quiten mi firma. Si a pesar de todo sacan adelante ese nuevo texto espurio y convocan al referendo para aplicarse a sus inconfesables negocios que tienen previstos con el agua, pues el día de la votación me abstendré.

mayo 5th, 2009

Lunes 6 p.m. vence ultimátum indígena

Desplazadas Awá en Inda Sabaleta

Departamento de Nariño, sur de Colombia (Foto ACNUR /M.H.Verney)

Si el próximo lunes a las seis de la tarde, hora colombiana (23:00 GMT), la Columna Mariscal Antonio José de Sucre de las FARC no ha indicado el sitio donde están los cuerpos de los ocho indígenas que reconoció haber masacrado; o si las autoridades colombianas no han encontrado sus restos, se activará la Minga Humanitaria por la Dignidad, que irá a buscar a “nuestros hermanos sacrificados para que podamos devolverlos a la Madre Tierra tal y como lo dictan nuestros usos y costumbres.”

Según dijo a esta periodista José Paí, Autoridad del resguardo indígena Tortugaña Telembí, la Minga Humanitaria podría reunir a 10 mil indígenas del país y responsabiliza “tanto al gobierno nacional como a las FARC de lo que pueda suceder.”

La Minga exige al gobierno colombiano “las gestiones diplomáticas necesarias para garantizar el acompañamiento de un equipo técnico internacional experto en desactivado de minas, ya sea de Bolivia, Ecuador o Brasil, pues no aceptamos el acompañamiento de las fuerzas militares de Colombia”.

La Minga exige a todos los actores armados, legales e ilegales, que se retiren de inmediato del territorio awá, antes del ingreso de la comisión de autoridades tradicionales y de la Guardia Indígena.

Luego de que el grupo Colombianas y Colombianos por la Paz, que lleva adelante desde septiembre un Diálogo Epistolar con el Secretariado del Estado Mayor Central, le solicitara a éste el 12 de febrero un pronunciamiento público sobre la matanza, un día después la Columna Sucre reconoció ser perpetradora de las “ejecuciones”.

El sitio web oficial de las FARC reprodujo el comunicado de la Columna Sucre ayer 18 de febrero, lo que interpreto como una aceptación de parte de la comandancia de las FARC sobre la autoría de este crimen de guerra.

A continuación, el comunicado de la Minga Humanitaria:

POR LA DIGNIDAD, LA VIDA Y LA DEFENSA DEL TERRITORIO

PUEBLOS INDÍGENAS UNIDOS EN MINGA DE RESISTENCIA

COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

EL PUEBLO INDÍGENA AWÁ, CON APOYO DE LA ONIC, OPIAC, CIT, COORDINACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS EN COLOMBIA, AICO, CRIC, FCAE DENUNCIAMOS QUE LOS AWÁ SIGUEN CAYENDO MUERTOS POR MANOS CRIMINALES.

La Unidad Indígena del pueblo Awá – UNIPA-, la ONIC, OPIAC, CIT, AICO, Coordinación de Autoridades Tradicionales Indígenas en Colombia, el CRIC y la FCAE alertan a la comunidad nacional e internacional sobre el recrudecimiento de la grave situación de violación a los derechos humanos, los derechos fundamentales del pueblo indígena Awá de Nariño y las infracciones al DIH.

Dichas violaciones se realizan de manera reiterada por los grupos insurgentes, paramilitares y la fuerza pública a través del minado del territorio, la restricción a la libre movilidad, el asesinato a más de ciento cincuenta indígenas Awá en los últimos 7 años, amenazando y desplazando a nuestros hermanos indígenas de Tortugaña Telembí, Tronquería, Pulgande Palicito, Las Planadas Telembí, El Sande, Maguí y Vegas, bombardeando viviendas, planteles educativos y demás sitios de reunión, realizando detenciones arbitrarias y desarrollando políticas y estrategias para involucrar a la población civil en un conflicto social y armado que no compartimos, no apoyamos, no es nuestro y del cual no participamos ni directa ni indirectamente.

En los últimos días el mundo conoció la masacre de 17 indígenas Awá, responsabilizándose de ella el grupo insurgente de las FARC, quienes de manera cínica reconocieron su responsabilidad en los hechos, justificando este acto de barbarie como una retaliación a la política de seguridad democrática sobre una población indefensa, inerme, aislada y que siempre se ha declarado ajena a la guerra interna que se libra en nuestro país; con el agravante de que las FARC manifiesta abiertamente su desconocimiento a la integridad étnica y cultural de los pueblos indígenas, a la autonomía y jurisdicción de nuestras autoridades tradicionales.

A pesar de las denuncias y encontrándose la población Awá desplazada y concentrada, el día 15 de febrero del año en curso a las 3:15 p.m. fue asesinado el compañero Ernesto Jiménez García en la vereda El Pailón, y en horas de la noche el compañero Claudio Nastacuás a las 10:30 p.m., en el corregimiento Justo Ortíz – El Diviso (municipio de Barbacoas). Los dos compañeros pertenecían a los resguardos de Alto Ulbi Nunalbi y Maguí. A la vez que se detectó la presencia de personas de civil que realizan labores de inteligencia, seguimiento y que no se han identificado de pertenecer a ningún organismo oficial como tampoco son conocidos de la zona.

Hoy, después de quince días de la masacre, vemos con gran preocupación que las autoridades militares y judiciales no han mostrado resultados frente a la búsqueda de los cuerpos de nuestros hermanos asesinados, como tampoco el gobierno ha facilitado los espacios humanitarios para atender a la población confinada y a los huérfanos. Por el contrario, pretenden aprovechar el infortunio para que las autoridades indígenas los apoyen en su persecución a los grupos insurgentes, haciendo prevalecer la lógica de la
guerra ante las acciones humanitarias que dicta el derecho internacional en estos casos.

Frente a la crisis humanitaria del pueblo indígena Awá, los firmantes de este documento exigimos tanto a las FARC como al gobierno nacional y damos un ultimátum para que a más tardar el lunes 23 de febrero de 2009 a las 6:00 p.m. entreguen a nuestras autoridades indígenas los cuerpos de nuestros hermanos sacrificados, para que podamos devolverlos a la madre tierra tal y como lo dictan nuestros usos y costumbres.

De lo contrario iniciaremos la Minga Humanitaria por la dignidad y la búsqueda de los cuerpos, responsabilizando tanto al gobierno nacional como a las FARC de lo que pueda suceder.

Exigimos a los actores armados legales e ilegales que desocupen inmediatamente el territorio del pueblo Awá previo al ingreso de la comisión de autoridades tradicionales y guardia indígena, y al gobierno nacional que realice las gestiones diplomáticas necesarias para garantizar el acompañamiento de un equipo técnico internacional experto en desactivado de minas, ya sea de Bolivia, Ecuador o Brasil, pues no aceptamos el acompañamiento de las fuerzas militares de Colombia por las razones expuestas anteriormente.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y populares, a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, para que nos solidaricemos.

¡¡POR LA DIGNIDAD, LA VIDA Y LA DEFENSA DEL TERRITORIO PUEBLOS
INDÍGENAS UNIDOS EN MINGA DE RESISTENCIA!!

Unidad Indígena del pueblo Awá – UNIPA
Federación de Centros Awá del Ecuador – FCAE
Autoridad del Gobierno Indígena Nacional ONIC
Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC
Autoridades Indígenas de Colombia – AICO
Confederación Indígena Tayrona – CIT
Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC
Coordinación de Autoridades Tradicionales Indígenas en Colombia

febrero 19th, 2009

¿Fueron ustedes?

Breve, como las cosas más urgentes. Colombianos por la Paz se pronunció sobre la matanza de indígenas awá, atribuida a las FARC. Este es el texto:

Bogota DC, Febrero 12 de 2009

Colombianas y Colombianos por la Paz, cuyo lema es el respeto a la vida y a la dignidad humanas, expresa su indignación por la masacre cometida contra la comunidad indígena Awá en el departamento de Nariño. Exige a las autoridades de la república el esclarecimiento total de los hechos, al mismo tiempo que solicita al Secretariado de las Farc un pronunciamiento público respecto de ese luctuoso insuceso.

Piedad Córdoba Ruíz, Alpher Rojas Carvajal, Alberto Cienfuegos, Jorge Enrique Botero, Medófilo Medina, Alan Jara, Olga Amparo Sánchez, Francisco Caraballo, Mark Chernik, Felipe Zuleta, María Elvira Bonilla, Mario Esteban Hernández, Gloria Inés Ramírez, Ricardo García Duarte, Gloria Cuartas, Iván Cepeda Castro, Florence Thomas, Luis Fernando Medina, Andrés Felipe Villamizar, María Teresa Arizabaleta, Fabio Morón Díaz, Rocío Londoño Botero, Víctor Manuel Moncayo, Consuelo González de Perdomo, José Gregorio Hernández, William Ospina, Alfredo Beltrán Sierra, Gabriel Misas Arango, Lilia Solano, Gustavo Gallón Giraldo, Luis Eladio Pérez, Ricardo Sánchez, Oscar Tulio Lizcano, Carlos Miguel Ortiz, Claudia Rugeles de Jara, Jaime Angulo Bossa, Jimmy Viera, Orlando Beltrán Cuellar, Daniel Samper Pizano, Alfredo Molano, Javier Darío Restrepo, Darío Arizmendi Posada, Ramón Jimeno, David Sánchez Juliao, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Hollman Morris, Harold Alvarado Tenorio, Arlen Tickner, Vladimir Florez (Vladdo), Gustavo Páez Escobar, Marlene Singapur, Alberto Rojas Puyo, Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, John Sudarsky, Leopoldo Múnera Ruíz, Efraín Viveros, Daniel Garcia-Peña, Consuelo Ahumada, Ricardo Bonilla, Renán Vega Cantor, Felipe de Brigard, Ricardo Montenegro, León Valencia, Raúl Alameda, Marleny Orjuela, Gladys Jimeno, Fabiola Perdomo, Deyanira Ortiz Cuenca, Martha Arango de Lizcano, Ángela de Pérez, Yolanda Polanco, Daniel Pecaut, Gabriel Izquierdo S.J., Fernán González S.J., Oscar Mejía Quintana, Mauricio Rojas Rodríguez, Gelasio Cardona Serna,  Carlos Rodríguez Díaz, Apecides Alviz, Julio Roberto Gómez, Sergio Pulgarín Mejía, Juanita Barreto, Blas Zubiría Mutis, Sergio Bustamante, Padre Henry Ramírez Soler cmf, Arnulfo Bayona, Ramiro Gálvez, Juan Sebastián Lozada, Álvaro Camacho Guizado, Apolinar Díaz-Callejas, Lisandro Duque Naranjo, Jaime Caicedo, Ciro Quiroz, Miguel Ángel Herrera, Carlos Lozano Guillén, Jairo Maya Betancur, Jorge Gantiva Silva, Carlos Villalba Bustillo, Constanza Vieira, Venus Albeiro Silva, Santiago García, Pepe Sánchez, Patricia Ariza, Carlos Álvarez Nuñez, Víctor Gaviria, Jennifer Steffens, Bruno Díaz, Zulia Mena, Gustavo Duncan, Lilia Solano, Julio Silva Colmenares, Arturo Escobar, Rafael Ballén, William García Rodríguez,  César Augusto Ayala Diago, Diego Otero Prada, Rubén Darío Florez, Darío Villamizar, Luis Alfonso Ramírez, Fabián Acosta, Alonso Ojeda Awad, Eduardo Gómez, Carlos Villamil Chaux, Fernando Estrada, Moritz Akerman, Pilar Rueda, Marina Gallego, Leonor Esguerra, Luz Helena Sánchez, Clara Elena Cardona, Osana Medina, Deide Olaya, Irma Ortiz, María Eugenia Sánchez, Martha Zapata, Dunia Esther León Fajardo, Olga Lucía Ramírez, Darío Morón Díaz, Santiago Vásquez, Enrique Santos Molano, Libardo Sarmiento Anzola, Reinaldo Ramírez García, Antonio Ramírez Caro, Cristóbal González, Fabio Velásquez, Darío Restrepo, Jairo E. Gómez, Daniel Libreros,  Héctor Moreno Galviz, Mauricio Archila Neira, Dora Lucy Arias, Luis Alberto Ávila, Norma Enríquez, Orsinia Polanco, Caterina Hayck, Guillermo Silva, Luis Enrique Escobar, Eduardo López Hooker, Eduardo Carreño, Alexandra Bermúdez, Fernando Arellano, Gabriel Awad, Cristo Rafael García Tapias, Alfonso Santos, Jorge Lara Bonilla, Miguel Eduardo Cárdenas, Andrés Vásquez, Jaime Calderón Herrera, Álvaro Bejarano, Álvaro Delgado, Álvaro Villarraga, Armando Palau, Juan de Dios Alfonso, Carlos Rosero, María Eugenia Liévano, Gonzalo Uribe Aristizábal, Edgar Martínez, Esperanza Márquez, Dídima Rico Chavarro, Danilo Rueda, Eduardo Franco Isaza, Evelio Ramírez,  Alejandra Millar, Patricia Ramírez, Gabriel García, Gabriel Ruiz, Germán Arias Ospina, Gustavo Puyo, Gustavo García, Hernán Cortéz, Emperatriz de Guevara, Robertina Sánchez, Enrique Murillo, Milena Murillo Sánchez, María Areiza, María de los Ángeles Moreno, Dian Murillejo, Norma Trujillo, Gloria María Marín, Dolores Carrero, Carlos Julio Forero, César Guarín, Carmen Guarín, Uriel Pérez, Cecilia Ramírez, Virginia Franco, Eufracio Beltrán, Marlen Sarmiento, Luis Evelio Pinchao, Myriam de Roa, Janeth González, Paola Callejas, Amanda Rojas, Henry Rosas, Edna Margarita Sánchez Rivas, Paola Sánchez Rivas, Magdalena Rivas, Silvio Hernández, Olga Lucía Rojas, Griselda Medina, Víctor Rojas, Carolina Rojas Medina, Rosalba Sierra, María Concepción Chágueza, Janeth Moreno Chágueza, Fernando Romero Romero, Oscar Romero Romero, Esperanza Estrada, Fanny Martínez, Cielo Erazo, Blanca Mayta de Erazo, Luz Dalia Mora, Andrés Bazante, Trinidad Orjuela, Tiberio Donato, Carmenza Gómez, Jaqueline Donato Gómez, Oliva Solarte, Patricia Trujillo Solarte, Gladys Duarte, Ruth Amelia Argote, Alfredo Rojas, Susy Abitol Arenas, Daniel Lasso, Marleny Orjuela Manjarrés, Ivonne González, Jaime Pulido Sierra, Jaime Vasco, Juanita Bazán, Luis Eduardo Salcedo, Luis Jairo Ramírez, Mario Santana, René Antonio Florez, Sara Leukos, Víctor José Pardo, María Teresa de Mendieta, Silvia Patricia Nieto. 

febrero 13th, 2009

Dura condena internacional a asesinato de esposo de la líder de la Minga indígena

Una condena inusualmente fuerte expidieron poco antes del mediodía de este miércoles el Sistema de Naciones Unidas en Colombia; Japón, Suecia y México, en nombre del grupo de países y entidades multilaterales que cooperan con Colombia (G-24); y Francia, como presidenta de la Unión Europea en Bogotá, ante el asesinato por parte de militares de Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor del CRIC y máxima líder de la Minga de Resistencia Indígena y Popular, Ayda Quilcué.

La comunidad internacional dice al gobierno colombiano que no había ningún retén, y que antes de disparar no se siguieron los procedimientos establecidos para estos casos.

La “troika” del G-24 se integra por la presidencia actual del grupo (Japón), la presidencia anterior (Suecia) y la presidencia entrante (México). Estados Unidos también hace parte del G-24.

Este es el texto del comunicado:

ONU condena enérgicamente la muerte del esposo de lideresa indígena, en Totoró, Cauca.

2008-12-17

(A este comunicado se adhiere la troika del G 24 y la presidencia local de la UE.)

El Sistema de Naciones Unidas en Colombia condena la muerte de Edwin Legarda, indígena Coconuco, esposo de la Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC Aida Quilcué, líderesa Nasa quien acababa de regresar de Ginebra Suiza donde denunció la crítica situación por la que atraviesan los pueblos indígenas.

Según la información recopilada por el Sistema de Naciones Unidas, el señor Legarda se desplazaba en un vehículo, entre las localidades de Inzá y Totoró, en el departamento del Cauca.

Sin que haya suficiente claridad sobre cómo ocurrieron los hechos, el Ministerio de Defensa confirmó que a primeras horas de la mañana de ayer, 16 de diciembre, tropas del Batallón José Hilario López de la III División del Ejército Nacional dispararon al automóvil que conducía el señor Legarda.

Preocupa la información recogida por funcionarios de Naciones Unidas a través de pobladores y representantes indígenas que manifestarían que, al momento de los hechos, no existía un reten militar debidamente identificado sobre la carretera y que se habrían realizado disparos en forma indiscriminada en contra de lo establecido en las propias Reglas de Encuentro del Ejército.

Preocupa a su vez que este hecho se enmarque dentro de los numerosos ataques contra la vida de  indígenas que han sido registrados por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y las autoridades de investigación y control.

El  Sistema de Naciones Unidas en Colombia confía en que las autoridades pertinentes investigarán de manera pronta y exhaustiva estos hechos, y juzgarán y sancionarán a quienes resulten responsables. Naciones Unidas confía que el rápido esclarecimiento de los hechos permitirá continuar avanzando en el diálogo que mantienen el Gobierno y las autoridades indígenas.

Adicionalmente, el Sistema de Naciones Unidas alienta a las autoridades a implementar con urgencia mecanismos eficaces para proteger el trabajo de los líderes y organizaciones indígenas en el departamento del Cauca y en todo el país.

La ONU expresa su solidaridad a Aida Quilcué, esposa del señor Legarda, a su familia y a toda la comunidad indígena por esta lamentable pérdida.

diciembre 17th, 2008