Una condena inusualmente fuerte expidieron poco antes del mediodía de este miércoles el Sistema de Naciones Unidas en Colombia; Japón, Suecia y México, en nombre del grupo de países y entidades multilaterales que cooperan con Colombia (G-24); y Francia, como presidenta de la Unión Europea en Bogotá, ante el asesinato por parte de militares de Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor del CRIC y máxima líder de la Minga de Resistencia Indígena y Popular, Ayda Quilcué.
La comunidad internacional dice al gobierno colombiano que no había ningún retén, y que antes de disparar no se siguieron los procedimientos establecidos para estos casos.
La “troika” del G-24 se integra por la presidencia actual del grupo (Japón), la presidencia anterior (Suecia) y la presidencia entrante (México). Estados Unidos también hace parte del G-24.
Este es el texto del comunicado:
ONU condena enérgicamente la muerte del esposo de lideresa indígena, en Totoró, Cauca.
2008-12-17
(A este comunicado se adhiere la troika del G 24 y la presidencia local de la UE.)
El Sistema de Naciones Unidas en Colombia condena la muerte de Edwin Legarda, indígena Coconuco, esposo de la Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC Aida Quilcué, líderesa Nasa quien acababa de regresar de Ginebra Suiza donde denunció la crítica situación por la que atraviesan los pueblos indígenas.
Según la información recopilada por el Sistema de Naciones Unidas, el señor Legarda se desplazaba en un vehículo, entre las localidades de Inzá y Totoró, en el departamento del Cauca.
Sin que haya suficiente claridad sobre cómo ocurrieron los hechos, el Ministerio de Defensa confirmó que a primeras horas de la mañana de ayer, 16 de diciembre, tropas del Batallón José Hilario López de la III División del Ejército Nacional dispararon al automóvil que conducía el señor Legarda.
Preocupa la información recogida por funcionarios de Naciones Unidas a través de pobladores y representantes indígenas que manifestarían que, al momento de los hechos, no existía un reten militar debidamente identificado sobre la carretera y que se habrían realizado disparos en forma indiscriminada en contra de lo establecido en las propias Reglas de Encuentro del Ejército.
Preocupa a su vez que este hecho se enmarque dentro de los numerosos ataques contra la vida de indígenas que han sido registrados por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y las autoridades de investigación y control.
El Sistema de Naciones Unidas en Colombia confía en que las autoridades pertinentes investigarán de manera pronta y exhaustiva estos hechos, y juzgarán y sancionarán a quienes resulten responsables. Naciones Unidas confía que el rápido esclarecimiento de los hechos permitirá continuar avanzando en el diálogo que mantienen el Gobierno y las autoridades indígenas.
Adicionalmente, el Sistema de Naciones Unidas alienta a las autoridades a implementar con urgencia mecanismos eficaces para proteger el trabajo de los líderes y organizaciones indígenas en el departamento del Cauca y en todo el país.
La ONU expresa su solidaridad a Aida Quilcué, esposa del señor Legarda, a su familia y a toda la comunidad indígena por esta lamentable pérdida.
El 8 de marzo de 2006, en plena celebración del Día Internacional de la Mujer, Óscar Salas, de 20 años, llegó después de almuerzo a la Universidad Nacional, en Bogotá. Había “tropel” – es decir, enfrentamientos con la policía-, pues los estudiantes de las universidades estatales temen que la universidad pública sea rebajada a simple fábrica de técnicos y semiprofesionales, como le viene bien al TLC con Estados Unidos, por ahora congelado por el congreso de ese país.
El rector de la Nacional había pedido a la policía antidisturbios, ESMAD por sus siglas, que entrara a la universidad a controlar el motín.
Óscar Salas era flaco, de ojos verdes, de cabello claro. Se afiebró por la radio siendo apenas un estudiante de secundaria. Primero fue radioaficionado, luego estudió producción radial en la Universidad Nacional y se hizo corresponsal de Café 93.5 FM, la emisora comunitaria de su pueblo natal, El Líbano, mientras estudiaba Lingüística en la también estatal Universidad Distrital.
Su caso me llamó la atención especialmente, pues ese día Salas resultó herido por un arma extraña. A Salas le penetró por un ojo un objeto que se le incrustó en el cerebro. El muchacho ingresó después de mediodía a Urgencias de una clínica cercana, donde más tarde le fue diagnosticada muerte cerebral. Había ganado un premio de poesía en la Universidad Distrital, pero no alcanzó a recibirlo.
Su padre adoptivo Ricardo Lizarazo, quien trabajó en electromedicina en los Seguros Sociales y por lo tanto supo leer los exámenes tomados al joven, expresó que éstos mostraban “un balín del tamaño de un globo ocular en la parte posterior del cerebro, el cual entró por el ojo izquierdo sin dañarlo, pero destrozó los dos hemisferios en su mortal recorrido”.
La policía dijo que los estudiantes habían lanzado un explosivo con trozos de metal y canicas de vidrio, y publicitó ruidosamente el saldo de cuatro uniformados heridos. Recuerdo a un oficial señalando ante la TV la corteza de un árbol de la Universidad Nacional, de la que extrajo una canica incrustada allí, de esas con las que seguramente Óscar Salas jugó cuando chico.
Desde entonces seguí en las noticias la aparición de ese tipo de arma. No tenía sentido que los estudiantes hicieran estallar, dentro de sus propias filas, esos ruidosos explosivos que habitualmente usan en sus protestas, conocidos como “bombas papa”, que contuvieran canicas u otros objetos y que se convierten en potenciales mortíferas esquirlas.
Estas armas han sido usadas desde el caso Salas –cómo no- en muchas otras manifestaciones. Pero fueron los indígenas de la formidable Minga quienes “desnudaron” esos artefactos en octubre pasado. En un aparte de este vídeo, tomado por la Minga, se ven claramente los tales balines del tamaño de un globo ocular. Así que ya el mundo que se interesa por Colombia sabe quién los lanza contra las protestas civiles, y todos podemos imaginarnos quién los elabora.
La muerte de Óscar Salas, también apasionado del teatro callejero, generó fuertes protestas estudiantiles, así como de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de Café 93.5 FM. De inmediato surgió el Colectivo Óscar Salas, que busca rescatar la memoria del joven artista y periodista comunitario.
El Líbano es un poblado de rica historia enclavado en la Cordillera Central de Los Andes colombianos, en la zona cafetera del central departamento del Tolima. A los dos meses de la muerte de Salas, allí se realizó en homenaje al poeta de ojos verdes un festival cultural con serenata, exposiciones de arte y mucha poesía.
Este lunes, otro colectivo en memoria de Óscar Salas, que se identifica como “Radicales Libres”, vinculado a la emisora Café 93.5 FM, integrado por amigos de Óscar Salas y que trabaja con la comunidad de software libre, lanzó un trabajo increíble.
“En medio del ruido, cada vez se escucha menos el nombre de las víctimas, se pierden en el zumbido que nos dejan en los oídos los discursos y la cacofonía de los verdugos que gritándose unos a los otros sus propios nombres tapan el nombre de las víctimas, pretendiendo perderlas en el tiempo y en el humo, raptándolas por enésima vez, asesinándolas de nuevo”, advierte el proyecto, titulado “No olvidar a las víctimas”.
“Ya ni calcio cargan nuestros huesos”, dice un poema de Óscar Salas. El día de su muerte llevaba en su mochila dos libros de poesía, otro del cronista tolimense Germán Santamaría, un cuaderno lleno de dibujos y poemas y muchos papelitos de colores, con los que gustaba jugar desde niño.
El noticiero de televisión Noticias Uno mostró, en su emisión del domingo, un aparte de la declaración del capitán Ronald Coy Ortiz.
El experto de la Policía dice bajo juramento a la Fiscalía colombiana, en el proceso contra la diputada ecuatoriana a la Asamblea Constituyente, María Augusta Calle, que no había correos electrónicos como tales en los computadores de “Raúl Reyes”.
Estos contenían documentos Word, que no sirven para probar un intercambio de comunicaciones mediante correos entrantes o salientes. La diputada Calle, además periodista de la agencia Altercom, y ex becaria de Ashoka, aparece en un correo pidiéndole a “Reyes” plata para el arriendo, según las autoridades colombianas.
Este es el texto del expediente revelado por Noticias Uno:
“PREGUNTADO: Informe al despacho si ustedes hallaron en los elementos electrónicos incautados a Raúl Reyes archivos correspondientes a los correos electrónicos enviados y recibidos por él. RONALD HAYDEN COY ORTIZ: Pantallazo de correo electrónico no se ha hallado hasta el momento. Se han halladogran cantidad de direcciones que pertenecen a correos electrónicos. Pero Reyes almacenaba la información en Word y en programas de Microsoft”.
Según el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, se trata de “una estrategia de mucha gente que sale implicada por los correos y así defenderse. Pero los correos son prueba incluso en España. Cinco etarras han sido capturados…”
Vale recordar los párrafos 66 y 67 del “Informe forense de INTERPOL sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia – Informe Público”. Estos, efectivamente, no hablan de correos electrónicos, aunque sí de direcciones electrónicas.
El párrafo 66 dice que “en el informe confidencial de INTERPOL (entregado al gobierno colombiano) figuran todos los archivos de usuario almacenados en las ocho pruebas instrumentales decomisadas. Corresponde a las autoridades colombianas decidir de manera soberana qué información debe revelarse”.
Por su parte, dice el párrafo 67: “Sin desvelar dichos datos, INTERPOL puede declarar lo siguiente con respecto a los archivos de usuario contenidos en las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC:
·Se encontraron 109 archivos de documentos en más de una de las pruebas instrumentales
·452 hojas de cálculo
·7.989 direcciones de correo electrónico
·10.537 archivos multimedia (de sonido y vídeo)
·22.481 páginas web
·37.872 documentos escritos (de Word, PDF y formato texto)
·210.888 imágenes
De los anteriores, 983 archivos estaban cifrados”.
Los ocho elementos informáticos entregados a INTERPOL como supuestamente incautados en el ataque al campamento de “Reyes” en territorio de Ecuador son tres ordenadores portátiles, dos discos duros externos y tres llaves USB.
Pero los dos discos duros externos aparecieron a mitad de camino, aunque hay que aclarar que éstos supuestamente sólo contienen música, videos e imágenes, y todo fue ingresado a ambas piezas con fecha futura. También registra fecha futura uno de los computadores, que a su vez alberga sólo un archivo.
En la sección de Anexos del mismo informe, en la primera comunicación a INTERPOL, con el asunto “Solicitud experto técnico forense”, el general Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional, solicita la valoración oficial de “tres (3) computadores y tres (3) dispositivos USB”. El secretario generadle INTERPOL, Ronald K. Noble, contesta el 5 de marzo a la entonces directora del servicio secreto, DAS, María del Pilar Hurtado, confirmando por escrito una previa conversación telefónica: “Concretamente, han pedido Vds. a INTERPOL que les proporcione ayuda especializada en materia de investigación informática forense en relación con los datos almacenados en tres (3) ordenadores y tres (3) USB que fueron decomisados en el marco de una operación…”
Al día siguiente, la misma directora del polémico DAS le escribe a Noble, con la referencia “Solicitud de asistencia técnica”, “establecer el origen y manejo técnico dado a la información obtenida de los procesos de búsqueda de los archivos almacenados en los tres computadores portátiles, tres memorias USB, y dos discos externos, que son objeto de análisis por parte de la Policía Nacional de Colombia…”.
El 28 de agosto, la lectora Lucy Roessler acertadamente comenta: “En la página 53 del informe Interpol se lee que se le solicitó oficialmente al organismo: ‘la valoración oficial de tres (3) computadores y tres (3) dispositivos de almacenamiento USB…’”, y remite a un artículo suyo en Indymedia.
«Repentinamente, pero no de manera fortuita», son los indígenas los que resultan liderando el movimiento por las libertades civiles en Colombia, dice un mensaje en tres idiomas enviado desde Berlín a Heavy Metal Colombia por X-Tractor.
Este grupo de contracultura, música electrónica y de la “ciberpunk way of life” (esto es, “oscura y corrosiva y a veces rosa y depresiva”) basado en Berlín y Colonia, está citando a una manifestación ciberpunketa en apoyo de la Minga colombiana el martes 25 de noviembre, cerca de la emblemática Alexanderplatz, en el corazón de Berlín.
La Minga anunció este domingo que nuevamente adelanta su llegada a la capital colombiana: estaría entrando el jueves 20. Los miles de indígenas no tienen aún dónde dormir, en la lluviosa Bogotá de noviembre.
La Universidad Nacional de Colombia de estos tiempos de Seguridad Democrática se niega a recibir a la Minga en su campus, conocido como la Ciudad Blanca por el color de la mayoría de sus edificios, rodeados de amplios prados, en el centro-occidente de Bogotá.
A vuelo de pájaro, el conjunto de las construcciones de la Ciudad Blanca semejan un búho, símbolo occidental de la sabiduría y el conocimiento. Da como pena, en nombre de la cultura occidental.
«El problema fundamental es que la Universidad tiene un semestre muy recortado y no tenemos el tiempo para recuperarlo, de tal manera que si llega allí la Minga, tenemos que cerrar la Universidad«, argumenta un empleado pagado con mis impuestos y llamado Fernando Montenegro, actualmente vicerrector de la principal universidad estatal de Colombia. La frase quedará en la historia de la resistencia civilista en Colombia.
«Siempre hemos reiterado que el problema nuestro no es sólo de tierras. Qué nos ganamos con que nos entregue tierras el gobierno, cuando (en nuestros territorios) existen los paramilitares, cuando están los narcotraficantes, cuando siguen las multinacionales, y cuando el campo está sumido en la pobreza absoluta», dijo ese domingo en la noche, al arribar la Minga a la ciudad de Cali, Feliciano Valencia, consejero de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca ACIN.
El 12 de noviembre, cuando la Minga iba a llegar a Ibagué, capital del departamento del Tolima, el presidente Uribe profirió altisonante, refiriéndose a la Minga: “¿Por qué se utilizan esas cortinas de humo para esconder asesinatos de policías y soldados?”, y ordenó en la mañana a los “coroneles” (de Policía y del Ejército en ese departamento) no permitir que la protesta civil entrara a la ciudad.
Las imágenes de televisión mostraban esa noche a unos amenazantes policías armados de bolillos que, sin embargo, no se atrevieron a tocar a la Minga. Luis Évelis Andrade, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, habló de “despliegue militar exagerado”.
El 13 de noviembre la Minga llegó a Chicoral. Transcribo del relato de Gloria Gaitán, hija del inmolado Jorge Eliécer Gaitán:
“Como recibimiento a la marcha indígena al municipio de Chicoral, en el departamento del Tolima, la corregidora recorrió previamente sus calles con un altoparlante, alertando a la población para que no saliera de sus casas y no permitiera a los niños que se asomaran a la puerta de entrada porque, según la funcionaria, con la llegada de los indígenas ‘corrían grave peligro’.
“Fue sorprendente ver la ausencia de chiquillos en las calles de Chicoral, lo que siempre ocurre cuando en un pueblo se presenta un hecho poco habitual, como la llegada en masa de caminantes, algunos de los cuales llevaban sus trajes indígenas y otros llevaban el bastón de mando. En la plaza principal, el líder indígena Feliciano Valencia leyó el Pacto por la Tierra y por la Vida”.
“Guerra de baja intensidad a la Minga indígena”, titula Gloria su despacho.
La Minga está en Fusagasugá desde el viernes 14 a las 6 de la tarde. La alcaldía de esa población, a unos 40 kilómetros al suroeste de Bogotá, intentó alojar a la Minga en un lugar alejado del casco urbano. Pero la Minga, desde hoy conformada por 17 mil personas, impuso que se aloja en las instalaciones de la estatal Universidad de Cundinamarca.
Este lunes estará en audiencia pública con los habitantes de Fusagasugá.
El martes llegará a Soacha, un municipio pegado a Bogotá por el sur. Allí se realiza el jueves la Audiencia Extraordinaria sobre la Situación de Derechos Humanos de Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Altos de Cazucá pertenece a Soacha, y Ciudad Bolívar, a Bogotá. Ambos son receptores de nubes de desplazados por la guerra.
En Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar, llevar un muchacho arete en la oreja o el pelo largo, fumarse una copiada de marihuana en una esquina, o quizá gustarle la música electrónica, puede costarle la desaparición forzada, y aparecer horas después como curtido guerrillero dado de baja en combate por el ejército nacional, uno más en las abultadas cifras exitosas de la guerra contrainsurgente que financia Estados Unidos.
Entre Soacha y la Plaza de Bolívar, corazón político de Colombia, hay 14 kilómetros. Dado que la Universidad Nacional no los recibe, “en consecuencia los caminantes de la palabra se establecerán desde su llegada en la Plaza de Bolívar, con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá”, anuncia la Minga en un comunicado al anochecer de este domingo.
Y añade que el viernes 21 de noviembre “estudiantes, trabajadores y otros sectores sociales de Bogotá convergerán en la Plaza de Bolívar, en donde se unirán a la Minga de Resistencia Social y Comunitaria para indicar la continuidad de esta iniciativa de país que venimos construyendo entre todas las mayorías populares”.
“Sepan que disponen de nuestros esfuerzos y medios para acompañar decididamente ese proceso desde espacios de la comunidad internacional, haciendo nuestro el interés de construir una paz establecida con la razón y la justicia social”.
Así expresan su apoyo al Diálogo Público Epistolar con las FARC 70 intelectuales, activistas de paz, religiosos y periodistas de Argentina, Estados Unidos, Bélgica, México, Francia, Italia, Israel, Cuba, Puerto Rico y sobre todo del Estado Español.
Piden que el diálogo epistolar se abra también internacionalmente con la sociedad civil, y que éste se extienda asimismo al Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Encabezan el mensaje Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, James Petras, profesor emérito de la Universidad de Binghamton, New York, François Houtart, profesor emérito de la Universidad de Lovaina, y el obispo mexicano Samuel Ruiz García.
POR UNA PAZ CON DIGNIDAD Y JUSTICIA PARA COLOMBIA
6 de noviembre de 2008
Señores/as
Firmantes de la carta del 11 de septiembre de 2008
Att. Senadora Piedad Córdoba
Señores
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Att. Comandante Alfonso Cano
Quienes firmamos esta comunicación, mujeres y hombres de diversos lugares del planeta, a quienes nos concierne la realidad de Colombia, no indiferentes sino preocupados/as por los graves hechos del día a día que degradan la vida y libertades de su pueblo, consternados/as por el ensombrecido futuro del país, y a la vez reforzados/as por los signos de orden social y político nacidos de sus luchas, queremos manifestar nuestra adhesión a las voluntades que inician un diálogo y que alumbran con él una convicción profunda de búsquedas hacia salidas dignas y justas al conflicto social, político y armado que se afronta desde hace décadas;
En ese sentido, conocedores y conocedoras de diferentes clamores por la paz y la justicia, entre esas manifestaciones de esperanza asumimos y respaldamos la carta que el pasado mes de septiembre de 2008 encabezó la Senadora Piedad Córdoba, urgiendo aproximaciones para que puedan darse pasos hacia la comprensión, pidiendo que puertas de conversaciones sean abiertas por la insurgencia colombiana con la sociedad civil nacional e internacional, comenzando por un intercambio epistolar con el Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP;
Sabiendo de la respuesta positiva de las FARC-EP a esa propuesta, y su ratificación, queremos pública y explícitamente apoyar ese intercambio epistolar y su cometido ético, seguros que en el mundo miles y miles de voces se sumarán, para pedir el diálogo, que ojalá se haga extensivo al Ejército de Liberación Nacional, ELN, tanto de cara a necesarias soluciones humanitarias y de derecho internacional aplicables a la confrontación, como para albergar ese supremo propósito de avanzar hacia desenlaces fundados en los ideales de justicia para todos.
Sepan que disponen de nuestros esfuerzos y medios, para acompañar decididamente ese proceso desde espacios de la comunidad internacional, haciendo nuestro el interés de construir una paz establecida con la razón y la justicia social.
Atentamente,
Adolfo Pérez Esquivel,
Premio Nobel de la Paz, Argentina.
James Petras,
Profesor emérito Universidad de Binghamton, New York, Estados Unidos.
François Houtart,
Profesor emérito Universidad de Lovaina, Bélgica.
Santiago Alba Rico,
Filósofo, España.
Enrique Santiago Romero,
Jurista, España.
Monseñor Samuel Ruiz García,
Secretaría Internacional de Solidaridad Monseñor Romero SICSAL, México.
Pascual Serrano,
Periodista, España.
Ana Andrés Ablanedo,
Lingüista, Coordinadora de Soldepaz Pachakuti, Asturias, España.
Carlos Taibo,
Profesor universitario, Madrid, España.
Francisco Erice,
Profesor universitario, Oviedo, España.
Ana García,
Activista social y política, Asturias, España.
Carlos Fazio,
Profesor, periodista, Periódico La Jornada, México.
Como para que no se nos olvide, me permito consignar aquí 10 promesas de campaña del presidente electo de Estados Unidos, resumidas por Avaaz.org.
UNO. Reducir las emisiones de carbono de Estados Unidos en un 80 por ciento para el año 2050, y jugar un fuerte papel positivo en las negociaciones para un tratado global vinculante, en reemplazo del Protocolo de Kyoto, que está próximo a expirar
DOS. Retirar todas las tropas de combate de Iraq, en un plazo de 16 meses, y no mantener bases permanentes en ese país
TRES. Establecer el claro objetivo de eliminar todas las armas nucleares en todo el mundo (espero que Estados Unidos no considere que debe ser el último país en eliminar este armamento que, tras el desastre de Chernóbil en 1986, demostró ser inaplicable porque afecta al mundo entero, no importa dónde explote una bomba de esas)
CUATRO. Cerrar el centro de detención de Guantánamo
CINCO. Doblar la ayuda estadounidense dirigida a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, concretamente disminuir la pobreza a la mitad para 2015 y acelerar la lucha contra el VIH/Sida, la tuberculosis y la malaria
SEIS. Abrir el diálogo diplomático con países como Cuba, Irán y Siria, en busca de la resolución pacífica de tensiones
SIETE. Despolitización de la inteligencia militar, para evitar que se repitan manipulaciones como las que llevaron a la invasión de Iraq
OCHO. Poner en marcha un importante esfuerzo diplomático para detener la matanza en Darfur
NUEVE. Negociar solamente tratados de libre comercio que contengan protecciones laborales y ambientales
DIEZ. Invertir 150 mil millones de dólares durante 10 años para apoyar las energías renovables y tener, para 2015, un millón de autos eléctricos en las calles.
Felicito a mis muy queridos amigos estadounidenses. No sé por qué diablos, toditos todos votaron por Obama.
Pienso en mi amigo, el poeta iraquí Muhsin Al-Ramli, exiliado en España.
No soy un criminal cualquiera.
Yo vuelo.
Mis presas están allá abajo.
No veo sus ojos ni oigo sus gritos.
Vuelo.
Sé que me están mirando.
No sé cómo se llaman, ni quiénes son,
No necesito saberlo.
Me basta con saber dónde están,
Para dejar caer sobre ellos
Una lluvia dolorosa.
Lo mío es la muerte y después una cerveza.
No conozco la guerra.
Aún no me han derribado.
(Escrito en Abril de 2003, mes en que cayó Bagdad, la Ciudad de las Mil y Una Noches)
Cuando el río suena, es porque lleva piedras, dicen.
Los dos principales financiadores de la guerra colombiana (me refiero a gobiernos, no al narcotráfico y la corrupción) saludaron la destitución, ayer miércoles, de 20 oficiales y siete suboficiales del ejército, por ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate.
Ayer se pronunció el embajador de Estado Unidos en Colombia, William Brownfield. Hoy hizo lo propio el gobierno británico desde Londres.
No es que ese respaldo a las destituciones no se necesite: por supuesto que sí.
Pero quizá arroja luz sobre por qué diablos el gobierno de Álvaro Uribe madrugó ayer -en plena visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas- a reconocer lo que hasta hace pocas semanas consideraba calumnias: el fusilamiento de civiles para presentarlos como «muertos en combate», y disfrazados de guerrilleros y paramilitares, esto último para probar que sí persigue a sus aliados.
La práctica no es de hoy, recuerdan las organizaciones de derechos humanos, que vienen denunciando ejecuciones desde los años 70. ¿Por qué reaccionó el gobierno, y precisamente en este momento?
Ayer en Bogotá, en el lanzamiento simultáneo de cuatro informes de la sociedad civil sobre ejecuciones extrajudiciales (hora y media antes, Uribe anunció las destituciones), algunos defensores de derechos humanos estaban desconcertados, y otros especulaban respuestas.
Estas iban desde la actual visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Colombia, hasta el alto riesgo (para Uribe) de que Obama gane la presidencia de Estados Unidos el próximo martes, pasando por el escándalo en los medios.
El senador de izquierda Gustavo Petro tipificó hoy estas ejecuciones extra juicio como crimen de lesa humanidad, y pidió que la Corte Penal Internacional (CPI) intervenga.
Nuevamente cabe recordar que la salvaguarda de siete años para la acción de la CPI en Colombia, y que vence exactamente el 1 de noviembre de 2009, es únicamente para los crímenes de guerra.
No para los crímenes de lesa humanidad -actos repetitivos, planeados fríamente y ejecutados de manera masiva- ni para el crimen de genocidio.
En otras palabras, si Uribe no actúa contra los criminales dentro del ejército, que asesinan inocentes para obtener días de vacaciones, medallas y bonificaciones -como se premian desde hace 100 años las bajas en combate- el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, puede entrar a Colombia mañana viernes.
Y hasta me da por malpensar que quizá hay ya una comunicación en ese sentido de por medio – pero no nos precipitemos.
En todo caso, también hoy jueves, el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, declaró: “Si aquí llegamos a comprobar que esta es una práctica sistemática y generalizada, estamos frente a un delito de lesa humanidad, y de ahí la competencia de la Corte Penal Internacional”.
Eso sí, que quede claro que la CPI actúa sólo si Iguarán no hace nada, como hasta ahora.
Iguarán habló de las recompensas que tanto ha promovido este gobierno: “¿No será que el afán por el positivo*, y el ansia por la recompensa, está generando o llevando a estos graves y oscuros sucesos?” (*Positivo, para los militares, es lo contrario de lo que a uno le dice la palabra–> matar, herir, destruir, confiscar, encarcelar y etc.)
“Con todo el respeto, tenemos que revisarnos todos”—dijo Iguarán, que tampoco ha atendido mucho que digamos las denuncias de los defensores de derechos humanos.
“Yo le diría al gobierno, por ejemplo, que revisara la Directiva Ministerial 029 del 2006, sobre el tema de las recompensas. Porque allí, a riesgo de equivocarme, puede estar diciéndose que hay recompensas, incluso, no sé si son 3 millones 600 mil pesos (unos 1.300 dólares), para cuando se trata de bajas” en combate, recordó Iguarán.
La declaración del gobierno británico, por su parte, da pistas sobre lo que preocupa. Copio el texto, y luego comento.
Bogotá, 30 de Octubre de 2008
La Vice-Ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Gillian Merron, se refirió a la medida tomada por el gobierno colombiano con respecto al retiro de los militares involucrados en las recientes ejecuciones extra-judiciales en el país.
«Es importante que el gobierno colombiano haya tomado la decisión de retirar un número de militares como resultado de su implicación en las recientes ejecuciones extra-judiciales y casos de conspiración criminal. Es de vital importancia para Colombia la reputación internacional, razón por la cual el gobierno y los tribunales deben continuar mostrando una determinación para enfrentar los abusos en derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, y que los condenados por el Sistema de Justicia Civil sean castigados debidamente».
Hasta ahí, la declaración desde Londres, enviada por la Embajada Británica en Bogotá.
Primero, observe mi lector o lectora que Merron no utiliza el término «supuestamente» cuando se refiere a «los militares involucrados en las recientes ejecuciones extra-judiciales en el país».
Aquí en Colombia los medios les están abriendo amplios espacios a los militares destituidos, promoviendo que hasta que no sean vencidos en juicio, son inocentes. Eso es cierto.
Pero una neurona traviesa me cuestiona invariablemente: ¿a los jóvenes llevados al matadero se les aplicó la presunción de inocencia?
También fijémonos en que Merron delimita correctamente: los destituidos ayer están implicados apenas en las ejecuciones «recientes».
De una vez, está hablando de «conspiración criminal». Es decir, de algo planeado.
Cuando hace referencia a la «reputación internacional» de Colombia, uno recuerda lo que ya dijo el ministro británico de Relaciones Exteriores Kim Howells el 1 de octubre al gobierno de Uribe, cuando ya había estallado la bomba de esta pena de muerte a la colombiana: «Crímenes extrajudiciales no tienen lugar en una sociedad civilizada y democrática».
Luego, Merron dice que las investigaciones deben continuar; es decir, estamos apenas en el principio. Y, finalmente, una advertencia al buen entendedor: que ni se le ocurra al gobierno permitir que estos casos pasen a la justicia penal militar.
Por cierto, la radio reporta desde ayer una verdadera avalancha de denuncias desde distintos puntos de Colombia, por fusilamiento de civiles reportados por autoridades militares como muertos en combate, y disfrazados de guerrilleros.
Se menciona por estos días bastante al general Mario Montoya, comandante del ejército, el héroe del ejército de Ingrid Betancourt.
(Ya que la nombro, quiero dejar sentado que yo sí estoy de acuerdo con todos los premios que le han dado a Ingrid, que me encanta saber que puede hablar públicamente y ser escuchada, y viajar por el mundo. Durante tantos años añoré su palabra, esté de acuerdo con ella o no.)
A comienzos de septiembre alcanzaba un punto culminante la cacería nacional e internacional contra quienes hayan tenido o tengan contactos con el secretariado de las FARC. La prueba contra todos ellos: figurar en esos admirables portátiles Toshiba que la fuerza pública dice haber encontrado en el campamento de «Raúl Reyes» en Ecuador. Para mí se trata apenas de una formalidad, pues lo que veo detrás de esa persecución es el intento de quienes se lucran de la guerra de satanizar cualquier posibilidad de diálogo o salida negociada.
Dentro del costal de perseguidos caen desde el gobierno suizo hasta una mujer colombiana que hizo su tesis de grado de sociología sobre esa guerrilla, pasando por Carlos Lozano, periodista y hombre correctísimo con quien comparto, por ejemplo, el convencimiento de la solución negociada y el diálogo.
Pues en septiembre, por iniciativa relámpago de la senadora liberal Piedad Córdoba, 148 personas firmamos una carta al secretariado de las FARC. La idea me encantó: en ese contexto de persecución nacional e internacional a quien se hubiera cruzado cartas con la guerrilla, la propuesta consiste en un diálogo público epistolar con las FARC, gústele a quien le guste.
Justo cuando hoy, en un artículo de IPS, me quejo de la falta de diálogo en Colombia, con fecha 16 de octubre llegó la respuesta del secretariado de las FARC a nuestra misiva.
Copio debajo nuestra carta, y luego la respuesta de las FARC. Perdonará mi lector o lectora, pero me propongo publicar en este blog el diálogo público epistolar que resulte de esa propuesta que yo misma respaldo con mi firma. Eso sí, hasta que me metan presa.
Bogotá DC., septiembre 11 de 2008
Señores miembros del Secretariado:
La solución de la crisis múltiple que aqueja a la sociedad y al Estado colombianos demanda una juiciosa reflexión, así como la participación de los distintos sectores expresados en la sociedad civil y de aquellos actores comprometidos en el conflicto interno armado, social y político que agobia al país, con el objeto de evitar daños a la institucionalidad y propiciar la construcción de una democracia plena con justicia social y paz en la que quepamos todos.
En tal virtud, nuestra aspiración es la de trabajar por desbloquear los caminos que conduzcan a la concreción de un Acuerdo Humanitario que permita la liberación de secuestrados y prisioneros en poder de la insurgencia armada de las FARC y, al propio tiempo, la libertad de los presos de esta guerrilla bajo la jurisdicción del Estado.
Comprendemos que una alternativa diferente al entendimiento político para celebrar un Acuerdo Humanitario y facilitar una salida negociada al conflicto entrañaría el padecimiento de importantes sectores de la población, el inminente peligro para la vida de los cautivos que están en la selva, la degradación de la guerra, y el estímulo a la militarización y al autoritarismo y debilitamiento institucional del proceso político nacional.
El escalamiento de la confrontación ha desbordado la geografía nacional e impacta territorios de países hermanos, con diversos hechos de violencia institucional que han puesto en dificultades las relaciones diplomáticas de nuestro país.
No obstante, tenemos la certeza de que los presidentes y jefes de Estado de pueblos hermanos en el hemisferio, y de los denominados países amigos europeos, concurrirán de manera solidaria a apoyar los procesos de diálogo que estamos proponiendo.
Por las razones expuestas, y con el ánimo de emprender desde ahora la búsqueda de soluciones a favor de la paz de Colombia y el sosiego de los seres humanos afectados por el conflicto, de manera cordial los invitamos a desarrollar un diálogo público a través de un intercambio epistolar mediante el cual ustedes, nosotros y en general la sociedad colombiana podamos identificar los elementos que permitan definir una agenda que esclarezca las rutas en las que sería posible un entendimiento, en aras del anhelado acuerdo humanitario.
Consideramos que ya existe una apreciable corriente de opinión que favorece la promoción de factores contrarios a la solución armada y que está en condiciones de colocar los referentes apropiados para generar una controversia democrática sobre los temas de la paz y de la guerra en Colombia, con el fin de propiciar la convivencia pacífica dentro de una nueva ética social.
Estaremos atentos a su respuesta:
Piedad Córdoba Ruiz, Medófilo Medina, Fabio Morón Díaz, José Gregorio Hernández, Víctor Manuel Moncayo, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Angulo Bossa, Consuelo González de Perdomo, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán Cuéllar, Alfredo Molano Bravo, Javier Darío Restrepo, Daniel Samper Pizano, María Teresa Herrán, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Alberto Rojas Puyo, Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, Iván Cepeda Castro, Raúl Alameda, Florence Thomas, Alpher Rojas Carvajal, Felipe de Brigard, Rocío Londoño Botero, León Valencia, Jorge Enrique Botero, Consuelo Ahumada, Marleny Orjuela, Fabiola Perdomo, Deyanira Ortiz Cuenca, Martha Arango de Lizcano, Claudia Rugeles Flórez, Ángela de Pérez, Yolanda Polanco, Marc Chernick, Gabriel Izquierdo S.J., Gloria Cuartas, Fernán González S.J., José Gutiérrez, Juanita Barreto, Padre Henry Ramírez Soler CMF, Juan Sebastián Lozada, Álvaro Camacho Guisado, Apolinar Díaz-Callejas, Lisandro Duque Naranjo, Alberto Cienfuegos, Ricardo Bonilla, Leopoldo Múnera Ruiz, Renán Vega Cantor, Ciro Quiroz, Carlos Lozano Guillén, Jairo Maya Betancur, Ricardo García Duarte, Jorge Gantiva, Carlos Villalba Bustillo, Constanza Vieira, Gloria Polanco, Apecidez Álviz, Carlos A. Rodríguez Díaz, Venus Albeiro Díaz, Andrés Felipe Villamizar, Arlen B. Tickner, Santiago García, Pepe Sánchez, Patricia Ariza, Carlos Álvarez Núñez, Víctor Gaviria, Jennifer Steffens, Bruno Díaz, Zulia Mena, Gustavo Duncan, Lilia Solano, Julio Silva Colmenares, Oscar Mejía Quintana, Arturo Escobar, Rafael Ballén, William García Rodríguez, César Augusto Ayala Diago, Carlos Medina Gallego, Diego Otero Prada, Rubén Darío Flórez, Darío Villamizar, Luis Fernando Medina, Santiago Araoz, Fabián Acosta, Alonso Ojeda Awad, Jimmy Viera, Efraín Viveros, Mauricio Rojas Rodríguez, Eduardo Gómez, Carlos Villamil Chaux, Fernando Estrada, Moritz Akerman, Ricardo Montenegro, Santiago Vásquez, Enrique Santos Molano, Libardo Sarmiento Anzola, Hollman Morris, Reinaldo Ramírez García, Jairo E. Gómez, Daniel Libreros, Jaime Caicedo Turriago, Héctor Moreno Galviz, Mauricio Archila Neira, Dora Lucy Arias, Luis Alberto Ávila, Olga Amparo Sánchez, Norma Enríquez, Orsinia Polanco, Caterina Heyck, Guillermo Silva, Luis Enrique Escobar, Eduardo López Hooker, Eduardo Carreño, Alexandra Bermúdez, Pilar Rueda, Fernando Arellano, Gabriel Awad, Cristo Rafael García Tapias, Alfonso Santos, Jorge Lara Bonilla, Miguel Eduardo Cárdenas, Andrés A. Vásquez, Jaime Calderón Herrera, Álvaro Bejarano, Álvaro Delgado, Álvaro Villarraga, Armando Palau, Juan de Dios Alfonso, Darío Morón Díaz, Carlos Rosero, María Eugenia Liévano, Hernando Rosillo Torrente, Gonzalo Uribe Aristizábal, Edgar Martínez, Esperanza Márquez, Dídima Rico Chavarro, Danilo Rueda, Eduardo Franco Isaza, Evelio Ramírez, Carlos Torres Corredor, Fructuoso Arias, Gabriel García B, Gabriel Ruiz, Germán Arias Ospina, Gustavo Puyo, Gustavo García, Hernán Cortez A, Ivón González, Jaime Pulido Sierra, Jaime Vasco A, Juanita Bazán, Luís Eduardo Salcedo, Luis Jairo Ramírez, Mario Santana, René Antonio Flórez, Sara Leukos, Víctor José Pardo, Francisco de Roux S.J., Gustavo Gallón, Pierre Gilhodes.
Carta de las FARC a los colombianos partidarios de la solución política a los problemas de la guerra y la paz
Respetados Compatriotas:
Con beneplácito hemos recibido su misiva de septiembre que invita a explorar colectivamente caminos hacia la paz alejados del actual rumbo gubernamental de guerra perpetua que significa persistir en el imposible de una solución militar a los problemas políticos, económicos y sociales que subyacen en el cruento conflicto que estremece al país.
Saludamos el florecimiento de una corriente de opinión que se aparta del falso triunfalismo y de los parámetros de la solución guerrerista a los grandes problemas nacionales. No dudamos del éxito de su gestión porque coincide con el sentimiento y el anhelo de paz de las mayorías.
Esta carta es ya el comienzo del Intercambio Epistolar que nos proponen para discutir en torno a la salida política del conflicto, el canje humanitario y la paz. Participaremos de cara al pueblo en un diálogo con amplitud y franqueza, sin dogmatismos, sin sectarismos y sin descalificaciones sobre los temas que sugieren. Es necesario esforzarnos en procurar la vinculación de la mayor cantidad posible de organizaciones políticas y sociales y de personas independientes.
Nuestra disposición a explorar posibilidades hacia el canje humanitario y la paz con justicia social que es hoy el clamor y la necesidad más urgente y sentida de toda la nación, continúa invariable. La liberación unilateral de seis ex congresistas en el pasado reciente, entregados al presidente Hugo Chávez y a la senadora Piedad Córdoba, buscaba crear condiciones y ambientes propicios al canje de prisioneros en poder de las partes contendientes. Este hecho es testimonio fehaciente de voluntad política.
Muy respetuosamente sugerimos, para reforzar este nuevo emprendimiento, tener en cuenta la manifiesta disposición de la gran mayoría de presidentes latinoamericanos para contribuir con sus esfuerzos en el proceso de intercambio humanitario y paz.
La inmensa bandera de la paz con justicia social deberá ondear definitivamente, libre, bajo el cielo de Colombia. La guerra eterna contra el pueblo que nos quieren imponer para perpetuar la injusticia no puede ser el destino de la patria.
Reciban nuestro saludo cordial.
Compatriotas
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, octubre 16 de 2008
Antes de que la Corte Penal Internacional (CPI) entre a actuar en Colombia por los casos de crímenes de guerra, a finales de 2009, van a aparecer los desaparecidos del Palacio de Justicia (noviembre de 1985).
Y también: antes de que la CPI entre a actuar en Colombia por los casos de crímenes de guerra como el Palacio de Justicia (y otros que no prescriben mientras los restos de los desaparecidos no aparezcan, y otros crímenes más recientes, con o sin desaparecidos, en este rosario interminable), antes de eso, van a desfilar por los tribunales colombianos los máximos militares responsables de esos hechos.
Y Colombia y el mundo se van a maravillar, de tantísima justicia.
Cabe recordar que la acción de la CPI es subsidiaria, es decir que aplica sólo si un Estado “no puede o no quiere” hacer justicia.
El coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega estuvo ayer lunes en audiencia de indagatoria por el juicio que se le sigue por secuestro agravado y desaparición forzada.
Llegué temprano, y lo vi esperar -igual que yo-, entre una cafetería y la calle de los juzgados, en el sector de Bogotá conocido como Centro Internacional. Hablaba por celular mientras paseaba por el andén. Después me enteré que sigue preso.
La familia de Plazas Vega argumenta que él es inocente de las desapariciones forzadas del Palacio de Justicia porque tenía una larga cadena de mando por encima suyo, cuando dirigió los tanques que penetraron en el palacio que había sido ocupado por la guerrilla del M-19.
“Defendiendo la democracia, maestro”, fue la frase que lo hizo célebre, cuando el periodista Hernando Corral le preguntó, en una esquina de la Plaza de Bolívar, en cuyo costado norte estaba el Palacio de Justicia, qué hacía allí su unidad.
Pero Plazas Vega, en lugar de decir quiénes mandaron torturar hasta la muerte no sólo a guerrilleros, sino a los empleados y simples clientes casuales de la cafetería, además de a algunos guerrilleros, ha preferido “revelar” el lunes a los periodistas, a la salida de la audiencia, lo que algunos sabíamos: que a Antropología Forense de la Universidad Nacional de Colombia le fueron entregados varios cadáveres de desaparecidos del Palacio de Justicia, para su identificación.
La estatal Universidad Nacional confirmó en la tarde que, efectivamente, recibió en 1998 de la Fiscalía General de la Nación 22 cuerpos para su identificación, que fueron supuestamente desenterrados de fosas comunes del Cementerio del Sur de Bogotá.
De ellos, 10 fueron identificados en 2004, bajo la dirección del director del postgrado de Antropología Forense, José Vicente Rodríguez.
“No hubo desaparecidos” en el Palacio de Justicia, descubrió ahora Plazas. “No hay desaparecidos de la cafetería”, es decir 11 hombres y mujeres que sus familias buscan desde hace 23 años.
“22 cadáveres sin identificar, muertos en el Palacio de Justicia: ahí están los desaparecidos”, sostuvo Vega.
Es decir, si los restos aparecen, no hay desaparecidos, y el asunto queda enterrado; prescribe.
No contó Vega que ya fueron devueltos a sus familias los restos de al menos seis guerrilleros –puede que esté siendo imprecisa en la cifra- y que recibieron sepultura hace un par de años, en absoluta discreción, por petición de las familias.
Pero, hay un problemilla. Y es que no existe ningún documento de remisión de las 22 osamentas a la Universidad Nacional.
Otro problemilla: los testigos. Los propios torturadores, o los propios soldados que escucharon o ejecutaron las órdenes infames en el operativo.
Edgar Villamizar, uno de esos testigos contra Plazas, considera que su vida está amenazada, dejó constancia oficialmente la juez este lunes.
El abogado de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, el gran defensor de las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia, fue asesinado el 18 de abril de 1998 en Bogotá.
Sus investigaciones, y la exhumación de los restos, evidenciaron que varios sobrevivientes de la toma del Palacio de Justicia fueron capturados y luego asesinados, como recuerda su hermano Germán Umaña.
Me gustaría saber qué día de ese mismo año en que fue asesinado Eduardo le entregaron a las Universidad Nacional las osamentas de 22 personas.
Este domingo, la cita en Cali se frustró. La comisión que negoció a nombre del presidente Álvaro Uribe antepuso razones de seguridad para que éste no se reuniera con la Minga de la Resistencia Indígena y Popular, que suma ya 45 mil personas. A cambio, dispuso que el encuentro sería con 200 personas. La Minga no aceptó, y tras esperarlo desde las nueve de la mañana, a las cuatro de la tarde le dio la espalda a Uribe.
¿Quizá resulta que la cuna de la democracia no es la «cultura occidental», como la llaman los indígenas? Porque en mi reportería no he encontrado una expresión más majestuosa de democracia que una asamblea indígena. La asamblea es la que convoca la Minga.
Así definen los indígenas qué es Minga:
«Los indígenas nos juntamos dos si se quiere hacer un tull (cultivo tradicional), 10 si vamos a recoger la cosecha, mil si es menester arreglar la carretera, 18 mil si hay que tomar decisiones para el futuro, y todos si hay que salir a defender la justicia, la alegría, la libertad y la autonomía».
Así que la Minga manda. Por eso publico los cinco puntos de la agenda de la Minga de la Resistencia Indígena y Popular –el nombre ha variado con el correr de los días-, que los indígenas esperan debatir públicamente con Uribe. La veeduría del cumplimiento de los acuerdos a los que llegue la Minga con el presidente colombiano estará a cargo de una Comisión de Garantes, entre ellos el juez español Baltasar Garzón.
“Su presencia es indelegable”, le dicen a Uribe en esta carta abierta fechada el 20 de octubre.
Señor Presidente de la República
D. Álvaro Uribe Vélez
Carrera 8 # 7-26 Palacio de Nariño
BOGOTA – COLOMBIA
Al no encontrar soluciones verdaderas y duraderas a la grave problemática social y de derechos humanos, las comunidades participantes en la Minga Indígena de Resistencia Social y Comunitaria nuevamente le hacemos entrega de esta carta abierta, con el fin de concretar el debate público pendiente que desde hace 4 años usted prometió cuando marchamos hacia la ciudad de Cali.
La siguiente es la agenda de trabajo.
1. VIOLACION AL DERECHO A LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS.
• El presidente de la República debe resarcir públicamente el buen nombre del CRIC, de las organizaciones sociales y de las personas respetables a quienes este gobierno ha señalado de terroristas y delincuentes, colocándolos en inminente riesgo.
• Respeto y garantías a la libre movilización social como un derecho constitucional de los colombianos y colombianas.
• El gobierno nacional debe reparar integralmente a las comunidades indígenas víctimas de la violencia de Estado, que para el caso del departamento del Cauca se cuentan la masacre del Naya ocurrida en el año 2001, la masacre del Nilo ocurrida en el ano de 1991, la masacre de Gualanday y la masacre de San Pedro ocurridas en el año 2000, muertos y heridos en los Rituales de Liberación de la Madre Tierra, la Cumbre Social de los Pueblos y de la Minga Social y Comunitaria. Así mismo para las víctimas de otros pueblos y organizaciones del país.
• Asignación presupuestal y respeto a las iniciativas autónomas de protección establecidas en los territorios por las comunidades en el marco de sus Usos y Costumbres.
• Exigimos el desmonte de las estrategias que vinculan a las comunidades en el conflicto social y armado, tales como el pago de recompensas, batallones de alta montaña, familias guarda bosques, erradicación manual de cultivos de uso ilícito que se desarrollan en el marco de la política de seguridad democrática y el Plan Colombia.
• Exigimos el cumplimiento del derecho internacional humanitario, el cual es violentado al instalar trincheras en medio de la población civil, utilizar a la población y las viviendas como escudo de guerra, bombardeos aéreos a la población civil, detenciones arbitrarias, ocupación de los sitios de asambleas permanentes y áreas civiles.
• Atención y reparación integral a la población desplazada y garantías para su retorno.
• Exigimos la salida negociada al conflicto social y armado, y el restablecimiento del acuerdo humanitario.
• Exigimos el respeto a labor de la Corte Suprema de Justicia en el caso de investigación al proceso de la parapolítica.
2. AGRESION Y OCUPACIÓN TERRITORIAL.
• Desmilitarización total e inmediata de los territorios indígenas.
• Detener la entrega de concesiones en territorios indígenas a las transnacionales y multinacionales.
• Detener las fumigaciones de cultivos de uso ilícitos en territorios indígenas, toda vez que afecta a la madre naturaleza y coloca en riesgo la vida.
• Detener el fomento de proyectos destinados al monocultivo. Al contrario exigimos fortalecer los procesos de soberanía alimentaria y los procesos de conservación ambiental.
• Adoptar y respetar el papel de las autoridades tradicionales como legítimas autoridades ambientales en los territorios indígenas.
3. ADOPTAR LA DECLARACIÓN DELA ONU SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS
• Mediante un acto jurídico el gobierno debe adoptar la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas declarada por la ONU.
4. LEGISLACIÓN DEL DESPOJO QUE COLOCA EN RIESGO LA PERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS.
• Desmonte inmediato del Estatuto de Desarrollo Rural- ley 1152 de 2007, que viola abiertamente el Convenio 169 de la OIT, desconoce los derechos indígenas y de los campesinos y legaliza el robo de tierras hecho mediante la violencia.
• Derogatoria de los decretos presidenciales: 616-2838, 616-2838, 1500 y 779.
• Replanteamiento de legislación y de aplicación de la misma en los casos de ley 142 de 1994, ley 1156 de 2007, Estatuto Minero, Ordenamiento de Cuencas.
• Respeto constitucional de la consulta previa y de los derechos especiales de los pueblos indígenas y afrocolombianos en la aplicación de estas leyes y en la formulación de las nuevas.
• El Presidente de la República debe explicar por qué se ignoró completamente la consulta a los pueblos sobre el TLC, realizada por indígenas y sectores sociales, y abrir un debate nacional sobre su conveniencia e inconveniencia, para transmitir sus conclusiones al congreso de los Estados Unidos.
• El presidente de la República debe garantizar el debate nacional y la consulta popular para la firma de tratados con otros países y con la Unión Europea.
5. ACUERDOS INCUMPLIDOS CON ORGANIZACIONES Y MOVILIZACIONES SOCIALES.
• El gobierno nacional debe cumplir de manera inmediata todos los acuerdos firmados entre la organización indígena, así como entre los demás actores sociales y el Estado colombiano. Para que este tema sea operativo, se deben asignar de manera inmediata los recursos necesarios de acuerdo a como lo establecen las comunidades. Para agilizar este tema, las comunidades han definido el método de trabajo que será socializado una vez se instale el debate.
La presente agenda de trabajo será robustecida con las exigencias, propuestas e iniciativas de la población y los sectores que se vayan vinculando a la Minga nacional.
Lo esperamos señor Presidente, su presencia es indelegable.
Atentamente:
Minga de Resistencia Indígena Social y Comunitaria.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
Salas, de 20 años, llegó después de almuerzo a 
«Repentinamente, pero no de manera fortuita», son los indígenas los que resultan liderando el movimiento por las libertades civiles en Colombia, dice un mensaje en tres idiomas enviado desde Berlín a Heavy Metal Colombia por 