COLOMBIA Multitudinario congreso indígena en el camino
por Constanza Vieira
BOGOTA, 15 sep (IPS) Una bicicleta tándem dotada de un transmisor móvil va de una punta a la otra de la marcha de protesta indígena de Colombia, que ya reúne a 50.000 personas sobre la ruta Panamericana con la meta de llegar este jueves a la sudoccidental ciudad de Cali, tras recorrer más de 100 kilómetros.
La misión de «La Radiocicleta», como la llaman, es transmitir lo que ocurre en esta movilización, a la que sus organizadores han dado forma de congreso, a través de una señal que enlaza con Radio Payumat («Pido permiso para entrar»), una pequeña emisora indígena en lengua nasa y español desde Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.
Este particular congreso itinerante, convocado por el pueblo nasa contra la propuesta de reforma constitucional para imponer la reelección del presidente Alvaro Uribe y en rechazo de acuerdos de libre comercio en negociación, se compone de indígenas, de comunidades negras, campesinos y sindicalistas que transitan a pie y en camiones.
En cada localidad por las que pasa, el congreso se detiene a sesionar. Esta marcha iniciada el martes en Santander de Quilichao se ha transformado en la más multitudinaria de la historia del sudoccidental departamento del Cauca, lindante por el sur con Valle del Cauca, con costas sobre el océano Pacífico y hogar original del pueblo nasa.
En apenas 24 horas, esta semana 13 mil personas de toda América Latina enviaron mensajes al presidente Uribe, instándolo a poner fin a la violencia contra los indígenas que protestan, y a sentarse a dialogar con ellos.
La campaña comenzó el lunes en la noche y acompaña virtualmente a la marcha desde entonces. El miércoles en la tarde, el correo electrónico de la presidencia dejó de aceptar mensajes. Quizá, dicen los de Avaaz.org, organizadores de la campaña internacional por Internet, se deba a que el correo de Uribe se saturó.
Con una magnífica nota de Carl Penhault, CNN publicó toda la tarde del miércoles un vídeo tomado por indígenas, que muestra a un francotirador disparando contra la multitud, en el resguardo de La María y desde las filas de la policía antimotines, pero con un uniforme distinto.
Esa misma noche, Uribe interrumpió la programación de todos los canales de televisión.
Reconoció, como un hecho aislado, que ese único uniformado que aparece en el vídeo, y cuyo nombre detalló, sí disparó, pero que no mató a nadie; y volvió a responsabilizar a los indígenas de las tres muertes que han ocurrido entre los manifestantes.
Por explosivos que se les activan a los propios que protestan, según el gobierno. Que muestren las necropsias, contestan los indígenas.
La Autoridad Tradicional, como lo permite la Constitución, ya le aplicó la justicia indígena a un soldado de rasgos aborígenes que se infiltró en la Minga, para “sembrar” en ella una provocación. Fueron nueve latigazos en las pantorrillas y un «refrescamiento», en el que los chamanes nasa, los Teh’Wala, juagan con agua la cabeza y los hombros de quien está siendo «corregido», para que se mejore de los errores.
Uribe cedió a dialogar, pero a medias.
Citó a los indígenas el domingo en la ciudad de Popayán, cuando la Minga (trabajo colectivo para el bien común) iba ya en mitad de camino hacia el norte, hacia la ciudad de Cali. Y citó sólo a sus líderes.
Finalmente, la fortaleza moral de la Minga de la Resistencia Indígena y Popular;
el formidable acompañamiento que le hizo la CUT este jueves, con el paro estatal de 24 horas al que se unieron cortadores de caña, camioneros y estudiantes, entre otros;
esa fiebre de los jóvenes indígenas de andar grabándolo todo en vídeo, conjugada con la sensibilidad y atino del reportero Penhault;
estas firmas a través de Avaaz, 32 más de europarlamentarios en una dura declaración que también se solidariza con la huelga de los cortadores de caña de azúcar, la franca misiva a Uribe del Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel;
la presión de varios países amigos de la paz de Colombia, encabezados por Suiza, y a los que adhirió la ONU, grupo que convocó a su vez una comisión nacional de buenos componedores, encabezada por el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya;
y la labor callada de los tercos de siempre, incluyendo estadounidenses, lograron este jueves empujar a Uribe a que la cita del domingo sea en Cali.
Uribe no consiguió desviar la Minga, ni aislar de su seno a sus líderes, llevándoselos a una oficina o a una base militar en Popayán.
La reunión no será a puerta cerrada, ni sólo con el liderazgo indígena. A ella irán también los cortadores de caña en huelga y muchas otras voces que tienen todas las intenciones de hacerse oír del presidente.
No será éste un consejo comunitario con invitados escogidos por los asesores del mandatario, como los que Uribe realiza ininterrumpidamente todos los sábados desde que se posesionó, en agosto de 2002.
En el sitio de Avaaz.org se muestra este jueves en la noche que, desde que se saturó el correo electrónico de Uribe, más de tres mil personas adicionales lo han instado a negociar. La suma total de personas que le han escrito supera las 16 mil. Esto porque ahora, en la páginade la campaña, se puede suscribir un mensaje colectivo al presidente colombiano. Avaaz.org garantiza que lo hará llegar a su destinatario.
Hoy jueves no hubo violencia en la caminata de la Minga, porque la policía antimotines no se apareció.
La seguridad de la Minga está garantizada por la Guardia Indígena –cuyas únicas armas son bastones de mando adornados con cintas de colores– y por los ojos y oídos de 30 mil personas, que ya han frustrado media docena de montajes que planeaba la fuerza pública, buscando implicar a los indígenas en acciones de fuerza.
Se me ocurre que los mensajes a Uribe deben seguir.Créame, mi lector o lectora, cuando le cuento que son muy poderosasy peligrosas las fuerzas que quisieran violentar la Minga y bloquear la vía a ésta, y a cualquier negociación política que implique conjugar el verbo repartir.
Estamos hablando de que estas miles de voces y firmas se pronuncian por la negociación directa con la población civil, y en torno a las raíces de la guerra.
Del otro lado de la mesa está ese inmenso poder que avasalló a Colombia en los últimos años y que finalmente llegó a la “Casa de Nari”, como cariñosamente le dicen los narcos a la Casa de Nariño, la sede presidencial.
Voilá!, como dicen los franceses. Ahora sí nos vamos entendiendo.
Desde hace tiempo participo en las campañas de Avaaz.org.
Esta organización independiente y sin ánimo de lucro, cuyo staff global está en Ottawa, Londres, Río de Janeiro, New York, París, Sydney y Ginebra, promueve que enviemos cartas por montones, desde todos los lugares del mundo, a los poderosos que atropellan, o a los poderosos que con sus decisiones pueden parar los atropellos de otros poderosos.
Ahora, Avaaz, con 3,2 millones de miembros en todo el mundo, está llamando a enviar 50 mil cartas al presidente Álvaro Uribe.
Para que acepte reunirse con los indígenas. Para que cese la violencia de los fusiles contra la protesta iniciada el 10 de octubre.
“Uribe: ¡Diálogo, no violencia!”, se titula la campaña de Avaaz, a la que usted puede vincularse aquí.
Avaaz llama la atención sobre el inicio, mañana martes, de la marcha de miles de indígenas sobre la ciudad de Cali, capital del occidental departamento del Valle del Cauca.
Teme que la movilización pueda generar una reacción represiva aún más fuerte y brutal de lo que hemos visto en estos días contra los manifestantes en el resguardo de La María, en el departamento del Cauca, vecino del Valle.
“No podemos permitirlo. Envíe un mensaje al presidente colombiano Álvaro Uribe, llamándolo a poner fin a la violencia militar y a aceptar la invitación de reunirse con los líderes indígenas. Uribe se preocupa de su reputación internacional; al enviarle miles de mensajes, le mostraremos que tenemos nuestros ojos puestos en Colombia”, dice la invitación a inundar el correo electrónico de Uribe.
En las últimas dos semanas han sido expulsados de Colombia una alemana y dos franceses que presenciaban la huelga de los cortadores de caña de azúcar, en el Valle del Cauca. Los indígenas también son solidarios con esa protesta.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, cada 53 horas es asesinado un aborigen en este país.
El gobierno colombiano se negó a firmar la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a sus tierras, territorios y recursos que tradicionalmente les pertenecen”.
”Por demasiado tiempo, América Latina ha sido dirigida según los intereses de los ricos, los políticos y los terratenientes. Es tiempo de ponernos de pie por los pueblos, la cultura y el medio ambiente de América Latina”, agrega Avaaz.
El periodista Arturo Guerrero publicó ayer, 1 de octubre, en su columna del diario El Colombiano, de Medellín, capital del departamento de Antioquia, una referencia a mi intervención el 25 de septiembre en Bogotá, en la celebración del Premio del Edicto de Nantes a Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó (municipio del mismo departamento).
Mi lector o lectora sabrá reconocer que el texto que leí la semana pasada en el homenaje a Gloria nació en este blog, y que sólo lo complementé un poco. Arturo, a su vez, complementó mejor. Va su deliciosa columna, que muestra qué importante es no someter las convicciones al vaivén de la moda; y luego el link a la página de la laureada defensora colombiana de derechos humanos, donde fueron reproducidas mis palabras.
Hugonotes era el apodo despectivo con que los católicos franceses del siglo XVI designaban a los seguidores del reformador protestante Juan Calvino. A lo largo de la segunda mitad de ese siglo y durante 37 años, unos y otros, católicos y calvinistas se despedazaron en ocho guerras religiosas, que como todas las guerras religiosas disfrazan con términos piadosos lo que en realidad era una disputa de tierras, castillos y poder.
Al cabo de las matanzas de rigor, un rey hugonote que para ser rey se convirtió al catolicismo, Enrique IV, firmó con los duques de Bretaña el Edicto de Nantes, ciudad noroccidental sobre el Loira donde la contienda era brava. La ley real concedió libertad de conciencia a los protestantes, en un tiempo en que la tolerancia religiosa era inconcebible, pues la católica era la religión fuera de la cual no había salvación.
El fin de las guerras religiosas trajo apenas una tregua en la carnicería interreligiosa, pues el célebre edicto fue revocado casi un siglo después por Luis XIV, los hugonotes fueron desterrados, y solo la Revolución Francesa cauterizó la furia mística. Por encima de estos avatares, el documento de Nantes pasó al futuro como un hito en la lucha de la humanidad por las libertades civiles.
Cuatrocientos años más tarde, el ayuntamiento de esta ciudad resolvió celebrar el lance creando un premio bienal para individuos o entidades que luchen por la paz civil, el estado de derecho y la libertad de conciencia. Dotado de una bolsa de 15 mil euros, el galardón ha recaído en años anteriores sobre activistas de Chile, Togo, Bangladesh, Israel, Rusia, Suráfrica y Camboya. Este año fue para Colombia.
¿Colombia? Sí. Y más específicamente Antioquia. Después de haberlo recibido la viuda del ex primer ministro de Israel y Nobel de Paz, Yitsak Rabin; después también del mismísimo Nelson Mandela, una trabajadora social paisa tomó en sus manos el pasado 3 de julio el premio Edicto de Nantes 2008 «por su combate por la paz civil en Colombia».
El jueves pasado, en la Casa de España en Bogotá, la galardonada ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas fue aplaudida por su premio, en un acto de reconocimiento a su coraje. La oradora del momento, la periodista Constanza Vieira, le imprimió un sesgo de afabilidad y de equilibrio a este valor con la siguiente confidencia: la batalladora del Urabá antioqueño ¡les tiene miedo a las ranas!
“No hay ninguna investigación en curso contra el general” Mario Montoya, dijo en Washington el canciller Jaime Bermúdez.
«Hemos hablado directamente con el Fiscal General de Colombia y él nos ratificó que no hay ninguna investigación en curso contra el general. Es lamentable que esa información salga sin que se haya corroborado ni verificado», dijo el canciller.
El Washington Post publica hoy un artículo de su corresponsal, Juan Forero, que afirma lo contrario. Párrafo textual de Forero:
«Montoya se encuentra bajo investigación», dijo un funcionario del despacho del Fiscal General en Bogotá que está familiarizado con el caso. «No ha sido acusado, pero ese es el siguiente paso.» Otro funcionario familiarizado con el caso añadió que Palacio «tiene un alto grado de credibilidad.»
Palacio es Luis Adrián Palacio, un ex combatiente paramilitar que declaró ante la fiscalía que el general Montoya, comandante del ejército, colaboraba con los escuadrones de la muerte que tomaron el control de las comunas de Medellín a partir de la Operación Orión, en octubre de 2002 (Uribe se posesionó en agosto de ese año para su primer mandato).
Mañana, el canciller Bermúdez discutirá el artículo de Juan Forero con la mesa editorial del Washington Post.
Bermúdez, quien además de verificar lo que, según él, el periodista no verificó, se reunió hoy con la secretaria de Estado Condoleezza Rice y firmó con ella un convenio sobre energías limpias, que promociona el cultivo de agrocombustibles.
El gobierno estadounidense anunció, también hoy, que seguirá fortaleciendo la tecnología de guerra en Colombia.
Uribe llegó esta noche a Washington. Al mediodía hora colombiana (GMT -5) tuvo una conversación telefónica con el candidato demócrata Barack Obama.
No trascendieron detalles sobre el contenido de la charla pero, como seguro que algún servicio de inteligencia nacional o extranjero la grabó, más adelante podremos verificar de qué hablaron. Se trataron “muchísimo puntos”, fue lo único que contó Uribe.
¿Quién llamó a quién? Publica hoy el bogotano diario El Tiempo: “Una fuente gubernamental colombiana comentó que fue Obama el que llamó a Uribe, después de que este le envió una carta, en la que destacó algunas de las propuestas económicas del candidato.
“La llamada es clave, pues Obama se ha mostrado duro frente a la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, hasta el punto de que en abril, Uribe le hizo un sutil reclamo cuando se enteró de que el candidato pidió a los congresistas de su partido no aprobar esa iniciativa”.
Se me ocurre que, cuando llegue la cuenta del teléfono a la «Casa de Nari», como cariñosamente le dicen los narcos a la Casa de Nariño, sede presidencial colombiana, en teoría también se podrá verificar quién llamó a quién. Mientras, El Tiempo ha publicado una información “sin que se haya corroborado ni verificado”.
Uribe, quien si pudiera votaría por el candidato republicano John McCain, se entrevistará con el presidente Bush el sábado.
En un artículo del abogado Fernando Reyes, en la edición de julio de Un Pasquín –el periódico gratis que de su propio bolsillo publica el caricaturista Vladdo- se destaparon dos mentirijillas en la hoja de vida del presidente Álvaro Uribe.
El presidente colombiano ni cursó especializaciones en Administración y Gerencia en Harvard, ni fue profesor asociado en Oxford. Sin explicaciones, ambas “inflaciones” del curriculum vitae de Uribe acaban de ser corregidas en la web de la Presidencia, cuenta Vladdo, y reproduce la versión inflada y la actual.
A Héctor Mondragón lo conocí como periodista hace muchos años. Es economista. Una vez comenté que él hablaba ocho lenguas indígenas y me corrigió: apenas habla seis, incluyendo la lengua nukak, la tribu “descubierta” en los años 80 y ya casi en extinción.
Mondragón explica la raíz de las cosas que ocurren.
Sabe, por ejemplo, que los Acuerdos de Protección de Inversión Extranjera que tan olímpicamente se están firmando son, en realidad, pequeñitos TLC que comprometen, igual que estos, la soberanía de las decisiones de futuros gobiernos.
Mondragón “ha estado vinculado a las reivindicaciones campesinas e indígenas, no solo en Colombia, sino a nivel hemisférico”, advierte la Alianza Social Continental.
El 29 de agosto, El Tiempo afirmó, remitiendo a fuentes de inteligencia, que en los computadores de “Raúl Reyes”, miembro del secretariado de las FARC abatido el 1 de marzo en un campamento en Ecuador, aparece un correo, con fecha 2 de abril de 2006, en el que “’Reyes le escribe a un hombre identificado como Héctor Mondragón: ‘Quiero presentarle a la camarada Liliany (…) ella trabaja conmigo y al mismo tiempo presta asesoría a Fensuagro (Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria) en su trabajo de relaciones internacionales. Naturalmente se trata de una camarada de absoluta confianza».
Y ya está: Mondragón es de las FARC, según el gobierno colombiano, o sea que tiene tratos con Belcebú. Reproduzco la respuesta de Mondragón, el 7 de septiembre.
Mi opción por la resistencia civil
por Héctor Mondragón
Para quienes me conocen cercanamente, para quienes trabajan a mi lado, es indudable que practico un compromiso total con la no violencia y que arriesgándolo todo, entregando mi vida, me dedico a la resistencia civil, en un país donde los intereses de los poderosos se imponen con violencia y grupos armados creen que se puede derrotar la violencia con violencia.
Quienes me conocen cercanamente saben con claridad que no soy de las Farc, porque discrepo de su estrategia, su línea política y sus métodos.
He discrepado pública y privadamente desde hace 18 años con la estrategia de las Farc que se centraba y se centra en el papel de la guerrilla convertida en ejército revolucionario, en torno al cual el pueblo puede tomar el poder y producir las transformaciones sociales y coloca en segundo plano la movilización de las masas populares. Esta concepción se ha demostrado completamente inaplicable a Colombia; incluso, anteriormente las propias Farc se hicieron más fuertes que otras organizaciones que confiaban prioritariamente en la acción militar y luego por razones que probablemente tienen que ver con la forma como fue masacrada la Unión Patriótica, las Farc pasaron a subestimar las luchas masivas del pueblo y se dedicaron al fortalecimiento militar como principal objetivo. Este error político se ha convertido en una tragedia para la lucha popular, ha permitido el fortalecimiento de la extrema derecha que se ha convertido en gobierno y no solamente ha fracasado en impedir el despojo de las tierras de cientos de miles de campesinos y afrocolombianos, sino que lo ha acentuado y ahora permite y hasta provoca el desplazamiento forzado de indígenas en varias regiones del país.
En la mayoría de Latinoamérica, son las movilizaciones multitudinarias de las masas las que han comenzado a provocar cambios y a cuestionar al neolberalismo, la dominación de las transnacionales y el latifundio. Incluso en un país donde el sector agrario tiene un peso proporcional mayor, como es Bolivia, las movilizaciones masivas tienen el papel principal. Se ha visto como allí como en Venezuela, los sectores sociales en conflicto dirimen sus contradicciones en el terreno de luchas masivas. En Ecuador las grandes masas han sido las protagonistas, tanto como en Argentina o en otros países y en cada sitio es el nivel de conciencia de las masas el que marca el resultado de sus caudalosas movilizaciones. En Colombia en cambio, el enfrentamiento militar ha sido la cortina tras la cual la extrema derecha ha podido masacrar el liderazgo sindical y campesino e imponer así la demolición del derecho laboral y la legalización del despojo de tierras.
A pesar de la tragedia que significó el exterminio físico de 3 mil de sus integrantes, la Unión Patriótica se había ganado el cariño del pueblo. La lucha por un acuerdo de paz democrática que abriera el paso a grandes expresiones populares, había ganado el corazón de la gente. Aunque era absurdo seguir exponiendo diariamente a senadores, representantes, diputados, concejales y líderes a la muerte, no debía confundirse la necesidad de esconderse de los asesinos y eludir su acción, con aceptar colocarse en el terreno en que el poder quería, en el camino de una guerra indefinida. Muchos partidos y movimientos revolucionarios o democráticos del mundo han tenido que pasar a la clandestinidad más completa o la semiclandestinidad, sin que por ello hayan pasado a la lucha armada. Han sido obligados a la clandestinidad pero han mantenido una acción no violenta centrada en organizar al pueblo y en movilizarlo por sus intereses vitales, que en ese momento eran para los colombianos detener el avance del neolberalismo, defender las conquistas laborales y sociales, las empresas del estado y conquistar una paz democrática.
Los acuerdos de paz de 1991 hubieran podido abrir el paso para que Colombia estuviera hoy en el rumbo de Latino América. Si esto no fue así se debió en parte a inconsecuencias de algunos de quienes los firmaron y al hecho de que algunos de ellos dejaron de luchar por el cambio social, pero se debió sobre todo a que el proceso no se continuó con acuerdos con las dos guerrillas más grandes, las Farc y el Eln. En negociaciones que se celebraron en Caracas parecía que había caminos de acuerdos, pero se frustraron. Aunque es obvio que la derecha, especialmente el latifundio, la narcopolítica y ciertos círculos transnacionales sabían que no les convenía para nada ese acuerdo y se dedicaron a impedirlo con el estímulo al paramilitarsmo y sus asesinatos y masacres, también es cierto que esas dos guerrillas no tenían una estrategia congruente con la búsqueda de acuerdos de paz, que les permitiera visionar la importancia decisiva de grandes movilizaciones de masas como verdadero eje de los cambios que necesitamos.
Esa concepción errada de las guerrillas produjo otros errores graves. La subestimación de las masas, su conciencia y su lucha llevó a las Farc a justificar y utilizar formas de guerra que golpearon al propio pueblo, como el uso de cilindros explosivos en centros poblados, contra el cual escribí hace unos años el artículo “Toribío atacado”. El uso de rehenes civiles que años antes las propias Farc consideraran un método equivocado de lucha se convirtió en táctica central de las Farc, al extremo que un frente de las Farc llegó a desplazar a grupos indígenas Nukak para mantener unos secuestros. Desde hace varios años se registra que algunos de los asesinatos de líderes queridos por la gente o de activistas esforzados resultan siendo cometidos por las Farc y entonces en varios casos esos líderes y activistas ya no deben temer solamente a los paramilitares o a los poderes constituidos, sino a las Farc, lo cual ha afectado especialmente al movimiento indígena. ¿Cómo no va a rechazar la mayoría del pueblo estas actuaciones de las Farc? Esto que escribo aquí lo he dicho todos los días y en la medida que trabajo en las regiones con los indígenas y los campesinos he tratado de que se oiga, para ver si se produce un cambio en esas actuaciones, pero aunque a veces se atiende los reclamos de los indígenas, los problemas se repiten debido a las concepciones erradas que los causan.
Hago en primer lugar estas consideraciones estrictamente políticas, para resumir muy sintéticamente mi análisis sostenido y profundizado durante 18 años, sin que para ello tenga que acudir a mis compromisos personales de vida con la no violencia, que aunque son también esencialmente políticos, no tienen por qué se compartidos por quienes no comparten una fe y consideran que es válido hacer uso del derecho a defenderse de la violencia con violencia, ya que incluso jurídicamente actuar violentamente “en defensa propia” puede tener validez. Las guerrillas surgieron como defensa campesina frente a los asesinatos y masacres perpetrados por agentes del estado y los latifundistas, los paramilitares fueron constituidos con el pretexto de combatir la violencia de la guerrilla. El país se ha sumido en la cadena de las violencias y de ello se aprovechan los intereses creados, los gamonales políticos, las mafias y en especial el capital transnacional que va logrando imponer una legislación a su favor.
Desde 1994 opté por un compromiso personal con la no violencia como camino a seguir para contribuir al cambio radical de la sociedad y de las relaciones sociales. Renuncié bajo cualquier circunstancia a usar las armas para mi defensa y a propiciar su uso para la defensa de otros. Me deshice de dos revólveres de los que legalmente me doté cuando fui amenazado de muerte y se intentó asesinarme por pertenecer a la Unión Patriótica, renuncié a tener escoltas porque no quiero salvar mi vida a costa de la de otros. Terminé renunciando a cualquier rutina y a varias posibilidades laborales para evitar ser asesinado sin acudir a ningún arma. Creo desde entonces que la lucha radical por el cambio de social debe estar acompañada por el cambio radical de los métodos, por la renuncia completa a cualquier lucha armada, de manera que no solamente podamos decir que el fin no justifica los métodos, sino que el método radical de la no violencia sí puede conducirnos a lograr el fin de un cambio social realmente radical.
Como es público, es así como mantuve mi compromiso de lucha por un cambio social radical, que como enseña Carlos Gaviria, consiste en ir a la raíz y no creer que con maquillajes se pueden cambiar las cosas. No se trata de un cambio de gobierno para que la corrupción de la derecha sea reemplazada por otra. No se trata de un cambio de roscas, para que nuestros amigos gobiernen en vez de nuestros enemigos, demostrando “gobernabilidad”, pero sin tomar medidas esenciales a favor del 80% más pobre. Colombia necesita cambios de fondo, en primer lugar en cuanto se refiere a la tierra y a las relaciones con las transnacionales. Y único el camino para lograrlos es desplegar la más amplia resistencia civil, la construcción de alternativas desde la base y la movilización civil masiva y decidida. Absolutamente todo lo que he hecho durante estos años, todos los días, es transitar por este camino en la medida de mis fuerzas y mi experiencia.
Estoy desde luego herido por las huellas de la tortura que sufrí en 1977 y también por 20 años de estar amenazado de muerte y perseguido por los sicarios. A veces pierdo la esperanza, especialmente cuando sé que alguno de mis amigos ha sido asesinado, entonces me pregunto por qué sigo acompañando la lucha de los indígenas y campesinos, por qué no renuncio. Pero nuevamente se enciende en mí la pasión por la gente que amo y que sé que tiene derecho a una vida digna, la pasión por unas relaciones sociales basadas en la solidaridad. No han matado mi cuerpo pero ahora me amenazan con matar mi palabra, abren mis cicatrices. Pero la palabra es semilla y está sembrada y sea lo que sea lo que nos hagan en cada campesino con su tierra, en los indígenas gestionando su territorio, en los afrocolombianos retornados a sus comunidades, en los habitantes de los barrios populares de las ciudades que podrán comer mejor después de la reforma agraria que al fin conquistarán, en cada familia de los asalariados que reciban al fin justicia para su trabajo, allí vivirá esa palabra y no la podrán matar.
El general ( r) Rito Alejo del Río fue detenido el jueves por la Fiscalía General de la Nación, y este viernes debe rendir indagatoria.
¿Alguien quiere evitar que a su caso se le aplique el artículo 20 del Tratado de Roma, que creó la Corte Penal Internacional? El artículo 20 habla de cuando se sustrae al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la CPI, es decir genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La Operación Génesis, comandada por Del Río en 1997, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia y él comandante de la Brigada 17 del ejército, es recordada con indignación y horror en Jiguamiandó, Curbaradó, Pavarandó y Cacarica, en el departamento del Chocó, y en Vigía del Fuerte, San José de Apartadó y Dabeiba, en Antioquia.
De la “limpieza territorial” propiciada durante la comandancia de Del Río en la región, surgieron los cultivos de palma africana que avanzaron por la cuenca del Atrato de norte a sur, sembrando la muerte.
Para mí, la “limpieza territorial” – vaciar los territorios de gente- equivale a la “limpieza étnica” de las guerras en otras latitudes. En Colombia se expresa en desplazamiento forzado.
El 29 de abril de 1999, Álvaro Uribe fue oferente del homenaje de desagravio al general Rito Alejo del Río en el Hotel Tequendama de Bogotá, cuando éste fue destituido del Ejército por sus nexos con el paramilitarismo. Los empresarios antioqueños y los ganaderos cordobeses llamaban al general “el Pacificador de Urabá”.
El prontuario de Del Río muestra que no había tal ausencia del Estado, argumento que invocan los paramilitares para justificar la existencia de estas estructuras, y sus delitos.
El 9 de marzo de 2004, el entonces fiscal Luis Camilo Osorio hizo cerrar y precluir el expediente contra Del Río.
La ultraderecha armada, una parte de la cual se considera legal a pesar de estos antecedentes, enfiló baterías contra el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien se constituyó en parte civil en el proceso contra Del Río presentando pruebas documentadas de masacres, asesinatos y desplazamiento forzado.
Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó, también perseguida por fuerzas de ultraderecha armada tanto legales como ilegales, anunció –según Caracol Radio- que ella igualmente tiene cargos contra el general. Lo demandará penalmente por su presunta participación en la matanza de 130 campesinos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Cuando en este país del poder narcotraficante se revelan o se recuerdan cosas fuertes, por un buen rato suena como un silencio.
Últimamente ese silencio dura poco. Pronto surge alguien, generalmente del gobierno, a dar una noticia espectacular, que desvía la atención totalmente. A veces hasta estallan bombas.
Una mujer, de nombre supuesto Marta (identidad protegida por los periodistas), contó esta mañana en W Radio cómo fue que su familia tuvo que traspasar, ante notaría, todos sus bienes a “Los Pepes” (Perseguidos por Pablo Escobar), para rescatar con vida a un hermano secuestrado.
El notario sigue en funciones en la misma notaría, y los funcionarios de la notaría, por entonces – comienzos de los 90- sabían, igual que su jefe, de qué se trataban esos traspasos masivos de títulos de propiedad, dijo Marta. Su testimonio, con voz modulada para dificultar su identificación, está en La W.
Menciona Marta a un “Guillo” Ángel, que según ella aparecía, en las negociaciones por el rescate del hermano secuestrado, al lado de Don Berna (el verdadero responsable de la “seguridad” en Medellín, mediante sus bandas paramilitares urbanas, y extraditado en mayo a Estados Unidos).
Este señor “Guillo” también existe. Es hermano de Juan Gonzalo Ángel, quien es socio del mexicano Carlos Slim -dueños de mi televisor, mi Internet, mi celular y mi teléfono digital.
Los hermanos Ángel y varios “capi di tutti capi” de los años 80 son mencionados por la periodista colombiana Virginia Vallejo, por entonces amante de Pablo Escobar, en la página 102 y subsiguientes de su alucinante libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar” (Random House Mondadori, septiembre 2007).
Así que el silencio duró poco esta mañana. El grito que se oyó fue, otra vez, el del presidente Álvaro Uribe (páginas 111, 218 y 326 de “Amando a Pablo, odiando a Escobar”). Lo profirió casi quedamente, sin querer pero queriendo, en una reunión con su bancada en “La Casa de Nari”.
Así le dicen cariñosamente los narcos a la sede presidencial, llamada Casa de Nariño en honor del entonces subversivo anticolonialista Antonio Nariño, quien tradujo y publicó en Colombia por primera vez la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa.
Muy prontito después de que Marta diera su testimonio en La W, un representante a la Cámara de la bancada oficialista contó que el presidente contó en la «Casa de Nari» que en 1991 el entonces gerente de la campaña liberal le envió a Harvard (donde Uribe adelantaba un curso y además era candidato al senado, según él) dos millones de pesos para financiar su campaña, y que esos dineros provenían del narcotráfico.
Dos millones no eran suma despreciable en 1991, pero para una campaña no eran gran cosa. Hoy equivalen a unos mil dólares. Uribe dice que devolvió el dinero una vez conoció su origen. No dijo si el envío fue mediante cheque o en efectivo.
Además, Uribe no era candidato al senado en 1991, según periodistas que llevan esas cuentas. Puede que el parlamentario corre-ve-y-dile se haya equivocado al reseñar lo dicho por Uribe. Veremos.
«Es muy curioso que el presidente se haya acordado 14 años después de un hecho en el cual él fue testigo y protagonista, y aparentemente partícipe. ¿Por qué no lo denunció, por qué no lo dijo y por qué no lo llevó a la justicia, si le pareció tan grave?», comentó el ex ministro de Defensa Rafael Pardo Rueda.
Anda, en fin, el presidente poniendo bombas. En estos casos, la acción recomendada no es mirar contra quién pone la bomba, sino por qué. Es decir, hay que mirar para otro lado.
¿Mi estimado lector o lectora no entendió nada? Yo tampoco. En estos temas de narcos uno entiende más lo que está ocurriendo en la actualidad si, en lugar de ver noticias de televisión, sintoniza “El Cartel”, emocionantísima serie televisiva sobre “Los Pepes” de los años 90 y algunos de sus sucesores, que está al aire desde hace un par de meses por el canal colombiano Caracol Televisión.
Tampoco es mala idea leerse a Vallejo, quien no lo haya hecho aún.
En todo caso, si uno mira para otro lado, encuentra que suena cada vez más la versión de que algunos parapolíticos serían pedidos en extradición por Estados Unidos.
Quizá los estadounidenses, que se han quedado con TODOS los computadores incautados a narcos, o con sus copias, y han guardado su contenido en el absoluto secreto, le ganen en la carrera tras los autores intelectuales de la matanza colombiana al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo.
Me llama la atención este texto burocrático, sin signos de puntuación. Y me recuerda la frase del periodista Daniel Coronell en su entrevista, este jueves, a la revista Cambio: “El Ejecutivo está jugando duro y usando indebidamente las herramientas del Estado en beneficio de la permanencia del Presidente y sus aliados en el poder”.
Omito el remitente.
Fecha: jueves, 28 agosto, 2008, 7:37 pm
Asunto: proyectos reforma justicia y reforma politica
Atendiento instrucciones del señor presidente de esta celula Legislativa H.S. Javier Caceres leal, estamos enviando el Proyecto de Acto legislativo No. 07 de 2008 REFORMA A LA JUSTICIA el cual fue radicado en el Senado por el señor Ministro del Interior y que será repartido por la Mesa Directiva una vez llegue a la Comisión y de igual manera y para su conocimiento la Reforma Politica con el número 106 de 2008 y radicado en la H. Cámara de Representantes
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
Desde hace tiempo participo en las campañas de 
él hablaba ocho lenguas indígenas y me corrigió: apenas habla seis, incluyendo la lengua nukak, la tribu “descubierta” en los años 80 y ya casi en extinción.