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El general en retiro Pauselino Latorre, hasta hace cerca de año y medio director de Inteligencia Militar, fue apresado en una redada antidroga junto con su sobrino, Leovaldo Latorre, quien fue fiscal especializado de la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía General.
Ambos son acusados de hacer parte de una red de narcotraficantes cuando aún estaban en sus respectivos cargos, hace dos años. Otras 20 personas fueron detenidas en una redada simultánea promovida por la DEA estadounidense en las ciudades de Bogotá, Armenia, Pereira y Cali y en la isla caribeña de San Andrés.
Latorre fue también comandante de la Tercera División del ejército, con sede en Cali.
Cuando era comandante de la Brigada Móvil 1, ascendió a general luego de haber tomado el curso de altos estudios en la Escuela Superior de Guerra, en octubre de 2001.
Siendo jefe de la Brigada 17, con jurisdicción en la región noroccidental, el militar toleró en 2003, a favor de la empresa Urapalma, sembrados ilegales de palma africana en territorios colectivos de comunidades negras en varias cuencas del río Atrato, en el departamento del Chocó.
Asimismo avaló en 2004 el traspaso ilegal, a dicha empresa, de al menos un predio de propiedad colectiva en la cuenca del río Curbaradó.
Dicho terreno ya había sido sembrado con palma tras despoblar la zona mediante horrendas matanzas cometidas por paramilitares, que sembraban el terror y obligaban a huir a los habitantes.
Por su parte, el ex fiscal Latorre fue el encargado de diseñar la implantación en el país del nuevo sistema penal acusatorio.
El fiscal general, Mario Iguarán, dijo que la red “utilizaba a Venezuela como puente, transportaba los estupefacientes desde laboratorios ubicados en Aguachica, Santa Rosa y en zona rural del Norte de Santander, hacia Europa y Norteamérica”, dijo refiriéndose respectivamente a poblados en el nororiental departamento del Cesar, en la región del Magdalena Medio y al departamento fronterizo cuya capital es Cúcuta.
enero 24th, 2008
El muy informado y serio periodista Carlos Lozano reiteró hoy lo que ya dijo ayer:
“Está en marcha un proceso para lograr la libertad de otras de las personas que están en poder de las FARC”, labor que están adelantando discretamente el presidente venezolano Hugo Chávez y la senadora colombiana Piedad Córdoba.
“No hay todavía una lista determinada ni un número, hasta donde yo conozco”, dijo el director del semanario del partido comunista Voz al noticiero televisivo del Canal Caracol.
El periodista indicó que Córdoba y Chávez “están insistiendo en que los liberados sean los de mayor afectación de la salud y, por supuesto, las mujeres”.
¿Y si esta liberación ocurre el 4 de febrero, o la víspera, cuando se está convocando una manifestación contra las FARC?
enero 24th, 2008
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó sí tiene derecho a conocer la identidad de los militares que patrullaban por su territorio, al noroccidente de Colombia en el departamento de Antioquia, cuando fueron cometidos crímenes contra miembros la comunidad.
Comenzando por los peores casos, la Fiscalía General de la Nación tendrá que activar los procesos por los múltiples asesinatos que ha padecido esa comunidad campesina pacifista, que está protegida por medidas provisionales de seguridad expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
En Sentencia T-1025/07, la Corte Constitucional respondió el 23 de enero positivamente la tutela instaurada por el sacerdote jesuita Javier Giraldo, y que había sido denegada en junio de 2006 por el Tribunal Superior de Bogotá.
La Corte ordenó al Ministerio de Defensa que proporcione “los nombres y códigos institucionales, las unidades a las cuales están adscritos y su línea de mando”.
La negativa del Ministerio de Defensa de proporcionar estos nombres entrañaba, según la tutela interpuesta por el sacerdote, la violación al derecho de acceso a la información en manos del Estado, la violación del derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo (ombudsman) debe disponer el personal necesario y las medidas pertinentes para “propiciar la construcción de la confianza mínima necesaria entre las instituciones y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”, con el fin de facilitar el cumplimiento de la sentencia y de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Extendida vigencia de medidas provisionales
La Corte extendió la vigencia de lo dispuesto en una sentencia suya en 2004, que activa en Colombia las medidas provisionales ordenadas por la CoIDH para garantizar la vida e integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz y de las personas que les prestan servicios, pues éstas también suelen ser atacadas.
El Ministerio de Defensa deberá en adelante informar quincenalmente a la Defensoría del Pueblo (Ombudsman) sobre las acciones realizadas para cumplir dichas medidas provisionales.
El informe deberá incluir la evaluación de los resultados obtenidos, con una relación de los logros alcanzados y de las fallas identificadas en la misión de impedir que ocurran crímenes contra la comunidad de paz.
“En el informe también se expresará cómo se ha procedido para dar cumplimiento a los principios y normas de derecho internacional humanitario en las actividades que realiza la Fuerza Pública en la zona”, ordena la Corte.
Inventario de crímenes
Detrás de los medios – San José de Apartadó / 1de3 10m 54s
Detrás de los medios – San José de Apartadó / 2de3 10m 15s
Detrás de los medios – San José de Apartadó / 3de3 7m 57s
El Fiscal General de la Nación tendrá que realizar ahora, por orden de la Corte, “un inventario cuidadoso, completo, preciso y actualizado sobre los crímenes que han afectado a la Comunidad de Paz, identificando con nombre propio a cada una de las víctimas” y la fecha en que ocurrieron los crímenes.
La Fiscalía debe establecer el estado actual de todos los procesos penales que se adelantan por los crímenes, el número total de procesos, cuáles son las fiscalías que adelantan las investigaciones, cuáles son las últimas actuaciones adelantadas.
Asimismo, debe identificar las investigaciones estancadas y establecer qué crímenes aún no están siendo objeto de persecución criminal, para abrir los respectivos procesos.
El fiscal general debe definir prioridades, con el fin de que los crímenes más graves encuentren sanción.
La Corte Constitucional ordena al Fiscal General que establezca también qué procesos adelanta la justicia penal militar por crímenes contra la Comunidad de Paz, y proponer colisión de competencia en los casos pertinentes, con el fin de que la Fiscalía asuma las investigaciones correspondientes.
El fiscal debe hacer seguimiento, en los juzgados penales, del destino de los procesos en los que la Fiscalía dictó resolución de acusación.
Sobre todas estas actividades, el fiscal debe enviar un informe a la Corte y al Ombudsman a más tardar el próximo 1 de marzo.
A partir de ese día, mensualmente debe informar a la Defensoría del Pueblo acerca de los avances en cada uno de los procesos penales que se adelanten en relación con estos crímenes.
enero 24th, 2008
“Cobarde, mentiroso, cizañero, maniobrero… Uribe sirve para ser jefe de una mafia. Eso sí, jefe de una mafia: perfecto. Vito Corleone. Don Vito Corleone se queda corto ante hombres como Álvaro Uribe, con fuertes conexiones con el paramilitarismo. Fuertes conexiones con el paramilitarismo, sólo que los gringos lo protegen porque es su peón. Es su peón. ¡Saludo a Colombia!”
Presidente Hugo Chávez
http://www.youtube.com/watch?v=lPmyA2cq6t8
enero 20th, 2008
Entre el 31 de diciembre y el 14 de enero, reportó el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), presuntos paramilitares de ultraderecha han asesinado a 12 personas, han desaparecido a nueve, han obligado a 120 a desplazarse y han herido a otras tres.
Uno de los desaparecidos es el abogado Víctor Hugo Gallego, de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, quien estaba denunciando insistentemente sobre las actividades de paramilitares en Medellín.
“Pareciera que esas víctimas son inexistentes”, escribió Iván Cepeda Castro, del Movice, en carta al presidente Álvaro Uribe.
De los desaparecidos “no llegarán pruebas de supervivencia. Sus restos irán a parar a las fosas comunes o a los ríos”.
“Ni los gremios empresariales ni la Iglesia ni los alcaldes ni los gobernadores ni los grandes medios de comunicación convocan a marchas de rechazo ciudadano ante esos crímenes”, agregó, en referencia a la manifestación del 4 de febrero que se está convocando masivamente para repudiar a la guerrilla y el secuestro.
“Tampoco reclaman que devuelvan con vida a los desaparecidos”, escribió Cepeda.
«¿Cuándo se pronunciará Usted sobre los crímenes contra la humanidad que siguen cometiendo los grupos paramilitares? ¿Cuándo hará una alocución solemne para condenar las desapariciones forzadas masivas que han llevado a miles de compatriotas a fosas comunes y cementerios clandestinos?”, pregunta Cepeda, y recuerda que los autores de esos hechos fueron auspiciados hace más de 10 años mediante las cooperativas de seguridad Convivir, promovidas por Uribe Vélez.
Este el texto de la carta:
Señor Presidente, en menos de dos semanas los grupos paramilitares —ahora mimetizados en la vaga definición de bandas emergentes— han asesinado a 12 personas, han desaparecido a nueve y han desplazado a otras 120. El 31 de diciembre de 2007, en el corregimiento de El Palmar, Nariño, asesinaron a cuatro adultos y un menor. El ex gobernador de ese departamento, Eduardo Zúñiga, atribuyó la masacre a paramilitares. Ese mismo día en Medellín, fue desaparecido el abogado Víctor Hugo Gallego, de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades.
El abogado Gallego había formulado insistentes denuncias sobre la actuación paramilitar en Medellín. El 11 de enero de 2008, mientras se realizaba una fiesta familiar en el barrio ‘Once de noviembre’ de Santa Marta, varios hombres armados llegaron disparando, asesinaron a cinco personas e hirieron a tres más. Las víctimas eran líderes comunitarios. El 14 de enero, la Defensoría del Pueblo informó que un grupo paramilitar incursionó en Santa Mónica, Chocó, asesinó a dos personas, se llevó a otras ocho y desplazó a cerca de 120 habitantes de la población.
A estos graves hechos cabe agregar que recientemente en Bucaramanga han aparecido en lugares públicos mensajes amenazantes del grupo ‘Águilas Negras’. El alcalde de la ciudad desestimó las amenazas diciendo que estos grupos no tienen presencia allí. No obstante, en un informe de 2007, la Defensoría del Pueblo advertía que en el departamento de Santander se registra la existencia de tales agrupaciones. Esto significa que en cuatro departamentos del país y en menos de 15 días, los paramilitares han cometido dos masacres, varias desapariciones forzadas, y han provocado el desplazamiento forzado masivo luego de una incursión armada.
Pareciera que esas víctimas son inexistentes. De ellas no llegarán pruebas de supervivencia. Sus restos irán a parar a las fosas comunes o a los ríos. Ni los gremios empresariales ni la Iglesia ni los alcaldes ni los gobernadores ni los grandes medios de comunicación convocan a marchas de rechazo ciudadano ante esos crímenes. Tampoco reclaman que devuelvan con vida a los desaparecidos.
¿Qué se puede esperar de esos funcionarios e instituciones cuando la actitud del Gobierno Nacional está marcada por el silencio y la negación? En vez de condenar esas atrocidades, Usted, señor Presidente, se empeña en intentar convencer al país y al mundo de que los grupos paramilitares ya no existen en Colombia; una afirmación que desmienten irrefutablemente los hechos. ¿Cuándo se pronunciará Usted sobre los crímenes contra la humanidad que siguen cometiendo los grupos paramilitares?
¿Cuándo hará una alocución solemne para condenar las desapariciones forzadas masivas que han llevado a miles de compatriotas a fosas comunes y cementerios clandestinos? ¿Cuándo el Gobierno Nacional se pronunciará oficialmente contra el desplazamiento forzado practicado por los paramilitares que han arrebatado la tierra a millones de compatriotas?
Es cierto que el secuestro es una práctica criminal que la sociedad colombiana no debe tolerar bajo ningún concepto. Pero en Colombia no sólo existen cientos de secuestrados por las guerrillas. Hay miles de desaparecidos, asesinados y desplazados por agentes estatales y por los grupos paramilitares que, como Usted recordará, fueron auspiciados hace más de una década a través de las empresas de seguridad Convivir. Esa realidad no se desvanecerá con la tozuda insistencia del Gobierno en una concepción unidimensional del terrorismo.
enero 19th, 2008
Venezuela surtió hoy jueves, 17 de enero, el primer paso para reconocer como beligerantes a las guerrillas FARC y ELN, al aprobar la plenaria de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) un acuerdo para respaldar la propuesta del presidente Hugo Chávez.
La aprobación, por parte del legislativo de un país, del estatus de fuerza beligerante para una insurgencia, precede al paso definitivo, cuando la cancillería del país dado informa mediante nota diplomática a las demás naciones sobre esa decisión.
Para que una fuerza insurgente adquiera dicho estatus es suficiente con que un país tome formalmente esa decisión autónoma.
El acuerdo fue aprobado con el salvamento de voto del grupo Podemos y contiene cuatro puntos: 1) Aprueba la beligerancia, 2) Rechaza la lista estadounidense de organizaciones terroristas, 3) Decide acompañar al pueblo de Colombia en su aspiración a un canje humanitario, y 4) Respalda todas las acciones y gestos que contribuyan a la paz de Colombia.
Mientras, en Colombia hasta el partido de centro izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA) se queja por lo que considera “ingerencia” en los asuntos colombianos.
El siguiente es el despacho de la oficina de prensa de la Asamblea Nacional de Venezuela:
La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para respaldar la propuesta de paz para Colombia anunciada por el presidente Chávez, y presentado por el diputado Saúl Ortega (Carabobo), presidente de la Comisión de Política Exterior.
En el acuerdo se establece:
1.- Respaldar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en su propuesta, al solicitar al gobierno colombiano reconocer el carácter beligerante de los movimientos insurgentes, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC– y Ejército de Liberación Nacional –ELN–, como señal de voluntad en darle un trato político que genere confianza en las futuras negociaciones, en el camino a la paz en Colombia.
2.- Rechazar las listas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos de América en su carácter imperialista y otros países colonialistas, donde califican de terroristas a los movimientos de liberación y a los Estados no subordinados a la dominación.
3.- Acompañar al pueblo hermano de Colombia en su aspiración a que el canje humanitario sea el inicio de futuros acuerdos que regularicen la guerra y se establezca la confianza entre las partes y puedan llegar a compromisos de una paz positiva.
4.- Celebrar todas las acciones y gestos que contribuyan a que los factores del conflicto armado colombiano y la comunidad internacional expresen una verdadera vocación con la paz.
Debate
El diputado Saúl Ortega expresó que el jefe del Estado interviene como facilitador en el proceso de paz en Colombia a solicitud de la senadora de esa nación, Piedad Córdoba.
Asimismo, expresó que es importante conocer la historia de Colombia para opinar sobre el conflicto que desde hace más de 50 años padece esa nación, donde los asesinatos de los candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, así como el exterminio de más de 4 mil miembros de la Unión Patriótica permiten afirmar que los sectores dominantes del poder son responsables de cerrar los caminos pacíficos a la solución del conflicto colombiano.
El diputado Roy Daza (Aragua) manifestó que el conflicto armado colombiano no sólo afecta a ese país, sino que atraviesa e incide a otras naciones, considerando que el presidente Chávez está comprometido en busca de la paz de los colombianos.
Asegura que el gobierno de Estados Unidos se muestra en desacuerdo con la proposición presentada por el presidente Chávez, porque ellos están de acuerdo con la guerra.
Propone que la AN debe dirigirse a todos los foros internacionales con la intención de que una comisión de todos los parlamentos latinoamericanos, más una delegación de Francia, intervengan para intentar conseguir la paz en Colombia.
El diputado Alberto Castellar indicó que entre los pueblos de Colombia y Venezuela existen lazos profundos al tener su nacimiento bajo la espada del Libertador Simón Bolívar, donde el proyecto bolivariano fue apuñalado por Páez y Santander.
Igualmente, considera que la propuesta lanzada por el primer mandatario venezolano de solicitar quitarles el calificativo de terroristas a los movimientos armados de Colombia (FARC y ELN) lo que busca es llevar la paz a Colombia.
El diputado Carlos Gamarra (Yaracuy) sostiene que quienes se oponen a la iniciativa presentada por el presidente Chávez, es porque no tienen conciencia del sufrimiento que viene padeciendo el pueblo del hermano país.
Sostiene que la guerra de Colombia ha experimentado los más variados métodos de exterminio y los que se oponen al gesto del Presidente Chávez es por no entender que el problema de Colombia tiene que ver con la seguridad de Venezuela.
El diputado Adel El Zabayar (Bolívar) manifestó que el conflicto colombiano tiene su razón de ser para el gobierno norteamericano, porque el imperio necesita de las crisis para justificar su predominio sobre las demás naciones.
Señala que se debe estar consciente de que el gobierno de Uribe es una representación del imperialismo.
El diputado Ricardo Gutiérrez (Podemos/Portuguesa) expresó que valoran la mediación del presidente Chávez para la liberación de los secuestrados por las FARC, pero que el principal principio de una mediación es la neutralidad, cosa que no ha tenido el jefe del Estado.
Indicó que el nacimiento de las FARC tuvo la simpatía de los movimientos de izquierda latinoamericana, pero las actuaciones de ese grupo de atentar contra civiles no se puede respaldar.
El diputado Luis Tascón (Táchira) dijo que en Venezuela existen cinco millones de venezolanos que tienen especial interés en la paz de Colombia, por ello considera que interceder porque exista paz en la vecina nación no puede ser considerado como una intervención.
Aclaró que es una farsa decir que darle la beligerancia a los grupos armados que enfrentan al gobierno de Colombia es una intervención en los asuntos de los colombianos.
Considera que terrorismo son los bombardeos sobre Bagdad, Pakistán, así como la acción de los norteamericanos en Guantánamo; Venezuela debe velar por la paz en
Colombia y la paz es el reconocimiento de los grupos armados.
La diputada Iris Varela (Táchira) considera una insensatez pretender descalificar lo que ha propuesto el presidente Chávez para lograr la paz en Colombia: que se haga el reconocimiento de beligerancia de los grupos armados. Denunció que detrás de estas acciones se encuentra el propio presidente de Colombia conjuntamente con los grupos paramilitares.
Mientras, el diputado Mauricio Mudarra (Sucre) respaldó la propuesta del diputado Ortega, recordando que Estados Unidos transita el camino de la guerra y, a su juicio, Colombia es una de sus máximas expresiones.
El diputado Wilmer Iglesias (PPT/Mérida) indicó que el presidente Chávez está en la disposición de encaminar un proceso de paz al conflicto que vive el pueblo colombiano y que afecta directamente como un problema de seguridad a Venezuela.
Saúl Castellano (Podemos/Zulia) considera que para que exista paz y servir como mediador se requiere imparcialidad, por ello rechaza y niegan el status beligerante para las FARC y el ELN, por las acciones contra civiles que realizan esos grupos.
Añadió que las FARC en vez de continuar liberando a las personas civiles que mantienen en cautiverio, se están dedicando a cometer nuevos secuestros de colombianos y extranjeros que nada tienen que ver con la lucha armada.
El diputado Ulises Daal (Falcón) manifestó que no se puede hablar de injerencia del presidente Chávez en los asuntos de Colombia al proponer que se reconozca el carácter beligerante de los grupos armados (FARC y ELN), porque ello representa que también exista paz en nuestras fronteras.
El diputado José Poyo (Conive/Amazonas), al respaldar el acuerdo presentado por el diputado Saúl Ortega, indicó que la paz en Colombia es una necesidad para Venezuela, porque el conflicto interno que masacra al pueblo colombiano repercute internamente en nuestro país.
Considera que la propuesta del presidente Chávez representa un gesto valiente que procura la paz de nuestros hermanos de Colombia.
Al culminar el debate, resultó aprobado el acuerdo en respaldo a la propuesta de paz para Colombia presentada por el presidente Chávez, con el voto salvado del grupo Podemos.
enero 17th, 2008
El profesor Gustavo Moncayo, el Caminante por la Paz, entra hoy a Caracas.
En su doloroso trasegar por la libertad de su hijo, el cabo del ejército Pablo Emilio Moncayo, el docente Moncayo lleva la realidad como equipaje. Moncayo es Colombia.
Cruzó la frontera venezolana el 20 de diciembre, un día antes de que se cumplieran 10 años de cautiverio de su hijo mayor, hoy de 29 años.
El gobierno colombiano enseña a sus uniformados que no hace el canje de los oficiales y suboficiales de ejército y policía considerados por las FARC prisioneros de guerra, porque la consecuente liberación de 500 guerrilleros «desmoraliza» a la fuerza pública. ¿La indiferencia no es peor desmoralización?
Esta semana se conocieron, no «pruebas de vida», porque vida es otra cosa; sino pruebas de supervivencia de ocho rehenes civiles y prisioneros de guerra.
«No es el dolor físico lo que nos hiere, no son las cadenas que llevamos colgadas a nuestros cuellos lo que nos atormenta, no son las permanentes enfermedades las que nos afligen. Es la agonía mental causada por la irracionalidad de todo esto, es el enojo que nos produce la perversidad del malo y la indiferencia del bueno», dice un mensaje del coronel de la policía Luis Mendieta, enviado a Darío Arismendi, director de Caracol Radio.
enero 17th, 2008
El presidente Chávez planteó dejar de llamar terroristas a las FARC y al ELN y reconocerles estatus de beligerancia. El objetivo: comenzar a regular la guerra colombiana. Punto uno de la agenda: conseguir el compromiso de ambas guerrillas de poner punto final al secuestro extorsivo para financiarse (que ejercen los dos) y a la toma de rehenes civiles (acciones cometidas por las FARC entre 2000 y 2003, tragedia que aún perdura).
El gobierno y los opinadores reaccionaron desfavorablemente en Colombia. Pero Caterina Heyck, quien trabajó como asistente del ex presidente Alfonso López Michelsen (fallecido en 2007), recordó que éste propuso en 1999 una “beligerancia restringida para legitimar el canje”.
No había ocurrido el 11-S y las FARC y el ELN aún no eran “terroristas” para la Unión Europea, y sin embargo la polémica que desató López fue enorme. Del ex presidente se decía que ponía «a pensar al país», pero algunos comentaban con sorna: «lo malo es que no le hacen caso».
Así ocurrió con su propuesta de «beligerancia restringida» para las FARC.
“Muchos lo criticaron argumentando que dicha figura no tenía asidero en la normatividad internacional, que está en desuso, que el Artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra la excluye”, recuerda Heyck, que pone el punto en lo que importa: El 11 de octubre de 1999, las FARC se pronunciaron al respecto validando la propuesta de López como viable.
Ese día, el bogotano diario El Tiempo publicó que Raúl Reyes declaró que, a cambio de la beligerancia, las FARC estarían dispuestas a revisar la práctica del secuestro, a buscar otros mecanismos de financiación y agregar algunas normas del DIH en su reglamento interno, escribe Heyck, quien compara la necesidad de neutralidad de parte del Comité Internacional de la Cruz Roja con la misma necesidad de neutralidad de terceros estados ante una guerra dentro del territorio de un país.
“Lo importante no es cómo se les llame sino cómo actúen o empiecen a actuar”, escribe Heyck. Lo central “es que las FARC cumplan con los requisitos para ser beligerantes”.
Las FARC ya son ejército jerarquizado con control territorial, donde cobran impuestos (incluso los cobran por fuera de sus territorios, lo que para las autoridades se llama extorsión). Les falta, nada más y nada menos, que cumplir con el DIH.
Como a ningún gobierno le gusta, por ejemplo, que su potestad para inmiscuirse en la billetera de los ciudadanos sea legalmente compartida con otro (cobrar impuestos), por eso López habló de una beligerancia limitada.
Para el próximo 4 de febrero se promueve masivamente, desde hoy, una manifestación nacional e internacional contra el secuestro. Lástima si a esa expresión de repudio no se le cuelgan salidas reales y argumentos sobre lo primordial: “que no haya secuestrados, que no se ataque a la población civil, que la vida de los soldados del Ejército se proteja si en lugar de matarlos, la guerrilla los retiene como prisioneros de guerra, les brinda las correspondientes garantías establecidas por el Tercer Convenio de Ginebra y luego los libera mediante la figura del canje”, escribe Caterina Heyck (artículo completo).
Ya que en el tema estamos, yo agrego: lo primordial en mi agenda es que la fuerza pública deje de violar los derechos humanos y que el gobierno de Álvaro Uribe acate las recomendaciones de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y aplique el principio de distinción entre civiles y combatientes, es decir, que el Estado colombiano también acate el DIH.
Pero bueno, está bien. Comencemos por la guerrilla. Según eso, le tocará a ella dar el ejemplo.
enero 16th, 2008
En la noche del 27 de diciembre, los periodistas que esperábamos en el Palacio de Miraflores, en Caracas, vimos entrar al director de cine estadounidense Oliver Stone. No estábamos viendo visiones, Stone venía a hablar con Chávez sobre el acuerdo humanitario, nos dijo una funcionaria de prensa.El director de Platoon, Nacido el 4 de Julio y Wall Street le contó a The Observer, de Londres, sus aventuras en la “Operación Emmanuel”.
Esperó fallidamente en Villavicencio, junto con los delegados de ocho países encabezados por Venezuela, a que las FARC dieran una señal sobre a dónde debían dirigirse los helicópteros humanitarios de rescate de las dos rehenes y, se creía, el chico Emmanuel.
Stone fue instado a no abandonar el hotel por su propia seguridad, porque podría él mismo ser secuestrado. Pronto se voló, y pasó un tiempo en la ciudad hablando con “vendedores de coca y asesinos”.
Chávez “estaba tocando el tambor, para rescatar esos rehenes y para romper el hielo” en la guerra entre el Estado y los rebeldes en Colombia.
“Pensé que era un primer movimiento significativo, y había resentimiento hacia él por esto, de parte de Colombia y de los Estados Unidos”.
“Fue un esfuerzo genuino de liberarlos”, dijo.
“Pienso que había mucho en juego” en el éxito de Chávez. “Oí ese día, de dos fuentes rivales, que Uribe había hecho una llamada telefónica a Bush el día antes o aquel día. La llamada telefónica de Bush es significativa”.
Stone habló con The Observer antes del reconocimiento de parte de las FARC de que no tenían en su poder a Emmanuel, el cual aparentemente fue encontrado por el gobierno en un orfanato. “Eso sería tan de mala intención, tan da mala fe, que los condenaría el mundo entero. Si eso fuera cierto, me sentiría sorprendido y trastornado con ellos”.
“Pienso que según los estándares de la civilización occidental han ido demasiado lejos; secuestran a gente inocente. Por otra parte, están dando una batalla desesperada contra fuerzas altamente financiadas, apoyadas por Estados Unidos, que aterrorizan el campo desde hace años y matan a la mayoría (sic) de la gente. Las FARC están luchando lo mejor que pueden y secuestrar es la manera como pueden financiarse e intentar alcanzar sus metas, que son difíciles. Son un ejército campesino. Los veo como un ejército parecido al de Zapata. Creo que son heroicos al luchar por lo que ellos creen y morir por ello, como lo fue Castro en las colinas de Cuba.”
También dijo: “Cada colombiano con el que hablé les temía a los militares de una u otra forma; son ellos la gente más peligrosa, no las FARC”.
Completo y en inglés: Stone: my part in hostage baby saga
enero 7th, 2008
El gobierno colombiano “ha resuelto secuestrar en Bogotá” al chico Emmanuel, hijo de una rehén nacido en cautiverio, y se apresta a hacer lo mismo con quienes lo cuidaban, dice un comunicado de la cúpula del secretariado del Estado Mayor Central de las FARC, fechado el 2 de enero.
La guerrilla expresa que “este niño, de padre guerrillero, había sido ubicado en Bogotá bajo el cuidado de personas honradas mientras se firmaba el acuerdo humanitario”.
“Emmanuel no podía estar en medio de las operaciones bélicas del Plan Patriota, de los bombardeos y los combates, la movilidad permanente y las contingencias de la selva”, agrega.
El gobierno de Colombia dice que el niño estaba en manos de una comunidad indígena en el Guaviare, que «lo tenía encerrado, solo, no le daban de beber ni de comer», cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF asumió su custodia, supuestamente en 2005.
Las FARC recuerdan que el gobierno, “que ya secuestró en la capital las pruebas de vida que iban con destino al Presidente Chávez, secuestra ahora a Emmanuel. Así como capturó y encarceló a los correos humanitarios, se apresta ahora a proceder de igual manera con las personas encargadas de atender al niño. Emmanuel iba a ser entregado, junto con su madre, al Presidente Chávez de Venezuela”.
El proceso de liberación de la madre del chico, Clara Rojas, ex candidata a la vicepresidencia en fórmula con Ingrid Betancourt, y de la ex parlamentaria Consuelo González “seguirá su curso”, pues “esa es la determinación de las FARC”.
“Para ello”, agrega la cúpula guerrillera, “no le estamos pidiendo al señor Uribe ningún corredor de seguridad”.
La guerrilla niega haber torturado a Emmanuel, tal como lo expresó el presidente colombiano Álvaro Uribe cuando anunció, el 31 de diciembre, que la demora en la «Operación Emmanuel» se debió a que efectivamente el niño está en poder del Estado, y no de la guerrilla.
Además las Farc piden al presidente venezolano Hugo Chávez, “por encima de estas vicisitudes”, “mantener viva la esperanza del canje”, mediante el cual la insurgencia espera sacar a sus guerrilleros de las cárceles.
Este es el comunicado, que confirma la “hipótesis” de Uribe que puso en crisis la humanitaria “Operación Emmanuel”, organizada por Venezuela, coordinada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y con el aval de siete países que enviaron delegados, para recibir a las dos rehenes y el niño.
«Enero 4 de 2007
Comunicado
«1. Experto en cortinas de humo, el gobierno narco-paramilitar de Uribe Vélez, previa consulta a su amo en Washington, ha resuelto secuestrar en Bogotá al niño Emmanuel con el infeliz propósito de sabotear su entrega, la de su madre Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez.
«2. Con este nuevo hecho, que se suma a la intensificación de los operativos bélicos en el área, Uribe apunta a desactivar la trascendental gestión humanitaria del Presidente Chávez, sembrando la desconfianza entre los delegados internacionales y atravesando nuevos obstáculos y campañas mediáticas a una decisión unilateral que expresa la voluntad política de las FARC de sacar adelante el canje de prisioneros. Lo reiteramos en esta ocasión: Uribe no está programado por los gringos ni para el canje humanitario, ni para la paz.
«3. La opinión pública nacional e internacional entiende muy bien que Emmanuel no podía estar en medio de las operaciones bélicas del Plan Patriota, de los bombardeos y los combates, la movilidad permanente y las contingencias de la selva. Por eso este niño, de padre guerrillero, había sido ubicado en Bogotá bajo el cuidado de personas honradas mientras se firmaba el acuerdo humanitario. Uribe, que ya secuestró en la capital las pruebas de vida que iban con destino al Presidente Chávez, secuestra ahora a Emmanuel. Así como capturó y encarceló a los correos humanitarios, se apresta ahora a proceder de igual manera con las personas encargadas de atender al niño. Emmanuel iba a ser entregado, junto con su madre, al Presidente Chávez de Venezuela.
«4. Con el gobierno de Uribe, que obstinadamente se ha negado a despejar Pradera y Florida para hablar de acuerdo humanitario, no hemos asumido ningún compromiso para que ahora ande propalando que estamos incumpliendo. Por principio, por moral y ética revolucionaria, FARC no utiliza como método la tortura y mucho menos si se trata de niños. Los verdaderos torturadores están en el ejército, las fuerzas policiales, y en los agentes del gobierno narco-paramilitar que se tomó el Palacio de Nariño.
«5. El proceso de liberación de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, seguirá su curso, tal como lo hemos ofrecido al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es la determinación de las FARC. Para ello no le estamos pidiendo al señor Uribe ningún corredor de seguridad; lo que hemos reiterado, y lo ratificamos, es la necesidad del despeje militar de Pradera y Florida para proceder de inmediato a verificar y realizar el primer encuentro para convenir el canje humanitario, que en todo caso debe ser con el acompañamiento de la comunidad internacional.
«6. Al Presidente Chávez, por encima de estas vicisitudes, le pedimos mantener viva la esperanza del canje a través de su consecuente compromiso humanitario, el cual consideramos paso necesario hacia la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto social y armado que vive Colombia.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC
Montañas de Colombia, enero 2 de 2008″
enero 4th, 2008
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