Perdón habían pedido también, con lágrimas y todo, las abogadas que representaron al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas.
Hasta último momento alegaron y negaron todo lo que pudieron, pues para eso les pagan (con mis impuestos). Inopinadamente un día se presentaron ante el Tribunal de luto completo; reconocieron la responsabilidad del Estado en este asesinato cometido por militares y paramilitares en agosto de 1994, y lloraron y pidieron perdón. No eran lágrimas de Vick Vaporub. Eran lágrimas reales, me contó alguien que presenció la escena en San José de Costa Rica, sede de la Corte.
El objetivo era que la Corte aceptara como suficiente esa escena de contrición. Por el contrario, el Tribunal dispuso que, antes de un año, el Estado deberá realizar en Colombia un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“En aras de crear conciencia sobre las consecuencias de los hechos del presente caso dicho acto o evento de reconocimiento deberá ser realizado en el Congreso de la República de Colombia, o en un recinto público prominente, con la presencia de miembros de las dos cámaras, así como de las más altas autoridades del Estado”, se lee en la histórica sentencia, la primera sobre la Unión Patriótica, el partido político que fue vencido a plomo.
Así que la estrategia del llanto no sirvió, y el domingo el máximo representante del Estado colombiano (como se ha vuelto costumbre en lo doméstico) arengó contra el fallo judicial publicado el miércoles. El presidente Álvaro Uribe se negó a reconocer que el Estado sea responsable de la muerte de Manuel Cepeda, como lo ha fallado el máximo tribunal del hemisferio occidental.
Uribe expresó: «Yo no puedo decir que el Estado asesinó al senador Cepeda o al uno o al otro. Lo sí que puedo decir es que los asesinaron, y que eso es muy grave, y que eso no se puede repetir. Y hoy pido perdón».
El hijo de Manuel, Iván Cepeda Castro (foto), le devolvió el desprecio por el fallo de la Corte. Comparto una entrevista radial y la carta abierta que él y su apoderado le enviaron a Uribe.
+ Carta abierta, con fecha lunes 28, de Iván Cepeda y el abogado de la parte civil, Rafael Barrios:
Señor Presidente de la República:
A raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuel Cepeda vs. Colombia, usted formuló la semana pasada una declaración que presentó ante la opinión pública como una petición de perdón. Los términos y el espíritu en que se pronunció, nos llevan a considerar que dicha declaración es inaceptable. Su solicitud se constituye en un nuevo agravio para las víctimas y desconoce los términos de la sentencia del tribunal interamericano.
1. En sus palabras no se hace el reconocimiento de la responsabilidad estatal por el crimen perpetrado el 9 de agosto de 1994 contra el senador Cepeda Vargas por integrantes del Ejército Nacional en complicidad con miembros de grupos paramilitares. Esa responsabilidad fue establecida nítidamente por la Corte Interamericana en los siguientes términos: “La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda Vargas no sólo se encuentra comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales, lo que constituye un crimen de carácter complejo, que debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las investigaciones, las que no han logrado establecer todos los vínculos entre los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales. La planeación y ejecución extrajudicial del senador Cepeda Vargas, así realizada, no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondió a una acción organizada de esos grupos, dentro de un contexto general de violencia contra la UP”[1].
Con su declaración, usted desconoce esta sentencia y los fallos judiciales que se han adoptado en Colombia en el caso; pero además omite que el Gobierno Nacional reconoció la responsabilidad del Estado en este crimen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la propia Corte Interamericana.
2. Su declaración no reúne las condiciones previstas en la sentencia de la Corte Interamericana (párrafos 223 y 224) que ordena que la petición de perdón debe realizarse en un acto solemne, ante las dos cámaras del Congreso de la República, con transmisión en directo por los medios de comunicación oficiales, en la fecha conmemorativa del asesinato, en presencia de los familiares del Senador y de los líderes sobrevivientes de la Unión Patriótica. La sentencia además explicita que el Gobierno Nacional debe pactar con las víctimas los detalles de dicha ceremonia.
3. Como es de su conocimiento, la petición de perdón en situaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad es un acto solemne. Para que sea auténtico requiere que admita sin ambigüedad la verdad de los hechos, la demostración de la voluntad para esclarecerlos, la enunciación de los destinatarios de la petición -nombrar a las víctimas y dirigirse específicamente a ellas-. Sólo se puede pedir perdón en forma veraz, señor Presidente, si se manifiesta públicamente la conciencia del daño que se ha causado y se asume el compromiso de no repetir en el futuro acciones similares. Ninguna de tales condiciones la cumple su declaración.
4. No obstante, el aspecto más deplorable de sus palabras es que no contienen una solicitud auténtica de perdón, y en realidad encubren un nuevo agravio a las víctimas, con expresiones tales como: «No se puede exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones»; «no se puede implorar, exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones, proceder con odio, a maltratar injustamente a compatriotas y la honra de los gobiernos»; «yo no entiendo que se pueda exigir pedir perdón, en nombre del odio»[2].
Estas afirmaciones difamatorias no toman en consideración que la sentencia del tribunal internacional determinó que en otras oportunidades usted incurrió en similares conductas que han violado el derecho al buen nombre de las víctimas en este caso (párrafos 205 a 209).
A través de la Cancillería, el Gobierno Nacional anunció su disposición de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Cepeda. Sin embargo, su actitud, señor Presidente, contradice abiertamente esa promesa. Su deber constitucional es acatar las decisiones de la justicia internacional. Pero además, debemos recordarle que en este caso le cabe responsabilidad personal. La creación de las empresas de seguridad Convivir, que usted lideró con entusiasmo, estimuló el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, el mismo grupo ilegal que asesinó al senador Cepeda en complicidad con miembros del Ejército Nacional. Asimismo, es pertinente mencionar que uno de los presuntos autores de este crimen, el señor José Miguel Narváez, fue nombrado por usted subdirector del DAS y ha sido su colaborador cercano.
Sin otro particular, lo saludamos cordialmente.
Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara
Vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
Rafael Barrios Mendivil
Presidente
Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Copia:
– Corte Interamericana de Derechos Humanos
– Comisión Interamericana de Derechos Humanos
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Manuel Cepeda vs. Colombia, sentencia del 26 de mayo de 2010, párr. 124.
[2] El Tiempo, “No puedo decir que el Estado asesinó al senador Cepeda, pero hoy pido perdón: Uribe”, 24 de junio de 2010.
La jueza que firma esta orden se exilió el martes, cercada por las amenazas de muerte contra ella y su hijo menor de edad.
Fue ella quien dispuso este mes una sentencia de 30 años de prisión para el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega como coautor mediato de la desaparición forzada agravada de una docena de sobrevivientes del Holocausto del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Tras 24 años y siete meses de impunidad, ella se atrevió. Es la pionera. El gobierno saliente blandió contra esta jueza serena y seria su enorme capacidad de intimidación. Un buen resumen de las agresiones a la justicia, con motivo de su fallo, se publica al pie. Es una solicitud de rectificación pública que las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia le dirigieron al Ejecutivo. Aún no hay respuesta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que recordar y reclamar que sobre María Stella Jara pesan medidas cautelares. Clamó también la ONU. Y, a su manera, clamó el Departamento de Estado: publicó documentos clasificados que no dejan bien parado a Plazas.
Para eludir la cárcel, Plazas Vega se mudó a vivir desde septiembre al Hospital Militar, en Bogotá, donde la jefa de Psiquiatría lo recibió con efusivo abrazo. El oficial retirado no volvió al juicio presidido por Jara. Dijo que no la reconocía como juez suya y presentó un dictamen del Hospital, que sostenía que padecía una crisis de nervios.El concepto de Medicina Legal, que establecía que Plazas no tenía ningún impedimento físico ni mental para acudir a las audiencias, nunca fue acatado. Tampoco ahora, cuando la jueza Jara dispuso que el ex militar debe cumplir la pena en un establecimiento carcelario y en ello la respalda la autoridad médica forense.
A las familias de los desaparecidos del Palacio les indigna que Plazas continúe en el Hospital Militar, en lugar de comenzar a pagar su sanción en una cárcel. “Definitivamente, luchar contra el poder de todo un Estado es tarea de quijotes”, escribe René Guarín, hermano de Cristina.
A Cristina Guarín se la ve en un video salir, en esas horas aciagas, en hombros de un militar que la rescata y la salva del Palacio sitiado. Nunca más se supo de Cristina y desde entonces, el ingeniero René no conoce la paz.
“Las conquistas de la humanidad son lentas y difíciles y no podemos claudicar”, recibe Guarín una respuesta. Es Fabiola Lalinde, madre de Luis Fernando Lalinde Lalinde, estudiante desaparecido en Antioquia el 3 de octubre de 1984.
4.428 días después, doña Fabiola recuperó los restos de su hijo. A pesar de todo.
“Toca estar ahí todos los días, insistiendo y persistiendo. Soportando persecuciones, atropellos, montajes y adversidades de toda índole”, escribe a René Guarín esta decana Dolorosa.
“No importa mucho que Plazas Vega siga en el Hospital Militar”, lo tranquiliza. “Lo que verdaderamente cuenta, en este momento, es la condena, después de 25 años de negar siempre la responsabilidad de los militares y, especialmente, la de Plazas Vega, por los desaparecidos de la cafetería que salieron con vida”.
Bogotá, 16 de Junio de 2010
Doctor
Carlos Franco Echavarría
Programa Presidencial de Derechos Humanos
Director
Doctora
Margarita Rey
Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería
Directora
Ref: Solicitud de rectificación pública del Presidente Álvaro Uribe Vélez frente a sus declaraciones sobre la condena a uno de los responsables de la desaparición forzada de nuestros familiares.
Saludo cordial
Como es de su conocimiento, el pasado 9 de junio la juez Tercera Especializada de Bogotá profirió condena contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega por desaparición forzada agravada de nuestros familiares: Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortez, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, e Irma Franco Pineda.
La sentencia fue proferida por la Juez luego de realizar un análisis en derecho de los cientos de pruebas practicadas y aportadas debidamente en la etapa de investigación y juicio, las que fueron controvertidas por los sujetos procesales en el desarrollo del proceso. Estos elementos de convicción llevaron a la Juez a concluir sobre la responsabilidad del coronel Luis Alfonso Plazas Vega como coautor mediato de desaparición forzada agravada.
La investigación y posterior juicio en contra del coronel retirado se circunscribe a determinar su responsabilidad en la desaparición forzada de nuestros familiares, quienes conforme a la prueba que obra dentro del proceso, salieron con vida de las instalaciones del Palacio, bajo la custodia de miembros del Ejército Nacional. Hoy, luego de más de 24 años, desconocemos su paradero. Ni la sentencia, ni nuestras exigencias de derechos han pretendido hacer una tacha a las Fuerzas Militares, sino que se han dirigido, en derecho, desde las pruebas valoradas en sana crítica, a dictar una sentencia que se debe interpretar como un llamado a depurar las Fuerzas Armadas de violadores a los derechos humanos.
Sin embargo, en los días previos y posteriores a que la sentencia fuera proferida, altos funcionarios del gobierno, incluido el propio Presidente de la República, realizaron manifestaciones públicas de rechazo a la decisión de la Juez Tercera Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
El 8 de junio, dos días antes que el fallo fuera proferido, el Ministro de Defensa, Gabriel Silva, sostuvo ante medios de información que esperaba que se acabara la «justicia espectáculo» contra oficiales como el coronel Alfonso Plazas y los otros militares investigados. Afirmó además ser amigo personal del coronel, a quien le ha facilitado toda la solidaridad y acompañamiento institucional. Afirmó: «Hemos dicho que hay que acabar con la justicia espectáculo en el caso del coronel Plazas y de los demás uniformados afectados por procesos de esa naturaleza»[1].
El 10 de junio, conocido el contenido de la sentencia, el presidente Álvaro Uribe, el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior y de Justicia manifestaron públicamente su rechazo a la decisión proferida por la rama judicial.
El primer mandatario, en un comunicado público proferido por la Presidencia de la República y ampliamente difundido por los medios de información, señaló que el fallo era un abuso y un desestímulo para a fuerza pública: “Nosotros necesitamos la eficacia y el respeto a los derechos humanos, pero los derechos humanos no se pueden invocar para cometer abusos contra la fuerza pública. Registro con tristeza hoy un gran desestímulo de las Fuerzas Armadas de Colombia por estas decisiones que se han tomado”[2].
Señaló además que la solicitud de investigación en contra de ex presidente Belisario Betancur es un abuso y una falta de conocimiento de los hechos. “…(t)odos sabemos de su patriotismo, de su buena fe. El patriotismo y la buena fe excluyen el dolo. Sin dolo no hay delito”.
Por su parte, el Ministro de Defensa Nacional y altos mandos militares activos [3] hicieron público un comunicado de 5 puntos en el que expresan su profundo dolor por las consecuencias de la sentencia judicial, manifiestan su solidaridad con el ex oficial, “esperan que la defensa del coronel (r) Plazas Vega pueda exponer sus criterios probatorios en las instancias procesales a seguir” y exhortan a los todos los miembros de la fuerza pública “a mantener la moral en alto y el espíritu combativo indomable”[4].
Por su parte,el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, en declaración dada a los medios de comunicación, puso en duda la desaparición de personas en los hechos ocurridos en la retoma del Palacio de Justicia. «Hay que revisar muy bien los hechos concomitantes en lo de Palacio. Mirar realmente qué fue lo que pasó, establecer realmente si efectivamente hubo o no hubo desaparecidos». Además, controvirtió la decisión judicial al señalar que con ella se quiere condenar la legitimidad del Estado.
Finalmente, en horas de la noche, en una alocución en televisión difundida en canales públicos y privados, el Presidente, acompañado del Ministro de Defensa y rodeado de altos mandos de la fuerza pública, se dirigió al país para condenar, nuevamente, el fallo contra el ex alto militar. Luego de sostener que habían estado reunidos analizando la decisión de la justicia contra el señor coronel en uso de retiro expresó, entre otros aspectos, que: “La sentencia condenatoria al coronel Alfonso Plazas Vega genera profundo dolor y desestímulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas, encargadas de dar seguridad a los colombianos”[5].
El Presidente, además, creó una simetría entre nuestros familiares desaparecidos y nuestras familias que hemos sido víctimas de los crímenes cometidos por la fuerza pública, y los responsables de estos crímenes, a quienes calificó de “víctimas”, al decir que “la forma de apoyar a las víctimas no es creando víctimas en miembros de las Fuerzas Armadas”.
Estas manifestaciones muestran un irrespeto hacia las instituciones democráticas del Estado colombiano, que han cumplido con su deber de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, dentro de un proceso contradictorio dotado de las garantías procesales correspondientes. Son además una indebida injerencia en la administración de justicia que compete a la rama judicial de Colombia, que mina el principio de separación de poderes reconocido en la Constitución Política. El Presidente, conocido el fallo proferido por una autoridad competente en ejercicio de sus competencias constitucionales, no puede hacer otra cosa que acatarlo y velar para que su cumplimiento se haga efectivo.
Estas declaraciones públicas proferidas por el alto gobierno y la cúpula militar ponen en riesgo a los familiares de las víctimas y sus representantes, quienes durante más de 20 años hemos reclamado justicia y verdad por parte del Estado colombiano. El ejercicio de este derecho no puede ser interpretado como un mecanismo para atacar las instituciones del Estado o, como el Presidente Uribe lo señala en sus comunicados, “bajar la moral de la tropa”.
En un Estado de Derecho las fuerzas militares tienen el deber constitucional de garantizar la vida e integridad de todos los colombianos con plena sujeción a los mandatos legales y constitucionales; la omisión o extralimitación de sus poderes, o la utilización de estos para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos erosiona los cimientos de un Estado Social de Derecho y merecen el máximo repudio moral, político y jurídico de todas sus instituciones.
Por esta razón y en procura de conjurar, en algo, la situación de riesgo creada por tales manifestaciones, que como es sabido fueron ampliamente difundidas por medios de información públicos y privados, solicitamos al Presidente de la República, como máxima autoridad civil y como máximo comandante de las Fuerzas Armadas, una rectificación pública de sus declaraciones de rechazo al fallo proferido.
Una rectificación por parte del Presidente, en las mismas condiciones en las que pudo expresar su opinión respecto al fallo proferido, a partir de las cuales enfrentamos una situación de mayor vulnerabilidad, contribuirá a generar verdaderas y eficaces garantías para continuar en el ejercicio de nuestros derechos. Una rectificación del Presidente de la República sería una medida idónea de protección ante el clima de estigmatización y repudio que sus declaraciones han generado en nuestra contra y en contra de los sujetos procesales.
Cordialmente,
Familiares de Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortez, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, e Irma Franco Pineda, desaparecidos del Palacio de Justicia.
[3] El Comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León; el Comandante Ejército Nacional, General Óscar Enrique González Peña; el Comandante de la Armada Nacional, Almirante Guillermo Barrera Hurtado; el Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Jorge Ballesteros Rodríguez y el Director General de la Policía Nacional, Brigadier General Óscar Naranjo Trujillo.
En el link http://bit.ly/dxc1Cg, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo retransmite en directo desde la Corte Suprema de Justicia de Colombia el interrogatorio al extraditado ex capo paramilitar Salvatore Mancuso, dentro del juicio contra Jorge Noguera, el ex director del DAS (la Stasi colombiana).
Como funcionario del gobierno de Álvaro Uribe, Noguera puso el DAS al servicio de la mafia paramilitar.
Mancuso está preso en Estados Unidos, luego de ser extraditado por Uribe junto con otra docena de jefes paramilitares. Para la Corte Suprema, en los capos extraditados está «la materia prima de la verdad».
Las familias de Mancuso y de otros de sus colegas han sido objeto de asesinatos, atentados, amenazas de muerte y seguimientos intimidatorios, como advertencia para que guarden silencio desde las cárceles estadounidenses.
Que el apellido es muy raro y el nombre peor, y que no se acuerdan bien de cómo es que se llama, pero que van a votar por ése, el que no es de aquí, el de la camisetica verde. Eso está diciendo la gente en el campo allá, en Putumayo.
Cerca de Bogotá, en La Mesa, la gente dice que hubo muchas promesas y que no se cumplieron.
He aquí una amenaza. Hoy firman “Los Rastrojos”; antes firmaban las AUC, o los Comandos Cualquier Cosa. Lo que importa es que hacen lo mismo. Los de esta generación surgieron en 1977 y no en 1983, como reseña la historia. Lo que pasa es que sólo desde 1983 sus jefes descubrieron una sigla apropiada y consiguieron padrinos adinerados. Pero, son los mismos. A veces, cambian de tropas. Cambian de jefes, a veces. Anuncian que el baño de sangre volverá. Copio tal cual. Nótese que entre los amenazados está el PNUD, de la ONU. También, religiosas de la Diócesis de Tumaco de la Iglesia Católica.
COMUNICADO PÚBLICO# 003
Abril10 de 2010
Luego de un nuevoexhaustivo y largo proceso de inteligencia que incluyó seguimientos e infiltraciones directas a organizaciones sociales, entre otras actividades, de varias organizaciones dederechos humanos, Desplazados y sindicalistas en los departamentos deNariño y Norte, Centro y pacifico del Valle, Norte del Valle, Cauca, Putumayo, Risaralda, Quindío, Tolima, Caldas,Cundinamarca,Meta, Boyaca y Antioquia y comprobadas sus relaciones con grupos guerrilleros y que supuestamente defienden los derechos humanos, los Comandos Urbanos de Los Rastrojos hemos llegado a las siguientesclaras y precisas conclusiones:
1.Conminar a todas estas organizaciones a dejar de lado el discurso subversivo arcaico en favor de los derechos e ideologías de los narcoterroristas de las FARC y ELN y todos sus cómplices del pasado y del presente, atacando las buenas y nobles intenciones del alto gobierno a favor de la paz,o de lo contrario iremos más allá de las amenazas y regresaremos a las actuaciones de los 90 sin piedad ni temor alguno. Nuestras exhaustivas investigaciones nos permiten dar el ultimátum.
2.Declarar objetivo militar permanente y enemigos a organizaciones como: CREAR, ARCO IRIS, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE DERECHOS HUMANOS, FUNDEPAZ,OPDDI, FUNDHEFEM,CODHES, FUNDEMUD, MOVICE, PNUD, ESCUELA DE LOS PASTOS, PASTORAL DE TUMACO, UNIPA,FUNHUMANA JESUS CORRALES , CAMAWARI,CORPORACION JURIDICA HUMANIDAD VIGENTE,ROSARIO AGUILAR,C,N,D, MIRYAM CLEMENCIA RUIZ MOLINA DE CALDAS, ACDPODEU, DE APARTADO, ASODESA DE SALGAR, ASODER DE RINEGRO MARTHA LUCIA CASTAÑO, LUCILA CASTAÑO DE MEDELLIN, FANNY ROJASDE MEDELLIN COOTRASOL, LUIS MORALES HURTADO “ANDES” YASMIN ALEXANDRA ARANGO MARQUEZ “JCF”,”FUNHUMANA RISARALDA “ JAVIER A SANCHEZ,”ASOCODEMAN” PROGRESAR”GENARO GONZALEZ, RAMON EMILIO VILLA DE MEDELLINY TODAS LAS ORGANIZACIONES. MISAEL DELGADO RADA ,”ASOSIDEMOS”MORALES,ADECAC DEBOGOTA,ROSALIANO RIASCOSRODRIGUEZ“COOPMINH,CAPITOLINORIAÑO CAMACHO”FUNSOYJUS” MARCO BASTIDAS “ASONACOL”JADER ANCIZAR CHICHAMBO DE TUMACO “RUTBER MENDEZ DE ARMENIA”ASODECAL HENRY RODRIGUEZ C” JOSE EFRAIN RIVAS DE PEREIRA,”FRANCISCO J COLLAZOS,DEL VALLE, “FUNCOLBRUBEN FLOREZ MURILLO,” JUAN CARLOS CASTRO DE REDEPAZ VALLE”ASOPRONIR,” ALEXANDER LOPEZ “SENADOR” JORGE ENRRIQUE ROBLEDO” GUILLERMO JARAMILLO “SENADOR, COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE VALVEAR RESTREPO”LUIS EDUARDO AÑES, ALFONSO CAICEDO,HERMANA ALBA ESTELA,HIPOLITO RENNTERIA, FREDY GUERRERO, FELIPE FLOR,POLODEMOCRATICO DE LAS REGIONES DONDE TENEMOS JURIDICCION Y SUS INTEGRANTES, y muchos mas que según nuestras infiltracionestienen relación directa con mandos de la guerrilla de lasFARCy el ELN.
3-Los rastrojos nos reservamos nuestro derecho de continuar en la lucha por un
Por un país libre de escorias como ustedes que lo único que hacen esestar
Engañando a las personasenseñándolesdoctrinascomunistascontrarias a
Nuestras ideas y los compromisos del estado a favor de la clase más necesitada.
4.Suspender de inmediato la campaña de lavado de cerebro en que están comprometidas estas organizaciones por toda la geografía de Nariño, Norte del Valle y Eje cafetero, corrompiendo mentes con sus ideologías que alteran el orden público conseguido después de una larga lucha. No nos hacemos responsables por lo que les pueda pasar a los líderes de estas organizaciones si sabemos que están en nuestros territorios.
EN ALGUN LUGAR DE COLOMBIA, Y EL VALLE DEL CAUCA
Abril 10 DE 2010
NUESTRA LUCHA SERA DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL FINCONTRA NUESTROSD ENEMIGOSLAS FARC Y EL ELN COMO SUSORGANIZACIONES AMIGAS.
La Fiscalía General de la Nación (ente investigador y acusador) y la Procuraduría General de la Nación (organismo de control al debido proceso) pidieron este martes condena para 10 militares, en el juicio por la matanza de ocho integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el 21 de febrero de 2005.
Los oficiales y suboficiales del Batallón Vélez son juzgados por homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir. Se exponen a una pena de hasta 40 años de prisión, dadas la crueldad y sevicia con que fue ejecutado el crimen.
En los hechos fueron asesinados cuatro menores entre los 18 meses y los 17 años de edad. Dos de ellos fueron degollados. Además, fueron muertos cuatro adultos, incluido el líder histórico de la comunidad campesina pacifista, Luis Eduardo Guerra.
El crimen fue atribuido por el presidente Álvaro Uribe y por el Ministro de Defensa a las FARC. Oficiales de la Brigada XVII pagaron testigos para que declararan en ese sentido.
La procuraduría considera que en los hechos actuaron “aparatos de poder organizados” y debe aplicarse la responsabilidad “por autoría mediata”, fórmula recogida por el Tribunal para la ex Yugoeslavia y por la Corte Suprema de Justicia de Perú, en el caso Fujimori.
El presidente Uribe no ha manifestado la menor condolencia a la Comunidad de Paz. Nosotros recordamos aquí sus nombres y el estremecimiento vivo de este drama.
Luis Eduardo Guerra, de 35 años; su compañera Beyanira Areíza y su hijo Deyner Andrés Guerra Tuberquia, de 11 años de edad.
Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz Pozo y sus hijos Natalia, de cinco años, y Santiago Tuberquia Muñoz, de dieciocho meses de edad.
La Seccional Santander del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la organización de derechos humanos más antigua de Colombia, anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA le otorgó medidas cautelares al preso Diomedes Meneses Carvajalino.
La Comisión solicitó al gobierno que asegure la atención médica adecuada para este interno de tal modo que no sólo se garantice su derecho a la salud, sino mucho más allá: la protección de su vida y su integridad personal.
La inadecuada atención en salud a Meneses motivó en la Penitenciaría de Girón, en el departamento de Santander, una huelga de hambre que decretaron los 57 presos políticos compañeros suyos el 24 de marzo. La levantaron al día siguiente, tras llegar a un acuerdo con la administración del penal.
La CIDH impuso al gobierno que los tratamientos médicos a Meneses deben ser concertados con él. Igualmente, Bogotá deberá brindar información para investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar. El gobierno de Álvaro Uribe tiene 20 días para presentar un primer informe. Además, debe reportar periódicamente el estado actualizado de Meneses.
En el momento de su captura, Diomedes Meneses fue torturado por miembros del ejército hasta el punto de quedar parapléjico, según el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. En marzo de 2009 sufrió una pequeña herida en el talón del pie izquierdo. Mal atendida, un año después está en alto grado de infección, y el médico ortopedista ya habla de la posibilidad de una amputación o de raspar el hueso.
El CSPP ha acompañado a Meneses desde el momento de su detención, y ha instaurado acciones jurídicas y de exigibilidad, incluyendo el año pasado una tutela por el derecho a la salud. Aunque ésta fue otorgada, el INPEC (la autoridad carcelaria) “continúa siendo negligente con la atención dada a este detenido político”, advierte el CSPP, que evalúa que en el sistema penitenciario colombiano se vive una “grave situación humanitaria”.
Respecto a la medida cautelar, el CSPP solicita al gobierno “reales garantías para la concertación y seguimiento de la medida”, incluyendo “facilitar el diálogo entre beneficiario y peticionario”, es decir entre Meneses y el CSPP.
Miren, pues, todo lo que hay que hacer para que un preso no se pudra en una cárcel de Colombia.
Ayer sábado fue detenido el líder del pueblo nasa Feliciano Valencia. Feliciano es líder visible de la Minga, junto con la extraordinaria Aida Quilcué. En el pasado ejerció el cargo equivalente a ministro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el gabinete o máxima jerarquía del pueblo nasa que habita el Norte del suroccidental departamento del Cauca, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).
Valencia es acusado por la fiscalía de «secuestro» y «lesiones personales».
Se trata de que el Ministerio de Defensa, en violación de la Constitución, promovió que Valencia y Quilcué fueran denunciados por ambos cargos. Durante la Minga por la Liberación de la Madre Tierra, las autoridades indígenas detuvieron a un militar vestido de civil, infiltrado dentro de los manifestantes. En su mochila le fueron encontrados artefactos explosivos iguales a los que estaban generando terribles heridas a los indígenas manifestantes. La Policía estaba acusando a los propios indígenas de hacer uso de ese armamento. El general Naranjo señalaba a los indígenas incluso de «uso de armas no convencionales».
Total, el soldado fue detenido por la Guardia Indígena y posteriormente llevado a juicio dentro de la jurisdicción indígena, reconocida por la Constitución de 1991. Debido a su cargo en el momento de la Minga, Feliciano Valencia estuvo al frente de dicho juicio, que terminó con una condena de acuerdo a los usos y costumbres nasa, que estos indígenas llaman «remedio». Se trató de varios latigazos en público. El militar fue incentivado, desde el Ministerio de Defensa, a demandar a las autoridades indígenas por «secuestro» (por el tiempo que duró detenido) y «tortura», cargo que luego fue cambiado por el de «lesiones personales».
Valencia pretendía viajar el sábado a un encuentro internacional y fue detenido en el aeropuerto que sirve a la occidental ciudad de Cali.
Para el gobierno, la detención de Valencia es de doble filo. Porque si no liberan, digamos, en cuestión de horas a Feliciano, habrá que recordar qué pasó en la Minga. Cómo fue que el gobierno acusó a los indígenas de «terrorismo». Y en qué terminó el episodio, luego de cierta publicación por parte de CNN. Habrá que recordar por cuál hacienda era esa pelea, a quién se la ha entregado el gobierno y para qué macroproyecto. Observar si quienes ocupan hoy esa Hacienda fueron financiadores de las campañas de Uribe y si son beneficiarios de subsidios estatales.
Lo bueno de la detención de Feliciano es que, si esta prosigue, probablemente terminará en el fortalecimiento de la jurisdicción indígena. Así que Heavy Metal Colombia queda atenta a esta importante noticia en desarrollo.
Me contó que en el poblado donde vive, la gente escucha al ex ministro del Interior y de Justicia de Uribe, Fernando Londoño Hoyos, a través de Radio Súper, y “a la RCN de Juan Gossaín”.
De Londoño los convence, por ejemplo, que el ex ministro defiende a los militares acusados de cometer “falsos positivos”. Al fin y al cabo los asesinos son hombres del pueblo, es el argumento palabras más, palabras menos, de Londoño. “La gente cae en la cuenta de que es cierto”, me dijo.
Me dijo que una mañana, no hace mucho, estaban unos 700 hombres reunidos en el mercado del poblado donde vive. Y que tras oír una arenga radial de Londoño, alguien gritó: “¡Toca votar por Juan Manuel Santos!”; que todos dejaron sus quehaceres, echaron vivas y luego se dedicaron a celebrar ruidosamente, lanzando voladores al cielo, su decisión colectiva sobre a quién elegirán para la Presidencia de la República.
Su expresión cambió levemente cuando calculó que Santos no gana en la primera vuelta, pero sí en la segunda.
Me dijo que “en Colombia el paramilitarismo nunca se va a acabar”. Que él fue DAS rural y que, ante los abigeos, “la orden era ir a buscarlos y matarlos”; la orden de los terratenientes, aclaró. “La gente nos decía ‘chulos’”, me contó.
Me anunció que apenas termine el mandato de Uribe el baño de sangre volverá. Que están esperando a que Uribe se vaya para no hacerlo quedar mal. Porque lo aprecian, porque lo quieren. Me dijo que Uribe se ha sintonizado con el pueblo que vive en el campo; que éste es muy distinto al de ciudad; que “el pueblo está ávido de sangre y Uribe lo interpretó”.
Me dijo que el paramilitar alias “Cuchillo” tiene la orden de no desmovilizarse (sus fuerzas se mueven en la Orinoquia). Que algunos otros también recibieron inicialmente la misma orden y se han ido entregando a cuentagotas. Me habló de “El Alemán” como de un tipo clave.
Como ejemplo de que la guerra se va a desatar, me contó que en el sur del Meta hay un grupo llamado “Los Tuparreros”, que “ya están lista en mano”, prestos a comenzar a asesinar uno a uno a algunos que quedan en Mapiripán. Los han observado en estos años. En sus denuncias, protestas y exigencias, quizá en su negativa a desplazarse, aunque de las razones no me habló. En todo caso los tienen ubicados y ahora los van a acabar, me dijo.
Del grupo de colombianos que fue asesinado el 11 de octubre de 2009 en Venezuela, me dijo que “algunos no tenían que ver”. Los demás eran paramilitares que cumplían una misión, me dijo. Que la frontera está llena de paramilitares colombianos que penetran hasta bien adentro de Venezuela. Que por ahora sólo espían, a veces hacen sabotajes. Que se camuflan como personas dedicadas a distintos oficios. Y regresan a Colombia con información, me contó.
Hablamos varias horas atenta, cordialmente. Con respeto. Nunca le oculté mi opinión. Es gran lector. Me dijo que si el pueblo pudiera leer libros, las cosas serían diferentes. Nos despedimos. Yo me quedé preguntándome si sobreviviremos a estas verdades.
Advierte el colega Hollman Morris de un extraño robo ocurrido este lunes de Pascua contra un detective investigador del asesinato del periodista Clodomiro Castilla. El detective está adscrito a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (DIJIN) y fue comisionado por la Fiscalía General de la Nación (ente investigador y acusador) para viajar a Montería, capital del departamento de Córdoba y donde Clodomiro fue acribillado en su casa el 19 de marzo.
Dice el despacho de Hollman:
«Uno de los investigadores de la DIJIN comisionado por la Fiscalía General de la Nación, que fue enviado a Montería para investigar el homicidio del periodista Clodomiro Castilla, fue víctima hoy de un extraño atraco en pleno centro de la capital de Córdoba.
«En momentos en que se dirigía a retirar el dinero correspondiente a sus viáticos, dos hombres armados lo encañonaron a la entrada de un local de Servientrega [servicio de mensajería nacional] ubicado en la carrera cuarta con calle 32 y le robaron su arma de dotación; mientras su compañero, impávido, observaba lo sucedido desde una camioneta.
«En la mañana, los investigadores se reunieron con el director informativo de ‘La Voz de Montería’, emisora para la que laboraba el periodista, quien además dirigía la revista ‘El Pulso del Tiempo’.
«Lo extraño es que al funcionario de la DIJIN sólo le robaron su arma, y que todo sucedió a plena luz del día. Por su parte, el comandante encargado de la Policía de Córdoba, coronel Libreros, se apresuró a minimizar lo sucedido asegurando que se trató de un atraco simple.
«Otra cosa deben pensar en la DIJIN Bogotá, pues de inmediato fueron comisionados otros seis detectives a Montería para apoyar la labor de sus colegas y acompañarlos en las pesquisas del caso Clodomiro Castilla.»
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
Suprema de Justicia de Colombia el interrogatorio al extraditado ex capo paramilitar Salvatore Mancuso, dentro del juicio contra Jorge Noguera, el ex director del DAS (la Stasi colombiana).
He aquí una amenaza. Hoy firman “Los Rastrojos”; antes firmaban las AUC, o los Comandos Cualquier Cosa. Lo que importa es que hacen lo mismo. Los de esta generación surgieron en 1977 y no en 1983, como reseña la historia. Lo que pasa es que sólo desde 1983 sus jefes descubrieron una sigla apropiada y consiguieron padrinos adinerados. Pero, son los mismos. A veces, cambian de tropas. Cambian de jefes, a veces. Anuncian que 
