Mientras medio mundo seguía las incidencias de la liberación unilateral de Pablo Emilio Moncayo, militar que estuvo 12 años y tres meses en cárceles selváticas y sometido a canje por las FARC, que quiere a sus guerrilleros libres, el gobierno de Álvaro Uribe encontró un quehacer: inaugurar cárceles.
Uribe inauguró dos cárceles hoy, en Cúcuta y Yopal, capitales respectivamente de tremendas zonas de guerra sembradas de miles de desaparecidos: los departamentos de Norte de Santander y Casanare, fronterizos con Venezuela.
Dijo que está construyendo otras 10 cárceles y que entregará nueve de ellas antes del 7 de agosto, cuando debe ceder la presidencia. Y dijo que en 2002, cuando subió al poder, Colombia tenía 52 mil 900 reclusos pero que hoy son 78 mil.
Es decir 26 mil presos más, un 49 por ciento de incremento. Eso seguramente le parece que es el resultado de una buena gestión, porque Uribe no es de los que se preocupan por solucionar las causas.
El ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio (quien a propósito tiene a un hermano preso, Guillermo, por supuestamente poner la Fiscalía de Antioquia al servicio de narcoparamilitares) afirmó que la construcción de estas cárceles nuevas crea 23 mil nuevos cupos carcelarios, al costo de un billón de pesos o cerca de 519 millones de dólares.
No contaron –Uribe y Valencia- cuánto hacinamiento había cuando el primero llegó al poder. Lo que está claro es que Uribe deja la presidencia con más hacinamiento que el que encontró: deja 26 mil presos más, y sólo 23 mil cupos nuevos.
En 2004, el Ombudsman reportó 68.020 personas encarceladas. Para esa época ya la Corte Constitucional había dictaminado que el hacinamiento tenía características de “estado de cosas inconstitucional”, una fórmula para decir que a los presos en Colombia se les está violando todo.
Estas son las cifras del hacinamiento en 2004, según el informe del Ombudsman al parlamento:
Por departamentos, los que estaban peor en ese año – varones:
Guajira 105%; Valle 82%; Antioquia 70%; Caquetá 59,9%; Risaralda 58%; Cundinamarca 57,2%; Sucre y Santander, 48%; Casanare 46,4%; Arauca 46%.
Por ciudades, también sólo las de mayor hacinamiento – varones:
Sicarios asesinaron anoche al periodista Clodomiro Castilla, acusador y testigo ante tribunales en casos de parapolítica.
Ocurrió a las 9 de la noche mientras leía un libro en la terraza de su casa en Montería, capital del noroccidental departamento de Córdoba, patria chica del extraditado ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Allí, el presidente Álvaro Uribe sabe hasta qué hoja de cuál árbol se mueve. Así queda claramente mostrado en el libro de Iván Cepeda y Jorge Rojas “A las puertas de El Ubérrimo”, nombre de una de las haciendas preferidas del mandatario colombiano, cuyo portal de entrada queda a pocos minutos en automóvil del casco urbano de Montería.
Clodomiro fue uno de los testigos y fuentes de información para la enjundiosa investigación de Cepeda y Rojas.
Había hecho denuncias e instaurado acciones judiciales contra William Zalleg, director del periódico local “El Meridiano de Córdoba”, cuyas páginas son la “prueba reina” que tantos buscan.
“Era uno de los periodistas críticos que denunció incansablemente el vínculo entre personas del poder político, los ganaderos en Córdoba y Salvatore Mancuso y los grupos paramilitares. Por eso había iniciado acciones jurídicas contra William Zalleg, entre otros. Había denunciado corrupción y nexos entre paramilitares y toda esa gente”, dijo Iván Cepeda a Heavy Metal Colombia.
El periodista radial hacía sus denuncias a través de La Voz de Montería, en el espacio diario entre las 5:30 y las 7:30 de la mañana, junto con Rafael Gómez, director, y Adolfo Berrocal.
En la Montería de la Seguridad Democrática «nadie se atreve a decir nada. Nosotros somos los únicos», había dicho Gómez. Además, hace 10 días Clodomiro había publicado una revista. Para Gómez, “lo que hubo fue una condena a muerte” contra Clodomiro, “y el paredón fue su casa”.
Tenía 50 años y cuatro hijos y recibía amenazas hace tiempo.
Había renunciado a la escolta estatal, que tuvo durante dos años hasta 2009. Desde los asesinatos de los candidatos presidenciales Pardo, Galán, Pizarro y Jaramillo sabemos cuán peligrosa es su compañía. “Mi escolta es Jesucristo”, decía.
Que tu voz se multiplique en nosotros. No nos dejes en paz, Clodomiro.
«Si yo fuera hoy candidato, estuviera en esa lucha, estaría buscando cómo conseguir el último voto, mañana, segundos antes de las 4:00 de la tarde. Y después a conseguir los siguientes votos para la otra.»
Presidente Álvaro Uribe en la instalación del Consejo de Ministros televisado que sesiona en la hacienda Hatogrande.
Por el cual el Alto Tribunal Constitucional del país informa a la Nación sobre la “inexequibilidad” de la Ley 1354 de 2009, que buscaba imponer el “referendo reeleccionista”.
Corte Constitucional
República de Colombia
EXPEDIENTE CRF-003 – SENTENCIA C-141/10
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 1354 DE 2009, DE CONVOCATORIA A UN REFERENDO CONSTITUCIONAL.
Por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
Artículo 1o. El inciso 1o del artículo 197 de la Constitución Política quedará así:
“Quien haya sido elegido a la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido únicamente para otro período”.
Aprueba usted el anterior inciso.
Sí: ( )
No: ( )
Voto en Blanco: ( )
Artículo 2o. La presente ley regirá a partir de la fecha de su promulgación.
2. Fundamento de la decisión.
2.1. Control constitucional: alcance de la competencia y parámetro de control.
En ejercicio de la función de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política, corresponde a la Corte Constitucional realizar el control automático de una ley convocatoria a un referendo constitucional, de conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 241 de la Constitución Política.
Al abordar el examen de constitucionalidad de la Ley 1354 de 2009, la Corte Constitucional señala el alcance de su competencia, abocando el estudio tanto del procedimiento de formación de la norma legal en el Congreso de la República como del trámite mismo de la iniciativa legislativa ciudadana. Así, el parámetro normativo para el ejercicio del control de constitucionalidad se halla conformado por los preceptos constitucionales, la Ley 134 de 1994 (Ley estatutaria de los Mecanismos de Participación Ciudadana), la Ley 130 de 1994 (Ley estatutaria de los partidos y movimientos políticos) y las normas legales orgánicas regulatorias del proceso legislativo (Ley 5 de 1992).
Adicionalmente, la Corte Constitucional reitera su jurisprudencia en relación con los límites del poder de reforma de la Constitución, insistiendo en que el poder constituyente derivado tiene competencia para reformar la Constitución, mas no para sustituirla, por lo cual todo cambio en la identidad del texto constitucional implica un vicio de competencia por exceso en el ejercicio del poder reformatorio.
2.2. Principio democrático y formas.
Entre los distintos elementos que configuran toda democracia se encuentra el respeto de los procedimientos formales previstos para el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. Para la Corte Constitucional, más que meros ritualismos, tales formas están instituidas en garantía de las reglas fundamentales de la democracia representativa y de participación y son componentes sustanciales del principio democrático.
2.3. Vicios en el trámite de la iniciativa legislativa ciudadana.
Al examinar el trámite de la iniciativa ciudadana que dio origen a la Ley 1354 de 20 09, la Corte Constitucional verificó la ocurrencia de un conjunto de irregularidades vinculadas a la financiación de la campaña en favor de la iniciativa de reforma constitucional. Tales anomalías, vistas en conjunto, configuran una grave violación de principios básicos de un sistema democrático, a saber: la transparencia y el pluralismo político del elector consagrados en los artículos 1, 155, 374 constitucionales y en los artículos 24, 27, 97 y 98 de la Ley 134 de 1994.
(i) En primer término, una organización ajena a la iniciativa -la Asociación Primero Colombia- adelantó gestiones propias de un Comité de Promotores desconociendo los mandatos del legislador estatutario, y en últimas, principios constitucionales. Desde la conformación misma del Comité de Promotores, la Asociación tuvo a su cargo dos labores fundamentales en el manejo de la campaña a favor del referendo: (i) la contabilidad; y (ii) el “manejo de los fondos”. Con apoyo en tan imprecisas tareas, la Asociación Colombia Primero recaudó y administró importantes aportes económicos para financiar la campaña de recolección de apoyos ciudadanos para referendo, recursos que fueron trasladados al Comité de Promotores mediante un contrato de mutuo. Resulta evidente la existencia de unidad de gestión y administrativa, entre el Comité de Promotores de la iniciativa legislativa ciudadana y la Asociación Colombia Primero, dato relevante al momento de examinar la transparencia del proceso de financiación de la campaña de recolección de apoyos ciudadanos, y por supuesto, la vulneración de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación y de la Constitución Política. Se concluyó, por lo tanto, que el Comité de Promotores de la iniciativa se sirvió de una asociación particular, que siempre controló, para adelantar labores que según la ley le eran propias; en concreto, las relativas a la financiación de la campaña para la recolección de los apoyos ciudadanos conducentes al trámite de una reforma constitucional.
(ii) Igualmente se estableció que durante la campaña de la iniciativa legislativa ciudadana que dio origen a la Ley 1354 de 2009, el Comité de Promotores gastó una suma global que supera más de seis (6) veces lo autorizado por el Consejo Nacional Electoral; a eso se añade que recibió aportes individuales superiores hasta casi treinta (30) veces lo permitido, contribuciones éstas realizadas a una organización no facultada para ello por el legislador estatutario, como la Asociación Colombia Primero. Estas actuaciones además de suponer una trasgresión de los mandatos de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación (artículos 97 y 98), vulneró el principio constitucional de transparencia, ya que toda la actuación fue dirigida a burlar los mandatos legales y constitucionales, como también el principio constitucional de pluralismo, al permitirse contar con recursos desproporcionados para privilegiar o favorecer la propuesta de convocatoria a una reforma constitucional.
2.4. Vicios en el procedimiento legislativo.
(i) Estos vicios que tuvieron lugar en el curso de la iniciativa ciudadana tuvieron a su vez incidencia en el procedimiento legislativo pues el trámite ante el Congreso de la república de la Ley 1354 de 2009 comenzó sin que fuera adjuntada la certificación del Registrador Nacional del Estado Civil prevista en el artículo 27 de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación, sobre cumplimiento de los requisitos exigidos para la realización de los mecanismos de participación ciudadana, entre otros, el cumplimiento de los topes globales e individuales de financiación. La ausencia de esta certificación inhibe la iniciación del trámite legislativo y vicia la constitucionalidad de todo el procedimiento adelantado ante el Congreso de la República.
(ii) Un segundo vicio del procedimiento legislativo consiste en la modificación del texto original del proyecto de ley respaldado por la iniciativa ciudadana apoyada por el 14.59% del censo electoral, que tuvo lugar durante el tercer debate, en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado . Tal cambio entrañaba la posibilidad de proponer al Pueblo la segunda reelección inmediata, mientras que el texto original refería a una reelección mediata o por período interpuesto. Consideró la Corte que con una modificación de esta envergadura el Congreso, constitucionalmente privado de iniciativa legislativa en materia de referendos constitucionales, excedió las limitaciones que el principio de democracia participativa le impone a la función legislativa que surge de la iniciativa ciudadana, lo que constituye un vicio de inconstitucionalidad de la Ley 1354 de 2009. Con ello se introdujo un cambio sustancial al proyecto que vulneró, a su vez, el principio de identidad y de consecutividad en el trámite legislativo, al presentarse una vez transcurridos los debates ante la Cámara de Representantes, de modo que el texto finalmente aprobado únicamente fue objeto de dos debates, los realizados en comisión primera y en la plenaria del Senado. A consecuencia de lo anterior, no era posible someter el desacuerdo entre los textos aprobados por cada cámara a la comisión de conciliación, órgano interno que no tiene competencia para reemplazar ninguna de las instancias previstas para la realización de los cuatro debates.
(iii) Del análisis de las circunstancias fácticas relacionadas con la publicación del decreto 4742 de 2008, mediante el cual se convocaba a sesiones extraordinarias al Congreso de la República se desprende que la plenaria de la Cámara de Representantes se reunió cuando ese Decreto aún no había sido publicado en el Diario Oficial. En este escenario, la Corte concluye que el Congreso, específicamente la Cámara de Representantes, a las 0:05 a.m. d el 17 de diciembre de 2009, carecía de sustento jurídico que autorizara su reunión en sesiones extraordinarias. De hecho, sólo se presentó este soporte a los 18:20 minutos del 17 de diciembre de 2009, cuando finalizó el proceso de elaboración del Diario Oficial.
(iv) La Corte constata que a la cadena de irregularidades que constituyen vicios de inconstitucionalidad, se suma el hecho de que cinco representantes del partido Cambio Radical votaron en contra de las directivas internas suscritas y aprobadas por ellos. Esta situación conlleva a desconocer el artículo 108, norma con eficacia jurídica directa que ordena que los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político actuarán en ellos como bancadas. Independientemente de las consideraciones de carácter subjetivo sobre debido proceso, que deben respetarse, desde una dimensión objetiva relativa a la racionalidad política del Congreso de la República, la consecuencia de la infracción directa de la Constitución genera la invalidez de los votos proferidos en contra de la norma constitucional expresa. Así, un cambio de partido, en las condiciones específicas y como partes de una cadena de vicios e irregularidades que se realizó, no puede ser un instrumento para desconocer la Constitución en los términos no sólo del artículo 108, sino también del artículo 133.
(v) En relación con los posibles vicios competenciales o de exceso en el ejercicio del poder de reforma constitucional, la Corte hace un recuento de la línea jurisprudencial trazada desde el 2003 bajo la denominación de la teoría de la sustitución, reiterando que a la luz de la jurisprudencia de esta Corporación no proceden reformas constitucionales que desconozcan los principios estructurantes o elementos definitorios de la Carta Política de 1991, pudiendo realizarse el control incluso sobre la ley misma que las convoquen. Respecto de la ley 1353 de 2009, encontró la Corte que desconoce algunos ejes estructurales de la Constitución Política como el principio de separación de los poderes y el sistema de frenos y contrapesos, la regla de alternación y períodos prestablecidos, el derecho de igualdad y el carácter general y abstracto de las leyes.
3. Conclusión.
Los vicios de trámite referidos, los cuales tuvieron lugar en el curso de la iniciativa ciudadana y durante el procedimiento legislativo que culminó con la expedición de la Ley 1354 de 2009, suponen el desconocimiento de importantes principios constitucionales y de los procedimientos formales previstos por la Constitución y la ley para la convocatoria de un referendo de iniciativa popular reformatorio de la Constitución. No se trata, por lo tanto, de meras irregularidades formales sino de violaciones sustanciales al principio democrático, uno de cuyos componentes esenciales es el respeto de las formas previstas para que las mayorías se pronuncien.
4. Decisión.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve:
Declarar INEXEQUIBLE en su totalidad, la Ley 1354 de 2009, “Por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional”.
5. Consideraciones adicionales.
Los magistrados Jorge Pretelt y Mauricio González salvaron su voto frente a la inexequibilidad declarada en esta sentencia.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Presidente
[1] Diario Oficial No. 47.466 de 8 de septiembre de 2009.
“Decisión. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve: Declarar inexequible en su totalidad… (aplausos)…, declarar inexequible en su totalidad la ley 1354 de 2009, por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional. Consideraciones adicionales: los magistrados Jorge Pretelt y Mauricio González salvaron su voto frente a la inexequibilidad declarada en esta sentencia.”
Quien leyó el fallo fue el presidente de la Corte, Mauricio González, ex secretario jurídico de la presidencia de Álvaro Uribe. Siete magistrados, de nueve, derrotaron una forma (tramposa y mentirosa, es decir mafiosa) de hacer política.
Esta noche hace 20 años paramilitares asesinaron a mi amiga periodista Silvia Duzán. Hace poco ella hubiera cumplido 50. Seguro hubiéramos hecho una rumba roquera que habría retumbado hasta la Luna.
En 2008 escribí en este blog sobre Silvia: http://www.ips.org/blog/cvieira/?p=129 . La impunidad sigue intacta, a pesar de la tan mentada jurisdicción de Justicia y Paz, marco legal para facilitar la desmovilización de un sector de paramilitares.
Silvia preparaba un documental sobre narcotráfico y elecciones. Decir que el tema sigue vigente es poco decir. En realidad está que arde, ante la indiferencia de los gobiernos del mundo. Y ni para qué mencionar a esa extraña oficina de la ONU, la de la Droga y el Delito.
Cuando mataron a Silvia los paramilitares eran apenas unos pocos escuadrones. Pero, el negocio de combinar matanzas con elecciones fructificó. En 2002 se dijo que había unos 6.000 paramilitares, en 2003 el gobierno sostuvo que eran unos 32.000 y ahora son otra vez algo así como 11.000. Fiel a su táctica de desviar la atención y acaparar titulares, el gobierno de los vidrios polarizados dice que estos 11.000 no existen, o que no son, o que se llaman de otro modo.
Entretanto, los cultivos de droga han disminuido. Es decir, el negocio se ha racionalizado. A menos cultivos de droga, menos costos para vigilarlos. A menos oferta, mejor precio. El mercado funciona así. Tiene lógica que este gobierno haya promovido la penalización de la dosis personal. La medida sube el precio de la droga. El narcotráfico es la gallina de los huevos de oro, más aún cuando hay crisis financiera mundial. En medio de la crisis internacional, a la banca colombiana le va, como dicen las señoras, divino.
En estas semanas se multiplican las denuncias acerca de cómo corre a manos llenas el dinero en efectivo en la campaña electoral actual. Sólo en unos meses descifraremos con mayor precisión qué sucede. En todo caso, en Colombia, desde hace un tiempo, las elecciones funcionan así. Ante la indiferencia de los gobiernos del mundo. No creo en ninguna unidad latinoamericana y del Caribe que siga soslayando la tragedia colombiana.
La periodista María Jimena Duzán dedicó a su hermana Silvia su columna en la revista Semana. El economista Salomón Kalmanovitz escribió hoy en el diario El Espectador sobre su esposa Silvia. El Espectador editorializó: Veinte años y ni siquiera un arrepentimiento. Y destaca una frase lacerante de un narco que fue condenado a 22 años de cárcel en Estados Unidos, pero que acaba de regresar a Colombia después de sólo pagar tres años: «No me arrepiento de ayudar a las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, aunque cometieron excesos como las masacres de La Rochela y Cimitarra, en la que murió la hermana de María Jimena Duzán».
Se llamaban autodefensas. Pero el virtual candidato uribista, Juan Manuel Santos, siendo ministro de Defensa tuvo la gentileza de aclarar cómo es que no eran tales. En este blog también, recogí sus palabras. En realidad se dedicaban a actividades contrainsurgentes, masacre de la población para atemorizarla y quitarle apoyo político a la guerrilla.
El negocio siempre ha sido muy racional. Su otra cara ha sido siempre bloquear y boicotear activamente y al costo que sea cualquier posibilidad de solución política con la guerrilla. El narcotráfico necesita la guerra. Los negociantes de armas también.
El 9 de diciembre de 2007 se conoció una extraña conversación telefónica del majestuoso presidente colombiano.
Álvaro Uribe llama a un amigo suyo, uno de esos extraños frecuentadores de “la Casa de Nari”, como le dicen los narcos a la sede presidencial. De hecho había trabajado allí.
El interlocutor de Uribe tiene el extraño ¿alias? de «la Mechuda».
Uribe le reclama a gritos a “la Mechuda” por un extraño tema relacionado con propiedades de narcos.
“Y si lo veo le voy a dar en la cara marica”, es la refinada expresión de Uribe en su agitado monólogo, que se puede oír en Youtube.
Ahora, parece que Mr. Hyde apareció de nuevo en Cancún, durante la cumbre del Grupo de Río.
Allá su interlocutor fue el presidente de Venezuela Hugo Chávez, otro gamín de la cuadra. Fue Uribe quien interrumpió a Chávez y se armó la grande.
Mañana las noticias se concentrarán en esa pelea entre presidentes en Cancún, y comprobaremos, otra vez, cómo el odio nacionalista es la mejor manera de manipular y envilecer a un país.
Y habrá menos espacio para que el público se entere para qué sirve la Secretaría General de la Casa de Nari, para qué sirve la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda, y qué tienen que ver ambas con la Stasi de la seguridad democrática.
Así sí, una se siente protegida.Quién sabe si sentirá lo mismo el sargento Pablo Emilio Moncayo, cuando tras 12 años de permanecer en las cárceles selváticas de las FARC, nuevamente se rumora su liberación.
FAC transporta 600 militares de forma simultánea en aviones Hércules
Con el fin de fortalecer la capacidad de transporte militar de personal y carga, la Fuerza Aérea Colombiana realizó en días pasados, una misión de transporte de 600 integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional y 10 toneladas de apoyo logístico, desde Tolemaida hacia San Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá y la Macarena en el departamento del Meta.
El ejercicio se planeó y ejecutó en un tiempo record de 1 hora y 30 minutos, en 5 aviones tipo Hércules C-130, saliendo desde la Base Aérea del Comando de Transporte Militar CATAM en Bogotá, demostrando la capacidad de transporte diurno y nocturno, el alistamiento de aeronaves de manera simultanea y el profesionalismo de las tripulaciones para cumplir con elevados estándares de seguridad en la misión asignada.
De igual forma, la Fuerza Aérea Colombiana realizó misiones de entrenamiento, en las que participaron aviones tanqueros tipo Boeing y aeronaves de combate, con los que se realizan operaciones de reabastecimiento de combustible en vuelo diurnos y nocturnos, permitiendo mantener el entrenamiento y destrezas de las tripulaciones.
Es así como la Fuerza Aérea Colombiana demuestra día a día en cada una de sus misiones, el compromiso por la seguridad y control del espacio aéreo colombiano.
El estudiante de Bellas Artes Nicolás Castro fue involucrado −con ayuda del FBI− con un grupo en Facebook que invita a asesinar a uno de los hijos del presidente Uribe, conocidos éstos por su habilidad para los grandes negocios al filo de la ética.
A Castro seguro se le pegaron expresiones de Uribe como ese muerto va de mi cuenta, usada no hace mucho por el mandatario colombiano cuando dio orden pública al ejército de matar a alguien.
Castro, de 23 años, lleva tres meses en la penitenciaría La Picota de Bogotá, en el pabellón vecino al de presos genocidas del paramilitarismo. La fiscalía lo llamó a juicio; lo acusa de instigación para delinquir agravada con fines de homicidio.
A mí me llamó la atención, sobre todo, que el estudiante bogotano está acusado de visitar las páginas web de las FARC y de ETA. Leer a las FARC es delito.
Dado que hoy es sábado, mi día predilecto; y ya que a mí me encanta llevar la contraria; y además como un servicio a mi lector o lectora, para evitarle problemas con el FBI y con la fiscalía colombiana, copio la carta abierta del comandante del Bloque Oriental de las FARC Jorge Briceño al comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Freddy Padilla de León, fechada en enero pasado.
Carta abierta
Señor:
Freddy Padilla de León.
Compatriota:
Escuché atentamente su alocución radial del día 21 de enero 2010 que me pareció inspirada más con fines de propaganda, de perdona vidas y de guerra psicológica, que en sincero ánimo reconciliatorio y de grandeza, invitándome a la entrega y a la rendición.
No es pionero usted en este tipo de “invitaciones”. Nuestro insigne Comandante Manuel Marulanda Vélez, solía relatarnos cómo en los comienzos de esta lucha por la liberación de nuestro pueblo, el general Álvaro Valencia Tovar también acostumbraba dirigir mensajes de ese mismo tenor al Comandante Ciro Trujillo, incluso ofreciéndole dinero a modo de soborno, a tiempo que se concentraban las tropas, se estrechaba el anillo y se afinaban los mecanismos para dar comienzo a la agresión contra la población civil de las regiones de Marquetalia y Riochiquito, dentro del diseño del Plan LASO y en el medio de una situación política en que las Fuerzas Militares iniciaban su carrera como instrumento clasista de represión al servicio de los latifundistas para despojar de la tierra a los campesinos.
Qué poco nos conoce usted señor Padilla de León: con toda sinceridad, sin odios ni resentimientos y con el respeto que todo revolucionario profesa por sus adversarios, le respondo: No, muchas gracias, general.
En las FARC no tenemos alma de traidores, sino de patriotas y de revolucionarios.
Hemos luchado y continuaremos haciéndolo, con valor, entrega y sacrificio por derrocar este régimen podrido de las oligarquías y construir otro orden social, o por alcanzar acuerdos que ayuden a construir una patria en donde quepamos todos.
Jamás hemos proclamado el principio de la guerra por la guerra, ni asumido esta lucha como algo personal, ya que nuestros objetivos son los de lograr cambios profundos en la estructura social de Colombia, que por fin tengan en cuenta los intereses de las mayorías nacionales y de los sectores populares y que conduzcan al desmonte del actual régimen político criminal, oligárquico, corrupto, excluyente e injusto, como está consignado en nuestra Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.
Con la honestidad que corresponde a nuestro compromiso con el cambio social y la lealtad que le debemos a nuestro pueblo, le aseguramos, que no vamos a desistir después de más de 40 años de lucha, ni a aceptar una falsa paz. No traicionaremos los sueños de justicia de la Colombia que clama por la paz con justicia social, ni la memoria de los miles de muertos, ni a las víctimas de las innumerables tragedias que ha ocasionado esta cruenta guerra, declarada por la oligarquía al pueblo desde hace más de 50 años.
Colombia necesita encontrar los caminos que conduzcan a poner fin a esta guerra entre hermanos, senderos de reconciliación que nos lleven a Acuerdos de Paz. Pero no será a través de una paz falsa donde una minoría oligárquica continúa acaparando todas las riquezas, a tiempo que las grandes mayorías nacionales quedan aplastadas por el peso de la pobreza, el terror militarista, la miseria y la degradación moral de una clase dirigente corrupta hasta los tuétanos, el camino más seguro para alcanzar la reconstrucción de la patria y la reconciliación de los colombianos.
Una paz entendida como rendición o entrega es una fantasía de la oligarquía y solo sería un crimen de lesa traición al pueblo y a sus históricos anhelos por alcanzar, al fin, la justicia social para todos.
Acuerdos de paz sí, pero, el punto cardinal es: ¿con o sin cambios estructurales en lo político y social?
¿Más Democracia o más autoritarismo y más represión y arrodillamiento al imperio?
Lo invitamos a reflexionar sobre estas serenas palabras plenas de sensatez y actualidad, contenidas en el mensaje que dirigió el comandante Manuel Marulanda Vélez a los miembros de las Fuerzas Militares:
“El futuro de Colombia no puede ser el de guerra indefinida, ni el de expoliación de las riquezas de la patria, ni puede continuar la vergonzosa entrega de nuestra soberanía a la voracidad de las políticas imperiales del gobierno de los Estados Unidos; nosotros estamos en mora de sentarnos a conversar en serio para dirimir nuestras diferencias, mediante el intercambio civilizado de opiniones hacia la solución definitiva de las causas políticas, económicas y sociales generadoras del conflicto interno, para bien de las futuras generaciones de compatriotas “.
Hoy, queremos compartir este razonamiento con usted y también, como siempre, con los sargentos, los cabos, los tenientes, capitanes y coroneles, y con todos los hombres de experiencia que ponen el pecho en los combates, pero que a pesar de ello, les está vedado ascender a la oficialidad por su origen social, su color de piel o su raza.
Le recuerdo general, que el paso por la milicia en defensa de intereses extranjeros u oligárquicos que hacen algunos de ustedes, así sea prolongado en el tiempo, es efímero, y que pronto será usted llamado calificar servicios, y de seguro el pueblo o la justicia internacional, le irá a reclamar su responsabilidad como comandante de las Fuerzas Militares en los crímenes de lesa humanidad contra nuestro pueblo, hipócritamente llamados “falsos positivos” o, en su papel como jefe en un tiempo de la nefasta XX Brigada de “inteligencia y contra inteligencia” (B I N C I), de tan ingrata recordación para los colombianos, así como el florecimiento y extensión del paramilitarismo tras su paso por la comandancia de la Segunda División del ejército, al lado del hoy presidiario general Iván Ramírez.
Hemos hecho reiterados llamamientos a todos los patriotas y demócratas de Colombia, a intercambiar sobre estos temas para impedir el establecimiento perpetuo en nuestra patria de una dictadura o un gobierno totalitario y despótico.
Hoy las FARC queremos invitar a todos los militares e integrantes de la Fuerza Pública a retomar el camino de defensa de la soberanía patria, a trabajar por la formación de un ejército bolivariano patriótico, que no vuelva las armas contra sus conciudadanos, integrado a las luchas populares, y que trabaje en beneficio de alcanzar la paz, a la vez que por el intercambio humanitario y para a continuar la obra que dejó sin culminar el Libertador Simón Bolívar, para que Colombia no vuelva a sufrir jamás la afrenta de ver a los soldados que usted comanda, sumisos y despojados de sus armas, para ser revisadas por los representantes del ejército de la potencia extranjera que nos avasalla, como ocurrió en pasada visita del presidente Bush.
Compatriota,
Jorge Suárez Briceño.
Integrante del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC EP.
Si acaso todavía se enseña en las facultades de periodismo que es preciso desconfiar de las declaraciones de los poderosos, el documento que copio a continuación debería convertirse en clásica pieza de estudio.
Y, al final aporto algunos nombres que no se detallan en este texto, que gira en torno a aquello que tan tiernamente se ha dado en llamar “interceptaciones” o “chuzadas”, pero que en realidad son actos de terror cometidos desde el Estado contra disidentes, jueces y periodistas.
Febrero 17 / 2010
Comunicado – Uribe dijo al CPJ y la FLIP: “El que intercepte es enemigo del gobierno”
El presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez afirmó el martes 16 de febrero de 2010 que aquellos funcionarios que ilegalmente espiaron a la prensa son “enemigos de su gobierno”, durante una reunión con una delegación conformada por el Comité de Protección para los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Uribe emitió esa declaración luego de conocer las observaciones elevadas por la delegación del CPJ y la FLIP, en una reunión de alrededor de dos horas de duración, con el mandatario y funcionarios de alto rango en el Palacio de Nariño, sede del gobierno colombiano. Entre los funcionarios participantes estuvieron el vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón; el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio; el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Felipe Muñoz, y el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo Trujillo, entre otros.
El CPJ y la FLIP habían presentado en la mañana sus informes anuales en una conferencia de prensa en la Universidad Javeriana, en Bogotá. Según ambos informes, el espionaje ilegal a periodistas es una de las amenazas más serias que enfrenta la libertad de prensa en Colombia. Los periodistas locales tuvieron sus teléfonos y cuentas de correo electrónico interceptados, y fueron objeto de vigilancia y acoso entre 2004 y 2006, según la Fiscalía. El CPJ y la FLIP también tuvieron algunos de sus correos electrónicos interceptados. Según una investigación preliminar y versiones de periodistas locales al CPJ y a la FLIP, el espionaje ilegal habría continuado aún después de febrero de 2009, luego de que se publicaran las primeras noticias sobre el escándalo.
La delegación del CPJ y la FLIP solicitó al presidente Uribe que realizara un enérgico rechazo ante la preocupación que ha provocado el espionaje ilegal. El presidente reiteró que Colombia tiene un gobierno democrático que “no acepta la ilegalidad”. Uribe indicó: “Quien afecte la libertad de un periodista y quien intercepte es enemigo del gobierno”.
La delegación estuvo conformada por la reconocida periodista colombiana y miembro de los consejos directivos de ambas organizaciones, María Teresa Ronderos; el ganador del premio del CPJ y presidente del consejo directivo de FLIP, Ignacio Gómez; el coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría, y el director ejecutivo de la FLIP, Andrés Morales.
Los participantes de la delegación informaron a Uribe y al resto de los funcionarios colombianos que los periodistas están tomando medidas extraordinarias para prevenir que sus comunicaciones sean interceptadas y los exhortaron a que apoyen las investigaciones. “Me duele que no estén capturados los responsables”, afirmó Uribe. El general Naranjo dijo que la Policía Nacional comparte la frustración del presidente respecto de la investigación, pero al mismo tiempo insistió en remarcar los esfuerzos que hasta ahora se han realizado.
Como resultado del espionaje generalizado, las fuentes confidenciales se han visto en riesgo y se han mostrado reticentes a hablar con los periodistas colombianos, así lo explicaron varios reporteros al CPJ y la FLIP. Uribe dijo que su gobierno no va a permitir “cualquier acción que interfiera con el trabajo de la prensa”. El vicepresidente Santos indicó que “asumiremos la responsabilidad con sentencias judiciales en firme”.
Desde que el escándalo fue conocido, la oficina del Fiscal General ha iniciado las investigaciones que han conducido al arresto en 2009 de varios funcionarios de alto rango de la inteligencia local, incluyendo el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez. Entre todos, 40 funcionarios del DAS están actualmente investigados. Siete de ellos han sido imputados en enero y podrían enfrentar un juicio pronto.
Durante la reunión con el fiscal general encargado Guillermo Mendoza Diago, realizada el lunes 15 de febrero, la delegación también habló con el Procurador General Alejandro Ordóñez. La oficina de Ordóñez está investigando a 26 funcionarios que podrían estar involucrados en el espionaje y tiene el poder de impartir sanciones disciplinarias sobre ellos. Entre los funcionarios investigados, según Ordóñez, se encuentran tres funcionarios de alto rango del poder ejecutivo.
Mientras los nombres de esos asesores fueron revelados por la oficina del Procurador en junio de 2009, Uribe defendió a los funcionarios y dijo que rechazaba cualquier tipo de presión por parte de los medios para “judicializar a personas inocentes”. Uribe también dijo que le preocupaba que la falta de resultados concretos en la investigación haya sido utilizada para manipular políticamente a su gobierno.
Tanto el Ministro del Interior y de Justicia como el Director del DAS, quienes participaron de una reunión el lunes 15 de febrero con la delegación del CPJ y la FLIP, emitieron declaraciones en las cuales reaccionaban a la información publicada en los informes de ambas organizaciones. Ambas declaraciones reafirmaron que el espionaje ilegal no era una política de estado y que ellos habían prestado su colaboración con la investigación.
La delegación también exhortó a las autoridades a que se abstengan de acusar, sin ninguna evidencia, a miembros de la prensa de tener vínculos con grupos armados, dado que eso pone en serio riesgo la vida de los reporteros.
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+Los tres altos funcionarios de Presidencia que investiga la Procuraduría (ministerio público) y cuyos nombres fueron mencionados en 2009 son el Secretario General, Bernardo Moreno; el Secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, y el entonces asesor de Comunicaciones de Presidencia y hoy viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman.
+Cuatro directores de la agencia de inteligencia DAS bajo el mandato Uribe también son investigados por la Procuraduría: Jorge Noguera, Joaquín Polo, María del Pilar Hurtado y Andrés Peñate. No está descartado que sea vinculado a la investigación el actual director del DAS, Felipe Muñoz.
+En el proceso disciplinario también están vinculados otros 19 funcionarios. Entre ellos, varios de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dependencia especializada del Ministerio de Hacienda contra el lavado de activos.
+Por su parte, la Fiscalía investiga a unos 40 funcionarios y ex funcionarios, también en torno a actividades ilegales de sabotaje contra disidentes.
+En la Corte Suprema avanza el juicio contra Jorge Noguera, acusado de poner el DAS al servicio del paramilitarismo.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
Mientras medio mundo seguía las incidencias de la liberación unilateral de Pablo Emilio Moncayo, militar que estuvo 12 años y tres meses en cárceles selváticas y sometido a canje por las FARC, que quiere a sus guerrilleros libres, el gobierno de Álvaro Uribe encontró un quehacer: inaugurar cárceles.
«Si yo fuera hoy candidato, estuviera en esa lucha, estaría buscando cómo conseguir el último voto, mañana, segundos antes de las 4:00 de la tarde. Y después a conseguir los siguientes votos para la otra.»
El 9 de diciembre de 2007 se conoció una extraña conversación telefónica del majestuoso presidente colombiano. 
años de permanecer en las cárceles selváticas de las FARC, nuevamente se rumora su liberación.