Todo indica que el presidente Álvaro Uribe autorizó, por debajo de cuerda, negociar con los jefes de las bandas narco que se disputan Medellín. El objetivo gubernamental: bajar los índices de homicidios. El año pasado hubo cerca de dos mil muertos en esa ciudad.
Los jefes aceptaron, pero preguntaron que a cambio de qué. De paso, para mostrar su poder, decretaron una tregua entre el 1 y el 12 de febrero. El gobierno contestó que a cambio de cárcel. Pero ya estaban presos, pues fue allá donde conversó con ellos una comisión que los medios llamaron “de notables”. En medio de la gestión, ésta se filtró a la prensa.
“Rápido, ¡que tapen! Que ni modos, ya se filtró. Entonces que llamen al Comisionado de Paz (como tal figura Frank Pearl), lo enteren y le digan que dé una rueda de prensa. Que listo, ya salió. Y, ¿qué dijo? Que todos estaban alineados. Ok. Ay, ¡otra vez! Que (el comandante de la poli, general Óscar) Naranjo está diciendo que no se puede volver a cometer el error de dar estatus político a los narcotraficantes. ¡Carajo! ¿No estaban alineados? ¡Que lo callen! ¿Y si no se calla? ¡Pues llaman a la Policía!”
Según Claudia López en su columna en La Silla Vacía, esta es la trascripción del casete No. 3521 del DAS, entregado a la Presidencia hace dos semanas y olvidado por casualidad en un debate.
Ya veo a qué se sigue dedicando la “seguridad nacional”, supuestamente a cargo del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad. Ayer y hoy, el Centro de Medios Populares y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo están transmitiendo en directo por Internet el juicio que se sigue contra Jorge Noguera, primer director de la era Uribe del DAS.
El Día del Periodista en Colombia comenzó con tristezas, pero produjo al final dos buenas noticias.
La primera, que el sociólogo, columnista y cronista Alfredo Molano fue exonerado por un juez de los cargos penales de injuria y calumnia, por una columna escrita en febrero de 2007 en El Espectador. El juez le dio prelación a la libertad de expresión.
La segunda buena noticia fue que los galardonados por el Círculo de Periodistas de Bogotá dedicaron sus premios al equipo periodístico de Cambio.
La revista deja de existir, según sus recientes dueños, el grupo Planeta, porque no da dinero suficiente; pero según nosotros, los reporteros de este país, porque los españoles quieren a toda costa ganarse la licitación por el tercer canal privado de TV, y temían que el periodismo investigativo de Cambio les pusiera en riesgo sus relaciones con el gobierno de Álvaro Uribe. Al fin y al cabo el mismo grupo Planeta sí mantiene una revista de desnudos llamada Don Juan, que le está produciendo pérdidas por cerca de cinco millones de dólares. Mientras, Cambio pasó 2009 con cifras en negro, gracias a las investigaciones del equipo dirigido por Rodrigo Pardo y María Elvira Samper. Investigaciones que pusieron a temblar al gobierno de Uribe. Por Cambio nos enteramos que Colombia se iba a convertir en el más grande portaaviones del Pentágono, por ejemplo; el gobierno se lo tenía calladito en ese entonces. Por una publicación de Cambio terminó siendo investigado un precandidato conservador al que le gusta que le digan «Uribito». Con eso queda descrito él.
Pero decía que el día comenzó triste. Con una rueda de prensa en la que, al final, nos saludábamos como si se nos hubiera muerto alguien – la libertad tal vez.
Citada por mis colegas Hollman Morris y Claudia Julieta Duque, este fue el comunicado que leyeron, sobre las actividades de la Staatssicherheit (Stasi) de la Seguridad Democrática.
9 de febrero, nada que celebrar, mucho por denunciar:
Periodistas responsabilizan al presidente Uribe por persecución de policía secreta en su contra
Bogotá, 9 de febrero de 2010.
El presidente Álvaro Uribe Vélez es el máximo y directo responsable de los actos criminales ejecutados por el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G-3) en contra del periodismo y la libre expresión en el país, y debe pedir perdón públicamente por los ataques que durante su gobierno y desde el DAS se han cometido contra periodistas en Colombia.
Así lo reclamaron este 9 de febrero, día del periodista, los reporteros Hollman Morris y Claudia Julieta Duque, dos de las principales víctimas del accionar criminal del DAS durante el actual gobierno. Las pruebas y testimonios judiciales que hoy están en poder de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia son contundentes en señalar la responsabilidad del jefe de Estado, por acción y omisión, en la persecución contra más de 300 personas entre miembros de ONGs, periodistas, magistrados y líderes de la oposición.
Los artículos 208 y 189 de la Constitución Política de Colombia definen que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) actuará “bajo la dirección” del Presidente de la República, quien será responsable del nombramiento del director/a de ese organismo. No sobra recordar que cuatro de los cinco directores del DAS en el gobierno Uribe han salido de la entidad en medio de graves escándalos de paramilitarismo, persecución política y espionaje ilegal.
La semana pasada, Álvaro Uribe admitió haber ordenado al DAS “hacerle inteligencia al terrorismo”. Son diversos los discursos y señalamientos que el presidente de la República ha realizado contra quienes él denomina “aliados del terrorismo”, que para Uribe se encuentran en algunas ocasiones en cercanías al Congreso de la República, en otras a la Corte Suprema de Justicia y los defensores de derechos humanos, y en algunas más al periodismo libre.
Es evidente que el discurso presidencial contra el terrorismo ha abarcado sin distinción a los grupos armados ilegales y quienes hacen oposición legítima en Colombia. Se puede deducir que el DAS sí recibió órdenes presidenciales de incluir en el escenario de la llamada “guerra política” al periodismo crítico.
Por su parte, el ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes, hoy en juicio por paramilitarismo y homicidio, la semana pasada confesó haber recibido órdenes del presidente Uribe para el nombramiento de José Miguel Narváez como subdirector del DAS, principal gestor y asesor del G-3, vinculado además a la investigación por el asesinato del periodista Jaime Garzón y del senador Manuel Cepeda Vargas.
En el proceso penal, las siete personas llamadas a juicio por las acciones del G-3 han sido coincidentes en afirmar que todo lo actuado siguió las órdenes y directrices emanadas de la Presidencia “en el marco de la seguridad democrática”.
Los periodistas Morris y Duque solicitaron al presidente Uribe explicarle al país cuáles fueron los filtros –si los hubo– que debieron pasar Narváez y Noguera para llegar a cargos tan importantes dentro de la estructura de inteligencia del Estado colombiano, máxime cuando son contundentes las pruebas y testimonios que los relacionan con grupos paramilitares.
LAS PRUEBAS
En el caso de Hollman Morris, está probado que el DAS diseñó en su contra estrategias de desprestigio a nivel nacional e internacional y elaboró un video en el que lo señalaba de ser miembro de la guerrilla. En ese contexto, no es mera coincidencia el envío de coronas fúnebres que anunciaban su muerte. Las estrategias contra Hollman, de acuerdo con las pruebas en poder de la Fiscalía, al parecer serían ejecutadas en coordinación con el Ejército nacional y las AUC. Incluso el DAS tenía planeado “bloquear” la financiación internacional del programa Contravía y la obtención de visas para otros países, así como el robo de sus documentos para “sabotear” al periodista, al igual que el espionaje contra su familia y equipo de trabajo. Hollman además ha sido víctima de dos detenciones arbitrarias e incautación ilegal de material periodístico.
En el caso de Claudia Julieta Duque, se ha comprobado la existencia de órdenes por parte del DAS para “finalizar urgente” con la periodista, amenazar a su hija en forma directa y demandarla por injuria y calumnia, así como la responsabilidad de ese organismo en innumerables llamadas intimidatorias y otros hechos de tortura psicológica en su contra durante el año 2004, seguimientos e informes de inteligenciaincluso cuando la periodista se encontraba en el exilio, y de la infiltración de informantes para vigilarla de cerca. Adicionalmente, en su caso existen pruebas de que el DAS la persiguió desde el año 2001, cuando fue secuestrada y robada, hasta al menos el año 2008.
Hollman y Claudia Julieta trabajaron juntos en agosto de 2003 en la elaboración de un documental sobre el caso Jaime Garzón, mediante el cual demostraron la existencia de un montaje puesto en marcha por el DAS para desviar la investigación por el asesinato del humorista. Claudia Julieta investigaba el caso desde el año 2001, cuando empezaron los ataques en su contra. Existen evidencias para afirmar que a raíz de ese documental, emitido en el programa Contravía los días 17 y 24 de agosto de ese año, se incrementó la persecución en contra de ambos reporteros y sus familias.
Para los dos periodistas, es claro que los severos señalamientos públicos por parte del presidente Álvaro Uribe son coincidentes con la arremetida del G-3. Es así como, tras un discurso presidencial de septiembre de 2003 contra los defensores de derechos humanos, un memorando interno del DAS dirigido a Jorge Noguera, calificó a Claudia Julieta Duque como “traficante de derechos humanos”.
Igualmente, en noviembre de 2008, el presidente Uribe aseguró que existe una “recua de bandidos” y “una campaña orquestada por las FARC” para vincular al ex fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio, con grupos paramilitares. Claudia Julieta Duque es la autora del informe “Fiscalía General de la Nación: Una esperanza convertida en amenaza, balance de Luis Camilo Osorio”, publicado en el 2005, el cual demostró la infiltración del paramilitarismo en el ente investigador durante la administración del ex fiscal Osorio.
Como es de público conocimiento, el presidente Uribe ha arremetido en varias oportunidades contra Hollman Morris, al señalarlo de “hacer alianzas con el terrorismo para grabar atentados” (mayo de 2005). Para esa época, ya reposaban en el G-3 cientos de páginas con información de inteligencia en contra del director de Contravía. De allí, además, se desprende el nombre de la operación del G-3 en su contra: Operación Puerto Asís.
En febrero de 2009, el presidente insinuó una vez más la cercanía de Hollman Morris con las FARC, solicitó que se le investigara penalmente por “entrevistar bajo presión” a cuatro policías y soldados recién liberados, y lo acusó de evadir la protección del Estado para viajar a encuentros con esa guerrilla. Igualmente, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lo señaló de ser “afín a las FARC”. En forma casi inmediata, el periodista recibió más de 50 amenazas por correo electrónico.
Meses después, la Fiscalía archivó la investigación contra Hollman Morris y demostró que el reportero obró conforme a la ética periodística. La campaña de desprestigio que siguió a las acusaciones del presidente Uribe contra Morris coincide plenamente con las recomendaciones del G-3 y el DAS en su caso. El reportero aún está a la espera de una rectificación por parte del jefe de Estado.
En la actualidad, los dos periodistas y sus familias continúan en riesgo. De acuerdo con ambos, sólo la acción de la justicia y una directriz clara de la Presidencia de la República podrán generar algún cambio positivo en su situación de seguridad.
OTROS PERIODISTAS
A través de la persecución contra los periodistas Morris y Duque, también fueron obtenidos en forma ilegal datos, correos electrónicos, teléfonos e información privada de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Medios para la Paz, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York (CPJ), así como de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para entonces en cabeza del argentino Eduardo Bertoni, entre otros.
En la actualidad, la Fiscalía ha comprobado que los seguimientos ilegales del G-3 también tocaron a otros periodistas, a saber:
–Carlos Lozano Guillén, director semanario Voz.
–Alfredo Molano, El Espectador
–Dick Emmanuelsson, corresponsal internacional. Su caso se denominó “Operación Canela”.
–Ramiro Bejarano, columnista de opinión, diario El Espectador
–César Jérez, Agencia Prensa Rural. Hoy exiliado.
–Adriana Cuéllar, jefa de prensa de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
–Nicole Karsin, periodista independiente, colaboradora del diario estadounidense San Francisco Chronicle.
–Liam Craig Best, Justice for Colombia, Reino Unido.
La opinión no necesita pruebas. El periodismo investigativo está obligado a mostrarlas, asunto complicado cuando no hay garantías para las fuentes, mientras los poderosos investigados combinan colectivamente elecciones con negocios, corrupción, crímenes y despojo. En Colombia la información investigada está en las principales columnas de opinión y en los libros. La opinión y los libros siguen siendo vistos en el mundo como altares de libertad, y por eso en este país se habían atrevido menos contra ellos. El juicio contra Alfredo Molano por una columna en El Espectador está llegando a su fin. Contexto para un fallo.
El 25 de febrero de 2007 –va a hacer tres años- mi amigo Alfredo Molano Bravo, sociólogo, escritor y periodista, escribió una columna para el periódico bogotano El Espectador.
Era una columna como todo lo que él escribe cotidianamente: señalando orígenes, situando historias, proporcionando luces de entendimiento y líneas premonitorias. La columna de Molano hablaba de aquellas familias de la farándula económica, política y paramilitar que hace tiempo gobierna a Colombia a punta de combinar colectivamente elecciones con negocios, corrupción, crímenes y despojo. El término “colectivamente” es importante en esta historia, mientras el verbo “combinar” ha caracterizado siempre la historia del poder en este mi país (y lo sigue haciendo).
Llamándolos “notables” y “nobles”, Molano se refirió como ejemplo a varios apellidos de la Costa Atlántica que han hecho y deshecho, generación tras generación (y que siguen haciendo), así ahora pongan cara de santurrones.
En ese febrero de 2007, cuando Molano escribió su columna Araújos et al en El Espectador, sucedía que el padre y el hermano senador de la Canciller, “La Conchi” Araújo, estaban en la mira de la justicia por paramilitarismo.
Ante la presión de Estados Unidos había rodado la cabeza de “La Conchi” y el presidente Uribe había nombrado a otro Araújo como Canciller.
El nuevo ministro de Exteriores, Fernando Araújo, se había liberado hacía muy poco tiempo de un secuestro de seis años de las FARC. Las FARC, con ese secuestro, a su vez habían librado a Fernando Araújo de un enjuiciamiento por corrupción, relacionado con un caso cuyos términos judiciales acababan de prescribir cuando éste se le voló a la guerrilla en medio de un ataque de la fuerza aérea.
La columna de Molano comenzaba diciendo que unos Araújo no tenían que ver con otros como familia consanguínea, pero tenían, sin embargo, las mismas mañas al hacer sus negocios. Las mismas formas de nombrar parientes en puestos claves del Estado, ese gran ponqué para repartir entre todos ellos.
En su escrito, Molano mostraba que las élites regionales son muy poderosas en Colombia; que mantienen una fuerte injerencia política y que se sostienen gracias a un conjunto de arbitrariedades que los gobiernos, como es natural, no ven.
A pesar de que por ahora no se les conoce ninguna ejecutoria, ni buena ni mala, unos jóvenes pertenecientes a la familia de “La Conchi” se sintieron aludidos con aquello de “notables”.
Son cuatro, el menor de ellos de 25 años. Son primos de los Araújo, o primos de los Molina o de los Castro, o sobrinos de los Araújo, o tíos de los Molina, o de los Castro, o todos los anteriores: vaya usted a saber. En todo caso su destino, si a bien lo tienen, es ser los dueños en su región –repito que por herencia, y no necesariamente por méritos- de eso que aquella farándula denomina “la política”.
Estos jóvenes Araújo, o Molina, o Castro quieren hacer, parece, su debut profesional para darse a conocer nacionalmente y entrar por puerta grande a los salones festivos y a los asados domingueros donde se reparte el presupuesto nacional.
Han escogido un blanco fácil, cómo no.
Molano es vulnerable porque es toda una rareza. De esa gentuza, you know, que pone sus principios por encima de las conveniencias personales. Quizá es culpa de su maestro, el principal sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, que en agosto de 2008 nos dejó sin él. Fals decía que Colombia “necesita que se diga la verdad, así sea dolorosa, y aunque produzca serios inconvenientes a aquellos que se atreven a decirla”.
Eso lo escribió Fals en el prólogo de “La Violencia en Colombia – Estudio de un proceso social”, investigación conjunta con el obispo Germán Guzmán y el jurista Eduardo Umaña Luna, que recoge la memoria histórica de la raíz de esta guerra nacida en 1946. Cuando ese libro salió a circulación en 1962 Valencia, el presidente de entonces -muy admirado hoy por el fascismo colombiano- ordenó apostar tanques de guerra en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Todo indica que Molano le aprendió a Fals Borda. Detrás de su nombre hay un prestigio merecido. Hoy, Molano es un icono de la intelectualidad colombiana de izquierda.
Los niños Araújo, como los llamamos, entablaron una querella contra Molano, por cuenta de su columna Araújos et al.
Primero le propusieron una conciliación, que consistía en que Molano escribiera una columna que a ellos les gustara. Ellos le iban a introducir correcciones hasta aprobarla, Molano debía publicarla con su firma en El Espectador y asunto concluido.
Pero Molano, autor de más de 15 libros, cronista apetecido, el sexto columnista más influyente del país según la encuesta Panel de Opinión (enero 2010), se negó a jugar con su principal patrimonio que es precisamente su firma. No aceptó a los Araújo como censores de su trabajo. No aceptó la mordaza y nos dio prioridad a sus lectores, cómo les parece.
A los niños Araújo les ofreció ir a la región, hacer una investigación y precisar –no negar- lo afirmado en la columna. En esa labor, Molano hablaría con ellos. Los jóvenes rechazaron el trato tan riesgoso, y el juicio contra Molano por calumnia e injuria comenzó.
¿Por qué Molano no consideró la posibilidad de negar sus afirmaciones? Pues porque es que cuando uno viaja por allá -a la deslumbrante tierra vallenata, territorio garciamarquiano en el departamento del Cesar, al sur del desierto de La Guajira y de la Sierra Nevada de Santa Marta y pegado a Venezuela- la gente lo que le dice a uno es que todo lo que se diga sobre todas esas familias que mandan en la región es verdad. Que Alfredo Molano se quedó corto. Lo sostienen, pero sólo si se les resguarda la identidad. No hay garantías para los testigos.
Fue así como Molano conoció el mundillo kafkiano y cuasi incomprensible del código procesal, los pasos, las mediaciones, los términos, las instancias.
En el juicio, Molano es el “victimario”. Lleva desde mayo de 2007 sometido periódicamente a sentarse en la misma silla donde minutos antes –por ejemplo- se sentó un hombre que violó a la hija o mató a la mamá.
Él dice que se siente disminuido por ese sólo hecho. Yo lloro desde que comienza la audiencia hasta que termina, sentada tomando apuntes en primera fila en los asientos destinados al público en el juzgado. “Es que ella llora por todo”, dice Molano, y es cierto. Lo que llama la atención es la propiedad con que manejan el escenario los niños Araújo. Se perciben como que fueran ellos quienes le dieran empleo al juez.
El apoyo nacional e internacional que se le ha dado a Molano ha sido crucial para él.
Ahora se anuncia nuevamente que el 29 de enero será la audiencia pública de juzgamiento en su proceso, el veredicto final.
Fuera del drama personal, están en juego en este juicio cuatro penas duras contra Molano: una multa, una indemnización a las “víctimas”, que son los herederos de los clanes Araújo y Molina, y la cárcel.
La cuarta pena es más grave que todo eso junto: la prohibición y la mordaza. La prohibición de escribir.
Para gente como Molano (o como yo), “dejar de escribir es un poco dejar de vivir”, en sus palabras. Escribir (contando encuentros y descubrimientos) es nuestra forma de vida económicamente y emocionalmente; es nuestra ciudadanía.
Pero lo que se está jugando la sociedad colombiana en el juicio contra Molano no es menos costoso.
Ha quedado probado que al gobierno de Álvaro Uribe le incomodan, le fastidian y le irritan no sólo las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía, sino también las denuncias de defensores de derechos humanos y de periodistas y los señalamientos de la oposición.
Esa viscosidad incalificable que está detrás del gobierno colombiano actual, y que se ha tomado el parlamento y otras cosillas, anda buscando en este, y en otros numerosos casos, una jurisprudencia que restablezca el delito de opinión, en contra de la libertad de opinión y de la libertad de prensa.
La viscosidad quiere cobrarse una pieza, el valioso Molano. Y sentar un precedente; conseguir una herramienta jurídica para poder intimidar a los columnistas. La viscosidad necesita poder actuar legalmente sobre la gente que opina, esa gente peligrosa cuya voz circula e influye.
La opinión no necesita pruebas. El periodismo investigativo está obligado a mostrarlas, asunto complicado cuando no hay garantías para las fuentes y los investigados combinan todo lo que dije arriba. En Colombia la información investigada está en las principales columnas de opinión -menos reguladas incluso desde el punto de vista periodístico- y en los libros. La opinión y los libros siguen siendo vistos en el mundo como altares de libertad, y por eso en Colombia se habían atrevido menos contra ellos.
Ya han sido aplazadas cinco audiencias finales en el juicio contra Molano. Quizá haya fallo adverso el día que los lectores de Molano se cansen de ir al juzgado para estar ahí, presentes con su apoyo. Pero tal vez la justicia considere que su deber es preservar la libertad de opinión, y por esa vía ayudar a cuidar “la verdad, así sea dolorosa”.
Para quienes estén ese día por acá en Bogotá:
La audiencia pública es el viernes 29 a las 9:00 a.m.
El presidente venezolano Hugo Chávez dijo hoy que su homólogo colombiano Álvaro Uribe entregó a Colombia, a cambio de que Estados Unidos no le cobre sus nexos con el narcotráfico. «Yo no tengo duda ya de quién es el presidente Uribe. De dónde viene. Paramilitarismo. Narcotráfico. Y unas redes de lo más oscuro y podrido que uno pueda imaginarse. (…) Está tan metido en camisa de 11 varas, que entregó a Colombia a cambio del perdón. Es el precio que le pusieron los yanquis al presidente Uribe (…). El congreso de Colombia: más de la mitad de los senadores y diputados [sic] están en prisión, o por el narcotráfico o por la corrupción».
No sé si un jefe de Estado deba decir esas cosas de otro. Lo que sí sé es que, por ejemplo entre corrillos de periodistas en Colombia -muy lejos de ser chavistas-, se dice lo mismo.
Un artista ha sido censurado en mi país. Los narcos dicen que es un lumpen. El alcalde de la ciudad de Manizales está promoviendo que no sea recibido en ningún municipio de Colombia. Se trata del vocalista René Pérez, «Residente», de la banda Calle 13, de Puerto Rico. Calle 13 grabó con Mercedes Sosa Canción para un niño en la calle.
En 2005, «Residente» compuso la canción Querido FBI, en respuesta al asesinato de Filiberto Ojeda, líder del movimiento independentista portorriqueño de Los Macheteros.
Calle 13 ganó en 2006 el premio MTV Video Music Award Latinoamérica en la categoría de Artista Promesa, en México, y en los Grammy Latinos del mismo año, en New York, los premios a Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Video Versión Corta. En 2007 la banda lanzó Tango del Pecado. En 2008 interpretaron en los Premios MTV Latinoamérica, junto con la banda mexicana Café Tacuba, No hay nadie como tú. Ese mismo año, Calle 13 produjo Los de atrás vienen conmigo («A mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave…«). Este álbum incluye La Perla, que Calle 13 interpretó con Rubén Bladés. Sólo Calle 13 logró sacar de su mutismo musical de varios años al mítico salsero panameño («Qué te parece, esta combinación de Rubencito y Calle 13…»).
Con Orishas, de Cuba, Calle 13 grabó Pa’l Norte, «para todos los emigrantes del mundo entero«. En julio de este año apareció Sin mapa, un recorrido por la inspiración de Calle 13, que se puede ver en varios segmentos en Youtube.
Y en octubre, René Pérez, de Calle 13, presentó junto a Nelly Furtado los Premios MTV Latinos, en Los Ángeles y con presentaciones simultáneas desde México y Bogotá. Ahí fue Troya. «Residente» lució distintas camisetas con letreros como «Chávez nominado Mejor Artista Pop», «México nunca olvida 2/oct/68», fecha de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, «Viva Puerto Rico Libre», «Micheletti rima con Pinochetti», y «Uribe Es Para Militar», que también se podía leer como «Uribe Es Para Bases Militares». Y mientras lucía esta camiseta sobre Álvaro Uribe, «Residente» mencionaba lugares de Colombia, incluyendo Ciudad Bolívar, enorme barriada al sur de Bogotá a donde llegan al mes miles de desplazados por la guerra en todo el país, y dominada por paramilitares.
Total, «Residente» se volvió por acá «alias Residente». Quienes dominan los espacios de opinión en Colombia consideraron que la bien diseñada camiseta era un insulto a la nacionalidad. La Cancillería emitió un comunicado de repudio en el que sugiere a las directivas del canal MTV, palabras más palabras menos, censurar en adelante ese tipo de manifestaciones.
El cantautor respondió a la cancillería colombiana con la carta que copio debajo. Espero que no pase mucho tiempo y que yo pueda conocer a René Pérez Joglar en mi país, que es mucho más que Uribe, y sin censura. Bienvenido desde ya.
19 de octubre, 2009
San Juan, Puerto Rico
Carta abierta a la Cancillería de Colombia
Por medio de esta carta les dejo saber lo que siento desde lo más profundo de mi corazón.
Yo amo a Colombia. Por eso me preocupa la entrada de bases militares extranjeras al país. Como puertorriqueño yo he vivido esto en carne y hueso y no me gustaría que su país pasara por lo que pasa el mío.
Según su comunicado, yo insulté a su presidente con el texto de mi camiseta.
En esa camisa existe un juego de palabras, tiene una doble lectura. Uno lee lo que quiere. Por lo menos yo leo claramente Uribe Para Bases Militares. Un mensaje directo y claro. El concepto de mis camisas fue creado por la misma gente a través de «Twitter». La camisa de Colombia la hizo un colombiano, la de Venezuela un venezolano y así sucesivamente. Se hizo una de cada país.
La idea de las camisas fue darle voz a los pueblos, a la gente que por lo general no la tiene ni son escuchados. En lugar de vestir una corbata bonita, opté por enviar un mensaje. Un mensaje no sacado de mi cerebro, sino de alguien que respira el mismo aire que se respira en Colombia día a día. Mi lucha no es contra el presidente, sino contra todo lo que promueva la guerra, como lo son las bases militares. El texto de la camiseta recoge también un sentimiento de muchos de los jóvenes de su país, los cuales como cualquier ser humano con sentimientos, comparto totalmente.
No puede ser que en este siglo todavía existan personas sin la habilidad para entender el derecho que tenemos los artistas de expresar lo que sentimos a todos los niveles. La censura no debe ser de parte del gobierno. El que no me quiere escuchar, que simplemente no venga al concierto. Esa sería la manera más válida y legítima de censurarme. Con todo el respeto que se merece el señor Uribe, el presidente de Colombia no es Colombia. Colombia es mucho más que un presidente. Como dice Rubén Blades: «la patria no la definen los que suprimen a un pueblo».
Con estas palabras me despido, no sin antes mandarle un beso a todos los lugares a los que he visitado en Colombia como lo son la Sierra Nevada en Santa Marta, Palenque, San Jacinto, Maicao, Cali, Medellín, Bogotá, Valledupar, Cúcuta, Bucaramanga, Barraquilla, Cartagena y a todos los lugares que me faltan por recorrer.
El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso decidió suspender la confesión de sus crímenes ante la justicia colombiana.
En su décima audiencia de versión libre desde Estados Unidos, a donde fue extraditado por narcotráfico en mayo de 2008, Mancuso leyó una carta de 19 páginas dirigida a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, a la Corte Penal Internacional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ella subraya que su extradición, junto con otros capos paramilitares desmovilizados, se dio luego de que él comenzó a confesar “las primeras verdades”, especialmente, dijo, en la audiencia de mayo de 2007. “Ante la imposibilidad de callarnos, el gobierno nos extraditó» sostuvo. Agregó que su familia está amenazada y recordó que su hijo de 11 años fue blanco de un atentado.
En esa audiencia, durante la cual nerviosos fiscales aclararon a la prensa que las afirmaciones de Mancuso aún tenían que ser cotejadas por la justicia, Mancuso relacionó en distintos grados supuestamente con los paramilitares al vicepresidente Francisco Santos, al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a los generales Rito Alejo del Río (“el Pacificador de Urabá” durante la gobernación de Antioquia del actual presidente Álvaro Uribe, y actualmente procesado por homicidio agravado en persona protegida), Iván Ramírez Quintero (ex jefe de inteligencia del Ejército y hoy procesado por desaparición forzada en la retoma del Palacio de Justicia en 1985), Martín Orlando Carreño (sucesor de Del Río y posteriormente comandante del ejército, fallecido), Alfonso Manosalva (fallecido) y Rosso José Serrano, ex director nacional de la Policía.
Entre numerosos políticos, también involucró al primo del Presidente, por entonces senador Mario Uribe Escobar, actualmente procesado por la Corte Suprema de Justicia por relaciones con paramilitares.
En la citada y explosiva audiencia de 2007, Mancuso igualmente mencionó a empresas y empresarios.
Comprometió a Doll, Chiquita, del Monte, Proban, Banacol y Uniban, del sector bananero; a palmicultoras; a empresas de transporte terrestre de pasajeros, como Copetrán y Brasilia; a cafeteros de la Sierra Nevada de Santa Marta; a gasolineras, madereras, pesqueras y carboneras, como Prodeco y Carbones del Caribe; petroleras como Ocensa, Ecopetrol, British Petroleum (BP), Triton y Total; a Postobón, empresa de gaseosas, y a Bavaria, de cerveza, adquirida después por la multinacional Sab Miller.
Mancuso dice que no seguirá declarando porque el aislamiento en el que lo tienen las autoridades estadounidenses no le permite consultar y verificar con sus antiguas tropas los miles de asesinatos que le atribuyen las víctimas.
“No me atrevo a hacer confesiones si no puedo documentar lo que se me reprocha”, consignó Mancuso, y agregó que sin embargo no renuncia a la jurisdicción de Justicia y Paz, marco legal colombiano que le garantiza máximo ocho años de cárcel por todos sus delitos.
Seguirá, pues, asistiendo desde Estados Unidos a las sesiones por videoconferencia en las que los tribunales de Justicia y Paz le hacen imputaciones de cargos aunque, aclaró, los acuerdos de desmovilización paramilitar con el gobierno de Álvaro Uribe fracasaron.
En el pasado, el propio Mancuso ha dicho que miles de paramilitares han vuelto nuevamente a las armas tras su desmovilización. Según la Misión MAPP-OEA, serían siete mil.
«Mientras existan actores del conflicto que hayan quedado por fuera del proceso de paz, mientras existan intereses oscuros en Colombia en que no se siga conociendo la verdad, nunca habrá un conocimiento total de la verdad ni se obtendrá la reparación que corresponde a las víctimas, y mucho menos justicia, y por ende no habrá nunca paz en Colombia», dijo Mancuso en su carta.
A pesar de que, tan pronto fueron extraditados los ex jefes paramilitares, el embajador estadounidense William Brownfield y el gobierno colombiano anunciaron que pactarían un acuerdo formal entre ambos países para garantizar la continuidad de las confesiones de los paramilitares, un año y cuatro meses y medio después ese pacto, que se sepa, no existe.
Los paramilitares, incursos en crímenes de lesa humanidad y en crímenes de guerra, están siendo juzgados en Estados Unidos exclusivamente por narcotráfico. Un delito menor en comparación, según ha advertido el juez español Baltasar Garzón.
Los tres sostienen que las condiciones de su encierro son un obstáculo para esclarecer la verdad en la guerra colombiana. “Don Berna” argumentó la suspensión indefinida de sus confesiones bajo la jurisdicción de Justicia y Paz al hecho de que su familia y sus abogados corren peligro en Colombia.
Sólo 17 hombres del Bloque Vencedores de Arauca (BVA) han sido llamados a declarar ante la justicia colombiana en cuatro años, desde que esa fuerza paramilitar que operaba en la frontera con Venezuela se desmovilizó con 500 combatientes, en diciembre de 2005, bajo el esquema de la Ley de Justicia y Paz.
“Al comienzo hubo cierta celeridad” por parte de la justicia, “pero ésta se frenó cuando nuestra verdad develó el trabajo en equipo” entre el BVA y políticos, la agencia de inteligencia DAS, la Policía y el Ejército, afirma el ex jefe paramilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “El Mellizo”, en carta desde una cárcel en Virginia, Estados Unidos, país a donde fue extraditado por el presidente Álvaro Uribe en 2009.
“La victimización de colombianos se hizo en estrecha colaboración gobierno-AUC, por ende nos cabrá la misma responsabilidad tanto jurídica como histórica”. “El holocausto de Colombia fue diseñado en las entrañas del gobierno y llevado a efecto por los idiotas útiles que fuimos nosotros”, agrega este narcotraficante que conformó el BVA en 2001, cuando los paramilitares adelantaban pactos secretos con políticos para desmovilizarse tan pronto ganara un gobierno como el que efectivamente ganó en 2002.
“El Mellizo” pide que la justicia escuche en declaración a todos los miembros del BVA que sobreviven, pues “más de 600” murieron, llevándose muchas verdades a la tumba. Y así, “en un plazo de no más de seis meses” se sabría sobre muchos de los crímenes y sobre las alianzas del paramilitarismo narcotraficante en el oriental departamento de Arauca, y por lo tanto “quién es el que le teme a la paz y a la verdad”.
A sus víctimas de Arauca, “El Mellizo” les dice que “espero que se organicen y exijan”, y que “no permitan que se siga haciendo política con su dolor”.
El Decreto 3672 de 2009 prohíbe a los medios de comunicación transmitir información sobre «orden público», como se le dice a la guerra en Colombia, si ésta no está previamente confirmada por fuente oficial, durante las elecciones primarias que harán cuatro partidos políticos este domingo.
El diario El Universal, de Cartagena de Indias, publicó el 13 de este mes una curiosa noticia, de la que se desprende que los grafiteros que la emprendan contra las bases militares colombianas de Estados Unidos son pandilleros terroristas que causan daño al bien ajeno.
Me pregunto si grafiteros que eventualmente pintaran paredes a favor de las bases militares también serían acusados de terrorismo. O si es que la censura a la libertad de opinión ahora se va a extender a la muralla –que, como dice el aforismo, es “el papel de la canalla”.
La nota de prensa, que reproduzco, habla por sí sola. Vale agregar que la JUCO (Juventud Comunista) es una organización legal, asociada al Partido Comunista, también legal, y que ambos hacen parte del movimiento de centro izquierda Polo Democrático Alternativo, con bancada en el parlamento colombiano. Y que Sincelejo es la capital del noroccidental departamento de Sucre, cuna de un importante movimiento campesino ya diezmado por la guerra; escenario de miles de asesinatos de líderes populares y, dominado por una dirigencia no ya estrechamente ligada al paramilitarismo, sino que ha conformado escuadrones de la muerte para exterminar a la disidencia electoral.
PROTESTAN POR USO DE BASES POR PARTE DE EE.UU.
Aparecen graffitis en varios sectores de Sincelejo
EL UNIVERSAL
SINCELEJO
La aparición de varios graffitis en distintos sectores de la ciudad, a través de los cuales se protesta por las instalaciones de bases militares de Estados Unidos en Colombia, obligó a las autoridades a la implementación de acciones para dar con los responsables de estos hechos.
Los graffitis fueron pintados en paredes de residencias, colegios y hasta en una nueva sede de una iglesia protestante.
La Policía informó que hasta el momento se desconocen los autores de estos hechos, que de establecerse se podrían ver vinculados a un proceso por el delito de daños en bien ajeno, hasta terrorismo.
Residentes del barrio precisaron que el graffiti pintado en ese sector fue obra de un grupo de jóvenes, al parecer, pandilleros que transitan diariamente por este sector.
La Policía investiga las iniciales Juco, las cuales, al parecer, son de una pandilla que se autodenomina de esa forma.
También han sido pintados graffitis en sectores como Mochila, zona céntrica, La Pajuela, Bosque, La María y en barrios de la zona norte de Sincelejo.
Precisamente cuando quedó libre el periodista iraquí que en plena rueda de prensa le tiró un zapato al entonces presidente Bush en gesto que, aunque inapropiado en periodismo, generó fervor y simpatía mundiales, el nuevo ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva Luján, le lanzó un poco diplomático zapatazo al gobierno de España.
España ofreció nuevamente el martes mediar en la crisis entre Colombia y Venezuela, así que el miércoles una periodista de la cadena Caracol Radio, de propiedad del grupo español Prisa, le preguntó al aire a Silva Luján: “Ministro, ¿Colombia estaría considerando esa mediación, esos buenos oficios que ayer reiteró el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, para dialogar con Venezuela y superar esta crisis diplomática?”
-“Yo le contestaría a él que… Zapatero, a tus zapatos”, dijo el ministro Silva.
-“Já Já… Zapatero a tus zapatos…” –otro periodista que retomó el micrófono a continuación, habituado quizá a no cuestionar a los poderosos, se lo celebró como chiste y pasó a otro tema en la entrevista.
Horas más tarde, la misma emisora reprodujo, también sin objeciones, las disculpas del ministro Silva, quien se justificó diciendo que “yo vengo de la gente del campo” y por eso es maleducado y poco diplomático.
Que se lo crean en España, digo yo. Silva sí fue gerente de la Federación de Cafeteros durante siete años, pero su maleducadez con toda seguridad se le pegó en otra parte.
Silva estudió Ciencia Política en la privada -y costosa- Universidad de los Andes e hizo cursos de postgrado en economía y relaciones internacionales en la Escuela de Estudios Internacional Avanzados de la Universidad John Hopkins, en Estados Unidos. Fue asesor de Asuntos Políticos y Seguridad del presidente Virgilio Barco (1986-1990) e hizo parte del círculo cercano de César Gaviria (1990-1994) como consejero de Asuntos Internacionales. Gaviria lo envió en 1993 de embajador en Washington, y luego pasó a trabajar en calidad de asesor especial del mismo Gaviria, cuando éste fue secretario general de la OEA.
Con esa hoja de vida, a Silva Luján le queda difícil sustentar aquello de que es que “yo vengo de trabajar con el sector agrario, y a veces no somos tan elegantes como en los círculos diplomáticos”.
¿O será que cuando fue embajador les respondió a los estadounidenses también a zapatazos, cuando estos le inquirieron por la fuga de Pablo Escobar de la finca-cárcel en la que el capo había aceptado recluirse?
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
La opinión no necesita pruebas. El periodismo investigativo está obligado a mostrarlas, asunto complicado cuando no hay garantías para las fuentes, mientras los poderosos investigados combinan colectivamente elecciones
Un artista ha sido censurado en mi país. Los narcos dicen que es un lumpen. El alcalde de la ciudad de Manizales está promoviendo que no sea recibido en ningún municipio de Colombia. Se trata del vocalista René Pérez, «Residente», de la 
El Decreto 3672 de 2009 prohíbe a los medios de comunicación transmitir información sobre «orden público», como se le dice a la guerra en Colombia, si ésta no está previamente confirmada por fuente oficial, durante las elecciones primarias que harán cuatro partidos políticos este domingo.
El diario El Universal, de Cartagena de Indias, publicó el 13 de este mes una curiosa noticia, de la que se desprende que los grafiteros que la emprendan contra las bases militares colombianas de Estados Unidos son pandilleros terroristas que causan daño al bien ajeno.