La advertencia principal que el movimiento colombiano por la paz tiene para UNASUR es: la paz en Colombia es necesaria para la integración suramericana y para evitar la regionalización de la guerra.
Si UNASUR no quiere que le pase lo que a la Comunidad Andina de Naciones -que está en cuidados intensivos, en últimas, por evadir durante decenios la realidad de que en Colombia hay una guerra- debe actuar frente al conflicto colombiano.
El mensaje de la Diplomacia Ciudadana por la Paz, que impulsa la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, movimiento integrado por un centenar de organizaciones de la sociedad civil de Colombia, fue atendido por las delegaciones gubernamentales en Bariloche.
Menos de una hora después de que culminara la cumbre de UNASUR sobre la apertura de las bases militares colombianas a Estados Unidos, llegó desde ese balneario argentino el análisis de la Asamblea Permanente.
Éste llama la atención sobre el hecho de que es la primera vez que en América del Sur un pacto militar bilateral se discute en un escenario multilateral.
Aquí el texto.
La agenda de Bariloche: repercusiones de la cumbre de UNASUR
1. La cumbre hizo evidente la preocupación de todos los gobiernos que integran UNASUR sobre los alcances del convenio de cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia, en términos de estabilidad política, seguridad, integridad territorial, soberanía, armamentismo y paz. En este sentido se explica la convocatoria a una reunión del Consejo Sudamericano de Seguridad, la intención de monitoreo y verificación del convenio entre Estados Unidos y Colombia y la implementación de un mecanismo de transparencia, que garantice que no habrá bases militares extranjeras en territorios de los países de América del Sur. Pese a su molestia, el gobierno colombiano cedió en este punto, aun cuando reafirmó que el acuerdo ya está finiquitado y no es sujeto de modificación alguna. Fue clave la intervención del presidente Hugo Chávez para identificar los peligros del convenio de cooperación, en términos estratégicos de seguridad del gobierno de Estados Unidos. El presidente Correa de Ecuador demostró que no se necesitan esos acuerdos para combatir el narcotráfico y puso en evidencia el compromiso de su gobierno en la frontera con Colombia.
2. El armamentismo fue tema obligado en la cumbre, así como otros tratados y convenios militares que van a ser objeto de monitoreo por el Consejo Sudamericano de Defensa. El presidente Chávez se adelantó a ofrecer toda la información sobre el convenio militar suscrito por Venezuela con Rusia y con Irán.
3. Es la primera vez en Sudamérica que un tema de cooperación militar se discute en un espacio multilateral. Antes, los tratados militares se imponían sin ninguna posibilidad de discusión. Hay un nuevo escenario político en la región y se reafirma el rol de UNASUR, que sale fortalecida de la reunión de Bariloche. La presidenta Bachelet hizo énfasis en la agenda tradicional y la nueva agenda de seguridad en la región y reafirmó la transparencia en el tema de armas y recursos de seguridad y en la cooperación multilateral.
4. Quedó clara la necesidad de un diálogo político entre UNASUR y el gobierno de los Estados Unidos en torno a los temas de seguridad regional y lucha contra las drogas. La propuesta del presidente Lula tuvo acogida entre los mandatarios que integran la UNASUR, aun cuando es significativa la oposición del presidente de Colombia. Si se mantiene el espíritu de “alianza entre iguales” expresado por el presidente Obama en Trinidad y Tobago, este diálogo es posible.
5. Avanza una propuesta cooperación regional y multilateral en la lucha contra el narcotráfico, previa evaluación de la eficacia de la militarización y la estrategia implementada mediante el Plan Colombia. El rol principal estará a cargo del Consejo Sudamericano de lucha contra el narcotráfico. Este será un nuevo escenario de debate público que demanda una decidida participación de la sociedad civil.
6. A pesar de las preocupaciones expresadas por el presidente Lula, la transmisión en directo por televisión contribuyó a moderar el lenguaje de los mandatarios y, al final, a las espontáneas manifestaciones de aprecio y respeto entre los presidentes de Colombia y Ecuador, como antesala de un eventual diálogo entre los dos gobiernos.
7. Fue muy importante la contribución de la presidenta Cristina Fernández para moderar la reunión en momentos críticos y asegurar un resultado positivo de la cumbre. Este pedido de la presidenta de Argentina, así como las gestiones previas del presidente Lula, ayudaron en esta dirección.
8. El presidente Uribe logró incluir a la OEA en los mecanismos que adopte el Consejo Sudamericano de Defensa, así como un consenso en torno a la necesidad de combatir el terrorismo y a los grupos ilegales, que no tuvo objeción en la cumbre. En cambio no fue bien recibida la propuesta de Uribe de declarar terroristas a los grupos guerrilleros colombianos y penalizar el consumo de drogas en los países sudamericanos.
9. Cada vez más se posiciona la interlocución de UNASUR con la sociedad civil, en virtud del artículo 18 del organismo que asegura la participación ciudadana en las deliberaciones y decisiones. La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz de Colombia logró hacer saber de todos los mandatarios y ministro de relaciones exteriores sus propuestas y reflexiones en torno a la crisis diplomática entre Colombia, Venezuela y Ecuador, la ampliación del convenio de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos y la urgencia de avanzar hacia una solución no militar del conflicto armado en Colombia.
10. Justamente el tema de la paz en Colombia, premisa necesaria para asegurar la integración, evitar la regionalización del conflicto y evitar más roces diplomáticos, fue planteado al final por el presidente Hugo Chávez y abre la posibilidad de que UNASUR asuma un liderazgo en esta dirección.
Jorge Rojas
Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz
Los mandatarios de la Unión Suramericana de Naciones están reunidos este viernes en Bariloche, Argentina, para discutir el pacto del presidente colombiano Álvaro Uribe con el Pentágono, que abre todas las bases colombianas -y no sólo siete como nos han dicho- al uso de las tropas estadounidenses. El sólo hecho de la cumbre de UNASUR demuestra qué tan perdida está la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, cuando pretende que “este acuerdo no les incumbe a otros países”.
El movimiento Colombianas y Colombianos por la Paz (CCPP), que a contrapelo de la política gubernamental inició desde septiembre del año pasado un Diálogo Público Epistolar con las guerrillas, con miras a encontrar una solución política a la guerra colombiana, entregó hoy una carta a los presidentes de UNASUR.
“Estamos persuadidos de que la prolongación de la guerra interna en Colombia no sólo descompondrá de manera creciente a los actores directos del conflicto sino que profundizará el envilecimiento moral y político de la vida colectiva”, dice la carta.
Ante la ahora ya abierta intervención militar estadounidense en Colombia, uno se pregunta ¿a dónde irá a parar la solución política?
La carta de CCPP llama a no quedarse en las declaraciones del gobierno civil de Estados Unidos. Apunta a la necesidad de conocer qué diablos anda haciendo y diciendo el complejo militar-industrial de ese país, que es el que realmente tiene el poder allá. También, anota que Colombia no podrá tener realmente control sobre las actividades militares de Estados Unidos aquí. “Vamos, en ningún lugar del mundo un general Fernández le da órdenes a un general Johnson”, como lo expresó la presidenta argentina.
Dejo a mi lector o lectora con el texto de la carta que han recibido hoy los presidentes de UNASUR, de manos de una delegación de CCPP que viajó hasta Bariloche.
Bogotá, D.C., agosto 27 de 2009
Señoras y señores
Presidentes
Unión Suramericana de Naciones UNASUR
E. S. M
Respetados Señores y Señoras Presidentes de UNASUR:
Colombianas y Colombianos por la Paz, expresión ética de sectores de la sociedad colombiana que aboga por la terminación del conflicto armado interno, su humanización y el diálogo para las salidas a problemas estructurales, les presenta su atento y cordial salud.
Los acuerdos de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos afectan la seguridad de la región. La voz de los mandatarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela se ha levantado para alertar y disentir de las negociaciones militares de los dos países. Sin embargo, en rueda de prensa ofrecida en la visita del canciller colombiano, Jaime Bermúdez, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, señaló que “Este acuerdo no les incumbe a otros países, es sobre cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia, dentro de Colombia”, y apremió a los países vecinos de Colombia a apoyar y contribuir de manera propositiva.
Más allá de las declaraciones de los altos funcionarios de Estados Unidos y las palabras del presidente Uribe y su canciller, es preciso poner atención a exposiciones provenientes de medios militares norteamericanos. Antes de que los acuerdos tomaran alguna forma, en abril de este año, se conoció un informe elaborado por el Comando Aéreo para la Movilidad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (AMC). En él examinaban las posibilidades de la base colombiana de Palanquero para los intereses militares de su país y se mencionaban consideraciones, como la siguiente: “Recientemente el Comando Sur se ha comenzado a interesar en establecer un punto para ejecutar operaciones de movilidad (…) El Comando Sur ha identificado Palanquero, Colombia, como una localidad de cooperación en seguridad”. Se precisaba, además, que el objetivo no era únicamente la persecución al narcotráfico: “Incluir a Suramérica en la estrategia de ruta global logra dos objetivos: ayuda a materializar nuestra estrategia de compromiso en la región y asiste con la movilidad en la ruta hacia África”.
La posición de varios países del continente en torno a la relación militar entre Estados Unidos y Colombia no resulta entonces sorprendente. Con ocasión de la Cumbre de Países Suramericanos, el 31 de agosto de 2000, los gobiernos de Perú, Brasil, Ecuador y Venezuela expresaron en aquel entonces su preocupación por la firma del Plan Colombia. Si se tiene en cuenta que el primer año del presente milenio se diferenciaba de la configuración geopolítica actual, se convendrá que ha existido en la región preocupación de los Estados por un tema que trasciende los cambios en los regímenes políticos.
Más allá de esa información, que permite entender que el acuerdo proyectado tiene dimensiones que desbordan el alcance bilateral que se declara, es importante tener en cuenta que en el mundo contemporáneo el desarrollo científico y técnico ha modificado de manera significativa las actividades de carácter militar. Aunque se proclame que su alcance no trascenderá determinadas fronteras, como serían las de Colombia, es indudable que esas acciones pueden sobrepasar esos límites de forma incontrolada, lesionando la soberanía territorial de otros países que no participan en el Acuerdo de cooperación militar.
Nadie puede garantizar que se utilicen de manera oculta los novedosos instrumentos militares para fines diferentes a los que se definan de manera formal. Ni tampoco basta que ondee la bandera nacional o que se diga que las operaciones serán previamente autorizadas por las fuerzas colombianas. Por su desequilibrio en el conocimiento y operación de los elementos técnicos disponibles, en el país no habrá capacidad de ejercer control.
Desde otra perspectiva, se debe tener en cuenta que el conflicto armado interno en el país tiene características tales que sus consecuencias afectan los países vecinos, como lo reconoce el gobierno nacional. A título ilustrativo, basta mencionar los episodios que han tenido como protagonistas a las fuerzas insurgentes o a las mafias paramilitares en los territorios de Venezuela y Ecuador, imponiéndoles a los gobiernos de estos países onerosas cargas por un conflicto que no es el suyo. Además, esas fuerzas irregulares han llegado a violar la soberanía territorial. De igual manera, el conflicto ha provocado fenómenos migratorios y desarticulación de las relaciones económicas fronterizas, que afectan de manera sensible la organización social de la población de las fronteras.
En estas circunstancias, no es posible explicar y justificar la cooperación militar de Estados Unidos con el gobierno colombiano como un asunto sólo bilateral, que responde en forma exclusiva a la voluntad soberana de los dos gobiernos. No está sólo en juego el interés nacional colombiano, como se destaca para alentar nacionalismos, sino el de toda la región y, en especial, el de los países limítrofes.
Este problema debe ser, por consiguiente, materia de debate, de negociación y acuerdo entre los afectados por el conflicto, para examinar, como lo viene impulsando Colombianas y Colombianos por la Paz, dentro de una alternativa humanitaria que abra el camino a una superación del conflicto interno colombiano. Los recursos que exige la guerra podrían tener una destinación diferente, en la dirección del cambio de las situaciones socioeconómicas injustas que representan, en última instancia, las raíces de este prolongado, complejo y difícil conflicto que padece la sociedad colombiana.
EnColombianas y Colombianos por la Pazluchamos por el Intercambio Humanitario e inscribimos nuestros esfuerzos en el horizonte de una superación política del conflicto interno. Condenamos los actos de terror independientemente de los agentes que los propicien sean estos los organismos del Estado o las formaciones de la insurgencia. Rechazamos la pretensión de buscar cambios de la sociedad y del Estado por el camino de la acción armada pero al tiempo auspiciamos iniciativas que desde la sociedad civil conviertan a la Insurgencia en referencia de interlocución y no únicamente la destaquen como objeto de estigmatización y diatriba.
Estamos persuadidos de que la prolongación de la guerra interna en Colombia no sólo descompondrá de manera creciente a los actores directos del conflicto sino que profundizará el envilecimiento moral y político de la vida colectiva.
Nos preocupa que decisiones de algunos gobiernos afecten el empleo de emigrantes nacionales. Aparte de castigar a quienes nada tienen que ver con las actuaciones oficiales, se ofrece una ocasión propicia para que se emprendan inconvenientes campañas nacionalistas, con el ánimo de fortalecer las encuestas de opinión.
Apelamos, por lo tanto, a UNASUR, y en particular a cada uno de los mandatarios nacionales, a reflexionar sobre la situación colombiana, para impedir la posibilidad de que se profundice el conflicto. Este riesgo se derivaría del acuerdo de cooperación proyectado, puesto que traería consecuencias lesivas para la región y los países limítrofes, comprometiendo las soberanías nacionales. Nuestros pueblos tienen el derecho a vivir en paz, bajo condiciones de convivencia dignas y justas.
Se debe fortalecer el diálogo político para evitar la prolongación y profundizar el conflicto mediante el exterminio como única perspectiva, sino de encontrar senderos novedosos para construir la paz. Clamamos por soluciones que eviten un clima de tensión y armamentismo. Se debe buscar una verdadera cooperación con alternativas pacíficas de superación del conflicto armado colombiano. En este sentido, apreciamos que, como lo ha sugerido el Presidente Lula Da Silva, un diálogo constructivo entre UNASUR con el presidente Obama resultaría altamente conveniente.
Confiamos, Señores y Señoras Presidentes de UNASUR, que nuestra voz tenga audiencia en esta prometedora organización de la comunidad de naciones suramericanas.
Con nuestro mayor respeto,
Colombianas y Colombianos por la Paz
Piedad Córdoba Ruíz, Medófilo Medina, Alpher Rojas Carvajal, Olga Amparo Sánchez, Iván Cepeda Castro, Gloria Cuartas, Lisandro Duque Naranjo, Gloria Inés Ramírez, William Ospina, Víctor Manuel Moncayo, Jorge Enrique Botero, Alberto Cienfuegos, Francisco Caraballo, Danilo Rueda, Marck Chernik, Ricardo García Duarte, Florence Thomas, Alfredo Molano B, Luís Fernando Medina, Daniel Samper Pizano, Andrés Felipe Villamizar, Leopoldo Múnera Ruíz, María Teresa Arizabaleta, Ricardo Sánchez A, Álvaro Camacho Guisado, Fabio Morón Díaz, Marleny Orjuela Manjarres, Consuelo González de Perdomo, José Gregorio Hernández, Alfredo Beltrán Sierra, Gabriel Misas Arango, Lilia Solano, Gustavo Gallón Giraldo, Luís Eladio Pérez, Libardo Sarmiento Anzola, Oscar Tulio Lizcano, Carlos Miguel Ortiz, Claudia Rugeles de Jara, Jaime Angulo Bossa, Jimmy Viera, Orlando Beltrán Cuellar, Javier Darío Restrepo, Darío Arizmendi Posada, Ramón Jimeno, David Sánchez Juliao, Hollman Morris, Harold Alvarado Tenorio, Arlene B. Tickner, Vladimir Flores (Vladdo), Marlene Singapur, Alberto Rojas Puyo, Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, Efraín Viveros, Consuelo Ahumada, Ricardo Bonilla G, Jairo Maya Betancur, Renán Vega Cantor, Felipe de Brigard, Ricardo Montenegro V, León Valencia A, Raúl Alameda O, Marleny Orjuela, Gladis Jimeno, Fabiola Perdomo E, Deyanira Ortiz Cuenca, Martha Arango de Lizcano, Ángela de Pérez, Yolanda Polanco P, Daniel Pecaut, Gabriel Izquierdo S.J., Fernán González S.J., Oscar Mejía Quintana, Mauricio Rojas Rodríguez, Gelasio Cardona Serna, Carlos A. Rodríguez Díaz, Julio Roberto Gómez, Sergio Pulgarín Mejía, Juanita Barreto G, Blas Zubiría Mutis, Sergio Bustamante, Padre Henry Ramírez Soler cmf, Arnulfo Bayona, Ramiro Galvez, Juan Sebastián Lozada P, Apolinar Díaz-Callejas, Jaime Caicedo T, Ciro Quiroz, Miguel Ángel Herrera Z, Carlos Lozano Guillen, Jorge Gantiva Silva, Carlos Villalba Bustillo, Constanza Vieira, Venus Albeiro Silva, Santiago García, Pepe Sánchez, Patricia Ariza, Carlos Álvarez Nuñez, Víctor Gaviria, Jennifer Steffens, Bruno Díaz, Zulia Mena, Lilia Solano, Julio Silva Colmenares, Arturo Escobar, Rafael Ballén, William García Rodríguez, César Augusto Ayala Diago, Diego Otero Prada, Rubén Darío Florez, Luís Alfonso Ramírez, Fabián Acosta, Alonso Ojeda Awad, Eduardo Gómez, Carlos Villamil Chaux, Fernando Estrada G, Mario Esteban Hernández, Gregorio Alberto Arcila, Moritz Akerman, Pilar Rueda, Marina Gallego, Leonor Esguerra, Luz Helena Sánchez, Clara Elena Cardona, Osana Medina, Deide Olaya, Irma Ortiz, María Eugenia Sánchez, Martha Zapata, Dunia Esther León Fajardo, Olga Lucía Ramírez, Darío Morón Díaz, Santiago Vásquez L, Enrique Santos Molano, Reinaldo Ramírez García, Antonio Ramírez Caro, Cristóbal González, Fabio Velásquez, Darío I Restrepo, Jairo E. Gómez, Daniel Libreros C, Héctor Moreno Galviz, Mauricio Archila Neira, Dora Lucy Arias, Luís Alberto Ávila A, Norma Enríquez R, Orsinia Polanco, Caterina Hayeck, Guillermo Silva, Luís Enrique Escobar, Eduardo López Hooker, Eduardo Carreño, Alexandra Bermúdez, Fernando Arellano, Gabriel Awad, Cristo Rafael García Tapias, Alfonso Santos C, Jorge Lara Bonilla, Miguel Eduardo Cárdenas, Andrés A. Vásquez M, Jaime Calderón Herrera, Álvaro Bejarano, Álvaro Delgado, Álvaro Villarraga, Armando Palau, Juan de Dios Alfonso, Carlos Rosero T, Maria Eugenia Liévano, Gonzalo Uribe Aristizabal, Edgar Martínez C, Esperanza Márquez M, Dídima Rico Chavarro, Danilo Rueda R, Eduardo Franco Isaza, Evelio Ramírez, Alejandra Millar, Patricia Ramírez, Gabriel García B, Gabriel Ruiz O, Germán Arias Ospina, Gustavo Puyo T, Gustavo García, Hernán Cortéz A, Emperatriz de Guevara, Robertina Sánchez, Enrique Murillo, Milena Murillo Sánchez, María Areiza, María de Los Ángeles Moreno, Dian Murillejo, Norma Trujillo, Gloria María Marín, Dolores Carrero, Carlos Julio Forero, César Guarín, Carmen Guarín Uriel Pérez, Cecilia Ramírez, Virginia Franco, Eufracio Beltrán, Marlen Sarmiento, Luís Evelio Pinchao, Myriam de Roa, Janeth González, Paola Callejas, Amanda Rojas, Henry Rosas, Edna Margarita Sánchez Rivas, Paola Sánchez Rivas, Magdalena Rivas, Silvio Hernández, Olga Lucía Rojas, Gricelda Medina, Víctor Rojas, Carolina Rojas Medina, Rosalba Sierra, María Concepción Chagueza, Janeth Moreno Chagueza, Fernando Romero Romero, Esperanza Estrada, Fanny Martínez, Cielo Erazo, Blanca Mayta de Erazo, Luz Dalia Mora, Andrés Bazante, Trinidad Orjuela, Tiberio Donato, Carmenza Gómez, Jaqueline Donato Gómez, Oliva Solarte, Patricia Trujillo Solarte, Gladiys Duarte, Ruth Amelia Argote, Alfredo Rojas, Susy Abitol Arenas, Alberto Franco, Daniel Lasso, Ivonne González, Jaime Pulido Sierra, Jaime Vasco A, Juanita Bazán A, Luís Eduardo Salcedo, Luís Jairo Ramírez H, Mario Santana, René Antonio Florez C, Sara Leukos, Víctor José Pardo, María Teresa de Mendieta, Silvia Patricia Nieto. Siguen firmas
“Traidor de guerra”, según la Ley Militar nacionalsocialista, era aquel que le hacía “daño a su país” o “favorecía al enemigo”. Incluía toda insubordinación o actitud de resistencia contra la guerra, incluyendo la distribución de volantes pacifistas, la defensa de los derechos de los prisioneros de guerra y la omisión de denuncia contra cualquiera que pensara distinto a Hitler. Entre los “traidores de guerra” figuraban soldados que intentaban salvar la vida de un judío. El castigo era el fusilamiento o la horca, pena que se ejecutaba de inmediato.
Al menos 30 mil denominados “traidores de guerra” fueron condenados por jueces militares nazis. Una fuerte minoría como se ve, si se tiene en cuenta que el ejército alemán tenía 18 millones de hombres y que Hitler era festejado masivamente como un héroe en las ciudades alemanas que visitaba.
En vísperas de la cumbre de UNASUR en Bariloche, en la que los presidentes suramericanos examinarán el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el presidente Álvaro Uribe sobre el uso de todas las bases militares colombianas; ante los llamados del ex presidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal Colombiano (en la oposición), a “rodear” a Uribe en la actual crisis con sus vecinos, y a propósito de los fuertes ataques del oficialismo en Colombia contra el izquierdista Polo Democrático Alternativo, por los intentos de su Comisión Internacional de limar asperezas con los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa, bien vale la pena mirar hacia la Alemania de hoy.
Porque en ese país, hoy, a los entonces “traidores de guerra” se les reconoce su valor y el honor que le hicieron a Alemania.
El acuerdo del presidente Álvaro Uribe con el Pentágono es sobre todas las bases colombianas que en un momento dado necesite usar Estados Unidos.
Los comandantes militares colombianos de cada base autorizarán cada operación.
Nadie se pregunta por ahora quién cargará con la responsabilidad, en caso de que los estadounidenses cometan crímenes de guerra: quien efectivamente cometa el crimen, o quien haya autorizado la operación.
Lo máximo que se han llegado a preguntar los analistas es por la inmunidad de las tropas de Estados Unidos: en ningún caso, dicen que dice el acuerdo (aún no se conoce el texto), los estadounidenses podrán ser juzgados por la justicia colombiana.
Así las cosas, mejor que cuando ustedes vean uno de estos avioncitos (C-17), se resguarden.
Cuando el psiquiatra Luis Carlos Restrepo era Alto Comisionado de Paz de Álvaro Uribe, en alguna ocasión sostuvo que si alguien piensa igual que las FARC, es de las FARC y apoya el terrorismo. Ya Restrepo no está en el gobierno, pero sigue vigente aquello de que no se puede pensar como las FARC.
Por lo menos dos catedráticos están en la cárcel porque su forma de pensar coincide con algunas ideas de las FARC: el docente de secundaria y profesor universitario William Javier Díaz Ramírez, capturado frente a sus alumnos, y Miguel Ángel Beltrán, sociólogo-historiador con dos doctorados y quien estaba preparando su postdoctorado en la UNAM, cuando fue detenido en México y deportado a Colombia como “terrorista” peligroso.
Como un servicio social, Heavy Metal Colombia ofrece a su lector o lectora algunos extractos especialmente dicientes de las primeras declaraciones de Cano a un medio colombiano desde que asumió la dirección de las FARC, en marzo de 2008. Si usted coincide con alguna de las respuestas, corra al primer puesto de policía para autoincriminarse. Big Brother vigila. Las bases ya llegaron a Bogotá.
Cambio: ¿Reconoce que el gobierno Uribe aisló a las Farc en el plano internacional?
Alfonso Cano: “Mantenemos relaciones en todo el mundo, sujetas a la discreción que se debe”.
La sensación es que las Farc han perdido interlocución internacional, que ya no son tan fuertes en ese campo.
“Le reitero que en las nuevas condiciones de la diplomacia del siglo XXI mantenemos muy buenas relaciones en muchas partes del mundo”.
¿Qué efectos tuvo la muerte de ‘Reyes’ para los vínculos externos de las Farc?
“’Raúl’ era el responsable de las relaciones internacionales de las Farc y obviamente su muerte tuvo un impacto importante en ese nivel, pero dado que en las Farc todos los trabajos de dirección se analizan, planifican y desarrollan en equipo, pudimos recobrar el ritmo”.
La incautación de los computadores de ‘Raúl Reyes’ los dejó al descubierto, prácticamente sin secretos.
“Nada de lo atribuido a los computadores ha sido serio y lo poco que ha pasado por el rigor de la Justicia ha sido desechado por inconsistente”.
Los correos entre el Secretariado encontrados en esos computadores indican que las Farc tienen negocios de narcotráfico y de armas e inversiones en Venezuela.
“Los computadores supuestamente encontrados tienen lo que los gobiernos de Bogotá y Washington han querido que contengan. Han hecho de ellos una lámpara de Aladino a la que acuden cuando necesitan una disculpa o una justificación. Los han transformado en arietes contra los pueblos vecinos, al convertir las ‘filtraciones’ ordenadas desde la Presidencia en puntal de la diplomacia colombiana y, en muchas ocasiones, de la política interna, sin que nadie pueda dar fe de la veracidad de la información que difunden venenosamente”.
También hay comunicaciones entre miembros de las Farc con personas del gabinete del presidente de Brasil ‘Lula’ da Silva. ¿Cuál es la relación con ese gobierno?
“En época del proceso del Caguán participaron de diferentes formas muchos gobiernos y organizaciones de la comunidad internacional. Lo demás son especulaciones irresponsables”.
¿Cuánto fue realmente el aporte económico de las Farc a la campaña de Rafael Correa al que ‘el Mono Jojoy’ se refiere en un video conocido hace pocos días?
“No hemos entregado ni armas ni dinero a gobiernos u organizaciones de otros países, pues lo que conseguimos apenas nos alcanza para nuestra propia brega. ¿Por qué habríamos de contribuir a la campaña electoral de una persona, como el actual presidente Rafael Correa al que ni siquiera conocemos?”
¿Cómo terminaron en poder de las Farc unos lanzacohetes que Suecia le vendió al Gobierno de Venezuela y que el Ejército colombiano incautó en octubre de 2008?
Son “unos lanzacohetes que habíamos capturado hace mucho en un enfrentamiento militar en la frontera, hecho que fue ampliamente informado a la opinión en su momento. Ni los pueblos ni los gobiernos del mundo son tan tontos como piensan en el Pentágono y en la Casa de Nariño. Sencillamente se trata de cocinar las condiciones para justificar la entrega de la soberanía nacional de Colombia a Washington, reconociendo que le quedó grande la pelea contra las Farc”.
Hay razones para deducir que las Farc tienen graves problemas internos: con ayuda de sus carceleros se han escapado secuestrados, el número de deserciones aumenta, los combatientes que han desertado dicen que la moral de la tropa es baja…
“El Gobierno trata de crear un estado psicológico triunfalista, pero de tanto mentir al final se va a transformar en un bumerán. Desertores ha habido siempre, las llamadas desmovilizaciones son una gran estafa sustentada en bazofia recogida en poblados y cárceles para agrandar los listados, desviar recursos públicos y engañar a la opinión. No tenemos graves problemas internos, no hay crisis”.
La ofensiva del gobierno Uribe los ha obligado a replegarse, eso no lo puede negar.
“Si la situación de las Farc fuese de crisis, el Presidente no habría invitado a los gringos a escalar su invasión. No lo consideraría necesario”.
¿Qué significó para el Secretariado la ‘Operación Jaque’?
“Un hecho de la guerra como tantos otros y de especial impacto”.
¿Qué tan ciertas son las discrepancias y rivalidades entre usted y ‘el Mono Jojoy’?
“Nuestra unidad es monolítica”.
¿Es consciente de que la lucha armada no tiene aceptación, del rechazo generalizado a las Farc y a prácticas tan atroces como el secuestro?
“La nueva actitud de Estados Unidos hacia América Latina, reflejada en Honduras y en los anunciados acuerdos con Álvaro Uribe, van a generar reacciones muy radicales en el Continente”.
¿Qué ha pasado con el cabo Pablo Moncayo? ¿Por qué no lo liberan a él y a los uniformados que siguen secuestrados en forma unilateral y sin condiciones? Sería una señal positiva.
“Hace tres meses informamos nuestra decisión de liberarlo unilateralmente, pero el Gobierno se atravesó y ha impedido su liberación. Y en cuanto a los mandos militares y policiales capturados en la confrontación, que son prisioneros de guerra, solo serán liberados mediante un canje. Excepcionalmente, y como evidencia de nuestra voluntad por alcanzar acuerdos, entregaremos al cabo Moncayo y al soldado profesional Calvo (Josué Daniel Calvo Sánchez), sin contraprestación alguna, directamente a la senadora Piedad Córdoba y al profesor Gustavo Moncayo, quienes por su transparencia blindarán nuestro gesto”.
¿Cuántos secuestrados quedan en poder de las Farc entre militares, policías y civiles?
“Los mencionados prisioneros de guerra integrantes de la Fuerza Pública son 23. También están retenidos dos concejales, con posibles vínculos con paramilitares y responsabilidad en actos de corrupción. Y en cuanto a retenciones con fines económicos, puedo decirle que hoy se cuentan con los dedos de una mano”.
¿Es consciente del costo político que les significa el secuestro a las Farc?
“Esta forma de lucha conlleva necesidades, como las financieras, que tratamos de cubrir con colaboraciones voluntarias de amigos e impuestos a los sectores más ricos de la sociedad”.
¿El canje es una prioridad para las Farc?
“Para este Gobierno los prisioneros de guerra que mantenemos no clasifican en los estratos altos, ni generan efectos importantes en las encuestas y por eso el Presidente se da la licencia de impedir las liberaciones que hemos anunciado”.
¿Hay alguna posibilidad de negociación ó diálogo con el gobierno Uribe?
“Una salida civilizada al conflicto no puede depender de la voluntad de una persona, por poderosa que sea. Así que, independiente de quién ocupe la Presidencia, persistiremos en buscar salidas políticas al conflicto”.
¿Tiene una fórmula sustituta a un despeje para eventuales diálogos?
“Lo determinante son las garantías oficiales para un encuentro del Gobierno y las Farc que despojen de cualquier peligro y tensión a los participantes, y posibiliten las mejores condiciones para las conversaciones”.
¿Por qué persistir en la guerra?
“Hay que hablar, dialogar y ello significa espacio, garantías, medio ambiente, grandeza, tolerancia, voluntad y decisión”.
¿El regreso de ‘Simón Trinidad’ y de ‘Sonia’ de Estados Unidos seguiría siendo una condición para el intercambio humanitario, para el diálogo?
“Hemos exigido garantías de modo, tiempo y lugar para que representantes del Gobierno y los nuestros analicen la viabilidad y los términos de un canje. Lo demás son especulaciones”.
¿Hay algún tipo de contacto con el Gobierno?
“Ninguno. Ni siquiera permiten recibir al cabo Moncayo”.
¿Qué significaría una posible reelección del Presidente en el horizonte de una eventual negociación?
«Lo esencial son las concepciones políticas y los intereses que represente la persona que asuma en el próximo periodo. Si sus convicciones están inundadas de violencia, guerra, vindicta y autoritarismo, la confrontación persistirá y seguramente alcanzará nuevos niveles. Si existe una visión democrática, civilizada, patriótica y realista, la perspectiva será alentadora para Colombia».
¿En caso de que algún día se llegara a un acuerdo de paz, usted y otros miembros del Secretariado se verían aspirando a cargos de elección popular o como miembros de una Asamblea Constituyente?
«¿Nosotros luchando toda la vida para al final integrarnos a un régimen político como el actual? Miremos el poder legislativo: más de 80 reos paramilitares, varios más ladrones, parlamentarios en ejercicio elegidos con menos de 1.000 votos, Teodolindos a granel, genuflexiones a cambio de notarías, trasteo de votos, de partidos…»
¿Por qué las Farc nunca le han concedido algún valor a la desmovilización de los paramilitares y al proceso de Justicia y Paz?
«Porque fue una farsa. Los verdaderos jefes del paramilitarismo permanecieron ocultos, lavaron los dólares del narcotráfico, se quedaron con las tierras usurpadas, no repararon a nadie y terminaron copando el aparato del Estado. En las cárceles de Colombia y los Estados Unidos quedaron presos los bandidos más ingenuos que creyeron en sus jefes».
¿Cree que la Corte Penal Internacional terminará juzgando los crímenes de guerra cometidos en desarrollo del conflicto colombiano?
«Es una verdadera espada de Damocles que pende sobre el país, que al activarse con todos sus protocolos internacionalizará, no solo el conflicto, sino muchos aspectos de la vida nacional. Parece que el Presidente, siempre tan previsivo, estrecha lazos con Washington, buscando burladeros en caso de que le falle su macabro plan de reelección indefinida.»
“Dialogar dialogar dialogar mi vida dialogar dialogar dialogar dialogar mi amor”- mientras Fito Páez cantaba ese estribillo en el cierre del festival Rock al Parque, edición número 15, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, ante más de 80 mil extasiados asistentes, llegó una carta de las FARC.
Está dirigida a Luis Alberto Calvo Marín, padre de un soldado profesional herido en combate, recogido por la guerrilla y atendido por sus enfermeros. Lo quieren devolver, únicamente porque no es “mando”. El gobierno había guardado silencio sobre él.
La guerrilla reitera que quiere devolver también al cabo del ejército Pablo Emilio Moncayo, tal como lo anunció el 16 de abril. Ambas liberaciones se harán en una sola operación, en entrega al movimiento Colombianas y Colombianos por la Paz, que lidera la senadora liberal Piedad Córdoba, y al padre de Pablo Emilio, el Caminante por la Paz Gustavo Moncayo. Puede estar presente la Iglesia Católica colombiana, reiteran las FARC. No sugieren garantes internacionales adicionales al Comité Internacional de la Cruz Roja.
“Show”, responde el gobierno, cuando para algunos ya empieza la serie de “shows” para celebrar el primer aniversario de la Operación Jaque, el próximo 2 de julio, que liberó a Ingrid Betancourt, tres estadounidenses activos en la guerra y 11 uniformados colombianos.
Ni una cosa ni otra son apenas “show”. Detrás de ambas está el sufrimiento de muchísima gente: está la guerra.
“Show” es negar el conflicto armado, como hace el gobierno.
Con bastante poco “show” firma acuerdos con más de 25 grandes empresas para rebajarles el impuesto de guerra, pero el «show» se reactiva cuando anuncia que más colombianos, y no sólo los más ricos, también pagarán esa alcabala que, además, va a convertirse en permanente porque los estadounidenses tienen sus prioridades internas y la recesión de Colombia, aunque no declarada oficialmente, aprieta.
“Show” es decir que el paramilitarismo fue desmantelado, cuando éste campea en las barriadas populares, quizá ya en preparación de las elecciones de 2010.
“Show”, mantener a la gente en la ignorancia de lo que verdaderamente está pasando en el campo colombiano, como bien lo dicen las FARC en su carta al padre del soldado.
“Show” es anunciar el presidente Álvaro Uribe, a dos horas de su encuentro con Barack Obama el lunes, que en la noche del domingo, y en territorio estadounidense, ha sancionado una ley que endurece las penas por asesinatos y amenazas a sindicalistas, y que estaba para su firma desde el 26 de este mes.
“Show” es seguir las huellas de la labor humanitaria por la liberación de rehenes de las FARC para apresar a los mensajeros, sabotear las liberaciones o atacar a las unidades de la guerrilla responsables de entregar a quienes durante años y años han estado esperando la libertad.
Pero “show” es también prometer las FARC a los indígenas que esa guerrilla no seguirá asesinando aborígenes, y seguir matándolos. Los indígenas nasa del norte del departamento del Cauca señalan a las FARC de haber dado muerte a Marino Mestizo, que integraba una misión comunitaria para erradicar laboratorios de droga y expulsar la guerra del territorio indígena.
Y, puede que haya «shows» que lleven a algo constructivo. Depende. Por ejemplo, qué tal si hubiera un “show” de parte de las FARC en torno al secuestro de un concejal (legislador municipal) en Garzón, departamento del Huila, este lunes hace un mes. Después de una acción militar espectacular, las FARC se han quedado calladas como peces. ¿El concejal estaba manejando contratos relacionados con un megaproyecto que va a afectar a miles de campesinos? Si esa versión es cierta, que las FARC lo digan públicamente, es mi opinión. Veremos entonces qué hacer o qué decir. Lo que no sirve es el silencio de la violencia: “Dialogar dialogar dialogar mi vida dialogar dialogar dialogar dialogar mi amor”, canta el rockero argentino.
En esta carta, las FARC apuntan a que las ejecuciones extrajudiciales, en la modalidad de “falsos positivos” – es decir, aquellos asesinatos de civiles para ser presentados como guerrilleros y así abultar las cifras triunfalistas de la fuerza pública- hacen “parte de la escabrosa estrategia por perpetuarse en el poder, del show presidencial y de la gran mentira oficial sobre la realidad, dimensión, calidad y esencia del conflicto colombiano”.
Las FARC ponen aquí sal en la llaga: yo azuzo la guerra, ya no quiero financiarla solamente yo, y mis hijos jamás de los jamases irán al frente de combate porque para eso están los pobres, y al fin y al cabo la guerra soluciona en buena parte el problema del desempleo. Así piensan y actúan las poderosas familias de Colombia, y la guerrilla menciona sólo cuatro nombres – el presidente, el banquero, el industrial, el importador de armas.
Ayer viernes, los héroes de la Seguridad Democrática no aparecieron durante todo el día por la Casa de la Cultura de Algeciras, y el seminario sobre derechos humanos de dos jornadas que dictó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) pudo desarrollarse normalmente en ese municipio del departamento del Huila.
Tampoco se manifestaron ni el alcalde, ni el cura, y la personera no volvió.
En cambio, llegó más gente al curso. “No sé cuántos serían, pero llegaron personas que no estuvieron” el jueves, durante la primera y accidentada jornada del evento (Ver En Algeciras), cuando había cerca de 60 personas, contó Luis Jairo Ramírez, secretario ejecutivo del CPDH.
“A nosotros nos preocupa es la gente que quedó allá”, contestó Ramírez cuando quise confirmar que él y la abogada que lo acompañó para adelantar el seminario habían salido sanos y salvos de la zona cuyo nombre ha figurado trágicamente en el mapa de la guerra colombiana.“Da la impresión, por lo que la gente dijo hoy (por el viernes), que esa región está en manos de paramilitares y el alcalde, la personera y hasta el cura son subalternos de ellos”, comentó telefónicamente desde la carretera rumbo a Bogotá el defensor de derechos humanos.
“Personalmente me dio la impresión de que los de la policía eran mucho más agresivos. Los del ejército se metieron (a la Casa de la Cultura el jueves), dieron una vuelta por el salón pero el resto del día se quedaron afuera”, señaló.Esta es “una policía militar, como una policía de tropel, porque estaban muy fuertemente armados. Son muy agresivos”, reiteró. Es, parece, la fuerza que permanece estacionada en el casco urbano de Algeciras.
“La gente se mantiene en un estado de zozobra. Habían pedido esta capacitación precisamente para tener herramientas para defenderse de estos bárbaros. Para tener algún tipo de orientación”, agregó Ramírez.“Los atropellos contra la población son cotidianos. Los golpean, los maltratan, los torturan. La gente está hasta la coronilla de tanto abuso”, son las noticias frescas que trae.
“Nosotros, por lo menos ayer (por el jueves) probamos en carne propia lo que es el salvajismo de estos bárbaros. Uno está dos o tres días en el lugar, pero la gente queda allá en un estado de zozobra e intimidación muy grave”, advirtió Ramírez, y agregó que el CPDH está evaluando organizar una misión a Algeciras, para observar y dejar consignadas las condiciones en las que están los habitantes del municipio.Ante la pregunta de qué opinaron los asistentes al seminario de derechos humanos acerca de lo ocurrido el jueves, y que se describe en la nota En Algeciras, relató que “por un lado, la gente estaba más o menos gratamente sorprendida de que alguien enfrentara a estos señores, y que mientras estuvimos en esa situación hubiéramos llamado a todo el mundo. De (la oficina del CPDH en) Bogotá también llamaron a todos lados”.
“La gente se dio cuenta de cómo es. Que no es agachando la cabeza sino haciendo frente a las cosas. Comentaban que ‘qué bueno’”, dijo el activista humanitario.Es decir, que este fue un seminario sobre derechos humanos con sesión de práctica en vivo y en directo.
Si mi lector o lectora quiere hacerse una idea de las cosas que padecen los habitantes de Algeciras, le recomiendo, por ejemplo, entrar a la base de datos en línea del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP.La dirección es https://www.nocheyniebla.org/consulta_web.php
Allí se debe indicar, simplemente, en “departamento”, Huila. Y en “municipio”, Algeciras, y oprimir “Consulta”.A mí me aparecen 69 entradas, aunque nada más desde el 14 de marzo de 2001.
Algeciras queda en la zona andina cercana al nacimiento del río Magdalena, emblemático de Colombia. Está al oriente del departamento del Huila y a 56 kilómetros de su capital, Neiva. Tiene 672 kilómetros cuadrados.Su economía es agropecuaria en el 95 por ciento y se lo conoce como “la despensa del Huila”. 57 por ciento de los pobladores viven en las 61 veredas (vecindarios rurales). A la capital municipal se suman tres caseríos: Paraíso, El Toro y La Arcadia.
En 2007 tenía 23.427 habitantes, según la proyección 2007 del Censo Poblacional de 2005, o 24.603 en 2008 según el Sisbén (sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los programas sociales, considerado de la mayor exactitud para las mediciones de los expertos en pobreza). Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el 49.26 por ciento de la población vivía en 2007 con sus Necesidades Básicas Insatisfechas. Las NBI afectan al 62.78 por ciento de la población rural y al 40.14 por ciento en el sector urbano.
Es el municipio del Huila con más desplazados forzadamente. Entre 1991 y hasta mayo de 2007, según el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia, el 17,63% de las familias expulsadas de los 37 municipios del Huila provenían de Algeciras.El alcalde Algeciras, Rigoberto Sánchez Tamayo (el mismo que autorizó el seminario sobre derechos humanos del CPDH pero ni acudió a la invitación de los habitantes para instalarlo oficialmente, ni se apareció por allí durante el allanamiento del jueves) sostiene en su Plan de Desarrollo 2008-2011:
“El plan de desarrollo del Municipio de Algeciras se estructura con base en la participación y el sentir de las comunidades que son el eje central de las acciones de desarrollo. “En él se reconoce a la persona como titular de derechos, como centro y actor del proceso de desarrollo en cada uno de los ciclos de vida y se viabiliza la integración de los principios y estándares de los derechos humanos, universalidad, exigibilidad, integralidad y participación, con prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la restitución de derechos vulnerados.”
Ante semejante brecha entre la realidad y las declaraciones, si yo viviera en Algeciras también necesitaría capacitación urgente en derechos humanos.
El secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Luis Jairo Ramírez, está trabajando en el poblado de Algeciras, unos 60 kilómetros al sur de Neiva, la capital del central departamento del Huila, dictando un seminario de derechos humanos.
La capacitación, dirigida a unos 60 campesinos de esa región en guerra, comenzó hoy y termina mañana. Debería haber sido un evento académico más, de los incontables cursos, talleres y capacitaciones sobre este crucial tema que el CPDH ha dictado desde su surgimiento en 1978.
El propio Ramírez perdió la cuenta de cuántas veces ha repetido los mismos principios en los 12 años que hace que se vinculó al CPDH. En esos mismos 12 años, esta fue la primera vez que fue tratado como un delincuente.
El encuentro estaba citado a las nueve de la mañana de este jueves en la Casa de la Cultura de Algeciras, a una cuadra de la alcaldía.
Estaban invitados a instalar el curso el alcalde, el cura y la personera (funcionaria que representa en cada municipio al ministerio público y tiene a su cargo vigilar el respeto a los derechos humanos).
El cura no fue.
El alcalde tampoco, pero mandó a un funcionario con las llaves para abrir la Casa de la Cultura, sede adscrita a la alcaldía y que los campesinos le habían solicitado para realizar el encuentro, el cual él autorizó verbalmente.
Y la personera llegó tarde, ya en medio del allanamiento.
Porque los que sí hicieron aparición puntual a las ocho, en una espectacular operación conjunta, fueron tropas de Contraguerrilla del ejército, del Comando Operativo 5 perteneciente a la IX Brigada, así como Policía Militar y DAS, servicio de inteligencia que depende de la Presidencia.
El pretexto inicial fue el de pedirle su identificación a Ramírez y a una abogada que lo acompañaba en la labor de capacitación.
Luego se retiraron y 15 minutos después volvieron, con el (segundo) pretexto: querían ver la autorización del alcalde para la reunión.
“Cuando les mostramos la solicitud radicada, la rechazaron y dijeron que querían el permiso firmado por el alcalde”, contó telefónicamente Ramírez a esta periodista.
El seminario sólo comenzó después de la una de la tarde, luego de que los miembros del CPDH llamaran a la misión de la Unión Europea en Bogotá, a la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos –en cuya sede bogotana se adelantaba a la misma hora una rueda de prensa del Relator Especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, Profesor Philip Alston-, a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, a la misión en el Huila del PNUD, y a todas las organizaciones de derechos humanos que pudieron, para que intervinieran.
“Sólo así se retiraron, pero media hora después llegó nuevamente una camionada de ejército y nos tuvieron rodeados toda la tarde. Así tuvimos que dictar el taller”, relató Ramírez.
En todo caso, los integrantes del operativo “les tomaron fotos a todos los asistentes, básicamente líderes campesinos de la región y miembros de juntas de acción comunal del municipio, de distintas profesiones y oficios, amas de casa etcétera”, dijo Ramírez.
Sobre la personera, Ramírez expresó que “se ve que está muy intimidada por el ejército. Trató de quitarle importancia a la cosa y preguntó qué temas íbamos a tratar en la conferencia. Dijimos que el tema de nuestras capacitaciones lo definimos nosotros”.
Curiosamente, fueron más agresivos los miembros de la policía que los del ejército.
“De una cartilla sobre el fenómeno paramilitar, los policías dijeron que no teníamos que hablar de paramilitarismo porque ‘aquí no hay paramilitares’, y que teníamos que hacer una capacitación denunciando al ‘terrorismo narcotraficante’. Dijimos que ellos no tenían por qué intervenir en el contenido de la capacitación”, agregó el defensor de derechos humanos.
“Yo me negué a iniciar la capitación hasta que no se retiraran, cosa que hicieron después del medio día” dijo Ramírez, quien cree que en ello medió una llamada de Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
El seminario termina este viernes en la tarde. Los miembros del CPDH regresan a Bogotá por carretera, unas siete u ocho horas de trayecto.
Al día siguiente de la matanza de indígenas amazónicos en Perú, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) informó que la fiscalía colombiana solicitó orden de captura contra Aida Quilcué, Feliciano Valencia y Daniel Piñacué, los líderes más visibles de la Minga indígena que desafió al presidente Álvaro Uribe el año pasado.
La orden de captura es por «secuestro agravado» y «lesiones personales agravadas». El asunto es altamente interesante, por dos cosas.
La más importante es que implica una colisión con la jurisdicción indígena, prevista en el artículo 246 de la Constitución de Colombia, el cual dice: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.
En segundo lugar, porque la demanda fue interpuesta claramente por instigación gubernamental, por parte de un militar de origen nasa que se infiltró vestido de civil en la Minga en octubre pasado y fue sorprendido por los comuneros en territorio indígena y portando material de guerra cuya utilización podría haber desprestigiado a la Minga, como bien lo recuerda el CRIC.
Uribe necesitaba por entonces con urgencia mostrar “pruebas” de que la protesta indígena estaba penetrada, o incluso que era dirigida por la guerrilla. Y que los indígenas estaban armados de algo más que palos y piedras.
El militar fue detenido por la Guardia Indígena, fue sometido a juicio por parte del Tribunal Indígena y condenado al “remedio”, como lo consideran los usos y costumbres de los nasa, de recibir cinco fuetazos en público, y vestido.
Ni qué decir tiene que, entre tanto, fue asesinado por militares el esposo de Quilcué, Edwin Legarda, también en territorio indígena, y que la única hija de ambos, de 12 años, fue hostigada peligrosamente.
Por cierto, los indígenas del suroccidental departamento del Cauca, igual que los masacrados en Perú, han liderado una importante movilización contra el TLC entre Colombia y Estados Unidos.
El 14 de mayo, el periodista Javier Darío Restrepo publicó su última columna en El Colombiano. Tras 17 años de escribir para ese diario de Medellín, las directivas le notificaron que habían «reestructurado» las páginas editoriales del periódico.
Para qué decir nada. Apenas recordar una entrevista con IPS hace dos años, en la que Javier Darío advierte que «la libertad de prensa es una figura puramente retórica» y que «lo único que cuenta son los periodistas libres».
La «reestructuración» de las páginas de opinión de El Colombiano sobrevino -como indicó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)- luego de la publicación de la columna titulada «Libertad de discrepar». Aludiendo a las celebraciones del 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, Restrepo escribió: »Hizo falta proclamar que discrepar de un gobierno no convierte a una persona en terrorista, ni en cómplice de las FARC, ni en enemigo del presidente o de sus fervientes seguidores».
Obvio que un periodista libre además discrepa de la concentración de poderes que implica una tercera elección presidencial consecutiva, en un país donde la Constitución no prevé controles o contrapesos para el evento.
Hoy, de manera diciente, en las mismas páginas «reestructuradas» el también periodista Arturo Guerrero publicó en su columna habitual de los miércoles un perfil de Restrepo, que reproduzco para mi lector o lectora.
He aquí al hombre
Arturo Guerrero
No es por su edad, que ronda los 77, ni por la longitud de su dedicación a un oficio que acumula 53 años. No es un asunto cuantitativo de simple duración, pues ésta en sí misma es neutra y solo cobra color en dependencia del furor que cada viviente, cada profesional, le haya conferido.
Tampoco es por la índole de las admiraciones que sobre su figura proliferan en boca de colegas y analistas: maestro, autoridad, ejemplo, eminencia, consumado periodista, máximo referente en asuntos de ética periodística en América Latina. Estas consideraciones pesan, claro, pero apenas son un índice que obliga a cavar más hondo.
Es un tanto más declaratoria la nómina de entidades que se disputan su tiempo, que deben a él sus bases fundacionales, que se enorgullecen de mostrarlo como pilar de prestigio y piedra de toque de su calidad: Fundación para la Libertad de Prensa, Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, Corporación Medios para la Paz, International Center for Journalists, Centro Latinoamericano de Prensa.
Es definitivamente más sólida la veintena larga de libros que ha publicado, de cuya sustancia llegó a afirmar: «he vivido tantas vidas como historias he narrado». Son una producción sobre el poder y la guerra. En cuanto al primero, así dibujó en uno de ellos la sicología de un tiranuelo: «los dictadores, sobre todo si son militares, carecen de sentido del humor y viven en un ámbito de solemnidad, boato y chocar de talones».
Ésta es para él la guerra, según lo consignó en su primera novela: «el requisito para ascender de mayor a teniente coronel -de acuerdo con una disposición del Ministro de Guerra, José Vicente Concha- será el de que el agraciado haya dejado cuando menos cien muertos en el combate».
De entre todos los motivos para calibrar a este hombre, quizás el definitivo es uno del que siempre se ha manifestado orgulloso: su irrevocable vocación de reportero. No por la magnificación de este particular oficio, revelada en ese orgullo. Sino por la manera como Javier Darío Restrepo lo ha vivido: la de acercarse a cada hombre para descubrir el mundo que ese hombre es.
Y por el acento con que ha ejercido esta pasión, evidente en las palabras de uno de sus personajes: «si para el amor se necesita el conocimiento, para el odio parece indispensable el desconocimiento».
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
es necesaria para la integración suramericana y para evitar la regionalización de la guerra.
Los mandatarios de la Unión Suramericana de Naciones están reunidos este viernes en Bariloche, Argentina, para discutir el pacto del presidente colombiano Álvaro Uribe con el Pentágono, que abre todas las bases colombianas -y no sólo siete como nos han dicho- al uso de las tropas estadounidenses. El sólo hecho de la cumbre de UNASUR demuestra qué tan perdida está la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, cuando pretende que “este acuerdo no les incumbe a otros países”. 
El acuerdo del presidente Álvaro Uribe con el Pentágono es sobre todas las bases colombianas que en un momento dado necesite usar Estados Unidos.
Ayer viernes, los héroes de la Seguridad Democrática no aparecieron durante todo el día por la Casa de la Cultura de Algeciras, y el seminario sobre derechos humanos de dos jornadas que dictó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) pudo desarrollarse normalmente en ese municipio del departamento del Huila. 
El 14 de mayo, el periodista Javier Darío Restrepo publicó su última columna en El Colombiano. Tras 17 años de escribir para ese diario de Medellín, las directivas le notificaron que habían «reestructurado» las páginas editoriales del periódico.