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Fue en la cafetería La Tata, en el marco de la plaza de Cimitarra, en el nororiental departamento de Santander. En la noche del 26 de febrero de 1990, paramilitares mataron a mi amiga Silvia Duzán, la periodista versátil, la de las antenas puestas, la de la alegría y la risa a flor de piel.
No la mataron solamente a ella.
Silvia estaba en Cimitarra porque hacía un documental para el Canal 4 de la BBC de Londres.
Se había citado en La Tata con los líderes de la vereda (vecindario rural) La India: Josué Vargas Mateus, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), y los dirigentes Sául Castañeda y Miguel Ángel Barajas Collazos.
La ATCC ganó ese año el Right Livelihood Award (Premio a la Correcta Manera de Vivir), más conocido como Premio Nobel Alternativo.
El título del documental que hacía Silvia («El veto del narcotráfico en las elecciones de 1990») muestra cuánta razón tenía Úrsula Iguarán cuando clamaba, en Cien Años de Soledad, que en Macondo “el tiempo da vueltas en redondo…”
Esto fue hoy hace 18 años. Ella tenía 30. El crimen sigue impune. Nadie ha sido juzgado por él.
El jefe paramilitar de la zona, Ramón Isaza, en las versiones libres que ha dado en el marco de la Ley de Justicia y Paz, dice haber perdido la memoria.
A mí no me han matado solamente a Silvia.
Pero he decidido hoy, en este aniversario, que cubriré la marcha del 6 de marzo con una pequeña fotografía de Silvia Duzán colgada a mi cuello, al lado de mi credencial de prensa.
Invito a otros colegas periodistas a escoger, entre las decenas de periodistas que nos han matado, una pequeña foto, para portar ese día.
Perfil de Silvia, por Kintto Lucas (IPS Ecuador)
febrero 26th, 2008
El científico estadounidense Craig Venter quedará en la historia porque en septiembre de 2006 anunció que su equipo de investigadores había concluido la elaboración del primer mapa genético completo de un ser humano: el del propio Venter.
Según ese mapa, un ser humano tiene 4.1 millones de diferencias que lo hacen para siempre único, original e irrepetible, con respecto a cualquier otro individuo.
Nadie ha tenido, ni tendrá nunca, esa misma conformación genética. Por más uniformes que se pongan tropas.
Un año y medio después de ese anuncio, las víctimas de la guerra colombiana llaman a expresar un “Sí a la Vida”.
Invocan la ética para que se ponga fin a la crisis humanitaria que “obstaculiza las posibilidades para construir una sociedad civilizada en la que el respeto a la vida y a la dignidad humana sea el principio esencial de la convivencia”.
Este es el texto del Llamamiento de las Víctimas, que será leído en la manifestación del 6 de marzo.
Por la Vida, la Paz y la Democracia
Llamamiento de todos los sectores de víctimas de
crímenes contra la humanidad en Colombia
Quienes suscribimos este llamamiento, víctimas de crímenes contra la humanidad en Colombia, declaramos lo siguiente:
- Que rechazamos todas las formas de crímenes contra la humanidad. Que en Colombia se ha presentado una masiva y sistemática violación de los derechos humanos por parte de agentes del Estado y de la estrategia paramilitar que ha generado la comisión de crímenes contra la humanidad, como genocidio, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desplazamientos forzados. Asimismo, que los grupos insurgentes han incurrido en infracciones al derecho internacional humanitario, siendo el secuestro una de sus más graves manifestaciones. Esta crisis humanitaria obstaculiza las posibilidades para construir una sociedad civilizada en la que el respeto a la vida y la dignidad humana sean el principio esencial de la convivencia.
- Que resulta inadmisible toda justificación pública de estos crímenes bien sea por razones ideológicas, de Estado, bajo el pretexto de la seguridad nacional, del pretendido derecho a la autodefensa, de la acumulación de la riqueza y del despojo de tierras o de cualquier otro argumento que se emplee para legitimar lo que, a la luz de la ética y del inquebrantable derecho a la vida, es inhumano. Consideramos que toda expresión o discurso con el que se pretendan ignorar los derechos humanos y el derecho humanitario nos aleja del camino de la paz y la democracia. La sociedad, por su parte, debe actuar para exigir el respeto de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
- Hacemos un llamado para que las víctimas sean respetadas, no se manipule su sufrimiento, no se haga uso de ellas con fines políticos, electorales, económicos o militares. Llamamos a que no se afecte su dignidad de ninguna manera, a que se desista del intento de contraponerlas unas a otras, y a que no se vulneren aún más sus derechos convirtiéndolas en blanco de nuevas agresiones. Llamamos a que sus propuestas y argumentos sean asumidos con seriedad y respeto.
- Hacemos un llamado por el Acuerdo Humanitario que permita el regreso de las personas secuestradas al seno de sus familias y la sociedad, y porque sean respaldadas todas aquellas gestiones de facilitación, acompañamiento y veeduría nacional e internacional que contribuyan a estos propósitos. Que se evite a toda costa cualquier tipo de operación militar que ponga en riesgo sus vidas o comprometa de algún modo su integridad.
- Exigimos verdad, justicia y reparación para todas las victimas de crímenes contra la humanidad y genocidio; que se devuelvan los desaparecidos a sus familiares, se restituyan las tierras a los desplazados; se desmonten en forma definitiva los grupos paramilitares, se acaben los vínculos de éstos con instancias estatales, empresas multinacionales o partidos políticos y que todos los vinculados a la parapolítica responsables de violaciones de los derechos humanos sean sancionados y sus crímenes esclarecidos ante el país y el mundo.
- Después de más de cuarenta años de conflicto armado ininterrumpido urge encontrar caminos viables que nos permitan avanzar sin más demoras ni dilaciones hacia la solución política negociada del conflicto armado, en la cual se preserven los derechos de las víctimas. Reiteramos nuestra convicción de que la guerra que padece Colombia sólo podrá ser superada a través de un diálogo nacional, amplio, pluralista y concertado con la sociedad.
Hoy nos une y nos asiste la imperiosa necesidad de acercamientos entre las víctimas y todos los sectores de la sociedad colombiana para construir una sociedad democrática sustentada en la paz con justicia social, el respeto integral de los derechos humanos y la dignidad humana.
Firman:
Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública, Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros, ASFAMIPAZ.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Yolanda Pulecio
Madre de Ingrid Betancourt
Movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad
Familiares de los Desaparecidos del Palacio de Justicia
Fundación “Manuel Cepeda Vargas”
Víctimas y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano
Pueblo Kankuamo Desplazado en Bogotá
Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó
Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de las Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica, CAVIDA
Zona Humanitaria de la Comunidad de Vida y Trabajo de La Balsita, Dabeiba
Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y Paz del Alto Ariari, CIVIPAZ
Consejo Comunitario del Río Bajo Naya, Valle del Cauca
Familiares de Víctimas de Trujillo, Valle del Cauca
Familiares de Víctimas de Inzá, Cauca
Asociación de Familiares de Víctimas de la Violencia Política de Río Sucio, Chocó, CLAMORES
Movimiento Regional de Víctimas de Crímenes de Estado, Sucre
Movimiento Regional de Víctimas de Crímenes de Estado, Antioquia
Asociación Regional de Víctimas de la Violencia del Terrorismo de Estado en el Magdalena Medio, ASORVIM
Familiares de Desaparecidos forzadamente, Familiares Colombia
Fundación “Nydia Erika Bautista” para los Derechos Humanos
Comunidad de Ullucos del Resguardo Indígena de San Francisco, Cauca
Asociación Tequendama de Sucre, Cauca
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, ANDAS
Comité Ejecutivo Nacional
Seccional Barrancabermeja
Acompañamiento Psicosocial y en Salud Mental a Víctimas de Violencia Política, AVRE
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Fundación Afro y Cultura “La Esperanza”
Resguardo Indígena Emberá de Urada, Jiguamiandó, Coredocito
Asociación Campesina para el Desarrollo Integral del Sur del Putumayo, ACADISP
Corporación Vínculos
Red de Alternativas a la Impunidad y a la Globalización del Mercado
febrero 24th, 2008
“Invitamos a la humanidad a acercarse a conocer, a permitirse ser sensible frente a estas víctimas que han sido casi sistemáticamente desconocidas, aisladas, silenciadas, a quienes se les ha negado la posibilidad de ser reconocidas socialmente”, dice el comunicado de la Comisión Ética por la Verdad en Crímenes de Lesa Humanidad, encabezada por el Premio Nóbel de Paz Adolfo Pérez Esquivel.
La Comisión anuncia que acompañará en Colombia la manifestación del 6 de marzo, asistirá en Bogotá al IV Encuentro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y luego viajará por el país durante varios días.
La Comisión considera que el ataque del asesor presidencial José Obdulio Gaviria contra la demostración de homenaje a las víctimas «requiere una rectificación, como medio efectivo de garantía y de protección».
Texto completo:
Acompañamos el 6 de Marzo el homenaje a las víctimas
Comisión Ética por la Verdad en Crímenes de Lesa Humanidad
En días pasados hemos conocido a través de la radio colombiana que el asesor presidencial de Álvaro Uribe Vélez, José Obdulio Gaviria, ha indicado respecto al acto de homenaje a las Víctimas, convocado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado para el próximo 6 de marzo, que este ha sido convocado por las FARC EP y rechaza que en Colombia existan Crímenes de Estado.
Como integrantes de la Comisión Ética de la Verdad en Crímenes de Lesa Humanidad, iniciativa del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, como un mecanismo de escucha de las propuestas de afirmación del Derecho a la memoria y a la verdad, así como de reconocimiento a las iniciativas de reparación integral, manifestamos nuestro absoluto desacuerdo con la apreciación del asesor, que parece expresar el pensamiento del Presidente.
En desarrollo de nuestras funciones como integrantes de la Comisión Ética de la Verdad, desde hace un año, nos hemos dirigido a diversas regiones de Colombia.
Allí hemos escuchado, y hemos sido en ocasiones también testigos de las secuelas, que las técnicas y los métodos usados por las Fuerzas Militares, entre ellas la estrategia paramilitar, han generado en personas, familias, comunidades, pueblos por la consumación de crímenes que lesionan los principios básicos de humanidad.
Bajo un mismo patrón de actuación se ha aniquilado, se ha destruido y se ha perseguido a habitantes y sus proyectos de vida para imponer un modelo de sociedad, de relaciones económicas, ambientales y territoriales en lo que se hace evidente la responsabilidad del Estado.
Dicho patrón de actuación se ha pretendido legitimar en la Doctrina de la Seguridad Nacional que concibe a los civiles como enemigos, que percibe las expresiones sociales de reivindicación de derechos como “guerrilleras”, y que alecciona a la sociedad y la culpabiliza por la presencia de la guerrilla en sus territorios.
Parte de esa Doctrina se expresa hoy en las apreciaciones de altas esferas del gobierno sobre el Acto de homenaje a las Víctimas
En segundo lugar, el convocante de este Acto de Homenaje a las Víctimas ha sido el Movimiento Nacional de Victimas, que aglutina a diversas expresiones de familiares de desaparecidos forzados, de torturados, de desplazados forzosos, de ejecutados, de indígenas, de afrocolombianos, de mestizos, de sindicalistas, de exiliados, de ciudadanos y ciudadanas, de defensores de derechos humanos.
El uso o distorsión por parte de terceros de su convocatoria no es responsabilidad del Movimiento Nacional de Victimas.
Sus voceros han rechazado públicamente su tergiversación por terceros. Ellas y ellos han insistido, han afirmado que se trata de un Acto de dignificación y de Homenaje a las Víctimas.
Reiteramos nuestra preocupación por la vida e integridad personal de los integrantes del Movimiento Nacional de Victimas, que desde el comienzo de su expresión como organización de las familias de las víctimas y de la sociedad civil ha sido objeto de intimidaciones, amenazas, falsas acusaciones, desprestigio y crímenes de algunos de sus integrantes.
Hoy en ese escenario de descalificación oficial no rectificada, personas y organizaciones del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado han recibido intimidaciones, amenazas de muerte por parte de estructuras paramilitares.
Así mismo, la animadversión de ciudadanos contra el Acto de Homenaje se ha sustentado en esas apreciaciones de personas vinculadas con el gobierno, lo que requiere una rectificación, como medio efectivo de garantía y de protección.
Invitamos a la humanidad a acercarse a conocer, a permitirse ser sensible frente a estas víctimas que han sido casi sistemáticamente desconocidas, aisladas, silenciadas, a quienes se les ha negado la posibilidad de ser reconocidas socialmente.
Luego de encontrarse con esta otra realidad, que refleja las profundas contradicciones de la democracia colombiana, a actuar en solidaridad y en consonancia el próximo 6 de marzo.
Participación, como homenaje a los más de 60 mil víctimas de Crímenes de Estado, los más de 4 millones de desplazados y despojados de más de 6 millones de hectáreas de tierra, las más de 1500 fosas comunes, los cerca de 1000 ejecutados extrajudicialmente desde el 2002 hasta enero de 2008, y por el Acuerdo Humanitario para lograr la libertad de los retenidos y secuestrados por las guerrillas. .
A los periodistas de los medios de información, los apelamos a actuar en libertad de conciencia, asumiendo una actitud razonable y de respeto a los códigos deontológicos en los aspectos referentes a la responsabilidad social, a la imparcialidad y a la confrontación de fuentes respecto a lo que significa el derecho a la memoria y a la Verdad que poseen las víctimas de crímenes de Estado.
La información democrática es una condición de respeto y de dignificación a las víctimas, presupuesto básico del derecho a la memoria, punto de partida para la Verdad, la Justicia, la Reparación Integral y la No Repetición.
Creemos que solamente de este modo es posible enfrentar el olvido y la construcción del poder que cimienta un provenir de destrucción, de involución y de negación de la democracia.
Suscriben integrantes de la Comisión Ética de la Verdad
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de Paz
Movimiento de Trabajadores Rurales de Brasil, MST
Mirta Baravalle, Madres de la Plaza de Mayo-Línea Fundadora- Argentina
Francois Houtart, Centre Tricontinental, Bélgica
Enrique Nuñez, Comisión Etica contra la Tortura-Chile
Asociación Comunitaria Universitaria Santo Tomás de Aquino, Madrid-España
Rainer Huhle, Centro de Derechos Humanos de Nürenberg, Alemania
Liz Deligio, School of the Americas Watch, SOAW, USA
Charity Ryerson, School of the Americas Watch, SOAW, USA
Miguel Alvarez, Verapaz, Comisión de Paz de México
Carlos Fazio, profesor universitario UNAM, escritor
Gilberto López y Rivas, Profesor Universitario UNAM
Libertad Sánchez, Asociación por la Recuperación de la memoria histórica de Mérida, España
Coalición de los Pobres, USA
Febrero 19 de 2007
febrero 19th, 2008
El “Batallón de fusiles calientes” -14 militares y su comandante, el coronel Byron Carvajal- fueron declarados culpables de la matanza de una unidad completa de elite de la policía antidrogas (10 policías) y un informante que los guiaba, el 22 de mayo de 2006 en Jamundí.
Carvajal era comandante del Batallón No. 3 de Alta Montaña, del Valle. La primera pregunta fue: ¿qué hacía el batallón de alta montaña en la zona plana, donde está ubicada la población de Jamundí, en el Norte del departamento del Valle del Cauca, a media hora por carretera de Cali, la capital departamental?
El coronel coordinó a sus hombres -un teniente, un sargento y 11 soldados- en el ataque contra la elite antinarcóticos.
El juez aún no dio a conocer la sentencia, lo que hará en dos semanas.
El Fiscal General dijo en esa ocasión: “Fue una emboscada, una masacre premeditada”; “es un mandado al narcotráfico”.
¿A quién estaban protegiendo los militares? ¿Al mismísimo Don Diego, uno de los capos del Cartel del Norte del Valle?
La prensa publicó en ese tiempo que la finca que pretendía allanar el grupo antinarcóticos de la policía pertenece Don Diego. También pertenecen a él otras propiedades circundantes, como dijo una fuente a IPS.
Por si fuera poco, de todo esto resultó que el Batallón No. 3 de Alta Montaña comerciaba cocaína en la zona montañosa de Jamundí. La droga procedía, supuestamente, de material incautado.
Este caso fue objeto de fuerte tira y afloje, pues la Justicia Penal Militar se quería quedar con él.
La misma noche del 22, el general Mario Montoya, comandante del ejército, presentó los hechos como un error militar durante un recorrido de rutina, y por disposición suya, la justicia castrense comenzó a actuar de inmediato. El Procurador General de la Nación (ministerio público) tuvo que emplearse a fondo dos días después para arrebatarle el caso y que éste fuera investigado por la justicia ordinaria.
Los militares permanecieron 43 minutos solos en la escena del crimen. Sin embargo, hoy se dice que ésta no fue alterada.
Aparecieron allí casquillos de más de 150 balas de fusil y de ametralladora. La mayoría de los casquillos corresponden a proyectiles de fusiles Galil, que usa el ejército, pero algunos corresponden a fusiles AK-47, que utilizan los paramilitares, como los que mantenía Don Diego.
En los funerales de la elite antinarcóticos se vio lloroso a un funcionario de la DEA, que prometió que este crimen iba a ser explicado. El embajador estadounidense pidió “claridad”.
Funcionó: Don Diego fue capturado en septiembre del año pasado, por un “comando especial” del ejército, “en coordinación con entidades nacionales e internacionales”.
Veremos si la justicia se fija en el historial de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos que se le atribuyen al coronel Carvajal. Veremos qué dice sobre la presencia, en el lugar del ataque, de casquillos de armamento que no pertenece ni al ejército, ni a la policía antinarcóticos.
¡Ah! Me olvidaba. Los batallones de alta montaña hacen parte del plan contrainsurgente de Estados Unidos en Colombia.
febrero 18th, 2008
Colombia Support Network (CSN, Estados Unidos) recibió y circuló este viernes la siguiente declaración del distinguido lingüista y autor Noam Chomsky, que avala el homenaje del próximo 6 de marzo a las víctimas del paramilitarismo y los crímenes de Estado (English below):
“Durante demasiado tiempo, los colombianos han sufrido tortura, desplazamientos, desapariciones y desgracias generalizadas bajo la oscura sombra del terror paramilitar y militar, que constantemente asume formas nuevas y más amenazantes. Para nuestra eterna vergüenza, los ciudadanos de Estados Unidos durante cerca de medio siglo hicieron una contribución decisiva, sin darse cuenta, a esos horrores. La vigilia del 6 de marzo es una medida valiente de las víctimas y de quienes les brindan apoyo, en Colombia y en todo el mundo. Es una vehemente súplica para que se ponga fin definitivamente a este salvajismo. Por favor, únase a ellos en cualquier forma que usted pueda, y ayude a traer a este maravilloso país la justicia y la paz que su pueblo enormemente merece. Noam Chomsky.»
Colombia Support Network has received the following statement from the distinguished linguist and author Noam Chomsky welcoming the activities on March 6.
“For far too long, Colombians have suffered torture, displacement, disappearance, and general misery under the dark shadow of paramilitary and military terror, constantly taking new and more menacing forms. To our everlasting shame, citizens of the United States have unwittingly made a decisive contribution to these horrors for close to half a century. The vigil on March 6 is a courageous stand by the victims and their supporters, in Colombia and around the world, a passionate plea for this savagery to be brought to a final end. Please join them in any way you can, and help to bring to this wonderful country the justice and peace that its people richly deserve. Noam Chomsky”
febrero 15th, 2008
Desde el departamento más golpeado por el paramilitarismo, llegó hoy una carta de Producciones El Retorno, área de comunicaciones de la Asociación Campesina de Antioquia.
Inicia con una bien merecida diatriba a la prensa colombiana, del columnista –antioqueño- Alberto Aguirre. Al final, links a una diciente selección de vídeos.
«…Eso es lo triste del periodismo colombiano, que se queda mudo ante las insolencias, las falacias y las bufonerías del poder. Pero sí baten el botafumeiro para envolver en el incienso de la adulación al Príncipe. Los periodistas forman parte de la comitiva presidencial, y en esta condición, hacen el papel de cortesanos, de ujieres, de palafreneros, de lameculos o, si toca, de tirabeques. Un periodista no debe formar parte nunca de la comitiva presidencial. El periodista se define frente al Poder, no al lado del Poder… y es aun más triste el silencio mudo de la Gran prensa. El estado de lambonería es correspondiente con el estado de abyección».
Alberto Aguirre – Periodista colombiano («Prensa Tartamuda» en Revista Cromos, agosto 18 de 2003, p.12)
Vamos al camino del 6 de marzo
Producciones EL RETORNO
Cuando marcharon los estudiantes eran vándalos, cuando marcharon los cocaleros del sur del país eran guerrilleros, cuando marcharon los desplazados el 18 de julio del año pasado exigiendo Vida, Tierra y Dignidad ni siquiera aparecieron en los medios, cuando marchó la Comunidad de Paz de San José de Apartadó para recordar a sus muertos y conmemorar sus diez años de existencia, los equipos periodísticos no llegaron y el país poco o nada supo del acto de memoria que cientos de campesinos en resistencia civil le hicieron a sus familiares, amigos y compañeros asesinados por una estrategia de guerra que no distingue a los civiles y que desde los mismos batallones militares protege, encubre y traza planes de exterminio.
Nunca podremos comprender lo que nos sucede con el tipo de medios que nos informan, propagadores de una libertad de expresión atada de manos y pies a la primera y más importante de las libertades en el mundo actual: la del mercado. La información se vende como el agua, embotellada, sellada, con apariencia de transparencia y sin calorías, ligera, rápida y oportuna. Nos embomba todo el día, se repite en todas partes y se basa en las mismas fuentes, no estamos informados, vivimos saturados de imágenes y relatos confusos, coyunturales casi todos, desde los cuales nos es imposible discernir el complejo panorama de nuestros conflictos sociales. La información se vende como la Coca-Cola, oscura y manipulada, dañina pero enviciante.
Los hechos no se informan en el tiempo ni en el espacio, no tienen contextos, cada día trae su afán en el universo mediático, cada jugada trae sus consecuencias en el mundillo político, los grandes medios endiosan a sus amos y apabullan a sus súbditos, los duermen o los despiertan cuando mejor les convenga.
Un mes antes de la marcha del 4 de febrero en Colombia, contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los medios acogieron la propuesta nacida de un grupo «espontáneo» en Internet y se la jugaron toda. Repitieron una y otra vez las palabras de dolor que los secuestrados por las FARC le escribieron a sus familiares, fueron capaces de convocar y movilizar a todo el país en el debate sobre el secuestro, sobre las inhumanas condiciones en que viven los políticos, militares y civiles en poder de la guerrilla de las FARC. Una dura y cruda verdad se utilizó por los medios y sus dueños para tapar otra no menos cruel pero que los compromete directamente y puede conducir a conclusiones mucho más dramáticas sobre la real dimensión del terror paramilitar en Colombia.
Era inocultable el escándalo paramilitar el año pasado en los medios masivos de comunicación, las altas cortes comenzaban a comprobar que lo dicho desde hace tantos años por organizaciones sociales, no gubernamentales y de derechos humanos era cierto: políticos, polícias, militares, jueces, fiscales, notarios, empresarios, multinacionales y abogados se unieron con el poder feudal de los narcotraficantes en varias regiones del país para «defenderse de la amenaza comunista» y con el total silencio del Estado masacrar comunidades enteras para establecer sus proyectos de desarrollo y para apropiarse de las mejores tierras.
El horror paramilitar en Colombia ha dejado cientos de miles de víctimas que han sido perseguidas, ignoradas y silenciadas. Esos dolores no tienen rostro permanente en los noticieros de los dos canales privados de Televisión en Colombia, esos gritos desesperados por justicia y verdad no caben en las agendas informativas de dos empresas que responden a la ley del mercado y a los bolsillos de los dos grupos económicos más poderosos del país. La historia real sólo la puede contar la víctima, el guerrero siempre difundirá las noticias de las atrocidades de su enemigo y tratará de hacer olvidar las suyas.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia ha convocado a un homenaje a las víctimas del paramilitarismo para el próximo 6 de marzo, así mismo dirigió una carta al director de noticias de Radio Cadena Nacional (RCN) para informarle de la movilización e invitarlo a que la convocatoria tuviera en su medio el mismo eco que tuvo la marcha del 4 de febrero contra las FARC.
Algo han dicho pero poco, el gobierno dice que la marcha es organizada por la guerrilla y algunos columnistas le apuestan al fracaso y se preguntan si la gente odiará tanto a los jefes paramilitares como a «Tirofijo» o al «MonoJojoy», los jefes de las FARC.
Siempre hemos marchado al lado de las múltiples víctimas de crímenes de lesa humanidad que también suceden en Colombia como la desaparición forzada, la masacre y el desplazamiento forzado, cuyo drama es uno de los más complejos del mundo.
El 6 de marzo estaremos de nuevo a su lado, para hacer memoria de una historia inconclusa, sesgada y manipulada. Para hacer eco de los gritos que en medio de la impunidad que reina exigen que se haga justicia, se diga la verdad y se reparen los daños ocasionados por quienes detentan el poder en lo más alto y han sido ciegos ante un dolor que no los perturba porque no lo ven o porque simplemente no les importa.
Vamos al camino el 6 de marzo por tantos y por tantas desterradas, por los que resisten en sus territorios, por los que nunca han sido escuchados, por los desparecidos, por los pueblos originarios, por la tierra que también es víctima de la voracidad del poder. Por la verdad, por la libre información, por los periodistas asesinados o exilados por hacer su trabajo con ética y dignidad, por la memoria en tiempos de histeria colectiva.
Medellín, 12 de febrero de 2008.
Producciones EL RETORNO
Área de Comunicaciones – Asociación Campesina de Antioquia
ALGUNOS GRITOS QUE NO TRUENAN EN LOS GRANDES MEDIOS:
– Los familiares de las 16 personas desaparecidas por grupos paramilitares en la vereda La Esperanza en 1996 marcharon para honrar la memoria de sus desaparecidos
– Las víctimas realizan una marcha en Medellín para exigir Verdad, Justicia y Reparación
– Los desplazados marcharon el 18 de julio de 2007 por Tierra, Vida y Dignidad
– Las víctimas del paramilitarismo en Antioquia dan inicio a la campaña «Memorias contra el silencio y la impunidad» – Audiencia de Versión libre del jefe paramilitar Salvatore Mancuso
– Un Tribunal Internacional de Opinión, realizado el pasado mes de noviembre en Bogotá, señaló al Estado colombiano como responsable del desplazamiento forzado en Colombia
– 8 Estrategias para la Verdad, la Justicia y la Reparación – Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE – 2006
– Lo que provocan los medios y no nos lo muestran – Lo que no vimos de la marcha del 4 de febrero
febrero 13th, 2008
En una inspección, hoy, al pabellón número 1 de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en el noroccidental departamento de Antioquia, donde están recluidos los ex jefes paramilitares, las autoridades encontraron:
-Una pistola 9 mm
-Una granada de fragmentación
-11 millones de pesos en efectivo (unos 5.500 dólares)
El diario El Tiempo habló de “arsenal”.
El gobierno pidió una “investigación exhaustiva” para averiguar de dónde provino el dinero, y anunció que excluirá de los beneficios jurídicos pactados mediante la Ley de Justicia y Paz al “responsable”*.
Ya veremos. Porque en las cárceles colombianas lo que hay, desde hace mucho tiempo, son armas.
Y por supuesto, algunos presos bastante conocidos mantienen millones de pesos en efectivo. Para qué, lo dejo a la imaginación del lector o lectora.
*Ya publicado este comentario, informan que el «responsable» sería Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. El gobierno se lanzó a hacer la aclaración, pues inicialmente se dijo que se trataba de Don Berna, el mandamás de Medellín, heredero de Pablo Escobar. A quien Estados Unidos le tiene tantas ganas… En todo lo que tenga que ver con los paramilitares, dueños de tantos secretos, lo que parece no es lo que es.
febrero 13th, 2008
POR LOS DESAPARECIDOS
POR LOS DESPLAZADOS
POR LOS MASACRADOS
POR LOS EJECUTADOS
En Colombia han sido desplazadas cerca de cuatro millones de personas, en su mayoría por los grupos paramilitares. Estos grupos, solos o en conjunto con miembros de las fuerzas militares, han desaparecido al menos a 15.000 compatriotas y los han enterrado en más de 3.000 fosas comunes o han arrojado sus cadáveres a los ríos; han asesinado a más de 1.700 indígenas, 2.550 sindicalistas, y cerca de 5.000 miembros de la Unión Patriótica. Regularmente torturan a sus víctimas antes de matarlas. Entre 1982 y 2005 los paramilitares perpetraron más de 3.500 masacres, y robaron más de seis millones de hectáreas de tierra. Desde 2002, después de su “desmovilización”, han asesinado a 600 personas cada año. Llegaron a controlar el 35% del Parlamento. Desde 2002 hasta hoy, miembros del Ejército Nacional han cometido más de 950 ejecuciones, la mayoría presentadas como “positivos”. Tan solo en enero de 2008, los paramilitares cometieron 2 masacres, 9 desapariciones forzadas, 8 homicidios, y el Ejército ha cometido 16 ejecuciones extrajudiciales.
En Colombia, agentes del Estado y paramilitares violan los derechos humanos y el derecho humanitario. Muchos grupos paramilitares no se han desmovilizado. Ahora se hacen llamar Águilas Negras. Muchos parapolíticos están en cargos públicos y diplomáticos.
Usted marchó el 4 de febrero. ¿Acompañará el 6 de marzo a las víctimas de los paramilitares, los parapolíticos y los agentes del Estado? Nunca más fosas comunes. Nunca más desplazamientos forzados. Nunca más paramilitares. Nunca más parapolíticos. Nunca más crímenes de Estado.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
convoca:
6 DE MARZO DE 2008
Homenaje nacional a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado
febrero 5th, 2008
La gigantesca manifestación de repudio “contra las FARC”, sus secuestros y demás formas de violencia que comete, fue precedida de un bombardeo diario de invitaciones por Internet, de distinta procedencia. A ello se sumó una activa campaña en los grandes medios.
En las discusiones por e-mail que se armaban a veces en estas semanas previas, algunos argumentaban que la guerrilla no es la única que comete atrocidades. La respuesta era recurrente: organiza tú una marcha contra los paramilitares y te prometo que voy, pero ésta del 4 de febrero es contra las FARC.
Algo por el estilo se decía en los medios radiales que monitoreo habitualmente: Caracol, W Radio, RCN.
Los organizadores de la marcha, iniciativa de un grupo Facebook que recibió el respaldo gubernamental y financiación privada, calificaron de “tergiversación” cualquier convocatoria que se hiciera a favor o en contra de cualquier cosa que no fuera esa guerrilla campesina.
Temían especialmente que el mensaje “se dispersara”. Cualquier iniciativa divergente fue descalificada como “contramarcha”.
Expresaron que lo malo de la manifestación del 5 de julio de 2007, de rechazo a la matanza de 11 diputados regionales rehenes de las FARC, fue que allí hubo también una demanda urgente a favor del acuerdo humanitario, cuando era una marcha contra el secuestro.
Esa protesta, efectivamente, tuvo como denominador común la exigencia de libertad, y así lo reseñaron los medios.
Ahora podremos comprobar si es cierto que tanta gente se une a una protesta contra los poderosos y ubicuos paramilitares.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado está convocando, para el próximo 6 de marzo, una manifestación contra los grupos paramilitares, los parapolíticos y los agentes estatales involucrados en violaciones de derechos humanos. El objetivo de esta demostración es exigir que cesen los crímenes de los paramilitares y que se desmantelen definitivamente sus estructuras no desmovilizadas, que se acabe la parapolítica y que cesen las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública.
La semana pasada, Iván Cepeda, hijo del asesinado periodista y senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda, dirigió una carta a Álvaro García, director de noticias del canal televisivo privado RCN. RCN Televisión, según me informan, puso la tarima y el sistema de sonido en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
La misiva de Cepeda da claves sobre cómo se maneja la información en los grandes medios de Colombia.
Señor Director,
Difiero de la forma en que su noticiero cubre la realidad política y social de nuestro país. En particular, considero que existe un notable desequilibrio en la manera en que registra las noticias concernientes a la violencia y al conflicto armado. Mientras informa y condena con vehemencia los crímenes que cometen las guerrillas, no ocurre lo mismo cuando se trata de aquellos atribuibles a los grupos paramilitares, a los líderes políticos que se han aliado con ellos, o a miembros de la Fuerza Pública que actúan arbitrariamente contra la población civil. No es cuestión solamente de la proporción informativa. Es cierto que su noticiero presenta en ocasiones estos hechos. Pero regularmente lo hace de manera confusa, fragmentaria, y sin que se produzca una censura contundente a los autores de esas formas de violencia. No se analizan en profundidad los móviles, ni se identifica claramente a los responsables, ni se explica el contexto de esos crímenes. Así, el televidente solo percibe actos aislados que no guardan relación entre ellos.
Como Usted sabe, se cumplen seis años del inicio del proceso de desmovilización y dos de aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Los grupos paramilitares siguen delinquiendo, ejecutando masacres, cometiendo secuestros y desapariciones, narcotraficando, desplazando comunidades. Se ha probado judicialmente la responsabilidad de algunos congresistas en las investigaciones por la llamada parapolítica. Sin embargo, han sido reemplazados por otros igualmente corruptos. Muchos políticos siguen sin ser investigados, y cuando son denunciados, el Gobierno los nombra en cargos diplomáticos. También se ha probado judicialmente que agentes de las fuerzas militares cometen homicidios, y que tales hechos se califican con el eufemismo de “falsos positivos”. Es inadmisible que todo esto no merezca una condena unánime de los grandes medios de comunicación. Que se siga negando o minimizando esta otra realidad. Es inconcebible que una fracción significativa de la opinión pública, que solo se informa a través de la televisión, siga considerando al paramilitarismo como un mal menor, que ha sido ineludible e incluso deseable. ¿Cuándo su noticiero ha organizado campañas para condenar estos fenómenos?
El 31 de enero de este año en el programa ‘Hora 20’ de Caracol Radio usted aseguró que de ser convocada una marcha contra los grupos paramilitares y su acción criminal participaría con gusto en ella, y además que tal iniciativa contaría con el respaldo de su medio de comunicación.
El próximo 6 de marzo, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha convocado a una manifestación contra los grupos paramilitares, los parapolíticos y los agentes estatales involucrados en violaciones de derechos humanos. El objetivo de esta demostración es exigir que cesen los crímenes de los paramilitares y que se desmantelen definitivamente sus estructuras no desmovilizadas, que se acabe la parapolítica y que cesen las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública.
¿Dará Usted su apoyo a esta manifestación ciudadana? ¿Su noticiero le dará un despliegue informativo equivalente al que ha dado a la marcha que se llevará a cabo el próximo 4 de febrero?
febrero 4th, 2008
«El rostro de los secuestrados y el de las víctimas de otros crímenes atroces es la imagen especular de nuestra inacción. Si la idea de la humanidad todavía tiene sentido para nosotros, debemos cambiar radicalmente el curso de los acontecimientos en Colombia», dice el párrafo final del manifiesto «Contra la barbarie cotidiana», publicado el 31 de enero en el diario francés «Libération», y el 30 en el diario belga «Le Soir».
Lleva las firmas, entre otros, de Noam Chomsky, Orlando Fals Borda, Juan Gelman, Laura Restrepo, Juan Manuel Roca, Jota Mario Arbeláez, Boaventura de Sousa Santos, Philippe Texier, Alain Touraine, … y más nombres, provenientes de Alemania, Gran Bretaña, Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Salvador, España, Suiza, Venezuela, Uruguay, Turquía, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Suecia, Portugal, Perú, México, Italia y Guinea Bissau.
El llamamiento condena el secuestro y el juego táctico de la guerrilla y el gobierno en torno a rehenes y prisioneros de guerra; la desaparición forzada; el desplazamiento forzado; la irresponsabilidad del gobierno colombiano al negarse a reconocer que existe un conflicto armado para no aplicar el Derecho Internacional Humanitario, y su aceptación tácita de la connivencia paramilitares-narcotráfico-fuerza pública; la incapacidad de la justicia de traducir a hechos concretos los principios de verdad, reparación integral y de no repetición. La intervención militar estadounidense que permite que continúe “una guerra que ha atravesado todas las fronteras de lo inhumano” y el silencio de la Unión Europea, que “no cesa de cerrar los ojos frente a esta tragedia humanitaria, en nombre de intereses económicos que no son discutidos públicamente”.
Exigen “que las FARC liberen inmediatamente y sin ninguna condición a todos los secuestrados civiles en su poder, bien sea por motivos económicos o políticos”, pues los civiles no pueden ser objeto de canje alguno.
El gobierno, agregan, debe hacer un gesto de responsabilidad equivalente, abandonar definitivamente la hipótesis de un rescate militar y sentar las bases de un acuerdo humanitario que permita el intercambio inmediato de prisioneros (guerrilleros encarcelados contra policías y militares).
La comunidad internacional debe por su parte garantizar “la continuidad irrevocable” y el fortalecimiento de la oficina de la ONU para los derechos humanos en Colombia; la Unión Europea debe enviar un delegado permanente para reforzar la labor diplomática por el acuerdo humanitario; y desarrollar mecanismos para obligar al Estado colombiano a dar garantías efectivas a las organizaciones que han entablado acciones frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como reconstruir la independencia de la rama judicial.
“Al pueblo colombiano le corresponde definir la vía política que le permita reencontrar la justicia social y rechazar las diversas formas de violencia que tienen lugar en su territorio”, señalan.
He aquí el texto en español:
Contra la barbarie cotidiana
Nosotros, intelectuales y ciudadanos progresistas, comprometidos con la democracia y con la justicia social, que deseamos el surgimiento de sociedades libres de todas las formas de violencia (política, económica, social, cultural) y defendemos el derecho de los pueblos a construir alternativas frente a los peligros de un capitalismo sin límites; nosotros, que amamos Colombia para vivir en ella cada día; nosotros, que de ella hemos huido; nosotros que en ella tenemos amigos o que sólo la conocemos a la distancia; nosotros, deseamos expresar nuestro dolor y nuestra vergüenza frente a los secuestrados y, por medio de ellos, frente a la tragedia humanitaria colombiana, que oprime a la población civil y niega los principios más elementales de la dignidad humana.
1. Expresamos nuestra condena total a la práctica del secuestro, realizada por las FARC, las otras guerrillas, los paramilitares, algunos miembros de la fuerza pública y la delincuencia común. El secuestro es en sí mismo un crimen atroz, que conduce al agotamiento físico y a la muerte social de las personas afectadas. Además, debido a las condiciones de insalubridad en las que sucede y a la intensificación del conflicto, expone a estas personas definitivamente a la muerte. Nada, absolutamente nada, puede justificar esta práctica. Tampoco los otros crímenes (atentados, amenazas, asesinatos, masacres) cometidos contra la población civil, por parte de grupos armados ilegales o por miembros de las fuerzas armadas y de policía, cuyas estrategias exclusivamente guerreristas los han conducido a desvirtuar su proyecto político y ético inicial.
2. Condenamos con igual fuerza las actitudes irresponsables e inaceptables del gobierno colombiano en relación con: su rechazo al reconocimiento del conflicto armado y a la consecuente aplicación de los principios del Derecho Internacional Humanitario, el sufrimiento que le ocasiona a las familias de los secuestrados anunciando continuamente las operaciones militares de rescate, los insultos y las acusaciones dirigidos a la oposición democrática que los convierte en objetivo potencial o real de los grupos paramilitares, la aceptación tácita de la connivencia entre éstos, los narcotraficantes y los dirigentes políticos en un contexto donde la justicia es incapaz de traducir concretamente a los principios de verdad, reparación integral y de no repetición.
Finalmente, resaltamos el fracaso de la política de “seguridad democrática”, incapaz de garantizarle la vida a los más desprotegidos socialmente, con la cual se intenta legitimar todas las acciones gubernamentales mediante el recurso a la “guerra contra el terrorismo”.
3. Condenamos además las políticas de algunos miembros de la Comunidad Internacional, en particular las del gobierno de los Estados Unidos que, con los Planes “Colombia”, “Patriota” y “Consolidación”, le suministran al gobierno colombiano los medios militares y financieros para que continúe con una guerra que ha atravesado todas las fronteras de lo inhumano.
Por su parte, la Unión Europea no cesa de cerrar los ojos frente a esta tragedia humanitaria, en nombre de intereses económicos que no son discutidos públicamente, como sucedió en los últimos días con las negociaciones con la Comunidad Andina de Naciones.
La crisis humanitaria en Colombia se perpetúa, como lo demuestran los informes de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. ¿Es necesario recordar que Colombia tiene más de 3.000 personas secuestradas – de las cuales un poco menos de un tercio está detenida por las FARC [Fuente: Las Voces del Secuestro] –, 30.000 víctimas de desaparición forzada – esencialmente por la acción de grupos paramilitares [los desaparecidos son personas brutalmente separadas de su vida cotidiana, a menudo torturados y cuyos cuerpos no son devueltos a sus familias. Borrados de la noche a la mañana de la sociedad, son objeto de una doble negación: por parte del poder existente, que niega esta realidad; por parte de la opinión pública internacional, que no tiene conocimiento de esta situación. Fuente: Fidh] –, y 3,9 millones de desplazados?
¿Hay que recordar que, junto con Sudán, tiene el mayor número de desplazados en el mundo, que 60% de la población vive por debajo del umbral de pobreza y que es el escenario de injusticias sociales y culturales insoportables?
Por estas razones, llamamos a una movilización inmediata de todas las voces democráticas, en Colombia, Latinoamérica, en la Unión Europea y en los Estados Unidos, para contribuir a la liberación de los secuestrados y a la realización del acuerdo humanitario, etapas necesarias en la construcción de una solución no violenta y negociada del conflicto armado.
Con este propósito, nosotros demandamos públicamente:
1. Que las FARC liberen inmediatamente y sin ninguna condición todos los secuestrados civiles en su poder, bien sea por motivos económicos o políticos. Es necesario precisar que por estos últimos no se pide ninguna recompensa, no deben ser objeto de un intercambio humanitario como si fueran combatientes y su vida es responsabilidad exclusiva de sus captores. Frente al dolor de los familiares, las FARC deben tener una mínima coherencia con su propuesta política y ética, y crear las condiciones para su liberación. De lo contrario, su lucha pierde todo sentido. Si hasta ahora se ha supuesto que este gesto debe constituir una contrapartida al acuerdo humanitario, nosotros consideramos que debe anticiparlo: los videos y las cartas recientes de los secuestrados políticos son un llamado desesperado para tomar medidas inmediatas. Esta exigencia de liberación la hacemos ante todos los actores responsables del secuestro.
2. Que el gobierno realice un gesto de responsabilidad equivalente, que en consecuencia abandone definitivamente la hipótesis de un rescate militar y siente las bases de un acuerdo humanitario que permita el intercambio inmediato de prisioneros (guerrilleros encarcelados contra policías y militares secuestrados). Al respecto, hay que subrayar la lógica jurídica y moral de dicho acuerdo: en el marco del Derecho Internacional, busca regular pacíficamente y en un tiempo determinado, el intercambio de prisioneros durante las guerras. Por lo tanto, implica la inclusión de una lógica de no-violencia dentro de una situación de violencia estructural. Con tal propósito, ninguna de las alternativas propuestas por las partes y la sociedad debe ser ignorada, y la negociación para la liberación de los secuestrados no debe seguir siendo sometida a juegos tácticos de las partes en medio de estrategias bélicas.
3. Que la Comunidad Internacional demuestre un compromiso real con la paz y los derechos humanos en Colombia. Por consiguiente, formulamos tres peticiones específicas: la continuidad irrevocable de la oficina de las Naciones Unidas in situ y el fortalecimiento de sus medios de acción; el envío de un delegado permanente de la Unión Europea, que refuerce la labor de la diplomacia europea con respecto al acuerdo humanitario; el desarrollo de diversos mecanismos que obliguen al Estado colombiano a darle garantías efectivas a las organizaciones que han entablado acciones frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que éstas lleguen a buen término. Estos elementos deben ser considerados como las primeras etapas de la reconstrucción de un sistema judicial totalmente independiente, capaz de poner fin a los crímenes cometidos por las partes en conflicto y de responder a las exigencias de las organizaciones de víctimas sobre el reconocimiento del derecho inalienable a la verdad, la reparación integral y la no repetición de los crímenes cometidos.
Al pueblo colombiano le corresponde definir la vía política que le permita reencontrar la justicia social y rechazar las diversas formas de violencia que tienen lugar en su territorio.
Entre las pruebas de vida de los secuestrados dadas a conocer una de ellas llamó especialmente nuestra atención: la que Ingrid Betancourt dirige a su madre. Es un mensaje perturbador por su mezcla de intimidad y de universalidad, de agotamiento y de resistencia moral; sus palabras son el lazo de unión entre las víctimas anónimas y el resto del mundo.
Su autora cita a Albert Camus. En tal sentido, para hacerle eco a sus palabras, es conveniente recordar el siguiente fragmento del autor de El Extranjero: “la tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las fallas de los liberales” (A. Camus, Actuelles I).
El rostro de los secuestrados y el de las víctimas de otros crímenes atroces es la imagen especular de nuestra inacción. Si la idea de la humanidad todavía tiene sentido para nosotros, debemos cambiar radicalmente el curso de los acontecimientos en Colombia.
febrero 2nd, 2008
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