El general en retiro Pauselino Latorre, hasta hace cerca de año y medio director de Inteligencia Militar, fue apresado en una redada antidroga junto con su sobrino, Leovaldo Latorre, quien fue fiscal especializado de la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía General.
Ambos son acusados de hacer parte de una red de narcotraficantes cuando aún estaban en sus respectivos cargos, hace dos años. Otras 20 personas fueron detenidas en una redada simultánea promovida por la DEA estadounidense en las ciudades de Bogotá, Armenia, Pereira y Cali y en la isla caribeña de San Andrés.
Latorre fue también comandante de la Tercera División del ejército, con sede en Cali.
Cuando era comandante de la Brigada Móvil 1, ascendió a general luego de haber tomado el curso de altos estudios en la Escuela Superior de Guerra, en octubre de 2001.
Siendo jefe de la Brigada 17, con jurisdicción en la región noroccidental, el militar toleró en 2003, a favor de la empresa Urapalma, sembrados ilegales de palma africana en territorios colectivos de comunidades negras en varias cuencas del río Atrato, en el departamento del Chocó.
Asimismo avaló en 2004 el traspaso ilegal, a dicha empresa, de al menos un predio de propiedad colectiva en la cuenca del río Curbaradó.
Dicho terreno ya había sido sembrado con palma tras despoblar la zona mediante horrendas matanzas cometidas por paramilitares, que sembraban el terror y obligaban a huir a los habitantes.
Por su parte, el ex fiscal Latorre fue el encargado de diseñar la implantación en el país del nuevo sistema penal acusatorio.
El fiscal general, Mario Iguarán, dijo que la red “utilizaba a Venezuela como puente, transportaba los estupefacientes desde laboratorios ubicados en Aguachica, Santa Rosa y en zona rural del Norte de Santander, hacia Europa y Norteamérica”, dijo refiriéndose respectivamente a poblados en el nororiental departamento del Cesar, en la región del Magdalena Medio y al departamento fronterizo cuya capital es Cúcuta.
enero 24th, 2008
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó sí tiene derecho a conocer la identidad de los militares que patrullaban por su territorio, al noroccidente de Colombia en el departamento de Antioquia, cuando fueron cometidos crímenes contra miembros la comunidad.
Comenzando por los peores casos, la Fiscalía General de la Nación tendrá que activar los procesos por los múltiples asesinatos que ha padecido esa comunidad campesina pacifista, que está protegida por medidas provisionales de seguridad expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
En Sentencia T-1025/07, la Corte Constitucional respondió el 23 de enero positivamente la tutela instaurada por el sacerdote jesuita Javier Giraldo, y que había sido denegada en junio de 2006 por el Tribunal Superior de Bogotá.
La Corte ordenó al Ministerio de Defensa que proporcione “los nombres y códigos institucionales, las unidades a las cuales están adscritos y su línea de mando”.
La negativa del Ministerio de Defensa de proporcionar estos nombres entrañaba, según la tutela interpuesta por el sacerdote, la violación al derecho de acceso a la información en manos del Estado, la violación del derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo (ombudsman) debe disponer el personal necesario y las medidas pertinentes para “propiciar la construcción de la confianza mínima necesaria entre las instituciones y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”, con el fin de facilitar el cumplimiento de la sentencia y de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Extendida vigencia de medidas provisionales
La Corte extendió la vigencia de lo dispuesto en una sentencia suya en 2004, que activa en Colombia las medidas provisionales ordenadas por la CoIDH para garantizar la vida e integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz y de las personas que les prestan servicios, pues éstas también suelen ser atacadas.
El Ministerio de Defensa deberá en adelante informar quincenalmente a la Defensoría del Pueblo (Ombudsman) sobre las acciones realizadas para cumplir dichas medidas provisionales.
El informe deberá incluir la evaluación de los resultados obtenidos, con una relación de los logros alcanzados y de las fallas identificadas en la misión de impedir que ocurran crímenes contra la comunidad de paz.
“En el informe también se expresará cómo se ha procedido para dar cumplimiento a los principios y normas de derecho internacional humanitario en las actividades que realiza la Fuerza Pública en la zona”, ordena la Corte.
Inventario de crímenes
Detrás de los medios – San José de Apartadó / 1de3 10m 54s
Detrás de los medios – San José de Apartadó / 2de3 10m 15s
Detrás de los medios – San José de Apartadó / 3de3 7m 57s
El Fiscal General de la Nación tendrá que realizar ahora, por orden de la Corte, “un inventario cuidadoso, completo, preciso y actualizado sobre los crímenes que han afectado a la Comunidad de Paz, identificando con nombre propio a cada una de las víctimas” y la fecha en que ocurrieron los crímenes.
La Fiscalía debe establecer el estado actual de todos los procesos penales que se adelantan por los crímenes, el número total de procesos, cuáles son las fiscalías que adelantan las investigaciones, cuáles son las últimas actuaciones adelantadas.
Asimismo, debe identificar las investigaciones estancadas y establecer qué crímenes aún no están siendo objeto de persecución criminal, para abrir los respectivos procesos.
El fiscal general debe definir prioridades, con el fin de que los crímenes más graves encuentren sanción.
La Corte Constitucional ordena al Fiscal General que establezca también qué procesos adelanta la justicia penal militar por crímenes contra la Comunidad de Paz, y proponer colisión de competencia en los casos pertinentes, con el fin de que la Fiscalía asuma las investigaciones correspondientes.
El fiscal debe hacer seguimiento, en los juzgados penales, del destino de los procesos en los que la Fiscalía dictó resolución de acusación.
Sobre todas estas actividades, el fiscal debe enviar un informe a la Corte y al Ombudsman a más tardar el próximo 1 de marzo.
A partir de ese día, mensualmente debe informar a la Defensoría del Pueblo acerca de los avances en cada uno de los procesos penales que se adelanten en relación con estos crímenes.
enero 24th, 2008
Por Constanza Vieira
Además de la parlamentaria Muriel Benito-Revollo, aliada del desaparecido jefe paramilitar ‘Rodrigo Cadena’ en San Onofre, Sucre, al norte de Colombia, donde desde 2001 los paramilitares han perpetrado cerca de 2.000 desapariciones forzadas, y donde muchos de los crímenes «se cometieron para eliminar a los opositores políticos» de Benito-Revollo, el Llamamiento a la Memoria, de Hijas e Hijos por la Memoria y contra la Impunidad, hecho público el 9 de marzo, invita a no votar otros nombres en las elecciones parlamentarias del domingo.
Los dirigentes de Colombia Viva «han expresado públicamente sus afinidades con el proyecto paramilitar», recuerda el llamamiento.
En anteriores elecciones, en varios departamentos caribeños con amplio control paramilitar, este movimiento obtuvo cinco gobernadores, 13 congresistas, 27 alcaldes y 365 concejales.
«En muchos de estos sitios sus líderes fueron candidatos únicos y sus listas obtuvieron votaciones casi absolutas. Sus opositores tuvieron que renunciar bajo presiones», rememora Hijas e Hijos, y a continuación menciona a tres parlamentarios actuales y aspirantes a ser reelegidos, Dieb Maloof, Habib Merheg y Vicente Blel..
Maloof fue uno de los que levantó sospechas entre los atentos observadores de los procesos electorales, pues en las elecciones de 2002 obtuvo votaciones exorbitantes para la costumbre colombiana: el 90 por ciento de los votos en Remolino, el 87 por ciento en Chivolo y el 85 por ciento en Salamina, todos municipios de la costa, según la Registraduría Nacional, entidad a cargo de las votaciones.
Merheg fue acusado por la ex senadora liberal Piedad Córdoba, actual candidata al senado, de tener vínculos con el jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, ‘Macaco’, considerado el más poderoso de las AUC.
«Blel figura en un proceso judicial en Estados Unidos, y fue delatado ante la justicia por el narcotraficante Víctor Patiño Fómeque de ser su testaferro desde principios de 1990», rememora Hijas e Hijos.
El líder de Alas – Equipo Colombia y candidato actual al senado, Álvaro Araujo, fue acusado por el parlamentario izquierdista Gustavo Petro de ser cómplice de los paramilitares del nororiental departamento del Cesar.
«Contra otro de sus candidatos, el general (r) Jaime Ernesto Canal, existen indicios de que en 1999, cuando estaba al mando de la Tercera Brigada del Ejército, creó un grupo paramilitar y le facilitó armas e información», afirma el llamamiento, que además recuerda que el general absolvió a colegas suyos ante la justicia penal militar por una matanza.
Colombia Democrática fue creado por el primo del actual presidente, senador Mario Uribe, quien excluyó de su lista a las parlamentarias Rocío Arias y Eleonora Pineda porque de ello dependía su visa a Estados Unidos. Arias y Pineda, que en septiembre reconocieron su admiración por los jefes de las AUC Salvatore Mancuso y ‘Don Berna’, fueron acogidas por otras listas uribistas.
Un escolta de Arias fue capturado junto con el jefe paramilitar Eduardo Orlando Benavides, acusados del asesinato de tres dirigentes políticos del departamento del Meta, al sur de Bogotá.
El parlamentario Álvaro García Romero es señalado por Hijas e Hijos de ser «aliado del jefe paramilitar ‘Rodrigo Cadena’.
García fue acusado por Petro en un debate parlamentario de agotar, mediante corrupción, los recursos públicos del departamento de Sucre y de haber participado en el asesinato del alcalde del municipio de El Roble, Eudaldo Díaz, en abril de 2003.
Un curtido senador del nororiental departamento de La Guajira, Miguel Pinedo Vidal, sería aliado de los jefes paramilitares ‘Hernán Giraldo’ y ‘Jorge 40’, quien se desmovilizó este viernes. La Guajira está bajo control paramilitar.
El controvertido general (r) Rito Alejo del Río, a quien el propio Uribe llamó «el pacificador de Urabá», la zona bananera al norte de los departamentos de Antioquia y Córdoba, es señalado por las comunidades afrodescendientes del río Atrato de haber aplicado en 1997 en la región una estrategia combinada militar-paramilitar que condujo a masacres y desplazamiento forzado, «con el fin de implantar en la región empresas palmicultoras pertenecientes a la familia Castaño Gil», fundadores de las AUC, dice Hijas e Hijos.
Otro ex militar candidato al senado, coronel (r) Alfonso Plazas Vega, es señalado como responsable de la desaparición de 17 civiles durante la retoma militar del Palacio de Justicia, que fue asaltado por la guerrilla M-19, hoy disuelta, en noviembre de 1985.
Hijas e Hijos recuerda además que Plazas Vega, desde la Dirección Nacional de Estupefacientes, habría cedido al lucro privado de personas cercanas suyas propiedades confiscadas a narcotraficantes. También, desde ese cargo, ordenó la fumigación indiscriminada con glifosato de territorios campesinos, una polémica estrategia para destruir los sembrados de coca, materia prima de la cocaína de la cual Colombia es primer productor mundial.
La asociación de víctimas no menciona a Héctor Julio Alfonso, aspirante a la cámara baja por el partido uribista Apertura Liberal, tras ser expulsado de la lista conservadora.
Alfonso es hijo de la empresaria de apuestas Enilse López, ‘La Gata’, de quien se dice tiene vínculos con el paramilitar Mancuso, cercana al extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, jefe militar del Cartel de Medellín, y quien está actualmente detenida acusada de lavado de activos y apropiación de dineros públicos de la salud.
Tan pronto ‘La Gata’ fue trasladada a Bogotá, entre 10 y 20 parlamentarios pidieron al fiscal general que les permitiera hablar a solas con ella, antes de que declarara ante la Fiscalía, pero los nombres de los políticos no han sido revelados por el funcionario. El presidente Uribe reconoció que la empresa de la mujer donó más de 44 mil dólares a su primera campaña en 2002.
Aparentemente por presión de Estados Unidos, el presidente Uribe pidió excluir de las listas uribistas a Luis Eduardo Vives, Jorge Luis Caballero y Jorge Castro.
Vives se postuló en las pasadas elecciones a nombre del Movimiento Integración Popular (Mipol), un partido de la costa caribe, poco conocido. Según la Corporación Nuevo Arco Iris, tanto Mipol como Colombia Viva se multiplicaron junto con la expansión paramilitar a partir de 1999.
En las elecciones de 2002, según Registraduría, el senador Vives consiguió en Nueva Granada el 89 por ciento de los votos y en San Zenón, el 87 por ciento, ambas poblaciones del departamento del Magdalena, dominado por el paramilitarismo.
Por nexos con el paramilitarismo que él niega, Jorge Luis Caballero fue expulsado públicamente en una rueda de prensa de Cambio Radical, segunda fuerza uribista según las encuestas, pero fue acogido por Apertura Liberal, dirigido por la política tradicional Zulema Jattin, también uribista.
En las elecciones de 2002, Caballero, del departamento del Magdalena, obtuvo en el poblado de El Piñón 97.7 por ciento de los votos para la cámara baja; en Concordia, otro poblado, el 96.4 por ciento y en Tenerife, el 93.7 por ciento, según la Registraduría.
Para Antonio Navarro, ex guerrillero del disuelto M-19 y hoy senador y precandidato presidencial del izquierdista Polo Democrático Alternativo, «esos resultados son consecuencia de coacción armada sobre los votantes».
Para Navarro, las apabullantes votaciones muestran que estos políticos ya en 2002 tuvieron el apoyo de los paramilitares en el Magdalena. Navarro disputa este domingo la candidatura de la izquierda con el también senador del Polo y ex presidente de la Corte Constitucional Carlos Gaviria.
Castro, expulsado también de Cambio Radical por el mismo motivo, fue acogido por Colombia Viva.
En el Senado, durante la discusión del código electoral y de la ley de garantías elaborada tras la aprobación de la reelección inmediata que favorece a Uribe, Navarro propuso considerar que una votación superior al 75 por ciento en un municipio debería ser investigada, pero fue derrotado porque el gobierno se opuso.
También fue rechazada por el gobierno la propuesta de que no podría haber candidatos únicos ni a gobernaciones, ni a alcaldías.
El mismo Navarro observó que el propio presidente Uribe, originario del departamento de Antioquia, sólo en Envigado, ciudad aledaña a Medellín y que en sus tiempos era controlada por el narcotraficante Pablo Escobar, obtuvo una votación del 80 por ciento. El resto de votaciones por Uribe en su tierra natal fue normal en cada municipio.
Por eso, al precandidato izquierdista le llama la atención que Uribe, a quien los paramilitares han manifestado repetidamente su apoyo, haya obtenido el 95 por ciento de los votos en Sabanas de San Ángel, y cifras similares en Chivolo y Ariguaní, municipios del mismo Magdalena.
El 5 de enero de 2006, los senadores cordobeses Miguel De la Espriella y Juan Manuel López Cabrales se acusaron mutuamente, y delante del presidente Uribe, de vínculos con las AUC. De la Espriella sería amigo de Mancuso, según López. Un hermano de López estaría favoreciendo a los paramilitares con contratos públicos, según De la Espriella. Sólo luego de que las acusaciones trascendieron a los medios, 15 días después, Uribe dio a conocer su intención de que la fiscalía investigue.
La lista es aún más larga: las AUC han hablado de tener el 35 por ciento de las curules del actual parlamento. En http://www.salvatoremancuso.com/ se lee un artículo que pone en duda esa cifra, que ha sido citada por el propio Mancuso y por Vicente Castaño. Sea como sea, el texto subraya que en las elecciones del 12 de marzo las AUC duplicarán la presencia actual en el legislativo colombiano.++++
ELECCIONES – COLOMBIA:
Paramilitares buscan votos
por Constanza Vieira
BOGOTÁ, mar 10 (IPS) – Una entidad de hijas e hijos de víctimas de «la guerra sucia y el terrorismo» en Colombia llamó a la ciudadanía a no votar en los comicios parlamentarios de este domingo por las listas que postulan a presuntos paramilitares, sus cómplices y sus testaferros.
marzo 10th, 2006
“Es una tragedia invisible. Las tierras indígenas están generalmente en áreas remotas, de importancia estratégica, donde los grupos armados tienen fuerte presencia. Los crímenes y los abusos contra los derechos humanos de los indígenas con frecuencia no son reportados y permanecen en la impunidad”, advirtió la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, y agregó que comunidades enteras podrían desaparecer tras ser forzadas a abandonar sus territorios tradicionales.
En Colombia, de 43,7 millones de habitantes, hay cerca de un millón de indígenas de 90 etnias. Muchos están en riesgo, dijo ACNUR.
Solamente este año, más de 19 mil indígenas fueron forzados a abandonar sus casas y territorios, de ellos unos 14 mil del pueblo Nasa pues su hogar, en el suroccidental departamento del Cauca, se convirtió en escenario predilecto de la confrontación a partir de abril.
Cerca del 7% de la población total actual de Colombia ha sufrido desplazamiento forzado. En tamaño y alcance, la crisis del desplazamiento interno en Colombia sólo es superada por las de Sudán y la República Democrática del Congo.
Proporcionalmente, la mayoría de los desplazados son indígenas y afrocolombianos. Aunque estas etnias suman sólo el 11% de la población nacional, constituyen la cuarta parte de la población desplazada.
Se trata de comunidades que dependen de su relación con la tierra para su supervivencia física y cultural. Sus estructuras tradicionales de liderazgo y los vínculos comunitarios se ven profundamente afectados. El desplazamiento contribuye a menudo al desmoronamiento de los gobiernos tribales indígenas, señaló en noviembre un informe del Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos, con sede en Suiza, COHRE por sus siglas en inglés.
La estadística de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, registra que de los más de 1.600 indígenas asesinados en los últimos veinte años, casi mil perecieron en los últimos cinco años.++++
Recopilación de las violaciones más relevantes al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos – Etnias de Colombia – Enero a noviembre de 2005
diciembre 9th, 2005
