Heavy Metal Colombia

La impunidad no se negocia

“Es absolutamente claro que no se negocia la doctrina militar”, dijo este martes 23 por la Emisora del Ejército el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle. “No va haber una aceptación de exigencia de disminución de fuerzas, de presupuesto, de cambiar la doctrina militar”, señaló a su vez el general retirado Jorge Enrique Mora, ex comandante de las Fuerzas Militares y también negociador plenipotenciario con las FARC.

La analista Laura Gil comentó: “La doctrina militar de un país en guerra no puede ser la misma doctrina militar de un post-conflicto”.

Lo que dice Gil suena tan lógico que, a lo mejor –pienso yo- lo que no se negocia es la impunidad.

La ampliación del fuero militar fue emprendida por el gobierno durante la fase secreta de las negociaciones con las FARC. Inicialmente, esta ampliación estaba incluida en la reforma a la justicia. Hubo un momento en que el propio gobierno la extrajo del naufragio: el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón radicó de manera independiente la reforma al fuero militar, para garantizar su aprobación.    

La ampliación del fuero militar modifica los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución.

Cuando entre en vigencia,

-la justicia penal militar podrá investigar, procesar y dictar sentencia en casos de violación de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, con lo cual el Estado colombiano reconocerá que estas acciones, tan largamente ejercidas en forma directa, o a través de grupos paramilitares, hacen parte del servicio.

-los tribunales militares tendrán competencia sobre crímenes de guerra, aunque quedan por fuera el genocidio, los crímenes sistemáticos y generalizados (crímenes de lesa humanidad) y la desaparición forzada.

-será la justicia penal militar la que aborde ese pan de cada día que son las detenciones arbitrarias; también las torturas, incluidas la violación sexual y las mutilaciones; las ejecuciones extrajudiciales (sí, también en la modalidad de falsos positivos) y el uso de menores en la guerra.

-será la justicia penal militar la que defina si hay delito o no, aun en la fase de investigación preliminar.

La ampliación del fuero militar crea un sistema paralelo de justicia con el Tribunal de Garantías Penales, que funcionará como una instancia adicional  para tratar cualquier acusación contra un miembro de la fuerza pública.

Ojo a los cargos de los tres que encabezan esta lista:

Christof Heyns, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
El Hadji Malick Sow, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
Faiza Patel, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación
Frank La Rue, Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión
Gabriela Knaul, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados
Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Kamala Chandrakirana, Presidente del Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica
Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas
Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
Olivier de Frouville, Presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias
Rashida Manjoo, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias

Todas estas personas, titulares de mandatos del Consejo de Derechos Humanos (ONU),  firmaron una carta abierta al gobierno y al Congreso de Colombia. Ofrecen su asesoría y piden que se frene la reforma constitucional que busca ampliar el fuero militar, por considerarla “un retroceso histórico” en la lucha contra la impunidad.

Los firmantes advierten así sobre los falsos positivos:

Consideramos que, si se aprueba esta reforma, existe un riesgo real de que se incumplan las obligaciones de Colombia contraídas en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y supondría un retroceso significativo en los esfuerzos realizados por el Estado Colombiano por superar y prevenir la repetición de las notorias violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado, especialmente entre 2003 y 2008 por miembros de la Fuerza Pública. Precisamente como resultado de estos esfuerzos, Colombia ha logrado desde 2009 una reducción notable en la comisión de estos tipos de violaciones, hecho que pone en cuestión la necesidad de la reforma constitucional propuesta.

Aquí la carta completa

octubre 23rd, 2012

Paz, señores, es no matar más niños

“Insólitamente el cadáver no tiene la lengua, tiene heridas en los dedos y una herida en el cuello y en el glúteo derecho con elemento desconocido. Llama la atención que el cuerpo sin vida del menor fue entregado con coseduras en todas sus extremidades. Así mismo, el uniforme camuflado que presuntamente portaba, aparece sin perforaciones”.

octubre 5th, 2012

Comunidades proponen Comisión de la Verdad

Las comunidades proponen cinco puntos:

Cese bilateral del fuego, garantías para la libertad de expresión y participación física en espacios definidos para hacer propuestas, incluida una Comisión de la Verdad.
Además, la satisfacción básica de algunos derechos con base en la redistribución de los recursos que se destinan a la guerra. La idea es también que los recursos de cooperación internacional se destinen, entre otros, a la Comisión de la Verdad.
Finalmente, piden que los acuerdos de paz que se logren sean refrendados en un referendo o mediante una Constituyente.
Esta es la carta.Diversos lugares de Colombia, septiembre 4 de 2012
Doctor JUAN MANUEL SANTOS Presidente de Colombia
Señor TIMOLEÓN JIMÉNEZ Secretariado de las FARC – EP
Señor NICOLÁS BAUTISTA Comité Central ELN
Nos llena de esperanza el haber conocido el acuerdo de aproximación entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional de Santos y la reiteración del ELN de ser parte de un proceso. Respaldamos la disposición de las partes para dar fin al conflicto armado. Y esperamos que prontamente se habiliten acuerdos de aproximación para la discusión con el ELN.
Nosotros hemos vivido los efectos de la guerra, habitamos en zonas de conflicto armado, hemos sido víctimas de crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de graves infracciones al derecho humanitario, en particular, los crímenes de Estado y las operaciones empresariales que han beneficiado a despojadores, operadores extractivistas, ganaderos, palmeros y compañías de infraestructura se encuentran en absoluta impunidad.
Seguimos siendo víctimas de confrontaciones armadas, de hostilidades, de planes de consolidación, de montajes judicializaciones con falsos testigos, de permanentes chantajes, del uso de medios de guerra proscritos por el derecho internacional, tras de los cuales se continúan beneficiando sectores empresariales y políticos. Esos costos inenarrables, muchas veces desconocidos, exigen su cese definitivo. Tomar la decisión de prolongar la guerra es continuar haciendo inviable el país incluyente y democrático que por más de 60 años nos ha sido negado por intereses de poder inconfesables. Algunos calculan que continuar la guerra para someter a las guerrillas significaría 20 o 30 años más de derroche militar, calculando una derrota por vía militar o mejor reducción del movimiento armado eso es reprochable cuando se puede dialogar y concertar
Muchas de nuestras situaciones por efectos del conflicto armado han sido conocidas por Colombianas y Colombianos por la Paz en su labor por la paz con justicia que dan fe de estas graves condiciones que general el conflicto armado. Conocen y han escuchado lo que ha significado en costos en vidas humanas, en costos sociales, ambientales y económicos está guerra que va a cumplir cerca de 50 años.
Igualmente hemos ido construyendo propuestas frente a la impunidad y la verdad en la Comisión Ética de la Verdad y otras iniciativas compartidas con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Hemos constituido y desarrollado propuestas técnicamente asesoradas y probadas de enfrentamiento de la impunidad, de protección ambiental, de producción económica alimentaria, de protección del agua, de acueductos comunitarios, de educación propia, de vivienda saludable, de comunicación radial y televisiva, de salud que son mejoramiento de la calidad de vida de propuestas para enfrentar la pobreza y la exclusión y que proyectas acuerdos comerciales democráticos.
Creemos que cualquier proceso de diálogo hacia la paz debe enfrentar problemas estructurales algunos de ellos consignados en los temas de la agenda, y otros que han quedado excluidos: la definición democrática del uso del suelo urbano, la impunidad jurídica y socio cultural que requiere un nuevo aparato judicial, la democratización en la propiedad y acceso a la información, entre otros.
Somos conscientes, y no por esto pesimistas, que el país no cambiará por acuerdos políticos en las conversaciones, será seguramente unos acuerdos que posibiliten avanzar en la construcción de un nuevo modelo democrático en lo político, lo social, lo económico, lo ambiental.
Se requiere mucha generosidad no solamente para cesar la militarización y propiciar un desarme, una desmentalización de la lógica de la seguridad nacional que ha dado origen incluso al paramilitarismo y la persecución judicial. Se requiere generosidad de empresarios, de la clase política y dirigente y un acuerdo por una información veraz que no afecte la decisión que apoyamos todos que la guerra debe terminar.
Será un avance hacia la paz el que se reconozcan los problemas estructurales que persisten y los que requieren ejercicios de gobierno transversal, horizontal, transparente con voluntad de cambio en la destinación de los recursos del Estado, entre ellos las regalías, y la aplicación de una política pública que proteja a la totalidad de las y los colombianos.
Ya hemos visto como una Constitución como la del 91 logró proteger un conjunto de derechos, pero también, como en su oposición y desestructuración, factores de poder han intervenido para limitar e imposibilitar la satisfacción de derechos de las mayorías y mantener un orden injusto, excluyente. O como, la llamada de ley de víctimas siendo un avance en algunos aspectos, hoy está siendo inviable por factores de poder interno como el neo paramilitarismo y los enfoques de desarrollo de la “prosperidad”.
Proponemos frente a los acuerdos de aproximación ya conocidos, y frente a lo que eventualmente se conozca en Oslo que se defina:
1. Un cese bilateral del fuego. Este debe ser incluyente y exigible a las fuerzas regulares y a los disidentes armados. Esta deberá ser de manera expedita y pronta, con verificación de las propias comunidades, la Defensoría del Pueblo, y algún ente internacional.
2. Garantías para nuestra libertad de expresión. La persistencia del conflicto armado, las operaciones de tipo paramilitar, la persecución judicial y de periodistas imposibilitan que expresemos en libertad o con serias limitaciones nuestro pensar, nuestras actividades cotidianas laborales. Estas son razones importantes para que se de un cese al fuego, se posibilite nuestra participación y podamos creer en el proceso. Es fundamental el cumplimiento de aspectos referente a estructuras criminales e igualmente la necesidad de tener acceso ya a medios de información públicos y privados.
3. El derecho a la paz es de todas y de todos. El Acuerdo habla de recepción electrónico y por medios físicos como medio de participación de la sociedad civil, esa expresión es importante, pero imprecisa y da a equívocos.
Debemos tener nosotros espacios precisos donde discutamos nuestras apuestas territoriales, las que tienen viabilidad técnica y solo se requiere voluntad política de escucharlas, de discutir y asumirlas en acuerdos para salidas socio ambientales al conflicto armado.
Requerimos saber de qué manera, por ejemplo, nuestras propuestas de habitación, de protección territorial, de respeto a la riqueza biológica y ecosistemas, de comisión de verdad, de reforma al aparato judicial, de no a la minería como definición del uso del suelo en zonas de reserva forestal y de páramos es presentada, discutida y concertada.
Sabemos que se requiere eficacia, pero ya tenemos la madurez necesaria para que esta se traduzca en propuestas concretas, viables, verificables
4. Satisfacción básica de algunos derechos con base en redistribución del PIB. Urge una redefinición del destino de los recursos que se usan en la guerra y de otros rubros que se financian por tributación directa e indirecta, una redistribución del PIB y de los de la cooperación internacional desde el 2014 y por 10 años, en los que nuestras propuestas de habitación, de producción, de Comisión de Verdad, de educación, sean incluidas. Una redefinición del gasto serán los que propician la viabilidad de la exclusión con una nueva mentalidad en los acuerdos comerciales y en la que se limiten seriamente las operaciones extractivas.
Esa paz con justicia será procesal, si existe voluntad de cambio
5. Mecanismos de Refrendación de los acuerdos con participación directa Constituyente o Referendo. El gobierno de Colombia y las guerrillas representan algunos intereses, de algunos sectores urbanos y rurales colombianos, pero no necesariamente en las partes se ven reflejados todas nuestras exigencias, nuestros derechos y propuestas en su integralidad, así existan puntos de coincidencia. Si se logran acuerdos, insistimos, que no van a cambiar los factores estructurales, pero si cimentar las bases procesales a la paz, lo que es nuestro deseo, es que estos sean refrendados por algunos de estos mecanismos de participación directa como los arriba propuestos, esto supone una reforma al sistema electoral y los mecanismos de participación política con acceso libre y permanente a medios de información.
Hay una crisis de representación del poder legislativo de los intereses de los colombianos, lo que se ha hecho evidente en las movilizaciones sociales o en el hundimiento a la reforma a la justicia reflejando la capacidad de corrupción en diversas instancias institucionales, así que la carta de acuerdos hacia la solución del conflicto implica su refrendación por otros mecanismos de representación y de participación.
Es hora de empezar en la reconstrucción del país, en fortalecer lo que hemos ido construyendo las víctimas, de lo contrario un proyecto de país en paz será imposible para las próximas generaciones. La paz es una democracia para todas y todos con justicia integral en un proceso que debe empezar pronto, con realismo y eficacia estructural.

septiembre 4th, 2012

Tanto les estorba Claudia Julieta

Claudia Julieta Duque – Foto Constanza Vieira/IPS

La periodista investigativa Claudia Julieta Duque recibió información acerca de que un sector de Inteligencia militar prepara ataques directos en su contra.

Esta es su carta abierta al presidente Juan Manuel Santos (tomada del sitio Facebook de Contravía TV). Santos debe intervenir de inmediato.

Bogotá, 14 de septiembre de 2011

Señor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Palacio de Nariño
Ciudad.

Ref. Llamado urgente de intervención para prevenir posibles atentados contra la periodista Claudia Julieta Duque

Respetado señor Presidente,

Reciba un atento saludo. Soy una periodista defensora de derechos humanos especializada en investigación de temas sensibles en el país y como tal he sido amenazada y perseguida por el Estado colombiano desde el año 2001, razón por la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me otorgó medidas cautelares desde noviembre de 2009 y recibo atención del Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior desde enero de 2004.

Entre las labores más conocidas que he realizado figuran la investigación por el homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón Forero en agosto de 1999, del también periodista Clodomiro Castilla en 2010, mis denuncias respecto a la conformación de una empresa criminal al interior del DAS para el espionaje y persecución de defensores de derechos humanos, magistrados, periodistas, sindicalistas y líderes de la oposición siguiendo las directrices de la Casa de Nariño, para entonces en cabeza del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Como es bien sabido, he sido una de las principales víctimas de ese organismo de inteligencia, que incluso llegó a elaborar un memorando para la ejecución de acciones de tortura psicológica en contra mía y de mi hija. Según reposa en los expedientes judiciales, dicha persecución en contra de miembros la sociedad civil tuvo también la participación de las demás agencias de inteligencia del Estado y de la llamada Junta de Inteligencia Conjunta (JIC).

Recientemente fui coautora de un artículo publicado en primera página de The Washington Post, titulado “Ayuda estadounidense, implicada en abusos de poder en Colombia”, que como es de público conocimiento causó diferentes reacciones y ataques en contra de sus autores, pese a lo cual su contenido hasta la fecha no ha sido desvirtuado. De igual manera he publicado dos artículos en el quincenario Un Pasquín respecto a periodistas y columnistas de opinión que figuran como corresponsales del líder de las AUC Carlos Castaño, y que según la USB que se encuentra en poder de la Fiscalía General de la Nación habrían sobrepasado la línea profesional en sus relaciones con la comandancia del paramilitarismo.

Tales publicaciones han generado una fuerte reacción en contra mía, a tal punto que he sido calificada como “activista de extrema izquierda” por parte de un columnista de opinión, mientras otro ha dicho en redes sociales que mis artículos son escritos por el secretariado de las FARC, aseveraciones respecto a las cuales mis abogados estudian eventuales acciones legales.

En días pasados fui informada por una fuente de altísima credibilidad y posicionamiento en la sociedad, cuyo nombre me reservo por razones de estricta seguridad, que desde Inteligencia Militar o sectores de la misma se han impartido órdenes y se estarían fraguando eventuales operativos para realizar ataques directos en mi contra.

Por lo anterior, y haciendo uso del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, me permito solicitarle muy respetuosamente se sirva intervenir ante sus subalternos en las fuerzas militares para que se desactive cualquier plan dirigido a atentar contra mi integridad física, así como acciones de seguimiento, inteligencia, desprestigio o de judicialización infundados (montajes) que hayan podido ser puestos en marcha.

Por medio de la presente, responsabilizo al Estado colombiano por la materialización de cualquier ataque que se llegare a producir en contra mía o de cualquier miembro de mi familia, no sólo por las posibles omisiones en que se incurriera sino por la participación directa que pudiera existir de organismos de inteligencia del Estado en estos planes criminales. Confío en su eficaz intervención para que se tomen las medidas necesarias para evitar cualquier atentado en contra mía o de mi familia tanto ahora como hacia futuro.

Recibiré notificaciones en la calle 16 No.6-66 Piso 25, sede de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que actúa como mi representante legal ante diferentes instancias nacionales e internacionales.

Atentamente,

CLAUDIA JULIETA DUQUE ORREGO
Periodista C.C.42.097.329 de Pereira

c.c. General Alejandro Navas, Comandante de las Fuerzas Militares Dr. Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa Dr. Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior Dr. Angelino Garzón, Vicepresidente de la República Dra. Vivianne Morales, Fiscal General de la Nación Dr. Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación Dr. Christian Salazar, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, Dr. Frank La Rue, Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dra. Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Brigadas Internacionales de Paz – Colombia, Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos

septiembre 14th, 2011

CICR: “Las herramientas jurídicas existen”

Se acerca la hora cero de la Minga de la desmilitarización.

IPS entrevistó al abogado Romaric Ferraro, del CICR

Su cargo en Colombia: asesor jurídico para las operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El abogado francés Romaric Ferraro no opina sobre la advertencia indígena acerca de que viene una batalla gigantesca entre ejército y guerrilla, en la arisca confluencia montañosa entre los departamentos del Tolima, Cauca y Huila, en el centro del país.

Páramo de Las Hermosas, idílico escenario de una guerra brutal. Foto Gustavo Wilches-Chaux

“Esa es una evaluación de las condiciones de terreno que a mí, la verdad, me falta. Yo reflexiono más sobre las consecuencias, una vez que los hechos han ocurrido”, dijo a IPS. El campo de acción de Ferraro es el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El CICR no se pronuncia jamás sobre su actividad operacional de terreno en este país en guerra hace más de medio siglo. Se sabe que mantiene un diálogo bilateral, confidencial, tanto con la cúpula de la fuerza pública como con las guerrillas de izquierda, surgidas en 1964.

En una metodología probada por más de 140 años, la entidad neutral se abstiene de calificar penalmente los actos que ambas partes cometen. La prioridad de sus 13 oficinas en toda Colombia es tener acceso a los más afectados por el conflicto armado.

“Por ende pensamos, indicó Ferraro, que al hacer denuncias perdemos potencialmente la confianza de las partes en muchas zonas del país. La condición irrenunciable para poder trabajar es tener acceso; y para tener acceso necesitamos garantías de seguridad; de aceptación, primero, de estos grupos en ciertas zonas”.

Toribío. En el Cauca, «la violencia genera más daños físicos y espirituales que los desastres desencadenados por fenómenos naturales», dice Gustavo Wilches-Chaux. Foto El País (Cali)

El ataque de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en el poblado indígena de Toribío, al norte del Cauca, el 9 de julio, utilizó armas de efecto indiscriminado, con el argumento de que “muchas” casas civiles estarían alquiladas a efectivos de fuerzas estatales.

A su vez, el gobierno amenazó con demoler las casas civiles donde se parapeten o alojen los guerrilleros. La estación de Policía de Toribío es una fortaleza, construida en el casco urbano del pueblo.

Los indígenas quieren su territorio libre de guerra y anunciaron una “minga’ (trabajo colectivo para el bien común) para desmontar trincheras de la policía, bases militares y campamentos de la guerrilla en sus resguardos.

La hora cero de la minga se acerca. Los indígenas ya preparan la logística para llevarla a cabo y se están concentrando en Tierrero, 20 kilómetros antes de llegar a Toribío por la carretera que trepa desde Santander de Quilichao.

“Es evidente”, advirtió Ferraro, que si la población civil “intenta alguna acción forzada contra la fuerza pública, o contra unidades de grupos armados, se va a exponer de forma innecesaria a riesgos grandes”.

El abogado Ferraro expone la posibilidad de transpolar una norma vigente en la normativa de Ginebra para los conflictos internacionales y aplicarla en el conflicto interno colombiano: un acuerdo expreso entre las partes combatientes (fuerza pública y guerrilla) que saque del teatro de operaciones bélicas los territorios indígenas.

También sugiere recurrir a la Corte Constitucional, para que esta dirima sobre cómo debe aplicarse en Colombia el Artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que a la letra dice:

Artículo 30

1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

Esta es la versión completa de un diálogo de IPS con Ferraro, cuya síntesis fue publicada hoy 1 de septiembre en el servicio mundial de IPS Noticias. Las fotografías de Ferraro son de Margarita Carrillo/IPS.

Documento

«Las herramientas jurídicas existen», dice el asesor jurídico para las operaciones del CICR en Colombia, Romaric Ferraro. Un acuerdo entre las partes en contienda podría definir no utilizar los territorios indígenas para fines ofensivos.

Constanza Vieira, IPS: Señor Ferraro, el gobierno colombiano reconoció en junio que en Colombia hay un conflicto armado interno. La pregunta es si  esto ha implicado, o si puede, en teoría,  implicar limitaciones o congelamiento en materia de derechos humanos de la población colombiana, por estar ahora Colombia oficialmente en tiempos de guerra.

Romaric Ferraro, CICR: Mi respuesta franca sería: en principio, limitaciones o restricciones, no. Debería surtir el efecto contrario, que sería justamente precisar qué marco jurídico es aplicable a la protección de las personas.

Y dijo bien: “en teoría” debería ser la primera consecuencia. Es decir, al declarar la existencia de un conflicto armado, un gobierno es muy consciente de que, abiertamente también, tiene que reconocer el derecho aplicable a esa situación, que es el DIH, que ha sido especialmente diseñado para situaciones de conflicto armado.

Si tomamos en cuenta que, además del DIH, no cesan de aplicarse los derechos humanos –sobre eso ya hay una jurisprudencia constante en la materia- pues deberíamos tener dos marcos, dos pilares fundamentales de protección de la persona, que deberían funcionar de tal forma que se aumente, en lugar de que se menoscabe, la protección de las personas.

IPS: Últimamente el gobierno colombiano, las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) están invocando en sus expresiones públicas el DIH. ¿El acatamiento del DIH se fortalece en Colombia?

Romaric Ferraro: Siempre habrá una distancia en Derecho, me parece, entre el discurso político manejado por los diversos implicados en un conflicto armado y su concreta realización en el terreno.

De nuevo: a mí me parece que es positivo el hecho de que se reconozca la situación fáctica, porque precisamente los actores implicados se ven en la obligación de justificar sus acciones con respecto al DIH. Entonces, cuando antes no se sentían, quizá, obligados a hacerlo, hoy -por lo menos al nivel del discurso- sí se sienten obligados.

IPS: El pronunciamiento del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, fechado 20 de julio en Toribío, dice: “Cada actor de la guerra viola el derecho humanitario de manera consciente, bajo el argumento de que el otro ya lo había hecho antes”. ¿El CICR qué comentaría al respecto?

Romaric Ferraro: Es difícil que tengamos una posición oficial sobre lo que puede opinar una organización de la sociedad civil sobre el grado, o no, de respeto por el  DIH por parte de cada uno de los actores armados involucrados en el conflicto.

Lo que veo es que hay, forzosamente, un reclamo de la población civil. Lo que nosotros observamos en el terreno es que la población civil, y eso es lo que intentamos año tras año subrayar también en nuestro informe público, es la primera víctima de las consecuencias de este conflicto. Sean esas consecuencias provocadas por actores gubernamentales o por actores no gubernamentales. Entonces, me parece normal que haya un reclamo.

IPS: ¿Cómo se puede interpretar, desde el punto de vista del DIH, el anuncio del gobierno acerca de que va a demoler las casas civiles donde se parapete la guerrilla, o donde se hospeden guerrilleros?

Romaric Ferraro: La cuestión de los bienes civiles, de nuevo, se tiene que interpretar a la luz del derecho aplicable, que en este caso sería el DIH como primera opción de análisis.

Lo que se debe recordar es que los bienes civiles como tal son protegidos, y el famoso principio de distinción aplica tanto para las personas como para los bienes.

Es decir: en cuanto a las personas, quien no participa directamente en las hostilidades, es protegido en los ataques. En cuanto a los bienes como tales: un bien que no es objetivo militar no puede ser atacado.

Ahora: esa protección no es absoluta. No es absoluta porque, según el uso que se haga de un bien, este puede perder esa defensa por ser bien civil.

Es decir, si por ejemplo la fuerza pública o un grupo armado organizado utilizan un bien civil, en este momento este bien puede perder –aunque hay que hacer un análisis caso por caso- esa protección de bien civil. Y durante su uso como bien de tipo militar, se va a transformar en objetivo militar.

IPS: ¿Cómo decidir en el momento? Un hospital no puede perder nunca su calidad de bien protegido, una escuela tampoco.

Romaric Ferraro: Parecería ser que no, en principio. Esos bienes son, inclusive, especialmente protegidos, porque el hospital tiene que recibir heridos y enfermos. Entonces, por ese mismo hecho recibe una protección especial. Es decir, la instalación sanitaria es, como tal, doblemente protegida. Por un lado es protegida por ser bien civil, y también lo es por ser una unidad sanitaria. Entonces, no debería perder nunca esa calidad.

Lo mismo la escuela. Los niños reciben bajo el DIH, los derechos humanos, el derecho colombiano, una protección especial.

Inclusive, la Corte Constitucional ha dicho en varias ocasiones que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Sin embargo, en la realidad, si una escuela es utilizada como un fin militar, pierde en ese momento la protección.

Es decir, no hay ningún bien que tenga una calidad absoluta y que fuera imposible de revertir en derecho humanitario.

Porque imagínese, es así de fácil: si no, cualquier grupo armado, y de por sí lo hacen, estaría tentado a instalarse de forma continua en una escuela, diciéndose, ‘bueno, como aquí estoy siempre protegido, desde aquí puedo lanzar todos los ataques del mundo y nunca me van a repeler ese ataque’.

IPS: ¿Y lo mismo puede ocurrir en el caso de una iglesia?

Romaric Ferraro: Exacto, desafortunadamente. Por eso hay tanta responsabilidad también por quien usa el bien. Y esta es una cuestión sobre la que tratamos de convencer a todos los actores de esta violencia armada en Colombia: de las consecuencias de estar en ciertos lugares.

Es decir, no únicamente sobre el hecho de que se debe una protección a todas las personas, sino también acerca de que el simple hecho de que ellos estén en un lugar determinado, tiene consecuencias inmediatas.

La presencia prolongada en un centro urbano, la presencia prolongada en una escuela, en un puesto de salud, pone también en peligro a esos bienes.

IPS: ¿Les quita su estatus de protegidos?

Romaric Ferraro: De forma momentánea. Es decir, mientras sea usado como tal para fines ofensivos.

Obviamente, si un grupo armado ocupa una escuela, o la fuerza pública ocupa un puesto de salud durante un periodo prolongado y después se retiran, pues ese bien vuelve a recuperar su calidad de bien protegido.

IPS: Dijeron las FARC en un comunicado después del ataque a Toribío que “muchas” casas civiles habían sido alquiladas a unidades de la fuerza pública que estaban viviendo ahí. Sin haberlo confirmado IPS in situ, telefónicamente un dirigente indígena me habló de una casa, que parece que sí estaba sirviendo de alojamiento a todo un grupo del ejército. Qué puede comentar el CICR al respecto.

Romaric Ferraro: Bueno, entramos en una casuística en donde necesitamos los elementos concretos.

Ahí habría que distinguir, primero, dos cosas: en Colombia hablamos de “fuerza pública”, en general. Y allí hay una primera dificultad, que es separar la cuestión de Fuerzas Militares de la cuestión de Policía Nacional.

En la dinámica del conflicto, tal como lo hemos observado en los últimos meses, se han multiplicado los ataques a la Policía Nacional, porque en general ellos se encuentran aislados, sin presencia militar en muchos lugares muchas veces pequeños de Colombia, donde son la única materialización de la presencia del Estado.

Y no es evidente que siempre sean ellos objetivos militares, donde estén presentes. Porque la Policía Nacional no deja de tener una naturaleza civil. Entonces, esto es una primera aclaración que habría que hacer.

El tema se complica aún un poco más en Colombia, porque ciertas unidades de la Policía Nacional sí tienen una función militar en su organización, su entrenamiento, sus formas de operar. Pueden llegar a ser objetivos militares.

Entonces, la primera dificultad que tenemos es ésta: estar bien seguros de si hablamos de miembros de fuerza militar. Ellos normalmente siempre son considerados, bajo el Derecho Humanitario, objetivos militares. Siempre pueden ser atacados.

Para la Policía Nacional es un poco más complicado y hay que entrar en la casuística. Realmente, un análisis caso por caso.

IPS: ¿Cuáles son esas unidades de la Policía que cumplen funciones militares y que podrían ser objetivo en el conflicto armado?

Romaric Ferraro: Se ha visto que, por el tipo de operaciones que llevan a cabo a veces, por ejemplo los EMCAR (Escuadrón Móvil de Carabineros), que son los carabineros móviles.

Los EMCAR llevan entrenamiento de tipo militar. De hecho, hasta tienen manuales sobre la aplicación del DIH.

Esta delegación ha trabajado con la Policía Nacional temas de integración del derecho humanitario. Entonces, son conscientes de que, a veces, pueden tener un papel de tipo militar.

De hecho, inclusive la Corte Constitucional lo ha dicho en varias sentencias: que según el tipo de operaciones, la Policía Nacional, que normalmente tiene una naturaleza civil, puede encontrarse realmente en situaciones de contrainsurgencia. Ahí sí cobra un papel militar.

IPS: La policía en Toribío está armada hasta los dientes y usa uniformes de contraguerrilla. ¿Eso los hace militares?

Romaric Ferraro: La cuestión del uniforme no es suficiente. Es el tipo de armamento y también el tipo de misiones que desarrollen.

Es decir, si la misión es únicamente preservación del orden público, como se puede hacer aquí, en el centro de Bogotá, no sería el caso.

Si hay una misión contrainsurgente, claramente sí se vuelven un objetivo militar.

IPS: Los indígenas están advirtiendo que viene una batalla enorme a nivel de esa región. ¿Esa advertencia tiene asidero?

Romaric Ferraro: Esa es una evaluación de las condiciones de terreno que a mí, la verdad, me falta. Yo reflexiono más sobre las consecuencias, una vez que los hechos han ocurrido. Para previsiones de dinámica del conflicto es mucho más con el jefe, el jefe adjunto, el coordinador de terreno. Son los que siguen la dinámica prospectiva.

IPS: La oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió que el ataque de las FARC a Toribío el 9 de julio “revela que hay un patrón de ataques indiscriminados” por parte de las FARC en los que resulta afectada la población civil. ¿Esa es una nueva forma de operar de las FARC, según hayan podido observar en terreno el CICR, y que pueda terminar en una tragedia como el caso de Bojayá, con casi 90 civiles muertos y que fue designado por la ONU DH como un crimen de guerra cometido por los tres actores que tomaron parte (guerrilla, paramilitares y fuerza pública)?

Romaric Ferraro: Nosotros nunca hacemos pronunciamientos públicos en el sentido de calificar jurídicamente, o penalmente sobre todo, los actos cometidos por las diversas partes involucradas en el conflicto armado.

No lo hacemos porque pensamos que logramos mayores resultados a través de un diálogo bilateral, confidencial, con los involucrados directamente.

Y los más de 140 años que llevamos trabajando en escenarios de conflicto armado nos hacen pensar que sigue siendo una buena metodología.

IPS: ¿Calificar cierra puertas?

Romaric Ferraro: La cuestión del acceso a los más necesitados por los efectos del conflicto es realmente la prioridad para nosotros.

Tenemos muchos equipos de terreno; tenemos 13 oficinas en todo Colombia, cuyo principal papel es eso: tener acceso a los más afectados por el conflicto armado.

Por ende pensamos que, al hacer caracterizaciones públicas, al hacer denuncias, perdemos potencialmente la confianza de las partes en muchas zonas del país. La condición irrenunciable para poder trabajar es tener acceso; y para tener acceso necesitamos garantías de seguridad, de aceptación, primero, de estos grupos en ciertas zonas.

IPS: En esos diálogos privilegiados que ustedes llevan a cabo, ¿están advirtiendo que esta forma de operar puede terminar en un episodio como el de Bojayá?

Romaric Ferraro: Pues justamente sería ya entrar en el tipo de argumentos que utilizamos, entonces, no podría darle el detalle de cómo abordamos, como tales, los temas.

Lo que sí, es que siempre como metodología hemos utilizado el tema de las consecuencias de los actos.

Más allá de decir si tal o cual comportamiento es prohibido por el DIH, preferimos hacer ver, en primera instancia, cuáles son las consecuencias muy concretas, por ejemplo, de utilizar minas antipersonal, o de reclutar menores, o de hacer desaparecer personas, o de ocupar bienes públicos o privados de forma prolongada, o de atentar contra la misión médica: son los temas principales con los cuales trabajamos. Pero siempre en términos de consecuencia humanitaria.

IPS: Sobre la práctica que se ha aplicado en Afganistán y que se aplicó antes en Bosnia, de usar los subsidios estatales, o inclusive, la ayuda de emergencia humanitaria como parte de la estrategia militar y a favor de la imagen de lo militar. ¿Cómo ve esto el CICR?

Romaric Ferraro: Es un tema que en Colombia nos preocupa de forma creciente en los dos últimos años.

El tema lo hemos caracterizado mal a veces, llamándolas operaciones cívico-militares, porque había que darles un nombre, pero no tiene ninguna precisión llamarlas así. Es como usted lo describe: esa mezcla de prestación de servicios básicos aunado a, quizá, otro tipo de actuar del Estado, como colectar información de inteligencia, o incentivar a la población a que se pase a las filas de las Fuerzas Armadas.

Ha sido sumamente difícil documentar las consecuencias de ese tipo de operaciones. Inclusive, desde 2009 hemos tenido grupos de reflexión con varias agencias del Sistema de Naciones Unidas, sin poder concretar realmente una relación causa-efecto entre las operaciones y sus consecuencias.

Hoy lo seguimos viendo todavía como un riesgo potencial, mucho más que como una realidad que podamos medir.

Es muy arriesgado hacer comparaciones con Afganistán y, también internamente lo tuvimos que realizar.

Porque en Afganistán estamos hablando de fuerzas multinacionales que, en principio, estaban, primero, como ocupantes; y segundo, como invitadas del gobierno. Entonces ahí sí, realmente, tenemos a un combatiente un día, que al día siguiente presta ayuda humanitaria.

Eso puede generar una confusión muy grande, sobre todo para actores como nosotros, que podemos ser vistos como el último brazo, digamos humanitario, de esas ofensivas.

En Colombia lo que hay que medir, que es totalmente distinto, es que estamos frente a la iniciativa del Estado soberano, en su territorio, que tiene también que prestar servicios básicos en el conjunto del territorio.

Y si no presta esa ayuda, el Estado también puede ser calificado como violentador de ciertos derechos humanos. Entonces, va a ser acusado por estar presente y va a ser acusado por estar ausente. Nosotros somos muy conscientes de que el Estado y el gobierno están frente a una disyuntiva muy complicada.

IPS: Sabemos de organizaciones internacionales de ayuda en emergencias que están preocupadas por la participación de sus gobiernos en algunas regiones declaradas como zonas de consolidación territorial en Colombia, o zonas CCAI. Temen que, a través de proyectos civiles, sus gobiernos entren a involucrarse con la estrategia militar.

Romaric Ferraro: Creo que es un problema de coordinación entre ciertos Estados determinados que tienen intereses de cooperación en Colombia y ciertos organismos intergubernamentales, que son los que finalmente ejecutan esas políticas.

Hablemos de Naciones Unidas, por ejemplo. En principio, son presupuestos asignados por parte de los Estados. Nunca deja de haber esa participación de los Estados allí.

Nosotros no somos partícipes de ninguna de esas acciones directamente, por la posición muy peculiar que tenemos, de no representar los intereses de ningún Estado en particular, ni de participar de forma efectiva en ninguno de esos acuerdos.

IPS: El Consejo Regional Indígena del Cauca señala que la insurgencia incrementa actualmente el reclutamiento de menores de edad, e incrementa el reclutamiento de milicianos. Estos, aparentemente, son personas de civil que están entremezcladas con la población. ¿Qué tiene que comentar el CICR frente a esto?

Romaric Ferraro: De nuevo, este es típicamente el tipo de temas donde evitamos hacer una condena de tipo público sin tener los elementos.

Para nosotros es sumamente complicado documentar el fenómeno. Va a ser más fácil documentar dónde hay zonas contaminadas en el país por minas antipersonal y restos explosivos de guerra, porque realmente tenemos ahí el testimonio directo de los afectados.

En cuanto al reclutamiento de menores, es muy complicado tener cifras. Tanto por parte de los afectados -las mismas familias no van a hablar- como porque los grupos tampoco son proclives a darnos, como tal, cifras exactas.

Hoy no hay un organismo que pueda decir con precisión cuántos niños reclutados hay en Colombia.

Ahora: la regla en Derecho Humanitario es que los menores no deben ser reclutados. La regla es clara. El actuar de los grupos frente a esta regla es muy difícil de medir, definitivamente, para nosotros.

IPS: Los milicianos van de civil, con armas cortas, se mezclan dentro de la población. Según un alto funcionario de la ONU DH a IPS, durante el ataque a Toribío habrían disparado desde dentro de la plaza llena de gente. ¿Cómo manejar esto?

Romaric Ferraro: De nuevo, nosotros hemos hecho nuestra propia documentación de los hechos. Mandamos un equipo unos días después del acontecimiento a hacer nuestra propia documentación de lo que pasó en Toribío.

Metodológicamente hablando, no nos vamos a referir a algo que documentó Naciones Unidas, porque nosotros tenemos el acceso y ya hicimos nuestra propia documentación del caso.

La cuestión de los milicianos surge en muchos de los eventos que tenemos con la fuerza pública. Hacemos mucho trabajo de comunicación con la fuerza pública sobre el contenido del Derecho Humanitario, sus límites, etcétera.

Y una de las preguntas recurrentes es: ¿qué hago yo con un miliciano? ¿Debo seguir considerando que es una persona civil? ¿Es un miembro de las FARC, es un objetivo militar, sí o no? ¿Participa en las hostilidades, sí o no?, justamente para tratar de esclarecer esta cuestión.

Porque es un problema a nivel mundial, no pasa únicamente en Colombia. Hemos sacado –y aprovecho para hacer la promoción- la “Guía para interpretar la noción de la participación directa en las hostilidades, según el DIH” (escrito por Nils Melzer, asesor jurídico del CICR, 85 páginas).

Esa guía tiene la virtud de tratar de esclarecer una noción que en DIH no ha sido definida.

Si usted ve el Protocolo Adicional II, dice “Las personas civiles son protegidas, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”. Y la gran encrucijada es: ¿qué es una participación directa en las hostilidades? Porque los tratados no lo dicen.

Lo que contestamos siempre a la fuerza pública es lo siguiente: miliciano, jurídicamente no existe. Lo que existe es: o alguien es miembro de un grupo armado o alguien no es miembro de un grupo armado. Si es miembro de un grupo armado, puede ser atacado siempre. Es la consecuencia del Derecho Humanitario.

Si no es miembro de ese grupo armado, hay que analizar caso por caso qué estaba haciendo en ese momento. Y ese es el concepto mismo de la “participación directa en las hostilidades”. Por ejemplo, pasaba información de inteligencia. ¿Qué tipo de información de inteligencia pasaba? ¿Esa información iba a servir para una operación inmediata? Es ese tipo de preguntas las que hay que hacerse. Que, en el caso por caso, son muy complicadas.

IPS: Muy complicadas, señor Ferraro. Especialmente cuando se tiene en cuenta que periódicamente surgen informes acerca de campañas de alfabetización dentro del ejército. Con todo respeto, en un determinado porcentaje en el ejército hay personas que no saben siquiera leer ni escribir, o que tienen bajos niveles de educación. ¿Y son ellos los que están designados en el campo para juzgar si una persona es o no es miembro de las FARC, y disponer sobre su vida?

Romaric Ferraro: Es sumamente complicado. La decisión como tal muchas veces no debería recaer sobre un soldado individualmente, sino ser parte de una orden de operación, que es normalmente el documento que va a sustentar jurídicamente y operacionalmente cualquier acción ofensiva.

Yo diría: en caso de operación planificada de la fuerza pública, pienso que la encrucijada, aunque sea complicada, se puede resolver.

Donde se vuelve muy insoluble es cuando la operación militar sea en respuesta a un ataque. Ahí sí es muy complicado saber de dónde vienen los tiros, quién está disparando en ese momento. De nuevo, si alguien está disparando a la fuerza pública hay pocas dudas de que está participando directamente en las hostilidades.

IPS: La Corte Constitucional definió que en Colombia rige la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. De su artículo 30 se aferran los indígenas para decir que se retiren todos: “desmilitarización en nuestros territorios”. ¿Eso es utópico? ¿Se puede realizar ese sueño en Colombia?

Romaric Ferraro: Es muy interesante la pregunta. Hay varias puntualizaciones que hacer. La primera, el CICR no trabaja específicamente sobre derechos indígenas. Los derechos de los indígenas no serían una materia específica del derecho humanitario.

Es decir, el derecho humanitario no provee nada sobre indígenas en particular. Sin embargo, como todas las demás normas son complementarias, no significa que no son importantes para una situación como la de Colombia.

Diría: lo de las zonas  donde no podrían ingresar nadie más que la población indígena, es una cuestión que no regula el Derecho Humanitario. Pero el derecho humanitario sí tiene una serie de limitaciones que son equivalentes en cuanto a sus efectos.

No digo que el contenido es el mismo: nada en el DIH dispone: hay zonas indígenas y por ende nadie puede entrar en esas zonas, salvo los indígenas.

Pero, ¿qué va a decir el DIH? Va a decir: la población civil tiene que ser protegida, la población civil no puede sufrir los efectos del conflicto armado, las personas civiles son protegidas, los bienes civiles son protegidos. Existen zonas en el derecho humanitario, zonas que pueden ser declaradas como zonas especialmente protegidas.

Hay una serie de conceptos que existen, en particular, para conflictos armados internacionales, que están previstos en los convenios de Ginebra y que podrían, mediante acuerdo, trasponerse en el contexto de un conflicto interno.

IPS: ¿Los bienes culturales están protegidos?

Romaric Ferraro: Iglesias, museos, son bienes especialmente protegidos.

IPS: ¿Y los territorios indígenas, como bienes culturales?

Precisamente, estoy yendo un poco más allá, pensando en las zonas especialmente protegidas del DIH. Esas zonas que existen específicamente para conflictos internacionales. No existen ni en el Protocolo II, ni en el artículo 3 común (para conflictos armados no internacionales).

Hay zonas de tipo sanitarias, donde básicamente las partes -pero se  necesita un acuerdo entre las partes- acuerdan que no van a utilizar tal zona para fines ofensivos.

Pero donde se han declarado, también, han surtido efectos perversos. Acordémonos por ejemplo del fracaso  de esas zonas en Bosnia-Herzegovina, en Serbia, en Croacia, en el contexto de Yugoslavia.

Srebrenica es un ejemplo donde, justamente, se había aglutinado población civil, que estaba bajo protección de un contingente de cascos azules y fue aún más fácil masacrarlos porque todos estaban concentrados allí. Eso pasó en la primera fase de la guerra de Yugoslavia.

Digamos: las herramientas jurídicas existen. Su implementación ha sido un fracaso en el caso de Yugoslavia.

IPS: ¿Pero es legítimo que las comunidades indígenas digan: no queremos dejar entrar ejército ni a ningún actor irregular?

Es un reclamo normal, decir “no queremos sufrir los efectos del conflicto”.

IPS: ¿No hay en derecho internacional algo que diga que ellos, los indígenas, tienen razón? ¿Primaría en este caso, como dice el artículo 30, una razón de interés público para ocupar sus territorios?

Romaric Ferraro: Sí. Y además porque hay la obligación, también, de asegurar la seguridad pública en el conjunto del territorio.

Ahí yo creo que únicamente la Corte Constitucional es la que puede resolver ese tipo de intereses generales encontrados.

Sobre la cuestión de ocupación de bienes, privados o públicos, varias veces la Corte Constitucional ha tenido que resolver tutelas donde una persona decía: yo, por la presencia del puesto de Policía, estoy particularmente afectado. Y, la Corte siempre ha puesto en balance dos principios: intereses especialmente protegidos, por ejemplo los de los niños; y, por el otro lado, el deber de solidaridad social, que también está inscrito en la Constitución.

Entonces, lo que dice la Corte es: los riesgos asociados al conflicto armado, todos en Colombia los tenemos que sufrir. Eso se llama principio de solidaridad social. Y por el otro lado, la Corte ha dicho: hay derechos especialmente protegidos y que priman sobre los demás, los derechos de los niños.

Y en un caso, mediante tutela, ordenó la reubicación de un puesto de policía. Ahí la Corte dijo: prevalece el derecho del niño. Pero a la par, dijo: cuidado. La fuerza pública puede hacer presencia en todo el territorio nacional. Es su deber hacerlo, asegurar la seguridad pública es una de las obligaciones básicas del Estado, y lo tiene que hacer. Y a la par, hay un principio de solidaridad social, es decir, todos en Colombia estamos asociados a los peligros procedentes del conflicto armado.

IPS: Pero señor Ferraro: uno llega al territorio kankuamo y contra el muro del colegio hay recostada una base militar.

Romaric Ferraro: Sí. Ahí es donde tenemos nosotros un diálogo con la fuerza pública, constante. Porque ese tipo de comportamiento de la fuerza pública es la violación al derecho humanitario que más documentamos al año en Colombia, por ser también es la más visible.

Hay un dilema, del cual estamos muy conscientes nosotros, para la fuerza pública. Lo mismo para proveer servicios básicos. Si no los voy a proveer, voy a violar derechos básicos. Es decir, si no hago presencia, no puedo asegurar seguridad pública. Si dejo de proveer esos servicios, voy a violar ciertos derechos básicos. Si estoy demasiado presente como Estado, puedo poner en peligro a la población civil.

Entonces, es una cuestión de evaluar, de nuevo, caso por caso, si estamos frente, o no, a una violación del principio de no poner en peligro a la población civil. Inclusive hemos tenido a veces que explicar a nuestros delegados en el terreno, dónde está el límite. Porque no es fácil, ni para ellos, entender.

No se trata de decirle a cualquier miembro de la fuerza pública, retírese de donde está. Eso no sería realista.

Ahora: si una unidad militar hace presencia de forma constante, en una zona densamente poblada y hay ataques repetidos, pues ahí sí hay, yo creo, mucho contenido para poder decirle a esa unidad – es tiempo de pensar en las consecuencias de su presencia.

IPS: A veces uno se decide a buscar una entrevista por una sola pregunta. Y se la voy a hacer de última, como también suele suceder: es la que más le preocupa a uno. Al decidir los indígenas del Norte del Cauca que van a hacer una minga con participación de todos los ocho pueblos del Cauca para desmontar las bases militares, para desmontar las trincheras que hace en los pueblos la policía, y los campamentos guerrilleros, ¿la gente corre peligro en esa operación? ¿El CICR qué va a hacer?

Romaric Ferraro: Es una cuestión muy complicada la que plantea. Lo que vamos a hacer no lo sé, porque es una cuestión operacional de terreno a la cual yo no le puedo contestar.

Es evidente que la población civil como tal, si intenta alguna acción forzada contra la fuerza pública, o contra unidades de grupos armados, se va a exponer de forma innecesaria a riesgos grandes. Por simple razonamiento lógico.

IPS: Dejemos aquí. Señor Ferraro, muchas gracias por esta entrevista.

Reproducción LIBRE siempre y cuando se respete el contexto y se cite la fuente: Constanza Vieira, IPS Noticias (IPS News)

septiembre 1st, 2011

El turno de Caracol Radio

“Se les dijo. Se les advirtió”, decían unos cómicos radiales cuando yo estaba chiquita, hace ya varias generaciones. Pero como estos colegas míos no atienden las admoniciones respecto al terreno minado que es el cubrimiento del conflicto armado, pues uno de ellos cayó en la trampa. Igual que en su momento se la tendieron a La Silla Vacía, cuando Piedad Córdoba viajó a Buenos Aires a una importante reunión por la paz de Colombia.

Se les dijo y se les advirtió: vienen hechos de paz importantes. Ojo avizor con los montajes y las maniobras de distracción de los servicios de inteligencia que, vaya usted a saber por qué diablos, le temen tanto a las palabrejas “paz” y “solución política”.

Palabrejas que, precisamente, fueron las protagonistas en el Encuentro nacional de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz de Colombia, realizado en Barrancabermeja del 12 al 14 de agosto.

Asistieron 25 mil personas, llegadas con un enorme esfuerzo logístico desde todos los rincones donde la guerra es de verdad, y no como en las películas, donde se acaba en hora y media mientras uno se come las crispetas y la sangre ni lo salpica a uno.

Pues hete aquí que, muy de mañanita el viernes, primer día de esa impresionante reunión que yo cubrí para IPS Noticias, Caracol Radio salió con la primicia de unas conversaciones interceptadas a “cabecillas de las FARC”, que trascribo debajo junto con el link al sonido.

Advierto que en Barrancabermeja hablé con uno de los interlocutores cuya conversación fue interceptada.

David Martínez es desplazado dos veces, por lo cual vive hoy en Villavicencio. Es vicepresidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, Sintragrim, y presidente de una asociación campesina de la región del alto Ariari, Meta, denominada Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Campesinos de El Castillo.

Uno de sus celulares le fue entregado a Martínez por el Ministerio del Interior, y el hombre tiene mucha curiosidad por saber si es ése el aparato que le están interceptando.

Dice que las voces están un poco distorsionadas, pero que uno de los que allí habla sí es él. De la otra conversación, dice reconocer a un indígena, cuyo nombre no recuerda.

Por haberlo entrevistado en Barrancabermeja, estoy en capacidad de afirmar que la que he marcado en la trascripción como “Voz 4” es la de David Martínez, a quien presento públicamente mi solidaridad.

También advierto que conocí en Codhes, durante una rueda de prensa, a varias personas de la Coordinación Nacional de Desplazados (CND). Caracol Radio ha lanzado al aire, sin verificar, el nombre de una organización legal, vinculándola con la guerrilla. Seguro que no quedará difícil conseguirle a Caracol Radio teléfonos de los miembros de la junta directiva de la CND, todos líderes muy capaces que, lamentablemente, han visto sus vidas alteradas en materia grave por la guerra que algunos no quieren que termine.

La noticia que transcribo a continuación tiene esta noche de lunes festivo, en la página web de Caracol Radio, el título de “Encuentro Nacional de Paz niega infiltración de las Farc”. Es un buen comienzo para la rectificación que esperamos, de parte del estimado colega que metió las de caminar. Lo que dice él es lo irregular, en esta historia. La foto de David Martínez que acompaña esta nota no la tomé yo, ni es la mejor. Pero es un mensaje para este colega y para los demás: recordemos que nuestra labor, mal hecha, genera sufrimiento injusto.

FIEL TRASCRIPCIÓN

VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2011

Periodista:

“8 de la mañana 13 minutos. Caracol Radio tuvo, como revelamos muy temprano, acceso a cuatro interceptaciones de las FARC, realizadas entre el 20 de julio y el 2 de agosto de este año, entre un presunto cabecilla del comando conjunto de ese grupo guerrillero, hablando con uno de sus compañeros sobre cómo infiltrar el Encuentro Nacional de Paz que se realiza a partir de hoy en Barrancabermeja, y que va hasta el próximo 15 de agosto (en realidad hasta el 14). En una de estas conversaciones, los dos integrantes de las FARC hablan de toda la logística para el evento. Dicen que todo está dispuesto pero que hay dudas en las fechas.”

Voz 1:

Hay una preguntica. ¿Exactamente para cuándo es que se necesitan las delegaciones para… para lo de…

Voz 2:

¿Lo de Barranca?

Voz 1:

Lo de Barranca, sí.

Voz 2:

Eso están…tienen que estar ahí del 10 al 12, allá. O sea, tendremos que estar viajando el 13. Eeee el 11.

Voz 1:

¿El 11? Quiere decir, ¿es del 12 al 15 de agosto?

Voz 2:

Es el evento, sí. Allá.

Voz 1:

Por ahí hicimos ya todo lo que fue la… como la ¿que? La … ehhh. Lo de costos, y toda esa vaina, que estuvimos averiguando allá en la empresa y todo.

Periodista:

“En otro diálogo conocido por Caracol Radio, se reporta por uno de los aparentes guerrilleros lo que se ha hecho para el evento, al que se llevarán varias personas que hay que desplazar y alimentar. Llegarían de Santander, de Bolívar, de Norte de Santander, de Arauca, de Tolima, de Huila y del Cauca”.

Voz 3:

Pues bien hermano, estoy precisamente por aquí… Estaba en este momento pensando en usted.

Voz 4:

Já, já.

Voz 3:

Sí, porque es que estoy aquí. Estoy aquí, estamos en la asamblea nacional de la CND, la Coordinación Nacional de Desplazados y precisamente tiene la palabra el compañero que está ayudando a coordinar el encuentro de Barranca.

Voz 4:

Estamos precisamente en eso.

Voz 3:

Ajá. Aaaaah, bueno, listo, listo.

Voz 4:

Entonces yo necesitaba precisamente hablar con ustedes, cómo andamos ahí.

Voz 3:

No, pues de acuerdo a lo que estuvimos tratando, entonces pues de todas maneras echar eso adelante, ese, ese, ese ambiente.

Periodista:

Así mismo, en las conversaciones las FARC intervendrían en este evento con una ponencia sobre la tierra, el territorio, la lucha por los recursos naturales y la experiencia que ha tenido la organización. Estas y otras comunicaciones conocidas por Caracol Radio están siendo analizadas por las autoridades para evitar la llegada de guerrilleros a Barrancabermeja.

http://www.caracol.com.co/oir.aspx?id=1530434

agosto 16th, 2011

La película que se necesita

Fotograma de «Impunity», de Hollman Morris y Juan José Lozano. Cortesía Contravía

Michael Reed es director adjunto en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, ICTJ por sus siglas en inglés. Heavy Metal Colombia lo entrevistó en la premier de “Impunity” en Colombia, el pasado 20 de junio.  El documental, de 85 minutos, es codirigido por el perseguido periodista colombiano Hollman Morris, reciente becario Nieman de la Universidad de Harvard, y por Juan José Lozano, colombo-suizo y radicado en Ginebra.

El asunto es que, en sus investigaciones sobre graves crímenes sistemáticos y generalizados, la Fiscalía está haciendo fotogramas de la matanza paramilitar, cuando lo que se necesita es, justamente, una película. La película que la Fiscalía debe ver. Mientras tanto, veremos «Impunity».

Heavy Metal Colombia:¿De qué manera apoyó el ICTJ a “Impunity”?

Michael Reed: A través de unos fondos de la cooperación canadiense se creó el capital semilla para arrancar, principalmente, en un tema específico, que tenía que ver con las exhumaciones que se estaban adelantando en el marco de (la jurisdicción de) Justicia y Paz. El proceso fue creciendo y Hollman  Morris y Juan Lozano decidieron hacer un mayor enfoque sobre lo que es la justicia, sobre lo que es la impunidad desde la perspectiva de las víctimas.

HMC: ¿Quién es Juan Lozano?

MR: Juan Lozano es un joven documentalista colombiano. Estudió y trabajó en Colombia y ahora se encuentra radicado en Ginebra y está haciendo proyectos documentales desde allá.

HMC: ¿Han enfrentado obstáculos para difundir el documental en Colombia?

MR: Por lo pronto la película ha sido presentada en el exterior. Ha sido conocida en festivales en Toulouse y en La Haya, y en el Festival de Derechos Humanos de  Human Rights Watch. A partir de esta presentación en Bogotá, que para Hollman y Juan era muy simbólica, queremos ver justamente el interés comercial que pueda existir.

En el ICTJ estamos convencidos de  que esta es una película que todo el mundo puede ver  y que todo el mundo debe ver. No es una película árida y justamente habla sobre derechos humanos, sobre impunidad y, principalmente, sobre el sufrimiento de las víctimas para lograr justicia en sus casos. No es una película para hacer dinero. Esta es una película de las víctimas y dirigida a la sociedad colombiana.

Como ICTJ la apoyamos, porque estamos convencidos de que la atrocidad no puede ser solo un tema de las víctimas. Estamos convencidos de que la atrocidad tiene que ver con todos nosotros y la manera como la enfrentamos también.

HMC: ¿Cree que el tema de la película es desconocido para los colombianos?

MR: Desafortunadamente creo que sí. O quizá no desconocido, pero sí bloqueado: es mucho más cómodo no saber o ignorar. Esta película pone las cifras de impunidad, las cifras de los muertos en una dimensión netamente humana, en donde se despierta la sensibilidad.

Estamos convencidos de que hay cierto agotamiento en Colombia en donde la negación empieza a ser una negación implicatoria, interpretativa. Es mejor no saber. O sí, yo soy consciente de eso, pero no quiero quedarme en el sufrimiento de las víctimas.

HMC: El documental hace un punto muy importante en la extradición de alias “HH” como la última esperanza de la verdad. ¿Qué queda sobre el tapete en Colombia en materia de justicia y de verdad sobre los crímenes de los paramilitares, una vez que se ha ido “HH”?

MR: La justicia, primero que todo, no puede ser objeto de solo confesiones. La justicia es, principalmente, un ejercicio de contradicción y de investigación autónoma independiente. Si bien algunos casos se abrieron por las confesiones incentivadas de estos individuos, lo cierto es que los casos no pueden proceder con solo confesiones. Tiene que haber una investigación independiente que señale las rutas.

Lo único que han hecho los paramilitares es reiterar cosas que antes se habían denunciado de manera permanente por parte de las ONG de derechos humanos y de las propias víctimas. Lo que las confesiones de los paramilitares han hecho en el país es hacer imposible la negación literal de esas violaciones.

Pero, la Fiscalía no puede depender de la voluntariedad de unos señores, tiene que hacer una investigación profunda sobre todas las implicaciones y no solo sobre los autores materiales.

HMC: Otra inquietud que toca el documental es el momento en que sacan a la prensa: cuando los paramilitares empiezan a mencionar ciertos nombres. ¿Qué curso tienen en la justicia colombiana esas denuncias con nombre propio?

MR: El procedimiento está reglado. En principio, el paramilitar que está confesando los actos criminales de otros debe hacerlo bajo gravedad de juramento. Esa prueba es trasladada posteriormente a quien se considera el competente y debe seguir su curso. Un punto muy importante es, justamente, aprovechar la instancia procesal -en donde confiesa-, tomarla como declaración juramentada para que se vuelva prueba.

Pero esto solo no puede marchar ni avanzar. Requiere, en efecto, de la debida diligencia de toda la Fiscalía (General de la Nación). El proceso de Justicia y Paz no puede ser un fin en sí mismo. Su valor está, justamente, en que es un medio para promover investigaciones que han estado muertas durante años o décadas en el país.

HMC: ¿El ICTJ considera que ha habido “debida diligencia” por parte de la Fiscalía?

MR: La diligencia se tiene que medir y determinar en todos los casos y en cada uno de los casos. Lo cierto es: el proceso de Justicia y Paz avanza de manera fragmentada esclareciendo hechos.

Lo que pedimos como ICTJ es, justamente, ver una película, una perspectiva estratégica, en donde lo que se investiga es la maquinaria criminal, los crímenes de sistema. Esto es, cuando los crímenes se perpetran como resultado de políticas o prácticas.

Es ahí en donde la Fiscalía está fallando.

Es muy importante el esclarecimiento de un homicidio, de 10 homicidios. Muy importante poder devolverle los restos a una familia. Pero, eso solo ayuda en lo micro, no contribuye realmente a develar la maquinaria criminal que ha estado instalada y que sigue instalada en el país.

HMC: Y eso, ¿qué salida tiene?

MR: Requiere, justamente, la diligencia debida. Aplicar métodos de investigación que difieren de los tradicionales de la escena del crimen; requiere comprender cuál es el universo de crímenes que debe esclarecerse; y plantear hipótesis plausibles de investigación que cobijen a todos, y sobre todo a los máximos responsables, que no son necesariamente quienes han confesado y quienes se han desmovilizado.

junio 28th, 2011

«Los seguimos esperando»

Las madres y padres de los desaparecidos del Palacio de Justicia que han fallecido en estos 25 años y cinco meses son María de Jesús Hernández de Beltrán, José Guarín, Ana María Bonilla, María Torres Sierra de Castiblanco, Rosalbina León, el exjuez Enrique Rodríguez Hernández y, hace unos días, Elvira Forero.

Todos ellos murieron esperando a sus hijos. Y esperando una noticia como la de este viernes 29 de abril:

El general Jesús Armando Arias Cabrales, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia, fue condenado este viernes a 35 años de prisión, por la desaparición forzada de 11 personas en el Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

La condena incluye 20 años de interdicción de funciones públicas.

La Juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, María Cristina Trejos, dispuso también que se investigue por falso testimonio y fraude procesal al general José Ignacio Posada; al coronel, hoy retirado, Ariel Guillermo Valdés; y al ex militar Gustavo Alonso Velásquez, todos de la Brigada VII en Villavicencio (capital del departamento del Meta) para la época de los hechos. También el escolta, ayudante y radio operador de Arias, el sargento (r) Luis Armando Suárez.

Todos intentaron infructuosamente desmentir al exmilitar de la Brigada VII Edgar Villamizar, quien no asistió al juicio por grave riesgo de su vida. Villamizar declaró haber sido testigo de las desapariciones forzadas.

También el abogado Pedro Capacho Pabón tendrá que responder por fraude procesal por el mismo intento.

El general Posada era comandante de la Brigada VII. Mintió al declarar que su unidad no envió tropas a Bogotá para la retoma del Palacio.

El exmilitar Velásquez, a instancias del abogado Capacho, afirmó que Villamizar no se encontraba en Bogotá durante la batalla por el Palacio de Justicia.

A Posada lo contradijo en noviembre de 2009 el propio general (r) Rafael Samudio Molina, comandante del Ejército en 1985 y quien reconoció que ordenó agregar unidades de la Brigada VII durante la retoma.

La sentencia contra Arias Cabrales ordena, además, que la Fiscalía General de la Nación investigue  la desaparición forzada de Luis Otero Cifuentes, comandante militar de la toma del Palacio de Justicia cometida por el extinto M-19.

Para la época, Arias Cabrales era Comandante de la XIII Brigada del Ejército, con jurisdicción en Bogotá y el departamento de Cundinamarca. Fue quien ejerció el mando de la operación de retoma del Palacio de Justicia.

Su subalterno directo, el entonces teniente y posteriormente coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, resultó condenado en junio de 2010 a 30 años de cárcel por los mismos hechos.

En las radiocomunicaciones internas del ejército durante la retoma del Palacio, Arias Cabrales usó la identificación de “Arcano 6”. Las grabaciones conocidas de esas comunicaciones evidencian las órdenes de llevar a cabo un sinfín de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Arias emitió órdenes para cambiar y desaparecer las evidencias, incluyendo sacar las armas del Palacio una vez derrotada la guerrilla. Las grabaciones demuestran que también se dio orden de remover los cuerpos.

La sentencia contra Arias Cabrales se produce 13 años después de la ejecución extrajudicial, en abril de 1998, del abogado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, quien llevaba la representación de todas las víctimas. Su asesinato sigue impune.

Al comentar el fallo contra Cabrales, los abogados actuales de las víctimas, Germán Romero y Jorge Molano, reivindicaron su memoria.

Arias Cabrales «es el primer general condenado por por el delito de desaparición forzada de personas», destacó el abogado Germán Romero, quien representa a algunas familias de las víctimas. Romero ve en la sentencia «un claro mensaje a los mandos de las Fuerzas Militares, de que no se pueden escudar en sus subordinados y que deberán asumir sus responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos”.

La expectativa ahora es a dónde trasladan a Arias Cabrales a pagar su condena.

El coronel (r) Plazas Vega debería estar preso en una cárcel civil. Sin embargo, permanece recluido en una guarnición militar al norte de Bogotá, en contravía de lo que ordenó expresa y reiteradamente la juez María Stella Jara, a cargo de su sentencia.

Ante este hecho, el abogado Jorge Molano declaró que “Colombia no puede seguir aceptando que las decisiones de los jueces sean burladas, que estas se conviertan en formales o ilusorias. Es inaudito que quienes han cometido crímenes contra la humanidad, permanezcan en guarniciones militares bajo absolutos privilegios”.

A instancias del entonces fiscal general Mario Iguarán, la fiscal delegada Ángela María Buitrago desenterró a finales de 2005 el proceso del Palacio de Justicia.

Tras lograr la condena del coronel Alfonso Plazas Vega, el 1 de septiembre de 2010 Buitrago llamó a indagatoria a Arias Cabrales y a los también generales, hoy retirados, Rafael Hernández López y Carlos Augusto Fracica.

Este caso trata del asesinato del jurista auxiliar Carlos Horacio Urán, pues existe un video que lo muestra cuando sale vivo del Palacio de Justicia.

El 2 de septiembre Buitrago fue destituida por el sucesor de Iguarán, Guillermo Mendoza. Por su parte, la juez María Stella Jara tuvo que asilarse con su familia durante varios meses en Alemania, debido a amenazas de muerte por su fallo contra Plazas Vega. No son, ni mucho menos, las únicas amenazas en el caso Palacio de Justicia.

abril 30th, 2011

La detención del director de Anncol

No comparto el lenguaje ni el estilo periodístico de Anncol, agencia de noticias sobre Colombia que emite desde Suecia.

En mi análisis, tiene una limitada visión política que la ha llevado a cometer errores en momentos delicados, cuando estaban en juego la vida y la libertad de personas, la paz de Colombia o incluso la paz entre Estados.

Estoy convencida de que Anncol no es “de las Farc”. Sus comentarios editoriales no son comunicados de la cúpula de las Farc, como muchas veces y equivocadamente algunos colegas colombianos han afirmado, sino opiniones de individuos que simpatizan con esa guerrilla. Es probable que por esa abierta simpatía sea Anncol, la mayoría de las veces, la que primero se entera de las noticias que producen las Farc.

Ahora que, por primera vez, se conoce el nombre del director de Anncol, hay que estar atentos a los argumentos jurídicos en contra de Joaquín Pérez. Es un riesgo que estemos ante un procesamiento por el delito de opinión, así para algunos, o para muchos colombianos, quien opine distinto merezca el cadalso.

Joaquín Pérez es un sobreviviente. Fue concejal (legislador local) de la Unión Patriótica en Corinto, suroccidental departamento Cauca. Su esposa fue asesinada. Suecia le dio refugio y, más tarde, nacionalidad.

Es extremamente delicado deportar a su país de origen a un refugiado. El apego de los gobiernos de Suecia y Venezuela a las normas internacionales y nacionales sobre refugio está siendo puesto a prueba.

abril 25th, 2011

¿Operación Silla?

La dirigente liberal Piedad Córdoba y el grupo Colombianas y Colombianos por la Paz completaron por sus gestiones, esta semana que pasó, 19 rehenes y prisioneros de guerra liberados por la guerrilla de las FARC. Y, desde este lunes, emprenden en Buenos Aires un encuentro internacional que analizará las opciones de paz en el país con más desplazados y refugiados en el mundo.

En ese encuentro exponen, entre otros internacionales, el Nóbel de Paz Adolfo Pérez Esquivel y el ex director mundial de UNESCO Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz. Participan activamente altos funcionarios del gobierno argentino y parlamentarios de México y Uruguay. También el Premio Nóbel Alternativo Juan Garcés, juez que abrió las puertas a la justicia transnacional y, con ello, a que Pinochet pudiera ser juzgado por Baltasar Garzón; e intelectuales peso-pesado como Atilio Borón, entre muchos otros.

Los prolegómenos de tamaña reunión, que propone explorar ya mismo, y de forma coherente, vías de aproximación política tanto para diálogos estratégicos de paz como para el legítimo objetivo de humanizar la guerra colombiana, fueron acompañados desde Colombia de un extraño estertor.

En la operación humanitaria que culminó el miércoles 16 pasó algo raro. La liberación de dos uniformados, incluido un mayor de la Policía que fue capturado fuera de combate, debió haber sido el domingo 13.

Extrañamente –una no sabe de estas cosas, pero el año pasado me enteré de que las coordenadas se miden distinto según el país de origen de los GPS- hubo una mala interpretación de las coordenadas que proporcionaron las FARC a la Misión Humanitaria liderada por el CICR y Piedad Córdoba, y que se transportaba en helicópteros prestados por el gobierno de Brasil…

…O las FARC dieron coordenadas erradas. O hubo obstáculos de terreno, de clima, de realidad militar, que impidieron que la guerrilla cumpliera la cita el domingo puntualmente. O todas las anteriores y aún más: mala fe, burla al país, como interpretó el gobierno a través de la persona a cargo de temas de paz, Eduardo Pizarro…

…O se trató de que la operación fue usada por la guerrilla para sacar a su jefe, “Alfonso Cano”, por un huequito de un supuesto cerco militar. Los medios divulgaron obedientemente esta versión, remitiéndose a fuentes de inteligencia militar que nunca fueron identificadas ni contrastadas. Los comentaristas –los inocentes y los que no lo son tanto- tuvieron abierto el camino para atribuir la supuesta huida de Cano al cese de hostilidades de varias horas, que fue pactado para llevar a cabo la liberación, cese igualito al que se ha fijado en todas las liberaciones anteriores.

Yo no descarto que a Cano le vayan a dar cacería algún día, a diferencia de su antecesor, Manuel Marulanda. No es, sin embargo, el tema de este escrito.

Lo que quiero abordar es esta operación -¿qué nombre le ponemos? ¿Operación Silla?-, de distracción, mediante la cual, en los hechos, se está ambientando el encuentro de Buenos Aires.

Fase 1

El primer rumor se deslizó cuando no bien terminaba la operación de liberación del miércoles.

Los helicópteros enviados por el gobierno de Dilma Roussef apenas apagaban sus rotores cuando surgió el absurdo de que Cano vive en Brasil. Tal era, pues, la explicación de por qué  el ejército colombiano no ha podido mostrarlo aún como trofeo, vivo o muerto. Este rumor no prosperó. Ni siquiera cuando se hizo eco de él el fallido heredero de la “Casa de Nari”, como solían llamar los narcos a la sede presidencial en la administración de Álvaro Uribe.

Fase 2

Entonces, siguió la fase siguiente, más atrevida.

Hacia el mediodía del viernes 18 apareció un mensaje de twitter del presentador de TV  y periodista deportivo Ricardo Orrego, anunciando la muerte de Alfonso Cano.

El portal de periodismo independiente La Silla Vacía, dirigido por la periodista Juanita León, no se desprendió de la noticia. Poco después de las 6 p.m. lanzó la “exclusiva” que confirmaba la muerte de Cano.

Quizá por la precipitación, el texto hacía aseveraciones absurdas como que Cano había hecho votos de obediencia y pobreza; dudosas, como que al entrar a las FARC en los inicios de los 80s había sido “mediador” entre las concepciones de los dos máximos jefes, Marulanda y Jacobo Arenas (que en realidad trabajaban al unísono desde la fundación de las FARC en 1964); contraevidentes, como que Cano había sido el artífice de la expansión de las FARC en el gobierno de Belisario Betancur (cuando en los años 80 no hubo expansión de las FARC sino por el contrario un fuerte estancamiento, según analistas militares a quienes escucho con atención).

A pesar de estos elementos, que mostraban desconocimiento del tema, Juanita y su magnífico portal me hicieron dudar: por su experticia personal en este oficio; y por la valentía y el buen periodismo que ha demostrado La Silla Vacía.

Y eso que, más temprano, para mí el asunto había quedado cancelado cuando la colega especializada en asuntos militares, Yineth Bedoya, de El Tiempo, advirtió por Twitter al atardecer que la noticia no era cierta. La Policía desmintió poco después, también por Twitter.

Aun así, por unas horas en la noche del viernes, cuando Bogotá estaba de rumba, los periodistas discutíamos febrilmente si la versión era cierta.

Mientras, otra vez, el odio se desbocó en Twitter. Y esa resultó ser la clave.

Incluso personajes públicos y respetables que actúan dentro de la ley y, por lo tanto, deben tener clara la diferencia diametral entre venganza y Justicia, con epítetos provocadores contribuyeron a azuzar el festín de sangre anticipado – una micosis que dejó implantada la Era Uribe.

La presidencia no desmintió públicamente a La Silla, pero sí por teléfono. “Nuestras fuentes se mantienen, pero Presidencia desmiente”, twitteó La Silla hacia las 11 pm.

Y todo esto, a pesar de que desde la tarde el periodista Ricardo Orrego estaba advirtiendo por Twitter: “Amigos twitteros YO NO ESCRIBI LO DE CANO… Mi cuenta la cancelo en este instante. Ese tipo de rumores no son mi estilo”. “Hoy chequeé mi cuenta y vi seguidores sin nombres… Sólo claves… Mi cuenta la está manipulando alguien más”. “A partir de este momento no escribo ningún tipo de información. Yo en la tarde he informado sobre el caso América de Cali”, “que corresponde a mi área de trabajo… Sobre Cano yo no me he referido… Quiero excusarme, pero alguien me metió en este lío”. “Repito. No escribí nada referente a Alfonso Cano y mi twitter ya no será más este”. “Es muy delicado salir a confirmar una noticia de esta magnitud…”

Es decir, pareciera que para poder medir la sed de sangre de los colombianos, mediante un delincuente informático alguien desató la noticia falsa sobre la muerte de Cano. Resultó un éxito.

La mañana del sábado nadie podía contradecir al comandante general de las Fuerzas Militares, general Edgar Cely, cuando habló por Caracol Radio. El militar se refirió al entusiasmo de las redes sociales apenas circuló la información sobre la muerte del jefe de las FARC. Lo que demuestra, dijo el general, que Cano “es el delincuente que más quieren ver muerto los colombianos”.

Así que este es el ruido de fondo que acompaña las vísperas del Encuentro de Buenos Aires por la paz en Colombia.

febrero 19th, 2011