Me refiero a las contundentes declaraciones de funcionarios colombianos, encabezados por el presidente Álvaro Uribe, y que afirman que no. Que el gobierno de Uribe no espió a Rafael Correa.
Como suele suceder por acá desde hace unos años, los funcionarios se tornan más amenazantes mientras más evidencias surgen de que están mintiendo. La cosa ya va en que quien diga que sí hubo espionaje contra Ecuador es porque tiene oscuros intereses y busca que no se restablezcan las relaciones entre Bogotá y Quito.
Es precisamente sobre ese formato de sospecha que el DAS suele designar los «blancos» de sus acciones criminales, como ha quedado en evidencia en los casos de magistrados de las Cortes, defensores de derechos humanos, políticos de oposición y periodistas. Que conste: escribo en presente.
Mentiras que sí: el guerrillero Rodrigo Granda no fue secuestrado en Caracas sino capturado en Cúcuta.
El bombardeo al campamento de Raúl Reyes no fue una operación cuidadosamente planeada para abortar negociaciones internacionales con las FARC sino resultado de una persecusión en caliente.
En la Operación Jaque no se violaron los convenios de Ginebra ni la neutralidad de la Cruz Roja, como recuerda en esta videopastilla para la memoria mi amigo Vladdo.
Aparecen como actores Álvaro Uribe y el general Mario Montoya, hoy retirado y embajador en República Dominicana. Ambos hablan en el show televisado en la noche de la exitosa e incruenta Operación Jaque. La rescatada Ingrid Betancourt se prestó para la mentira, así como algunos de los uniformados liberados. Dejo constancia aunque la crítica no es contra ellos, que tantos años tuvieron que pasar en la selva.
Perdón habían pedido también, con lágrimas y todo, las abogadas que representaron al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas.
Hasta último momento alegaron y negaron todo lo que pudieron, pues para eso les pagan (con mis impuestos). Inopinadamente un día se presentaron ante el Tribunal de luto completo; reconocieron la responsabilidad del Estado en este asesinato cometido por militares y paramilitares en agosto de 1994, y lloraron y pidieron perdón. No eran lágrimas de Vick Vaporub. Eran lágrimas reales, me contó alguien que presenció la escena en San José de Costa Rica, sede de la Corte.
El objetivo era que la Corte aceptara como suficiente esa escena de contrición. Por el contrario, el Tribunal dispuso que, antes de un año, el Estado deberá realizar en Colombia un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“En aras de crear conciencia sobre las consecuencias de los hechos del presente caso dicho acto o evento de reconocimiento deberá ser realizado en el Congreso de la República de Colombia, o en un recinto público prominente, con la presencia de miembros de las dos cámaras, así como de las más altas autoridades del Estado”, se lee en la histórica sentencia, la primera sobre la Unión Patriótica, el partido político que fue vencido a plomo.
Así que la estrategia del llanto no sirvió, y el domingo el máximo representante del Estado colombiano (como se ha vuelto costumbre en lo doméstico) arengó contra el fallo judicial publicado el miércoles. El presidente Álvaro Uribe se negó a reconocer que el Estado sea responsable de la muerte de Manuel Cepeda, como lo ha fallado el máximo tribunal del hemisferio occidental.
Uribe expresó: «Yo no puedo decir que el Estado asesinó al senador Cepeda o al uno o al otro. Lo sí que puedo decir es que los asesinaron, y que eso es muy grave, y que eso no se puede repetir. Y hoy pido perdón».
El hijo de Manuel, Iván Cepeda Castro (foto), le devolvió el desprecio por el fallo de la Corte. Comparto una entrevista radial y la carta abierta que él y su apoderado le enviaron a Uribe.
+ Carta abierta, con fecha lunes 28, de Iván Cepeda y el abogado de la parte civil, Rafael Barrios:
Señor Presidente de la República:
A raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuel Cepeda vs. Colombia, usted formuló la semana pasada una declaración que presentó ante la opinión pública como una petición de perdón. Los términos y el espíritu en que se pronunció, nos llevan a considerar que dicha declaración es inaceptable. Su solicitud se constituye en un nuevo agravio para las víctimas y desconoce los términos de la sentencia del tribunal interamericano.
1. En sus palabras no se hace el reconocimiento de la responsabilidad estatal por el crimen perpetrado el 9 de agosto de 1994 contra el senador Cepeda Vargas por integrantes del Ejército Nacional en complicidad con miembros de grupos paramilitares. Esa responsabilidad fue establecida nítidamente por la Corte Interamericana en los siguientes términos: “La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda Vargas no sólo se encuentra comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales, lo que constituye un crimen de carácter complejo, que debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las investigaciones, las que no han logrado establecer todos los vínculos entre los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales. La planeación y ejecución extrajudicial del senador Cepeda Vargas, así realizada, no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondió a una acción organizada de esos grupos, dentro de un contexto general de violencia contra la UP”[1].
Con su declaración, usted desconoce esta sentencia y los fallos judiciales que se han adoptado en Colombia en el caso; pero además omite que el Gobierno Nacional reconoció la responsabilidad del Estado en este crimen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la propia Corte Interamericana.
2. Su declaración no reúne las condiciones previstas en la sentencia de la Corte Interamericana (párrafos 223 y 224) que ordena que la petición de perdón debe realizarse en un acto solemne, ante las dos cámaras del Congreso de la República, con transmisión en directo por los medios de comunicación oficiales, en la fecha conmemorativa del asesinato, en presencia de los familiares del Senador y de los líderes sobrevivientes de la Unión Patriótica. La sentencia además explicita que el Gobierno Nacional debe pactar con las víctimas los detalles de dicha ceremonia.
3. Como es de su conocimiento, la petición de perdón en situaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad es un acto solemne. Para que sea auténtico requiere que admita sin ambigüedad la verdad de los hechos, la demostración de la voluntad para esclarecerlos, la enunciación de los destinatarios de la petición -nombrar a las víctimas y dirigirse específicamente a ellas-. Sólo se puede pedir perdón en forma veraz, señor Presidente, si se manifiesta públicamente la conciencia del daño que se ha causado y se asume el compromiso de no repetir en el futuro acciones similares. Ninguna de tales condiciones la cumple su declaración.
4. No obstante, el aspecto más deplorable de sus palabras es que no contienen una solicitud auténtica de perdón, y en realidad encubren un nuevo agravio a las víctimas, con expresiones tales como: «No se puede exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones»; «no se puede implorar, exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones, proceder con odio, a maltratar injustamente a compatriotas y la honra de los gobiernos»; «yo no entiendo que se pueda exigir pedir perdón, en nombre del odio»[2].
Estas afirmaciones difamatorias no toman en consideración que la sentencia del tribunal internacional determinó que en otras oportunidades usted incurrió en similares conductas que han violado el derecho al buen nombre de las víctimas en este caso (párrafos 205 a 209).
A través de la Cancillería, el Gobierno Nacional anunció su disposición de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Cepeda. Sin embargo, su actitud, señor Presidente, contradice abiertamente esa promesa. Su deber constitucional es acatar las decisiones de la justicia internacional. Pero además, debemos recordarle que en este caso le cabe responsabilidad personal. La creación de las empresas de seguridad Convivir, que usted lideró con entusiasmo, estimuló el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, el mismo grupo ilegal que asesinó al senador Cepeda en complicidad con miembros del Ejército Nacional. Asimismo, es pertinente mencionar que uno de los presuntos autores de este crimen, el señor José Miguel Narváez, fue nombrado por usted subdirector del DAS y ha sido su colaborador cercano.
Sin otro particular, lo saludamos cordialmente.
Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara
Vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
Rafael Barrios Mendivil
Presidente
Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Copia:
– Corte Interamericana de Derechos Humanos
– Comisión Interamericana de Derechos Humanos
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Manuel Cepeda vs. Colombia, sentencia del 26 de mayo de 2010, párr. 124.
[2] El Tiempo, “No puedo decir que el Estado asesinó al senador Cepeda, pero hoy pido perdón: Uribe”, 24 de junio de 2010.
La jueza que firma esta orden se exilió el martes, cercada por las amenazas de muerte contra ella y su hijo menor de edad.
Fue ella quien dispuso este mes una sentencia de 30 años de prisión para el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega como coautor mediato de la desaparición forzada agravada de una docena de sobrevivientes del Holocausto del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Tras 24 años y siete meses de impunidad, ella se atrevió. Es la pionera. El gobierno saliente blandió contra esta jueza serena y seria su enorme capacidad de intimidación. Un buen resumen de las agresiones a la justicia, con motivo de su fallo, se publica al pie. Es una solicitud de rectificación pública que las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia le dirigieron al Ejecutivo. Aún no hay respuesta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que recordar y reclamar que sobre María Stella Jara pesan medidas cautelares. Clamó también la ONU. Y, a su manera, clamó el Departamento de Estado: publicó documentos clasificados que no dejan bien parado a Plazas.
Para eludir la cárcel, Plazas Vega se mudó a vivir desde septiembre al Hospital Militar, en Bogotá, donde la jefa de Psiquiatría lo recibió con efusivo abrazo. El oficial retirado no volvió al juicio presidido por Jara. Dijo que no la reconocía como juez suya y presentó un dictamen del Hospital, que sostenía que padecía una crisis de nervios.El concepto de Medicina Legal, que establecía que Plazas no tenía ningún impedimento físico ni mental para acudir a las audiencias, nunca fue acatado. Tampoco ahora, cuando la jueza Jara dispuso que el ex militar debe cumplir la pena en un establecimiento carcelario y en ello la respalda la autoridad médica forense.
A las familias de los desaparecidos del Palacio les indigna que Plazas continúe en el Hospital Militar, en lugar de comenzar a pagar su sanción en una cárcel. “Definitivamente, luchar contra el poder de todo un Estado es tarea de quijotes”, escribe René Guarín, hermano de Cristina.
A Cristina Guarín se la ve en un video salir, en esas horas aciagas, en hombros de un militar que la rescata y la salva del Palacio sitiado. Nunca más se supo de Cristina y desde entonces, el ingeniero René no conoce la paz.
“Las conquistas de la humanidad son lentas y difíciles y no podemos claudicar”, recibe Guarín una respuesta. Es Fabiola Lalinde, madre de Luis Fernando Lalinde Lalinde, estudiante desaparecido en Antioquia el 3 de octubre de 1984.
4.428 días después, doña Fabiola recuperó los restos de su hijo. A pesar de todo.
“Toca estar ahí todos los días, insistiendo y persistiendo. Soportando persecuciones, atropellos, montajes y adversidades de toda índole”, escribe a René Guarín esta decana Dolorosa.
“No importa mucho que Plazas Vega siga en el Hospital Militar”, lo tranquiliza. “Lo que verdaderamente cuenta, en este momento, es la condena, después de 25 años de negar siempre la responsabilidad de los militares y, especialmente, la de Plazas Vega, por los desaparecidos de la cafetería que salieron con vida”.
Bogotá, 16 de Junio de 2010
Doctor
Carlos Franco Echavarría
Programa Presidencial de Derechos Humanos
Director
Doctora
Margarita Rey
Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería
Directora
Ref: Solicitud de rectificación pública del Presidente Álvaro Uribe Vélez frente a sus declaraciones sobre la condena a uno de los responsables de la desaparición forzada de nuestros familiares.
Saludo cordial
Como es de su conocimiento, el pasado 9 de junio la juez Tercera Especializada de Bogotá profirió condena contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega por desaparición forzada agravada de nuestros familiares: Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortez, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, e Irma Franco Pineda.
La sentencia fue proferida por la Juez luego de realizar un análisis en derecho de los cientos de pruebas practicadas y aportadas debidamente en la etapa de investigación y juicio, las que fueron controvertidas por los sujetos procesales en el desarrollo del proceso. Estos elementos de convicción llevaron a la Juez a concluir sobre la responsabilidad del coronel Luis Alfonso Plazas Vega como coautor mediato de desaparición forzada agravada.
La investigación y posterior juicio en contra del coronel retirado se circunscribe a determinar su responsabilidad en la desaparición forzada de nuestros familiares, quienes conforme a la prueba que obra dentro del proceso, salieron con vida de las instalaciones del Palacio, bajo la custodia de miembros del Ejército Nacional. Hoy, luego de más de 24 años, desconocemos su paradero. Ni la sentencia, ni nuestras exigencias de derechos han pretendido hacer una tacha a las Fuerzas Militares, sino que se han dirigido, en derecho, desde las pruebas valoradas en sana crítica, a dictar una sentencia que se debe interpretar como un llamado a depurar las Fuerzas Armadas de violadores a los derechos humanos.
Sin embargo, en los días previos y posteriores a que la sentencia fuera proferida, altos funcionarios del gobierno, incluido el propio Presidente de la República, realizaron manifestaciones públicas de rechazo a la decisión de la Juez Tercera Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
El 8 de junio, dos días antes que el fallo fuera proferido, el Ministro de Defensa, Gabriel Silva, sostuvo ante medios de información que esperaba que se acabara la «justicia espectáculo» contra oficiales como el coronel Alfonso Plazas y los otros militares investigados. Afirmó además ser amigo personal del coronel, a quien le ha facilitado toda la solidaridad y acompañamiento institucional. Afirmó: «Hemos dicho que hay que acabar con la justicia espectáculo en el caso del coronel Plazas y de los demás uniformados afectados por procesos de esa naturaleza»[1].
El 10 de junio, conocido el contenido de la sentencia, el presidente Álvaro Uribe, el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior y de Justicia manifestaron públicamente su rechazo a la decisión proferida por la rama judicial.
El primer mandatario, en un comunicado público proferido por la Presidencia de la República y ampliamente difundido por los medios de información, señaló que el fallo era un abuso y un desestímulo para a fuerza pública: “Nosotros necesitamos la eficacia y el respeto a los derechos humanos, pero los derechos humanos no se pueden invocar para cometer abusos contra la fuerza pública. Registro con tristeza hoy un gran desestímulo de las Fuerzas Armadas de Colombia por estas decisiones que se han tomado”[2].
Señaló además que la solicitud de investigación en contra de ex presidente Belisario Betancur es un abuso y una falta de conocimiento de los hechos. “…(t)odos sabemos de su patriotismo, de su buena fe. El patriotismo y la buena fe excluyen el dolo. Sin dolo no hay delito”.
Por su parte, el Ministro de Defensa Nacional y altos mandos militares activos [3] hicieron público un comunicado de 5 puntos en el que expresan su profundo dolor por las consecuencias de la sentencia judicial, manifiestan su solidaridad con el ex oficial, “esperan que la defensa del coronel (r) Plazas Vega pueda exponer sus criterios probatorios en las instancias procesales a seguir” y exhortan a los todos los miembros de la fuerza pública “a mantener la moral en alto y el espíritu combativo indomable”[4].
Por su parte,el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, en declaración dada a los medios de comunicación, puso en duda la desaparición de personas en los hechos ocurridos en la retoma del Palacio de Justicia. «Hay que revisar muy bien los hechos concomitantes en lo de Palacio. Mirar realmente qué fue lo que pasó, establecer realmente si efectivamente hubo o no hubo desaparecidos». Además, controvirtió la decisión judicial al señalar que con ella se quiere condenar la legitimidad del Estado.
Finalmente, en horas de la noche, en una alocución en televisión difundida en canales públicos y privados, el Presidente, acompañado del Ministro de Defensa y rodeado de altos mandos de la fuerza pública, se dirigió al país para condenar, nuevamente, el fallo contra el ex alto militar. Luego de sostener que habían estado reunidos analizando la decisión de la justicia contra el señor coronel en uso de retiro expresó, entre otros aspectos, que: “La sentencia condenatoria al coronel Alfonso Plazas Vega genera profundo dolor y desestímulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas, encargadas de dar seguridad a los colombianos”[5].
El Presidente, además, creó una simetría entre nuestros familiares desaparecidos y nuestras familias que hemos sido víctimas de los crímenes cometidos por la fuerza pública, y los responsables de estos crímenes, a quienes calificó de “víctimas”, al decir que “la forma de apoyar a las víctimas no es creando víctimas en miembros de las Fuerzas Armadas”.
Estas manifestaciones muestran un irrespeto hacia las instituciones democráticas del Estado colombiano, que han cumplido con su deber de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, dentro de un proceso contradictorio dotado de las garantías procesales correspondientes. Son además una indebida injerencia en la administración de justicia que compete a la rama judicial de Colombia, que mina el principio de separación de poderes reconocido en la Constitución Política. El Presidente, conocido el fallo proferido por una autoridad competente en ejercicio de sus competencias constitucionales, no puede hacer otra cosa que acatarlo y velar para que su cumplimiento se haga efectivo.
Estas declaraciones públicas proferidas por el alto gobierno y la cúpula militar ponen en riesgo a los familiares de las víctimas y sus representantes, quienes durante más de 20 años hemos reclamado justicia y verdad por parte del Estado colombiano. El ejercicio de este derecho no puede ser interpretado como un mecanismo para atacar las instituciones del Estado o, como el Presidente Uribe lo señala en sus comunicados, “bajar la moral de la tropa”.
En un Estado de Derecho las fuerzas militares tienen el deber constitucional de garantizar la vida e integridad de todos los colombianos con plena sujeción a los mandatos legales y constitucionales; la omisión o extralimitación de sus poderes, o la utilización de estos para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos erosiona los cimientos de un Estado Social de Derecho y merecen el máximo repudio moral, político y jurídico de todas sus instituciones.
Por esta razón y en procura de conjurar, en algo, la situación de riesgo creada por tales manifestaciones, que como es sabido fueron ampliamente difundidas por medios de información públicos y privados, solicitamos al Presidente de la República, como máxima autoridad civil y como máximo comandante de las Fuerzas Armadas, una rectificación pública de sus declaraciones de rechazo al fallo proferido.
Una rectificación por parte del Presidente, en las mismas condiciones en las que pudo expresar su opinión respecto al fallo proferido, a partir de las cuales enfrentamos una situación de mayor vulnerabilidad, contribuirá a generar verdaderas y eficaces garantías para continuar en el ejercicio de nuestros derechos. Una rectificación del Presidente de la República sería una medida idónea de protección ante el clima de estigmatización y repudio que sus declaraciones han generado en nuestra contra y en contra de los sujetos procesales.
Cordialmente,
Familiares de Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortez, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, e Irma Franco Pineda, desaparecidos del Palacio de Justicia.
[3] El Comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León; el Comandante Ejército Nacional, General Óscar Enrique González Peña; el Comandante de la Armada Nacional, Almirante Guillermo Barrera Hurtado; el Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Jorge Ballesteros Rodríguez y el Director General de la Policía Nacional, Brigadier General Óscar Naranjo Trujillo.
Militares, policías y guerrilleros nos llevan a los demás una ventaja: son concientes de que la muerte pende siempre sobre nuestras vidas.
Hace ocho días estaban en un campamento de las FARC en la selva amazónica del departamento del Guaviare, al sur de Colombia. Cuando comenzaron los disparos, celebraban con torta y transistor el cumpleaños 53 del general de la Policía Luis Mendieta.
La cortina de tiros se prolongó 20 minutos. La guardia guerrillera huyó.
María Teresa, la esposa de Mendieta, se opuso durante una década al rescate militar. No la consultaron sobre la Operación Camaleón, de la que no hay mucha información.
“Fuego en el corazón, mariposas en el estómago. ¿Tú no has tenido una novia lejos? Eso es lo que se siente”, dijo la esposa de Mendieta en diálogo con la prensa en el aeropuerto militar Catam, al occidente de Bogotá, donde se encontró por fin con su marido. “Hace 12 años no ve mi rostro. Ahora estoy más viejita, con canas”. “No le dije nada. Lo besé”. Él la miró: “Gorda”, le dijo con ternura, “y ya”, contó María Teresa.Mendieta fue atrapado por las FARC el 1 de noviembre de 1998 en el combate por Mitú, la capital del selvático departamento del Vaupés, al suroriente. Con este rescate, las FARC pierden a su prisionero de más alto rango. Mendieta es hoy el oficial más antiguo de la Policía.
“Camaleón” liberó también al coronel Enrique Murillo, apresado junto con Mendieta; al coronel William Donato y al sargento Arbey Delgado, atrapados el 3 de agosto de 1998 en la batalla de Miraflores.
La guardia guerrillera se abstuvo de disparar contra sus prisioneros. Quizá fue un milagro. Hasta donde se sabe, en las FARC sigue vigente la orden de ejecutar a los cautivos en caso de que las fuerzas estatales intenten operaciones de rescate.
La guerrilla mantiene en su poder a entre 19 y 20 uniformados, a los que espera intercambiar por sus guerrilleros presos. Cada rescate militar exitoso ha debilitado esa propuesta. En los últimos años las tragedias, las pruebas de supervivencia y el paso del tiempo, que antes favorecían el ambiente en pro del canje, tienden a generar un rechazo cada vez más activo.
El general Mendieta reveló que desde hace más de 16 meses él y sus compañeros no tenían acceso a un transistor. No saben qué ha pasado en Colombia y en el mundo en todo ese tiempo. Desde diciembre de 2008, a los mensajes de amor de sus familias y a las noticias con los sucesos de sus vidas se los llevó el viento.
Me pregunto por qué ese endurecimiento de las condiciones de cautiverio.
Las FARC encadenaron a sus prisioneros a partir de la fuga de John Frank Pinchao, el 27 de abril de 2007: es de esas cosas que se escriben fácil, pero son ya tres años y casi dos meses con cadenas.
Con la liberación unilateral del maravilloso Alan Jara, el 3 de febrero de 2009, la vida en ese cautiverio tuvo que haberse puesto mil veces más difícil. Jara, ex gobernador del departamento del Meta, por ejemplo les enseñó inglés y ruso a sus compañeros. En las mañanas los ponía a discutir ¡en ruso! las noticias y debates de la radio.
Hace 16 meses, ¿qué pasó, para que las FARC les quitaran la radio a los cautivos del grupo del general Mendieta?
Quizá esta misma noche nos lo cuenten los propios hombres que hoy han vuelto al mundo; o quizá no lo sepan.
Por lo pronto, me aventuro a compartir con mi lector o lectora una hipótesis.
Flor Múnera, responsable nacional del área de asistencia carcelaria del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), expresó en marzo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia su preocupación por las condiciones en que se encuentra el guerrillero de las FARC Simón Trinidad, (Ricardo Palmera) quien cumple condena de 60 años en Estados Unidos por pertenecer al grupo guerrillero que tomó rehenes de nacionalidad estadounidense.
Yo pienso que la firmeza, el amor y admiración por su ejército y su policía, las ganas de seguir luchando que se les ve a todos los uniformados recién libres, hayan sido rescatados o liberados unilateralmente, son la mejor prueba de que estamos hablando de prisioneros de guerra. Lo aclaro porque en Colombia todavía hay que defender y argumentar el uso de términos del Derecho de Ginebra.
Aunque muchos rechacen las pruebas de supervivencia que de vez en cuando envían las FARC, la verdad es que estas, aunque tan espaciadas, nos han permitido calibrar hasta cierto punto la situación de la gente cautiva en la selva, su estado de ánimo, su salud.
De cómo se siente Trinidad, no sabemos prácticamente nada. Lo hemos visto por teleconferencia, durante audiencias en procesos que se adelantan en Colombia, encadenado de pies, manos y cintura. Cuenta Flor Múnera que, durante esas declaraciones ante la justicia, Trinidad tiene conectado un dispositivo para infligirle descargas eléctricas.
[Yo me pregunto: ¿los shocks eléctricos se aplican con qué criterio? ¿Lo decide el juez colombiano ante quien Trinidad está declarando, o el guarda carcelario estadounidense? Y si lo decide el guarda, ¿en ese caso qué hacen el juez, el fiscal y el ministerio público colombianos? ¿Los shocks eléctricos se aplican cuando el preso declara algo que no le gusta a alguien?]
Simón Trinidad está confinado en total aislamiento, con fuertes restricciones para recibir visitas. Se le prohíbe leer o conocer qué hora es. No tiene acceso a ningún medio noticioso para enterarse del acontecer en el planeta. Y también tiene a su novia lejos.
Cuando -en su estrategia judicial de quebrar la moral del guerrillero- el fiscal estadounidense Kenneth C. Kohl, que lo interrogaba en Washington, le mostró a Trinidad una foto de su amada, el acusado respondió: “No, señor fiscal. Ella no es Lucero… Es la bellísima Lucero”. Lo cuenta el periodista Jorge Enrique Botero en su libro “Simón Trinidad, el hombre de hierro”. Hacía dos años y medio no la veía ni en foto. Al “hombre de hierro” se le quebró la voz.
Dejo a mi lector o lectora con el revelador mensaje de Flor Múnera a la Corte Suprema.
Bogotá, D.C.
Marzo 10 de 2010
Honorables Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA-SALA PENAL
E.S.D.
Ref: VERIFICAR CONDICIONES DE RECLUSIÓN DE JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA
Respetados Magistrados:
FLOR MÚNERA, responsable nacional del área de asistencia carcelaria de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, por medio del presente escrito respetuosamente me permito expresar la gran preocupación que nos causa la información que hemos conocido sobre la situación jurídica y humanitaria del detenido político extraditado JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA, rebelde conocido como Simón Trinidad.
Por distintos medios se ha advertido que JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA fue extraditado a los Estados Unidos en el mes de diciembre de 2005, previo concepto de la Corte Suprema de Justicia en el Proceso No. 22450, dentro del cual se realizó el siguiente condicionamiento:
“7.1. En todo caso, habida cuenta que de acuerdo con las normas punitivas de los Estados Unidos aplicables a los delitos por los que solicitó la extradición allí podrían imponer como sanción hasta cadena perpetua, la cual está prohibida en Colombia (artículo 34 de la Constitución Política), le corresponde al Gobierno Nacional, en caso de que conceda la entrega requerida, condicionar la extradición a la conmutación de la misma, así como imponer las exigencias que considere oportunas para que se observe ese precepto constitucional, y a fin de que PALMERA PINEDA no vaya a ser juzgado por un hecho anterior al que motiva la extradición (artículo 512 del Código de Procedimiento Penal), ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Sea lo primero advertir que la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos se opone explícitamente a la extradición de colombianos, por considerar que ello constituye un desconocimiento del principio de autodeterminación de los pueblos y de la soberanía nacional, máxime cuando hemos percibido que en los últimos años se ha hecho un uso abusivo de esta figura.
Con referencia al caso antes señalado se conoce que, si bien JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA no fue condenado a cadena perpetua, las autoridades norteamericanas le impusieron al detenido político una pena de 60 años de prisión, la cual es superior a la que hubiera obtenido en Colombia por los mismos delitos, teniendo en cuenta la fecha en que éstos se cometieron.
JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA no ha perdido su condición de ciudadano colombiano. Por tanto, el Estado se encuentra aún obligado a garantizar y exigir el respeto de sus derechos humanos. En nuestro país, en virtud de los principios de legalidad y debido proceso, nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes pre-existentes y con el respeto de todas las garantías judiciales, así como de las formas propias de cada juicio; en el marco de tales presupuestos, ningún colombiano podría ser penado con condenas mayores a las establecidas en la normatividad nacional.
En el caso concreto de este detenido político encontramos que fue extraditado para ser juzgado por delitos por los que pudo ser investigado y eventualmente condenado en Colombia. Sin embargo, el Estado renunció a su soberanía judicial e hizo entrega de esta facultad a las autoridades norteamericanas, situación que no puede implicar adicionalmente la potestad de que éstas impongan a nuestros ciudadanos condiciones más restrictivas que las que hubiera recibido en este país. Entonces, así como la Constitución prohíbe penas como la cadena perpetua y, en virtud de ello, ningún nacional nuestro podrá ser sometido a la misma, también se proscribe la imposición de penas no previstas en la norma preexistente o superiores a ellas. Luego no resulta ajustado a nuestra carta política el que las autoridades norteamericanas le hayan impuesto al rebelde Simón Trinidad una condena de 60 años, cuando para la fecha de los hechos por los que fue acusado, la pena máxima ascendía internamente a 40 años.
De otra parte, a través de la información trasmitida sobre los juicios en los Estados Unidos pudo percibirse la connotación eminentemente política de su juzgamiento, evidenciándose una posición vindicativa por su condición de rebelde. Esto nos hace suponer que su extradición fue requerida y concedida en vulneración de lo preceptuado en la Constitución nacional, que proscribe la concesión de ésta por delitos políticos.
Sobre este asunto, la FCSPP es consciente del alcance de la posición adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-456 de 1997, la cual seguimos considerando como un abono a la desnaturalización del delito político en Colombia. Pero ello no obsta para poder plantear que, cuando una persona es objeto de un juzgamiento en el que se le recrimina con especial énfasis su condición de rebelde, se puede identificar un trasfondo político que trasgrede el límite constitucional que habla de no permitir la extradición por delitos políticos.
Ahora bien, mayor preocupación nos merecen las reiteradas denuncias que a pesar de los impedimentos prácticos se han podido conocer sobre la situación en que se encuentra el detenido político Simón Trinidad en una cárcel norteamericana. Ha sido confinado en total aislamiento, con restricciones serias del derecho a la visita, no solo por el hecho de encontrarse fuera de su país de origen sino por la vigilancia a la que es sometido durante el poco tiempo de contacto con su familia y abogados, además de la prohibición inexplicable de leer, tener un reloj, medios de comunicación, contacto con otros reclusos, entre otras.
No podemos dejar pasar por alto que durante las audiencias (en procesos que se adelantan en Colombia) realizadas a través de teleconferencias, permanece con cadenas en los pies, manos, cintura y con un dispositivo para realizar descargas eléctricas sobre su cuerpo.
Todo ello lleva a concluir que el detenido político y además ciudadano colombiano JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA se encuentra sometido a un régimen penitenciario en el que el respeto de los derechos humanos no constituye una prioridad. Las condiciones reseñadas atentan, de manera abierta y flagrante, contra la dignidad humana, la familia, la intimidad, la información, la defensa, etc, todos ellos derechos fundamentales consagrados no sólo en la Constitución y la ley nacional, sino en tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano.
Adicionalmente a todo lo anterior, hemos tenido conocimiento de que por orientación de las autoridades norteamericanas se ha restringido el carácter público de las audiencias previstas en la etapa de juicio según el código de procedimiento penal (Ley 600). Esto constituye una limitación inaceptable del debido proceso, además de la independencia de los jueces colombianos, quienes son los que tienen la dirección absoluta de estas diligencias en nuestro país.
Dada la gravedad de esta situación, de manera respetuosa nos permitimos solicitar a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia:
Primero. Adoptar los mecanismos necesarios para verificar las condiciones en que se encuentra el detenido político JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA, conocido como Simón Trinidad, y establecer si, de acuerdo con los preceptos constitucionales y legales previstos en Colombia, se están violentando sus derechos humanos.
Segundo. Adoptar medidas eficaces para que las garantías judiciales y derechos humanos que hasta ahora han sido vulnerados al detenido político conocido como Simón Trinidad, sean restablecidos y respetados de manera ininterrumpida e incondicional.
Agradecemos allegar su respuesta a la Calle 26 No. 4a–45 Piso 12 de Bogotá.
Cordialmente,
FLOR MÚNERA
Área Nacional de Asistencia Carcelaria FCSPP
Hoy es 9 de junio de 2010. Por vez primera, la justicia colombiana se atreve a fallar contra un oficial que tuvo un papel protagónico en la retoma violenta del Palacio de Justicia, en 1985.
Y ha sido una mujer amenazada, la juez María Stella Jara, la que se ha atrevido. Hoy, ella condenó a 30 años de cárcel y 10 años adicionales sin ejercer cargo público alguno al coronel retirado del ejército Alfonso Plazas Vega.
Plazas Vega ha sido condenado por secuestro y desaparición forzada. Es el primero. La sentencia se esperaba desde diciembre pasado. Hoy hubo llanto y hubo fortaleza, en la calle bogotana donde están los juzgados especializados.
«Ha comenzado a romperse el silencio que por tanto tiempo protegió a los responsables», reaccionó desde Londres Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional.
Hoy, uno de los apoderados de las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia, Jorge Molano –también amenazado- recordó a su maestro y a su ejemplo:“…Hoy es un día en el que un único abogado tenía la legitimidad, la autoridad moral y el derecho para estar notificándose en esta sala de la sentencia en el caso del coronel Plazas Vega”, dijo Molano.
Eduardo Umaña Mendoza, prosiguió, “fue el que trabajó todas las pruebas. Hizo las investigaciones. Reunió a los familiares e hizo las denuncias para que este caso por fin se conociera”.
“Eduardo Umaña Mendoza fue asesinado en su oficina 18 de abril 1998, dos meses antes de que se iniciaran las diligencias de exhumación de los cadáveres en el Cementerio del Sur…».
Cuando mataron a Eduardo Umaña Mendoza (en la foto), su padre, el gran jurista Eduardo Umaña Luna, fue el único capaz de dominar, con una orden de serenidad, a la muchedumbre adolorida, enardecida y dispuesta todo, que lo velaba en la Universidad Nacional.
Hoy, Camilo Umaña, hijo y nieto de los dos Eduardos, escribió a las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Este es su texto.
Sentencias de muerte
Para los y las familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia
Por Camilo Umaña
Nacimiento y muerte son determinantes. Significan uno y otro extremo, delimitación. Las arenillas que se mecen en los relojes.
Poco después de nacido, un algo conmocionó el ambiente que me rodeaba. Yo no sabía sino de madre y padre, pero se hablaba de un Palacio, de la pobre gente, de guerra y de muerte y de balas y de una serie de cosas que en cierta medida me hubiera gustado nunca entender, haber proseguido en la ternura indefinidamente, infinito.
Cuando se es pequeño poco importan las profesiones, porque se quiere saltar, gritar, reír, llorar, correr; no importa el dinero porque importan las paletas y los patines; no importan los museos sino esos sitios gloriosos donde hay árboles, y cucarrones, y columpios, y los siempre apreciados amigos de ocasión.
Siempre veía a mi padre grandote, con corbatas desencajadas, oliendo a cigarrillo como una chimenea deambulante. Me enteré entre los bordes de mi nobel vista de que mi padre cargaba un maletín rojo de cuero con un cierre duro dorado porque allí tenía historias e injusticias y que en su barba que picaba cuando lo saludaba de beso yacían el impulso, las palabras, la dicción de su justicia, su quehacer.
Sabía muy poco de personas, porque el universo del niño se compone de figuras más íntimas. De personajes más que de personas. Entre esos figurantes uno está al tanto de la palabra ‘familia’: hay viejitos y se llaman abuelos, hay jóvenes y se llaman primos, hay cálidos y se llaman tíos.
El problema de los nombres siempre se me dificultó: la palabra familia se amplió en un abanico gigantesco, se plurificó en la sala misma de mi casa. “Doctor, en la portería está la familia Guarín”, “Llegaron los Rodríguez, José Eduardo”… Había que preparar tinto, tener agua a la mano, pañuelos desechables y un abrigo invisible de sonrisas y abrazos.
Entre esas familias que no eran la propia siendo la mía, había una presencia mística, siempre lo noté: de niño se es extraordinariamente lúcido y sensible.
Se escuchaban los ecos en sus pasos, se veían en las flores siemprevivas de los homenajes sus rostros, se gustaban en sus lágrimas, se acariciaban en sus sombras: desaparecidos, me explicaban.
Sabiendo tan poco de la vida, me contaban que los desaparecidos eran seres que estaban sin estar. Yo recuerdo que pensaba en los seres mágicos (dragones, gnomos, sirenas, magos…) que veía en mi cotidianidad de juego (y que nunca me han abandonado), y los fui asimilando y trayendo a mi conocimiento, paulatino, como una llovizna suave que en un trueno arrecia.
Esa presencia mística poco a poco me llevó a entender la inmensa oportunidad que significaba llegar a casa y poder abrazar a mi papá y a mi mamá; paso a paso fui comprendiendo que el amor y la vida son inasibles, vaporosos, cuestión de instante, pero que se sienten fuertes cuando abrazas y vigorosos cuando besas, abundantes cuando recuerdas y generosos cuando carcajeas. Son la única experiencia que me llevaré de este mundo de muerte que injustamente arrebata y arrebata.
En medio de todo eso crecía en mí un adulto que no pude refrenar y que hoy en día se escapa en el golpe de vista del espejo. Supe que mi padre era amenazado, que lo hostigaban. Supe que caía muerto por balas asesinas. Supe que las familias que eran la mía corrieron despavoridas, como yo mismo lo hice, unos con unos, otros con otros. Supe de miedo, de huída, de dolor, desesperanza.
Les digo, cada vez encajo más categorías en mi pensamiento, pero al parecer cada vez comprendo menos. No entiendo por qué muchos de ustedes no pudieron tener la oportunidad de continuar, por qué el aprendizaje ha sido tan violento, por qué el sufrimiento se ha extendido con tal facilidad, por qué la esperanza no ahoga el olvido, por qué yo mismo no tuve la oportunidad.
Hoy quería hacer este alto para comunicarme desde la distancia de este escrito y contarles que me acuerdo de ustedes, de sus rostros, de sus angustias. Hoy quería recordar lo que saben: que mi padre los llevó en el corazón y en el alma, que hoy es un día de coraje, que hoy hay una presencia más juntos con los suyos: el mío.
En el link http://bit.ly/dxc1Cg, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo retransmite en directo desde la Corte Suprema de Justicia de Colombia el interrogatorio al extraditado ex capo paramilitar Salvatore Mancuso, dentro del juicio contra Jorge Noguera, el ex director del DAS (la Stasi colombiana).
Como funcionario del gobierno de Álvaro Uribe, Noguera puso el DAS al servicio de la mafia paramilitar.
Mancuso está preso en Estados Unidos, luego de ser extraditado por Uribe junto con otra docena de jefes paramilitares. Para la Corte Suprema, en los capos extraditados está «la materia prima de la verdad».
Las familias de Mancuso y de otros de sus colegas han sido objeto de asesinatos, atentados, amenazas de muerte y seguimientos intimidatorios, como advertencia para que guarden silencio desde las cárceles estadounidenses.
La Fiscalía General de la Nación (ente investigador y acusador) y la Procuraduría General de la Nación (organismo de control al debido proceso) pidieron este martes condena para 10 militares, en el juicio por la matanza de ocho integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el 21 de febrero de 2005.
Los oficiales y suboficiales del Batallón Vélez son juzgados por homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir. Se exponen a una pena de hasta 40 años de prisión, dadas la crueldad y sevicia con que fue ejecutado el crimen.
En los hechos fueron asesinados cuatro menores entre los 18 meses y los 17 años de edad. Dos de ellos fueron degollados. Además, fueron muertos cuatro adultos, incluido el líder histórico de la comunidad campesina pacifista, Luis Eduardo Guerra.
El crimen fue atribuido por el presidente Álvaro Uribe y por el Ministro de Defensa a las FARC. Oficiales de la Brigada XVII pagaron testigos para que declararan en ese sentido.
La procuraduría considera que en los hechos actuaron “aparatos de poder organizados” y debe aplicarse la responsabilidad “por autoría mediata”, fórmula recogida por el Tribunal para la ex Yugoeslavia y por la Corte Suprema de Justicia de Perú, en el caso Fujimori.
El presidente Uribe no ha manifestado la menor condolencia a la Comunidad de Paz. Nosotros recordamos aquí sus nombres y el estremecimiento vivo de este drama.
Luis Eduardo Guerra, de 35 años; su compañera Beyanira Areíza y su hijo Deyner Andrés Guerra Tuberquia, de 11 años de edad.
Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz Pozo y sus hijos Natalia, de cinco años, y Santiago Tuberquia Muñoz, de dieciocho meses de edad.
La Seccional Santander del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la organización de derechos humanos más antigua de Colombia, anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA le otorgó medidas cautelares al preso Diomedes Meneses Carvajalino.
La Comisión solicitó al gobierno que asegure la atención médica adecuada para este interno de tal modo que no sólo se garantice su derecho a la salud, sino mucho más allá: la protección de su vida y su integridad personal.
La inadecuada atención en salud a Meneses motivó en la Penitenciaría de Girón, en el departamento de Santander, una huelga de hambre que decretaron los 57 presos políticos compañeros suyos el 24 de marzo. La levantaron al día siguiente, tras llegar a un acuerdo con la administración del penal.
La CIDH impuso al gobierno que los tratamientos médicos a Meneses deben ser concertados con él. Igualmente, Bogotá deberá brindar información para investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar. El gobierno de Álvaro Uribe tiene 20 días para presentar un primer informe. Además, debe reportar periódicamente el estado actualizado de Meneses.
En el momento de su captura, Diomedes Meneses fue torturado por miembros del ejército hasta el punto de quedar parapléjico, según el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. En marzo de 2009 sufrió una pequeña herida en el talón del pie izquierdo. Mal atendida, un año después está en alto grado de infección, y el médico ortopedista ya habla de la posibilidad de una amputación o de raspar el hueso.
El CSPP ha acompañado a Meneses desde el momento de su detención, y ha instaurado acciones jurídicas y de exigibilidad, incluyendo el año pasado una tutela por el derecho a la salud. Aunque ésta fue otorgada, el INPEC (la autoridad carcelaria) “continúa siendo negligente con la atención dada a este detenido político”, advierte el CSPP, que evalúa que en el sistema penitenciario colombiano se vive una “grave situación humanitaria”.
Respecto a la medida cautelar, el CSPP solicita al gobierno “reales garantías para la concertación y seguimiento de la medida”, incluyendo “facilitar el diálogo entre beneficiario y peticionario”, es decir entre Meneses y el CSPP.
Miren, pues, todo lo que hay que hacer para que un preso no se pudra en una cárcel de Colombia.
Ayer sábado fue detenido el líder del pueblo nasa Feliciano Valencia. Feliciano es líder visible de la Minga, junto con la extraordinaria Aida Quilcué. En el pasado ejerció el cargo equivalente a ministro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el gabinete o máxima jerarquía del pueblo nasa que habita el Norte del suroccidental departamento del Cauca, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).
Valencia es acusado por la fiscalía de «secuestro» y «lesiones personales».
Se trata de que el Ministerio de Defensa, en violación de la Constitución, promovió que Valencia y Quilcué fueran denunciados por ambos cargos. Durante la Minga por la Liberación de la Madre Tierra, las autoridades indígenas detuvieron a un militar vestido de civil, infiltrado dentro de los manifestantes. En su mochila le fueron encontrados artefactos explosivos iguales a los que estaban generando terribles heridas a los indígenas manifestantes. La Policía estaba acusando a los propios indígenas de hacer uso de ese armamento. El general Naranjo señalaba a los indígenas incluso de «uso de armas no convencionales».
Total, el soldado fue detenido por la Guardia Indígena y posteriormente llevado a juicio dentro de la jurisdicción indígena, reconocida por la Constitución de 1991. Debido a su cargo en el momento de la Minga, Feliciano Valencia estuvo al frente de dicho juicio, que terminó con una condena de acuerdo a los usos y costumbres nasa, que estos indígenas llaman «remedio». Se trató de varios latigazos en público. El militar fue incentivado, desde el Ministerio de Defensa, a demandar a las autoridades indígenas por «secuestro» (por el tiempo que duró detenido) y «tortura», cargo que luego fue cambiado por el de «lesiones personales».
Valencia pretendía viajar el sábado a un encuentro internacional y fue detenido en el aeropuerto que sirve a la occidental ciudad de Cali.
Para el gobierno, la detención de Valencia es de doble filo. Porque si no liberan, digamos, en cuestión de horas a Feliciano, habrá que recordar qué pasó en la Minga. Cómo fue que el gobierno acusó a los indígenas de «terrorismo». Y en qué terminó el episodio, luego de cierta publicación por parte de CNN. Habrá que recordar por cuál hacienda era esa pelea, a quién se la ha entregado el gobierno y para qué macroproyecto. Observar si quienes ocupan hoy esa Hacienda fueron financiadores de las campañas de Uribe y si son beneficiarios de subsidios estatales.
Lo bueno de la detención de Feliciano es que, si esta prosigue, probablemente terminará en el fortalecimiento de la jurisdicción indígena. Así que Heavy Metal Colombia queda atenta a esta importante noticia en desarrollo.
Advierte el colega Hollman Morris de un extraño robo ocurrido este lunes de Pascua contra un detective investigador del asesinato del periodista Clodomiro Castilla. El detective está adscrito a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (DIJIN) y fue comisionado por la Fiscalía General de la Nación (ente investigador y acusador) para viajar a Montería, capital del departamento de Córdoba y donde Clodomiro fue acribillado en su casa el 19 de marzo.
Dice el despacho de Hollman:
«Uno de los investigadores de la DIJIN comisionado por la Fiscalía General de la Nación, que fue enviado a Montería para investigar el homicidio del periodista Clodomiro Castilla, fue víctima hoy de un extraño atraco en pleno centro de la capital de Córdoba.
«En momentos en que se dirigía a retirar el dinero correspondiente a sus viáticos, dos hombres armados lo encañonaron a la entrada de un local de Servientrega [servicio de mensajería nacional] ubicado en la carrera cuarta con calle 32 y le robaron su arma de dotación; mientras su compañero, impávido, observaba lo sucedido desde una camioneta.
«En la mañana, los investigadores se reunieron con el director informativo de ‘La Voz de Montería’, emisora para la que laboraba el periodista, quien además dirigía la revista ‘El Pulso del Tiempo’.
«Lo extraño es que al funcionario de la DIJIN sólo le robaron su arma, y que todo sucedió a plena luz del día. Por su parte, el comandante encargado de la Policía de Córdoba, coronel Libreros, se apresuró a minimizar lo sucedido asegurando que se trató de un atraco simple.
«Otra cosa deben pensar en la DIJIN Bogotá, pues de inmediato fueron comisionados otros seis detectives a Montería para apoyar la labor de sus colegas y acompañarlos en las pesquisas del caso Clodomiro Castilla.»
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
Militares, policías y guerrilleros nos llevan a los demás una ventaja: son concientes de que la muerte pende siempre sobre nuestras vidas.
Suprema de Justicia de Colombia el interrogatorio al extraditado ex capo paramilitar Salvatore Mancuso, dentro del juicio contra Jorge Noguera, el ex director del DAS (la Stasi colombiana).
