Mientras medio mundo seguía las incidencias de la liberación unilateral de Pablo Emilio Moncayo, militar que estuvo 12 años y tres meses en cárceles selváticas y sometido a canje por las FARC, que quiere a sus guerrilleros libres, el gobierno de Álvaro Uribe encontró un quehacer: inaugurar cárceles.
Uribe inauguró dos cárceles hoy, en Cúcuta y Yopal, capitales respectivamente de tremendas zonas de guerra sembradas de miles de desaparecidos: los departamentos de Norte de Santander y Casanare, fronterizos con Venezuela.
Dijo que está construyendo otras 10 cárceles y que entregará nueve de ellas antes del 7 de agosto, cuando debe ceder la presidencia. Y dijo que en 2002, cuando subió al poder, Colombia tenía 52 mil 900 reclusos pero que hoy son 78 mil.
Es decir 26 mil presos más, un 49 por ciento de incremento. Eso seguramente le parece que es el resultado de una buena gestión, porque Uribe no es de los que se preocupan por solucionar las causas.
El ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio (quien a propósito tiene a un hermano preso, Guillermo, por supuestamente poner la Fiscalía de Antioquia al servicio de narcoparamilitares) afirmó que la construcción de estas cárceles nuevas crea 23 mil nuevos cupos carcelarios, al costo de un billón de pesos o cerca de 519 millones de dólares.
No contaron –Uribe y Valencia- cuánto hacinamiento había cuando el primero llegó al poder. Lo que está claro es que Uribe deja la presidencia con más hacinamiento que el que encontró: deja 26 mil presos más, y sólo 23 mil cupos nuevos.
En 2004, el Ombudsman reportó 68.020 personas encarceladas. Para esa época ya la Corte Constitucional había dictaminado que el hacinamiento tenía características de “estado de cosas inconstitucional”, una fórmula para decir que a los presos en Colombia se les está violando todo.
Estas son las cifras del hacinamiento en 2004, según el informe del Ombudsman al parlamento:
Por departamentos, los que estaban peor en ese año – varones:
Guajira 105%; Valle 82%; Antioquia 70%; Caquetá 59,9%; Risaralda 58%; Cundinamarca 57,2%; Sucre y Santander, 48%; Casanare 46,4%; Arauca 46%.
Por ciudades, también sólo las de mayor hacinamiento – varones:
A Mario Madrid-Malo, mi profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia, le ha tocado todo el resto de la vida seguir enseñándome, pero gratis. Todo el resto de la vida lo consulto y le pregunto, paso a paso. Ahora, mi profesor entró a hacer parte de la asociación profesional Medios para la Paz (MPP), de la que yo soy miembro también. Y parece que desde allí nos dará a todos lecciones, igualmente gratis. Este es su primer aporte desde MPP, dedicado a analizar, desde el Derecho, una reciente propuesta de la aspirante presidencial Noemí Sanín, tan insultante para con la justicia civil, como imprecisa. Bienvenido, querido profesor. Que le aproveche, estimada candidata.
Inquietante propuesta
La candidata del partido conservador ha formulado una inquietante propuesta. Quiere “devolverles el fuero militar a los militares” (sic) y sustraerlos a “una justicia civil que no conoce el tema castrense y (…) además, tampoco garantiza la lucha contra la impunidad”.
Quizá por razón de su larga permanencia en el exterior la señora Noemí Sanín ya no recuerda bien ni el texto del artículo 221 de la Constitución de 1991 ni la jurisprudencia que sobre esta norma ha desarrollado la Corte Constitucional. Por eso conviene recordarle:
a) Los miembros de las fuerzas militares tienen un fuero, pues por mandato de la Ley Fundamental la justicia penal militar conoce de los delitos por ellos cometidos “en relación con el servicio”. (Un fuero es la garantía en virtud de la cual las conductas punibles atribuidas a ciertos servidores públicos deben ser investigadas y juzgadas por autoridades distintas a las de la jurisdicción ordinaria o común).
b) Como sucede en todo Estado de derecho, el fuero de los militares colombianos es restringido. Para que la jurisdicción penal militar pueda conocer de un delito se requiere el cumplimiento de dos condiciones: 1ª) Que el hecho punible haya sido perpetrado por un miembro de la fuerza pública en servicio activo; 2ª) Que ese hecho tenga relación directa y próxima con el servicio.
c) Sólo pueden considerarse delitos en relación con el servicio aquellos que surgen —como omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones— en el marco de una actividad ligada directamente a la defensa nacional, funciónpropia de las fuerzas militares.
d) Hay ciertos comportamientos que siempre son ajenos al servicio, como las violaciones de los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario, porque quienes los asumen no cumplen un fin constitucionalmente legítimo.
e) Todo hecho constitutivo de violaciónde los derechos humanos o de crimen de guerra rompe, por su inusitada gravedad, el vínculo entre el delito y el servicio. Por consiguiente, su investigación y juzgamiento corresponden a la justicia ordinaria.
f) Según la jurisprudencia y la doctrina internacionales, los tribunales castrenses sólo deben administrar justicia con respecto a los miembros de las fuerzas armadas que sean autores o partícipes de delitos de naturaleza propiamente militar.
g) De lo dispuesto por el artículo 250 de la Constitución se infiere que corresponde a la Fiscalía General de la Nación establecer, en todo caso, si en una conducta punible se dan los elementos de índole objetiva y subjetiva cuya concurrencia justifica la aplicación del fuero militar.
h) En ninguna providencia del Consejo de Estado se afirma que los militares colombianos han perdido su fuero constitucional, o que éste es invocable para impedir el despliegue de la jurisdicción ordinaria sobredelitos graves conforme al derecho internacional.
h) Carece de toda validez científica la tesis según la cual los civiles son incapaces de procesar a los militares con rectitud, independencia e imparcialidad.
La candidata conservadora debe documentarse con más seriedad antes de formular sus propuestas. Es frívolo —y peligroso—presentar a los militares colombianos como víctimas de una jurisdicción común inepta y prejuiciada.
Colombia no debe retornar a los tiempos en que el fuero militar cobijaba, incluso, a los autores de las ejecuciones extrajudiciales (hoy perversamente llamadas “falsos positivos”).
Sicarios asesinaron anoche al periodista Clodomiro Castilla, acusador y testigo ante tribunales en casos de parapolítica.
Ocurrió a las 9 de la noche mientras leía un libro en la terraza de su casa en Montería, capital del noroccidental departamento de Córdoba, patria chica del extraditado ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Allí, el presidente Álvaro Uribe sabe hasta qué hoja de cuál árbol se mueve. Así queda claramente mostrado en el libro de Iván Cepeda y Jorge Rojas “A las puertas de El Ubérrimo”, nombre de una de las haciendas preferidas del mandatario colombiano, cuyo portal de entrada queda a pocos minutos en automóvil del casco urbano de Montería.
Clodomiro fue uno de los testigos y fuentes de información para la enjundiosa investigación de Cepeda y Rojas.
Había hecho denuncias e instaurado acciones judiciales contra William Zalleg, director del periódico local “El Meridiano de Córdoba”, cuyas páginas son la “prueba reina” que tantos buscan.
“Era uno de los periodistas críticos que denunció incansablemente el vínculo entre personas del poder político, los ganaderos en Córdoba y Salvatore Mancuso y los grupos paramilitares. Por eso había iniciado acciones jurídicas contra William Zalleg, entre otros. Había denunciado corrupción y nexos entre paramilitares y toda esa gente”, dijo Iván Cepeda a Heavy Metal Colombia.
El periodista radial hacía sus denuncias a través de La Voz de Montería, en el espacio diario entre las 5:30 y las 7:30 de la mañana, junto con Rafael Gómez, director, y Adolfo Berrocal.
En la Montería de la Seguridad Democrática «nadie se atreve a decir nada. Nosotros somos los únicos», había dicho Gómez. Además, hace 10 días Clodomiro había publicado una revista. Para Gómez, “lo que hubo fue una condena a muerte” contra Clodomiro, “y el paredón fue su casa”.
Tenía 50 años y cuatro hijos y recibía amenazas hace tiempo.
Había renunciado a la escolta estatal, que tuvo durante dos años hasta 2009. Desde los asesinatos de los candidatos presidenciales Pardo, Galán, Pizarro y Jaramillo sabemos cuán peligrosa es su compañía. “Mi escolta es Jesucristo”, decía.
Que tu voz se multiplique en nosotros. No nos dejes en paz, Clodomiro.
Por el cual el Alto Tribunal Constitucional del país informa a la Nación sobre la “inexequibilidad” de la Ley 1354 de 2009, que buscaba imponer el “referendo reeleccionista”.
Corte Constitucional
República de Colombia
EXPEDIENTE CRF-003 – SENTENCIA C-141/10
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 1354 DE 2009, DE CONVOCATORIA A UN REFERENDO CONSTITUCIONAL.
Por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
Artículo 1o. El inciso 1o del artículo 197 de la Constitución Política quedará así:
“Quien haya sido elegido a la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido únicamente para otro período”.
Aprueba usted el anterior inciso.
Sí: ( )
No: ( )
Voto en Blanco: ( )
Artículo 2o. La presente ley regirá a partir de la fecha de su promulgación.
2. Fundamento de la decisión.
2.1. Control constitucional: alcance de la competencia y parámetro de control.
En ejercicio de la función de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política, corresponde a la Corte Constitucional realizar el control automático de una ley convocatoria a un referendo constitucional, de conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 241 de la Constitución Política.
Al abordar el examen de constitucionalidad de la Ley 1354 de 2009, la Corte Constitucional señala el alcance de su competencia, abocando el estudio tanto del procedimiento de formación de la norma legal en el Congreso de la República como del trámite mismo de la iniciativa legislativa ciudadana. Así, el parámetro normativo para el ejercicio del control de constitucionalidad se halla conformado por los preceptos constitucionales, la Ley 134 de 1994 (Ley estatutaria de los Mecanismos de Participación Ciudadana), la Ley 130 de 1994 (Ley estatutaria de los partidos y movimientos políticos) y las normas legales orgánicas regulatorias del proceso legislativo (Ley 5 de 1992).
Adicionalmente, la Corte Constitucional reitera su jurisprudencia en relación con los límites del poder de reforma de la Constitución, insistiendo en que el poder constituyente derivado tiene competencia para reformar la Constitución, mas no para sustituirla, por lo cual todo cambio en la identidad del texto constitucional implica un vicio de competencia por exceso en el ejercicio del poder reformatorio.
2.2. Principio democrático y formas.
Entre los distintos elementos que configuran toda democracia se encuentra el respeto de los procedimientos formales previstos para el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. Para la Corte Constitucional, más que meros ritualismos, tales formas están instituidas en garantía de las reglas fundamentales de la democracia representativa y de participación y son componentes sustanciales del principio democrático.
2.3. Vicios en el trámite de la iniciativa legislativa ciudadana.
Al examinar el trámite de la iniciativa ciudadana que dio origen a la Ley 1354 de 20 09, la Corte Constitucional verificó la ocurrencia de un conjunto de irregularidades vinculadas a la financiación de la campaña en favor de la iniciativa de reforma constitucional. Tales anomalías, vistas en conjunto, configuran una grave violación de principios básicos de un sistema democrático, a saber: la transparencia y el pluralismo político del elector consagrados en los artículos 1, 155, 374 constitucionales y en los artículos 24, 27, 97 y 98 de la Ley 134 de 1994.
(i) En primer término, una organización ajena a la iniciativa -la Asociación Primero Colombia- adelantó gestiones propias de un Comité de Promotores desconociendo los mandatos del legislador estatutario, y en últimas, principios constitucionales. Desde la conformación misma del Comité de Promotores, la Asociación tuvo a su cargo dos labores fundamentales en el manejo de la campaña a favor del referendo: (i) la contabilidad; y (ii) el “manejo de los fondos”. Con apoyo en tan imprecisas tareas, la Asociación Colombia Primero recaudó y administró importantes aportes económicos para financiar la campaña de recolección de apoyos ciudadanos para referendo, recursos que fueron trasladados al Comité de Promotores mediante un contrato de mutuo. Resulta evidente la existencia de unidad de gestión y administrativa, entre el Comité de Promotores de la iniciativa legislativa ciudadana y la Asociación Colombia Primero, dato relevante al momento de examinar la transparencia del proceso de financiación de la campaña de recolección de apoyos ciudadanos, y por supuesto, la vulneración de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación y de la Constitución Política. Se concluyó, por lo tanto, que el Comité de Promotores de la iniciativa se sirvió de una asociación particular, que siempre controló, para adelantar labores que según la ley le eran propias; en concreto, las relativas a la financiación de la campaña para la recolección de los apoyos ciudadanos conducentes al trámite de una reforma constitucional.
(ii) Igualmente se estableció que durante la campaña de la iniciativa legislativa ciudadana que dio origen a la Ley 1354 de 2009, el Comité de Promotores gastó una suma global que supera más de seis (6) veces lo autorizado por el Consejo Nacional Electoral; a eso se añade que recibió aportes individuales superiores hasta casi treinta (30) veces lo permitido, contribuciones éstas realizadas a una organización no facultada para ello por el legislador estatutario, como la Asociación Colombia Primero. Estas actuaciones además de suponer una trasgresión de los mandatos de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación (artículos 97 y 98), vulneró el principio constitucional de transparencia, ya que toda la actuación fue dirigida a burlar los mandatos legales y constitucionales, como también el principio constitucional de pluralismo, al permitirse contar con recursos desproporcionados para privilegiar o favorecer la propuesta de convocatoria a una reforma constitucional.
2.4. Vicios en el procedimiento legislativo.
(i) Estos vicios que tuvieron lugar en el curso de la iniciativa ciudadana tuvieron a su vez incidencia en el procedimiento legislativo pues el trámite ante el Congreso de la república de la Ley 1354 de 2009 comenzó sin que fuera adjuntada la certificación del Registrador Nacional del Estado Civil prevista en el artículo 27 de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación, sobre cumplimiento de los requisitos exigidos para la realización de los mecanismos de participación ciudadana, entre otros, el cumplimiento de los topes globales e individuales de financiación. La ausencia de esta certificación inhibe la iniciación del trámite legislativo y vicia la constitucionalidad de todo el procedimiento adelantado ante el Congreso de la República.
(ii) Un segundo vicio del procedimiento legislativo consiste en la modificación del texto original del proyecto de ley respaldado por la iniciativa ciudadana apoyada por el 14.59% del censo electoral, que tuvo lugar durante el tercer debate, en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado . Tal cambio entrañaba la posibilidad de proponer al Pueblo la segunda reelección inmediata, mientras que el texto original refería a una reelección mediata o por período interpuesto. Consideró la Corte que con una modificación de esta envergadura el Congreso, constitucionalmente privado de iniciativa legislativa en materia de referendos constitucionales, excedió las limitaciones que el principio de democracia participativa le impone a la función legislativa que surge de la iniciativa ciudadana, lo que constituye un vicio de inconstitucionalidad de la Ley 1354 de 2009. Con ello se introdujo un cambio sustancial al proyecto que vulneró, a su vez, el principio de identidad y de consecutividad en el trámite legislativo, al presentarse una vez transcurridos los debates ante la Cámara de Representantes, de modo que el texto finalmente aprobado únicamente fue objeto de dos debates, los realizados en comisión primera y en la plenaria del Senado. A consecuencia de lo anterior, no era posible someter el desacuerdo entre los textos aprobados por cada cámara a la comisión de conciliación, órgano interno que no tiene competencia para reemplazar ninguna de las instancias previstas para la realización de los cuatro debates.
(iii) Del análisis de las circunstancias fácticas relacionadas con la publicación del decreto 4742 de 2008, mediante el cual se convocaba a sesiones extraordinarias al Congreso de la República se desprende que la plenaria de la Cámara de Representantes se reunió cuando ese Decreto aún no había sido publicado en el Diario Oficial. En este escenario, la Corte concluye que el Congreso, específicamente la Cámara de Representantes, a las 0:05 a.m. d el 17 de diciembre de 2009, carecía de sustento jurídico que autorizara su reunión en sesiones extraordinarias. De hecho, sólo se presentó este soporte a los 18:20 minutos del 17 de diciembre de 2009, cuando finalizó el proceso de elaboración del Diario Oficial.
(iv) La Corte constata que a la cadena de irregularidades que constituyen vicios de inconstitucionalidad, se suma el hecho de que cinco representantes del partido Cambio Radical votaron en contra de las directivas internas suscritas y aprobadas por ellos. Esta situación conlleva a desconocer el artículo 108, norma con eficacia jurídica directa que ordena que los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político actuarán en ellos como bancadas. Independientemente de las consideraciones de carácter subjetivo sobre debido proceso, que deben respetarse, desde una dimensión objetiva relativa a la racionalidad política del Congreso de la República, la consecuencia de la infracción directa de la Constitución genera la invalidez de los votos proferidos en contra de la norma constitucional expresa. Así, un cambio de partido, en las condiciones específicas y como partes de una cadena de vicios e irregularidades que se realizó, no puede ser un instrumento para desconocer la Constitución en los términos no sólo del artículo 108, sino también del artículo 133.
(v) En relación con los posibles vicios competenciales o de exceso en el ejercicio del poder de reforma constitucional, la Corte hace un recuento de la línea jurisprudencial trazada desde el 2003 bajo la denominación de la teoría de la sustitución, reiterando que a la luz de la jurisprudencia de esta Corporación no proceden reformas constitucionales que desconozcan los principios estructurantes o elementos definitorios de la Carta Política de 1991, pudiendo realizarse el control incluso sobre la ley misma que las convoquen. Respecto de la ley 1353 de 2009, encontró la Corte que desconoce algunos ejes estructurales de la Constitución Política como el principio de separación de los poderes y el sistema de frenos y contrapesos, la regla de alternación y períodos prestablecidos, el derecho de igualdad y el carácter general y abstracto de las leyes.
3. Conclusión.
Los vicios de trámite referidos, los cuales tuvieron lugar en el curso de la iniciativa ciudadana y durante el procedimiento legislativo que culminó con la expedición de la Ley 1354 de 2009, suponen el desconocimiento de importantes principios constitucionales y de los procedimientos formales previstos por la Constitución y la ley para la convocatoria de un referendo de iniciativa popular reformatorio de la Constitución. No se trata, por lo tanto, de meras irregularidades formales sino de violaciones sustanciales al principio democrático, uno de cuyos componentes esenciales es el respeto de las formas previstas para que las mayorías se pronuncien.
4. Decisión.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve:
Declarar INEXEQUIBLE en su totalidad, la Ley 1354 de 2009, “Por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional”.
5. Consideraciones adicionales.
Los magistrados Jorge Pretelt y Mauricio González salvaron su voto frente a la inexequibilidad declarada en esta sentencia.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Presidente
[1] Diario Oficial No. 47.466 de 8 de septiembre de 2009.
“Decisión. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve: Declarar inexequible en su totalidad… (aplausos)…, declarar inexequible en su totalidad la ley 1354 de 2009, por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional. Consideraciones adicionales: los magistrados Jorge Pretelt y Mauricio González salvaron su voto frente a la inexequibilidad declarada en esta sentencia.”
Quien leyó el fallo fue el presidente de la Corte, Mauricio González, ex secretario jurídico de la presidencia de Álvaro Uribe. Siete magistrados, de nueve, derrotaron una forma (tramposa y mentirosa, es decir mafiosa) de hacer política.
Esta noche hace 20 años paramilitares asesinaron a mi amiga periodista Silvia Duzán. Hace poco ella hubiera cumplido 50. Seguro hubiéramos hecho una rumba roquera que habría retumbado hasta la Luna.
En 2008 escribí en este blog sobre Silvia: http://www.ips.org/blog/cvieira/?p=129 . La impunidad sigue intacta, a pesar de la tan mentada jurisdicción de Justicia y Paz, marco legal para facilitar la desmovilización de un sector de paramilitares.
Silvia preparaba un documental sobre narcotráfico y elecciones. Decir que el tema sigue vigente es poco decir. En realidad está que arde, ante la indiferencia de los gobiernos del mundo. Y ni para qué mencionar a esa extraña oficina de la ONU, la de la Droga y el Delito.
Cuando mataron a Silvia los paramilitares eran apenas unos pocos escuadrones. Pero, el negocio de combinar matanzas con elecciones fructificó. En 2002 se dijo que había unos 6.000 paramilitares, en 2003 el gobierno sostuvo que eran unos 32.000 y ahora son otra vez algo así como 11.000. Fiel a su táctica de desviar la atención y acaparar titulares, el gobierno de los vidrios polarizados dice que estos 11.000 no existen, o que no son, o que se llaman de otro modo.
Entretanto, los cultivos de droga han disminuido. Es decir, el negocio se ha racionalizado. A menos cultivos de droga, menos costos para vigilarlos. A menos oferta, mejor precio. El mercado funciona así. Tiene lógica que este gobierno haya promovido la penalización de la dosis personal. La medida sube el precio de la droga. El narcotráfico es la gallina de los huevos de oro, más aún cuando hay crisis financiera mundial. En medio de la crisis internacional, a la banca colombiana le va, como dicen las señoras, divino.
En estas semanas se multiplican las denuncias acerca de cómo corre a manos llenas el dinero en efectivo en la campaña electoral actual. Sólo en unos meses descifraremos con mayor precisión qué sucede. En todo caso, en Colombia, desde hace un tiempo, las elecciones funcionan así. Ante la indiferencia de los gobiernos del mundo. No creo en ninguna unidad latinoamericana y del Caribe que siga soslayando la tragedia colombiana.
La periodista María Jimena Duzán dedicó a su hermana Silvia su columna en la revista Semana. El economista Salomón Kalmanovitz escribió hoy en el diario El Espectador sobre su esposa Silvia. El Espectador editorializó: Veinte años y ni siquiera un arrepentimiento. Y destaca una frase lacerante de un narco que fue condenado a 22 años de cárcel en Estados Unidos, pero que acaba de regresar a Colombia después de sólo pagar tres años: «No me arrepiento de ayudar a las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, aunque cometieron excesos como las masacres de La Rochela y Cimitarra, en la que murió la hermana de María Jimena Duzán».
Se llamaban autodefensas. Pero el virtual candidato uribista, Juan Manuel Santos, siendo ministro de Defensa tuvo la gentileza de aclarar cómo es que no eran tales. En este blog también, recogí sus palabras. En realidad se dedicaban a actividades contrainsurgentes, masacre de la población para atemorizarla y quitarle apoyo político a la guerrilla.
El negocio siempre ha sido muy racional. Su otra cara ha sido siempre bloquear y boicotear activamente y al costo que sea cualquier posibilidad de solución política con la guerrilla. El narcotráfico necesita la guerra. Los negociantes de armas también.
El estudiante de Bellas Artes Nicolás Castro fue involucrado −con ayuda del FBI− con un grupo en Facebook que invita a asesinar a uno de los hijos del presidente Uribe, conocidos éstos por su habilidad para los grandes negocios al filo de la ética.
A Castro seguro se le pegaron expresiones de Uribe como ese muerto va de mi cuenta, usada no hace mucho por el mandatario colombiano cuando dio orden pública al ejército de matar a alguien.
Castro, de 23 años, lleva tres meses en la penitenciaría La Picota de Bogotá, en el pabellón vecino al de presos genocidas del paramilitarismo. La fiscalía lo llamó a juicio; lo acusa de instigación para delinquir agravada con fines de homicidio.
A mí me llamó la atención, sobre todo, que el estudiante bogotano está acusado de visitar las páginas web de las FARC y de ETA. Leer a las FARC es delito.
Dado que hoy es sábado, mi día predilecto; y ya que a mí me encanta llevar la contraria; y además como un servicio a mi lector o lectora, para evitarle problemas con el FBI y con la fiscalía colombiana, copio la carta abierta del comandante del Bloque Oriental de las FARC Jorge Briceño al comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Freddy Padilla de León, fechada en enero pasado.
Carta abierta
Señor:
Freddy Padilla de León.
Compatriota:
Escuché atentamente su alocución radial del día 21 de enero 2010 que me pareció inspirada más con fines de propaganda, de perdona vidas y de guerra psicológica, que en sincero ánimo reconciliatorio y de grandeza, invitándome a la entrega y a la rendición.
No es pionero usted en este tipo de “invitaciones”. Nuestro insigne Comandante Manuel Marulanda Vélez, solía relatarnos cómo en los comienzos de esta lucha por la liberación de nuestro pueblo, el general Álvaro Valencia Tovar también acostumbraba dirigir mensajes de ese mismo tenor al Comandante Ciro Trujillo, incluso ofreciéndole dinero a modo de soborno, a tiempo que se concentraban las tropas, se estrechaba el anillo y se afinaban los mecanismos para dar comienzo a la agresión contra la población civil de las regiones de Marquetalia y Riochiquito, dentro del diseño del Plan LASO y en el medio de una situación política en que las Fuerzas Militares iniciaban su carrera como instrumento clasista de represión al servicio de los latifundistas para despojar de la tierra a los campesinos.
Qué poco nos conoce usted señor Padilla de León: con toda sinceridad, sin odios ni resentimientos y con el respeto que todo revolucionario profesa por sus adversarios, le respondo: No, muchas gracias, general.
En las FARC no tenemos alma de traidores, sino de patriotas y de revolucionarios.
Hemos luchado y continuaremos haciéndolo, con valor, entrega y sacrificio por derrocar este régimen podrido de las oligarquías y construir otro orden social, o por alcanzar acuerdos que ayuden a construir una patria en donde quepamos todos.
Jamás hemos proclamado el principio de la guerra por la guerra, ni asumido esta lucha como algo personal, ya que nuestros objetivos son los de lograr cambios profundos en la estructura social de Colombia, que por fin tengan en cuenta los intereses de las mayorías nacionales y de los sectores populares y que conduzcan al desmonte del actual régimen político criminal, oligárquico, corrupto, excluyente e injusto, como está consignado en nuestra Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.
Con la honestidad que corresponde a nuestro compromiso con el cambio social y la lealtad que le debemos a nuestro pueblo, le aseguramos, que no vamos a desistir después de más de 40 años de lucha, ni a aceptar una falsa paz. No traicionaremos los sueños de justicia de la Colombia que clama por la paz con justicia social, ni la memoria de los miles de muertos, ni a las víctimas de las innumerables tragedias que ha ocasionado esta cruenta guerra, declarada por la oligarquía al pueblo desde hace más de 50 años.
Colombia necesita encontrar los caminos que conduzcan a poner fin a esta guerra entre hermanos, senderos de reconciliación que nos lleven a Acuerdos de Paz. Pero no será a través de una paz falsa donde una minoría oligárquica continúa acaparando todas las riquezas, a tiempo que las grandes mayorías nacionales quedan aplastadas por el peso de la pobreza, el terror militarista, la miseria y la degradación moral de una clase dirigente corrupta hasta los tuétanos, el camino más seguro para alcanzar la reconstrucción de la patria y la reconciliación de los colombianos.
Una paz entendida como rendición o entrega es una fantasía de la oligarquía y solo sería un crimen de lesa traición al pueblo y a sus históricos anhelos por alcanzar, al fin, la justicia social para todos.
Acuerdos de paz sí, pero, el punto cardinal es: ¿con o sin cambios estructurales en lo político y social?
¿Más Democracia o más autoritarismo y más represión y arrodillamiento al imperio?
Lo invitamos a reflexionar sobre estas serenas palabras plenas de sensatez y actualidad, contenidas en el mensaje que dirigió el comandante Manuel Marulanda Vélez a los miembros de las Fuerzas Militares:
“El futuro de Colombia no puede ser el de guerra indefinida, ni el de expoliación de las riquezas de la patria, ni puede continuar la vergonzosa entrega de nuestra soberanía a la voracidad de las políticas imperiales del gobierno de los Estados Unidos; nosotros estamos en mora de sentarnos a conversar en serio para dirimir nuestras diferencias, mediante el intercambio civilizado de opiniones hacia la solución definitiva de las causas políticas, económicas y sociales generadoras del conflicto interno, para bien de las futuras generaciones de compatriotas “.
Hoy, queremos compartir este razonamiento con usted y también, como siempre, con los sargentos, los cabos, los tenientes, capitanes y coroneles, y con todos los hombres de experiencia que ponen el pecho en los combates, pero que a pesar de ello, les está vedado ascender a la oficialidad por su origen social, su color de piel o su raza.
Le recuerdo general, que el paso por la milicia en defensa de intereses extranjeros u oligárquicos que hacen algunos de ustedes, así sea prolongado en el tiempo, es efímero, y que pronto será usted llamado calificar servicios, y de seguro el pueblo o la justicia internacional, le irá a reclamar su responsabilidad como comandante de las Fuerzas Militares en los crímenes de lesa humanidad contra nuestro pueblo, hipócritamente llamados “falsos positivos” o, en su papel como jefe en un tiempo de la nefasta XX Brigada de “inteligencia y contra inteligencia” (B I N C I), de tan ingrata recordación para los colombianos, así como el florecimiento y extensión del paramilitarismo tras su paso por la comandancia de la Segunda División del ejército, al lado del hoy presidiario general Iván Ramírez.
Hemos hecho reiterados llamamientos a todos los patriotas y demócratas de Colombia, a intercambiar sobre estos temas para impedir el establecimiento perpetuo en nuestra patria de una dictadura o un gobierno totalitario y despótico.
Hoy las FARC queremos invitar a todos los militares e integrantes de la Fuerza Pública a retomar el camino de defensa de la soberanía patria, a trabajar por la formación de un ejército bolivariano patriótico, que no vuelva las armas contra sus conciudadanos, integrado a las luchas populares, y que trabaje en beneficio de alcanzar la paz, a la vez que por el intercambio humanitario y para a continuar la obra que dejó sin culminar el Libertador Simón Bolívar, para que Colombia no vuelva a sufrir jamás la afrenta de ver a los soldados que usted comanda, sumisos y despojados de sus armas, para ser revisadas por los representantes del ejército de la potencia extranjera que nos avasalla, como ocurrió en pasada visita del presidente Bush.
Compatriota,
Jorge Suárez Briceño.
Integrante del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC EP.
Si acaso todavía se enseña en las facultades de periodismo que es preciso desconfiar de las declaraciones de los poderosos, el documento que copio a continuación debería convertirse en clásica pieza de estudio.
Y, al final aporto algunos nombres que no se detallan en este texto, que gira en torno a aquello que tan tiernamente se ha dado en llamar “interceptaciones” o “chuzadas”, pero que en realidad son actos de terror cometidos desde el Estado contra disidentes, jueces y periodistas.
Febrero 17 / 2010
Comunicado – Uribe dijo al CPJ y la FLIP: “El que intercepte es enemigo del gobierno”
El presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez afirmó el martes 16 de febrero de 2010 que aquellos funcionarios que ilegalmente espiaron a la prensa son “enemigos de su gobierno”, durante una reunión con una delegación conformada por el Comité de Protección para los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Uribe emitió esa declaración luego de conocer las observaciones elevadas por la delegación del CPJ y la FLIP, en una reunión de alrededor de dos horas de duración, con el mandatario y funcionarios de alto rango en el Palacio de Nariño, sede del gobierno colombiano. Entre los funcionarios participantes estuvieron el vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón; el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio; el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Felipe Muñoz, y el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo Trujillo, entre otros.
El CPJ y la FLIP habían presentado en la mañana sus informes anuales en una conferencia de prensa en la Universidad Javeriana, en Bogotá. Según ambos informes, el espionaje ilegal a periodistas es una de las amenazas más serias que enfrenta la libertad de prensa en Colombia. Los periodistas locales tuvieron sus teléfonos y cuentas de correo electrónico interceptados, y fueron objeto de vigilancia y acoso entre 2004 y 2006, según la Fiscalía. El CPJ y la FLIP también tuvieron algunos de sus correos electrónicos interceptados. Según una investigación preliminar y versiones de periodistas locales al CPJ y a la FLIP, el espionaje ilegal habría continuado aún después de febrero de 2009, luego de que se publicaran las primeras noticias sobre el escándalo.
La delegación del CPJ y la FLIP solicitó al presidente Uribe que realizara un enérgico rechazo ante la preocupación que ha provocado el espionaje ilegal. El presidente reiteró que Colombia tiene un gobierno democrático que “no acepta la ilegalidad”. Uribe indicó: “Quien afecte la libertad de un periodista y quien intercepte es enemigo del gobierno”.
La delegación estuvo conformada por la reconocida periodista colombiana y miembro de los consejos directivos de ambas organizaciones, María Teresa Ronderos; el ganador del premio del CPJ y presidente del consejo directivo de FLIP, Ignacio Gómez; el coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría, y el director ejecutivo de la FLIP, Andrés Morales.
Los participantes de la delegación informaron a Uribe y al resto de los funcionarios colombianos que los periodistas están tomando medidas extraordinarias para prevenir que sus comunicaciones sean interceptadas y los exhortaron a que apoyen las investigaciones. “Me duele que no estén capturados los responsables”, afirmó Uribe. El general Naranjo dijo que la Policía Nacional comparte la frustración del presidente respecto de la investigación, pero al mismo tiempo insistió en remarcar los esfuerzos que hasta ahora se han realizado.
Como resultado del espionaje generalizado, las fuentes confidenciales se han visto en riesgo y se han mostrado reticentes a hablar con los periodistas colombianos, así lo explicaron varios reporteros al CPJ y la FLIP. Uribe dijo que su gobierno no va a permitir “cualquier acción que interfiera con el trabajo de la prensa”. El vicepresidente Santos indicó que “asumiremos la responsabilidad con sentencias judiciales en firme”.
Desde que el escándalo fue conocido, la oficina del Fiscal General ha iniciado las investigaciones que han conducido al arresto en 2009 de varios funcionarios de alto rango de la inteligencia local, incluyendo el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez. Entre todos, 40 funcionarios del DAS están actualmente investigados. Siete de ellos han sido imputados en enero y podrían enfrentar un juicio pronto.
Durante la reunión con el fiscal general encargado Guillermo Mendoza Diago, realizada el lunes 15 de febrero, la delegación también habló con el Procurador General Alejandro Ordóñez. La oficina de Ordóñez está investigando a 26 funcionarios que podrían estar involucrados en el espionaje y tiene el poder de impartir sanciones disciplinarias sobre ellos. Entre los funcionarios investigados, según Ordóñez, se encuentran tres funcionarios de alto rango del poder ejecutivo.
Mientras los nombres de esos asesores fueron revelados por la oficina del Procurador en junio de 2009, Uribe defendió a los funcionarios y dijo que rechazaba cualquier tipo de presión por parte de los medios para “judicializar a personas inocentes”. Uribe también dijo que le preocupaba que la falta de resultados concretos en la investigación haya sido utilizada para manipular políticamente a su gobierno.
Tanto el Ministro del Interior y de Justicia como el Director del DAS, quienes participaron de una reunión el lunes 15 de febrero con la delegación del CPJ y la FLIP, emitieron declaraciones en las cuales reaccionaban a la información publicada en los informes de ambas organizaciones. Ambas declaraciones reafirmaron que el espionaje ilegal no era una política de estado y que ellos habían prestado su colaboración con la investigación.
La delegación también exhortó a las autoridades a que se abstengan de acusar, sin ninguna evidencia, a miembros de la prensa de tener vínculos con grupos armados, dado que eso pone en serio riesgo la vida de los reporteros.
===
+Los tres altos funcionarios de Presidencia que investiga la Procuraduría (ministerio público) y cuyos nombres fueron mencionados en 2009 son el Secretario General, Bernardo Moreno; el Secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, y el entonces asesor de Comunicaciones de Presidencia y hoy viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman.
+Cuatro directores de la agencia de inteligencia DAS bajo el mandato Uribe también son investigados por la Procuraduría: Jorge Noguera, Joaquín Polo, María del Pilar Hurtado y Andrés Peñate. No está descartado que sea vinculado a la investigación el actual director del DAS, Felipe Muñoz.
+En el proceso disciplinario también están vinculados otros 19 funcionarios. Entre ellos, varios de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dependencia especializada del Ministerio de Hacienda contra el lavado de activos.
+Por su parte, la Fiscalía investiga a unos 40 funcionarios y ex funcionarios, también en torno a actividades ilegales de sabotaje contra disidentes.
+En la Corte Suprema avanza el juicio contra Jorge Noguera, acusado de poner el DAS al servicio del paramilitarismo.
Todo indica que el presidente Álvaro Uribe autorizó, por debajo de cuerda, negociar con los jefes de las bandas narco que se disputan Medellín. El objetivo gubernamental: bajar los índices de homicidios. El año pasado hubo cerca de dos mil muertos en esa ciudad.
Los jefes aceptaron, pero preguntaron que a cambio de qué. De paso, para mostrar su poder, decretaron una tregua entre el 1 y el 12 de febrero. El gobierno contestó que a cambio de cárcel. Pero ya estaban presos, pues fue allá donde conversó con ellos una comisión que los medios llamaron “de notables”. En medio de la gestión, ésta se filtró a la prensa.
“Rápido, ¡que tapen! Que ni modos, ya se filtró. Entonces que llamen al Comisionado de Paz (como tal figura Frank Pearl), lo enteren y le digan que dé una rueda de prensa. Que listo, ya salió. Y, ¿qué dijo? Que todos estaban alineados. Ok. Ay, ¡otra vez! Que (el comandante de la poli, general Óscar) Naranjo está diciendo que no se puede volver a cometer el error de dar estatus político a los narcotraficantes. ¡Carajo! ¿No estaban alineados? ¡Que lo callen! ¿Y si no se calla? ¡Pues llaman a la Policía!”
Según Claudia López en su columna en La Silla Vacía, esta es la trascripción del casete No. 3521 del DAS, entregado a la Presidencia hace dos semanas y olvidado por casualidad en un debate.
Ya veo a qué se sigue dedicando la “seguridad nacional”, supuestamente a cargo del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad. Ayer y hoy, el Centro de Medios Populares y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo están transmitiendo en directo por Internet el juicio que se sigue contra Jorge Noguera, primer director de la era Uribe del DAS.
El Día del Periodista en Colombia comenzó con tristezas, pero produjo al final dos buenas noticias.
La primera, que el sociólogo, columnista y cronista Alfredo Molano fue exonerado por un juez de los cargos penales de injuria y calumnia, por una columna escrita en febrero de 2007 en El Espectador. El juez le dio prelación a la libertad de expresión.
La segunda buena noticia fue que los galardonados por el Círculo de Periodistas de Bogotá dedicaron sus premios al equipo periodístico de Cambio.
La revista deja de existir, según sus recientes dueños, el grupo Planeta, porque no da dinero suficiente; pero según nosotros, los reporteros de este país, porque los españoles quieren a toda costa ganarse la licitación por el tercer canal privado de TV, y temían que el periodismo investigativo de Cambio les pusiera en riesgo sus relaciones con el gobierno de Álvaro Uribe. Al fin y al cabo el mismo grupo Planeta sí mantiene una revista de desnudos llamada Don Juan, que le está produciendo pérdidas por cerca de cinco millones de dólares. Mientras, Cambio pasó 2009 con cifras en negro, gracias a las investigaciones del equipo dirigido por Rodrigo Pardo y María Elvira Samper. Investigaciones que pusieron a temblar al gobierno de Uribe. Por Cambio nos enteramos que Colombia se iba a convertir en el más grande portaaviones del Pentágono, por ejemplo; el gobierno se lo tenía calladito en ese entonces. Por una publicación de Cambio terminó siendo investigado un precandidato conservador al que le gusta que le digan «Uribito». Con eso queda descrito él.
Pero decía que el día comenzó triste. Con una rueda de prensa en la que, al final, nos saludábamos como si se nos hubiera muerto alguien – la libertad tal vez.
Citada por mis colegas Hollman Morris y Claudia Julieta Duque, este fue el comunicado que leyeron, sobre las actividades de la Staatssicherheit (Stasi) de la Seguridad Democrática.
9 de febrero, nada que celebrar, mucho por denunciar:
Periodistas responsabilizan al presidente Uribe por persecución de policía secreta en su contra
Bogotá, 9 de febrero de 2010.
El presidente Álvaro Uribe Vélez es el máximo y directo responsable de los actos criminales ejecutados por el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G-3) en contra del periodismo y la libre expresión en el país, y debe pedir perdón públicamente por los ataques que durante su gobierno y desde el DAS se han cometido contra periodistas en Colombia.
Así lo reclamaron este 9 de febrero, día del periodista, los reporteros Hollman Morris y Claudia Julieta Duque, dos de las principales víctimas del accionar criminal del DAS durante el actual gobierno. Las pruebas y testimonios judiciales que hoy están en poder de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia son contundentes en señalar la responsabilidad del jefe de Estado, por acción y omisión, en la persecución contra más de 300 personas entre miembros de ONGs, periodistas, magistrados y líderes de la oposición.
Los artículos 208 y 189 de la Constitución Política de Colombia definen que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) actuará “bajo la dirección” del Presidente de la República, quien será responsable del nombramiento del director/a de ese organismo. No sobra recordar que cuatro de los cinco directores del DAS en el gobierno Uribe han salido de la entidad en medio de graves escándalos de paramilitarismo, persecución política y espionaje ilegal.
La semana pasada, Álvaro Uribe admitió haber ordenado al DAS “hacerle inteligencia al terrorismo”. Son diversos los discursos y señalamientos que el presidente de la República ha realizado contra quienes él denomina “aliados del terrorismo”, que para Uribe se encuentran en algunas ocasiones en cercanías al Congreso de la República, en otras a la Corte Suprema de Justicia y los defensores de derechos humanos, y en algunas más al periodismo libre.
Es evidente que el discurso presidencial contra el terrorismo ha abarcado sin distinción a los grupos armados ilegales y quienes hacen oposición legítima en Colombia. Se puede deducir que el DAS sí recibió órdenes presidenciales de incluir en el escenario de la llamada “guerra política” al periodismo crítico.
Por su parte, el ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes, hoy en juicio por paramilitarismo y homicidio, la semana pasada confesó haber recibido órdenes del presidente Uribe para el nombramiento de José Miguel Narváez como subdirector del DAS, principal gestor y asesor del G-3, vinculado además a la investigación por el asesinato del periodista Jaime Garzón y del senador Manuel Cepeda Vargas.
En el proceso penal, las siete personas llamadas a juicio por las acciones del G-3 han sido coincidentes en afirmar que todo lo actuado siguió las órdenes y directrices emanadas de la Presidencia “en el marco de la seguridad democrática”.
Los periodistas Morris y Duque solicitaron al presidente Uribe explicarle al país cuáles fueron los filtros –si los hubo– que debieron pasar Narváez y Noguera para llegar a cargos tan importantes dentro de la estructura de inteligencia del Estado colombiano, máxime cuando son contundentes las pruebas y testimonios que los relacionan con grupos paramilitares.
LAS PRUEBAS
En el caso de Hollman Morris, está probado que el DAS diseñó en su contra estrategias de desprestigio a nivel nacional e internacional y elaboró un video en el que lo señalaba de ser miembro de la guerrilla. En ese contexto, no es mera coincidencia el envío de coronas fúnebres que anunciaban su muerte. Las estrategias contra Hollman, de acuerdo con las pruebas en poder de la Fiscalía, al parecer serían ejecutadas en coordinación con el Ejército nacional y las AUC. Incluso el DAS tenía planeado “bloquear” la financiación internacional del programa Contravía y la obtención de visas para otros países, así como el robo de sus documentos para “sabotear” al periodista, al igual que el espionaje contra su familia y equipo de trabajo. Hollman además ha sido víctima de dos detenciones arbitrarias e incautación ilegal de material periodístico.
En el caso de Claudia Julieta Duque, se ha comprobado la existencia de órdenes por parte del DAS para “finalizar urgente” con la periodista, amenazar a su hija en forma directa y demandarla por injuria y calumnia, así como la responsabilidad de ese organismo en innumerables llamadas intimidatorias y otros hechos de tortura psicológica en su contra durante el año 2004, seguimientos e informes de inteligenciaincluso cuando la periodista se encontraba en el exilio, y de la infiltración de informantes para vigilarla de cerca. Adicionalmente, en su caso existen pruebas de que el DAS la persiguió desde el año 2001, cuando fue secuestrada y robada, hasta al menos el año 2008.
Hollman y Claudia Julieta trabajaron juntos en agosto de 2003 en la elaboración de un documental sobre el caso Jaime Garzón, mediante el cual demostraron la existencia de un montaje puesto en marcha por el DAS para desviar la investigación por el asesinato del humorista. Claudia Julieta investigaba el caso desde el año 2001, cuando empezaron los ataques en su contra. Existen evidencias para afirmar que a raíz de ese documental, emitido en el programa Contravía los días 17 y 24 de agosto de ese año, se incrementó la persecución en contra de ambos reporteros y sus familias.
Para los dos periodistas, es claro que los severos señalamientos públicos por parte del presidente Álvaro Uribe son coincidentes con la arremetida del G-3. Es así como, tras un discurso presidencial de septiembre de 2003 contra los defensores de derechos humanos, un memorando interno del DAS dirigido a Jorge Noguera, calificó a Claudia Julieta Duque como “traficante de derechos humanos”.
Igualmente, en noviembre de 2008, el presidente Uribe aseguró que existe una “recua de bandidos” y “una campaña orquestada por las FARC” para vincular al ex fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio, con grupos paramilitares. Claudia Julieta Duque es la autora del informe “Fiscalía General de la Nación: Una esperanza convertida en amenaza, balance de Luis Camilo Osorio”, publicado en el 2005, el cual demostró la infiltración del paramilitarismo en el ente investigador durante la administración del ex fiscal Osorio.
Como es de público conocimiento, el presidente Uribe ha arremetido en varias oportunidades contra Hollman Morris, al señalarlo de “hacer alianzas con el terrorismo para grabar atentados” (mayo de 2005). Para esa época, ya reposaban en el G-3 cientos de páginas con información de inteligencia en contra del director de Contravía. De allí, además, se desprende el nombre de la operación del G-3 en su contra: Operación Puerto Asís.
En febrero de 2009, el presidente insinuó una vez más la cercanía de Hollman Morris con las FARC, solicitó que se le investigara penalmente por “entrevistar bajo presión” a cuatro policías y soldados recién liberados, y lo acusó de evadir la protección del Estado para viajar a encuentros con esa guerrilla. Igualmente, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lo señaló de ser “afín a las FARC”. En forma casi inmediata, el periodista recibió más de 50 amenazas por correo electrónico.
Meses después, la Fiscalía archivó la investigación contra Hollman Morris y demostró que el reportero obró conforme a la ética periodística. La campaña de desprestigio que siguió a las acusaciones del presidente Uribe contra Morris coincide plenamente con las recomendaciones del G-3 y el DAS en su caso. El reportero aún está a la espera de una rectificación por parte del jefe de Estado.
En la actualidad, los dos periodistas y sus familias continúan en riesgo. De acuerdo con ambos, sólo la acción de la justicia y una directriz clara de la Presidencia de la República podrán generar algún cambio positivo en su situación de seguridad.
OTROS PERIODISTAS
A través de la persecución contra los periodistas Morris y Duque, también fueron obtenidos en forma ilegal datos, correos electrónicos, teléfonos e información privada de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Medios para la Paz, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York (CPJ), así como de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para entonces en cabeza del argentino Eduardo Bertoni, entre otros.
En la actualidad, la Fiscalía ha comprobado que los seguimientos ilegales del G-3 también tocaron a otros periodistas, a saber:
–Carlos Lozano Guillén, director semanario Voz.
–Alfredo Molano, El Espectador
–Dick Emmanuelsson, corresponsal internacional. Su caso se denominó “Operación Canela”.
–Ramiro Bejarano, columnista de opinión, diario El Espectador
–César Jérez, Agencia Prensa Rural. Hoy exiliado.
–Adriana Cuéllar, jefa de prensa de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
–Nicole Karsin, periodista independiente, colaboradora del diario estadounidense San Francisco Chronicle.
–Liam Craig Best, Justice for Colombia, Reino Unido.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
Mientras medio mundo seguía las incidencias de la liberación unilateral de Pablo Emilio Moncayo, militar que estuvo 12 años y tres meses en cárceles selváticas y sometido a canje por las FARC, que quiere a sus guerrilleros libres, el gobierno de Álvaro Uribe encontró un quehacer: inaugurar cárceles.
