Hoy 9 de diciembre ha sido designado como el Día Internacional de Solidaridad con los Periodistas Filipinos. Esto porque el 23 de noviembre fueron asesinados 34 periodistas y trabajadores de medios, en una masacre de un total de 59 personas en la provincia de Maguindanao, Mindanao, Filipinas.
El grupo fue emboscado por un comando de cerca de 100 hombres armados, cuando acudía en caravana a cubrir la inscripción electoral del candidato rival para la gobernación de Maguindanao, cargo al que aspira también el hijo del actual gobernador de esa provincia.
Según la Unión Nacional de Periodistas de Filipinas, NUJP, 59 cuerpos sin vida fueron hallados en fosas comunes, algunos decapitados o mutilados.
El Centro por el Derecho Internacional reportó el 25 de noviembre el siguiente listado confirmado de 27 periodistas y trabajadores de medios asesinados:
Ian Subang, de Socsargen Hoy; Lea Dalmacio, de Socsargen Noticias; Gina De la Cruz y Neneng Montaño, ambos de Saksi Noticias; Maritess Cablitas y Rosell Morales, de Noticias Focus; Henry Araneta,de Radio DZRH; Alejandro “Bong” Reblando, de Manila Bulletin; Víctor Núñez, de UNTV; Mark Gilbert “Mac-Mac” Arriola; Bal Cachuela, de Punto Noticias; Ernesto “Bart” Maravilla, de Bombo Radyo; Ronie Perante, corresponsal del Gold Star Daily, y Jhoy Duhay, del mismo medio; Joel Parcon y Jun Legarte, de Prontiera News, así como los siguientes cinco periodistas y trabajadores del periódico Ini: Rey Merisco, John Caniban, Arturo Betia, Noel Decena y Rani Razon.
También, Andy Teodoro,del Central Mindanao Inquirer; Jimmy Cabilo,del Midland Review; Reynaldo “Bebot” Momay, del mismo medio; Napoleon Salaysay, del Mindanao Gazette, y Jun Gatchalian y Lindo Lupogan.
Los nombres de otros siete periodistas y trabajadores de medios no fueron confirmados en este listado del Centro por el Derecho Internacional.
Durante los ocho años que lleva en el gobierno de Filipinas la presidenta Gloria Macapagal-Arroyo han muerto en atentados con sicarios 75 periodistas. Sólo cuatro sospechosos han sido condenados por estas muertes. En Filipinas, el segundo país del mundo más peligroso para ejercer el periodismo después de Iraq, la impunidad es sistemática. Hasta el momento, ningún grupo asociado con separatistas armados que operan en Mindanao (sur de Filipinas) han sido vinculados a la masacre.
En la historia, esta es la peor atrocidad cometida contra periodistas en un solo día y lugar.
Ante estos hechos, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) designó hoy, 9 de diciembre, en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos, como Día Internacional de Solidaridad con los Periodistas Filipinos.
Heavy Metal Colombia se une a esta jornada y envía un mensaje de aliento a la NUJP, organización afiliada a FIP.
Algo que se puede hacer es llenarles el correo de mensajes de repudio y exigencia de justicia a toda esta gente que copio debajo. No está garantizado que con ello se logre vencer la impunidad, pero por lo menos se les atasca el correo electrónico.
1.A la presidenta que permite que estas cosas ocurran, y a los miembros de su gabinete:
H.E. Gloria Macapagal-Arroyo
Presidenta
Malacañang Palacio
JP Laurel Street, San Miguel
Manila 1005
Teléfono:+63 (2) 564-1451 to 80; +63 (2) 735-8005
Fax:+63 (2) 736-1010 corres@op.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Hon. Eduardo R. Ermita
Secretario Ejecutivo
Premier Guest House,
JP Laurel Street, San Miguel,
Manila 1005
Teléfono:+63 (2) 735-5359; +63 (2) 736-1076
Fax:+63 (2) 736-1010 erermita@op.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Hon. Alberto G. Romulo
Secretario de Relaciones Exteriores
11/F DFA Bldg.,
Roxas Boulevard,
Pasay City
Voice:+63 (2) 834-3010
Fax:+63 (2) 832-1597 osec@dfa.gov.ph
Hon. Agnes Devanadera
Secretario de Justicia
DOJ Main Bldg.,
Padre Faura Street,
Manila 1004
Voice:+63 (2) 521-8344; +63 (2) 521-3271
Fax:+63 (2) 521-1614 sad@doj.gov.ph
Hon. Gilberto Teodoro
Secretario de la Defensa Nacional
Hon. Norberto B. Gonzales
Consejero Nacional de Seguridad y Director General del CNS
Consejo Nacional de Seguridad, Departamento NICA,
V. Luna St. corner East Avenue
Quezon City 1104
Voice:+63 (2) 929-0414
Fax:+63 (2) 927-2313 nsmc@info.com.ph
Hon. Avelino I. Razon
Consejero Presidencial de Proceso de Paz
7/F Agustin Building I, Emerald Avenue
Ortigas Compound
Pasig City
Voice:+63(2) 636-07-01 to 06 / +63(2) 636-3801 to 06 ere_papp@compass.com.ph
Hon. Ronaldo V. Puno
Secretario del Interior y Gobierno Local
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St,
Diliman, Quezon City
Voice:925-0330/31
Fax:925-0332
rvpuno@dilg.gov.ph
2.A los siguientes funcionarios del Departamento del Interior y Gobierno local:
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal Street, Brgy. Piñahan,Diliman
Quezon City NCR 1104
+63 (2) 925 0320 to 23 http://www.dilg.gov.ph
Hon. Ronaldo V. Puno
Secretario
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St., Diliman
Quezon City
Voice:+63 (2) 925-0330/31
Mobile:
Fax:+63 (2) 925-0332 rvpuno@dilg.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Pascual V. Veron Cruz Jr.
Asistente
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St.
Quezon City
Voice:+63 (2) 925-8888
Fax:+63 (2) 925-0332 junveroncruz@dilg.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Hon. Melchor P. Rosales
Subsecretario de Paz y Orden y Crímenes Transnacionales
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St., Diliman
Quezon City
Voice:+63 (2) 925-2333
Fax:+63 (2) 925-3843 mprosales@dilg.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Atty. Marius P. Corpus
Subsecretario de Orden Público
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St., Diliman
Quezon City
Voice:+63 (2) 920-7783 / 925-0327 / 925-0390
Fax:+63 (2) 925-9114 mpcorpus@dilg.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Atty. Wenceslito T. Andanar
Subsecretario de gobierno local
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St., Diliman
Quezon City
Voice:+63 (2) 925-0357; 925-0343
Fax:+63 (2) 925-0338 wtandanar@dilg.gov.ph
El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso decidió suspender la confesión de sus crímenes ante la justicia colombiana.
En su décima audiencia de versión libre desde Estados Unidos, a donde fue extraditado por narcotráfico en mayo de 2008, Mancuso leyó una carta de 19 páginas dirigida a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, a la Corte Penal Internacional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ella subraya que su extradición, junto con otros capos paramilitares desmovilizados, se dio luego de que él comenzó a confesar “las primeras verdades”, especialmente, dijo, en la audiencia de mayo de 2007. “Ante la imposibilidad de callarnos, el gobierno nos extraditó» sostuvo. Agregó que su familia está amenazada y recordó que su hijo de 11 años fue blanco de un atentado.
En esa audiencia, durante la cual nerviosos fiscales aclararon a la prensa que las afirmaciones de Mancuso aún tenían que ser cotejadas por la justicia, Mancuso relacionó en distintos grados supuestamente con los paramilitares al vicepresidente Francisco Santos, al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a los generales Rito Alejo del Río (“el Pacificador de Urabá” durante la gobernación de Antioquia del actual presidente Álvaro Uribe, y actualmente procesado por homicidio agravado en persona protegida), Iván Ramírez Quintero (ex jefe de inteligencia del Ejército y hoy procesado por desaparición forzada en la retoma del Palacio de Justicia en 1985), Martín Orlando Carreño (sucesor de Del Río y posteriormente comandante del ejército, fallecido), Alfonso Manosalva (fallecido) y Rosso José Serrano, ex director nacional de la Policía.
Entre numerosos políticos, también involucró al primo del Presidente, por entonces senador Mario Uribe Escobar, actualmente procesado por la Corte Suprema de Justicia por relaciones con paramilitares.
En la citada y explosiva audiencia de 2007, Mancuso igualmente mencionó a empresas y empresarios.
Comprometió a Doll, Chiquita, del Monte, Proban, Banacol y Uniban, del sector bananero; a palmicultoras; a empresas de transporte terrestre de pasajeros, como Copetrán y Brasilia; a cafeteros de la Sierra Nevada de Santa Marta; a gasolineras, madereras, pesqueras y carboneras, como Prodeco y Carbones del Caribe; petroleras como Ocensa, Ecopetrol, British Petroleum (BP), Triton y Total; a Postobón, empresa de gaseosas, y a Bavaria, de cerveza, adquirida después por la multinacional Sab Miller.
Mancuso dice que no seguirá declarando porque el aislamiento en el que lo tienen las autoridades estadounidenses no le permite consultar y verificar con sus antiguas tropas los miles de asesinatos que le atribuyen las víctimas.
“No me atrevo a hacer confesiones si no puedo documentar lo que se me reprocha”, consignó Mancuso, y agregó que sin embargo no renuncia a la jurisdicción de Justicia y Paz, marco legal colombiano que le garantiza máximo ocho años de cárcel por todos sus delitos.
Seguirá, pues, asistiendo desde Estados Unidos a las sesiones por videoconferencia en las que los tribunales de Justicia y Paz le hacen imputaciones de cargos aunque, aclaró, los acuerdos de desmovilización paramilitar con el gobierno de Álvaro Uribe fracasaron.
En el pasado, el propio Mancuso ha dicho que miles de paramilitares han vuelto nuevamente a las armas tras su desmovilización. Según la Misión MAPP-OEA, serían siete mil.
«Mientras existan actores del conflicto que hayan quedado por fuera del proceso de paz, mientras existan intereses oscuros en Colombia en que no se siga conociendo la verdad, nunca habrá un conocimiento total de la verdad ni se obtendrá la reparación que corresponde a las víctimas, y mucho menos justicia, y por ende no habrá nunca paz en Colombia», dijo Mancuso en su carta.
A pesar de que, tan pronto fueron extraditados los ex jefes paramilitares, el embajador estadounidense William Brownfield y el gobierno colombiano anunciaron que pactarían un acuerdo formal entre ambos países para garantizar la continuidad de las confesiones de los paramilitares, un año y cuatro meses y medio después ese pacto, que se sepa, no existe.
Los paramilitares, incursos en crímenes de lesa humanidad y en crímenes de guerra, están siendo juzgados en Estados Unidos exclusivamente por narcotráfico. Un delito menor en comparación, según ha advertido el juez español Baltasar Garzón.
Los tres sostienen que las condiciones de su encierro son un obstáculo para esclarecer la verdad en la guerra colombiana. “Don Berna” argumentó la suspensión indefinida de sus confesiones bajo la jurisdicción de Justicia y Paz al hecho de que su familia y sus abogados corren peligro en Colombia.
Sólo 17 hombres del Bloque Vencedores de Arauca (BVA) han sido llamados a declarar ante la justicia colombiana en cuatro años, desde que esa fuerza paramilitar que operaba en la frontera con Venezuela se desmovilizó con 500 combatientes, en diciembre de 2005, bajo el esquema de la Ley de Justicia y Paz.
“Al comienzo hubo cierta celeridad” por parte de la justicia, “pero ésta se frenó cuando nuestra verdad develó el trabajo en equipo” entre el BVA y políticos, la agencia de inteligencia DAS, la Policía y el Ejército, afirma el ex jefe paramilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “El Mellizo”, en carta desde una cárcel en Virginia, Estados Unidos, país a donde fue extraditado por el presidente Álvaro Uribe en 2009.
“La victimización de colombianos se hizo en estrecha colaboración gobierno-AUC, por ende nos cabrá la misma responsabilidad tanto jurídica como histórica”. “El holocausto de Colombia fue diseñado en las entrañas del gobierno y llevado a efecto por los idiotas útiles que fuimos nosotros”, agrega este narcotraficante que conformó el BVA en 2001, cuando los paramilitares adelantaban pactos secretos con políticos para desmovilizarse tan pronto ganara un gobierno como el que efectivamente ganó en 2002.
“El Mellizo” pide que la justicia escuche en declaración a todos los miembros del BVA que sobreviven, pues “más de 600” murieron, llevándose muchas verdades a la tumba. Y así, “en un plazo de no más de seis meses” se sabría sobre muchos de los crímenes y sobre las alianzas del paramilitarismo narcotraficante en el oriental departamento de Arauca, y por lo tanto “quién es el que le teme a la paz y a la verdad”.
A sus víctimas de Arauca, “El Mellizo” les dice que “espero que se organicen y exijan”, y que “no permitan que se siga haciendo política con su dolor”.
Dos parientes cercanos del ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, han sido asesinados; su familia “recibe amenazas constantes”; sus abogados “son objeto constante de amenazas, de seguimientos pasivos y activos”, incluyendo el seguimiento de sus teléfonos y correos electrónicos, razón por la cual anuncia que callará como un pez.
Mejor para el presidente Álvaro Uribe –entre otros.
Y, quién quita, mejor para algunos sectores del poder en Estados Unidos, habida cuenta el antecedente de la financiación de la entonces Contra nicaragüense con cocaína del Cartel de Cali, por intermedio de la CIA. Un eventual involucramiento estadounidense con el paramilitarismo colombiano es la única explicación que encuentro para los obstáculos que ostensivamente imponen en Estados Unidos para evitar que hablen los capos paramilitares extraditados.
“En una etapa de postración prácticamente insuperable” se encuentra el proceso de confesiones diseñado bajo Justicia y Paz, marco legal bajo el cual se desmovilizaron los principales jefes paramilitares, sostiene “Don Berna” en carta enviada a la Corte Suprema de Justicia de Colombia desde el Metropolitan Correctional Center de New York.
Supuestamente sólo ahora “Don Berna” comprende que el aislamiento dispuesto por el gobierno mientras estuvo preso en Colombia “era necesario para silenciarme, era indispensable para que muchos actos quedaran en la más completa impunidad”.
Cada cual puede creerle o no. Pero, no puede uno dejar de pensar que el silencio de los capos paramilitares mientras aún estaban en cárceles colombianas se debió a que mantuvieron hasta último momento su comprometedora verdad como arma de negociación.
La misiva, con fecha 17 de septiembre, afirma que los paramilitares extraditados el 13 de mayo de 2008 supuestamente estaban dispuestos a contar la verdad en el marco de la Ley de Justicia y Paz, a sabiendas de que “nuestras confesiones conducirían a un replanteamiento y por qué no decirlo, a una reestructuración de casi de la totalidad de las instituciones del Estado [sic], entre ellas el Congreso de la República, el DAS, las Fuerzas Militares y de Policía, la Fiscalía General de la Nación e incluso la Presidencia misma”.
Por ello, asevera, los jefes paramilitares proponían un gran pacto de paz que incluyera a las guerrillas o una asamblea constituyente. Pero, escribe “Don Berna”, en Colombia existen “muchos de sectores políticos, militares y económicos de personas que aún conservan inmensos márgenes de poder e infiltración en las instituciones del país”.
Estos sectores, interesados “en perpetuar el conflicto armado y por ende su poder”, como expresa “Don Berna”, han logrado hasta ahora que no se conozca su participación en los crímenes de lesa humanidad y en los crímenes de guerra por los cuales los paramilitares pusieron la cara.
“Fuimos un instrumento de esos sectores, nosotros hicimos el ‘trabajo sucio’ que ellos ordenaban, fuimos el escudo para la impunidad total de sus actos”, señala “Don Berna”.
He ahí el gran secreto de por qué la guerra colombiana nunca encuentra solución.
Se trata de sectores empresariales que no saben acumular capital si no es mediante la violencia, como indica el instituto Indepaz en su “Informe de Paraeconomía y Narcoparamilitares en el 2008”.
O también, de sectores dedicados a hacerse elegir para tener acceso a la torta presupuestal, familias y compadres que no saben incursionar en la política si no es mediante la compra de votos y la amenaza de muerte. Que, por eso, ven en la oposición, como vieron en la entonces emergente Unión Patriótica, un enemigo mortal al que había que borrar del mapa político y para ello crearon grupos paramilitares.
El capo responsable de la seguridad que logró Medellín a partir de 2004 y hasta su extradición, y que algunos llamamos “Donbernabilidad Democrática”, dice que la estrategia para silenciarlo saldrá “victoriosa”, a menos que intervengan activamente ante el gobierno colombiano y ante la justicia estadounidense, además de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.
“Don Berna” da algunas interesantes claves en su carta a la Corte Suprema:
+ “Las Autodefensas Unidas de Colombia tenían una visión política del país resultado del hecho de haber construido un verdadero Estado dentro del Estado”.
+ En sólo una hora de reunión con uno de sus hombres, cuando estaba bajo régimen de cuasi aislamiento en una cárcel colombiana, “Don Berna” logró esclarecer los hechos relacionados con la masacre de San José de Apartadó en 2005, un “acto conjunto desarrollado con el Ejército Nacional” que culminó en condenas contra los autores materiales, tanto paramilitares como militares.
+ Aunque el gobierno argumentó la extradición de “Don Berna” y los demás en la versión de que seguían “delinquiendo” desde las cárceles, incluso las de máxima seguridad, según el capo no existe en la Fiscalía ninguna prueba o proceso judicial al respecto, en su caso.
+ Después de un año y cuatro meses de la extradición masiva de capos paramilitares, no existe ningún convenio judicial entre Estados Unidos y Colombia para facilitar sus confesiones ante la justicia colombiana, como lo anunciaron en su momento el gobierno y el embajador estadounidense William Brownfield. Apenas se les permite confesar vía video satelital. Pero, los crímenes cometidos por estos señores fueron de tal magnitud, que para ello necesitan importantes ayudas de memoria, como apunta “Don Berna”: “documentar hechos con los partícipes directos, cruzar información con las víctimas, verificar si la información es correcta y corresponde a actos ejecutados bajo las directrices dadas a nuestros hombres, analizar los procesos judiciales existentes y en aquellos casos en que no hay procesos judiciales acopiar los medios de prueba necesarios u orientar a los fiscales para la obtención de las pruebas”.
+ “Don Berna” dice conocer tan bien los esquemas de seguridad que ofrece el Estado colombiano, que no los considera garantía para su familia o abogados. “Es poner al ratón a cuidar el queso”, expresa, “conozco de primera mano la posibilidad de infiltración en tal sistema”, el cual “no ostenta las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de mi familia, sería incluso colocarlos en mayor riesgo”. Se refiere a los sistemas de escolta que el gobierno dice aplicar a 10 mil personas en Colombia, entre líderes políticos, funcionarios, sindicalistas, defensores de derechos humanos y periodistas.
“Don Berna” advierte que es consciente de que, después de esta carta, el gobierno colombiano logrará que las autoridades carcelarias estadounidenses lo aíslen aún más, como ha sucedido con muchos de los demás capos paramilitares extraditados junto con él, y que han sido trasladados a cárceles alejadas y con regímenes penitenciarios que obstaculizan aún más la colaboración con la justicia colombiana.
“Traidor de guerra”, según la Ley Militar nacionalsocialista, era aquel que le hacía “daño a su país” o “favorecía al enemigo”. Incluía toda insubordinación o actitud de resistencia contra la guerra, incluyendo la distribución de volantes pacifistas, la defensa de los derechos de los prisioneros de guerra y la omisión de denuncia contra cualquiera que pensara distinto a Hitler. Entre los “traidores de guerra” figuraban soldados que intentaban salvar la vida de un judío. El castigo era el fusilamiento o la horca, pena que se ejecutaba de inmediato.
Al menos 30 mil denominados “traidores de guerra” fueron condenados por jueces militares nazis. Una fuerte minoría como se ve, si se tiene en cuenta que el ejército alemán tenía 18 millones de hombres y que Hitler era festejado masivamente como un héroe en las ciudades alemanas que visitaba.
En vísperas de la cumbre de UNASUR en Bariloche, en la que los presidentes suramericanos examinarán el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el presidente Álvaro Uribe sobre el uso de todas las bases militares colombianas; ante los llamados del ex presidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal Colombiano (en la oposición), a “rodear” a Uribe en la actual crisis con sus vecinos, y a propósito de los fuertes ataques del oficialismo en Colombia contra el izquierdista Polo Democrático Alternativo, por los intentos de su Comisión Internacional de limar asperezas con los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa, bien vale la pena mirar hacia la Alemania de hoy.
Porque en ese país, hoy, a los entonces “traidores de guerra” se les reconoce su valor y el honor que le hicieron a Alemania.
El acuerdo del presidente Álvaro Uribe con el Pentágono es sobre todas las bases colombianas que en un momento dado necesite usar Estados Unidos.
Los comandantes militares colombianos de cada base autorizarán cada operación.
Nadie se pregunta por ahora quién cargará con la responsabilidad, en caso de que los estadounidenses cometan crímenes de guerra: quien efectivamente cometa el crimen, o quien haya autorizado la operación.
Lo máximo que se han llegado a preguntar los analistas es por la inmunidad de las tropas de Estados Unidos: en ningún caso, dicen que dice el acuerdo (aún no se conoce el texto), los estadounidenses podrán ser juzgados por la justicia colombiana.
Así las cosas, mejor que cuando ustedes vean uno de estos avioncitos (C-17), se resguarden.
Cuando el psiquiatra Luis Carlos Restrepo era Alto Comisionado de Paz de Álvaro Uribe, en alguna ocasión sostuvo que si alguien piensa igual que las FARC, es de las FARC y apoya el terrorismo. Ya Restrepo no está en el gobierno, pero sigue vigente aquello de que no se puede pensar como las FARC.
Por lo menos dos catedráticos están en la cárcel porque su forma de pensar coincide con algunas ideas de las FARC: el docente de secundaria y profesor universitario William Javier Díaz Ramírez, capturado frente a sus alumnos, y Miguel Ángel Beltrán, sociólogo-historiador con dos doctorados y quien estaba preparando su postdoctorado en la UNAM, cuando fue detenido en México y deportado a Colombia como “terrorista” peligroso.
Como un servicio social, Heavy Metal Colombia ofrece a su lector o lectora algunos extractos especialmente dicientes de las primeras declaraciones de Cano a un medio colombiano desde que asumió la dirección de las FARC, en marzo de 2008. Si usted coincide con alguna de las respuestas, corra al primer puesto de policía para autoincriminarse. Big Brother vigila. Las bases ya llegaron a Bogotá.
Cambio: ¿Reconoce que el gobierno Uribe aisló a las Farc en el plano internacional?
Alfonso Cano: “Mantenemos relaciones en todo el mundo, sujetas a la discreción que se debe”.
La sensación es que las Farc han perdido interlocución internacional, que ya no son tan fuertes en ese campo.
“Le reitero que en las nuevas condiciones de la diplomacia del siglo XXI mantenemos muy buenas relaciones en muchas partes del mundo”.
¿Qué efectos tuvo la muerte de ‘Reyes’ para los vínculos externos de las Farc?
“’Raúl’ era el responsable de las relaciones internacionales de las Farc y obviamente su muerte tuvo un impacto importante en ese nivel, pero dado que en las Farc todos los trabajos de dirección se analizan, planifican y desarrollan en equipo, pudimos recobrar el ritmo”.
La incautación de los computadores de ‘Raúl Reyes’ los dejó al descubierto, prácticamente sin secretos.
“Nada de lo atribuido a los computadores ha sido serio y lo poco que ha pasado por el rigor de la Justicia ha sido desechado por inconsistente”.
Los correos entre el Secretariado encontrados en esos computadores indican que las Farc tienen negocios de narcotráfico y de armas e inversiones en Venezuela.
“Los computadores supuestamente encontrados tienen lo que los gobiernos de Bogotá y Washington han querido que contengan. Han hecho de ellos una lámpara de Aladino a la que acuden cuando necesitan una disculpa o una justificación. Los han transformado en arietes contra los pueblos vecinos, al convertir las ‘filtraciones’ ordenadas desde la Presidencia en puntal de la diplomacia colombiana y, en muchas ocasiones, de la política interna, sin que nadie pueda dar fe de la veracidad de la información que difunden venenosamente”.
También hay comunicaciones entre miembros de las Farc con personas del gabinete del presidente de Brasil ‘Lula’ da Silva. ¿Cuál es la relación con ese gobierno?
“En época del proceso del Caguán participaron de diferentes formas muchos gobiernos y organizaciones de la comunidad internacional. Lo demás son especulaciones irresponsables”.
¿Cuánto fue realmente el aporte económico de las Farc a la campaña de Rafael Correa al que ‘el Mono Jojoy’ se refiere en un video conocido hace pocos días?
“No hemos entregado ni armas ni dinero a gobiernos u organizaciones de otros países, pues lo que conseguimos apenas nos alcanza para nuestra propia brega. ¿Por qué habríamos de contribuir a la campaña electoral de una persona, como el actual presidente Rafael Correa al que ni siquiera conocemos?”
¿Cómo terminaron en poder de las Farc unos lanzacohetes que Suecia le vendió al Gobierno de Venezuela y que el Ejército colombiano incautó en octubre de 2008?
Son “unos lanzacohetes que habíamos capturado hace mucho en un enfrentamiento militar en la frontera, hecho que fue ampliamente informado a la opinión en su momento. Ni los pueblos ni los gobiernos del mundo son tan tontos como piensan en el Pentágono y en la Casa de Nariño. Sencillamente se trata de cocinar las condiciones para justificar la entrega de la soberanía nacional de Colombia a Washington, reconociendo que le quedó grande la pelea contra las Farc”.
Hay razones para deducir que las Farc tienen graves problemas internos: con ayuda de sus carceleros se han escapado secuestrados, el número de deserciones aumenta, los combatientes que han desertado dicen que la moral de la tropa es baja…
“El Gobierno trata de crear un estado psicológico triunfalista, pero de tanto mentir al final se va a transformar en un bumerán. Desertores ha habido siempre, las llamadas desmovilizaciones son una gran estafa sustentada en bazofia recogida en poblados y cárceles para agrandar los listados, desviar recursos públicos y engañar a la opinión. No tenemos graves problemas internos, no hay crisis”.
La ofensiva del gobierno Uribe los ha obligado a replegarse, eso no lo puede negar.
“Si la situación de las Farc fuese de crisis, el Presidente no habría invitado a los gringos a escalar su invasión. No lo consideraría necesario”.
¿Qué significó para el Secretariado la ‘Operación Jaque’?
“Un hecho de la guerra como tantos otros y de especial impacto”.
¿Qué tan ciertas son las discrepancias y rivalidades entre usted y ‘el Mono Jojoy’?
“Nuestra unidad es monolítica”.
¿Es consciente de que la lucha armada no tiene aceptación, del rechazo generalizado a las Farc y a prácticas tan atroces como el secuestro?
“La nueva actitud de Estados Unidos hacia América Latina, reflejada en Honduras y en los anunciados acuerdos con Álvaro Uribe, van a generar reacciones muy radicales en el Continente”.
¿Qué ha pasado con el cabo Pablo Moncayo? ¿Por qué no lo liberan a él y a los uniformados que siguen secuestrados en forma unilateral y sin condiciones? Sería una señal positiva.
“Hace tres meses informamos nuestra decisión de liberarlo unilateralmente, pero el Gobierno se atravesó y ha impedido su liberación. Y en cuanto a los mandos militares y policiales capturados en la confrontación, que son prisioneros de guerra, solo serán liberados mediante un canje. Excepcionalmente, y como evidencia de nuestra voluntad por alcanzar acuerdos, entregaremos al cabo Moncayo y al soldado profesional Calvo (Josué Daniel Calvo Sánchez), sin contraprestación alguna, directamente a la senadora Piedad Córdoba y al profesor Gustavo Moncayo, quienes por su transparencia blindarán nuestro gesto”.
¿Cuántos secuestrados quedan en poder de las Farc entre militares, policías y civiles?
“Los mencionados prisioneros de guerra integrantes de la Fuerza Pública son 23. También están retenidos dos concejales, con posibles vínculos con paramilitares y responsabilidad en actos de corrupción. Y en cuanto a retenciones con fines económicos, puedo decirle que hoy se cuentan con los dedos de una mano”.
¿Es consciente del costo político que les significa el secuestro a las Farc?
“Esta forma de lucha conlleva necesidades, como las financieras, que tratamos de cubrir con colaboraciones voluntarias de amigos e impuestos a los sectores más ricos de la sociedad”.
¿El canje es una prioridad para las Farc?
“Para este Gobierno los prisioneros de guerra que mantenemos no clasifican en los estratos altos, ni generan efectos importantes en las encuestas y por eso el Presidente se da la licencia de impedir las liberaciones que hemos anunciado”.
¿Hay alguna posibilidad de negociación ó diálogo con el gobierno Uribe?
“Una salida civilizada al conflicto no puede depender de la voluntad de una persona, por poderosa que sea. Así que, independiente de quién ocupe la Presidencia, persistiremos en buscar salidas políticas al conflicto”.
¿Tiene una fórmula sustituta a un despeje para eventuales diálogos?
“Lo determinante son las garantías oficiales para un encuentro del Gobierno y las Farc que despojen de cualquier peligro y tensión a los participantes, y posibiliten las mejores condiciones para las conversaciones”.
¿Por qué persistir en la guerra?
“Hay que hablar, dialogar y ello significa espacio, garantías, medio ambiente, grandeza, tolerancia, voluntad y decisión”.
¿El regreso de ‘Simón Trinidad’ y de ‘Sonia’ de Estados Unidos seguiría siendo una condición para el intercambio humanitario, para el diálogo?
“Hemos exigido garantías de modo, tiempo y lugar para que representantes del Gobierno y los nuestros analicen la viabilidad y los términos de un canje. Lo demás son especulaciones”.
¿Hay algún tipo de contacto con el Gobierno?
“Ninguno. Ni siquiera permiten recibir al cabo Moncayo”.
¿Qué significaría una posible reelección del Presidente en el horizonte de una eventual negociación?
«Lo esencial son las concepciones políticas y los intereses que represente la persona que asuma en el próximo periodo. Si sus convicciones están inundadas de violencia, guerra, vindicta y autoritarismo, la confrontación persistirá y seguramente alcanzará nuevos niveles. Si existe una visión democrática, civilizada, patriótica y realista, la perspectiva será alentadora para Colombia».
¿En caso de que algún día se llegara a un acuerdo de paz, usted y otros miembros del Secretariado se verían aspirando a cargos de elección popular o como miembros de una Asamblea Constituyente?
«¿Nosotros luchando toda la vida para al final integrarnos a un régimen político como el actual? Miremos el poder legislativo: más de 80 reos paramilitares, varios más ladrones, parlamentarios en ejercicio elegidos con menos de 1.000 votos, Teodolindos a granel, genuflexiones a cambio de notarías, trasteo de votos, de partidos…»
¿Por qué las Farc nunca le han concedido algún valor a la desmovilización de los paramilitares y al proceso de Justicia y Paz?
«Porque fue una farsa. Los verdaderos jefes del paramilitarismo permanecieron ocultos, lavaron los dólares del narcotráfico, se quedaron con las tierras usurpadas, no repararon a nadie y terminaron copando el aparato del Estado. En las cárceles de Colombia y los Estados Unidos quedaron presos los bandidos más ingenuos que creyeron en sus jefes».
¿Cree que la Corte Penal Internacional terminará juzgando los crímenes de guerra cometidos en desarrollo del conflicto colombiano?
«Es una verdadera espada de Damocles que pende sobre el país, que al activarse con todos sus protocolos internacionalizará, no solo el conflicto, sino muchos aspectos de la vida nacional. Parece que el Presidente, siempre tan previsivo, estrecha lazos con Washington, buscando burladeros en caso de que le falle su macabro plan de reelección indefinida.»
Dejo a los historiadores el acertijo: ¿Cúando en la historia de Colombia el movimiento sindical visitó a la Corte Suprema de Justicia para expresarle su solidaridad y apoyo?
Asistieron Tarcisio Mora, presidente de la CUT; Domingo Tovar, secretario general; Alberto Vanegas, director del departamento de derechos humanos y solidaridad y, Francisco Maltés, jefe del departamento de comunicaciones.
El objetivo principal fue expresar solidaridad y apoyo del movimiento sindical a los magistrados, ante el espionaje del que han sido objeto por parte del servicio de seguridad presidencial, DAS por sus siglas.
Pero además expusieron una serie de puntos, ante los cuales el magistrado Ibáñez expresó que a su vez los estudiará con la Sala Plena de la Corte. Ante varios temas, los sindicalistas expresaron: “Con todo respeto, doctor, pero la justicia colombiana no opera”.
Los temas tratados fueron:
+La importancia de la privacidad de las comunicaciones en una democracia.
+El movimiento sindical es “uno de los dolientes» de los crímenes del paramilitarismo. Este año van 17 sindicalistas asesinados. Hay un plan de exterminio expresamente contra la CUT. La impunidad para los más de tres mil crímenes de sindicalistas es del 98,6%, ¿en qué está la justicia colombiana? Y pidieron una audiencia sobre el tema ante la Corte.
+Extradición de jefes paramilitares: hay que traerlos de nuevo, necesitamos la verdad aquí, dijeron. La CUT sabe que los paramilitares están «cantando» ante la justicia estadounidense, por eso Washington está contra la reelección del presidente Álvaro Uribe. Con la extradición de los autores materiales de la matanza, Estados Unidos está recompensando a los autores intelectuales, porque prefiere tener a la dirigencia colombiana «presa» de esa verdad.
+En Colombia no se aplican los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. La legislación laboral no se cumple en Colombia. ¿Qué está haciendo la justicia colombiana al respecto?
+La seguridad de los dirigentes sindicales se está privatizando a través de la empresa VISE.
+ La CUT, organizaciones sociales y sindicales y el grupo de abogados Conrad & Scherer, de Estados Unidos, con oficinas en Fort Lauderdale (Florida), Washington y Quito, encabezados por Terry Collingsworth, demandaron el miércoles a la multinacional Drummond por pagar “protección” a grupos paramilitares, que asesinaron a más de 220 personas en el corredor férreo que va desde La Mina, ubicada en el municipio de La Loma, en el nororiental departamento del Cesar, hasta el puerto de Ciénaga en el departamento del Magdalena, al norte de Colombia; las víctimas fueron sindicalistas, miembros de organizaciones sociales y humildes pobladores de los municipios donde estos grupos, supuestamente pagados por esta compañía, sembraban terror alrededor de las zonas de interés de la Drummond, en una práctica que la CUT considera “recurrente” por parte de esta y otras multinacionales que operan en Colombia.
La semana pasada fue demandada la bananera Dole y se proyectan acciones similares contra otras nueve firmas, a las que se señala del asesinato de más de 350 sindicalistas y de miles de miembros de organizaciones sociales y humildes pobladores de las regiones donde han operado o están iniciando operaciones. Conrad & Scherer ya ha representado a organizaciones y víctimas en demandas anteriores contra compañías como Drummond, Oxy, Coca-Cola y Chiquita Brands en Colombia y a Dyncorp y Chevron Texaco en Ecuador.
Para la CUT, empresas bananeras, de flores, palmeras y mineras constituyen en Colombia “repúblicas independientes” por encima de la ley. Si bien el gobierno logró quitarle territorios a la guerrilla, se los entregó a las multinacionales, sostuvo la organización sindical ante el presidente de la Corte Suprema.
+ A esto se suma que el gobierno declaró recientemente medio centenar de zonas francas, en las que no están claras las relaciones laborales.
+¿Por qué no se dejan ver la cara los integrantes de la policía antimotines, ESMAD por sus siglas? Durante la manifestación del Primero de Mayo hace cuatro años, miembros del ESMAD mataron a golpes en pleno centro de Bogotá, Carrera Séptima con Calle 18, a Nicolás Neira, de 15 años, quien marchaba en la columna de jóvenes anarquistas, a la cola del desfile de los trabajadores.
“No le encuentro la forma del cráneo a este hueso”. A instancias de su madre, Camilo, de 11 años, de cabello y ojos negrísimos, se ha puesto unos guantes quirúrgicos y un tapabocas.
Está sentado sobre sus talones, en el suelo de baldosín de una pequeña alcoba de la casa de los Claretianos en Bogotá, y saca uno a uno los huesos de su padre de una caja de cartón de 30 x 30 x 25 centímetros, para depositarlos en una urna de madera, a su lado.
La caja es reciclada. Lleva en sus costados la marca “Assenda”, de la empresa colombiana Carvajal S.A., que provee, entre otros, suministros de oficina. La fiscalía la entregó sellada con esparadrapo. En su interior, huesos secos en bolsas, y ropa apelmazada.
Camilo estira con sus manos una bolsa de plástico transparente, ya vacía, con un letrero: Fiscalía General de la Nación – Cuerpo Técnico de Investigación. “Aquí venía todo el cráneo”, dice Camilo sin aspavientos, y luego intenta juntar dos pedazos, como en un puzzle.
El cráneo de su padre, Arnoldo Naranjo, está destruido. Lo reconocieron sólo por su carta dental.
Quizá por eso en el CTI de la Fiscalía de Pasto, capital del departamento de Nariño, retuvieron los restos durante 15 meses más, luego de que Arnoldo fue exhumado en diciembre de 2007 de una tumba en Puerto Asís, departamento del Putumayo, y en la que había sido enterrado como “N.N.”: identidad desconocida.
Identidad desconocida, a pesar de que durante tres días la emisora Putumayo FM Stéreo retransmitió un parte militar según el cual un guerrillero había sido dado de baja, y a continuación daban su nombre: Arnoldo Naranjo Ramírez. Le fueron incautados fusiles, dijo el ejército.
Los restos fueron entregados a su familia el pasado 5 de marzo en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, sólo después de una tutela interpuesta por la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.
Lo mataron el 23 de enero de 2005 en la vereda (vecindario rural) La Pradera, inspección de Arizona, municipio de Puerto Caycedo, Putumayo. Allí todo el mundo lo conocía como El Gordo, porque así lo llamaba su esposa Carmen. Por eso al comienzo nadie se dio cuenta de lo que estaba diciendo el parte militar.
“No hablé ni el 23, ni el 24, ni el 25. Yo vine a hablar como el 26 ya”, dice Carmen. El 23 pensó apenas que, si acaso, el ejército lo había detenido. El 24 una vecina le insistió en que escuchara la radio. El 25 otro vecino le dijo que a su marido, dirigente local de la extinta Unión Patriótica (UP), lo había matado el ejército.
Entonces, esta madre campesina y militante del partido comunista emprendió camino por la selva hasta llegar el 26 al teléfono más cercano, en la vereda Las Perlas, y llamó a Putumayo FM Stéreo: “Ese es mi esposo. No es ningún guerrillero”. Fue cuando “todo el mundo se dio cuenta”, relata ella.
Por la radio le dijo al ejército que cómo era posible que engañaran así al país, y a la gente.
En la mañana del 23, Arnoldo desayunó y junto con el trabajador de su finca, Yamid Tumbo, enjalmó la mula para traer frutos de chontaduro (Bactris gasipaes) a los 22 marranos. Salieron hacia las ocho. El ejército los detuvo en la orilla del Caño Picudo. Era verano, y un niño vio cómo los hicieron atravesar a pie el caño semiseco.
A las 2 de la tarde, un hombre le advirtió a Carmen: “el ejército está aquí”.
Camilo tenía entonces siete años. Era el que siempre acompañaba al padre, y conocía bien el camino para ir por el chontaduro. Carmen se sentó a hablar con su hijo mientras esperaban el regreso. Pero a las cinco de la tarde decidió aceptar que quizá Arnoldo había sido detenido. Esa noche durmieron donde unos vecinos.
Al otro día se encontró con Yamid. Estaba pálido.
— Doña Carmen, al Gordo se lo llevaron.
— ¿Se lo llevaron, o lo mataron?
— Se lo llevaron.
Hacia las dos de la tarde, una mujer le preguntó si había oído la radio. “Ese día no me doy cuenta”, recuerda ella. Pero el 24, cuando estaba en casa de un amigo, otro hombre le dijo: “Doña Carmen, al Gordo lo mandaron pa´l otro lado”.
Un hombre que tenía una lancha se ofreció a traer el cuerpo desde Puerto Asís, por dos millones de pesos (unos 800 dólares), pero otro le advirtió que no era seguro de que se tratara de Arnoldo, y que más bien podía ser peligroso para ella.
Carmen se demoró un tiempo vendiendo algunas cosas para juntar dinero y poder viajar a Bogotá. Lo hizo en julio, y expuso lo ocurrido ante un foro de la corporación Reiniciar, que lleva el caso del exterminio de la UP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Su relato llevó a activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente de Desaparecidos. Junto con Yamid, fue citada en mayo de 2006 por la Procuraduría General de la Nación (ministerio público).
Los restos de Arnoldo fueron encontrados dos años y 11 meses después de que el ejército presentó la muerte de este dirigente campesino como un éxito militar. Y sólo otro año y otros tres meses más tarde, fueron entregados a su mujer y a sus hijos.
Carmen es hija de campesinos comunistas. En 1987 comenzó a meterse en política, en Mapiripán, departamento del Meta. Conoció a Arnoldo en 1991 y a los tres meses se fueron a vivir juntos. Quince días después, ella le preguntó por sus opiniones políticas. “Me dijo: yo soy de la Unión Patriótica. Y le dije: yo soy del partido comunista. Me abrazó y me dijo: ‘Carmenza, usted es la mujer para mí”.
Arnoldo nació en 1967 en Puerto Rico, departamento del Caquetá. Era el segundo de nueve hijos de una familia campesina. Cursó hasta tercero de primaria. A los 12 años se fue a trabajar en la finca de una tía, en Cartagena del Chairá, a orillas del río Caguán, también en Caquetá, donde en 1986 supo de la UP.
Ese movimiento político había sido creado un año antes, en 1985, propuesto por las FARC en medio de negociaciones de paz con el gobierno, como fórmula para integrarse a la vida civil. A la UP se unieron el partido comunista, y movimientos locales y regionales o individuos independientes.
En 1987 Arnoldo se marchó a buscar suerte en Puerto Asís, y allí se vinculó a la UP. Ya había comenzado la matanza de ese partido y tuvo que huir por tres meses hacia la frontera con Perú.
Dos años más tarde, cuenta su hija Karen, la dirección de la UP en Putumayo lo delegó para construir esa organización en la región fronteriza de Piñuña Blanco, donde estuvo cerca de un año, pues “entraron los Masetos (paramilitares) y asesinaron familias enteras, lo mismo que en Puerto Asís”. Se refugió hasta finales de 1990 con un tío en una región cercana, llamada Piñuña Negro.
Arnoldo y Carmen se establecieron en Putumayo, compraron una finca, “hicimos una casa muy bonita”, cuenta ella, pero a los dos meses de terminarla les tocó irse.
La razón: 13 comunidades se declararon en paro para hacer que el alcalde fuera a la zona, pues tenían problemas con el costo de los víveres. Una panela (melaza solidificada de jugo de caña de azúcar) costaba 10 mil pesos (cuatro dólares), una libra de arroz, siete mil (2,80 dólares).
Pero el vecino, que tenía una camioneta y se beneficiaba de esos costos, se opuso al paro. Y por su parte, las FARC declararon “paro armado”, es decir que apoyaron el paro amenazando a quienes transitaran.
A partir de ahí, cuenta Carmen, “nos tildan de guerrilleros”, “ni siquiera de auxiliadores” de la guerrilla.
Carmen está huyendo.
El 1 de septiembre fue sacada de la región por el CICR, junto con sus hijos. Ya en Bogotá, el 2 de marzo fue abordada por una mujer desconocida que le advirtió que la están siguiendo. Antes, hace unos 20 días, y «para que no vayan solos los militares», ella anunció que acompañará in situ una inspección judicial convocada por la Procuraduría.
Carmen no cree que la persecución se deba a que ella sigue siendo comunista. Es “porque he llevado hasta las últimas consecuencias este proceso” de Arnoldo, a quien, como resume ella, “lo retienen, lo torturan, lo asesinan y lo desaparecen”.
Arnoldo Naranjo Ramírez encontró el 10 de marzo su tumba definitiva, luego de una misa oficiada en la sede de los Claretianos en Bogotá. “Seguimos denunciando estos atropellos contra la vida”, dijo el sacerdote.
Acompañaron a Carmen, Karen y Camilo apenas una veintena de personas, incluidas dos corresponsales de prensa extranjera.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
El acuerdo del presidente Álvaro Uribe con el Pentágono es sobre todas las bases colombianas que en un momento dado necesite usar Estados Unidos.