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Me cuentan que en el estadio de fútbol Barcelona, durante el partido Colombia-Cataluña el pasado 28 de diciembre, la policía autonómica catalana (Mossos d´escuadra) persiguió una pancarta que decía: “Uribe: 955 ejecuciones extrajudiciales, 250 sindicalistas asesinados, 11.000 desaparecidos. No más terrorismo de Estado”.
Argumento para hacer retirar la dichosa pancarta: “por ofensiva”.
Debo informar a la policía catalana que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, de Colombia, presentó su balance anual, y que este fue revelado al final de diciembre por Caracol Radio.
La mencionada Unidad reporta que está investigando más de mil cien (1.100) asesinatos cometidos sin fórmula de juicio por fuerzas estatales.
Sobre más de 600 de esos casos se abrió investigación apenas en octubre de 2007, debido a la presión internacional encabezada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que dedicó al tema buena parte de su informe de derechos humanos sobre ese año en Colombia.
Junto con el narcotráfico, Estados Unidos financia la guerra colombiana en compañía del Reino Unido y con estrecha colaboración de Israel.
En estas ejecuciones extrajudiciales (tal es su denominación técnica en el derecho internacional), están implicados unos mil (1.000) integrantes de la fuerza pública colombiana, según la Fiscalía: 955 de ellos pertenecen al ejército, 21 a la Policía, 20 a la Armada Nacional y cuatro al servicio secreto presidencial, DAS por sus siglas.
Los cargos por los cuales se investiga son homicidio agravado y homicidio en persona protegida por el derecho internacional humanitario.
El fusilamiento de civiles es contabilizado dentro de los éxitos militares en la guerra contrainsurgente colombiana. Y esto ocurre con especial intensidad bajo el gobierno de Álvaro Uribe, que recibe respaldo “incondicional” de los dos últimos gobiernos españoles.
Así que me permito recomendar a Mossos d´escuadra que, la próxima vez que alguien les sugiera pedir identificación y buscar antecedentes penales de quienes portan pancartas contra cosas como las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, más bien busquen los antecedentes penales de quien les hace la sugerencia.
Yo lo haría por instinto.
enero 2nd, 2009
Una condena inusualmente fuerte expidieron poco antes del mediodía de este miércoles el Sistema de Naciones Unidas en Colombia; Japón, Suecia y México, en nombre del grupo de países y entidades multilaterales que cooperan con Colombia (G-24); y Francia, como presidenta de la Unión Europea en Bogotá, ante el asesinato por parte de militares de Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor del CRIC y máxima líder de la Minga de Resistencia Indígena y Popular, Ayda Quilcué.
La comunidad internacional dice al gobierno colombiano que no había ningún retén, y que antes de disparar no se siguieron los procedimientos establecidos para estos casos.
La “troika” del G-24 se integra por la presidencia actual del grupo (Japón), la presidencia anterior (Suecia) y la presidencia entrante (México). Estados Unidos también hace parte del G-24.
Este es el texto del comunicado:
ONU condena enérgicamente la muerte del esposo de lideresa indígena, en Totoró, Cauca.
2008-12-17
(A este comunicado se adhiere la troika del G 24 y la presidencia local de la UE.)
El Sistema de Naciones Unidas en Colombia condena la muerte de Edwin Legarda, indígena Coconuco, esposo de la Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC Aida Quilcué, líderesa Nasa quien acababa de regresar de Ginebra Suiza donde denunció la crítica situación por la que atraviesan los pueblos indígenas.
Según la información recopilada por el Sistema de Naciones Unidas, el señor Legarda se desplazaba en un vehículo, entre las localidades de Inzá y Totoró, en el departamento del Cauca.
Sin que haya suficiente claridad sobre cómo ocurrieron los hechos, el Ministerio de Defensa confirmó que a primeras horas de la mañana de ayer, 16 de diciembre, tropas del Batallón José Hilario López de la III División del Ejército Nacional dispararon al automóvil que conducía el señor Legarda.
Preocupa la información recogida por funcionarios de Naciones Unidas a través de pobladores y representantes indígenas que manifestarían que, al momento de los hechos, no existía un reten militar debidamente identificado sobre la carretera y que se habrían realizado disparos en forma indiscriminada en contra de lo establecido en las propias Reglas de Encuentro del Ejército.
Preocupa a su vez que este hecho se enmarque dentro de los numerosos ataques contra la vida de indígenas que han sido registrados por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y las autoridades de investigación y control.
El Sistema de Naciones Unidas en Colombia confía en que las autoridades pertinentes investigarán de manera pronta y exhaustiva estos hechos, y juzgarán y sancionarán a quienes resulten responsables. Naciones Unidas confía que el rápido esclarecimiento de los hechos permitirá continuar avanzando en el diálogo que mantienen el Gobierno y las autoridades indígenas.
Adicionalmente, el Sistema de Naciones Unidas alienta a las autoridades a implementar con urgencia mecanismos eficaces para proteger el trabajo de los líderes y organizaciones indígenas en el departamento del Cauca y en todo el país.
La ONU expresa su solidaridad a Aida Quilcué, esposa del señor Legarda, a su familia y a toda la comunidad indígena por esta lamentable pérdida.
diciembre 17th, 2008
El 8 de marzo de 2006, en plena celebración del Día Internacional de la Mujer, Óscar 
Salas, de 20 años, llegó después de almuerzo a la Universidad Nacional, en Bogotá. Había “tropel” – es decir, enfrentamientos con la policía-, pues los estudiantes de las universidades estatales temen que la universidad pública sea rebajada a simple fábrica de técnicos y semiprofesionales, como le viene bien al TLC con Estados Unidos, por ahora congelado por el congreso de ese país.
El rector de la Nacional había pedido a la policía antidisturbios, ESMAD por sus siglas, que entrara a la universidad a controlar el motín.
Óscar Salas era flaco, de ojos verdes, de cabello claro. Se afiebró por la radio siendo apenas un estudiante de secundaria. Primero fue radioaficionado, luego estudió producción radial en la Universidad Nacional y se hizo corresponsal de Café 93.5 FM, la emisora comunitaria de su pueblo natal, El Líbano, mientras estudiaba Lingüística en la también estatal Universidad Distrital.
Su caso me llamó la atención especialmente, pues ese día Salas resultó herido por un arma extraña. A Salas le penetró por un ojo un objeto que se le incrustó en el cerebro. El muchacho ingresó después de mediodía a Urgencias de una clínica cercana, donde más tarde le fue diagnosticada muerte cerebral. Había ganado un premio de poesía en la Universidad Distrital, pero no alcanzó a recibirlo.
Su padre adoptivo Ricardo Lizarazo, quien trabajó en electromedicina en los Seguros Sociales y por lo tanto supo leer los exámenes tomados al joven, expresó que éstos mostraban “un balín del tamaño de un globo ocular en la parte posterior del cerebro, el cual entró por el ojo izquierdo sin dañarlo, pero destrozó los dos hemisferios en su mortal recorrido”.
La policía dijo que los estudiantes habían lanzado un explosivo con trozos de metal y canicas de vidrio, y publicitó ruidosamente el saldo de cuatro uniformados heridos. Recuerdo a un oficial señalando ante la TV la corteza de un árbol de la Universidad Nacional, de la que extrajo una canica incrustada allí, de esas con las que seguramente Óscar Salas jugó cuando chico.
Desde entonces seguí en las noticias la aparición de ese tipo de arma. No tenía sentido que los estudiantes hicieran estallar, dentro de sus propias filas, esos ruidosos explosivos que habitualmente usan en sus protestas, conocidos como “bombas papa”, que contuvieran canicas u otros objetos y que se convierten en potenciales mortíferas esquirlas.
Estas armas han sido usadas desde el caso Salas –cómo no- en muchas otras manifestaciones. Pero fueron los indígenas de la formidable Minga quienes “desnudaron” esos artefactos en octubre pasado. En un aparte de este vídeo, tomado por la Minga, se ven claramente los tales balines del tamaño de un globo ocular. Así que ya el mundo que se interesa por Colombia sabe quién los lanza contra las protestas civiles, y todos podemos imaginarnos quién los elabora.
La muerte de Óscar Salas, también apasionado del teatro callejero, generó fuertes protestas estudiantiles, así como de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de Café 93.5 FM. De inmediato surgió el Colectivo Óscar Salas, que busca rescatar la memoria del joven artista y periodista comunitario.
El Líbano es un poblado de rica historia enclavado en la Cordillera Central de Los Andes colombianos, en la zona cafetera del central departamento del Tolima. A los dos meses de la muerte de Salas, allí se realizó en homenaje al poeta de ojos verdes un festival cultural con serenata, exposiciones de arte y mucha poesía.
Este lunes, otro colectivo en memoria de Óscar Salas, que se identifica como “Radicales Libres”, vinculado a la emisora Café 93.5 FM, integrado por amigos de Óscar Salas y que trabaja con la comunidad de software libre, lanzó un trabajo increíble.
Se trata de una página web en la que una locutora de acento ibérico recita sin respiro, “sin amnesia”, uno tras otro los nombres de las víctimas de la guerra colombiana. Un robot que no se cansa nunca mientras nosotros “nos seguimos desgranando, como granos de maíz entre las fauces de la bestia depredadora del olvido”.
“En medio del ruido, cada vez se escucha menos el nombre de las víctimas, se pierden en el zumbido que nos dejan en los oídos los discursos y la cacofonía de los verdugos que gritándose unos a los otros sus propios nombres tapan el nombre de las víctimas, pretendiendo perderlas en el tiempo y en el humo, raptándolas por enésima vez, asesinándolas de nuevo”, advierte el proyecto, titulado “No olvidar a las víctimas”.
“Ya ni calcio cargan nuestros huesos”, dice un poema de Óscar Salas. El día de su muerte llevaba en su mochila dos libros de poesía, otro del cronista tolimense Germán Santamaría, un cuaderno lleno de dibujos y poemas y muchos papelitos de colores, con los que gustaba jugar desde niño.
Con información de Voltairenet
diciembre 1st, 2008
«Repentinamente, pero no de manera fortuita», son los indígenas los que resultan liderando el movimiento por las libertades civiles en Colombia, dice un mensaje en tres idiomas enviado desde Berlín a Heavy Metal Colombia por X-Tractor.
Este grupo de contracultura, música electrónica y de la “ciberpunk way of life” (esto es, “oscura y corrosiva y a veces rosa y depresiva”) basado en Berlín y Colonia, está citando a una manifestación ciberpunketa en apoyo de la Minga colombiana el martes 25 de noviembre, cerca de la emblemática Alexanderplatz, en el corazón de Berlín.
La Minga anunció este domingo que nuevamente adelanta su llegada a la capital colombiana: estaría entrando el jueves 20. Los miles de indígenas no tienen aún dónde dormir, en la lluviosa Bogotá de noviembre.
La Universidad Nacional de Colombia de estos tiempos de Seguridad Democrática se niega a recibir a la Minga en su campus, conocido como la Ciudad Blanca por el color de la mayoría de sus edificios, rodeados de amplios prados, en el centro-occidente de Bogotá.
A vuelo de pájaro, el conjunto de las construcciones de la Ciudad Blanca semejan un búho, símbolo occidental de la sabiduría y el conocimiento. Da como pena, en nombre de la cultura occidental.
«El problema fundamental es que la Universidad tiene un semestre muy recortado y no tenemos el tiempo para recuperarlo, de tal manera que si llega allí la Minga, tenemos que cerrar la Universidad«, argumenta un empleado pagado con mis impuestos y llamado Fernando Montenegro, actualmente vicerrector de la principal universidad estatal de Colombia. La frase quedará en la historia de la resistencia civilista en Colombia.
La Minga emprendió el 9 de noviembre su marcha hacia Bogotá. Advierte que su protesta central es por los derechos humanos y no simplemente, como quiso en un principio presentar la cosa el presidente, por la ampliación de resguardos indígenas.
«Siempre hemos reiterado que el problema nuestro no es sólo de tierras. Qué nos ganamos con que nos entregue tierras el gobierno, cuando (en nuestros territorios) existen los paramilitares, cuando están los narcotraficantes, cuando siguen las multinacionales, y cuando el campo está sumido en la pobreza absoluta», dijo ese domingo en la noche, al arribar la Minga a la ciudad de Cali, Feliciano Valencia, consejero de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca ACIN.
El 12 de noviembre, cuando la Minga iba a llegar a Ibagué, capital del departamento del Tolima, el presidente Uribe profirió altisonante, refiriéndose a la Minga: “¿Por qué se utilizan esas cortinas de humo para esconder asesinatos de policías y soldados?”, y ordenó en la mañana a los “coroneles” (de Policía y del Ejército en ese departamento) no permitir que la protesta civil entrara a la ciudad.
La razón: la víspera habían llegado a Ibagué unas 400 personas que huían de una eventual erupción del volcán Machín. Yo me preguntaba: ¿cuántos desplazados por la guerra que el señor Uribe promueve se refugian en la capital tolimense?
Las imágenes de televisión mostraban esa noche a unos amenazantes policías armados de bolillos que, sin embargo, no se atrevieron a tocar a la Minga. Luis Évelis Andrade, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, habló de “despliegue militar exagerado”.
El 13 de noviembre la Minga llegó a Chicoral. Transcribo del relato de Gloria Gaitán, hija del inmolado Jorge Eliécer Gaitán:
“Como recibimiento a la marcha indígena al municipio de Chicoral, en el departamento del Tolima, la corregidora recorrió previamente sus calles con un altoparlante, alertando a la población para que no saliera de sus casas y no permitiera a los niños que se asomaran a la puerta de entrada porque, según la funcionaria, con la llegada de los indígenas ‘corrían grave peligro’.
“Fue sorprendente ver la ausencia de chiquillos en las calles de Chicoral, lo que siempre ocurre cuando en un pueblo se presenta un hecho poco habitual, como la llegada en masa de caminantes, algunos de los cuales llevaban sus trajes indígenas y otros llevaban el bastón de mando. En la plaza principal, el líder indígena Feliciano Valencia leyó el Pacto por la Tierra y por la Vida”.
“Guerra de baja intensidad a la Minga indígena”, titula Gloria su despacho.
La Minga está en Fusagasugá desde el viernes 14 a las 6 de la tarde. La alcaldía de esa población, a unos 40 kilómetros al suroeste de Bogotá, intentó alojar a la Minga en un lugar alejado del casco urbano. Pero la Minga, desde hoy conformada por 17 mil personas, impuso que se aloja en las instalaciones de la estatal Universidad de Cundinamarca.
Este lunes estará en audiencia pública con los habitantes de Fusagasugá.
El martes llegará a Soacha, un municipio pegado a Bogotá por el sur. Allí se realiza el jueves la Audiencia Extraordinaria sobre la Situación de Derechos Humanos de Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Altos de Cazucá pertenece a Soacha, y Ciudad Bolívar, a Bogotá. Ambos son receptores de nubes de desplazados por la guerra.
En Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar, llevar un muchacho arete en la oreja o el pelo largo, fumarse una copiada de marihuana en una esquina, o quizá gustarle la música electrónica, puede costarle la desaparición forzada, y aparecer horas después como curtido guerrillero dado de baja en combate por el ejército nacional, uno más en las abultadas cifras exitosas de la guerra contrainsurgente que financia Estados Unidos.
Así que la Minga irá a la Audiencia senatorial y escuchará lo que ella muy de primera mano conoce, en todas las regiones del país, así sólo hasta ahora salga en las noticias: la tragedia de las madres, padres, esposas, hermanas, hermanos, hijas e hijos de los civiles ejecutados por el ejército.
Entre Soacha y la Plaza de Bolívar, corazón político de Colombia, hay 14 kilómetros. Dado que la Universidad Nacional no los recibe, “en consecuencia los caminantes de la palabra se establecerán desde su llegada en la Plaza de Bolívar, con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá”, anuncia la Minga en un comunicado al anochecer de este domingo.
Y añade que el viernes 21 de noviembre “estudiantes, trabajadores y otros sectores sociales de Bogotá convergerán en la Plaza de Bolívar, en donde se unirán a la Minga de Resistencia Social y Comunitaria para indicar la continuidad de esta iniciativa de país que venimos construyendo entre todas las mayorías populares”.
noviembre 16th, 2008
Cuando el río suena, es porque lleva piedras, dicen.
Los dos principales financiadores de la guerra colombiana (me refiero a gobiernos, no al narcotráfico y la corrupción) saludaron la destitución, ayer miércoles, de 20 oficiales y siete suboficiales del ejército, por ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate.
Ayer se pronunció el embajador de Estado Unidos en Colombia, William Brownfield. Hoy hizo lo propio el gobierno británico desde Londres.
No es que ese respaldo a las destituciones no se necesite: por supuesto que sí.
Pero quizá arroja luz sobre por qué diablos el gobierno de Álvaro Uribe madrugó ayer -en plena visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas- a reconocer lo que hasta hace pocas semanas consideraba calumnias: el fusilamiento de civiles para presentarlos como «muertos en combate», y disfrazados de guerrilleros y paramilitares, esto último para probar que sí persigue a sus aliados.
La práctica no es de hoy, recuerdan las organizaciones de derechos humanos, que vienen denunciando ejecuciones desde los años 70. ¿Por qué reaccionó el gobierno, y precisamente en este momento?
Ayer en Bogotá, en el lanzamiento simultáneo de cuatro informes de la sociedad civil sobre ejecuciones extrajudiciales (hora y media antes, Uribe anunció las destituciones), algunos defensores de derechos humanos estaban desconcertados, y otros especulaban respuestas.
Estas iban desde la actual visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Colombia, hasta el alto riesgo (para Uribe) de que Obama gane la presidencia de Estados Unidos el próximo martes, pasando por el escándalo en los medios.
El senador de izquierda Gustavo Petro tipificó hoy estas ejecuciones extra juicio como crimen de lesa humanidad, y pidió que la Corte Penal Internacional (CPI) intervenga.
Nuevamente cabe recordar que la salvaguarda de siete años para la acción de la CPI en Colombia, y que vence exactamente el 1 de noviembre de 2009, es únicamente para los crímenes de guerra.
No para los crímenes de lesa humanidad -actos repetitivos, planeados fríamente y ejecutados de manera masiva- ni para el crimen de genocidio.
En otras palabras, si Uribe no actúa contra los criminales dentro del ejército, que asesinan inocentes para obtener días de vacaciones, medallas y bonificaciones -como se premian desde hace 100 años las bajas en combate- el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, puede entrar a Colombia mañana viernes.
Y hasta me da por malpensar que quizá hay ya una comunicación en ese sentido de por medio – pero no nos precipitemos.
En todo caso, también hoy jueves, el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, declaró: “Si aquí llegamos a comprobar que esta es una práctica sistemática y generalizada, estamos frente a un delito de lesa humanidad, y de ahí la competencia de la Corte Penal Internacional”.
Eso sí, que quede claro que la CPI actúa sólo si Iguarán no hace nada, como hasta ahora.
Iguarán habló de las recompensas que tanto ha promovido este gobierno: “¿No será que el afán por el positivo*, y el ansia por la recompensa, está generando o llevando a estos graves y oscuros sucesos?” (*Positivo, para los militares, es lo contrario de lo que a uno le dice la palabra–> matar, herir, destruir, confiscar, encarcelar y etc.)
“Con todo el respeto, tenemos que revisarnos todos”—dijo Iguarán, que tampoco ha atendido mucho que digamos las denuncias de los defensores de derechos humanos.
“Yo le diría al gobierno, por ejemplo, que revisara la Directiva Ministerial 029 del 2006, sobre el tema de las recompensas. Porque allí, a riesgo de equivocarme, puede estar diciéndose que hay recompensas, incluso, no sé si son 3 millones 600 mil pesos (unos 1.300 dólares), para cuando se trata de bajas” en combate, recordó Iguarán.
La declaración del gobierno británico, por su parte, da pistas sobre lo que preocupa. Copio el texto, y luego comento.
Bogotá, 30 de Octubre de 2008
La Vice-Ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Gillian Merron, se refirió a la medida tomada por el gobierno colombiano con respecto al retiro de los militares involucrados en las recientes ejecuciones extra-judiciales en el país.
«Es importante que el gobierno colombiano haya tomado la decisión de retirar un número de militares como resultado de su implicación en las recientes ejecuciones extra-judiciales y casos de conspiración criminal. Es de vital importancia para Colombia la reputación internacional, razón por la cual el gobierno y los tribunales deben continuar mostrando una determinación para enfrentar los abusos en derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, y que los condenados por el Sistema de Justicia Civil sean castigados debidamente».
Hasta ahí, la declaración desde Londres, enviada por la Embajada Británica en Bogotá.
Primero, observe mi lector o lectora que Merron no utiliza el término «supuestamente» cuando se refiere a «los militares involucrados en las recientes ejecuciones extra-judiciales en el país».
Aquí en Colombia los medios les están abriendo amplios espacios a los militares destituidos, promoviendo que hasta que no sean vencidos en juicio, son inocentes. Eso es cierto.
Pero una neurona traviesa me cuestiona invariablemente: ¿a los jóvenes llevados al matadero se les aplicó la presunción de inocencia?
También fijémonos en que Merron delimita correctamente: los destituidos ayer están implicados apenas en las ejecuciones «recientes».
De una vez, está hablando de «conspiración criminal». Es decir, de algo planeado.
Cuando hace referencia a la «reputación internacional» de Colombia, uno recuerda lo que ya dijo el ministro británico de Relaciones Exteriores Kim Howells el 1 de octubre al gobierno de Uribe, cuando ya había estallado la bomba de esta pena de muerte a la colombiana: «Crímenes extrajudiciales no tienen lugar en una sociedad civilizada y democrática».
Luego, Merron dice que las investigaciones deben continuar; es decir, estamos apenas en el principio. Y, finalmente, una advertencia al buen entendedor: que ni se le ocurra al gobierno permitir que estos casos pasen a la justicia penal militar.
Por cierto, la radio reporta desde ayer una verdadera avalancha de denuncias desde distintos puntos de Colombia, por fusilamiento de civiles reportados por autoridades militares como muertos en combate, y disfrazados de guerrilleros.
Se menciona por estos días bastante al general Mario Montoya, comandante del ejército, el héroe del ejército de Ingrid Betancourt.
(Ya que la nombro, quiero dejar sentado que yo sí estoy de acuerdo con todos los premios que le han dado a Ingrid, que me encanta saber que puede hablar públicamente y ser escuchada, y viajar por el mundo. Durante tantos años añoré su palabra, esté de acuerdo con ella o no.)
octubre 30th, 2008
Antes de que la Corte Penal Internacional (CPI) entre a actuar en Colombia por los casos de crímenes de guerra, a finales de 2009, van a aparecer los desaparecidos del Palacio de Justicia (noviembre de 1985).
Y también: antes de que la CPI entre a actuar en Colombia por los casos de crímenes de guerra como el Palacio de Justicia (y otros que no prescriben mientras los restos de los desaparecidos no aparezcan, y otros crímenes más recientes, con o sin desaparecidos, en este rosario interminable), antes de eso, van a desfilar por los tribunales colombianos los máximos militares responsables de esos hechos.
Y Colombia y el mundo se van a maravillar, de tantísima justicia.
Cabe recordar que la acción de la CPI es subsidiaria, es decir que aplica sólo si un Estado “no puede o no quiere” hacer justicia.
El coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega estuvo ayer lunes en audiencia de indagatoria por el juicio que se le sigue por secuestro agravado y desaparición forzada.
Llegué temprano, y lo vi esperar -igual que yo-, entre una cafetería y la calle de los juzgados, en el sector de Bogotá conocido como Centro Internacional. Hablaba por celular mientras paseaba por el andén. Después me enteré que sigue preso.
La familia de Plazas Vega argumenta que él es inocente de las desapariciones forzadas del Palacio de Justicia porque tenía una larga cadena de mando por encima suyo, cuando dirigió los tanques que penetraron en el palacio que había sido ocupado por la guerrilla del M-19.
“Defendiendo la democracia, maestro”, fue la frase que lo hizo célebre, cuando el periodista Hernando Corral le preguntó, en una esquina de la Plaza de Bolívar, en cuyo costado norte estaba el Palacio de Justicia, qué hacía allí su unidad.
Pero Plazas Vega, en lugar de decir quiénes mandaron torturar hasta la muerte no sólo a guerrilleros, sino a los empleados y simples clientes casuales de la cafetería, además de a algunos guerrilleros, ha preferido “revelar” el lunes a los periodistas, a la salida de la audiencia, lo que algunos sabíamos: que a Antropología Forense de la Universidad Nacional de Colombia le fueron entregados varios cadáveres de desaparecidos del Palacio de Justicia, para su identificación.
La estatal Universidad Nacional confirmó en la tarde que, efectivamente, recibió en 1998 de la Fiscalía General de la Nación 22 cuerpos para su identificación, que fueron supuestamente desenterrados de fosas comunes del Cementerio del Sur de Bogotá.
De ellos, 10 fueron identificados en 2004, bajo la dirección del director del postgrado de Antropología Forense, José Vicente Rodríguez.
“No hubo desaparecidos” en el Palacio de Justicia, descubrió ahora Plazas. “No hay desaparecidos de la cafetería”, es decir 11 hombres y mujeres que sus familias buscan desde hace 23 años.
“22 cadáveres sin identificar, muertos en el Palacio de Justicia: ahí están los desaparecidos”, sostuvo Vega.
Es decir, si los restos aparecen, no hay desaparecidos, y el asunto queda enterrado; prescribe.
No contó Vega que ya fueron devueltos a sus familias los restos de al menos seis guerrilleros –puede que esté siendo imprecisa en la cifra- y que recibieron sepultura hace un par de años, en absoluta discreción, por petición de las familias.
Pero, hay un problemilla. Y es que no existe ningún documento de remisión de las 22 osamentas a la Universidad Nacional.
Otro problemilla: los testigos. Los propios torturadores, o los propios soldados que escucharon o ejecutaron las órdenes infames en el operativo.
Edgar Villamizar, uno de esos testigos contra Plazas, considera que su vida está amenazada, dejó constancia oficialmente la juez este lunes.
El abogado de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, el gran defensor de las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia, fue asesinado el 18 de abril de 1998 en Bogotá.
Sus investigaciones, y la exhumación de los restos, evidenciaron que varios sobrevivientes de la toma del Palacio de Justicia fueron capturados y luego asesinados, como recuerda su hermano Germán Umaña.
Me gustaría saber qué día de ese mismo año en que fue asesinado Eduardo le entregaron a las Universidad Nacional las osamentas de 22 personas.
octubre 28th, 2008
Este domingo, la cita en Cali se frustró. La comisión que negoció a nombre del presidente Álvaro Uribe antepuso razones de seguridad para que éste no se reuniera con la Minga de la Resistencia Indígena y Popular, que suma ya 45 mil personas. A cambio, dispuso que el encuentro sería con 200 personas. La Minga no aceptó, y tras esperarlo desde las nueve de la mañana, a las cuatro de la tarde le dio la espalda a Uribe.
¿Quizá resulta que la cuna de la democracia no es la «cultura occidental», como la llaman los indígenas? Porque en mi reportería no he encontrado una expresión más majestuosa de democracia que una asamblea indígena. La asamblea es la que convoca la Minga.
Así definen los indígenas qué es Minga:
«Los indígenas nos juntamos dos si se quiere hacer un tull (cultivo tradicional), 10 si vamos a recoger la cosecha, mil si es menester arreglar la carretera, 18 mil si hay que tomar decisiones para el futuro, y todos si hay que salir a defender la justicia, la alegría, la libertad y la autonomía».
Así que la Minga manda. Por eso publico los cinco puntos de la agenda de la Minga de la Resistencia Indígena y Popular –el nombre ha variado con el correr de los días-, que los indígenas esperan debatir públicamente con Uribe. La veeduría del cumplimiento de los acuerdos a los que llegue la Minga con el presidente colombiano estará a cargo de una Comisión de Garantes, entre ellos el juez español Baltasar Garzón.
“Su presencia es indelegable”, le dicen a Uribe en esta carta abierta fechada el 20 de octubre.
El debate debe ser público, con reglas del juego claras y convenidas por las partes.
Señor Presidente de la República
D. Álvaro Uribe Vélez
Carrera 8 # 7-26 Palacio de Nariño
BOGOTA – COLOMBIA
Al no encontrar soluciones verdaderas y duraderas a la grave problemática social y de derechos humanos, las comunidades participantes en la Minga Indígena de Resistencia Social y Comunitaria nuevamente le hacemos entrega de esta carta abierta, con el fin de concretar el debate público pendiente que desde hace 4 años usted prometió cuando marchamos hacia la ciudad de Cali.
La siguiente es la agenda de trabajo.
1. VIOLACION AL DERECHO A LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS.
• El presidente de la República debe resarcir públicamente el buen nombre del CRIC, de las organizaciones sociales y de las personas respetables a quienes este gobierno ha señalado de terroristas y delincuentes, colocándolos en inminente riesgo.
• Respeto y garantías a la libre movilización social como un derecho constitucional de los colombianos y colombianas.
• El gobierno nacional debe reparar integralmente a las comunidades indígenas víctimas de la violencia de Estado, que para el caso del departamento del Cauca se cuentan la masacre del Naya ocurrida en el año 2001, la masacre del Nilo ocurrida en el ano de 1991, la masacre de Gualanday y la masacre de San Pedro ocurridas en el año 2000, muertos y heridos en los Rituales de Liberación de la Madre Tierra, la Cumbre Social de los Pueblos y de la Minga Social y Comunitaria. Así mismo para las víctimas de otros pueblos y organizaciones del país.
• Asignación presupuestal y respeto a las iniciativas autónomas de protección establecidas en los territorios por las comunidades en el marco de sus Usos y Costumbres.
• Exigimos el desmonte de las estrategias que vinculan a las comunidades en el conflicto social y armado, tales como el pago de recompensas, batallones de alta montaña, familias guarda bosques, erradicación manual de cultivos de uso ilícito que se desarrollan en el marco de la política de seguridad democrática y el Plan Colombia.
• Exigimos el cumplimiento del derecho internacional humanitario, el cual es violentado al instalar trincheras en medio de la población civil, utilizar a la población y las viviendas como escudo de guerra, bombardeos aéreos a la población civil, detenciones arbitrarias, ocupación de los sitios de asambleas permanentes y áreas civiles.
• Atención y reparación integral a la población desplazada y garantías para su retorno.
• Exigimos la salida negociada al conflicto social y armado, y el restablecimiento del acuerdo humanitario.
• Exigimos el respeto a labor de la Corte Suprema de Justicia en el caso de investigación al proceso de la parapolítica.
2. AGRESION Y OCUPACIÓN TERRITORIAL.
• Desmilitarización total e inmediata de los territorios indígenas.
• Detener la entrega de concesiones en territorios indígenas a las transnacionales y multinacionales.
• Detener las fumigaciones de cultivos de uso ilícitos en territorios indígenas, toda vez que afecta a la madre naturaleza y coloca en riesgo la vida.
• Detener el fomento de proyectos destinados al monocultivo. Al contrario exigimos fortalecer los procesos de soberanía alimentaria y los procesos de conservación ambiental.
• Adoptar y respetar el papel de las autoridades tradicionales como legítimas autoridades ambientales en los territorios indígenas.
3. ADOPTAR LA DECLARACIÓN DE LA ONU SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS
• Mediante un acto jurídico el gobierno debe adoptar la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas declarada por la ONU.
4. LEGISLACIÓN DEL DESPOJO QUE COLOCA EN RIESGO LA PERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS.
• Desmonte inmediato del Estatuto de Desarrollo Rural- ley 1152 de 2007, que viola abiertamente el Convenio 169 de la OIT, desconoce los derechos indígenas y de los campesinos y legaliza el robo de tierras hecho mediante la violencia.
• Derogatoria de los decretos presidenciales: 616-2838, 616-2838, 1500 y 779.
• Replanteamiento de legislación y de aplicación de la misma en los casos de ley 142 de 1994, ley 1156 de 2007, Estatuto Minero, Ordenamiento de Cuencas.
• Respeto constitucional de la consulta previa y de los derechos especiales de los pueblos indígenas y afrocolombianos en la aplicación de estas leyes y en la formulación de las nuevas.
• El Presidente de la República debe explicar por qué se ignoró completamente la consulta a los pueblos sobre el TLC, realizada por indígenas y sectores sociales, y abrir un debate nacional sobre su conveniencia e inconveniencia, para transmitir sus conclusiones al congreso de los Estados Unidos.
• El presidente de la República debe garantizar el debate nacional y la consulta popular para la firma de tratados con otros países y con la Unión Europea.
5. ACUERDOS INCUMPLIDOS CON ORGANIZACIONES Y MOVILIZACIONES SOCIALES.
• El gobierno nacional debe cumplir de manera inmediata todos los acuerdos firmados entre la organización indígena, así como entre los demás actores sociales y el Estado colombiano. Para que este tema sea operativo, se deben asignar de manera inmediata los recursos necesarios de acuerdo a como lo establecen las comunidades. Para agilizar este tema, las comunidades han definido el método de trabajo que será socializado una vez se instale el debate.
La presente agenda de trabajo será robustecida con las exigencias, propuestas e iniciativas de la población y los sectores que se vayan vinculando a la Minga nacional.
Lo esperamos señor Presidente, su presencia es indelegable.
Atentamente:
Minga de Resistencia Indígena Social y Comunitaria.
La María Piendamó, 20 de Octubre de 2008.
octubre 26th, 2008
En apenas 24 horas, esta semana 13 mil personas de toda América Latina enviaron mensajes al presidente Uribe, instándolo a poner fin a la violencia contra los indígenas que protestan, y a sentarse a dialogar con ellos.
La campaña comenzó el lunes en la noche y acompaña virtualmente a la marcha desde entonces. El miércoles en la tarde, el correo electrónico de la presidencia dejó de aceptar mensajes. Quizá, dicen los de Avaaz.org, organizadores de la campaña internacional por Internet, se deba a que el correo de Uribe se saturó.
Con una magnífica nota de Carl Penhault, CNN publicó toda la tarde del miércoles un vídeo tomado por indígenas, que muestra a un francotirador disparando contra la multitud, en el resguardo de La María y desde las filas de la policía antimotines, pero con un uniforme distinto.
Esa misma noche, Uribe interrumpió la programación de todos los canales de televisión.
Reconoció, como un hecho aislado, que ese único uniformado que aparece en el vídeo, y cuyo nombre detalló, sí disparó, pero que no mató a nadie; y volvió a responsabilizar a los indígenas de las tres muertes que han ocurrido entre los manifestantes.
Por explosivos que se les activan a los propios que protestan, según el gobierno. Que muestren las necropsias, contestan los indígenas.
La Autoridad Tradicional, como lo permite la Constitución, ya le aplicó la justicia indígena a un soldado de rasgos aborígenes que se infiltró en la Minga, para “sembrar” en ella una provocación. Fueron nueve latigazos en las pantorrillas y un «refrescamiento», en el que los chamanes nasa, los Teh’Wala, juagan con agua la cabeza y los hombros de quien está siendo «corregido», para que se mejore de los errores.
Uribe cedió a dialogar, pero a medias.
Citó a los indígenas el domingo en la ciudad de Popayán, cuando la Minga (trabajo colectivo para el bien común) iba ya en mitad de camino hacia el norte, hacia la ciudad de Cali. Y citó sólo a sus líderes.
Finalmente, la fortaleza moral de la Minga de la Resistencia Indígena y Popular;
el formidable acompañamiento que le hizo la CUT este jueves, con el paro estatal de 24 horas al que se unieron cortadores de caña, camioneros y estudiantes, entre otros;
esa fiebre de los jóvenes indígenas de andar grabándolo todo en vídeo, conjugada con la sensibilidad y atino del reportero Penhault;
estas firmas a través de Avaaz, 32 más de europarlamentarios en una dura declaración que también se solidariza con la huelga de los cortadores de caña de azúcar, la franca misiva a Uribe del Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel;
la presión de varios países amigos de la paz de Colombia, encabezados por Suiza, y a los que adhirió la ONU, grupo que convocó a su vez una comisión nacional de buenos componedores, encabezada por el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya;
y la labor callada de los tercos de siempre, incluyendo estadounidenses, lograron este jueves empujar a Uribe a que la cita del domingo sea en Cali.
Uribe no consiguió desviar la Minga, ni aislar de su seno a sus líderes, llevándoselos a una oficina o a una base militar en Popayán.
La reunión no será a puerta cerrada, ni sólo con el liderazgo indígena. A ella irán también los cortadores de caña en huelga y muchas otras voces que tienen todas las intenciones de hacerse oír del presidente.
No será éste un consejo comunitario con invitados escogidos por los asesores del mandatario, como los que Uribe realiza ininterrumpidamente todos los sábados desde que se posesionó, en agosto de 2002.
En el sitio de Avaaz.org se muestra este jueves en la noche que, desde que se saturó el correo electrónico de Uribe, más de tres mil personas adicionales lo han instado a negociar. La suma total de personas que le han escrito supera las 16 mil. Esto porque ahora, en la página de la campaña, se puede suscribir un mensaje colectivo al presidente colombiano. Avaaz.org garantiza que lo hará llegar a su destinatario.
Hoy jueves no hubo violencia en la caminata de la Minga, porque la policía antimotines no se apareció.
La seguridad de la Minga está garantizada por la Guardia Indígena –cuyas únicas armas son bastones de mando adornados con cintas de colores– y por los ojos y oídos de 30 mil personas, que ya han frustrado media docena de montajes que planeaba la fuerza pública, buscando implicar a los indígenas en acciones de fuerza.
Se me ocurre que los mensajes a Uribe deben seguir. Créame, mi lector o lectora, cuando le cuento que son muy poderosas y peligrosas las fuerzas que quisieran violentar la Minga y bloquear la vía a ésta, y a cualquier negociación política que implique conjugar el verbo repartir.
Estamos hablando de que estas miles de voces y firmas se pronuncian por la negociación directa con la población civil, y en torno a las raíces de la guerra.
Del otro lado de la mesa está ese inmenso poder que avasalló a Colombia en los últimos años y que finalmente llegó a la “Casa de Nari”, como cariñosamente le dicen los narcos a la Casa de Nariño, la sede presidencial.
Voilá!, como dicen los franceses. Ahora sí nos vamos entendiendo.
octubre 23rd, 2008
El periodista Arturo Guerrero publicó ayer, 1 de octubre, en su columna del diario El Colombiano, de Medellín, capital del departamento de Antioquia, una referencia a mi intervención el 25 de septiembre en Bogotá, en la celebración del Premio del Edicto de Nantes a Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó (municipio del mismo departamento).
Mi lector o lectora sabrá reconocer que el texto que leí la semana pasada en el homenaje a Gloria nació en este blog, y que sólo lo complementé un poco. Arturo, a su vez, complementó mejor. Va su deliciosa columna, que muestra qué importante es no someter las convicciones al vaivén de la moda; y luego el link a la página de la laureada defensora colombiana de derechos humanos, donde fueron reproducidas mis palabras.
Mandela, Gloria Cuartas y las ranas
Por Arturo Guerrero
Hugonotes era el apodo despectivo con que los católicos franceses del siglo XVI designaban a los seguidores del reformador protestante Juan Calvino. A lo largo de la segunda mitad de ese siglo y durante 37 años, unos y otros, católicos y calvinistas se despedazaron en ocho guerras religiosas, que como todas las guerras religiosas disfrazan con términos piadosos lo que en realidad era una disputa de tierras, castillos y poder.
Al cabo de las matanzas de rigor, un rey hugonote que para ser rey se convirtió al catolicismo, Enrique IV, firmó con los duques de Bretaña el Edicto de Nantes, ciudad noroccidental sobre el Loira donde la contienda era brava. La ley real concedió libertad de conciencia a los protestantes, en un tiempo en que la tolerancia religiosa era inconcebible, pues la católica era la religión fuera de la cual no había salvación.
El fin de las guerras religiosas trajo apenas una tregua en la carnicería interreligiosa, pues el célebre edicto fue revocado casi un siglo después por Luis XIV, los hugonotes fueron desterrados, y solo la Revolución Francesa cauterizó la furia mística. Por encima de estos avatares, el documento de Nantes pasó al futuro como un hito en la lucha de la humanidad por las libertades civiles.
Cuatrocientos años más tarde, el ayuntamiento de esta ciudad resolvió celebrar el lance creando un premio bienal para individuos o entidades que luchen por la paz civil, el estado de derecho y la libertad de conciencia. Dotado de una bolsa de 15 mil euros, el galardón ha recaído en años anteriores sobre activistas de Chile, Togo, Bangladesh, Israel, Rusia, Suráfrica y Camboya. Este año fue para Colombia.
¿Colombia? Sí. Y más específicamente Antioquia. Después de haberlo recibido la viuda del ex primer ministro de Israel y Nobel de Paz, Yitsak Rabin; después también del mismísimo Nelson Mandela, una trabajadora social paisa tomó en sus manos el pasado 3 de julio el premio Edicto de Nantes 2008 «por su combate por la paz civil en Colombia».
El jueves pasado, en la Casa de España en Bogotá, la galardonada ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas fue aplaudida por su premio, en un acto de reconocimiento a su coraje. La oradora del momento, la periodista Constanza Vieira, le imprimió un sesgo de afabilidad y de equilibrio a este valor con la siguiente confidencia: la batalladora del Urabá antioqueño ¡les tiene miedo a las ranas!
Celebración del coraje de Gloria Cuartas
http://www.gloriacuartas.org/article.php3?id_article=224
octubre 2nd, 2008
“No hay ninguna investigación en curso contra el general” Mario Montoya, dijo en Washington el canciller Jaime Bermúdez.
«Hemos hablado directamente con el Fiscal General de Colombia y él nos ratificó que no hay ninguna investigación en curso contra el general. Es lamentable que esa información salga sin que se haya corroborado ni verificado», dijo el canciller.
El Washington Post publica hoy un artículo de su corresponsal, Juan Forero, que afirma lo contrario. Párrafo textual de Forero:
«Montoya se encuentra bajo investigación», dijo un funcionario del despacho del Fiscal General en Bogotá que está familiarizado con el caso. «No ha sido acusado, pero ese es el siguiente paso.» Otro funcionario familiarizado con el caso añadió que Palacio «tiene un alto grado de credibilidad.»
Palacio es Luis Adrián Palacio, un ex combatiente paramilitar que declaró ante la fiscalía que el general Montoya, comandante del ejército, colaboraba con los escuadrones de la muerte que tomaron el control de las comunas de Medellín a partir de la Operación Orión, en octubre de 2002 (Uribe se posesionó en agosto de ese año para su primer mandato).
Mañana, el canciller Bermúdez discutirá el artículo de Juan Forero con la mesa editorial del Washington Post.
Forero cuenta que vio en Medellín el vídeo grabado durante dos días de confesión del ex paramilitar Palacio, en agosto. El artículo completo está en http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/09/16/AR2008091603006_pf.html
Y, si no le da miedo a mi lector o lectora, puede enterarse de más detallitos de la Operación Orión en este link: http://www.ipc.org.co/page/index.php?option=com_content&task=view&id=901&Itemid=368
Bermúdez, quien además de verificar lo que, según él, el periodista no verificó, se reunió hoy con la secretaria de Estado Condoleezza Rice y firmó con ella un convenio sobre energías limpias, que promociona el cultivo de agrocombustibles.
El gobierno estadounidense anunció, también hoy, que seguirá fortaleciendo la tecnología de guerra en Colombia.
Uribe llegó esta noche a Washington. Al mediodía hora colombiana (GMT -5) tuvo una conversación telefónica con el candidato demócrata Barack Obama.
No trascendieron detalles sobre el contenido de la charla pero, como seguro que algún servicio de inteligencia nacional o extranjero la grabó, más adelante podremos verificar de qué hablaron. Se trataron “muchísimo puntos”, fue lo único que contó Uribe.
¿Quién llamó a quién? Publica hoy el bogotano diario El Tiempo: “Una fuente gubernamental colombiana comentó que fue Obama el que llamó a Uribe, después de que este le envió una carta, en la que destacó algunas de las propuestas económicas del candidato.
“La llamada es clave, pues Obama se ha mostrado duro frente a la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, hasta el punto de que en abril, Uribe le hizo un sutil reclamo cuando se enteró de que el candidato pidió a los congresistas de su partido no aprobar esa iniciativa”.
Se me ocurre que, cuando llegue la cuenta del teléfono a la «Casa de Nari», como cariñosamente le dicen los narcos a la Casa de Nariño, sede presidencial colombiana, en teoría también se podrá verificar quién llamó a quién. Mientras, El Tiempo ha publicado una información “sin que se haya corroborado ni verificado”.
Uribe, quien si pudiera votaría por el candidato republicano John McCain, se entrevistará con el presidente Bush el sábado.
septiembre 18th, 2008
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