El general ( r) Rito Alejo del Río fue detenido el jueves por la Fiscalía General de la Nación, y este viernes debe rendir indagatoria.
¿Alguien quiere evitar que a su caso se le aplique el artículo 20 del Tratado de Roma, que creó la Corte Penal Internacional? El artículo 20 habla de cuando se sustrae al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la CPI, es decir genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La Operación Génesis, comandada por Del Río en 1997, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia y él comandante de la Brigada 17 del ejército, es recordada con indignación y horror en Jiguamiandó, Curbaradó, Pavarandó y Cacarica, en el departamento del Chocó, y en Vigía del Fuerte, San José de Apartadó y Dabeiba, en Antioquia.
De la “limpieza territorial” propiciada durante la comandancia de Del Río en la región, surgieron los cultivos de palma africana que avanzaron por la cuenca del Atrato de norte a sur, sembrando la muerte.
Para mí, la “limpieza territorial” – vaciar los territorios de gente- equivale a la “limpieza étnica” de las guerras en otras latitudes. En Colombia se expresa en desplazamiento forzado.
El 29 de abril de 1999, Álvaro Uribe fue oferente del homenaje de desagravio al general Rito Alejo del Río en el Hotel Tequendama de Bogotá, cuando éste fue destituido del Ejército por sus nexos con el paramilitarismo. Los empresarios antioqueños y los ganaderos cordobeses llamaban al general “el Pacificador de Urabá”.
El prontuario de Del Río muestra que no había tal ausencia del Estado, argumento que invocan los paramilitares para justificar la existencia de estas estructuras, y sus delitos.
El 9 de marzo de 2004, el entonces fiscal Luis Camilo Osorio hizo cerrar y precluir el expediente contra Del Río.
La ultraderecha armada, una parte de la cual se considera legal a pesar de estos antecedentes, enfiló baterías contra el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien se constituyó en parte civil en el proceso contra Del Río presentando pruebas documentadas de masacres, asesinatos y desplazamiento forzado.
Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó, también perseguida por fuerzas de ultraderecha armada tanto legales como ilegales, anunció –según Caracol Radio- que ella igualmente tiene cargos contra el general. Lo demandará penalmente por su presunta participación en la matanza de 130 campesinos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Cuando en este país del poder narcotraficante se revelan o se recuerdan cosas fuertes, por un buen rato suena como un silencio.
Últimamente ese silencio dura poco. Pronto surge alguien, generalmente del gobierno, a dar una noticia espectacular, que desvía la atención totalmente. A veces hasta estallan bombas.
Una mujer, de nombre supuesto Marta (identidad protegida por los periodistas), contó esta mañana en W Radio cómo fue que su familia tuvo que traspasar, ante notaría, todos sus bienes a “Los Pepes” (Perseguidos por Pablo Escobar), para rescatar con vida a un hermano secuestrado.
El notario sigue en funciones en la misma notaría, y los funcionarios de la notaría, por entonces – comienzos de los 90- sabían, igual que su jefe, de qué se trataban esos traspasos masivos de títulos de propiedad, dijo Marta. Su testimonio, con voz modulada para dificultar su identificación, está en La W.
Menciona Marta a un “Guillo” Ángel, que según ella aparecía, en las negociaciones por el rescate del hermano secuestrado, al lado de Don Berna (el verdadero responsable de la “seguridad” en Medellín, mediante sus bandas paramilitares urbanas, y extraditado en mayo a Estados Unidos).
Este señor “Guillo” también existe. Es hermano de Juan Gonzalo Ángel, quien es socio del mexicano Carlos Slim -dueños de mi televisor, mi Internet, mi celular y mi teléfono digital.
Los hermanos Ángel y varios “capi di tutti capi” de los años 80 son mencionados por la periodista colombiana Virginia Vallejo, por entonces amante de Pablo Escobar, en la página 102 y subsiguientes de su alucinante libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar” (Random House Mondadori, septiembre 2007).
Así que el silencio duró poco esta mañana. El grito que se oyó fue, otra vez, el del presidente Álvaro Uribe (páginas 111, 218 y 326 de “Amando a Pablo, odiando a Escobar”). Lo profirió casi quedamente, sin querer pero queriendo, en una reunión con su bancada en “La Casa de Nari”.
Así le dicen cariñosamente los narcos a la sede presidencial, llamada Casa de Nariño en honor del entonces subversivo anticolonialista Antonio Nariño, quien tradujo y publicó en Colombia por primera vez la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa.
Muy prontito después de que Marta diera su testimonio en La W, un representante a la Cámara de la bancada oficialista contó que el presidente contó en la «Casa de Nari» que en 1991 el entonces gerente de la campaña liberal le envió a Harvard (donde Uribe adelantaba un curso y además era candidato al senado, según él) dos millones de pesos para financiar su campaña, y que esos dineros provenían del narcotráfico.
Dos millones no eran suma despreciable en 1991, pero para una campaña no eran gran cosa. Hoy equivalen a unos mil dólares. Uribe dice que devolvió el dinero una vez conoció su origen. No dijo si el envío fue mediante cheque o en efectivo.
Además, Uribe no era candidato al senado en 1991, según periodistas que llevan esas cuentas. Puede que el parlamentario corre-ve-y-dile se haya equivocado al reseñar lo dicho por Uribe. Veremos.
«Es muy curioso que el presidente se haya acordado 14 años después de un hecho en el cual él fue testigo y protagonista, y aparentemente partícipe. ¿Por qué no lo denunció, por qué no lo dijo y por qué no lo llevó a la justicia, si le pareció tan grave?», comentó el ex ministro de Defensa Rafael Pardo Rueda.
Anda, en fin, el presidente poniendo bombas. En estos casos, la acción recomendada no es mirar contra quién pone la bomba, sino por qué. Es decir, hay que mirar para otro lado.
¿Mi estimado lector o lectora no entendió nada? Yo tampoco. En estos temas de narcos uno entiende más lo que está ocurriendo en la actualidad si, en lugar de ver noticias de televisión, sintoniza “El Cartel”, emocionantísima serie televisiva sobre “Los Pepes” de los años 90 y algunos de sus sucesores, que está al aire desde hace un par de meses por el canal colombiano Caracol Televisión.
Tampoco es mala idea leerse a Vallejo, quien no lo haya hecho aún.
En todo caso, si uno mira para otro lado, encuentra que suena cada vez más la versión de que algunos parapolíticos serían pedidos en extradición por Estados Unidos.
Quizá los estadounidenses, que se han quedado con TODOS los computadores incautados a narcos, o con sus copias, y han guardado su contenido en el absoluto secreto, le ganen en la carrera tras los autores intelectuales de la matanza colombiana al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo.
Me llama la atención este texto burocrático, sin signos de puntuación. Y me recuerda la frase del periodista Daniel Coronell en su entrevista, este jueves, a la revista Cambio: “El Ejecutivo está jugando duro y usando indebidamente las herramientas del Estado en beneficio de la permanencia del Presidente y sus aliados en el poder”.
Omito el remitente.
Fecha: jueves, 28 agosto, 2008, 7:37 pm
Asunto: proyectos reforma justicia y reforma politica
Atendiento instrucciones del señor presidente de esta celula Legislativa H.S. Javier Caceres leal, estamos enviando el Proyecto de Acto legislativo No. 07 de 2008 REFORMA A LA JUSTICIA el cual fue radicado en el Senado por el señor Ministro del Interior y que será repartido por la Mesa Directiva una vez llegue a la Comisión y de igual manera y para su conocimiento la Reforma Politica con el número 106 de 2008 y radicado en la H. Cámara de Representantes
Sólo un par de anotaciones sobre el comunicado del Comité de Protección de Periodistas, que reproduzco a continuación.El de Yidis Medina no es un escándalo, ni un caso de supuesto soborno. Es un proceso judicial que ya fue fallado por la Corte Suprema de Justicia, confirmando el soborno mediante la figura jurídica del cohecho. Medina fue condenada y está en prisión. El otro detalle es que Coronell publicó el vídeo completo con el testimonio de Medina el 20 de abril pasado, en contra de la voluntad de su fuente (Medina), por considerar el periodista que ésta había violado el pacto de confidencialidad que ella misma impuso a Noticias Uno en 2004.
Por cierto, Coronell contó esta mañana que le ha dado copias del vídeo de Medina a cuanta autoridad se lo ha pedido: la Corte Suprema de Justicia (que investigó y condenó a Medina), la Fiscalía General de la Nación (que investiga a los ministros implicados en el soborno a Medina) y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (encargada de absolver al presidente cuando éste así lo disponga).Comunicado del CPJ:
Nueva York, 22 de agosto de 2008—El presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez pidió el jueves una investigación penal contra Daniel Coronell, alegando que el periodista violó la ley al no develar inmediatamente el video de una entrevista dónde supuestamente se vincula la administración de Uribe con un escándalo de soborno. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó a las autoridades colombianas a descartar la solicitud de Uribe.
El jueves, Uribe compareció ante una comisión del congreso encargada de investigar acusaciones contra altos funcionarios por haber sobornado a la ex congresista Yidis Medina para que votara a favor del cambio constitucional que permitió la reelección de Uribe en 2006, según informes de prensa.
Durante la audiencia, a puertas cerradas,Uribe pidió a la comisión que entregara el asunto a la fiscalía para llevar a cabo una investigación penal. Uribe alegó que Coronell, director de noticias de Canal Uno y columnista de la revista Semana, faltó la ley al no informar al público oportunamente sobre un crimen, según informes de prensa y entrevistas del CPJ.
Laentrevista grabada por Coronell en 2004 con Medina, en la cual ésta narra el supuesto soborno, salió al aire el 20 de abril de este año y ayudó a alimentar las investigaciones judiciales y del congreso. Coronell explicó que Medina le había pedido no divulgar la información hasta este año, según informes de la prensa colombiana. Medina, quien fue acusada de cohecho, tiene casa por cárcel.
“Rechazamos la solicitud hecha por el presidente Uribe de investigar a Daniel Coronell”, declaró el Coordinador Senior del Programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría. “Nos parece que la motivación detrás de la decisión de Uribe está ligada a las críticas que Coronell hace al gobierno colombiano. Instamos al Fiscal a descartar la solicitud de Uribe”.
El senador Luis Carlos Avellaneda interpuso una demanda contra el presidente después de que Medina declarara ante la Corte Suprema de Justicia que Uribe estaba al tanto de las ofertas que incluían cargos políticos para familiares y amigos, informó la prensa local. Otros funcionarios también están siendo investigados, informó Reuters.
En octubre de 2007, Uribe calificó a Coronell decobarde, mentiroso, canalla y difamador profesional en un programa radial en La FM. Los comentarios ocurrieron tras una columna de Coronell en Semana, en la que describe acusaciones hechas por Virginia Vallejo, amante del difunto narcotraficante Pablo Escobar, de que Uribe tenía vínculos con el narcotraficante. Horas después de que las acusaciones de Uribe salieran al aire, Coronell recibió una amenaza de muerte por correo electrónico.
Coronell pasó dos años en el exilio luego de recibirdos coronas fúnebres en 2005 con tarjetas invitándolo a su propio sepelio. Coronell también recibió mensajes por correo electrónico amenazando la vida de su pequeña hija, enviados desde la computadora del ex congresista Carlos Náder Simmonds, un amigo cercano de Uribe. Náder posteriormente admitió haber enviado el mensaje pero adujo que había sido mal interpretado. El ex congresista no fue acusado.
El CPJ es una organización independiente sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo.
Llegó a la sede parlamentaria y salió de ella por una puerta trasera y no dio la cara a los periodistas.
La investigación debe establecer hasta qué punto está Uribe implicado en la compra del voto a la entonces parlamentaria Yidis Medina, que en 2004 definía en una comisión legislativa la suerte de la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata del presidente en funciones.
Medina purga desde junio una condena por cohecho pero, como se sabe, el cohecho tiene dos protagonistas: el que peca por la paga y el que paga por pecar.
Uribe lo negó todo. Y pidió a los congresistas que lo investigan, la mayoría oficialistas, que denuncien ante la Fiscalía General de la Nación al periodista Daniel Coronell, director de noticiero de televisión de fin de semana Noticias Uno.
La intervención de Coronell fue crucial para que Medina se autoincriminara en el proceso judicial abierto por la Corte Suprema de Justicia por la compra venta de su voto y del de Teodolindo Avendaño, también parlamentario entonces.
En mayo 2004, el proyecto que permitía la reelección inmediata estaba en tercer debate, de los ocho reglamentarios para una reforma constitucional.
Éste debía pasar la votación en la Comisión Primera de la Cámara baja del legislativo, de 35 miembros. Para ese momento actuaban nueve suplentes. Entre ellos estaban Teodolindo Avendaño y Yidis Medina.
Medina, ex empleada del servicio de aseo en el Concejo Municipal (legislativo local) de Barrancabermeja, llegó en 2002, “no siempre por los métodos más ortodoxos” según expresión de Coronell en una reunión con periodistas de la asociación profesional Medios para la Paz, a ser la segunda del político local Iván Díaz Mateus, hermano de un paramilitar de esa región del Magdalena Medio.
Yidis Medina, de 38 años, madre cabeza de familia, fue representante a la Cámara baja del legislativo exactamente tres meses a partir del 1 de abril de 2004, en los que reemplazó al titular Díaz Mateus. Estaba en el lugar indicado en el momento indicado para una política corrupta.
Para finales de mayo, el gobierno tenía 16 votos, la oposición otros tantos y había tres indecisos: Rosemary Martínez, del central departamento del Tolima, hermana de un ex presidente de la Cámaraque perdió la investidura. Los otros dos eran Medina y Avendaño.
Martínez anunció que ya había negociado con el gobierno y que votaría afirmativamente la reelección, Avendaño dijo que votaría en contra y Medina señaló que estaba indecisa, y que esperaba negociar con el gobierno.
En vísperas de la votación, 18 de los integrantes de la Comisión, incluidos Medina y Avendaño, firmaron una proposición sustitutiva que hundía la reelección.
El día de la votación, Avendaño se ausentó y Medina sorpresivamente cambió su voto. Otro parlamentario no asistió.
En agosto, Medina pidió una cita urgente a Noticias Uno. Expresó que su jefe político,Díaz Mateus, le había advertido: es mejor que no siga presionando al gobierno. Un día le pueden mandar un abogado con moto (un sicario), y resultar usted muerta.
Medina consideró que, si había un video y una prueba clara de quiénes la estaban amenazando, se iba a saber por qué la habían matado. El testimonio fue grabado con el conocimiento de sus hijos, bajo la condición de publicarlo sólo si le sucedía algo a la mujer.
Pero hacia el final de la grabación, cuando Coronell repasó la condición para su publicación, Medina le agregó que éste podía ser publicado también si le incumplían.
En la grabación participó un equipo periodístico del noticiero.
En 2005, Coronell consultó con varios colegas de renombre, cuya identidad él por ahora se reserva, sobre la posibilidad ética de romper el pacto de silencio.
Recibió el concepto de que tenía que respetar el pacto con la fuente mientras no hubiera vidas de por medio.
Medina nunca volvió a pasarle al teléfono a Coronell, y éste tuvo que asilarse en agosto de ese año, tras amenazas de muerte contra su pequeña hija. En textos amenazantes electrónicos contra Coronell resultó implicado un amigo cercano del presidente Uribe.
En el video, Medina dice que en una reunión que sostuvo en la sede presidencial le advirtieron que la reelección era cuestión de “supervivencia del Estado”.
Le ofrecieron, y ella aceptó, puestos y jugosos contratos para sus amigos políticos. La implicación de dos ministros y otros altos funcionarios aún no ha sido fallada.
A principios de este año, Medina comenzó a alardear con que estaba escribiendo un libro que se titularía “Cómo vendí mi voto”, y dio declaraciones a la prensa.
Coronell consideró que Medina había roto el pacto de silencio y le anunció a la política que publicaría el video, lo que en efecto hizo. El documento impidió que Medina se retractara ante la justicia. Su condena cuestiona la legitimidad de la reelección de Uribe.
En su fallo condenatorio contra Medina, la Corte Suprema de Justicia consideró «inaudito» que desde altas esferas del poder se impulsara «la desinstitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del modelo de Estado, (…) en busca de un beneficio particular», y llegando hasta «conductas punibles».
Sentenció, además, que hubo una «desviación de poder» por esos hechos. El gobierno se declaró en rebeldía y convocó un referéndum para «repetir» las elecciones. No lo siguió impulsando, pues la Corte Constitucional se abstuvo de reconsiderar la legalidad de la reforma que permitió la reelección.
Ahora, el presidente considera que Coronell incurrió en omisión de denuncia. La Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, y el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, FIP, lanzaron este viernes una alerta, refutando esa tesis.
Este es el comunicado de FECOLPER:
ALERTA: FECOLPER refuta solicitud de investigación de Presidente Uribe contra periodista Daniel Coronel
22/08/2008
Por considerarla ilegal e intimidatoria para el gremio periodístico, la Federación Colombiana de Periodistas y el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, refutan la solicitud de investigación contra el periodista Daniel Coronel, hecha por el Presidente Álvaro Uribe, el día de ayer.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Acusación de la Cámara, para responder por el presunto delito de cohecho que, aparentemente, habría garantizado su reelección, el Presidente Uribe pidió enviar copia de la diligencia a la Fiscalía para que se investigue al director de Noticias 1, Daniel Coronel, pues considera delito haber guardado durante cuatro años la entrevista hecha a la ex Congresista Yidis Medina, donde confiesa haber sido sobornada por el Ejecutivo.
“Con esta denuncia, lo que el Presidente exige a los periodistas es que dejemos de ser informadores para convertirnos en informantes”, declaró Eduardo Márquez, presidente de FECOLPER y director de Ceso-FIP. “Por otra parte, en la práctica, está pidiendo que destruyamos un principio fundamental del periodismo: el secreto profesional. Lo que hizo Coronel fue guardar una información, por solicitud de su fuente”.
Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado con toda claridad: “El secreto profesional (…) tiene particular relevancia en el campo periodístico, ya que implica la reserva de las fuentes informativas, garantía ésta que, sobre la base de la responsabilidad de los comunicadores, les permite adelantar con mayor eficacia y sin prevención las indagaciones propias de su oficio” (Sentencia No. T-074/95).
En igual sentido se pronunció la Sentencia No. SU-056//95: “Compeler al periodista a revelar la fuente de su información, conduce a limitar el acceso a los hechos noticiosos, porque quien conoce los hechos desea naturalmente permanecer anónimo, cubierto de cualquier represalia en su contra”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Principio No 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, establece: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
Finalmente, el artículo 441 del Código Penal, “Omisión de denuncia de particular”, no contempla el omitir la denuncia del aparente cohecho entre la ex Congresista Medina y el Presidente Uribe, pues hace referencia a otros delitos.
Finalmente Márquez comentó: “Lamentamos que el Presidente haya convertido en normal, atacar a periodistas o medios de comunicación que controvierten sus acciones o las de su gobierno. Esta actitud se suma a la persecución violenta y al acoso judicial, como un factor adicional que induce a la auto censura en Colombia”.
Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER La FECOLPER representa a más de 1100 periodistas en 19 departamentos
Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, CESO FIP La FIP representa a más de 600 mil periodistas en 120 países
“La U estará en el centro de las decisiones, y a eso le apuesto: llevar al partido a apoyar lo bueno; lo que sirve; lo que da resultado, confianza, genera crecimiento social, inversión y empleo”, decía en junio el senador Carlos García Orjuela, presidente del Partido de la U, principal fuerza política oficialista.
García Orjuela ha sido abanderado de la recolección de firmas para impulsar una nueva reforma constitucional que permita la reelección inmediata de quien ya haya sido presidente por dos veces consecutivas, es decir, una reforma constitucional con nombre propio.
Con su detención, este viernes, García Orjuela es el tercer ex presidente del Senado al que meten preso por la investigación de la Corte Suprema de Justicia sobre la parapolítica.
Los otros dos ex presidentes del Senado presos son Luis Humberto Gómez Gallo y Mario Uribe Escobar, éste último principal aliado político del presidente Álvaro Uribe, y primo suyo.
Sólo digo que quizá esté a punto de pasar algo grueso, que desvíe la atención.
Con este testimonio, preámbulo del que será su libro Viaje al infierno, María Jimena Duzán cuenta en la Revista Sohocómo llegó a la decisión de declararse víctima oficial del paramilitarismo, por el asesinato de su hermana Silvia.
Por MARÍA JIMENA DUZÁN
La primera vez que oí hablar de alguien que hubiera iniciado «el viaje» fue a una mujer de inmensos ojos azules que conocí en una reunión en Belfast, durante un viaje por Irlanda del Norte. Como muchas mujeres de su generación —no tenía más de 35 años—, había sido víctima de la violencia política y religiosa que asoló a su país hasta hace poco. Su infancia la pasó esquivando atentados, asistiendo a funerales y visitando en las cárceles a su padre y a sus hermanos, como sucedía con casi todos los militantes del entonces proscrito ejército IRA, una guerrilla católica, de corte nacionalista —que a mí se me asemeja al M-19.
Al igual que muchas mujeres de Irlanda del Norte, ella fue criada en un ambiente segregacionista: sus amigos siempre fueron católicos, como su colegio y el barrio en el que vivió. Por años nunca se cruzó en la calle con ningún protestante y se acostumbró a convivir con esa estética violenta y desoladora que imponen los «muros de paz», unas paredes de cemento que se siguen construyendo hasta hoy en algunas zonas de Belfast, con el propósito de separar los barrios católicos de los protestantes.
Al principio no supe a ciencia cierta a qué se refería esa mujer, cuando hablaba de «el viaje». Sin embargo, al cabo de unos minutos entendí que no se trataba de un viaje cualquiera, sino de uno en especial que le cambió la vida: un viaje íntimo e ineludible hacia los más profundos sótanos de nuestra condición humana; uno que acabó por liberarla de todos esos odios apresados con los que había malvivido y que le permitió acometer un acto de contrición insospechado: el de confrontar a su victimario, cara a cara, como siempre lo había deseado. Pudo mirarlo a los ojos sin el menor reparo y sin el menor asomo de cobardía. Si algo le envidiaba yo a esa mujer era su mirada franca, altiva y transparente.
Sin que me lo hubiera propuesto, de cierta forma, yo emprendí mi propio «viaje» como el que emprendió esa mujer de mirada diáfana y cristalina. Un viaje doloroso y desgarrador hacia lo más profundo de mis entrañas de mujer agnóstica y racional.
Por eso digo que estas líneas están escritas a cuatro manos: las empezó escribiendo la periodista que hay en mí —sí, cómo no, soy periodista—, pero el viaje hacia ese infierno lo hizo la víctima, la hermana de Silvia Duzán, también reportera, asesinada por los paramilitares en febrero de 1990, en una masacre en Cimitarra, junto con cuatro líderes campesinos de esa región.
Comenzaré por decirles que mi historia es, hasta cierto punto, insignificante: en realidad es una más entre las muchas que hay en Colombia hibernando en la desmemoria. Por lo pronto, solo quiero que sepan lo siguiente: pertenezco a ese inmenso número de colombianos que han sido víctimas del conflicto en el país. La cifra más reciente dice que somos cerca de tres millones de colombianos. Sin embargo, ese número es tan arbitrario como la guerra misma, porque en realidad corresponde al número de desplazados registrados por la oficina de la ONU, pero desde el 2001. No se sabe cuántos de esos desposeídos que hoy se encuentran en las ciudades en el rebusque de una nueva vida son víctimas de las Farc, ni cuántos son de los paras, y me temo que nunca lo sabremos.
Lo que sí les puedo asegurar es que yo soy una víctima de las miles que han dejado los paramilitares; ese temible ejército privado, que desde finales de los ochenta y en alianza con el narcotráfico, decidió tomarse a sangre y fuego pueblos enteros, masacrando a la población campesina para hacerse a sus tierras. A pesar de que las masacres por ellos perpetradas han escrito con sangre uno de los capítulos más horrendos de nuestra historia reciente, hasta hoy, la mayoría de sus crímenes siguen impunes, como el asesinato de mi hermana Silvia y de los cuatro líderes campesinos de Cimitarra.
Los paramilitares justifican las atrocidades cometidas en esa guerra, con el argumento de que ese fue el precio que el país tuvo que pagar para desterrar a las Farc de esos territorios y liberarnos a todos de semejante yugo. Yo, desde mi humilde rincón, digo que los colombianos pasamos de los atropellos de las Farc a los atropellos de los paramilitares y que estos, más que un ejército privado creado para defender a los campesinos y hacendados de los atropellos de las guerrillas, fueron un ejército que se constituyó con el fin de forzar en el país una contrarreforma agraria que les permitiera a los paras y a sus aliados concentrar en sus manos untadas de sangre las mejores tierras de este país. Los paras no consiguieron derrotar a las Farc, pero en cambio hoy tienen en sus manos, el 46% de las mejores tierras del país.
Y mientras las Farc, con sus secuestros, con sus extorsiones y con sus minas antipersonales consiguieron el repudio de la gran mayoría de los sectores de la población, los paras, en cambio, despertaron grandes simpatías en las élites rurales —cada vez más penetradas por el narcotráfico— y en un círculo bastante amplio de oficiales del ejército colombiano. Su aceptación social vino de contera.
Tengo la impresión, ahora que estoy recordando estos episodios, de haber vivido una guerra que los medios nunca cubrimos como tal. Aún me pregunto cómo fue que ni la prensa internacional, interesada en guerras más evidentes, ni la prensa nacional, de cabeza en el proceso 8.000, se percataron de lo que años después hemos venido a saber: que entre 1989 y el 2002 murieron asesinados cerca de 20.000 colombianos a manos de los paras, muchos de los cuales fueron descuartizados vivos. Yo misma cubrí algunas de las primeras masacres perpetradas por los paras a finales de los ochenta y a comienzos de los noventa, y lo hice como si estos actos macabros fueran hechos aislados y no evidencias de una guerra sin cuartel que se estaba librando.
Anna Arhendt dice que los alemanes no denunciaron la existencia de los campos de exterminio de los judíos sino mucho tiempo después, no solo porque la propaganda de Hitler convenció a muchos alemanes de que los judíos que se montaban en los camiones iban a ser deportados, no exterminados, sino porque las guerras degradan a la sociedad que las padece y quitan los resortes que nos permiten reaccionar frente a la barbarie. Guardadas proporciones, eso también pasó en mi país. Me pasó a mí, aunque me duela aceptarlo.
Me interesa que ustedes sepan sobre mí una cosa más: que soy una víctima afortunada, si es que acaso existe alguna fortuna en semejante desgracia. A mí por lo menos me entregaron el cuerpo de mi hermana. No tuve que pasar por el drama que han tenido que enfrentar muchas personas en Colombia, quienes aún esperan que los paramilitares se compadezcan con su tragedia y les digan dónde están enterrados los cuerpos de sus seres queridos.
Pero también diría que soy una mujer privilegiada. A diferencia de las víctimas de las Farc, que en buena parte provienen de zonas urbanas y pertenecen a familias de profesionales, lo que las hace algo más visibles a los medios de comunicación, la mayoría de las víctimas del paramilitarismo son mujeres campesinas y anónimas; madres cabeza de familia de escasos recursos que viven en pueblos alejados, de difícil acceso.
Yo, en cambio, he tenido la fortuna de estudiar en un colegio privado, de ir a la Universidad de los Andes a estudiar Ciencia Política y de haber sido becaria de la Universidad de Harvard. En el medio en que yo me muevo no es muy común encontrar una víctima de los paramilitares y les confieso que por mucho tiempo pensé que esa circunstancia me convertía en una desajustada social. Hoy creo que esa particularidad me confiere la condición de ser una rara especie en esta guerra olvidada.
Por cuenta de lo que me pasó, he tenido la oportunidad de mirar con otros ojos a esas viudas y a esas madres que han visto morir a sus esposos y a sus hijos, bajo las balas. Sus testimonios crudos y dignos no los he podido olvidar, ni cuando me sumí en la desmemoria. En cambio no recuerdo ninguna frase memorable pronunciada por ningún presidente o líder político nacional ni extranjero de los tantos que he entrevistado en 20 años de vida periodística.
Mi condición de víctima oficial la adquirí hace poco y la historia es más o menos la siguiente: en agosto de 2005, el Congreso colombiano aprobó la Ley de Justicia y Paz, impulsada por el gobierno del presidente Uribe, la cual tenía como propósito otorgar reducciones de penas a aquellos jefes paramilitares que se desmovilizaran y estuvieran dispuestos a decir la verdad y a reparar a sus víctimas.
La ley fue aprobada en medio de una tremenda polémica nacional porque no fue producto de un consenso político. A última hora, el gobierno no incluyó en el proyecto final las propuestas hechas por los ponentes, las cuales provenían no solo de la oposición sino de las filas del uribismo. Su gran reproche era que se trataba de una ley que pensaba más en los victimarios que en las víctimas. Afortunadamente, cuando la ley llegó para su control a la Corte Constitucional, el alto tribunal en su fallo trató de enmendar este vacío.
Desde mi trinchera de periodista controvertida y polémica —así se me conoce en ciertos círculos políticos y sociales— asistí a la aprobación de la ley con un interés inusitado. Al comienzo de los debates el proyecto me pareció farragoso: era evidente que el gobierno se estaba viendo en aprietos para deslindar el paramilitarismo del narcotráfico. Me parecía una división tan inocua como degradante que me recordaba una conversación que alguna vez tuve con una familiar de uno de los jefes paras desmovilizados. «Vengo a entrevistarme con usted para aclararle que mi hermano sí es paramilitar, ¡nunca narcotraficante!», me aclaró la señora, como si traficar con coca fuera peor visto que asesinar a campesinos con motosierra.
Sin embargo, pese a estos reparos y a otros que no menciono, la ley tenía una virtud invaluable para mí: por primera vez, nos daba a las víctimas del paramilitarismo la visibilidad que hasta ahora el Estado nos había negado y pensé que después de tantos años de impunidad, esa podría ser una señal de que el viento empezaría a soplar a favor nuestro. Pero además, si esta ley lograba desmovilizar a los paras y si estos a su vez dejaran de matar y de narcotraficar —según informes de la Policía Nacional, todos ellos representaban en ese momento el 70% de la droga que salía del país—, ¿qué más queríamos?
En un acto de optimismo inusitado en mí, decidí poner a un lado los reparos que le tenía a la Ley y me propuse darle un compás de espera. En diciembre de 2005, se anunció que uno de los jefes paramilitares históricos del Magdalena Medio se iba a desmovilizar con el propósito de someterse a la Ley de Justicia y Paz. El nombre de ese comandante era Ramón Isaza, mejor conocido como ‘Don Ramón’.
La noticia de su desmovilización me produjo un sabor agridulce, porque despertó memorias de épocas aciagas que quería olvidar.
Durante casi 20 años, Ramón Isaza había sido el jefe supremo del paramilitarismo en el Magdalena Medio, y yo y medio país sabíamos que en esa vasta zona no se movía una hoja sin que él lo autorizara. Su búnker, bien conocido por todos los pobladores del Magdalena Medio, quedaba en su finca Las Mercedes, situada en un pequeño pueblo donde ‘Don Ramón’ solía despachar como amo y señor de la región. Durante muchos años, y mientras que el paramilitarismo cometía las peores masacres en el país, Isaza vivió allí plácidamente como un gran notable, como un gran señor.
Esa noche, en compañía de mis hijas y de mi esposo —fui madre tardía, como ya lo verán—, vi por la televisión cómo Isaza entraba a la cárcel La Picota. Visto de lejos parecía un humilde campesino entrado en edad. Mi mamá, que no podía creer lo que veían sus ojos, me llamó y me dijo una frase con una voz entrecortada que removió todos mis recuerdos apresados: «Esperé tanto este día que ya no sé lo que siento. De todas formas, algo es algo… él nunca se imaginó que entraría a una cárcel».
El 12 de marzo de 2007, Ramón Isaza fue llamado a rendir versión libre ante la Fiscalía. Me senté a ver la noticia por la televisión, no sin sentir comezón en los labios: ahí estaba muy orondo él, con su piel cetrina, con su cara de yo-no-fui, al lado de su abogado, diciendo que él no era un hombre rico —¡pensar que sus tierras van desde Puerto Boyacá hasta La Dorada! —, y que no era más que un viejo campesino indefenso, incapaz de matar una mosca.
Isaza afirmaba semejante mentira, con una propiedad casi melodramática. Recordé cómo bajo su dominio se sucedieron varias de las masacres más macabras ocurridas a finales de la década de los ochenta. Una a una, fueron reviviendo en mi memoria, como si nunca las hubiera olvidado: ahí estaba la de los 19 comerciantes de Barrancabermeja, asesinados en una carretera a las afueras de ese puerto petrolero a finales de 1988. Sus cuerpos fueron echados al río como si se tratara de basura.
A los pocos meses de ese horror, una comisión de fiscales que iba a investigar la masacre de los comerciantes asesinados en Barranca fue acribillada por grupos paramilitares como si fueran animales de monte, cerca de La Rochela, en Santander. Por esta masacre, que la justicia tampoco ha logrado esclarecer, el Estado colombiano fue recientemente condenado por la Corte Interamericana a pagar cinco millones de dólares a los familiares de las víctimas.
Fue también bajo el mandato sanguinario de Ramón Isaza que ocurrió el infausto capítulo protagonizado por el mercenario israelí Yair Klein, el ex militar que llegó al Magdalena Medio, recomendado por varios generales activos, con el propósito de entrenar al primer ejército paramilitar que se creó en el país, hace ya 25 años. Yair Klein vino a Colombia varias veces y pudo salir y entrar del país sin ningún problema. Durante sus largas estadías en el Magdalena Medio, entrenó a los paras en el arte de la guerra, les enseñó a hacer bombas y a preparar atentados, muchos de los cuales acabarían asesinando prácticamente a una generación de candidatos presidenciales, exterminando a los miembros de la Unión Patriótica y acabando la vida de miles de polícias, jueces y periodistas en los años que estaban por venir.
La última vez que se supo de Yair Klein fue a comienzos de los noventa, cuando salió del país de manera clandestina, antes de que la justicia lo capturara. En mayo de 2008, el gobierno del presidente Uribe lo pidió en extradición a Rusia, país donde el mercenario se encuentra hasta hoy pagando una pena, pero la solicitud fue negada. El argumento que adujeron no deja de ser una pieza digna del teatro del absurdo: según ese gobierno, Colombia es un país muy inseguro y la vida de Klein corre peligro. ?
Todo esto no me lo inventé yo, desde luego. Gran parte de lo que estoy rememorando se lo contó a Fernando Cano, entonces director de El Espectador, un hombre de ellos, un paramilitar arrepentido llamado Diego Viafra, quien, luego de la masacre de La Rochela, no pudo más con su alma y decidió desertar de los paracos y contarlo todo a ese periódico.
Evidentemente una persona con este historial tan sangriento difícilmente podría ser un campesino del común. Mi indignación fue suprema. Sin embargo lo que realmente me sacó de mis casillas no fue lo que dijo Isaza, sino lo que afirmó a rajatabla su apoderado: «El señor Isaza —dijo el abogado— no puede confesar ningún crimen porque padece de alzhéimer».
No podía recordar ningún crimen, pero en cambio su alzhéimer sí le permitía recordar que él era un campesino humilde y sin dinero.
Ese día, con la rabia que me quemaba la piel, llamé a un amigo que era abogado, reuní a mi familia, a mi hermano Juan Manuel, a mi cuñado Salomón Kalmanovitz y a Julia, mi mamá, y les comuniqué mi decisión:
—Quiero registrarme como víctima oficial de los paramilitares dentro de la Ley de Justicia y Paz. Quiero hacerle recordar a este desmemoriado los crímenes que ha cometido —les dije.
—Si tú estás dispuesta a hacerlo, nosotros también —fue la respuesta que me dio Salomón.
Camino a mi casa, y mientras divagaba en uno de esos trancones interminables tan frecuentes en Bogotá, pensé para mis adentros: vaya paradoja la mía. Ahora que no le tengo miedo a recordar, el que no quiere recordar es mi presunto victimario.
Contada así como se las he contado, esta historia parece más fácil de lo que realmente fue. La decisión de registrarme como víctima y de aceptarme de esa forma no fue fácil. Hoy sé que en realidad me tomó casi tres años decidirme, los años que duró mi «viaje» hacia el infierno.
Un fantasma recorre el mundo: el fantasma del periodismo basado en la ética de los derechos humanos. El que se ve a si mismo como un servicio público, y como engranaje que garantiza el derecho de la sociedad a estar informada.
En el marco del 12 Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Ciudad de Gijón, en Galicia, se promulgó el 18 de julio el Manifiesto Periodismo y Derechos Humanos. Son 161 palabras que lo dicen todo, en estos tiempos en que el titular parece ser “El fin justifica los medios”.
El derecho a la información es una condición fundamental para el desarrollo pleno de la democracia, así como para que los ciudadanos puedan opinar y actuar libremente.
Los periodistas y las empresas periodísticas deben contribuir a que se respeten los derechos humanos, y su labor debe poner de manifiesto todas sus violaciones.
Las nuevas tecnologías amplían las posibilidades de acceso a nuevos medios de comunicación: democratizan el derecho a informar y a ser informado, y favorecen el desarrollo del periodismo desde el enfoque de los derechos humanos.
La independencia de los periodistas es vital para la sociedad y el periodismo es un servicio público a los ciudadanos que no puede estar sometido a intereses políticos o económicos particulares.
La defensa de los Derechos Humanos es una de las tareas primordiales del periodismo y los periodistas no podrán ejercer su labor si sus propios derechos humanos son vulnerados.
Firmantes.
Javier Bauluz. Periodista. Director Encuentro Internacional de Fotoperiodismo. Premio Pulitzer
Luis Acebal. Vicepresidente Asociación Pro Derechos Humanos de España APDHE
Eduardo Márquez. Periodista. Presidente Federación Colombiana de Periodistas. FIP
Enrique Meneses. Periodista. Corresponsal desde 1956 para LIFE, Paris-Match, TVE, etc.
Walter Astrada. Fotoperiodista. Freelance. Premio World Press Photo 2007
Karen Maron. Periodista. Premio Club de Prensa Madrid 2006
Jesús Abad Colorado. Fotoperiodista. Premio Internacional Libertad de Expresión CPJ, Nueva York. Premio Nacional de Periodismo de Colombia.
Enrique Hidalgo. Fotoperiodista Diario El Mundo. Finalista Premio FotoCAM 2008
Miguel de la Fuente. Camarógrafo.TVE. Premio Universidad de Georgia, The Foster Peabody Award 2005
Juan Luis Sánchez. Periodista. Jefe de Producción Propia y Comunicación Digital en Expo Zaragoza 2008
Rosa Jiménez Cano. Periodista. La Comunidad de El País Digital
Ali Hussain Khudhair. Periodista iraquí de ABC News.
Juan Medina. Fotoperiodista. Agencia Reuters. Premio World Press Photo 2006.
Juan Manuel Pardillas. Director Informativos Cadena Ser en Tenerife y Corresponsal El País Canarias. Premio de Periodismo Ernesto Salcedo
Patricia Simón. Periodista. Coordinadora Encuentro Internacional de Fotoperiodismo
Suiza “tomó nota” de la decisión de Bogotá de excluir la mediación europea de los acercamientos con las FARC para conseguir una solución negociada.“Hay una fuerte tensión entre Suiza y Colombia”, está claro que “Colombia quería sacarse de encima a los países mediadores», dijo a Swissinfo Bruno Rütsche, especialista del Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, organización helvética con más de 20 años de presencia en este país.
A veces pasan cosas por acá que me dan vergüenza ajena, y no dejo de preguntarme por qué, si no tengo nada que ver con lo que el presidente Álvaro Uribe haga o deshaga.
Cuenta El Tiempo en su edición de este viernes que el presidente Álvaro Uribe “careó” a los dos emisarios de los tres países amigos (Francia, Suiza y España) cuando se los encontró en los pasillos de la Casa de Nariño, sede presidencial, el viernes 27 de junio, en la semana antes de la operación “Jaque” del miércoles 2 de julio, que liberó a 15 cautivos de la guerrilla, incluida Ingrid Betancourt.
El emisario francés Noël Saez y el suizo Jean-Pierre Gontard estaban acompañados de sus embajadores.
Salían de una reunión con el Alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, en la sede presidencial.
Relata el periódico en su edición impresa: “Uribe se los topó. No hubo saludo. El Presidente los careó, los señaló con su índice, y les reprochó sus actuaciones como mediadores: ‘Mal, ¡Muy mal! (…) Eso no es así. No les quito la mediación por respeto a sus países’, dijo Uribe y les dejó claro que no confiaba en ellos”.
“Ni los emisarios ni los embajadores tuvieron tiempo de replicar. El presidente, una vez ‘cantada la tabla’, siguió su camino. No hubo diálogo”.
Una razón para la furia presidencial -prosigue El Tiempo- es que, según su gobierno, en los computadores de «Raúl Reyes» que la fuerza pública dice haber encontrado en el campamento del guerrillero abatido el 1 de marzo en territorio ecuatoriano, «Reyes» dice que los emisarios europeos dicen que ellos le dicen a Uribe «el loco».
El Tiempo (que a veces publica columnas de la médica de Uribe, en las que la galena nos explica qué bueno es, desde el punto de vista de su salud, que el presidente sea maleducado), intentó justificar el trato del mandatario colombiano a los representantes de Francia y Suiza:
“Uribe estaba indispuesto, pues el día anterior había conocido pormenores del fallo de la Corte Suprema que cuestionó el trámite del acto legislativo de la reelección. De hecho, el presidente se topó con los emisarios cuando se dirigía al primer piso de la Casa de Nariño con el ministro de Protección Social, Diego Palacio, para anunciar que este último demandaría a magistrados de la Corte ante la Comisión de Acusación”.
Mejor dicho, El Patrón estaba hecho una hidra, para satisfacción de su médica.
Hoy se conoció una comunicación de organizaciones de derechos humanos al comandante de las FARC, Alfonso Cano. Le proponen liberar, antes del 20 de Julio, al resto de “retenidos” que le faltó liberar a la operación Jaque.
Es decir, al grupo de 25 personas que, como hasta el 2 de julio Ingrid Betancourt, han estado sometidas a canje por la guerrilla y que permanecen en la manigua.
El 20 de Julio, día nacional de Colombia, habrá una manifestación contra el secuestro que promete ser gigantesca, pues los medios de comunicación están haciendo una convocatoria masiva.
Las organizaciones humanitarias firmantes esperan que la liberación de los cautivos genere “un nuevo ambiente nacional a favor del diálogo y la negociación, donde ojalá los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición tengan cabida”.
La carta abierta está fechada el 5 de julio y encabezan las firmas las dos primeras organizaciones humanitarias que se crearon en Colombia: el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, entre cuyos fundadores está el escritor Gabriel García Márquez, y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que en 1978 inició los foros nacionales sobre la violaciones a los derechos humanos que ya abundaban en el país.
También suscriben la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, ligada a la iglesia católica y que mantiene un estrecho acompañamiento a las comunidades en medio de la guerra y publica el boletín electrónico Por lo menos sus nombres, en homenaje y memoria de las víctimas.
Asimismo la Fundación Manuel Cepeda Vargas, de familiares y amigos del senador de la Unión Patriótica y periodista asesinado en 1994; Andas, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, integrada por desplazados; la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, y la Fundación Cese el Fuego, para el esclarecimiento de los hechos en la toma guerrillera y la contra-toma militar del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
Este es el texto:
Bogotá, julio 5 de 2008
Comandante
ALFONSO CANO
Secretariado de las FARC
Colombia
La sucesión de hechos que han transcurrido durante el presente año han puesto de manifiesto nuevamente los dolorosos impactos sobre la población que continúa ocasionando el conflicto colombiano.
El país saludó en su momento y sigue valorando el gesto unilateral expresado por ustedes al dejar en libertad a Consuelo González, Clara Rojas, Luis Eladio Pérez, Jorge Eduardo Gechem Turbay, Orlando Beltrán y Gloria Polanco, lo cual significó una luz de esperanza para avanzar en la solución de esta crisis humanitaria. Crisis que refleja la existencia de causas profundas del conflicto, injusticia, exclusión e impunidad que deben ser resueltas en un diálogo político.
Con ocasión de la libertad de Ingrid Betancourt, los tres contratistas norteamericanos y los once oficiales y suboficiales de Ejército y Policía, se abre de nuevo una profunda reflexión en diversos sectores de la sociedad sobre la urgencia de que las personas aún retenidas regresen al lado de sus familias, pero también, para que se valore la posibilidad de reabrir acercamientos entre las partes enfrentadas que permitan un nuevo ciclo de conversaciones que apunten hacia los acuerdos y la paz.
El próximo 20 de Julio el país ha sido convocado a expresarse en favor de la vida y la libertad. Esperamos que sea una jornada en contra de la guerra y en pos de una salida concertada hacia la paz. Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos la presente misiva nos dirigimos a usted para proponerle liberar antes de esa fecha a las personas aún retenidas, con lo cual se generaría un nuevo ambiente nacional a favor del diálogo y la negociación, donde ojalá los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición tengan cabida.
Nos ponemos en disposición para lo que sea necesario en esa perspectiva.
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Fundación Manuel Cepeda Vargas, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Justicia y Paz, Andas, Fundación Cese el Fuego, CODHES.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
Con este testimonio, preámbulo del que será su libro Viaje al infierno, María Jimena Duzán cuenta en la 