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Así titula Swissinfo un despacho este martes, cuya lectura recomiendo. No solamente está en “línea de fuego colombiano” el facilitador suizo Jean-Pierre Gontard.
Creo que el principal balance, tras la dicha sin límites que significa volver a oír a Ingrid Betancourt en libertad, y lo más importante, que su liberación y la de los demás haya sido incruenta, en una operación de inteligencia militar el pasado 2 de julio, es que ha quedado “en línea de fuego” la solución política.
Había empezado a pintar mi casa cuando me sorprendió la operación Jaque.
En medio del arduo trabajo que prosiguió y que continúa, de seguimiento periodístico y de puesta a prueba de las descripciones de la operación de rescate (descripciones que, por cierto, han ido variando con los días), así como la puesta a prueba de las versiones que han surgido, mi casa –forrada de libros- parece poco menos que el campamento bombardeado de Raúl Reyes, aunque sin muertos, claro.
Por fin terminó ayer la labor de pintura. Ya comencé a reordenar los libros y a ponerlos en su lugar. Ya está casi organizada la biblioteca de poesía, la consentida, la que mejor me ilumina, y anoche emprendí la organización de la biblioteca sobre la historia de este país.
La biblioteca de guerra, la llamo. En la que apoyo mi labor cotidiana en el esfuerzo permanente por equivocarme lo menos posible, para mi lector o lectora, y para mí misma.
Paso amorosamente un trapo un poco húmedo por cada tomo, y lo coloco en el sitio al que cronológicamente corresponde.
El ejercicio ha servido para repasar esta guerra sin fin, cuán largo es el horror que se va juntando en los anaqueles, las oportunidades de paz desperdiciadas, los pactos traicionados.
También, para tener presente que la guerrilla colombiana ha sufrido derrotas muchas veces; ha decretado cese de fuegos y se ha desmovilizado unas cuantas; y tantas otras ha vuelto a la batalla. ¿Por qué?
Los tomos van contando que la guerrilla –por lo menos esta guerrilla campesina de las FARC, que hoy tanto humilla y maltrata a sus rehenes y prisioneros- surgió como una autodefensa ante la violación de los derechos humanos promovida por gamonales, a través de bandas armadas que actuaban con la fuerza pública de la época, por allá a mediados de los años 40.
Como en Colombia la historia da vueltas en redondo, la fórmula fue repetida por narcotraficantes aliados del ejército y de la policía desde los años 80.
Espero que otros concluyan, aún hoy, como yo, que para salir de ese encallamiento repetitivo la única solución garantizada y sustentable es cambiar ciertas costumbres y negociar.
Una negociación política que sea respetada.
Acompañada de verdad y justicia y –a juzgar por los muchos volúmenes de mi biblioteca sobre la estructura de la propiedad de la tierra- de un reparto más equitativo de ése, que sigue siendo el bien más preciado en este país tan rico y tan bonito.
Esta mañana acompañé a ASFAMIPAZ en su plantón de todos los martes en la Plaza de Bolívar por el acuerdo humanitario que ha gestionado Jean-Pierre Gontard, entre muchos otros.
Los de ASFAMIPAZ siguen pensando que la negociación con las FARC es la vía más civilizada y la garantía más segura de volver a ver a los suyos con vida, como sueñan, y “sin un rasguño”, como regresaron los del 2 de julio, tal como me dijo la presidenta de ASFAMIPAZ, Marleny Orjuela.
Yo esperaba que las madres y padres de los policías y soldados que se quedaron en la selva tuvieran mucha compañía en este primer martes en la Plaza de Bolívar tras la operación Jaque.
Pero no: estaban solos. Quizá más solos que nunca. Y tenían miedo, y desesperanza, librados únicamente a la fe en Dios.
julio 8th, 2008
“No se puede eludir la acción de la justicia con un plebiscito en las urnas”, señala un comunicado emitido este viernes por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), una coalición de 199 organizaciones colombianas que trabajan en la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) instó a la Corte Constitucional a reexaminar la validez de una reforma constitucional para la reelección inmediata que fue conseguida mediante hechos de corrupción, y a la Fiscalía a que investigue a todos los ministros y colaboradores de Uribe involucrados.
El presidente Álvaro Uribe y sus asesores señalaron a la CSJ de guerrillera, y a sus magistrados de tener vínculos con paramilitares y narcotraficantes.
Esa situación no tiene solución jurídica, dijo Uribe como argumento para anunciar que hará que el parlamento, de mayoría uribista, tramite rápidamente “un proyecto que autorice nuevamente su reelección”, como define sin ambages la CCEEU la idea presidencial de un referendo que “repita” los comicios de 2006.
¿”Repetir” elecciones? ¿Con los mismos candidatos? ¿Con las fuerzas paramilitares, armadas o de civil, llevando a votar por Uribe a las comunidades a las buenas, y si no, a las malas? En todo caso, tanto la trampa para conseguir la reelección, como la embestida contra el alto tribunal que investiga la parapolítica, denotan pies de barro.
Uribe está buscando “impedir que actúen los controles constitucionales para aclarar la validez del acto legislativo que dio origen a la reelección”, y “obstaculizar los procedimientos judiciales que deben enjuiciar los hechos delictivos que estuvieron detrás de su cuestionada aprobación”, dijo la CCEEU, y yo me pregunto por qué tanto desespero del presidente y los suyos por retener el poder.
Uribe se opuso a una reforma política para depurar el parlamento, y quiere que apenas una decena de “académicos” oficialistas introduzca una reforma a la justicia y evalúe qué hacer ante el hecho de que, por ahora, la tercera parte del parlamento está enredado en la parapolítica. Eso es cerrar, no abrir la democracia. Al presidente ni se le pasó por la cabeza promover un plebiscito para que el pueblo defina qué hacer con las «sillas vacías» de los parapolíticos.
Al acusar a la CSJ de prestarse a la trampa del terrorismo, Uribe retoma el mismo argumento con el que ha atacado “a los defensores de derechos humanos, a quienes ejercen la oposición política, y a quienes les ha tocado ejercer funciones judiciales y de control que no coinciden con (sus) criterios e intereses”, advierte la Coordinación sobre la frase más extraña de Uribe en su declaración, casi a la medianoche del jueves. Dicen que el gobierno está ardido porque la Corte no le ha dado credibilidad a los contenidos de los archifamosos computadores que supuestamente pertenecían a «Raúl Reyes».
La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos exige al presidente respetar a los magistrados de la Corte y acatar estrictamente sus decisiones y procedimientos judiciales, “sin importar el rango ni la autoridad” de los involucrados en corrupción para torcer la votación en el parlamento.
Además, pide a la Fiscalía “continuar con las investigaciones para enjuiciar a todos los responsables de estos delitos”, y exige “que se continúe el procedimiento de control constitucional sobre la validez del cuestionado acto legislativo de la reelección”. La Corte Constitucional tendrá que decidir sobre la impunidad, o no, de la corrupción en Colombia.
CCEEU llama al parlamento a no seguir aceptando las presiones del Ejecutivo, y le solicita que se niegue a dar trámite a la reforma, que “lo que pretende es desconocer la integridad de la magistratura y la legitimidad de las actuaciones y decisiones de la Justicia”.
Si la ley de referendo se sometiera hoy a votación de las comisiones constitucionales de ambas cámaras, según el noticiero CMI se repite el empate de hace cuatro años, cuando el gobierno le compró el voto a Yidis Medina y, supuestamente, también a Teodolindo Avendaño.
¿Son realmente tan fuertes como parecen?
junio 28th, 2008
Jorge Eliécer Pardo
Premio nacional de cuento sobre desaparición forzada “Sin Rastro”
A las amorosas mujeres colombianas
Como a mis hermanos los han desaparecido, esta noche espero a las orillas del río a que baje un cadáver para hacerlo mi difunto. A todas en el puerto nos han quitado a alguien, nos han desaparecido a alguien, nos han asesinado a alguien, somos huérfanas, viudas. Por eso, a diario esperamos los muertos que vienen en las aguas turbias, entre las empalizadas, para hacerlos nuestros hermanos, padres, esposos o hijos. Cuando bajan sin cabeza también los adoptamos y les damos ojos azules o esmeralda, cafés o negros, boca grande y cabellos carmelitas. Cuando vienen sin brazos ni piernas, se las damos fuertes y ágiles para que nos ayuden a cultivar y a pescar. Todos tenemos a nuestros NN en el cementerio, les ofrecemos oraciones y flores silvestres para que nos ayuden a seguir vivos porque los uniformados llegan a romper puertas, a llevarse nuestros jóvenes y a arrojarlos despedazados más abajo para que los de los otros puertos los tomen como sus difuntos, en reemplazo de sus familiares. Miles de descuartizados van por el río y los pescadores los arrastran a la playa a recomponerlos. Nunca damos sepultura a una cabeza sola, la remendamos a un tronco solo, con agujas capoteras y cáñamo, con puntadas pequeñas para que no las noten los que quieren volver a matarlos si los encuentran de nuevo. Sabemos que los cuerpos buscan sus trozos y que tarde o temprano, en esta vida o la otra, volverán a juntarse y, cuando estén completos, los asesinos tendrán que responder por la víctima. Si la justicia humana no castiga a los verdugos, la otra sí los pondrá en el banquillo de los que jamás volverán a enfrentarse a los ojos suplicantes de los ultimados.
Esta noche hemos salido a las playas a esperar a que bajen otros. Nos han dicho que son los masacrados hace varias semanas, los que sacaron a la plaza principal y aserraron a la vista de todos. Quiero que venga un hombre trabajador y bueno como los pescadores y agricultores de por allá arriba y que yo pueda hacerle los honores que no le dieron cuando lo fusilaron. Mis hermanas tirarán las atarrayas y los chiles para no dejarlos pasar, uno no sabe si el que le toca es el sacrificado que con su muerte acabará la guerra. Aquí todas creemos que nuestros difuntos prestados son los últimos de la guerra, pero en los rezos nos damos cuenta de que es una ilusión. Cuando traen ojos se los cerramos porque es triste verles esa mirada de terror, como si en sus pupilas vidriosas estuvieran reflejados los asesinos. Nos dan miedo esos hombres armados que quedan en el fondo de los ojos de los muertos, parecen dispuestos a matarnos también. Muchos párpados ya no quieren cerrar y, dicen en el puerto, que es para que no olvidemos a los sanguinarios. Los enterramos así, con el sello del dolor y la impunidad mirando ahora la oscuridad de las bóvedas.
Algunos están comidos por los peces y los ojos desaparecidos no dan señales del color de sus miradas. A muchos de los que nos regala el río y no tienen cara, nosotras les ponemos las de nuestros familiares desaparecidos o perdidos en los asfaltos de las ciudades. Pegamos las fotografías en los vidrios de los ataúdes para despedirlos con caricias en las mejillas. Fotos de cuando eran niños, con sus caras inocentes. Las novias hacen promesas, las esposas les cuentan sus dolores y necesidades y las madres les prometen reunirse pronto donde seguramente Dios los tiene descansando de tanta sangre. Las solteras les piden que les traigan salud, dinero y amor. Y cuando las palomas anidan en las tumbas es el anuncio de que deben emigrar para otra parte de Colombia o para Venezuela, España o los Estados Unidos.
Los primeros meses poníamos en sus lápidas las tristes letras de NN y debajo un número para que todos supieran que era un muerto con dueño, o mejor un desparecido reencontrado. Cuando nadie viene por ellos y las autoridades también los dejan a la buena de Dios, los dueños de los cadáveres los rebautizan con los nombres de sus muertos queridos. Es como un nacimiento al revés: parido entre el agua del río y lavado después en la arena. Les llevamos flores, les encendemos veladoras y les regalamos rosarios completos y unos cuantos responsos. Todas sabemos que en cada rescatado hay un santo.
Los lunes nos reunimos en un rezo colectivo porque ya todas tenemos muertos y sabemos que están muy solos y que todavía sienten la angustia de haber sido degollados, descuartizados o ejecutados con desmayo en la humillación. El dolor produce una mueca que nos hace respetar más al sacrificado. A los aterrorizados les tenemos más amor y consideración porque uno nunca sabe cómo es ese momento de la tortura lenta y cómo enfrentaron las motosierras, las metralletas, los cilindros bomba.
Cuando oímos los llantos colectivos de las viudas errantes buscando a sus muertos, en peregrinación por las riveras, como nuevos fantasmas detrás de sus maridos, les damos los rasgos corporales y les entregamos los cadáveres recuperados. Lloramos con devoción y esa misma noche se los llevan envueltos en costales de fique, sábanas viejas, en barbacoas o en los cajones simples que nosotras hemos alistado para los difuntos santificados. Romerías con linternas apuntando el infinito con estrellas como pidiendo orientación al cielo para no perderse en los manglares, tras la huella invisible del río. Lloran como nosotras la rabia de la impotencia. Cuando no encuentran al que buscan nos dejan su foto arrugada porque ya no importa tanto la justicia de los hombres sino la cristiana sepultura de los despojos.
Nos hemos contentado con recibir y adoptar pedazos porque tener uno entero es tan difícil como el regreso de nuestros muchachos que reclutaron para la muerte. Ellos no volverán, mucho menos las noticias porque la guerra se los come o los ahoga. Cuando no se los traga la manigua, los matan las enfermedades de la montaña o el hambre.
Nos han dicho que no somos los únicos en el puerto, que en Colombia los ríos son las tumbas de los miserables de la guerra. Los viejos nos han dicho que siempre los ríos grandes y pequeños albergan a las víctimas, desde la violencia entre liberales y conservadores de los siglos pasados cuando venían inflados, flotando, con un gallinazo encima.
Al reemplazar el NN en la lápida por el nombre de nuestro esposo o hijo, la energía que viene del cemento es como la que sentimos cuando nos abrazábamos antes de la desaparición. Lo sabemos porque al golpear la pared y empezar las conversaciones secretas, después de las palabras, aquí estamos, no estás solo, nos llega un vientecito tibio como el calor de los cuerpos de nuestros seres inmolados. Los santos asesinados son los mismos en todo el mundo, en todas las guerras y nosotras lo sabemos sin decírnoslo. A algunas de nuestras vecinas les han dicho que se vayan del puerto, que busquen en las ciudades un mejor porvenir para los niños y muchas se han ido sin regreso posible. Entonces regalan o encargan a su muerto, a su Alfredo o Ricardo, a su Alfonso o Benjamín, para que los guíe y cuide en los largos y miedosos tiempos del errabundaje. Así el puerto se ha quedado con muy pocos niños y las adolescentes desaparecen antes de que los padres las saquen de las zonas de candela. Por eso creemos que nuestros muertos, los descendientes sacrificados que nos da el río, reemplazarán a tantas familias que mendigan por Colombia. Mi esposo seguramente ha sido redimido por otra madre desconsolada, más abajo de aquí, porque hemos sabido que lo arrojaron desnudo y dividido, lo acusaban de enlace de los grupos armados. Tendrá otras manos y otra cabeza, pero no dejará de ser el hombre que amaré por siempre, así me lo hayan arrebatado untado con mis lágrimas. Se me ha acabado el agua de mis ojos pero no la rabia. El perdón, el olvido y la reparación, han sido para mí una ofensa. Nadie podrá pagar ni reparar la orfandad en que hemos quedado. Nadie. Ni siquiera el río que nos devuelve las migajas, nos da la comida para vivir y nos entrega los muertos para no perder la esperanza.
Nuestro cementerio no es de desconocidos como pretendieron hacernos creer. Nosotras no pedimos a nuestros muertos números de suerte ni pedazos de tierra para una parcela, pedimos paz para los niños que aún no entran en la guerra a pesar de que a muchos de nuestros sobrinos los han quemado o arrojado al agua. Los niños no llegan a las playas, no son pescados por manos bondadosas. Dicen que a ellos los rescata un ángel cuando los asesinan. El río los purifica.
Después de tantas noches de cielo hechizado, de tanto llanto contenido, mi hija ha quedado viuda. Por eso está conmigo esta noche en la orilla, rezando para que baje un hombre por quien llorar junto a nosotras. Más arriba hay chorros de linternas. Sabemos que cada uno tiene los muertos que el río buenamente le entrega. No importa que seamos un pueblo de mujeres, de fantasmas, o de cadáveres remendados, no importa que no haya futuro. Nos aferramos a la vida que crece en los niños que no han podio salir del puerto. A nuestras criaturas inocentes las hemos dejado dormidas para salir a pescar a los huérfanos de todo. Mañana nos preguntarán cómo nos fue y nosotras les diremos que hay una tumba nueva y un nuevo familiar a quien recordar.
Bajan canoas y lanchas. No sabemos si estamos dentro de un sueño o nosotras flotamos despedazadas en el agua turbia, en espera de unas manos caritativas que nos hagan el bien de la cristiana sepultura.
junio 26th, 2008
Anoche fueron llamados a indagatoria los generales en retiro Jesús Armando Arias Cabrales y Rafael Samudio Molina, que están vinculados al proceso penal por secuestro y desaparición forzada durante la contra-toma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985. Las indagatorias se llevarán a cabo el 30 y 31 de julio.
En ese entonces, el general Samudio era comandante del Ejército, y el general Arias Cabrales era comandante de la Brigada 13 de esa fuerza, con jurisdicción en Bogotá.
La Fiscalía General de la Nación consideró que no hace parte de la función militar, por ejemplo, aquello de que gente que salió viva del Palacio de Justicia apareciera muerta después, dentro y fuera del Palacio, o no apareciera nunca. Por eso ha asumido la investigación de esos hechos, provocados por la entonces guerrilla M-19. Colombia aún está pagando las implicaciones del subsiguiente golpe del militarismo.
Hoy me da por reproducir tres citas, sin comentario.
La primera aparece por estos días en el sitio web del Ministerio de Defensa Nacional http://www.mindefensa.gov.co, en la sección “Derechos Humanos”. El link para leer el texto completo no lleva a ninguna parte, pero lo incluyo, por si acaso lo arreglan.
“Derechos Humanos
La posible muerte de civiles en un Objetivo Militar, no deslegitima ni hace ilegal la acción de la Fuerza Pública
En los últimos días se ha tratado de presentar la muerte de algunos extranjeros en el campamento de las FARC en donde murió el segundo cabecilla de las FARC, alias Raúl Reyes, como un crimen. Esta situación está lejos de la realidad, si se analiza desde el punto de vista normativo. El derecho internacional humanitario, que es la ley aplicable a hechos de confrontación como la que desafía a Colombia y a su Fuerza Pública en contra de una organización armada ilegal como lo son las FARC, prevé como legales y legítimos los ataques a objetivos militares cuya neutralización ofrezca una verificable ventaja militar”.
http://www.mindefensa.gov.co/index.php?page=181&id=174&PHPSESSID=850e4457c0ea077b233cf125215c08e1
La segunda cita es del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien expresó el 26 de noviembre del 2006:
“Me emociona mucho compartir este acto con el señor general Rafael Samudio Molina, honra de la Patria y presidente de Acore. (…) Gracias, general Samudio, por lo que ha hecho por la Patria (…) Reitero ante ustedes respetando su patriotismo, su autoridad moral, con una subalternidad ética, porque para asear bien a la Patria hay que respetarlos a ustedes, todo mi compromiso con tres objetivos: la derrota del terrorismo, la derrota de la corrupción y la reivindicación de los pobres. (…) ¡Que viva Colombia!… ¡Que viva Acore, su junta! Señor general Samudio, que le siga sirviendo bien a la Patria, que hay una Patria agradecida con la Fuerza Pública, que le ha mostrado un horizonte promisorio”.
Tercera cita, del ministro de Defensa Juan Manuel Santos:
“Acore, hoy sabiamente dirigida por el general Rafael Samudio Molina, cuya hoja de vida es patrimonio nacional, y con el concurso intelectual y moral de los más eximios miembros de las fuerzas militares, merece todo el respeto y gratitud de la patria, son el mejor ejemplo de una vida entregada a los más altos ideales del espíritu humano.”
junio 26th, 2008
“Los perdono, pero hoy el tiempo es nuestro. Es de nosotros las víctimas”, dijo Aura María Díaz cuando el moderador, antes de darle la palabra, se excusó diciendo que sólo había tiempo para hacer preguntas concretas.
El miércoles, primer día de sesiones del Seminario Internacional sobre Desaparición Forzada “Sin Rastro”, estaban en la mesa, como conferencistas, el Defensor del Pueblo (Ombudsman) Vólmar Pérez, el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación creada por la Ley de Justicia y Paz, Eduardo Pizarro, el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, y María Luisa Ortiz, de la Comisión Asesora Presidencial para las Políticas de derechos Humanos de Chile.
El Ombudsman había recibido ya la crítica de un hombre de unos 30 años, entre el público, que dijo ser funcionario estatal, y que hablaba a título personal, quien reclamó porque “no podemos, en este momento, tener un Defensor del Pueblo de bajo perfil”.
De unos 60 años de edad, contextura gruesa, pelo cano y un vestido naranja de manga corta, Aura María Díaz prosiguió. Transcribo tal cual, porque estoy de acuerdo en que el tiempo de las víctimas llegó:
“Mi pregunta va al Defensor Vólmar Pérez. Quiero nos diga a las víctimas qué mecanismos de prevención hacia la desaparición forzada está adelantando la Defensoría del Pueblo, ya que para nosotros, como Asfaddes (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos), la Defensoría sí es de nosotros, del pueblo. Pero desde hace algunos años está ausente.
“Algo tan mínimo que tenía la Defensoría del Pueblo, que era una cartilla muy instructiva y muy buena, que iba para los personeros en todo Colombia, desapareció, por falta de presupuesto. Era muy importante.
“Todas nuestras víctimas, la gran mayoría, yo por ejemplo, primero llegué a la Defensoría antes que ir a una ONG o a la Personería. En ella está depositada nuestra confianza. Y vemos que hoy, para nosotros, no representa nada.
“Segunda pregunta: ¿Por qué la posición de la Defensoría tan tibia y débil frente a la extradición de los 15 paramilitares (en realidad 14), cuando todos tenemos claro que se llevaron a las espaldas muchísimos de nuestros desaparecidos? Se llevaron la verdad, se lo llevaron todo.
“Es lo más grave que le puede pasar al país. Porque si bien los entes del Estado, llámense F-2, Ejército, Policía, desaparecieron a nuestros familiares, los quemaron, los sepultaron en las Brigadas, en los estadios, en los cementerios clandestinos; no obtuvimos ese testimonio desgarrador de quienes descuartizaron a nuestros familiares y los echaron a los caimanes, que los descuartizaron y los echaron a los ríos. Esa verdad se la llevaron.
“Y no es verdad que aquí se siga investigando en Colombia. Nos han burlado, se han burlado de las víctimas. Esa posición débil, no es buena.
“Tercera pregunta, ¿qué vamos a hacer, doctor Vólmar Pérez, señor Procurador, que no está presente, o su delegado- y me perdonan: soy una víctima y tiemblo, porque me duele:
«¿Qué mecanismo van a adoptar ustedes para hacerle seguimiento al Mecanismo de Búsqueda Urgente (de Personas Desaparecidas)? No está operando. Es que el mecanismo no es para que el general del Ejército pegue varias fotos en los postes públicos y en lugares visibles. Es que el Mecanismo de Búsqueda Urgente no es para que envíen oficios a todas las personerías de los municipios.
“Eso no es. Hay que buscar al desaparecido y no lo están haciendo. Mediante juicios no se busca al desaparecido.
“Y quiero resaltar hoy la memoria, donde esté, del doctor Cayón. No sé donde está. Se ponía su overol, y en (el departamento de) Santander fuimos a buscar los desaparecidos a la finca, al Batallón, al F-2, a todos los lugares. Eso no volvió a pasar. Eso sí era buscar.
“Pero cuando las funciones se les dan a los segundones o terceros, claro que esas funciones desaparecen, porque no hay voluntad política. Lo han dicho aquí, lo han repetido. No hay voluntad para buscar a nuestros desaparecidos.
“Por eso nosotros estamos aquí, 25 años resistiendo, con nuestro dolor a cuestas, llevando el dolor de los miles y miles de desaparecidos.
“Hemos revivido ese duelo cuando nos dicen que han extraditado a 15 paramilitares que se llevan nuestra verdad, que se llevan nuestra justicia. Porque, para el gobierno, primero está el delito del narcotráfico, por encima de la violación a los derechos humanos. Muchas gracias”.
junio 26th, 2008
A Gloria Cuartas hay que estarle regalando permanentemente pañoletas con dibujos de “rabo de gallo”: como la pañoleta verde que lleva en la foto, en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en la región bananera del Urabá, al norte del departamento de Antioquia.
Ella las luce en la cabeza en sus recorridos por las comunidades en resistencia contra la guerra, y la gente se las pide, de recuerdo.
Trabajadora social, proviene de las comunidades de base de la Iglesia Católica.
¿Cómo es que sólo hay hombres aquí?, ¿Dónde están las mujeres?, increpa a los líderes comunitarios y de desplazados que asisten a sus talleres y conferencias en zonas de guerra, mientras las mujeres preparan el almuerzo.
Ella les relata que sólo en el último año, de sus tres como alcaldesa de Apartadó (1997), se dio cuenta de que los 1.200 asesinatos en el municipio no eran casualidad, sino que respondían a un proyecto fríamente planeado.
Siendo alcaldesa, le tocó ser testigo directa del degollamiento de un niño por paramilitares, mientras daba una charla en una escuela.
17 de sus compañeros de trabajo fueron asesinados.
Se enfrentó con el entonces gobernador departamental, Álvaro Uribe Vélez, y con el comandante de la Brigada 17, general Rito Alejo del Río, enfrentamiento que continúa.
Es defensora de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y recibe amenazas de muerte de manera permanente. Sus denuncias sobre la participación del ejército en la matanza de febrero de 2005 en esa comunidad fueron refrendadas este año en confesiones de paramilitares: militares y paramilitares, de manera conjunta, cometieron los asesinatos.
Uribe, hasta hoy, no ha manifestado sentimientos de condolencia o solidaridad con esa Comunidad por sus muertos.
Cuartas ha sido acusada por militares en retiro de tener vínculos con las FARC, porque se manifiesta a favor del acuerdo humanitario, mediante el cual esa guerrilla liberaría a los rehenes que mantiene en su poder, a cambio de insurgentes en las cárceles.
«Soy libre y como tal pido la libertad de todos, de quienes están detenidos, extraditados o secuestrados», responde Cuartas al señalamiento.
Un año y medio después de iniciar su mandato como alcaldesa, Gloria Cuartas recibió el Premio UNESCO Alcaldes por la Paz. En 2007 fue seleccionada por la UNESCO como una de las 60 mujeres que han contribuido al desarrollo de los derechos humanos en el mundo.
Ahora, Gloria Cuartas recibirá el 3 de julio el Premio del Edicto de Nantes, que recompensa a “individuos u organismos que obran o han obrado por la paz civil, el Estado de derecho y la libertad de conciencia”.
El galardón le será entregado a Cuartas en el marco del Tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos, que sesiona entre el 30 de junio y el 3 de julio en el puerto fluvial de Nantes, capital del departamento del Loira-Atlántico, en la Bretaña francesa y a 50 kilómetros de la desembocadura del río Loira.
Bajo el espíritu de “Paz en libertad”, el Premio Edicto de Nantes, dotado con 15 mil euros, fue establecido en 1990 por el Ayuntamiento de la ciudad, como parte de las celebraciones por los 400 años de la promulgación del Edicto de Nantes (Abril de 1598), instrumento que puso fin al conflicto religioso de 37 años de duración y que causó ocho guerras en Francia, a partir de marzo de 1562.
El Edicto de Nantes está inscrito en la historia mundial de la conquista de las libertades públicas e individuales.
En el siglo XVI la tolerancia era inexistente y se la veía como algo “malo”, porque implicaba aceptar que la opinión o religión del otro eran tan válidas como las propias, en un contexto histórico en el que se pensaba que otra religión que no fuera la propia corrompía al ser humano.
Sin embargo, bajo la premisa fundamental de “Quiero que haya paz en mi reino”, el rey de Francia Enrique IV firma en Nantes el edicto (real ley) que aseguró libertades religiosas y civiles para los calvinistas, poniendo fin al conflicto entre éstos y los católicos.
El Foro Mundial sobre los Derechos Humanos se realiza cada dos años en Nantes, a partir de 2004, con el auspicio de la UNESCO, el Ayuntamiento de Nantes, la Región de los Países del Loira y el Departamento del Loira Atlántico.
El Foro de Nantes tiene el objetivo de fomentar la creación o reforzar las redes de solidaridad indispensables a la protección, respeto e implementación de los derechos humanos en el planeta.
El último Premio del Edicto de Nantes (concedido en 2006) fue también para una mujer, la camboyana Somaly Mam, presidenta del AFESIP (Actuar en favor de las mujeres en situación precaria). Mam combate en su país la explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres.
junio 24th, 2008
Prematura extradición de victimarios burla derechos de las víctimas
“La extradición, el día de hoy, de una decena de jefes paramilitares, implica que el Estado colombiano no está en capacidad, ni tiene la voluntad, de llevar a cabo la investigación y el enjuiciamiento por los graves delitos de lesa humanidad cometidos por estas personas”, se lee en un comunicado de la Comisión Colombiana de Juristas.
El párrafo lo dice todo: va dirigido a la Corte Penal Internacional (CPI), que trata crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cuando un estado no puede, o no quiere, juzgar a los individuos que los cometieron.
Para Colombia, el Estatuto de Roma que creó la CPI entró en vigor en noviembre de 2002. Todos los crímenes de esa clasificación perpetrados por los paramilitares después de esa fecha caerían bajo su órbita, si no son juzgados –ahora- por la justicia estadounidense.
Los paramilitares fueron pedidos por Estados Unidos por lo que le interesa a ese país: el narcotráfico. El presidente colombiano Álvaro Uribe dice que el juzgamiento de los capos paramilitares por sus crímenes continuará. El embajador de Washington en Bogotá, William Brownfield, garantizó que habrá acceso directo de los fiscales colombianos y de las víctimas al sistema judicial estadounidense. Ambos pusieron el principal énfasis en que los bienes de los paramilitares servirán para reparar a las víctimas.
“El gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que el Estado y el pueblo de Colombia puedan enviar representantes a los juicios que se adelanten en aquel país a fin de continuar en la búsqueda de la verdad… Además, los acuerdos de cooperación judicial con los Estados Unidos facilitan el intercambio de pruebas y la práctica en ese país por parte de las autoridades colombianas. Los Estados Unidos han reiterado sus compromisos con estos puntos”, declaró Uribe.
Pero otra cosa piensa el abogado cubano-estadounidense Santiago Rodríguez, que defendió ante las Cortes estadounidenses a un narcotraficante colombiano extraditado el año pasado: él no dejaría que un cliente suyo reconociera delitos de guerra que le complicaran el caso por el que está siendo juzgado, o sea narcotráfico.
“Cualquier cosa que diga puede ser utilizado en su contra”, se oye en las películas.
Además, si la confesión de 150 muertos por parte de un paramilitar es mucho para un juez en Colombia, para un jurado de conciencia en Estados Unidos es una catástrofe, advirtió Rodríguez. Y este ramillete de paramilitares, ahora bajo la égida de la justicia estadounidense, suman miles de muertos.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) fue la primera entidad que cuantificó las violaciones al cese al fuego decretado por los paramilitares en diciembre de 2002.
La Ley de Justicia y Paz establece que, si infringían sus compromisos de dejar de delinquir, los paramilitares ya no recibirían máximo ocho años de cárcel, sino que se irían a la justicia ordinaria – donde purgarían 40.
Pero Uribe no pasó a los paramilitares a la justicia ordinaria. “El Gobierno prefirió precipitar la extradición de estas personas a otro Estado, para que las investigue y enjuicie por el delito de narcotráfico, en vez de trasladar el conocimiento de los procesos de justicia y paz a la justicia ordinaria colombiana, para que fuesen juzgados por los delitos de lesa humanidad denunciados por miles de víctimas”, declaró la CCJ.
Esa organización no gubernamental con estatus consultivo ante la ONU consideró que “perfectamente, habría podido llevarse a cabo la extradición en el futuro, luego de culminado el trámite judicial en Colombia”.
La CCJ recordó que la decisión de Uribe “es contraria a una reciente providencia de la Corte Suprema de Justicia”, que estableció que la prioridad sobre la extradición está en los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Además, expresó la CCJ, indica “la declinación del Estado colombiano de su derecho y su obligación de juzgar a estos jefes paramilitares por delitos de lesa humanidad, que constituyen graves afrentas a los derechos humanos, frente a un requerimiento internacional por el delito de narcotráfico.
“Si bien este es un delito grave, no es equiparable a la naturaleza de delitos de lesa humanidad, que como el homicidio, la desaparición forzada, la tortura, el desplazamiento forzado y la violencia sexual, cometidos de forma sistemática y generalizada, atentan contra los seres humanos en su dimensión más valiosa: la vida y la dignidad”, según la CCJ.
El comunicado agrega que “esta decisión significa el reconocimiento, por parte del Gobierno, de que el proceso de ‘desmovilización’ no fue genuino, sino un espejismo (…). Desde hace más de 5 años, las víctimas han denunciado insistentemente la comisión de más de 3.500 asesinatos y desapariciones forzadas, por parte de los paramilitares, sin que el gobierno haya hecho nada para prevenirlo, ni para sancionarlo”.
“Sustraer a los investigados del contexto de la justicia nacional anula la posibilidad efectiva de la sociedad colombiana de confrontar a sus victimarios y de conocer el relato de las violaciones de derechos, de las que han sido y siguen siendo víctimas miles de personas”, advierte esta entidad que representa a varios grupos de víctimas en los procesos contra los paramilitares.
Si el derecho a la verdad, la justicia y la reparación se veía restringido en los procesos judiciales de la Ley de Justicia y Paz, “ahora resultará inexistente por completo. No queda para las víctimas otro camino que intentar, dentro y fuera del país, que se deduzca la responsabilidad correspondiente”, añade la CCJ.
mayo 13th, 2008
Bajo el amparo de las sombras de la noche, y en completo sigilo, 14 criminales de guerra –algunos confesos, otros presuntos- fueron extraditados a Estados Unidos esta madrugada. La justicia de ese país los tiene pedidos por narcotráfico.
Son ellos: Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo alias «Don Berna”, Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”, Hernán Giraldo Serna “El Patrón” de la Sierra Nevada de Santa Marta, Ever Veloza alias «HH» (a punto de entregar a la oligarquía del occidental Valle del Cauca implicada con paramilitarismo)*, Ramiro Vanoy alias «Cuco», Francisco Javier Zuluaga alias «Gordo lindo», Guillermo Pérez Alzate alias «Pablo Sevillano», Juan Carlos Sierra alias «El Tuso», Nodier Giraldo Giraldo, Eduardo Enrique Bengoechea o Vengoechea, Martín Peñaranda alias El Mello, y Eduardo Enrique Goynechea. Además, Manuel Enrique Torregrosa.
Para algunos, como el director de noticias de Caracol Radio Darío Arizmendi, es la prueba de que “el Estado siempre gana”, y de que, si Álvaro Uribe se atrevió a extraditar a los jefes paramilitares, es porque ellos no tienen “la prueba reina” que vincule al presidente -por la vía de la responsabilidad penal individual- al escándalo de la parapolítica.
Para las víctimas, doctas o analfabetas, el proceso de verdad quedó herido de muerte.
En medio del llanto, Teresita Gaviria, portavoz de la asociación de víctimas de Madres de La Candelaria, del noroccidental departamento de Antioquia, dejó en claro que, más que la reparación material, lo que exigen las víctimas es la verdad sobre el asesinato y desaparición forzada de sus seres queridos.
Los gobiernos estadounidense y colombiano aducen que la extradición a Estados Unidos garantizará mejor la reparación a las víctimas. El énfasis en el tema económico ignora lo que las propias víctimas vienen diciendo: lo principal es la verdad. “Tenemos que saber qué pasó, para saber qué tenemos que perdonar”, repiten siempre.
La reconciliación de Colombia pasa por la verdad.
Esta extradición masiva de criminales de guerra a uno de los pocos países del mundo que no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional confirma que la negociación con los jefes paramilitares ha tenido como objetivo apoderarse de sus jugosos capitales, legalizando millones de dólares, en parte, con el pretexto de la reparación.
Estos extraditados son capos del narcotráfico y, cada uno, “mil veces más rico y más poderoso que Pablo Escobar”, como me dijo Gonzalo Guillén, experto periodista colombiano en temas de narcotráfico y corresponsal de El Nuevo Herald en Bogotá.
“Esto es un favor para ellos. De aquí a unos añitos regresan con la nacionalidad (estadounidense), a volver a hacer lo mismo”, supone Raquel George, miembro de Madres de La Candelaria, cuya hija, Ángela Torres, fue desaparecida en noviembre de 2001. George tenía una gran ilusión de que el cadáver de Ángela fuera encontrado por indicaciones de “Don Berna”, que hasta ahora estaba sometido a juicio en el marco de la Ley de Justicia y Paz, aplicada a los paramilitares.
Esta ley, gracias a un fallo de la Corte Constitucional en mayo de 2005 que en su momento sólo fue respaldado, entre los opositores, por el Partido Liberal, les exigió a los paramilitares la “verdad completa”, so pena de ser sometidos a la justicia ordinaria, que les cambiaría penas de máximo ocho años (según Justicia y Paz) por las penas correspondientes al Código Penal, de unos 40 años.
La Ley de Justicia y Paz, tal como fue aprobada por el parlamento, no imponía la exigencia de verdad completa.
Fue ese fallo de la Corte Constitucional el que dañó la estrategia oficialista, y el que dio pie a los procesos contra parapolíticos en la Corte Suprema de Justicia, que ya tienen tras las rejas incluso a Mario Uribe, primo del presidente y su principal socio político.
La verdad, parcial y tímida, estaba comenzando a surgir en estas semanas, también, sobre la implicación de la alta oficialidad en los crímenes de guerra.
Ya veremos, después de esta extradición a Estados Unidos, qué más ocurre con estos militares, en muchos casos entrenados y formados en la Escuela de las Américas.
* Ya publicado este comentario, me aclaró Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, que «H.H.» no fue extraditado, como lo anunció en la mañana el ministro del Interior y de Justicia Carlos Holguín, por cierto miembro prestante de la oligarquía caleña.
mayo 13th, 2008
Me imagino que los presidentes se dividen en los que quieren ser ex presidentes, los que quieren hacerse reelegir y los que no tienen más remedio.
El presidente Ernesto Samper (1994-1998), cuando medio mundo lo quería sacar de la presidencia por la financiación de su campaña por parte del Cartel de Cali, declaró que él, lo que más quería en la vida, era ser ex presidente.
Samper tiene esa capacidad: a problemas gordos, respuestas breves.
En cambio, miren todo lo que tuvo que hacer el periodista argentino Andrés Oppenheimer para saber a qué categoría de presidentes pertenece Álvaro Uribe (2002 -?).
Oppenheimer y Uribe están hablando de la reforma constitucional que busca el presidente colombiano, para crear una súper Corte por encima de la Corte Suprema de Justicia que está juzgando a sus aliados políticos, en el proceso conocido como de la parapolítica:
¿No aprovechará usted esa reforma para introducir una cláusula que le permita aspirar a un tercer mandato?, le pregunté en mi primer intento por obtener una respuesta.
»Es que yo no me reelegí. A mí me reeligieron 7.400.000 colombianos», respondió Uribe.
Pero señor presidente, repliqué en mi segundo intento, ¿qué diferencia habría entre usted y los presidentes autoritarios como Hugo Chávez si cambia permanentemente la Constitución para perpetuarse en el poder? ¿Si se reelige, qué autoridad moral tendría usted para considerarse mejor que Chávez?
»A ver, Andrés, no vengas aquí a hacerme cuestionamientos vía preguntas», dijo Uribe con voz firme, pero sin perder el tono de cordialidad. “Esa es la pregunta que me formulan todos los días en Colombia…Yo te digo a qué reelección aspiro yo: aspiro a que Colombia reelija la (política del gobierno de Uribe de) seguridad democrática, yo aspiro a que Colombia reelija la confianza inversionista».
¿Pero eso implicaría su reelección?, le pregunté en mi tercer intento.
»No te voy a contestar”, dijo Uribe, agregando que está muy ocupado haciendo el trabajo que le ha permitido a Colombia reducir su tasa de homicidios de 35.000 por año de hace cinco años a unos 16.000 proyectados para el 2008, darle los golpes más serios que se recuerden al grupo terrorista FARC, y lograr que la economía crezca a un 7.5 por ciento, la mejor tasa en muchos años.
Señor presidente, insistí por cuarta vez, usted tiene un índice de popularidad del 84 por ciento, el más alto de cualquier presidente latinoamericano, y en casi todos los aspectos su país está mucho mejor que antes. ¿No se va a marear?
Le agregué que ha habido muchos presidentes en Latinoamérica que fueron populares en su momento, como el argentino Carlos Menem o el peruano Alberto Fujimori, que se marearon con el poder. Todos pretendieron reelegirse para un tercer mandato, y todos terminaron mal.
No se preocupe, que a uno lo marearon unas circunstancias, y al otro otras”, respondió Uribe. Sugiriendo que eso no le sucederá a él, señaló que “un campesino labriego trabajador acostumbrado a los malos caminos y a las dificultades… resiste un camino largo y abrupto sin sentir mareos”.
¿Ni siquiera cuando tiene un índice de popularidad del 84 por ciento?, le pregunté en mi quinto intento. »No, y además nunca he trabajado en función de las encuestas», respondió Uribe, para desviar nuevamente la conversación hacia un listado de logros de su gobierno.
Al final de la entrevista, fuera de cámaras, cuando nos despedíamos, Uribe me dijo “No te preocupes, Andrés. No me voy a marear”.
***
Hasta ahí, la clasificación del presidente colombiano en el grupo de los que quieren hacerse reelegir está clara. La pregunta es, si acaso no pertenece a los que no tienen más remedio.
Porque – miren lo que pasó hoy:
A las 10:45 a.m.:
La Fiscalía General de la Nación le dictó medida de aseguramiento por cohecho a la ex parlamentaria Yidis Medina, quien en 2004, según ella misma, vendió su voto al gobierno de Uribe para aprobar la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata.
Medina se entregó a la justicia. Dice que resolvió hablar porque le incumplieron el pacto que habría hecho en 2004, en la propia sede presidencial, de obtener puestos y contratos para cambiar su voto.
Implica al presidente, al entonces y actual ministro de Protección Social Diego Palacio, al entonces ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt, hoy embajador en Roma, y a otros altos funcionarios de entonces.
A las 11:00 a.m.:
La Corte Suprema de Justicia envió copia del expediente de Yidis Medina, con todo el material probatorio aportado por ella, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (cámara baja del Legislativo), ente encargado de investigar y acusar al presidente de la república.
Aunque la Corte Suprema no lo dijo expresamente, debe iniciar así la investigación contra Uribe, por cohecho. La Comisión ya recibió, hace una semana, una demanda contra Uribe, interpuesta por el senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Luis Carlos Avellaneda.
Avellaneda ya había demandado en 2004 a Medina por vender su voto. Fue defendida por abogados que han trabajado para Uribe.
Por cuenta de la demanda del senador del PDA, le corresponde investigar a Uribe -por reparto en la Comisión de Acusaciones- al representante a la Cámara Edgar Eulises Torres, oficialista, involucrado por unas grabaciones reveladas por la prensa el año pasado de haber supuestamente recibido dinero del narcotraficante Olmes Durán Ibargüen, conocido como “El Señor de Buenaventura” y – como dice la prensa- “el otro gobernador del Chocó”.
A la Comisión de Acusaciones se le dice de dos maneras: Omisión de Acusaciones, y Comisión de Absoluciones.
La investigación de los demás funcionarios comprometidos por Medina no es de la competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, sino de la Fiscalía General de la Nación.
Esta tarde, el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, se declaró impedido de investigar este caso, porque fue subalterno del entonces ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt.
Así, hay que nombrar un fiscal ad-hoc. Mecanismo legal para nombrarlo: la Corte Suprema de Justicia lo elige, entre una terna enviada por el presidente de Colombia.
La serpiente se muerde la cola. Uribe, pues, no tiene más remedio.
mayo 8th, 2008
Los ladrillos que son llevados desde hace años a actos públicos, cubiertos de avisos mortuorios que recuerdan nombre por nombre a las víctimas de la guerra, sirvieron anoche para una muy otra cosa, a la salida del ex senador Mario Uribe de la embajada de Costa Rica, rumbo a la cárcel. Vea el momento noticioso
abril 23rd, 2008
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