Cuando el río suena, es porque lleva piedras, dicen.
Los dos principales financiadores de la guerra colombiana (me refiero a gobiernos, no al narcotráfico y la corrupción) saludaron la destitución, ayer miércoles, de 20 oficiales y siete suboficiales del ejército, por ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate.
Ayer se pronunció el embajador de Estado Unidos en Colombia, William Brownfield. Hoy hizo lo propio el gobierno británico desde Londres.
No es que ese respaldo a las destituciones no se necesite: por supuesto que sí.
Pero quizá arroja luz sobre por qué diablos el gobierno de Álvaro Uribe madrugó ayer -en plena visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas- a reconocer lo que hasta hace pocas semanas consideraba calumnias: el fusilamiento de civiles para presentarlos como «muertos en combate», y disfrazados de guerrilleros y paramilitares, esto último para probar que sí persigue a sus aliados.
La práctica no es de hoy, recuerdan las organizaciones de derechos humanos, que vienen denunciando ejecuciones desde los años 70. ¿Por qué reaccionó el gobierno, y precisamente en este momento?
Ayer en Bogotá, en el lanzamiento simultáneo de cuatro informes de la sociedad civil sobre ejecuciones extrajudiciales (hora y media antes, Uribe anunció las destituciones), algunos defensores de derechos humanos estaban desconcertados, y otros especulaban respuestas.
Estas iban desde la actual visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Colombia, hasta el alto riesgo (para Uribe) de que Obama gane la presidencia de Estados Unidos el próximo martes, pasando por el escándalo en los medios.
El senador de izquierda Gustavo Petro tipificó hoy estas ejecuciones extra juicio como crimen de lesa humanidad, y pidió que la Corte Penal Internacional (CPI) intervenga.
Nuevamente cabe recordar que la salvaguarda de siete años para la acción de la CPI en Colombia, y que vence exactamente el 1 de noviembre de 2009, es únicamente para los crímenes de guerra.
No para los crímenes de lesa humanidad -actos repetitivos, planeados fríamente y ejecutados de manera masiva- ni para el crimen de genocidio.
En otras palabras, si Uribe no actúa contra los criminales dentro del ejército, que asesinan inocentes para obtener días de vacaciones, medallas y bonificaciones -como se premian desde hace 100 años las bajas en combate- el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, puede entrar a Colombia mañana viernes.
Y hasta me da por malpensar que quizá hay ya una comunicación en ese sentido de por medio – pero no nos precipitemos.
En todo caso, también hoy jueves, el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, declaró: “Si aquí llegamos a comprobar que esta es una práctica sistemática y generalizada, estamos frente a un delito de lesa humanidad, y de ahí la competencia de la Corte Penal Internacional”.
Eso sí, que quede claro que la CPI actúa sólo si Iguarán no hace nada, como hasta ahora.
Iguarán habló de las recompensas que tanto ha promovido este gobierno: “¿No será que el afán por el positivo*, y el ansia por la recompensa, está generando o llevando a estos graves y oscuros sucesos?” (*Positivo, para los militares, es lo contrario de lo que a uno le dice la palabra–> matar, herir, destruir, confiscar, encarcelar y etc.)
“Con todo el respeto, tenemos que revisarnos todos”—dijo Iguarán, que tampoco ha atendido mucho que digamos las denuncias de los defensores de derechos humanos.
“Yo le diría al gobierno, por ejemplo, que revisara la Directiva Ministerial 029 del 2006, sobre el tema de las recompensas. Porque allí, a riesgo de equivocarme, puede estar diciéndose que hay recompensas, incluso, no sé si son 3 millones 600 mil pesos (unos 1.300 dólares), para cuando se trata de bajas” en combate, recordó Iguarán.
La declaración del gobierno británico, por su parte, da pistas sobre lo que preocupa. Copio el texto, y luego comento.
Bogotá, 30 de Octubre de 2008
La Vice-Ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Gillian Merron, se refirió a la medida tomada por el gobierno colombiano con respecto al retiro de los militares involucrados en las recientes ejecuciones extra-judiciales en el país.
«Es importante que el gobierno colombiano haya tomado la decisión de retirar un número de militares como resultado de su implicación en las recientes ejecuciones extra-judiciales y casos de conspiración criminal. Es de vital importancia para Colombia la reputación internacional, razón por la cual el gobierno y los tribunales deben continuar mostrando una determinación para enfrentar los abusos en derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, y que los condenados por el Sistema de Justicia Civil sean castigados debidamente».
Hasta ahí, la declaración desde Londres, enviada por la Embajada Británica en Bogotá.
Primero, observe mi lector o lectora que Merron no utiliza el término «supuestamente» cuando se refiere a «los militares involucrados en las recientes ejecuciones extra-judiciales en el país».
Aquí en Colombia los medios les están abriendo amplios espacios a los militares destituidos, promoviendo que hasta que no sean vencidos en juicio, son inocentes. Eso es cierto.
Pero una neurona traviesa me cuestiona invariablemente: ¿a los jóvenes llevados al matadero se les aplicó la presunción de inocencia?
También fijémonos en que Merron delimita correctamente: los destituidos ayer están implicados apenas en las ejecuciones «recientes».
De una vez, está hablando de «conspiración criminal». Es decir, de algo planeado.
Cuando hace referencia a la «reputación internacional» de Colombia, uno recuerda lo que ya dijo el ministro británico de Relaciones Exteriores Kim Howells el 1 de octubre al gobierno de Uribe, cuando ya había estallado la bomba de esta pena de muerte a la colombiana: «Crímenes extrajudiciales no tienen lugar en una sociedad civilizada y democrática».
Luego, Merron dice que las investigaciones deben continuar; es decir, estamos apenas en el principio. Y, finalmente, una advertencia al buen entendedor: que ni se le ocurra al gobierno permitir que estos casos pasen a la justicia penal militar.
Por cierto, la radio reporta desde ayer una verdadera avalancha de denuncias desde distintos puntos de Colombia, por fusilamiento de civiles reportados por autoridades militares como muertos en combate, y disfrazados de guerrilleros.
Se menciona por estos días bastante al general Mario Montoya, comandante del ejército, el héroe del ejército de Ingrid Betancourt.
(Ya que la nombro, quiero dejar sentado que yo sí estoy de acuerdo con todos los premios que le han dado a Ingrid, que me encanta saber que puede hablar públicamente y ser escuchada, y viajar por el mundo. Durante tantos años añoré su palabra, esté de acuerdo con ella o no.)
A comienzos de septiembre alcanzaba un punto culminante la cacería nacional e internacional contra quienes hayan tenido o tengan contactos con el secretariado de las FARC. La prueba contra todos ellos: figurar en esos admirables portátiles Toshiba que la fuerza pública dice haber encontrado en el campamento de «Raúl Reyes» en Ecuador. Para mí se trata apenas de una formalidad, pues lo que veo detrás de esa persecución es el intento de quienes se lucran de la guerra de satanizar cualquier posibilidad de diálogo o salida negociada.
Dentro del costal de perseguidos caen desde el gobierno suizo hasta una mujer colombiana que hizo su tesis de grado de sociología sobre esa guerrilla, pasando por Carlos Lozano, periodista y hombre correctísimo con quien comparto, por ejemplo, el convencimiento de la solución negociada y el diálogo.
Pues en septiembre, por iniciativa relámpago de la senadora liberal Piedad Córdoba, 148 personas firmamos una carta al secretariado de las FARC. La idea me encantó: en ese contexto de persecución nacional e internacional a quien se hubiera cruzado cartas con la guerrilla, la propuesta consiste en un diálogo público epistolar con las FARC, gústele a quien le guste.
Justo cuando hoy, en un artículo de IPS, me quejo de la falta de diálogo en Colombia, con fecha 16 de octubre llegó la respuesta del secretariado de las FARC a nuestra misiva.
Copio debajo nuestra carta, y luego la respuesta de las FARC. Perdonará mi lector o lectora, pero me propongo publicar en este blog el diálogo público epistolar que resulte de esa propuesta que yo misma respaldo con mi firma. Eso sí, hasta que me metan presa.
Bogotá DC., septiembre 11 de 2008
Señores miembros del Secretariado:
La solución de la crisis múltiple que aqueja a la sociedad y al Estado colombianos demanda una juiciosa reflexión, así como la participación de los distintos sectores expresados en la sociedad civil y de aquellos actores comprometidos en el conflicto interno armado, social y político que agobia al país, con el objeto de evitar daños a la institucionalidad y propiciar la construcción de una democracia plena con justicia social y paz en la que quepamos todos.
En tal virtud, nuestra aspiración es la de trabajar por desbloquear los caminos que conduzcan a la concreción de un Acuerdo Humanitario que permita la liberación de secuestrados y prisioneros en poder de la insurgencia armada de las FARC y, al propio tiempo, la libertad de los presos de esta guerrilla bajo la jurisdicción del Estado.
Comprendemos que una alternativa diferente al entendimiento político para celebrar un Acuerdo Humanitario y facilitar una salida negociada al conflicto entrañaría el padecimiento de importantes sectores de la población, el inminente peligro para la vida de los cautivos que están en la selva, la degradación de la guerra, y el estímulo a la militarización y al autoritarismo y debilitamiento institucional del proceso político nacional.
El escalamiento de la confrontación ha desbordado la geografía nacional e impacta territorios de países hermanos, con diversos hechos de violencia institucional que han puesto en dificultades las relaciones diplomáticas de nuestro país.
No obstante, tenemos la certeza de que los presidentes y jefes de Estado de pueblos hermanos en el hemisferio, y de los denominados países amigos europeos, concurrirán de manera solidaria a apoyar los procesos de diálogo que estamos proponiendo.
Por las razones expuestas, y con el ánimo de emprender desde ahora la búsqueda de soluciones a favor de la paz de Colombia y el sosiego de los seres humanos afectados por el conflicto, de manera cordial los invitamos a desarrollar un diálogo público a través de un intercambio epistolar mediante el cual ustedes, nosotros y en general la sociedad colombiana podamos identificar los elementos que permitan definir una agenda que esclarezca las rutas en las que sería posible un entendimiento, en aras del anhelado acuerdo humanitario.
Consideramos que ya existe una apreciable corriente de opinión que favorece la promoción de factores contrarios a la solución armada y que está en condiciones de colocar los referentes apropiados para generar una controversia democrática sobre los temas de la paz y de la guerra en Colombia, con el fin de propiciar la convivencia pacífica dentro de una nueva ética social.
Estaremos atentos a su respuesta:
Piedad Córdoba Ruiz, Medófilo Medina, Fabio Morón Díaz, José Gregorio Hernández, Víctor Manuel Moncayo, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Angulo Bossa, Consuelo González de Perdomo, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán Cuéllar, Alfredo Molano Bravo, Javier Darío Restrepo, Daniel Samper Pizano, María Teresa Herrán, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Alberto Rojas Puyo, Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, Iván Cepeda Castro, Raúl Alameda, Florence Thomas, Alpher Rojas Carvajal, Felipe de Brigard, Rocío Londoño Botero, León Valencia, Jorge Enrique Botero, Consuelo Ahumada, Marleny Orjuela, Fabiola Perdomo, Deyanira Ortiz Cuenca, Martha Arango de Lizcano, Claudia Rugeles Flórez, Ángela de Pérez, Yolanda Polanco, Marc Chernick, Gabriel Izquierdo S.J., Gloria Cuartas, Fernán González S.J., José Gutiérrez, Juanita Barreto, Padre Henry Ramírez Soler CMF, Juan Sebastián Lozada, Álvaro Camacho Guisado, Apolinar Díaz-Callejas, Lisandro Duque Naranjo, Alberto Cienfuegos, Ricardo Bonilla, Leopoldo Múnera Ruiz, Renán Vega Cantor, Ciro Quiroz, Carlos Lozano Guillén, Jairo Maya Betancur, Ricardo García Duarte, Jorge Gantiva, Carlos Villalba Bustillo, Constanza Vieira, Gloria Polanco, Apecidez Álviz, Carlos A. Rodríguez Díaz, Venus Albeiro Díaz, Andrés Felipe Villamizar, Arlen B. Tickner, Santiago García, Pepe Sánchez, Patricia Ariza, Carlos Álvarez Núñez, Víctor Gaviria, Jennifer Steffens, Bruno Díaz, Zulia Mena, Gustavo Duncan, Lilia Solano, Julio Silva Colmenares, Oscar Mejía Quintana, Arturo Escobar, Rafael Ballén, William García Rodríguez, César Augusto Ayala Diago, Carlos Medina Gallego, Diego Otero Prada, Rubén Darío Flórez, Darío Villamizar, Luis Fernando Medina, Santiago Araoz, Fabián Acosta, Alonso Ojeda Awad, Jimmy Viera, Efraín Viveros, Mauricio Rojas Rodríguez, Eduardo Gómez, Carlos Villamil Chaux, Fernando Estrada, Moritz Akerman, Ricardo Montenegro, Santiago Vásquez, Enrique Santos Molano, Libardo Sarmiento Anzola, Hollman Morris, Reinaldo Ramírez García, Jairo E. Gómez, Daniel Libreros, Jaime Caicedo Turriago, Héctor Moreno Galviz, Mauricio Archila Neira, Dora Lucy Arias, Luis Alberto Ávila, Olga Amparo Sánchez, Norma Enríquez, Orsinia Polanco, Caterina Heyck, Guillermo Silva, Luis Enrique Escobar, Eduardo López Hooker, Eduardo Carreño, Alexandra Bermúdez, Pilar Rueda, Fernando Arellano, Gabriel Awad, Cristo Rafael García Tapias, Alfonso Santos, Jorge Lara Bonilla, Miguel Eduardo Cárdenas, Andrés A. Vásquez, Jaime Calderón Herrera, Álvaro Bejarano, Álvaro Delgado, Álvaro Villarraga, Armando Palau, Juan de Dios Alfonso, Darío Morón Díaz, Carlos Rosero, María Eugenia Liévano, Hernando Rosillo Torrente, Gonzalo Uribe Aristizábal, Edgar Martínez, Esperanza Márquez, Dídima Rico Chavarro, Danilo Rueda, Eduardo Franco Isaza, Evelio Ramírez, Carlos Torres Corredor, Fructuoso Arias, Gabriel García B, Gabriel Ruiz, Germán Arias Ospina, Gustavo Puyo, Gustavo García, Hernán Cortez A, Ivón González, Jaime Pulido Sierra, Jaime Vasco A, Juanita Bazán, Luís Eduardo Salcedo, Luis Jairo Ramírez, Mario Santana, René Antonio Flórez, Sara Leukos, Víctor José Pardo, Francisco de Roux S.J., Gustavo Gallón, Pierre Gilhodes.
Carta de las FARC a los colombianos partidarios de la solución política a los problemas de la guerra y la paz
Respetados Compatriotas:
Con beneplácito hemos recibido su misiva de septiembre que invita a explorar colectivamente caminos hacia la paz alejados del actual rumbo gubernamental de guerra perpetua que significa persistir en el imposible de una solución militar a los problemas políticos, económicos y sociales que subyacen en el cruento conflicto que estremece al país.
Saludamos el florecimiento de una corriente de opinión que se aparta del falso triunfalismo y de los parámetros de la solución guerrerista a los grandes problemas nacionales. No dudamos del éxito de su gestión porque coincide con el sentimiento y el anhelo de paz de las mayorías.
Esta carta es ya el comienzo del Intercambio Epistolar que nos proponen para discutir en torno a la salida política del conflicto, el canje humanitario y la paz. Participaremos de cara al pueblo en un diálogo con amplitud y franqueza, sin dogmatismos, sin sectarismos y sin descalificaciones sobre los temas que sugieren. Es necesario esforzarnos en procurar la vinculación de la mayor cantidad posible de organizaciones políticas y sociales y de personas independientes.
Nuestra disposición a explorar posibilidades hacia el canje humanitario y la paz con justicia social que es hoy el clamor y la necesidad más urgente y sentida de toda la nación, continúa invariable. La liberación unilateral de seis ex congresistas en el pasado reciente, entregados al presidente Hugo Chávez y a la senadora Piedad Córdoba, buscaba crear condiciones y ambientes propicios al canje de prisioneros en poder de las partes contendientes. Este hecho es testimonio fehaciente de voluntad política.
Muy respetuosamente sugerimos, para reforzar este nuevo emprendimiento, tener en cuenta la manifiesta disposición de la gran mayoría de presidentes latinoamericanos para contribuir con sus esfuerzos en el proceso de intercambio humanitario y paz.
La inmensa bandera de la paz con justicia social deberá ondear definitivamente, libre, bajo el cielo de Colombia. La guerra eterna contra el pueblo que nos quieren imponer para perpetuar la injusticia no puede ser el destino de la patria.
Reciban nuestro saludo cordial.
Compatriotas
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, octubre 16 de 2008
Antes de que la Corte Penal Internacional (CPI) entre a actuar en Colombia por los casos de crímenes de guerra, a finales de 2009, van a aparecer los desaparecidos del Palacio de Justicia (noviembre de 1985).
Y también: antes de que la CPI entre a actuar en Colombia por los casos de crímenes de guerra como el Palacio de Justicia (y otros que no prescriben mientras los restos de los desaparecidos no aparezcan, y otros crímenes más recientes, con o sin desaparecidos, en este rosario interminable), antes de eso, van a desfilar por los tribunales colombianos los máximos militares responsables de esos hechos.
Y Colombia y el mundo se van a maravillar, de tantísima justicia.
Cabe recordar que la acción de la CPI es subsidiaria, es decir que aplica sólo si un Estado “no puede o no quiere” hacer justicia.
El coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega estuvo ayer lunes en audiencia de indagatoria por el juicio que se le sigue por secuestro agravado y desaparición forzada.
Llegué temprano, y lo vi esperar -igual que yo-, entre una cafetería y la calle de los juzgados, en el sector de Bogotá conocido como Centro Internacional. Hablaba por celular mientras paseaba por el andén. Después me enteré que sigue preso.
La familia de Plazas Vega argumenta que él es inocente de las desapariciones forzadas del Palacio de Justicia porque tenía una larga cadena de mando por encima suyo, cuando dirigió los tanques que penetraron en el palacio que había sido ocupado por la guerrilla del M-19.
“Defendiendo la democracia, maestro”, fue la frase que lo hizo célebre, cuando el periodista Hernando Corral le preguntó, en una esquina de la Plaza de Bolívar, en cuyo costado norte estaba el Palacio de Justicia, qué hacía allí su unidad.
Pero Plazas Vega, en lugar de decir quiénes mandaron torturar hasta la muerte no sólo a guerrilleros, sino a los empleados y simples clientes casuales de la cafetería, además de a algunos guerrilleros, ha preferido “revelar” el lunes a los periodistas, a la salida de la audiencia, lo que algunos sabíamos: que a Antropología Forense de la Universidad Nacional de Colombia le fueron entregados varios cadáveres de desaparecidos del Palacio de Justicia, para su identificación.
La estatal Universidad Nacional confirmó en la tarde que, efectivamente, recibió en 1998 de la Fiscalía General de la Nación 22 cuerpos para su identificación, que fueron supuestamente desenterrados de fosas comunes del Cementerio del Sur de Bogotá.
De ellos, 10 fueron identificados en 2004, bajo la dirección del director del postgrado de Antropología Forense, José Vicente Rodríguez.
“No hubo desaparecidos” en el Palacio de Justicia, descubrió ahora Plazas. “No hay desaparecidos de la cafetería”, es decir 11 hombres y mujeres que sus familias buscan desde hace 23 años.
“22 cadáveres sin identificar, muertos en el Palacio de Justicia: ahí están los desaparecidos”, sostuvo Vega.
Es decir, si los restos aparecen, no hay desaparecidos, y el asunto queda enterrado; prescribe.
No contó Vega que ya fueron devueltos a sus familias los restos de al menos seis guerrilleros –puede que esté siendo imprecisa en la cifra- y que recibieron sepultura hace un par de años, en absoluta discreción, por petición de las familias.
Pero, hay un problemilla. Y es que no existe ningún documento de remisión de las 22 osamentas a la Universidad Nacional.
Otro problemilla: los testigos. Los propios torturadores, o los propios soldados que escucharon o ejecutaron las órdenes infames en el operativo.
Edgar Villamizar, uno de esos testigos contra Plazas, considera que su vida está amenazada, dejó constancia oficialmente la juez este lunes.
El abogado de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, el gran defensor de las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia, fue asesinado el 18 de abril de 1998 en Bogotá.
Sus investigaciones, y la exhumación de los restos, evidenciaron que varios sobrevivientes de la toma del Palacio de Justicia fueron capturados y luego asesinados, como recuerda su hermano Germán Umaña.
Me gustaría saber qué día de ese mismo año en que fue asesinado Eduardo le entregaron a las Universidad Nacional las osamentas de 22 personas.
Lo primero que dijo el político Oscar Tulio Lizcano en Cali ayer domingo, cuando exhausto y embarrado compareció ante los medios, tras escapar de la guerrilla de las FARC luego de más de ocho años como rehén, fue:
«Deben comprender, de pronto, mi incoherencia, por la falta del ejercicio de la palabra, toda vez que no podía hablar, ni comunicarme con ninguno de los guerrilleros que me custodiaban”.
Sus captores le tenían prohibido dialogar con ellos, según cuenta. Para hacerle gambetas al silencio, le puso nombre a tres palos, y con ellos hablaba, y les daba clases.
Lizcano era el último parlamentario en poder de esa guerrilla, que esperaba acordar su liberación a cambio de la excarcelación de insurgentes presos.
Este domingo, la cita en Cali se frustró. La comisión que negoció a nombre del presidente Álvaro Uribe antepuso razones de seguridad para que éste no se reuniera con la Minga de la Resistencia Indígena y Popular, que suma ya 45 mil personas. A cambio, dispuso que el encuentro sería con 200 personas. La Minga no aceptó, y tras esperarlo desde las nueve de la mañana, a las cuatro de la tarde le dio la espalda a Uribe.
¿Quizá resulta que la cuna de la democracia no es la «cultura occidental», como la llaman los indígenas? Porque en mi reportería no he encontrado una expresión más majestuosa de democracia que una asamblea indígena. La asamblea es la que convoca la Minga.
Así definen los indígenas qué es Minga:
«Los indígenas nos juntamos dos si se quiere hacer un tull (cultivo tradicional), 10 si vamos a recoger la cosecha, mil si es menester arreglar la carretera, 18 mil si hay que tomar decisiones para el futuro, y todos si hay que salir a defender la justicia, la alegría, la libertad y la autonomía».
Así que la Minga manda. Por eso publico los cinco puntos de la agenda de la Minga de la Resistencia Indígena y Popular –el nombre ha variado con el correr de los días-, que los indígenas esperan debatir públicamente con Uribe. La veeduría del cumplimiento de los acuerdos a los que llegue la Minga con el presidente colombiano estará a cargo de una Comisión de Garantes, entre ellos el juez español Baltasar Garzón.
“Su presencia es indelegable”, le dicen a Uribe en esta carta abierta fechada el 20 de octubre.
Señor Presidente de la República
D. Álvaro Uribe Vélez
Carrera 8 # 7-26 Palacio de Nariño
BOGOTA – COLOMBIA
Al no encontrar soluciones verdaderas y duraderas a la grave problemática social y de derechos humanos, las comunidades participantes en la Minga Indígena de Resistencia Social y Comunitaria nuevamente le hacemos entrega de esta carta abierta, con el fin de concretar el debate público pendiente que desde hace 4 años usted prometió cuando marchamos hacia la ciudad de Cali.
La siguiente es la agenda de trabajo.
1. VIOLACION AL DERECHO A LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS.
• El presidente de la República debe resarcir públicamente el buen nombre del CRIC, de las organizaciones sociales y de las personas respetables a quienes este gobierno ha señalado de terroristas y delincuentes, colocándolos en inminente riesgo.
• Respeto y garantías a la libre movilización social como un derecho constitucional de los colombianos y colombianas.
• El gobierno nacional debe reparar integralmente a las comunidades indígenas víctimas de la violencia de Estado, que para el caso del departamento del Cauca se cuentan la masacre del Naya ocurrida en el año 2001, la masacre del Nilo ocurrida en el ano de 1991, la masacre de Gualanday y la masacre de San Pedro ocurridas en el año 2000, muertos y heridos en los Rituales de Liberación de la Madre Tierra, la Cumbre Social de los Pueblos y de la Minga Social y Comunitaria. Así mismo para las víctimas de otros pueblos y organizaciones del país.
• Asignación presupuestal y respeto a las iniciativas autónomas de protección establecidas en los territorios por las comunidades en el marco de sus Usos y Costumbres.
• Exigimos el desmonte de las estrategias que vinculan a las comunidades en el conflicto social y armado, tales como el pago de recompensas, batallones de alta montaña, familias guarda bosques, erradicación manual de cultivos de uso ilícito que se desarrollan en el marco de la política de seguridad democrática y el Plan Colombia.
• Exigimos el cumplimiento del derecho internacional humanitario, el cual es violentado al instalar trincheras en medio de la población civil, utilizar a la población y las viviendas como escudo de guerra, bombardeos aéreos a la población civil, detenciones arbitrarias, ocupación de los sitios de asambleas permanentes y áreas civiles.
• Atención y reparación integral a la población desplazada y garantías para su retorno.
• Exigimos la salida negociada al conflicto social y armado, y el restablecimiento del acuerdo humanitario.
• Exigimos el respeto a labor de la Corte Suprema de Justicia en el caso de investigación al proceso de la parapolítica.
2. AGRESION Y OCUPACIÓN TERRITORIAL.
• Desmilitarización total e inmediata de los territorios indígenas.
• Detener la entrega de concesiones en territorios indígenas a las transnacionales y multinacionales.
• Detener las fumigaciones de cultivos de uso ilícitos en territorios indígenas, toda vez que afecta a la madre naturaleza y coloca en riesgo la vida.
• Detener el fomento de proyectos destinados al monocultivo. Al contrario exigimos fortalecer los procesos de soberanía alimentaria y los procesos de conservación ambiental.
• Adoptar y respetar el papel de las autoridades tradicionales como legítimas autoridades ambientales en los territorios indígenas.
3. ADOPTAR LA DECLARACIÓN DELA ONU SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS
• Mediante un acto jurídico el gobierno debe adoptar la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas declarada por la ONU.
4. LEGISLACIÓN DEL DESPOJO QUE COLOCA EN RIESGO LA PERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS.
• Desmonte inmediato del Estatuto de Desarrollo Rural- ley 1152 de 2007, que viola abiertamente el Convenio 169 de la OIT, desconoce los derechos indígenas y de los campesinos y legaliza el robo de tierras hecho mediante la violencia.
• Derogatoria de los decretos presidenciales: 616-2838, 616-2838, 1500 y 779.
• Replanteamiento de legislación y de aplicación de la misma en los casos de ley 142 de 1994, ley 1156 de 2007, Estatuto Minero, Ordenamiento de Cuencas.
• Respeto constitucional de la consulta previa y de los derechos especiales de los pueblos indígenas y afrocolombianos en la aplicación de estas leyes y en la formulación de las nuevas.
• El Presidente de la República debe explicar por qué se ignoró completamente la consulta a los pueblos sobre el TLC, realizada por indígenas y sectores sociales, y abrir un debate nacional sobre su conveniencia e inconveniencia, para transmitir sus conclusiones al congreso de los Estados Unidos.
• El presidente de la República debe garantizar el debate nacional y la consulta popular para la firma de tratados con otros países y con la Unión Europea.
5. ACUERDOS INCUMPLIDOS CON ORGANIZACIONES Y MOVILIZACIONES SOCIALES.
• El gobierno nacional debe cumplir de manera inmediata todos los acuerdos firmados entre la organización indígena, así como entre los demás actores sociales y el Estado colombiano. Para que este tema sea operativo, se deben asignar de manera inmediata los recursos necesarios de acuerdo a como lo establecen las comunidades. Para agilizar este tema, las comunidades han definido el método de trabajo que será socializado una vez se instale el debate.
La presente agenda de trabajo será robustecida con las exigencias, propuestas e iniciativas de la población y los sectores que se vayan vinculando a la Minga nacional.
Lo esperamos señor Presidente, su presencia es indelegable.
Atentamente:
Minga de Resistencia Indígena Social y Comunitaria.
Los chamanes (médicos tradicionales indígenas) han dicho que muchos «no van a alcanzar a ver lo que se construyó. Pero también advirtieron: si el pueblo indígena no se manifiesta, sería el acabose. Cumplan el mandato, dijeron. Tendremos que perder a muchos hermanos nuestros, para que nuestros hijos puedan ver este mundo que estamos edificando. La advertencia de los médicos tradicionales es la última palabra. Esto no nos causa miedo, al contrario, nos anima más para salir adelante”, me dijo en la Minga de 2004 Feliciano Valencia, uno de los principales líderes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca.
Hay una diferencia importante entre la Minga a Cali de ese año, y la de ahora. La de hace cuatro años estaba dirigida a la gente. La Minga de 2008 está dirigida al presidente,quien aceptó reunirse mañana con los manifestantes.
INDIGENAS-COLOMBIA: Cien kilómetros de un largo camino
Por Constanza Vieira, enviada especial
CALI, Colombia, 18 sep (IPS) – El cansancio de los caminantes era visible este sábado, quinto día de la mayor movilización del movimiento indígena colombiano, cuando una masa humana se tomó la Plazoleta de San Francisco, corazón de esta capital del sudoccidental departamento del Valle del Cauca. Ir al artículo
COLOMBIA Multitudinario congreso indígena en el camino
por Constanza Vieira
BOGOTA, 15 sep (IPS) Una bicicleta tándem dotada de un transmisor móvil va de una punta a la otra de la marcha de protesta indígena de Colombia, que ya reúne a 50.000 personas sobre la ruta Panamericana con la meta de llegar este jueves a la sudoccidental ciudad de Cali, tras recorrer más de 100 kilómetros.
La misión de «La Radiocicleta», como la llaman, es transmitir lo que ocurre en esta movilización, a la que sus organizadores han dado forma de congreso, a través de una señal que enlaza con Radio Payumat («Pido permiso para entrar»), una pequeña emisora indígena en lengua nasa y español desde Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.
Este particular congreso itinerante, convocado por el pueblo nasa contra la propuesta de reforma constitucional para imponer la reelección del presidente Alvaro Uribe y en rechazo de acuerdos de libre comercio en negociación, se compone de indígenas, de comunidades negras, campesinos y sindicalistas que transitan a pie y en camiones.
En cada localidad por las que pasa, el congreso se detiene a sesionar. Esta marcha iniciada el martes en Santander de Quilichao se ha transformado en la más multitudinaria de la historia del sudoccidental departamento del Cauca, lindante por el sur con Valle del Cauca, con costas sobre el océano Pacífico y hogar original del pueblo nasa.
En apenas 24 horas, esta semana 13 mil personas de toda América Latina enviaron mensajes al presidente Uribe, instándolo a poner fin a la violencia contra los indígenas que protestan, y a sentarse a dialogar con ellos.
La campaña comenzó el lunes en la noche y acompaña virtualmente a la marcha desde entonces. El miércoles en la tarde, el correo electrónico de la presidencia dejó de aceptar mensajes. Quizá, dicen los de Avaaz.org, organizadores de la campaña internacional por Internet, se deba a que el correo de Uribe se saturó.
Con una magnífica nota de Carl Penhault, CNN publicó toda la tarde del miércoles un vídeo tomado por indígenas, que muestra a un francotirador disparando contra la multitud, en el resguardo de La María y desde las filas de la policía antimotines, pero con un uniforme distinto.
Esa misma noche, Uribe interrumpió la programación de todos los canales de televisión.
Reconoció, como un hecho aislado, que ese único uniformado que aparece en el vídeo, y cuyo nombre detalló, sí disparó, pero que no mató a nadie; y volvió a responsabilizar a los indígenas de las tres muertes que han ocurrido entre los manifestantes.
Por explosivos que se les activan a los propios que protestan, según el gobierno. Que muestren las necropsias, contestan los indígenas.
La Autoridad Tradicional, como lo permite la Constitución, ya le aplicó la justicia indígena a un soldado de rasgos aborígenes que se infiltró en la Minga, para “sembrar” en ella una provocación. Fueron nueve latigazos en las pantorrillas y un «refrescamiento», en el que los chamanes nasa, los Teh’Wala, juagan con agua la cabeza y los hombros de quien está siendo «corregido», para que se mejore de los errores.
Uribe cedió a dialogar, pero a medias.
Citó a los indígenas el domingo en la ciudad de Popayán, cuando la Minga (trabajo colectivo para el bien común) iba ya en mitad de camino hacia el norte, hacia la ciudad de Cali. Y citó sólo a sus líderes.
Finalmente, la fortaleza moral de la Minga de la Resistencia Indígena y Popular;
el formidable acompañamiento que le hizo la CUT este jueves, con el paro estatal de 24 horas al que se unieron cortadores de caña, camioneros y estudiantes, entre otros;
esa fiebre de los jóvenes indígenas de andar grabándolo todo en vídeo, conjugada con la sensibilidad y atino del reportero Penhault;
estas firmas a través de Avaaz, 32 más de europarlamentarios en una dura declaración que también se solidariza con la huelga de los cortadores de caña de azúcar, la franca misiva a Uribe del Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel;
la presión de varios países amigos de la paz de Colombia, encabezados por Suiza, y a los que adhirió la ONU, grupo que convocó a su vez una comisión nacional de buenos componedores, encabezada por el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya;
y la labor callada de los tercos de siempre, incluyendo estadounidenses, lograron este jueves empujar a Uribe a que la cita del domingo sea en Cali.
Uribe no consiguió desviar la Minga, ni aislar de su seno a sus líderes, llevándoselos a una oficina o a una base militar en Popayán.
La reunión no será a puerta cerrada, ni sólo con el liderazgo indígena. A ella irán también los cortadores de caña en huelga y muchas otras voces que tienen todas las intenciones de hacerse oír del presidente.
No será éste un consejo comunitario con invitados escogidos por los asesores del mandatario, como los que Uribe realiza ininterrumpidamente todos los sábados desde que se posesionó, en agosto de 2002.
En el sitio de Avaaz.org se muestra este jueves en la noche que, desde que se saturó el correo electrónico de Uribe, más de tres mil personas adicionales lo han instado a negociar. La suma total de personas que le han escrito supera las 16 mil. Esto porque ahora, en la páginade la campaña, se puede suscribir un mensaje colectivo al presidente colombiano. Avaaz.org garantiza que lo hará llegar a su destinatario.
Hoy jueves no hubo violencia en la caminata de la Minga, porque la policía antimotines no se apareció.
La seguridad de la Minga está garantizada por la Guardia Indígena –cuyas únicas armas son bastones de mando adornados con cintas de colores– y por los ojos y oídos de 30 mil personas, que ya han frustrado media docena de montajes que planeaba la fuerza pública, buscando implicar a los indígenas en acciones de fuerza.
Se me ocurre que los mensajes a Uribe deben seguir.Créame, mi lector o lectora, cuando le cuento que son muy poderosasy peligrosas las fuerzas que quisieran violentar la Minga y bloquear la vía a ésta, y a cualquier negociación política que implique conjugar el verbo repartir.
Estamos hablando de que estas miles de voces y firmas se pronuncian por la negociación directa con la población civil, y en torno a las raíces de la guerra.
Del otro lado de la mesa está ese inmenso poder que avasalló a Colombia en los últimos años y que finalmente llegó a la “Casa de Nari”, como cariñosamente le dicen los narcos a la Casa de Nariño, la sede presidencial.
Voilá!, como dicen los franceses. Ahora sí nos vamos entendiendo.
Desde hace tiempo participo en las campañas de Avaaz.org.
Esta organización independiente y sin ánimo de lucro, cuyo staff global está en Ottawa, Londres, Río de Janeiro, New York, París, Sydney y Ginebra, promueve que enviemos cartas por montones, desde todos los lugares del mundo, a los poderosos que atropellan, o a los poderosos que con sus decisiones pueden parar los atropellos de otros poderosos.
Ahora, Avaaz, con 3,2 millones de miembros en todo el mundo, está llamando a enviar 50 mil cartas al presidente Álvaro Uribe.
Para que acepte reunirse con los indígenas. Para que cese la violencia de los fusiles contra la protesta iniciada el 10 de octubre.
“Uribe: ¡Diálogo, no violencia!”, se titula la campaña de Avaaz, a la que usted puede vincularse aquí.
Avaaz llama la atención sobre el inicio, mañana martes, de la marcha de miles de indígenas sobre la ciudad de Cali, capital del occidental departamento del Valle del Cauca.
Teme que la movilización pueda generar una reacción represiva aún más fuerte y brutal de lo que hemos visto en estos días contra los manifestantes en el resguardo de La María, en el departamento del Cauca, vecino del Valle.
“No podemos permitirlo. Envíe un mensaje al presidente colombiano Álvaro Uribe, llamándolo a poner fin a la violencia militar y a aceptar la invitación de reunirse con los líderes indígenas. Uribe se preocupa de su reputación internacional; al enviarle miles de mensajes, le mostraremos que tenemos nuestros ojos puestos en Colombia”, dice la invitación a inundar el correo electrónico de Uribe.
En las últimas dos semanas han sido expulsados de Colombia una alemana y dos franceses que presenciaban la huelga de los cortadores de caña de azúcar, en el Valle del Cauca. Los indígenas también son solidarios con esa protesta.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, cada 53 horas es asesinado un aborigen en este país.
El gobierno colombiano se negó a firmar la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a sus tierras, territorios y recursos que tradicionalmente les pertenecen”.
”Por demasiado tiempo, América Latina ha sido dirigida según los intereses de los ricos, los políticos y los terratenientes. Es tiempo de ponernos de pie por los pueblos, la cultura y el medio ambiente de América Latina”, agrega Avaaz.
Esas caras negras relucientes como panteras, de brazos largos y espaldas fuertes, nacieron de la brasa de sol del África sufrida y olvidada. Vinieron a América como una manada de bisontes en los barcos de “negreros” desalmados a dar su sangre y su fuerza al lado del buey y del carbón sobre los surcos de tierra y en los socavones de las minas.
Aunque han pasado más de 700 años y la civilización humana ha avanzado y los derechos humanos transformaron las constituciones de los países, la situación de estos seres de piel sedosa y sonrisa blanca no ha cambiado. Usted los puede ver por entre los kilómetros de cañaduzales de Palmira, de Candelaria, de Florida, La Paila, Corinto y Puerto Tejada o subiendo al bus en chanclas y los pies ajados, con sombrero de paja, pantalón raído hasta las pantorrillas, machete al cinto y con su tristeza al hombro.
Su paso es cansino y en su rostro se adivina el sufrimiento. No llevan cadenas ni sus brazos están marcados con el hierro de otros días. Pero tampoco en su bolso llevan un contrato generoso que certifique el cansancio de su oficio y el reconocimiento del indolente amo que le usa pero ignora su calidad de ser humano e integrante de una familia colombiana.
En los enormes latifundios de caña bien peinada e irrigada, atravesada por largos trenes con el fruto dulce, no se ven palenques con casas dignas para ellos. Sólo son para ingenieros y oficinistas con escritorio. Ellos serán siempre el rezago del esclavo castigado por el látigo y el liberto del señor feudal con vestido Armani. Sus compañeros son la lluvia en el invierno, el sol a medio día y la soledad en los latifundios inclementes. Su lengua está reseca de tanto rogar por un aumento y una paga que mitigue su Destino aún no redento.
¿Que son víctimas de oscuros infiltrados? A fuer que sí, porque la pobreza y la injusticia en medio de tanta riqueza es un caldo de cultivo del resentimiento. Los “corteros” no tienen a un gobierno que los proteja, no tienen un hospital que los cure en sus cortadas, pero sí una boca que los culpe de acoger al insurgente.
¿Quién hablará bien de estos colombianos a quienes se les llama con el infame nombre que le dan a quien trabaja recogiendo grano a grano el azúcar para la mesa de Epulón? “Cortero”, cara cortada, dedo cortado, machetero que rebana el cuerpo blando para que haga dulce el tinto y el café y la aguadepanela y el manjar del Valle. “Cortero” el hombre y la mujer que madruga hace 700 años a ver quién más lo deja a la intemperie viendo el humo que se alza sobre las fanegadas cosechadas.
Un mes completan estos vallunos que han engrandecido los ingenios, que llenan los containers para el interior y el extranjero en sus justas pretensiones de un bocado más grande para sus flácidos estómagos. Hasta ellos no llega sino la voz amenazadora del quien debe proteger al desprotegido.
Qué falta que hace que hubiera aquí en Colombia un Martin Luther King o un Bob Marley o un Ghandi Negro que cantara un soul herido por esta tristeza de ver sufrir como en Ghana o Bangladesh a nuestros “Corteros”.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
Lo primero que dijo el político Oscar Tulio Lizcano en Cali ayer domingo, cuando exhausto y embarrado compareció ante los medios, tras escapar de la guerrilla de las FARC luego de más de ocho años como rehén, fue:
Desde hace tiempo participo en las campañas de 
