El periodista Arturo Guerrero publicó ayer, 1 de octubre, en su columna del diario El Colombiano, de Medellín, capital del departamento de Antioquia, una referencia a mi intervención el 25 de septiembre en Bogotá, en la celebración del Premio del Edicto de Nantes a Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó (municipio del mismo departamento).
Mi lector o lectora sabrá reconocer que el texto que leí la semana pasada en el homenaje a Gloria nació en este blog, y que sólo lo complementé un poco. Arturo, a su vez, complementó mejor. Va su deliciosa columna, que muestra qué importante es no someter las convicciones al vaivén de la moda; y luego el link a la página de la laureada defensora colombiana de derechos humanos, donde fueron reproducidas mis palabras.
Hugonotes era el apodo despectivo con que los católicos franceses del siglo XVI designaban a los seguidores del reformador protestante Juan Calvino. A lo largo de la segunda mitad de ese siglo y durante 37 años, unos y otros, católicos y calvinistas se despedazaron en ocho guerras religiosas, que como todas las guerras religiosas disfrazan con términos piadosos lo que en realidad era una disputa de tierras, castillos y poder.
Al cabo de las matanzas de rigor, un rey hugonote que para ser rey se convirtió al catolicismo, Enrique IV, firmó con los duques de Bretaña el Edicto de Nantes, ciudad noroccidental sobre el Loira donde la contienda era brava. La ley real concedió libertad de conciencia a los protestantes, en un tiempo en que la tolerancia religiosa era inconcebible, pues la católica era la religión fuera de la cual no había salvación.
El fin de las guerras religiosas trajo apenas una tregua en la carnicería interreligiosa, pues el célebre edicto fue revocado casi un siglo después por Luis XIV, los hugonotes fueron desterrados, y solo la Revolución Francesa cauterizó la furia mística. Por encima de estos avatares, el documento de Nantes pasó al futuro como un hito en la lucha de la humanidad por las libertades civiles.
Cuatrocientos años más tarde, el ayuntamiento de esta ciudad resolvió celebrar el lance creando un premio bienal para individuos o entidades que luchen por la paz civil, el estado de derecho y la libertad de conciencia. Dotado de una bolsa de 15 mil euros, el galardón ha recaído en años anteriores sobre activistas de Chile, Togo, Bangladesh, Israel, Rusia, Suráfrica y Camboya. Este año fue para Colombia.
¿Colombia? Sí. Y más específicamente Antioquia. Después de haberlo recibido la viuda del ex primer ministro de Israel y Nobel de Paz, Yitsak Rabin; después también del mismísimo Nelson Mandela, una trabajadora social paisa tomó en sus manos el pasado 3 de julio el premio Edicto de Nantes 2008 «por su combate por la paz civil en Colombia».
El jueves pasado, en la Casa de España en Bogotá, la galardonada ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas fue aplaudida por su premio, en un acto de reconocimiento a su coraje. La oradora del momento, la periodista Constanza Vieira, le imprimió un sesgo de afabilidad y de equilibrio a este valor con la siguiente confidencia: la batalladora del Urabá antioqueño ¡les tiene miedo a las ranas!
“No hay ninguna investigación en curso contra el general” Mario Montoya, dijo en Washington el canciller Jaime Bermúdez.
«Hemos hablado directamente con el Fiscal General de Colombia y él nos ratificó que no hay ninguna investigación en curso contra el general. Es lamentable que esa información salga sin que se haya corroborado ni verificado», dijo el canciller.
El Washington Post publica hoy un artículo de su corresponsal, Juan Forero, que afirma lo contrario. Párrafo textual de Forero:
«Montoya se encuentra bajo investigación», dijo un funcionario del despacho del Fiscal General en Bogotá que está familiarizado con el caso. «No ha sido acusado, pero ese es el siguiente paso.» Otro funcionario familiarizado con el caso añadió que Palacio «tiene un alto grado de credibilidad.»
Palacio es Luis Adrián Palacio, un ex combatiente paramilitar que declaró ante la fiscalía que el general Montoya, comandante del ejército, colaboraba con los escuadrones de la muerte que tomaron el control de las comunas de Medellín a partir de la Operación Orión, en octubre de 2002 (Uribe se posesionó en agosto de ese año para su primer mandato).
Mañana, el canciller Bermúdez discutirá el artículo de Juan Forero con la mesa editorial del Washington Post.
Bermúdez, quien además de verificar lo que, según él, el periodista no verificó, se reunió hoy con la secretaria de Estado Condoleezza Rice y firmó con ella un convenio sobre energías limpias, que promociona el cultivo de agrocombustibles.
El gobierno estadounidense anunció, también hoy, que seguirá fortaleciendo la tecnología de guerra en Colombia.
Uribe llegó esta noche a Washington. Al mediodía hora colombiana (GMT -5) tuvo una conversación telefónica con el candidato demócrata Barack Obama.
No trascendieron detalles sobre el contenido de la charla pero, como seguro que algún servicio de inteligencia nacional o extranjero la grabó, más adelante podremos verificar de qué hablaron. Se trataron “muchísimo puntos”, fue lo único que contó Uribe.
¿Quién llamó a quién? Publica hoy el bogotano diario El Tiempo: “Una fuente gubernamental colombiana comentó que fue Obama el que llamó a Uribe, después de que este le envió una carta, en la que destacó algunas de las propuestas económicas del candidato.
“La llamada es clave, pues Obama se ha mostrado duro frente a la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, hasta el punto de que en abril, Uribe le hizo un sutil reclamo cuando se enteró de que el candidato pidió a los congresistas de su partido no aprobar esa iniciativa”.
Se me ocurre que, cuando llegue la cuenta del teléfono a la «Casa de Nari», como cariñosamente le dicen los narcos a la Casa de Nariño, sede presidencial colombiana, en teoría también se podrá verificar quién llamó a quién. Mientras, El Tiempo ha publicado una información “sin que se haya corroborado ni verificado”.
Uribe, quien si pudiera votaría por el candidato republicano John McCain, se entrevistará con el presidente Bush el sábado.
El general ( r) Rito Alejo del Río fue detenido el jueves por la Fiscalía General de la Nación, y este viernes debe rendir indagatoria.
¿Alguien quiere evitar que a su caso se le aplique el artículo 20 del Tratado de Roma, que creó la Corte Penal Internacional? El artículo 20 habla de cuando se sustrae al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la CPI, es decir genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La Operación Génesis, comandada por Del Río en 1997, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia y él comandante de la Brigada 17 del ejército, es recordada con indignación y horror en Jiguamiandó, Curbaradó, Pavarandó y Cacarica, en el departamento del Chocó, y en Vigía del Fuerte, San José de Apartadó y Dabeiba, en Antioquia.
De la “limpieza territorial” propiciada durante la comandancia de Del Río en la región, surgieron los cultivos de palma africana que avanzaron por la cuenca del Atrato de norte a sur, sembrando la muerte.
Para mí, la “limpieza territorial” – vaciar los territorios de gente- equivale a la “limpieza étnica” de las guerras en otras latitudes. En Colombia se expresa en desplazamiento forzado.
El 29 de abril de 1999, Álvaro Uribe fue oferente del homenaje de desagravio al general Rito Alejo del Río en el Hotel Tequendama de Bogotá, cuando éste fue destituido del Ejército por sus nexos con el paramilitarismo. Los empresarios antioqueños y los ganaderos cordobeses llamaban al general “el Pacificador de Urabá”.
El prontuario de Del Río muestra que no había tal ausencia del Estado, argumento que invocan los paramilitares para justificar la existencia de estas estructuras, y sus delitos.
El 9 de marzo de 2004, el entonces fiscal Luis Camilo Osorio hizo cerrar y precluir el expediente contra Del Río.
La ultraderecha armada, una parte de la cual se considera legal a pesar de estos antecedentes, enfiló baterías contra el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien se constituyó en parte civil en el proceso contra Del Río presentando pruebas documentadas de masacres, asesinatos y desplazamiento forzado.
Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó, también perseguida por fuerzas de ultraderecha armada tanto legales como ilegales, anunció –según Caracol Radio- que ella igualmente tiene cargos contra el general. Lo demandará penalmente por su presunta participación en la matanza de 130 campesinos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Cuando en este país del poder narcotraficante se revelan o se recuerdan cosas fuertes, por un buen rato suena como un silencio.
Últimamente ese silencio dura poco. Pronto surge alguien, generalmente del gobierno, a dar una noticia espectacular, que desvía la atención totalmente. A veces hasta estallan bombas.
Una mujer, de nombre supuesto Marta (identidad protegida por los periodistas), contó esta mañana en W Radio cómo fue que su familia tuvo que traspasar, ante notaría, todos sus bienes a “Los Pepes” (Perseguidos por Pablo Escobar), para rescatar con vida a un hermano secuestrado.
El notario sigue en funciones en la misma notaría, y los funcionarios de la notaría, por entonces – comienzos de los 90- sabían, igual que su jefe, de qué se trataban esos traspasos masivos de títulos de propiedad, dijo Marta. Su testimonio, con voz modulada para dificultar su identificación, está en La W.
Menciona Marta a un “Guillo” Ángel, que según ella aparecía, en las negociaciones por el rescate del hermano secuestrado, al lado de Don Berna (el verdadero responsable de la “seguridad” en Medellín, mediante sus bandas paramilitares urbanas, y extraditado en mayo a Estados Unidos).
Este señor “Guillo” también existe. Es hermano de Juan Gonzalo Ángel, quien es socio del mexicano Carlos Slim -dueños de mi televisor, mi Internet, mi celular y mi teléfono digital.
Los hermanos Ángel y varios “capi di tutti capi” de los años 80 son mencionados por la periodista colombiana Virginia Vallejo, por entonces amante de Pablo Escobar, en la página 102 y subsiguientes de su alucinante libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar” (Random House Mondadori, septiembre 2007).
Así que el silencio duró poco esta mañana. El grito que se oyó fue, otra vez, el del presidente Álvaro Uribe (páginas 111, 218 y 326 de “Amando a Pablo, odiando a Escobar”). Lo profirió casi quedamente, sin querer pero queriendo, en una reunión con su bancada en “La Casa de Nari”.
Así le dicen cariñosamente los narcos a la sede presidencial, llamada Casa de Nariño en honor del entonces subversivo anticolonialista Antonio Nariño, quien tradujo y publicó en Colombia por primera vez la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa.
Muy prontito después de que Marta diera su testimonio en La W, un representante a la Cámara de la bancada oficialista contó que el presidente contó en la «Casa de Nari» que en 1991 el entonces gerente de la campaña liberal le envió a Harvard (donde Uribe adelantaba un curso y además era candidato al senado, según él) dos millones de pesos para financiar su campaña, y que esos dineros provenían del narcotráfico.
Dos millones no eran suma despreciable en 1991, pero para una campaña no eran gran cosa. Hoy equivalen a unos mil dólares. Uribe dice que devolvió el dinero una vez conoció su origen. No dijo si el envío fue mediante cheque o en efectivo.
Además, Uribe no era candidato al senado en 1991, según periodistas que llevan esas cuentas. Puede que el parlamentario corre-ve-y-dile se haya equivocado al reseñar lo dicho por Uribe. Veremos.
«Es muy curioso que el presidente se haya acordado 14 años después de un hecho en el cual él fue testigo y protagonista, y aparentemente partícipe. ¿Por qué no lo denunció, por qué no lo dijo y por qué no lo llevó a la justicia, si le pareció tan grave?», comentó el ex ministro de Defensa Rafael Pardo Rueda.
Anda, en fin, el presidente poniendo bombas. En estos casos, la acción recomendada no es mirar contra quién pone la bomba, sino por qué. Es decir, hay que mirar para otro lado.
¿Mi estimado lector o lectora no entendió nada? Yo tampoco. En estos temas de narcos uno entiende más lo que está ocurriendo en la actualidad si, en lugar de ver noticias de televisión, sintoniza “El Cartel”, emocionantísima serie televisiva sobre “Los Pepes” de los años 90 y algunos de sus sucesores, que está al aire desde hace un par de meses por el canal colombiano Caracol Televisión.
Tampoco es mala idea leerse a Vallejo, quien no lo haya hecho aún.
En todo caso, si uno mira para otro lado, encuentra que suena cada vez más la versión de que algunos parapolíticos serían pedidos en extradición por Estados Unidos.
Quizá los estadounidenses, que se han quedado con TODOS los computadores incautados a narcos, o con sus copias, y han guardado su contenido en el absoluto secreto, le ganen en la carrera tras los autores intelectuales de la matanza colombiana al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo.
Me llama la atención este texto burocrático, sin signos de puntuación. Y me recuerda la frase del periodista Daniel Coronell en su entrevista, este jueves, a la revista Cambio: “El Ejecutivo está jugando duro y usando indebidamente las herramientas del Estado en beneficio de la permanencia del Presidente y sus aliados en el poder”.
Omito el remitente.
Fecha: jueves, 28 agosto, 2008, 7:37 pm
Asunto: proyectos reforma justicia y reforma politica
Atendiento instrucciones del señor presidente de esta celula Legislativa H.S. Javier Caceres leal, estamos enviando el Proyecto de Acto legislativo No. 07 de 2008 REFORMA A LA JUSTICIA el cual fue radicado en el Senado por el señor Ministro del Interior y que será repartido por la Mesa Directiva una vez llegue a la Comisión y de igual manera y para su conocimiento la Reforma Politica con el número 106 de 2008 y radicado en la H. Cámara de Representantes
Ni “insignificante”, ni “maravilloso”, que militares se disfracen de periodistas, ni en operaciones “perfectas” ni en las que no lo sean tanto.
Los socios y familiares del ministro de Defensa Juan Manuel Santos en el diario bogotano El Tiempo expresan en editorial de este viernes su rechazo al uso de la Misión Periodística en la operación “Jaque”, luego de que lo hiciera Earl Maucker, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP.
No es insignificante
El pasado martes, en la conmemoración de los 15 años del diario Hoy Diario del Magdalena, de Santa Marta, que contó con la presencia del Jefe del Estado y de los presidentes de las cortes Suprema y Constitucional, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Earl Maucker, cuestionó en su discurso que los gobiernos utilizaran credenciales o emblemas de la prensa para sus propios objetivos. La semana pasada, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reconoció que en la ‘Operación Jaque’ se habían usado logos de la cadena de televisión Telesur, financiada por el gobierno venezolano, y dijo que se trataba de un ‘detalle insignificante frente a la magnitud de los resultados’. La afirmación del Ministro es discutible y el hecho debería generar una reflexión de fondo entre los periodistas colombianos y en el Gobierno y las Fuerzas Armadas.
El viernes, después de esa admisión -que despertó preguntas de la prensa extranjera y protestas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y de Telesur-, el Ministro afirmó en el Club Nacional de Prensa, en Washington, que no supo del uso del logo de Telesur sino ‘hasta después’ y dijo: ‘Si yo me pongo en los zapatos de otro medio (como) El Tiempo, un medio de comunicación que tiene que ver con mi familia, y aparece alguien de El Tiempo, y ayudó a que se liberaran unos secuestrados sin que se disparara un tiro, me parecería maravilloso’.
La suplantación de periodistas en conflictos armados es una práctica que pone en riesgo a los periodistas -considerados civiles en el derecho internacional humanitario, y, a diferencia de los combatientes, protegidos en calidad de tales-, y los primeros que deberían tener conciencia de ello son los gobiernos y los militares.
Es una práctica explícitamente desaconsejada por la experiencia internacional y que un Estado de Derecho no debe promover.
Los periodistas de El Tiempo que cubren el conflicto armado deben, por su trabajo, hablar con las FARC y otros grupos armados.
Eso es parte esencial de su labor, y su seguridad depende de que su independencia no se comprometa de ninguna manera. No tiene razón el Ministro si cree que a El Tiempo le parecería ‘maravilloso’ que se utilizara su logo para una operación militar, pues esto solo acrecentaría los riesgos de hombres y mujeres de esta Casa Editorial, que ya encaran suficientes peligros para cumplir una labor difícil y a veces ingrata. Un periódico o un periodista que valoran su autonomía no se prestarían para eso. editorial@eltiempo.com.co
En esta crónica de Javier Arjona sobre la visita de una delegación asturiana de derechos humanos, este mes, al suroccidental departamento del Cauca y a septentrional ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, quedan plasmados de manera estupenda los “dos mundos opuestos” que se ven en Colombia.
Y que necesitan urgente un traductor, como dijo el empresario de medios Guillermo LaChiva Cortés, tras casi siete meses de convivencia obligada con la guerrilla de las FARC. La Chiva fue secuestrado en enero y liberado en agosto de 2000, en uno de los poquísimos rescates militares exitosos, cuando se trata de secuestrados por la guerrilla.
Por cierto, Arjona cuenta que paramilitares desmovilizados están tramitando asilo en España.
Por Javier Arjona desde Popayán, Colombia
(Vía Resumen Latinoamericano – Diario de Urgencia)
1)- El narcotráfico crece en Colombia, nos dicen diversos analistas. Uribe también.
Y sin embargo se beneficia al tiempo de un halo de heroísmo militarista en las cortes europeas. Las multinacionales contentas.
Dos mundos opuestos estamos viendo en Colombia.
Uno de creciente impunidad, que alimenta y alienta nuevas violaciones. Otro de marketing y festejo en torno al más rancio militarismo.
Uno de sufrimientos y víctimas burladas e ignoradas, y otro de políticos uribistas contaminados en el proyecto para-narco-militar, con más de 60 parlamentarios enjuiciados y encarcelados, y como si nada.
Uno, el de la Resistencia de las comunidades, y otro radicalmente opuesto, el del afán de exterminio.
2)- El secretario de gobierno del Cauca, al contrario que su homólogo de Barranquilla, tras escuchar las duras alegaciones de la Comisión Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos, que transmitían elementales y concretos reclamos recogidos en las reuniones de hoy 28 de julio, en Corinto, en Popayán, en la Universidad, con indígenas, con campesinos, con estudiantes y comunidades, se lanzó a una perorata de defensa a ultranza de los logros del uribismo, sin matizaciones en aspectos de su departamento (como sí había hecho el secretario de gobierno de Barranquilla), y sin estimar ni reivindicar otra peculiaridad de Popayán que sus lazos de sangre con España.
Negó el secretario de gobierno la existencia de paramilitares.
Justificó la presencia y acampada de unidades militares en escuelas y lugares públicos como escudos, porque «los otros grupos hacen lo mismo».
Defendió la política de guerra, por sus buenos resultados.
Dijo desconocer la existencia de personas civiles heridas en bombardeo indiscriminado, en concreto en la noche de ayer, a pesar de que una señora fue hospitalizada con herida de bala y su tienda destruida, y dejó a los terratenientes del Cauca fuera del conflicto de tierras, orientando a una confrontación entre indios, negros y campesinos.
Para rematar la faena, el señor secretario de gobierno del Cauca esbozó elogios a Franco y Aznar, y transmitió su alegría por la presencia en su departamento de los bancos Santander y BBVA, pero no se quiso pronunciar sobre la pregunta de la apropiación del agua y otros recursos naturales en la cordillera caucana.
3)- Diez minutos después, el Defensor del Pueblo (ombudsman) de la región Cauca, estaba contradiciendo con sus datos las afirmaciones del gobierno:
-ratificando bombardeos indiscriminados del ejército contra población civil
-afirmando la acampada en escuelas, casas particulares y centros comunitarios del ejército, violentando el Derechos Internacional Humanitario
-señalando la existencia de grupos armados, con idénticas características a las AUC desmovilizadas, con testimonios aportados por las comunidades a la Defensoría de comportamiento igual a los paramilitares de antes, de relación estrecha con el ejército oficial. Con el asesinato y desmembramiento de algunas víctimas.
-el uso inadecuado del ESMAD (antidisturbios de ciudad) contra los indígenas en procesos de recuperación de tierras, contraviniendo los aspectos culturales históricos de esas demandas de territorio usurpado
-denunciando la actitud presidencial de poner precio a la cabeza de los líderes indígenas, como en siglos pasados.
4)- Ha sido detenido el mayor dirigente del mayor partido uribista, el de la «U», parlamentario que hace un número inverosímil de entre los congresistas de Uribe encarcelados por sus vínculos con paramilitares confesos de miles de asesinatos.
Pocos medios españoles mencionan este hecho insólito. En cambio, abundan referencias inescrupulosas desde el punto de vista de la ética periodística, que contribuyen a agravar la persecución en Europa contra refugiados y contra organizaciones que puedan contradecir el discurso militarista de exterminio.
5)- En la Embajada española en Bogotá se ufanan en haber contribuido a convencer al gobierno colombiano para que deje de actuar con los falsos positivos.
Un mecanismo por el que se premia con dinero, con prebendas, con vacaciones, a los militares por entregar muertos. Lo que incentiva que campesinos e indígenas civiles sean asesinados por el ejército, y de inmediato les cambien la ropa y los presenten como triunfos militares.
La afirmación de la embajada, de que esa nefasta práctica se estaría acabando, no la hemos podido corroborar en Colombia: porque continúa.
Pero alguien podría opinar, con fundamento, si esta deplorable práctica se estaría o no trasladando a Europa, con el intento preocupante de criminalizar a organizaciones y activistas solidarios con la paz en Colombia. ¿Falsos positivos en Europa, para beneficio del gobierno colombiano?
Un absurdo, mucho más absurdo que el absurdo de criminalizar a Zaplana, a Rajoy, a Aznar, por haber pagado a los jefes guerrilleros un viaje y alojamiento, y entrevistas con todo el cuerpo diplomático, los empresarios, en Madrid, en Valencia.
Mientras esto ocurre, se reciben paramilitares en los centros de inmigración, en Madrid, en trámite de asilo. Paramilitares que han confesado cientos de crímenes. Alguno de ellos incluso ha sido pillado con armas que ha comprado en el mercado negro español, para horror del resto de peticionarios de asilo.
Esperemos que toda la mala fe mostrada en instituciones españolas no sea vicio contagiado de la fiscalía colombiana, demostradamente al servicio de un proyecto militar y paramilitar de dominación. Un proyecto que enriquece a muchos extremistas de derecha, mientras destruye la vida de millones de colombianas y colombianas.
Nuevas reacciones sobre el abuso de la Misión Periodística en la “operación perfecta”.
Ayer lunes se pronunció Andrés Monroy, asesor jurídico del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, CESO-FIP, a quien ya había entrevistado IPS sobre el tema. CESO-FIP funciona en la sede de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, organización gremial que representa a más de 1.100 periodistas en 19 departamentos de Colombia.
Por otra parte, hoy circuló una carta del neoyorquino Centro para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), dirigida al ministro de Defensa Juan Manuel Santos, quien recientemente estuvo en Washington pidiendo que no le rebajen la financiación militar el año entrante. Para Santos, el uso del logo de Telesur fue “un detalle insignificante frente a la magnitud” de la operación “Jaque”. Todavía nadie dice nada sobre la “clonación” del periodista Jorge Enrique Botero.
La CPJ advierte que “hacerse pasar por periodistas es un acontecimiento preocupante, en especial cuando periodistas en Irak y Afganistán están siendo secuestrados y acusados de ser espías”.
Van los dos textos
Los periodistas son civiles que deben ser protegidos en medio del conflicto armado
Por Andrés Monroy Gómez
Asesor jurídico Ceso-FIP
Este texto demuestra, a la luz de la normatividad nacional e internacional, cómo involucrar a periodistas en operativos militares, o que miembros de alguna de las partes enfrentadas se presenten como periodistas en el desarrollo de una operación militar, pone a los verdaderos informadores en riesgos adicionales a los que deben soportar al ejercer su trabajo en un país azotado por un conflicto armado.
El mayor de estos nuevos riesgos, es que la credibilidad sobre su identidad como periodistas queda en entredicho al momento de encontrarse con distintos grupos armados, convirtiéndose en potenciales víctimas de la hostilidad bélica. La argumentación está en las nociones básicas del Derecho Internacional Humanitario (en adelante DIH), cuyo cumplimiento fue firmado por el gobierno colombiano.
Derecho Internacional Humanitario y periodistas
El DIH es aplicable en circunstancias de conflicto armado y esa es su gran diferencia respecto a los Derechos Humanos. Es un ordenamiento de supervivencia, busca la protección del no combatiente, y tiene como criterio fundamental el principio de distinción entre población civil y combatientes. Las normas del DIH son normas de obligatorio cumplimiento para todas las partes de un conflicto armado [1].
Este tema tiene doble importancia para los periodistas: por una parte, como informadores del conflicto armado deben conocer las normas internacionales relativas al comportamiento que las sociedades civilizadas esperan de las partes enfrentadas en el conflicto. La otra perspectiva de importancia radica en que sus normas son el instrumento por excelencia para que los comunicadores sean reconocidos como civiles y, por lo tanto, no sean involucrados en el conflicto armado. En efecto, es un principio del DIH la Inmunidad de la población civil.
Los periodistas: civiles en medio del conflicto
En DIH se considera población civil toda aquella que no participan activa y directamente en las hostilidades; el «principio de distinción» es pilar fundamental del derecho humanitario: distinguir al civil del combatiente. De esta manera se busca garantizar el respeto y la protección de la población civil y de los bienes de carácter civil.
El Protocolo II relativo a los Conflictos Armados Internos señala, en el artículo 13, que «La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares».
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) explica en el Comentario al Protocolo II [2] que las personas civiles pierden la protección si participan en las hostilidades y mientras dure su participación.
Sobre las operaciones militares, el CICR las identifica como los movimientos o las maniobras de las fuerzas armadas o de grupos armados en acción. Estas operaciones hacen correr a la población civil dos tipos de riesgos: por una parte, el de los ataques; por otra, los efectos de ataques que pudieran afectarla incidentalmente.
Entonces, el periodista que efectúa una misión profesional peligrosa en una zona de operaciones es una persona civil; goza de todos los derechos otorgados a las personas civiles como tales [3].
Periodistas como personas protegidas por el DIH en el ordenamiento colombiano
El Título II del Código Penal Colombiano contiene la descripción de los delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH. Este título, novedad en la legislación penal colombiana, obedece al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano al suscribir convenios y tratados sobre DIH.
El parágrafo del artículo 135 del Código Penal señala que «Para los efectos de este artículo y las demás normas del presente título, se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario:
5. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados«.
Entonces, el hecho de involucrar a los periodistas en operativos militares puede ponerlos en riesgo de ser víctimas de los delitos de constreñimiento al apoyo bélico o represalias, además del riesgo obvio de ser víctima de actos contra su vida e integridad personal. Además, el carácter neutral de los periodistas se ve afectado al hacerlos parte activa de operaciones coordinadas por una de las fuerzas enfrentadas. Al suceder esto, el periodista pierde la inmunidad que le otorga su carácter de civil.
Los periodistas y los equipos de los medios informativos gozan de inmunidad; los primeros, en cuanto personas civiles, los segundos, en razón de la protección general que el derecho humanitario confiere a los bienes de carácter civil. Pero el periodista no está protegido si participa directamente en las hostilidades y mientras dure esa participación [4].
¿Cuál es la diferencia entre periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados?
El DIH distingue, sin dar una definición exacta, dos categorías de periodistas en actividad en una zona de conflicto armado:
Corresponsales de guerra acreditados ante una fuerza armada: Son periodistas especializados que, bajo la autorización y la protección de las fuerzas armadas de un beligerante, están presentes en el teatro de operaciones y cuya misión es informar acerca de los acontecimiento vinculados al curso de las hostilidades [5].
El corresponsal de guerra ha sido entendido como el comunicador que participa de los mismos objetivos que las tropas que acompaña, sigue a las fuerzas armadas sin formar realmente parte integrante de ellas y, en caso de ser detenido, goza de la condición de prisionero de guerra [6].
El periodista independiente es todo corresponsal, reportero, fotógrafo, camarógrafo y sus ayudantes técnicos de fijación, radio y televisión, que usualmente ejercen esa actividad como ocupación principal [7]. El periodista en misión peligrosa no sólo no comparte los intereses de las tropas presentes en el lugar de la información, sino que pueden llegar a ser contrapuestos. El periodista es sin duda un civil, incluso si acompaña a las fuerzas armadas o si se beneficia de su apoyo logístico[8].
Aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario en Colombia
Instrumento
Ley Aprobatoria
Fecha de Ratificación
Fecha de Vigor
1. Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
Ley 5 de 1960
8-11-61
8-05-62
2. Protocolos Adicionales de 1977 a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.
Ley 171 de 1994
1-09-93
14-08-95
1-03-94
15-02-96
[1] Ibáñez Guzmán, Augusto J. «Delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario (a propósito de la configuración de los delitos contra la humanidad)». En: Lecciones de derecho penal. Parte Especial. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2003. Pg. 605 y ss. [2]http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/950B5D7D9CEA18B2C1256E2100501C7D?OpenDocument&Style=Custo_Final.3&View=defaultBody12#2 [3] GASSER, Hans-Peter. La protección de los periodistas en misión profesional peligrosa. Revista Internacional de la Cruz Roja. Número 55. Enero – Febrero 1983. Pg. 3 -19. [4] BALGUY-GALLOIS, Alexandre. Protección de los periodistas y de los medios de información en situaciones de conflicto armado. Revista Internacional de la Cruz Roja No. 853. Pg. 37 – 68. [5] Idem [6] EVANS, Joám; RODRÍGUEZ, Carlos. Análisis jurídico internacional de la protección de periodistas en zonas de conflicto armado. Asteriskos: Journal of Internacional and Peace Studies (2006) [7] Ob Cit. Nota No. 4 [8] Ob. Cit. Nota No. 6.
Colombia admite que soldados fingieron ser periodistas en operación de rescate
[El CPJ envió hoy una carta al ministro de Defensa de Colombia expresando preocupación que las fuerzas de seguridad se hicieron pasar por periodistas en operación de rescate]
29 de Julio de 2008
Juan Manuel Santos
Ministro de Defensa
Carrera 54 No. 26-25 CAN
Bogotá, Colombia
Estimado Señor Santos:
Tras la exitosa operación de rescate de rehenes del 2 de julio que culminó con la liberación de 15 personas secuestradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), le escribimos para expresar nuestra preocupación por el hecho que fuerzas de seguridad se hayan hecho pasar por periodistas durante la misión. Nos alarma que fingir ser periodistas pueda hacer peligrar aún más a la ya asediada prensa colombiana.
Durante el rescate, dos soldados colombianos fingieron ser periodistas de la cadena de televisión estatal Telesur mientras otros pretendieron pasar por trabajadores humanitarios, como su gobierno luego reconoció. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, General Freddy Padilla De León, también afirmó que los soldados que participaron en la operación habían tomado clases de actuación para saber cómo hacerse pasar por guerrilleros, trabajadores humanitarios y periodistas.
El 23 de julio, durante una conferencia de prensa en Washington, usted aseguró que el uso del logo de Telesur fue “un detalle insignificante frente a la magnitud” de la operación. Entendemos lo que estaba en juego y reconocemos que 15 personas fueron rescatadas durante la operación, pero existen riesgos significativos al emplear dicha táctica:
Fingir ser periodistas eleva el riesgo para todos los reporteros, en particular para aquellos que cubren el conflicto civil de cinco décadas en regiones que son controladas por los grupos ilegales armados. En las áreas rurales, los periodistas son a menudo amenazados por guerrillas y paramilitares y presionados por autoridades civiles y militares, según la investigación del CPJ.
Afecta la posición de la prensa como cuerpo independiente, especialmente aquellos periodistas que trabajan en zonas de conflicto y que confían en su estatus civil, tal como establece la Convención de Ginebra.
Al hacerse pasar por periodistas, las fuerzas de seguridad socavan el rol de la prensa libre y producen desconfianza en la profesión, provocando en última instancia un daño al bien público.
Colombia sigue siendo uno de los países donde más periodistas han caídoen cumplimiento de su trabajo en el mundo, y tiene el índice más alto de asesinatos de periodistas por porcentaje de población en toda América Latina, según elÍndice de Impunidadelaborado por el CPJ. Más aún, los asesinatos y otros actos de violencia cometidos por todos los actores del conflicto han conducido a muchos periodistas y medios a autocensurarse mientras cubren temas sensibles, como lo documentó el CPJ en uninforme especial de 2005.
Creemos que el hecho de hacerse pasar por periodistas es un acontecimiento preocupante, en especial cuando periodistas en Irak y Afganistán están siendo secuestrados y acusados de ser espías.
Instamos al gobierno de Colombia a considerar detenidamente las implicaciones de este tipo de práctica y a no minimizar las potenciales consecuencias que tiene para la prensa.
Le agradecemos su atención sobre estos temas urgentes. Esperamos su respuesta.
Atentamente,
Joel Simon Director Ejecutivo
CC:
Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia
Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de Colombia
General Freddy Padilla De León, Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia
Carolina Barco Isakson, Embajadora de Colombia en Estados Unidos
Jakob Kellenberger, Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) American Society of Newspaper Editors
Amnesty Internacional
Article 19 (United Kingdom)
Artikel 19 (The Netherlands)
Canadian Journalists for Free expresión
Freedom of Expression and Democracy Unit, UNESCO
Freedom Forum
Freedom House
Human Rights Watch
Index on Censorship
International Center for Journalists
International Federation of Journalists
International PEN
International Press Institute
The Newspaper Guiad
The North American Broadcasters Association
Overseas Press Club
El CPJ es una organización independiente sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo.
Vamos lento, pero al menos vamos, en reaccionar a la evidencia revelada por el propio Ministerio de Defensa desde el día siguiente de la operación “Jaque”, cuando mostró el famoso vídeo editado de 3 minutos 30 segundos, en el que aparece claramente el uso de la Misión Periodística, y además muestra un trozo del emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja.
La colombiana Fundación para la Libertad de Prensa rechazó el 24 de julio la utilización de la Misión Periodística en una operación de guerra.
«Jaque” usó no sólo los símbolos de Telesur, sino que, según el guerrillero apresado “César”, fabricó un “doble” del periodista colombiano Jorge Enrique Botero. Sobre eso aún no se ha dicho mayor cosa. ¿Dónde está ese doble de Botero? ¿Qué tal que esté yendo a ruedas de prensa y yo me lo encuentre y él no me salude? ¿Y que, para disculparse, el verdadero Botero tenga que invitarme a una cena bien deliciosa en un restaurante bien caro?
A continuación el comunicado de la FLIP, que se titula “Sobre la suplantación de Telesur en la Operación Jaque”; pero yo insisto en que el titular para todo esto es “El fin justifica los medios”. El que esté de acuerdo con esa frase, que tenga en cuenta todas las consecuencias.
Sobre la suplantación de Telesur en la Operación Jaque
En declaraciones públicas entregadas ayer, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos reconoció que el Ejército colombiano utilizó la imagen del canal internacional Telesur en el reciente operativo de rescate de 15 secuestrados en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Al parecer, el logo del medio de comunicación se utilizó en el chaleco del supuesto camarógrafo y en el cubo del micrófono del supuesto periodista. Santos agregó que se trata de “un detalle insignificante frente a la magnitud de los resultados”. Sobre el particular, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), manifiesta lo siguiente:
1. La libertad de expresión en Colombia se ejerce en medio de condiciones adversas. Además del riesgo que presupone cubrir el conflicto armado, los periodistas son víctima constante de amenazas, agresiones y obstrucciones por parte de grupos ilegales, narcotraficantes y funcionarios públicos. Esto sin contar los asesinatos de periodistas en las últimas décadas en Colombia y el estado generalizado de impunidad en que se encuentran las investigaciones judiciales por estos hechos.
2. La suplantación de un equipo periodístico por parte de las Fuerzas Armadas acrecienta aún más la vulnerabilidad que enfrenta el periodismo en Colombia, especialmente en las zonas donde están presentes los grupos armados ilegales.
3. Dicha suplantación también implica un desconocimiento de la condición de civil que ostentan los periodistas en desarrollo de conflictos armados. Según el artículo 79 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, “los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto armado serán considerados personas civiles”. Se entiende por periodista los corresponsales, reporteros, fotógrafos, camarógrafos o ayudantes técnicos. El carácter civil de los periodistas salvaguarda su labor y evita que las partes en conflicto los consideren combatientes o espías.
4. Para la FLIP este hecho no resulta “insignificante”, como afirma el ministro de Defensa Nacional. Preocupa que esta acción termine por estigmatizar el papel de la prensa en el cubrimiento del conflicto armado y, particularmente, ponga en riesgo a los periodistas del canal internacional Telesur. La FLIP exhorta al gobierno para que ofrezca disculpas a este medio de comunicación y que, adicionalmente, manifieste de manera expresa que esta práctica no se implementará en su estrategia de lucha contra los grupos armados ilegales.
Con este testimonio, preámbulo del que será su libro Viaje al infierno, María Jimena Duzán cuenta en la Revista Sohocómo llegó a la decisión de declararse víctima oficial del paramilitarismo, por el asesinato de su hermana Silvia.
Por MARÍA JIMENA DUZÁN
La primera vez que oí hablar de alguien que hubiera iniciado «el viaje» fue a una mujer de inmensos ojos azules que conocí en una reunión en Belfast, durante un viaje por Irlanda del Norte. Como muchas mujeres de su generación —no tenía más de 35 años—, había sido víctima de la violencia política y religiosa que asoló a su país hasta hace poco. Su infancia la pasó esquivando atentados, asistiendo a funerales y visitando en las cárceles a su padre y a sus hermanos, como sucedía con casi todos los militantes del entonces proscrito ejército IRA, una guerrilla católica, de corte nacionalista —que a mí se me asemeja al M-19.
Al igual que muchas mujeres de Irlanda del Norte, ella fue criada en un ambiente segregacionista: sus amigos siempre fueron católicos, como su colegio y el barrio en el que vivió. Por años nunca se cruzó en la calle con ningún protestante y se acostumbró a convivir con esa estética violenta y desoladora que imponen los «muros de paz», unas paredes de cemento que se siguen construyendo hasta hoy en algunas zonas de Belfast, con el propósito de separar los barrios católicos de los protestantes.
Al principio no supe a ciencia cierta a qué se refería esa mujer, cuando hablaba de «el viaje». Sin embargo, al cabo de unos minutos entendí que no se trataba de un viaje cualquiera, sino de uno en especial que le cambió la vida: un viaje íntimo e ineludible hacia los más profundos sótanos de nuestra condición humana; uno que acabó por liberarla de todos esos odios apresados con los que había malvivido y que le permitió acometer un acto de contrición insospechado: el de confrontar a su victimario, cara a cara, como siempre lo había deseado. Pudo mirarlo a los ojos sin el menor reparo y sin el menor asomo de cobardía. Si algo le envidiaba yo a esa mujer era su mirada franca, altiva y transparente.
Sin que me lo hubiera propuesto, de cierta forma, yo emprendí mi propio «viaje» como el que emprendió esa mujer de mirada diáfana y cristalina. Un viaje doloroso y desgarrador hacia lo más profundo de mis entrañas de mujer agnóstica y racional.
Por eso digo que estas líneas están escritas a cuatro manos: las empezó escribiendo la periodista que hay en mí —sí, cómo no, soy periodista—, pero el viaje hacia ese infierno lo hizo la víctima, la hermana de Silvia Duzán, también reportera, asesinada por los paramilitares en febrero de 1990, en una masacre en Cimitarra, junto con cuatro líderes campesinos de esa región.
Comenzaré por decirles que mi historia es, hasta cierto punto, insignificante: en realidad es una más entre las muchas que hay en Colombia hibernando en la desmemoria. Por lo pronto, solo quiero que sepan lo siguiente: pertenezco a ese inmenso número de colombianos que han sido víctimas del conflicto en el país. La cifra más reciente dice que somos cerca de tres millones de colombianos. Sin embargo, ese número es tan arbitrario como la guerra misma, porque en realidad corresponde al número de desplazados registrados por la oficina de la ONU, pero desde el 2001. No se sabe cuántos de esos desposeídos que hoy se encuentran en las ciudades en el rebusque de una nueva vida son víctimas de las Farc, ni cuántos son de los paras, y me temo que nunca lo sabremos.
Lo que sí les puedo asegurar es que yo soy una víctima de las miles que han dejado los paramilitares; ese temible ejército privado, que desde finales de los ochenta y en alianza con el narcotráfico, decidió tomarse a sangre y fuego pueblos enteros, masacrando a la población campesina para hacerse a sus tierras. A pesar de que las masacres por ellos perpetradas han escrito con sangre uno de los capítulos más horrendos de nuestra historia reciente, hasta hoy, la mayoría de sus crímenes siguen impunes, como el asesinato de mi hermana Silvia y de los cuatro líderes campesinos de Cimitarra.
Los paramilitares justifican las atrocidades cometidas en esa guerra, con el argumento de que ese fue el precio que el país tuvo que pagar para desterrar a las Farc de esos territorios y liberarnos a todos de semejante yugo. Yo, desde mi humilde rincón, digo que los colombianos pasamos de los atropellos de las Farc a los atropellos de los paramilitares y que estos, más que un ejército privado creado para defender a los campesinos y hacendados de los atropellos de las guerrillas, fueron un ejército que se constituyó con el fin de forzar en el país una contrarreforma agraria que les permitiera a los paras y a sus aliados concentrar en sus manos untadas de sangre las mejores tierras de este país. Los paras no consiguieron derrotar a las Farc, pero en cambio hoy tienen en sus manos, el 46% de las mejores tierras del país.
Y mientras las Farc, con sus secuestros, con sus extorsiones y con sus minas antipersonales consiguieron el repudio de la gran mayoría de los sectores de la población, los paras, en cambio, despertaron grandes simpatías en las élites rurales —cada vez más penetradas por el narcotráfico— y en un círculo bastante amplio de oficiales del ejército colombiano. Su aceptación social vino de contera.
Tengo la impresión, ahora que estoy recordando estos episodios, de haber vivido una guerra que los medios nunca cubrimos como tal. Aún me pregunto cómo fue que ni la prensa internacional, interesada en guerras más evidentes, ni la prensa nacional, de cabeza en el proceso 8.000, se percataron de lo que años después hemos venido a saber: que entre 1989 y el 2002 murieron asesinados cerca de 20.000 colombianos a manos de los paras, muchos de los cuales fueron descuartizados vivos. Yo misma cubrí algunas de las primeras masacres perpetradas por los paras a finales de los ochenta y a comienzos de los noventa, y lo hice como si estos actos macabros fueran hechos aislados y no evidencias de una guerra sin cuartel que se estaba librando.
Anna Arhendt dice que los alemanes no denunciaron la existencia de los campos de exterminio de los judíos sino mucho tiempo después, no solo porque la propaganda de Hitler convenció a muchos alemanes de que los judíos que se montaban en los camiones iban a ser deportados, no exterminados, sino porque las guerras degradan a la sociedad que las padece y quitan los resortes que nos permiten reaccionar frente a la barbarie. Guardadas proporciones, eso también pasó en mi país. Me pasó a mí, aunque me duela aceptarlo.
Me interesa que ustedes sepan sobre mí una cosa más: que soy una víctima afortunada, si es que acaso existe alguna fortuna en semejante desgracia. A mí por lo menos me entregaron el cuerpo de mi hermana. No tuve que pasar por el drama que han tenido que enfrentar muchas personas en Colombia, quienes aún esperan que los paramilitares se compadezcan con su tragedia y les digan dónde están enterrados los cuerpos de sus seres queridos.
Pero también diría que soy una mujer privilegiada. A diferencia de las víctimas de las Farc, que en buena parte provienen de zonas urbanas y pertenecen a familias de profesionales, lo que las hace algo más visibles a los medios de comunicación, la mayoría de las víctimas del paramilitarismo son mujeres campesinas y anónimas; madres cabeza de familia de escasos recursos que viven en pueblos alejados, de difícil acceso.
Yo, en cambio, he tenido la fortuna de estudiar en un colegio privado, de ir a la Universidad de los Andes a estudiar Ciencia Política y de haber sido becaria de la Universidad de Harvard. En el medio en que yo me muevo no es muy común encontrar una víctima de los paramilitares y les confieso que por mucho tiempo pensé que esa circunstancia me convertía en una desajustada social. Hoy creo que esa particularidad me confiere la condición de ser una rara especie en esta guerra olvidada.
Por cuenta de lo que me pasó, he tenido la oportunidad de mirar con otros ojos a esas viudas y a esas madres que han visto morir a sus esposos y a sus hijos, bajo las balas. Sus testimonios crudos y dignos no los he podido olvidar, ni cuando me sumí en la desmemoria. En cambio no recuerdo ninguna frase memorable pronunciada por ningún presidente o líder político nacional ni extranjero de los tantos que he entrevistado en 20 años de vida periodística.
Mi condición de víctima oficial la adquirí hace poco y la historia es más o menos la siguiente: en agosto de 2005, el Congreso colombiano aprobó la Ley de Justicia y Paz, impulsada por el gobierno del presidente Uribe, la cual tenía como propósito otorgar reducciones de penas a aquellos jefes paramilitares que se desmovilizaran y estuvieran dispuestos a decir la verdad y a reparar a sus víctimas.
La ley fue aprobada en medio de una tremenda polémica nacional porque no fue producto de un consenso político. A última hora, el gobierno no incluyó en el proyecto final las propuestas hechas por los ponentes, las cuales provenían no solo de la oposición sino de las filas del uribismo. Su gran reproche era que se trataba de una ley que pensaba más en los victimarios que en las víctimas. Afortunadamente, cuando la ley llegó para su control a la Corte Constitucional, el alto tribunal en su fallo trató de enmendar este vacío.
Desde mi trinchera de periodista controvertida y polémica —así se me conoce en ciertos círculos políticos y sociales— asistí a la aprobación de la ley con un interés inusitado. Al comienzo de los debates el proyecto me pareció farragoso: era evidente que el gobierno se estaba viendo en aprietos para deslindar el paramilitarismo del narcotráfico. Me parecía una división tan inocua como degradante que me recordaba una conversación que alguna vez tuve con una familiar de uno de los jefes paras desmovilizados. «Vengo a entrevistarme con usted para aclararle que mi hermano sí es paramilitar, ¡nunca narcotraficante!», me aclaró la señora, como si traficar con coca fuera peor visto que asesinar a campesinos con motosierra.
Sin embargo, pese a estos reparos y a otros que no menciono, la ley tenía una virtud invaluable para mí: por primera vez, nos daba a las víctimas del paramilitarismo la visibilidad que hasta ahora el Estado nos había negado y pensé que después de tantos años de impunidad, esa podría ser una señal de que el viento empezaría a soplar a favor nuestro. Pero además, si esta ley lograba desmovilizar a los paras y si estos a su vez dejaran de matar y de narcotraficar —según informes de la Policía Nacional, todos ellos representaban en ese momento el 70% de la droga que salía del país—, ¿qué más queríamos?
En un acto de optimismo inusitado en mí, decidí poner a un lado los reparos que le tenía a la Ley y me propuse darle un compás de espera. En diciembre de 2005, se anunció que uno de los jefes paramilitares históricos del Magdalena Medio se iba a desmovilizar con el propósito de someterse a la Ley de Justicia y Paz. El nombre de ese comandante era Ramón Isaza, mejor conocido como ‘Don Ramón’.
La noticia de su desmovilización me produjo un sabor agridulce, porque despertó memorias de épocas aciagas que quería olvidar.
Durante casi 20 años, Ramón Isaza había sido el jefe supremo del paramilitarismo en el Magdalena Medio, y yo y medio país sabíamos que en esa vasta zona no se movía una hoja sin que él lo autorizara. Su búnker, bien conocido por todos los pobladores del Magdalena Medio, quedaba en su finca Las Mercedes, situada en un pequeño pueblo donde ‘Don Ramón’ solía despachar como amo y señor de la región. Durante muchos años, y mientras que el paramilitarismo cometía las peores masacres en el país, Isaza vivió allí plácidamente como un gran notable, como un gran señor.
Esa noche, en compañía de mis hijas y de mi esposo —fui madre tardía, como ya lo verán—, vi por la televisión cómo Isaza entraba a la cárcel La Picota. Visto de lejos parecía un humilde campesino entrado en edad. Mi mamá, que no podía creer lo que veían sus ojos, me llamó y me dijo una frase con una voz entrecortada que removió todos mis recuerdos apresados: «Esperé tanto este día que ya no sé lo que siento. De todas formas, algo es algo… él nunca se imaginó que entraría a una cárcel».
El 12 de marzo de 2007, Ramón Isaza fue llamado a rendir versión libre ante la Fiscalía. Me senté a ver la noticia por la televisión, no sin sentir comezón en los labios: ahí estaba muy orondo él, con su piel cetrina, con su cara de yo-no-fui, al lado de su abogado, diciendo que él no era un hombre rico —¡pensar que sus tierras van desde Puerto Boyacá hasta La Dorada! —, y que no era más que un viejo campesino indefenso, incapaz de matar una mosca.
Isaza afirmaba semejante mentira, con una propiedad casi melodramática. Recordé cómo bajo su dominio se sucedieron varias de las masacres más macabras ocurridas a finales de la década de los ochenta. Una a una, fueron reviviendo en mi memoria, como si nunca las hubiera olvidado: ahí estaba la de los 19 comerciantes de Barrancabermeja, asesinados en una carretera a las afueras de ese puerto petrolero a finales de 1988. Sus cuerpos fueron echados al río como si se tratara de basura.
A los pocos meses de ese horror, una comisión de fiscales que iba a investigar la masacre de los comerciantes asesinados en Barranca fue acribillada por grupos paramilitares como si fueran animales de monte, cerca de La Rochela, en Santander. Por esta masacre, que la justicia tampoco ha logrado esclarecer, el Estado colombiano fue recientemente condenado por la Corte Interamericana a pagar cinco millones de dólares a los familiares de las víctimas.
Fue también bajo el mandato sanguinario de Ramón Isaza que ocurrió el infausto capítulo protagonizado por el mercenario israelí Yair Klein, el ex militar que llegó al Magdalena Medio, recomendado por varios generales activos, con el propósito de entrenar al primer ejército paramilitar que se creó en el país, hace ya 25 años. Yair Klein vino a Colombia varias veces y pudo salir y entrar del país sin ningún problema. Durante sus largas estadías en el Magdalena Medio, entrenó a los paras en el arte de la guerra, les enseñó a hacer bombas y a preparar atentados, muchos de los cuales acabarían asesinando prácticamente a una generación de candidatos presidenciales, exterminando a los miembros de la Unión Patriótica y acabando la vida de miles de polícias, jueces y periodistas en los años que estaban por venir.
La última vez que se supo de Yair Klein fue a comienzos de los noventa, cuando salió del país de manera clandestina, antes de que la justicia lo capturara. En mayo de 2008, el gobierno del presidente Uribe lo pidió en extradición a Rusia, país donde el mercenario se encuentra hasta hoy pagando una pena, pero la solicitud fue negada. El argumento que adujeron no deja de ser una pieza digna del teatro del absurdo: según ese gobierno, Colombia es un país muy inseguro y la vida de Klein corre peligro. ?
Todo esto no me lo inventé yo, desde luego. Gran parte de lo que estoy rememorando se lo contó a Fernando Cano, entonces director de El Espectador, un hombre de ellos, un paramilitar arrepentido llamado Diego Viafra, quien, luego de la masacre de La Rochela, no pudo más con su alma y decidió desertar de los paracos y contarlo todo a ese periódico.
Evidentemente una persona con este historial tan sangriento difícilmente podría ser un campesino del común. Mi indignación fue suprema. Sin embargo lo que realmente me sacó de mis casillas no fue lo que dijo Isaza, sino lo que afirmó a rajatabla su apoderado: «El señor Isaza —dijo el abogado— no puede confesar ningún crimen porque padece de alzhéimer».
No podía recordar ningún crimen, pero en cambio su alzhéimer sí le permitía recordar que él era un campesino humilde y sin dinero.
Ese día, con la rabia que me quemaba la piel, llamé a un amigo que era abogado, reuní a mi familia, a mi hermano Juan Manuel, a mi cuñado Salomón Kalmanovitz y a Julia, mi mamá, y les comuniqué mi decisión:
—Quiero registrarme como víctima oficial de los paramilitares dentro de la Ley de Justicia y Paz. Quiero hacerle recordar a este desmemoriado los crímenes que ha cometido —les dije.
—Si tú estás dispuesta a hacerlo, nosotros también —fue la respuesta que me dio Salomón.
Camino a mi casa, y mientras divagaba en uno de esos trancones interminables tan frecuentes en Bogotá, pensé para mis adentros: vaya paradoja la mía. Ahora que no le tengo miedo a recordar, el que no quiere recordar es mi presunto victimario.
Contada así como se las he contado, esta historia parece más fácil de lo que realmente fue. La decisión de registrarme como víctima y de aceptarme de esa forma no fue fácil. Hoy sé que en realidad me tomó casi tres años decidirme, los años que duró mi «viaje» hacia el infierno.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
Con este testimonio, preámbulo del que será su libro Viaje al infierno, María Jimena Duzán cuenta en la 