Heavy Metal Colombia

Premio del Edicto de Nantes a Gloria Cuartas

A Gloria Cuartas hay que estarle regalando permanentemente pañoletas con dibujos de “rabo de gallo”: como la pañoleta verde que lleva en la foto, en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en la región bananera del Urabá, al norte del departamento de Antioquia.

Ella las luce en la cabeza en sus recorridos por las comunidades en resistencia contra la guerra, y la gente se las pide, de recuerdo.

Trabajadora social, proviene de las comunidades de base de la Iglesia Católica.

¿Cómo es que sólo hay hombres aquí?, ¿Dónde están las mujeres?, increpa a los líderes comunitarios y de desplazados que asisten a sus talleres y conferencias en zonas de guerra, mientras las mujeres preparan el almuerzo.

Ella les relata que sólo en el último año, de sus tres como alcaldesa de Apartadó (1997), se dio cuenta de que los 1.200 asesinatos en el municipio no eran casualidad, sino que respondían a un proyecto fríamente planeado.

Siendo alcaldesa, le tocó ser testigo directa del degollamiento de un niño por paramilitares, mientras daba una charla en una escuela.

17 de sus compañeros de trabajo fueron asesinados.

Se enfrentó con el entonces gobernador departamental, Álvaro Uribe Vélez, y con el comandante de la Brigada 17, general Rito Alejo del Río, enfrentamiento que continúa.

Es defensora de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y recibe amenazas de muerte de manera permanente. Sus denuncias sobre la participación del ejército en la matanza de febrero de 2005 en esa comunidad fueron refrendadas este año en confesiones de paramilitares: militares y paramilitares, de manera conjunta, cometieron los asesinatos.

Uribe, hasta hoy, no ha manifestado sentimientos de condolencia o solidaridad con esa Comunidad por sus muertos.

Cuartas ha sido acusada por militares en retiro de tener vínculos con las FARC, porque se manifiesta a favor del acuerdo humanitario, mediante el cual esa guerrilla liberaría a los rehenes que mantiene en su poder, a cambio de insurgentes en las cárceles.

«Soy libre y como tal pido la libertad de todos, de quienes están detenidos, extraditados o secuestrados», responde Cuartas al señalamiento.

Un año y medio después de iniciar su mandato como alcaldesa, Gloria Cuartas recibió el Premio UNESCO Alcaldes por la Paz. En 2007 fue seleccionada por la UNESCO como una de las 60 mujeres que han contribuido al desarrollo de los derechos humanos en el mundo.

Ahora, Gloria Cuartas recibirá el 3 de julio el Premio del Edicto de Nantes, que recompensa a “individuos u organismos que obran o han obrado por la paz civil, el Estado de derecho y la libertad de conciencia”.

El galardón le será entregado a Cuartas en el marco del Tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos, que sesiona entre el 30 de junio y el 3 de julio en el puerto fluvial de Nantes, capital del departamento del Loira-Atlántico, en la Bretaña francesa y a 50 kilómetros de la desembocadura del río Loira.

Bajo el espíritu de “Paz en libertad”, el Premio Edicto de Nantes, dotado con 15 mil euros, fue establecido en 1990 por el Ayuntamiento de la ciudad, como parte de las celebraciones por los 400 años de la promulgación del Edicto de Nantes (Abril de 1598), instrumento que puso fin al conflicto religioso de 37 años de duración y que causó ocho guerras en Francia, a partir de marzo de 1562.

El Edicto de Nantes está inscrito en la historia mundial de la conquista de las libertades públicas e individuales.

En el siglo XVI la tolerancia era inexistente y se la veía como algo “malo”, porque implicaba aceptar que la opinión o religión del otro eran tan válidas como las propias, en un contexto histórico en el que se pensaba que otra religión que no fuera la propia corrompía al ser humano.

Sin embargo, bajo la premisa fundamental de “Quiero que haya paz en mi reino”, el rey de Francia Enrique IV firma en Nantes el edicto (real ley) que aseguró libertades religiosas y civiles para los calvinistas, poniendo fin al conflicto entre éstos y los católicos.

El Foro Mundial sobre los Derechos Humanos se realiza cada dos años en Nantes, a partir de 2004, con el auspicio de la UNESCO, el Ayuntamiento de Nantes, la Región de los Países del Loira y el Departamento del Loira Atlántico.

El Foro de Nantes tiene el objetivo de fomentar la creación o reforzar las redes de solidaridad indispensables a la protección, respeto e implementación de los derechos humanos en el planeta.

El último Premio del Edicto de Nantes (concedido en 2006) fue también para una mujer, la camboyana Somaly Mam, presidenta del AFESIP (Actuar en favor de las mujeres en situación precaria). Mam combate en su país la explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres.

junio 24th, 2008

Una estrategia contra la solidaridad pública por la causa humanitaria

“Compartí con ellos más de cinco años de horror”, dice el ex diputado Sigifredo López a las familias de sus 11 compañeros muertos hace un año, en una prueba de vida conocida el sábado.

López fue el único sobreviviente del grupo de 12 diputados tomados rehenes por las FARC el 11 de abril de 2002. Los demás fueron abatidos, según la guerrilla, el 18 de junio de 2007, en un “fuego cruzado” aún rodeado de misterio y múltiples hipótesis.

Se trata de un vídeo de cerca de media hora, grabado en el día 2.005 de su cautiverio, según cuentas de López. Es decir, en octubre del año pasado y durante la mediación por el acuerdo que adelantaron el presidente Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba.

Los inamovibles de Uribe son inamovibles para las FARC también, advierte López, quien fue alcalde de Pradera, municipio del occidental departamento del Valle del Cauca, cuya
desmilitarización exigen las FARC, junto con la del vecino municipio de Florida, para negociar en canje la libertad de guerrilleros en las cárceles. Uribe se niega.

López se refiere al entonces gobernador en funciones del noroccidental departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, y a su asesor de paz, el ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri, ejecutados por las FARC durante un intento de rescate del ejército, en mayo de 2003. Y al capitán de la Policía Julián Guevara, muerto por enfermedad en cautiverio y cuyo cadáver no ha sido entregado a su madre.

Dice López: “Regateando con brutal intransigencia sofismas y posiciones inamovibles; trenzados en un espantoso pulso diabólico sobre los cadáveres y la memoria de mis compañeros, de Gilberto Echeverri, Guillermo Gaviria y del capitán Guevara, continúan las FARC y el gobierno demostrándole al mundo su crueldad, su barbarie y que, de alcanzar un eventual acuerdo -que de humanitario no ha tenido absolutamente nada- lo que menos les ha importado es la vida de los secuestrados, a quienes inmisericordemente los condenaron a morir atrapados en el infame círculo vicioso que crearon, y que ya completa más de cinco años, varias masacres, y que día a día recrudece aún mas el ya bastante degradado conflicto colombiano”.

El rehén rechaza la acusación de un supuesto desertor de las FARC, de quien sólo se conoce su alias (“Rafael”). «Rafael» afirmó que el ex diputado no murió porque es miembro de la guerrilla.

Los señalamientos a protagonistas del canje se multiplican, y hace rato no parecen casualidad. Yo, que soy tan malpensada, creo que se trata de restar solidaridad pública a esta causa humanitaria.

Así, hasta que se conoció, en noviembre del año pasado, la prueba de vida lograda por Chávez – Córdoba, corría profusamente el rumor de que Ingrid Betancourt se había integrado a la guerrilla y era la amante de Alfonso Cano, quien sucedió este año en la comandancia insurgente a Manuel Marulanda.

De la senadora Córdoba, amiga de Ingrid y quien actuó como un vendaval para acercar a las partes a un acuerdo, hay quienes dicen hoy que ella en realidad la odia, porque es su rival política.

Según periodistas que olvidan que en una guerra la primera baja es la verdad, y asumen versiones oficiales como ciertas, Córdoba es una mujer histriónica sin compasión, capaz de mostrarse como amable facilitadora ante las familias de los secuestrados mientras recomendaba a las FARC, por correo electrónico, no liberarla.

“Sobre todo no liberen a Ingrid”; “qué coño me interesa la proposición de Sarkozy para obtener la liberación de Ingrid Betancourt”, son fragmentos y lenguaje atribuidos por autoridades colombianas a la senadora opositora, presentados por el Ministerio de Defensa de Colombia como tomados de correos electrónicos contenidos en los computadores de “Raúl Reyes”, y reproducidos sin criterio periodístico por Paris Match (5 de junio) y otros medios.

El periodista Carlos Lozano, nombrado hace dos meses facilitador oficial para el acuerdo, también se le achacan textos en los computadores del guerrillero abatido, escritos bajo un alias.

Lozano sí escribió correos a Reyes, incluso por pedido del propio Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y realizando entrevistas que fueron publicadas en su periódico, el semanario Voz. Pero niega haberlo hecho nunca bajo un alias.

Eso, para hablar sólo de algunos, y de Colombia.

junio 22nd, 2008

Académicos piden a INTERPOL rectificar declaraciones sobre computador de Reyes*

Diecisiete académicos estadounidenses y británicos, y un periodista colombiano en el exilio, dirigieron el pasado 17 de junio una carta abierta a Ronald Noble, secretario general de INTERPOL. Le piden rectificar esta frase textual, expresada por Noble en rueda de prensa en Bogotá cuando entregó oficialmente al gobierno colombiano el peritazgo de INTERPOL sobre los computadores supuestamente hallados en el campamento del jefe negociador de las FARC “Raúl Reyes”:

«Estamos completamente seguros de que las evidencias computacionales que examinaron nuestros expertos vinieron de un campamento de las FARC. Nadie puede cuestionar nunca si Colombia manipuló los ordenadores incautados a las FARC.»

Los académicos firmantes son prácticamente los mismos que dirigieron el 26 de abril un llamado a la prensa para que, en aplicación de los principios periodísticos, no tome necesariamente como ciertas las interpretaciones que las autoridades colombianas están haciendo sobre los contenidos informáticos supuestamente hallados en los computadores de Reyes.

Dos de los firmantes, Greg Grandin y Forrest Hylton, también enviaron una segunda carta abierta a los medios el 12 de mayo, habida cuenta de que consideraron que la prensa que se ha hecho eco de estas interpretaciones y contenidos seguía sin aplicar el beneficio de la duda.

En Carta abierta a Noble académicos piden rectificación

Asunto: Concerniente a la declaración del 15 de mayo de 2008 en rueda de prensa sobre el Informe Forense de INTERPOL sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia.

17 de junio de 2008

Ronald Noble
Secretario General
INTERPOL
200, quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
Francia

ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO Y CORREO POSTAL ESTADOUNIDENSE

Estimado señor Noble:

Le solicitamos que retracte la siguiente declaración ofrecida a la prensa el 15 de mayo de 2008:

«Estamos completamente seguros de que las evidencias computacionales que examinaron nuestros expertos vinieron de un campamento de las FARC. Nadie puede cuestionar nunca si Colombia manipuló los ordenadores incautados a las FARC.» (AP, 15 de mayo de 2008).

La primera oración parece estar completamente fuera del ámbito de su investigación. En el «Informe Forense de Interpol sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisado por Colombia», no hay indicios de que Interpol hiciera algo para verificar las afirmaciones de Colombia sobre el origen de los computadores. En la página 7, el informe oficial señala: «El alcance del análisis forense de carácter informático de INTERPOL se limitaba a: a) establecer los datos reales que contenían las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC, b) comprobar si los archivos de usuario habían sido modificados de algún modo el día 1 de marzo de 2008 o en fechas posteriores, y c) determinar si las autoridades de los organismos colombianos encargados de la aplicación de la ley habían manejado y analizado las citadas pruebas de conformidad con los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de las fuerzas del orden».

Dado que Interpol no realizó ninguna investigación sobre el origen de estas evidencias computacionales, parecería inapropiado y equivocado que usted afirme que está «absolutamente seguro» del origen de éstas. Esto podría dar la confusa impresión de que la investigación de Interpol en realidad había verificado y comprobado la afirmación del gobierno de Colombia, que es rebatida, por ejemplo, por el Presidente de Ecuador.

La segunda oración está dentro del ámbito de su investigación, pero no queda claro que el informe la apoye. Por ejemplo, su informe señala que «Interpol no ha encontrado indicios de que tras la incautación a las FARC de las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, efectuada el 1 de marzo de 2008 por las autoridades colombianas»,

No haber encontrado evidencia de algo no es lo mismo a decir que ese algo absolutamente no sucedió, o que «nadie puede cuestionar nunca» que haya pasado.

En vista de la importancia que reviste este asunto para las relaciones hemisféricas, y la importancia de que Interpol conserve su imparcialidad en sus investigaciones forenses, le solicitamos que retracte la primera oración citada anteriormente, y que clarifique y/o retracte la segunda oración.

Atentamente,

Larry Birns, Council on Hemispheric Affairs – Director

Amy Chazkel, Queens College, City University of New York – Profesora Asistente de Historia 

James Early, TransAfrica Forum, e Institute for Policy Studies  – Miembro de las Juntas Directivas

Sujatha Fernandes, Queens College, City University of New York – Profesora Asistente de Sociología 

Lesley Gill, American University – Profesora Asociada en Antropología

Greg Grandin, New York University – Profesor de Historia; Director de Estudios de Postgrado 

Daniel Hellinger, Webster University- Director & Profesor, Relaciones Internacionales

Forrest Hylton, New York University – Departamento de Historia 

Diana Paton, University of Newcastle, UK – Profesora universitaria en Historia del Caribe 
Deborah Poole, Johns Hopkins University – Profesora en Antropología

Gerardo Renique, City College of the City University of New York – Profesor Asociado de Historia 

Fred Rosen, North American Congress on Latin America – Analista Senior 

T.M Scruggs, University of Iowa – Profesor Asociado, Etnomusicología

Sinclair Thomson, New York University- Profesor Asociado de Historia

Miguel Tinker Salas, Pomona College – Profesor de Estudios Chicanos y Latinoamericanos

Mark Weisbrot, Center for Economic and Policy Research – Co-Director

John Womack, Harvard University- Profesor del curso Robert Bliss para Historia y Economía Latinoamericana

Hernando Calvo Ospina – Periodista. Autor de «Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado«

*Mensaje a mi lector o lectora: retomo este blog después de un par de semanas de viajes, seguidas de otras con problemillas técnicos.  

junio 19th, 2008

Al oído del fiscal Luis Moreno-Ocampo, de la CPI

Prematura extradición de victimarios burla derechos de las víctimas

“La extradición, el día de hoy, de una decena de jefes paramilitares, implica que el Estado colombiano no está en capacidad, ni tiene la voluntad, de llevar a cabo la investigación y el enjuiciamiento por los graves delitos de lesa humanidad cometidos por estas personas”, se lee en un comunicado de la Comisión Colombiana de Juristas.

El párrafo lo dice todo: va dirigido a la Corte Penal Internacional (CPI), que trata crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cuando un estado no puede, o no quiere, juzgar a los individuos que los cometieron.

Para Colombia, el Estatuto de Roma que creó la CPI entró en vigor en noviembre de 2002. Todos los crímenes de esa clasificación perpetrados por los paramilitares después de esa fecha caerían bajo su órbita, si no son juzgados –ahora- por la justicia estadounidense.

Los paramilitares fueron pedidos por Estados Unidos por lo que le interesa a ese país: el narcotráfico. El presidente colombiano Álvaro Uribe dice que el juzgamiento de los capos paramilitares por sus crímenes continuará. El embajador de Washington en Bogotá, William Brownfield, garantizó que habrá acceso directo de los fiscales colombianos y de las víctimas al sistema judicial estadounidense. Ambos pusieron el principal énfasis en que los bienes de los paramilitares servirán para reparar a las víctimas.

“El gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que el Estado y el pueblo de Colombia puedan enviar representantes a los juicios que se adelanten en aquel país a fin de continuar en la búsqueda de la verdad… Además, los acuerdos de cooperación judicial con los Estados Unidos facilitan el intercambio de pruebas y la práctica en ese país por parte de las autoridades colombianas. Los Estados Unidos han reiterado sus compromisos con estos puntos”, declaró Uribe.

Pero otra cosa piensa el abogado cubano-estadounidense Santiago Rodríguez, que defendió ante las Cortes estadounidenses a un narcotraficante colombiano extraditado el año pasado: él no dejaría que un cliente suyo reconociera delitos de guerra que le complicaran el caso por el que está siendo juzgado, o sea narcotráfico.

“Cualquier cosa que diga puede ser utilizado en su contra”, se oye en las películas.

Además, si la confesión de 150 muertos por parte de un paramilitar es mucho para un juez en Colombia, para un jurado de conciencia en Estados Unidos es una catástrofe, advirtió Rodríguez. Y este ramillete de paramilitares, ahora bajo la égida de la justicia estadounidense, suman miles de muertos.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) fue la primera entidad que cuantificó las violaciones al cese al fuego decretado por los paramilitares en diciembre de 2002.

La Ley de Justicia y Paz establece que, si infringían sus compromisos de dejar de delinquir, los paramilitares ya no recibirían máximo ocho años de cárcel, sino que se irían a la justicia ordinaria – donde purgarían 40.

Pero Uribe no pasó a los paramilitares a la justicia ordinaria. “El Gobierno prefirió precipitar la extradición de estas personas a otro Estado, para que las investigue y enjuicie por el delito de narcotráfico, en vez de trasladar el conocimiento de los procesos de justicia y paz a la justicia ordinaria colombiana, para que fuesen juzgados por los delitos de lesa humanidad denunciados por miles de víctimas”, declaró la CCJ.

Esa organización no gubernamental con estatus consultivo ante la ONU consideró que “perfectamente, habría podido llevarse a cabo la extradición en el futuro, luego de culminado el trámite judicial en Colombia”.

La CCJ recordó que la decisión de Uribe “es contraria a una reciente providencia de la Corte Suprema de Justicia”, que estableció que la prioridad sobre la extradición está en los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Además, expresó la CCJ, indica “la declinación del Estado colombiano de su derecho y su obligación de juzgar a estos jefes paramilitares por delitos de lesa humanidad, que constituyen graves afrentas a los derechos humanos, frente a un requerimiento internacional por el delito de narcotráfico.

“Si bien este es un delito grave, no es equiparable a la naturaleza de delitos de lesa humanidad, que como el homicidio, la desaparición forzada, la tortura, el desplazamiento forzado y la violencia sexual, cometidos de forma sistemática y generalizada, atentan contra los seres humanos en su dimensión más valiosa: la vida y la dignidad”, según la CCJ.

El comunicado agrega que “esta decisión significa el reconocimiento, por parte del Gobierno, de que el proceso de ‘desmovilización’ no fue genuino, sino un espejismo (…). Desde hace más de 5 años, las víctimas han denunciado insistentemente la comisión de más de 3.500 asesinatos y desapariciones forzadas, por parte de los paramilitares, sin que el gobierno haya hecho nada para prevenirlo, ni para sancionarlo”.

“Sustraer a los investigados del contexto de la justicia nacional anula la posibilidad efectiva de la sociedad colombiana de confrontar a sus victimarios y de conocer el relato de las violaciones de derechos, de las que han sido y siguen siendo víctimas miles de personas”, advierte esta entidad que representa a varios grupos de víctimas en los procesos contra los paramilitares.

Si el derecho a la verdad, la justicia y la reparación se veía restringido en los procesos judiciales de la Ley de Justicia y Paz, “ahora resultará inexistente por completo. No queda para las víctimas otro camino que intentar, dentro y fuera del país, que se deduzca la responsabilidad correspondiente”, añade la CCJ.

mayo 13th, 2008

¿El fin de la parapolítica?

Bajo el amparo de las sombras de la noche, y en completo sigilo, 14 criminales de guerra –algunos confesos, otros presuntos- fueron extraditados a Estados Unidos esta madrugada. La justicia de ese país los tiene pedidos por narcotráfico.

Son ellos: Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo alias «Don Berna”, Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”, Hernán Giraldo Serna “El Patrón” de la Sierra Nevada de Santa Marta, Ever Veloza alias «HH» (a punto de entregar a la oligarquía del occidental Valle del Cauca implicada con paramilitarismo)*, Ramiro Vanoy alias «Cuco», Francisco Javier Zuluaga alias «Gordo lindo», Guillermo Pérez Alzate alias «Pablo Sevillano», Juan Carlos Sierra alias «El Tuso», Nodier Giraldo Giraldo, Eduardo Enrique Bengoechea o Vengoechea, Martín Peñaranda alias El Mello, y Eduardo Enrique Goynechea. Además, Manuel Enrique Torregrosa.

Para algunos, como el director de noticias de Caracol Radio Darío Arizmendi, es la prueba de que “el Estado siempre gana”, y de que, si Álvaro Uribe se atrevió a extraditar a los jefes paramilitares, es porque ellos no tienen “la prueba reina” que vincule al presidente -por la vía de la responsabilidad penal individual- al escándalo de la parapolítica.

Para las víctimas, doctas o analfabetas, el proceso de verdad quedó herido de muerte.

En medio del llanto, Teresita Gaviria, portavoz de la asociación de víctimas de Madres de La Candelaria, del noroccidental departamento de Antioquia, dejó en claro que, más que la reparación material, lo que exigen las víctimas es la verdad sobre el asesinato y desaparición forzada de sus seres queridos.

Los gobiernos estadounidense y colombiano aducen que la extradición a Estados Unidos garantizará mejor la reparación a las víctimas. El énfasis en el tema económico ignora lo que las propias víctimas vienen diciendo: lo principal es la verdad. “Tenemos que saber qué pasó, para saber qué tenemos que perdonar”, repiten siempre.

La reconciliación de Colombia pasa por la verdad.

Esta extradición masiva de criminales de guerra a uno de los pocos países del mundo que no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional confirma que la negociación con los jefes paramilitares ha tenido como objetivo apoderarse de sus jugosos capitales, legalizando millones de dólares, en parte, con el pretexto de la reparación.

Estos extraditados son capos del narcotráfico y, cada uno, “mil veces más rico y más poderoso que Pablo Escobar”, como me dijo Gonzalo Guillén, experto periodista colombiano en temas de narcotráfico y corresponsal de El Nuevo Herald en Bogotá.

“Esto es un favor para ellos. De aquí a unos añitos regresan con la nacionalidad (estadounidense), a volver a hacer lo mismo”, supone Raquel George, miembro de Madres de La Candelaria, cuya hija, Ángela Torres, fue desaparecida en noviembre de 2001. George tenía una gran ilusión de que el cadáver de Ángela fuera encontrado por indicaciones de “Don Berna”, que hasta ahora estaba sometido a juicio en el marco de la Ley de Justicia y Paz, aplicada a los paramilitares.

Esta ley, gracias a un fallo de la Corte Constitucional en mayo de 2005 que en su momento sólo fue respaldado, entre los opositores, por el Partido Liberal, les exigió a los paramilitares la “verdad completa”, so pena de ser sometidos a la justicia ordinaria, que les cambiaría penas de máximo ocho años (según Justicia y Paz) por las penas correspondientes al Código Penal, de unos 40 años.

La Ley de Justicia y Paz, tal como fue aprobada por el parlamento, no imponía la exigencia de verdad completa.

Fue ese fallo de la Corte Constitucional el que dañó la estrategia oficialista, y el que dio pie a los procesos contra parapolíticos en la Corte Suprema de Justicia, que ya tienen tras las rejas incluso a Mario Uribe, primo del presidente y su principal socio político.

La verdad, parcial y tímida, estaba comenzando a surgir en estas semanas, también, sobre la implicación de la alta oficialidad en los crímenes de guerra.

Ya veremos, después de esta extradición a Estados Unidos, qué más ocurre con estos militares, en muchos casos entrenados y formados en la Escuela de las Américas.

* Ya publicado este comentario, me aclaró Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, que «H.H.» no fue extraditado, como lo anunció en la mañana el ministro del Interior y de Justicia Carlos Holguín, por cierto miembro prestante de la oligarquía caleña.

mayo 13th, 2008

La Omisión de Acusaciones

Me imagino que los presidentes se dividen en los que quieren ser ex presidentes, los que quieren hacerse reelegir y los que no tienen más remedio.

El presidente Ernesto Samper (1994-1998), cuando medio mundo lo quería sacar de la presidencia por la financiación de su campaña por parte del Cartel de Cali, declaró que él, lo que más quería en la vida, era ser ex presidente.

Samper tiene esa capacidad: a problemas gordos, respuestas breves.

En cambio, miren todo lo que tuvo que hacer el periodista argentino Andrés Oppenheimer para saber a qué categoría de presidentes pertenece Álvaro Uribe (2002 -?).

Oppenheimer y Uribe están hablando de la reforma constitucional que busca el presidente colombiano, para crear una súper Corte por encima de la Corte Suprema de Justicia que está juzgando a sus aliados políticos, en el proceso conocido como de la parapolítica:

¿No aprovechará usted esa reforma para introducir una cláusula que le permita aspirar a un tercer mandato?, le pregunté en mi primer intento por obtener una respuesta.

»Es que yo no me reelegí. A mí me reeligieron 7.400.000 colombianos», respondió Uribe.

Pero señor presidente, repliqué en mi segundo intento, ¿qué diferencia habría entre usted y los presidentes autoritarios como Hugo Chávez si cambia permanentemente la Constitución para perpetuarse en el poder? ¿Si se reelige, qué autoridad moral tendría usted para considerarse mejor que Chávez?

»A ver, Andrés, no vengas aquí a hacerme cuestionamientos vía preguntas», dijo Uribe con voz firme, pero sin perder el tono de cordialidad. “Esa es la pregunta que me formulan todos los días en Colombia…Yo te digo a qué reelección aspiro yo: aspiro a que Colombia reelija la (política del gobierno de Uribe de) seguridad democrática, yo aspiro a que Colombia reelija la confianza inversionista».

¿Pero eso implicaría su reelección?, le pregunté en mi tercer intento.

»No te voy a contestar”, dijo Uribe, agregando que está muy ocupado haciendo el trabajo que le ha permitido a Colombia reducir su tasa de homicidios de 35.000 por año de hace cinco años a unos 16.000 proyectados para el 2008, darle los golpes más serios que se recuerden al grupo terrorista FARC, y lograr que la economía crezca a un 7.5 por ciento, la mejor tasa en muchos años.

Señor presidente, insistí por cuarta vez, usted tiene un índice de popularidad del 84 por ciento, el más alto de cualquier presidente latinoamericano, y en casi todos los aspectos su país está mucho mejor que antes. ¿No se va a marear?

Le agregué que ha habido muchos presidentes en Latinoamérica que fueron populares en su momento, como el argentino Carlos Menem o el peruano Alberto Fujimori, que se marearon con el poder. Todos pretendieron reelegirse para un tercer mandato, y todos terminaron mal.

No se preocupe, que a uno lo marearon unas circunstancias, y al otro otras”, respondió Uribe. Sugiriendo que eso no le sucederá a él, señaló que “un campesino labriego trabajador acostumbrado a los malos caminos y a las dificultades… resiste un camino largo y abrupto sin sentir mareos”.

¿Ni siquiera cuando tiene un índice de popularidad del 84 por ciento?, le pregunté en mi quinto intento. »No, y además nunca he trabajado en función de las encuestas», respondió Uribe, para desviar nuevamente la conversación hacia un listado de logros de su gobierno.

Al final de la entrevista, fuera de cámaras, cuando nos despedíamos, Uribe me dijo “No te preocupes, Andrés. No me voy a marear”.

***

Hasta ahí, la clasificación del presidente colombiano en el grupo de los que quieren hacerse reelegir está clara. La pregunta es, si acaso no pertenece a los que no tienen más remedio.

Porque – miren lo que pasó hoy:

A las 10:45 a.m.:

La Fiscalía General de la Nación le dictó medida de aseguramiento por cohecho a la ex parlamentaria Yidis Medina, quien en 2004, según ella misma, vendió su voto al gobierno de Uribe para aprobar la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata.

Medina se entregó a la justicia. Dice que resolvió hablar porque le incumplieron el pacto que habría hecho en 2004, en la propia sede presidencial, de obtener puestos y contratos para cambiar su voto.

Implica al presidente, al entonces y actual ministro de Protección Social Diego Palacio, al entonces ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt, hoy embajador en Roma, y a otros altos funcionarios de entonces.

A las 11:00 a.m.:

La Corte Suprema de Justicia envió copia del expediente de Yidis Medina, con todo el material probatorio aportado por ella, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (cámara baja del Legislativo), ente encargado de investigar y acusar al presidente de la república.

Aunque la Corte Suprema no lo dijo expresamente, debe iniciar así la investigación contra Uribe, por cohecho. La Comisión ya recibió, hace una semana, una demanda contra Uribe, interpuesta por el senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Luis Carlos Avellaneda.

Avellaneda ya había demandado en 2004 a Medina por vender su voto. Fue defendida por abogados que han trabajado para Uribe.

Por cuenta de la demanda del senador del PDA, le corresponde investigar a Uribe -por reparto en la Comisión de Acusaciones- al representante a la Cámara Edgar Eulises Torres, oficialista, involucrado por unas grabaciones reveladas por la prensa el año pasado de haber supuestamente recibido dinero del narcotraficante Olmes Durán Ibargüen, conocido como “El Señor de Buenaventura” y – como dice la prensa- “el otro gobernador del Chocó”.

A la Comisión de Acusaciones se le dice de dos maneras: Omisión de Acusaciones, y Comisión de Absoluciones.

La investigación de los demás funcionarios comprometidos por Medina no es de la competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, sino de la Fiscalía General de la Nación.

Esta tarde, el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, se declaró impedido de investigar este caso, porque fue subalterno del entonces ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt.

Así, hay que nombrar un fiscal ad-hoc. Mecanismo legal para nombrarlo: la Corte Suprema de Justicia lo elige, entre una terna enviada por el presidente de Colombia.

La serpiente se muerde la cola. Uribe, pues, no tiene más remedio.

mayo 8th, 2008

Ladrillazos para la memoria

Los ladrillos que son llevados desde hace años a actos públicos, cubiertos de avisos mortuorios que recuerdan nombre por nombre a las víctimas de la guerra, sirvieron anoche para una muy otra cosa, a la salida del ex senador Mario Uribe de la embajada de Costa Rica, rumbo a la cárcel. Vea el momento noticioso

abril 23rd, 2008

Fiscalía colombiana advirtió a Costa Rica sobre Mario Uribe

El director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, Francisco Javier Echeverri, envió a la embajadora costarricense en Bogotá, Clara Montero, una advertencia sobre la orden de captura contra el ex senador Mario Uribe “por el delito de concierto para delinquir consistente en concertarse para promover grupos armados al margen de la ley (autodefensas o paramilitares)”.

Echeverri solicitó a la diplomática “tener en cuenta la mencionada orden de captura con el propósito de que el señor Uribe Escobar no evada los requerimientos de la justicia colombiana”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica publicó ese mensaje en su página de Internet (debajo), al lado del siguiente comunicado:

Cancillería considera improcedente asilo de señor Mario Uribe Escobar

22 de abril del 2008. En respuesta a consultas de la prensa formuladas hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores se permite hacer de conocimiento de la opinión pública lo siguiente:

• Hoy, en horas de la mañana, el señor Mario de Jesús Uribe Escobar se presentó a la sede de la Embajada de Costa Rica en Colombia a solicitar asilo.
• El Ministerio de Relaciones Exteriores en conocimiento de los antecedentes del caso, provenientes, en particular, de la Fiscalía de Colombia; amparado en los principios y normas del derecho de asilo, y con base en la información disponible, considera improcedente dicha solicitud.
• Para la Cancillería , la histórica institución del asilo no debe ser desvirtuada.
• El Ministerio de Relaciones Exteriores ha tomado debida nota de la comunicación remitida por parte de la Fiscalía de la Nación , de Colombia, en que se da cuenta que se ha dictado una orden de captura contra el señor Uribe Escobar “por el delito de concierto para delinquir consistente en concertarse para promover grupos armados al margen de la ley (autodefensas o paramilitares)” y de la preocupación de que el señor Uribe “no evada los requerimientos de la justicia colombiana”.

abril 22nd, 2008

Por qué Mario Uribe no puede recibir asilo político

La siguiente comunicación fue radicada esta tarde en la Embajada de Costa Rica en Bogotá por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, en su intento por evitar que ese país le concediera asilo político al director nacional del partido Colombia Democrática, Mario Uribe, primo del presidente colombiano.

Mario Uribe se hizo recibir en la misión diplomática en la mañana de hoy, luego de conocerse que la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento contra el ex senador por presuntos vínculos con paramilitares. A las 18:30 hora de Colombia (23:30 GMT), la Cancillería de Costa Rica consideró «improcedente» conceder asilo a Uribe Escobar.

Texto completo…

Bogotá D.C., 22 de Abril de 2008

Excelentísimo Embajador(a)

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA EN COLOMBIA

Atte.

E.S.D.

Reciba un cordial saludo.

Los abajo firmantes, organizaciones integrantes del Comité de Impulso del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, miembros de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y ciudadanos y ciudadanas colombianas en general, por medio del presente escrito respetuosamente nos aproximamos ante su dignidad, a fin de solicitar que se NIEGUE el asilo político al ex Senador de Colombia MARIO URIBE ESCOBAR, quien en la actualidad se encuentra procesado por su colaboración con el paramilitarismo colombiano, estructura responsable de la comisión de crímenes de lesa humanidad, cuyo principal cabecilla, SALVATORE MANCUSO, ha reconocido la colaboración directa de URIBE ESCOBAR en su accionar delictivo.

ANTECEDENTES

La naturaleza de los crímenes cometidos por el paramilitarismo en Colombia permite concluir que se trata de crímenes de lesa humanidad, los cuales han sido cubiertos, en gran medida, por el manto de la impunidad. Esto ha implicado el incumplimiento de la obligación de investigar, perseguir, juzgar y sancionar a los responsables materiales, intelectuales y beneficiarios políticos, sociales, económicos y culturales de los mismos, en los términos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos; específicamente sobre el deber de garantía, deber de protección, juicio justo, imparcial y debido proceso, como mínimo para las víctimas.

Estos graves crímenes han afectado la convivencia pacífica, la armonía social, la seguridad jurídica, política y militar. Han sembrado un sentimiento de desprotección de las víctimas directas, sus familiares y amigos, sobre las organizaciones políticas, sociales, gremiales, de derechos humanos y de la comunidad en la cual se rompieron los tejidos sociales construidos en forma centenaria.

Según la teoría internacional de los Derechos Humanos, cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad nos referimos como mínimo a las siguientes conductas: ejecuciones individuales o colectivas de carácter sumario, detenciones- desapariciones, torturas, etnocidio y genocidio. Y el concierto para delinquir ocurre cuando tiene como finalidad cometer cualesquiera de los anteriores, entre otros. Estos crímenes implican una afectación contra la comunidad en general y contra la humanidad en el planeta en todos los sentidos; aquí cobra sentido la jurisdicción universal, la no concesión de indultos, amnistías, cesaciones de procedimiento, autos inhibitorios, etc. o cualesquier beneficio jurídico.

Los crímenes de LESA HUMANIDAD cometidos por el paramilitarismo desde 2002 hasta 2006 se calculan aproximadamente en 3.015, según la información entregada por la Comisión Colombiana de Juristas y que se cuantifican en la siguiente tabla:

MARIO URIBE ESCOBAR se desempeñó como político en Antioquia por el partido Colombia Democrática. Es primo del Presidente de Colombia ALVARO URIBE VÉLEZ, fundador y vocero de su partido, y ex presidente del Senado. En la actualidad se encuentra vinculado a investigación por el delito de concierto para delinquir agravado, por sus presuntos nexos con organizaciones paramilitares; presuntas reuniones con estas estructuras ilegales; presunto apoyo paramilitar en su campaña electoral.

El ex senador MARIO URIBE ESCOBAR fue vinculado al proceso por las informaciones suministradas por el ex paramilitar JAIRO CASTILLO PERALTA, recaudadas desde hace ocho años, en virtud de las cuales se estableció que URIBE ESCOBAR asistió a varias reuniones en Antioquia, Córdoba y Sucre, para presuntamente obtener tierras con organizaciones paramilitares en Antioquia y Sucre, lo que le valió ser propietario de grandes extensiones de tierra. Según el mismo Castillo, «la estrategia era la de intimidar a los finqueros para comprarles barato sus predios«.

Dentro de la información que entrega la Registraduría Nacional del Estado Civil se señala que de la lista de los 168 aspirantes al Senado para el año 2002, se encontraban miembros de los diferentes partidos de oposición, como en el caso del Partido Liberal, el Polo Democrático Alternativo y demás organizaciones políticas contrarias a estos partidos que apoyó el paramilitarismo. Cerca de un 40% de los aspirantes eran miembros de la oposición, los cuales se vieron afectados en razón no solo de los aportes económicos que hizo el paramilitarismo, sino también por el apoyo político que dieron en la región y el uso que le dieron a herramientas ilegales como amenazas y constreñimientos.

En diligencia de versión libre rendida ante la Unidad de Justicia y Paz, SALVATORE MANCUSO informó bajo juramento sobre sus reuniones y apoyo político a URIBE ESCOBAR a fin de llegar al Congreso de la República. También aseguró que la ex representante ELEONORA PINEDA ARCIA era una de sus testigos, quien posteriormente, y como es de público conocimiento, lo ratificó.

De esta forma, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar en contra de MARIO URIBE ESCOBAR el 11 de julio de 2007. Fue llamado a indagatoria el 26 de septiembre de 2007 (citado para el 8 de octubre de 2007) por presunto apoyo de organizaciones paramilitares en su carrera política y en la adquisición de más de 5.000 hectáreas de tierra. El 4 de octubre de 2007 renunció a su fuero como congresista y la investigación penal fue remitida a la justicia ordinaria, siendo reemplazado en el Congreso por RICARDO ALJURE. El 5 de diciembre de 2007 rindió indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación y el día de hoy, cuando la Fiscalía le ha impuesto medida de aseguramiento, ha acudido a malbaratar un instituto tan sagrado como el asilo por razones políticas, para intentar sustraerse a la administración de justicia.

EL CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO NO PUEDE SER CONSIDERADO DELITO POLÍTICO

En la sentencia de fecha 11 de julio de 2007, la Honorable Corte Suprema de Justicia de Colombia establece una clara diferencia entre el delito político y el concierto para delinquir agravado (que es el punible que cobija al paramilitarismo desde la reforma del código penal del año 2000 que eliminó los tipos penales que hacían referencia expresa al término ‘paramilitarismo’). De modo que reconoce la imposibilidad de equiparar el concierto para delinquir agravado con la sedición, que es un delito político. Apoya esta diferencia en argumentos de fondo, desde la naturaleza jurídica de estos delitos, así como en razones contundentes de orden constitucional, legal, jurisprudencial, doctrinal y de la teoría del delito misma.

Es de tal entidad esta manifestación de la Corte Suprema de Justicia, que en la misma providencia consignó que los operadores judiciales incluso pueden llegar a hacer uso de la figura de la excepción de inconstitucionalidad por razones de fondo, que consiste en negarse a aplicar una norma por ser abiertamente contraria a la Constitución cuando los paramilitares sean tratados como sediciosos.

También debe resaltarse, que el fallo consigna una prolífica y profunda cadena de argumentos que evidencian la necesidad de garantizar derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y la reparación integral. A tener un efectivo acceso a la justicia, a que el Estado investigue, enjuicie y sancione a los responsables de los crímenes para que se materialice el derecho a que no haya impunidad.

Debe resaltarse que esta sentencia también se apoya de manera certera en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en las sentencias de la Corte Interamericana , en las disposiciones del Estatuto Penal Internacional, entre otros. En hora buena, los tribunales nacionales de Colombia vienen asumiendo el reto histórico de fundar sus decisiones en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario para bien del fortalecimiento y legitimidad de la justicia, pilar fundamental de cualquier Estado democrático y de Derecho.

El gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República como era previsible -si nos atenemos a la experiencia- ha descalificado no solamente el fallo en sí, sino a la Corte Suprema misma, señalándola de forma temeraria de tener “sesgos ideológicos” y de no contribuir con la paz por no colaborar armónicamente con las demás ramas del poder público. Tal descalificación, además de no corresponder a la verdad y de no hablar bien del presidente, constituye una indebida intromisión del poder ejecutivo en la rama judicial que afecta o busca afectar la independencia e imparcialidad que debe caracterizar a esta última. Ahora, su primo el senador MARIO URIBE ESCOBAR está golpeando ante las puertas de Costa Rica, solicitando se le prodigue un asilo político, cuando los delitos por los cuales se lo está investigando no pueden, bajo ninguna óptica, considerarse como delitos políticos.

DERECHO A BUSCAR Y RECIBIR ASILO

El derecho de asilo se encuentra reglamentado en la Convención de Caracas de 1854 y en la VII Conferencia Internacional Americana de Montevideo en 1954.

El derecho internacional americano ha dejado al criterio de cada Estado la potestad de conceder o no el asilo. No obstante, existen limitaciones, como la contenida en la Resolución de la ONU sobre Asilo Territorial de 1967, en virtud de la cual se establece que el asilo no se concederá por delitos comunes y por actos opuestos a los principios de la ONU , obsérvese:

«No podrá invocar el derecho de buscar asilo, o de disfrutar de éste, ninguna persona respecto de la cual existan motivos fundados para considerar que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos».

Y no puede más que reconocerse la existencia de motivos fundados cuando la Fiscalía General de la Nación , después de haberlo escuchado en descargos, definió imponer medida de aseguramiento en contra de URIBE ESCOBAR. De ahí que resultaría no solo vulneratorio del Derecho Internacional, sino con mayor dureza, violatorio de nuestros derechos como víctimas de crímenes de lesa humanidad, que se llegue a prodigar con la protección de asilo político a una persona como MARIO URIBE ESCOBAR, que se encuentra procesada por muy graves crímenes que, auncuando ocurrieron en nuestro país, han vulnerado la conciencia de la humanidad.

Esta limitación se encuentra contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 14 establece:

«1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país,

«2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas»,

Es evidente y elocuente que MARIO URIBE ESCOBAR ha pretendido la utilización de este instituto del derecho internacional con la única intención de evadir el cumplimiento de la imposición de la medida de aseguramiento, medida legal y legítima que han impuesto los organismos judiciales competentes de Colombia. No puede arribarse a conclusión diferente cuando se observa que la solicitud ha sido presentada instantes posteriores a que se haya difundido en Colombia la noticia de la imposición de la medida de aseguramiento en su contra. Así, URIBE ESCOBAR ha trocado la posibilidad de hacer una digna rendición a la justicia en solicitud de asilo político, a nuestro juicio completamente improcedente.

Bajo esta lógica, la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en opinión del 20 de octubre de 2000, recomendó a los Estados miembros de la OEA “que se abstengan de otorgar asilo a presuntos autores materiales o intelectuales de crímenes internacionales”.

En este orden, manifestó que los Estados han aceptado “que existen limitaciones al asilo, conforme a las cuales dicha protección no puede ser concedida a personas respecto de las cuales haya serios indicios para considerar que han cometido crímenes internacionales, tales como crímenes de lesa humanidad (concepto que incluye la desaparición forzada de personas, torturas y ejecuciones sumarias), crímenes de guerra y crímenes contra la paz”.

Y afirmó que otorgar asilo a personas que abandonen su país para eludir la determinación de su responsabilidad como autores materiales o intelectuales de crímenes internacionales constituye una total desnaturalización de dicha institución.

Como se advera, Honorable Embajador, no estamos solicitando cuestión diferente que honrar el contenido del fundamental artículo 31 de la Constitución de su país:

Artículo 31.- El territorio de Costa Rica será asilo para todo perseguido por razones políticas. Si por imperativo legal se decretare su expulsión, nunca podrá enviársele al país donde fuere perseguido.

La extradición será regulada por la ley o por los tratados internacionales y nunca procederá en casos de delitos políticos o conexos con ellos, según la calificación costarricense.

Por lo cual, solicitamos del Gobierno de la República de Costa Rica, de la manera más respetuosa,

SE SIRVA NEGAR LA SOLICITUD DE ASILO POLÍTICO IMPETRADA POR EL PROCESADO MARIO URIBE ESCOBAR.

De usted,

Atentamente,

ORGANIZACIONES COMITÉ DE IMPULSO

MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO

Referencias:

CIDH, “El Asilo y su relación con los crímenes internacionales ”. 20 de octubre de 2000 . OEA/Ser./L/V/II.111, Doc. 20 Rev., en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2000, Washington . OEA, 16 abril 2001.

Más razones para el NO asilo a Mario Uribe: www.movimientodevictimas.org

abril 22nd, 2008

¿Y si los amenazados fueran los periodistas del Washington Post?

«Dios no lo quiera”, como dicen las señoras. El caso es que Tom Malinowski, director de promoción en Washington de la estadounidense Human Rights Watch, pregunta si el Washington Post opinaría lo que opina sobre los avances en derechos humanos que publicita el gobierno colombiano, si paramilitares aliados con el gobierno estadounidense estuvieran amenazando a los periodistas del Post. El símil no está nada mal, así que traduje el breve comentario de Malinowski.

No desestimen las matanzas en Colombia

Por Tom Malinowski

(10 de abril de 2008) Si escuadrones de la muerte con vínculos con el gobierno de los EE.UU. estuvieran amenazando de muerte a periodistas del Post, dudo de que el Post estuviera desestimando el problema con el argumento de que la tasa de periodistas asesinados es menor que la del Distrito de Washington.

Sin embargo, eso es exactamente lo que hizo el Post al desestimar los asesinatos de activistas sindicales por parte de paramilitares en Colombia, sobre la base de que los sindicalistas tienen menos probabilidades de ser asesinados que el ciudadano común [«The Sin of Speaking Truth,» («El Pecado de Decir la Verdad«), editorial del 8 de abril].

Por supuesto, la tasa de asesinatos en Colombia – un país en conflicto – es alta. Pero cuando se mata a miembros de sindicatos por ejercer los derechos fundamentales, eso no es apenas otra manifestación de violencia, es una amenaza a la propia democracia colombiana.

El editorial también dijo que era una «grave calumnia» la afirmación de que la administración del Presidente colombiano Álvaro Uribe está bajo sospecha de apoyar a los paramilitares responsables de esos asesinatos. Pero la propia Corte Suprema de Justicia y el fiscal general están investigando a decenas de legisladores y funcionarios cercanos al Sr. Uribe, incluido su ex jefe de inteligencia, por supuesta colaboración con los asesinos paramilitares.

El Sr. Uribe merece crédito por enfrentar a la izquierda violenta. Pero el Congreso tiene razón en demorar la aprobación de un acuerdo de libre comercio con Colombia, hasta que el Sr. Uribe haga otro tanto con la derecha violenta.

Más información sobre derechos humanos en Colombia:

http://hrw.org/doc?t=americas&c=colomb

abril 10th, 2008