Que la identifiquen por las miradas de los hombres que se quedaron pegadas a su cuerpo.
Adheridas a sus grandes ojos negros y a sus pobladas cejas, a su lunar en el pómulo izquierdo, a sus labios carnudos y sus grandes dientes blancos, a la pelusa de su nuca, a su piel canela, a su espalda enhiesta, a sus ijares, marcados mejor por la canana.
Cuando oí el anuncio de su muerte, de boca del propio presidente Juan Manuel Santos, pensé en él. En su soledad, en su también tortura cotidiana. Pensé que, para ver su dolor, los americanos romperán su mutismo para contarle prontamente que Lucero murió. Pensé que él los recibirá en su celda con un brillo de dicha en la mirada. Que él ya lo sabrá. Que ella misma ya habrá ido a decírselo entresueños.
“¿Esta es Lucero?”, le preguntó en la Corte de Washington el fiscal Ken Kohl, mostrándole unas fotos suyas durante el juicio “Estados Unidos de América contra Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, también conocido como Simón Trinidad”.
“No señor”, contestó el acusado. “Ella no es Lucero. Es la bellísima Lucero”.
Esta mañana todavía, un portavoz del Instituto de Medicina Legal decía: no se ha identificado a ninguno. Se refería a 22 cadáveres de guerrilleros que fueron abatidos el domingo, en un bombardeo en el departamento de Putumayo, en un sector pegado a Ecuador, y trasladados a la autoridad forense.
El total de insurgentes muertos fue de 27, según el presidente Santos. Y una de las guerrilleras abatidas, dijo Santos ayer lunes, era “María Victoria Hinojosa, alias ‘Lucero’, responsable de la emisora Voz de la Resistencia de las FARC, y compañera sentimental de alias ‘Simón Trinidad’”.
Con toda seguridad que no es Lucero. Es la bellísima Lucero, presidente. Y aún debe llevar las miradas de todos los hombres colgadas a su cuerpo. Por eso la reconocerán fácilmente en Medicina Legal.
De seguir con los ojos su belleza no se salvaron ministros ni altos consejeros, ni diplomáticos, ni directores de Wall Street: los que la vieron en Los Pozos, sede de las negociaciones del Caguán.
Me refiero a las contundentes declaraciones de funcionarios colombianos, encabezados por el presidente Álvaro Uribe, y que afirman que no. Que el gobierno de Uribe no espió a Rafael Correa.
Como suele suceder por acá desde hace unos años, los funcionarios se tornan más amenazantes mientras más evidencias surgen de que están mintiendo. La cosa ya va en que quien diga que sí hubo espionaje contra Ecuador es porque tiene oscuros intereses y busca que no se restablezcan las relaciones entre Bogotá y Quito.
Es precisamente sobre ese formato de sospecha que el DAS suele designar los «blancos» de sus acciones criminales, como ha quedado en evidencia en los casos de magistrados de las Cortes, defensores de derechos humanos, políticos de oposición y periodistas. Que conste: escribo en presente.
Mentiras que sí: el guerrillero Rodrigo Granda no fue secuestrado en Caracas sino capturado en Cúcuta.
El bombardeo al campamento de Raúl Reyes no fue una operación cuidadosamente planeada para abortar negociaciones internacionales con las FARC sino resultado de una persecusión en caliente.
En la Operación Jaque no se violaron los convenios de Ginebra ni la neutralidad de la Cruz Roja, como recuerda en esta videopastilla para la memoria mi amigo Vladdo.
Aparecen como actores Álvaro Uribe y el general Mario Montoya, hoy retirado y embajador en República Dominicana. Ambos hablan en el show televisado en la noche de la exitosa e incruenta Operación Jaque. La rescatada Ingrid Betancourt se prestó para la mentira, así como algunos de los uniformados liberados. Dejo constancia aunque la crítica no es contra ellos, que tantos años tuvieron que pasar en la selva.
La jueza que firma esta orden se exilió el martes, cercada por las amenazas de muerte contra ella y su hijo menor de edad.
Fue ella quien dispuso este mes una sentencia de 30 años de prisión para el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega como coautor mediato de la desaparición forzada agravada de una docena de sobrevivientes del Holocausto del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Tras 24 años y siete meses de impunidad, ella se atrevió. Es la pionera. El gobierno saliente blandió contra esta jueza serena y seria su enorme capacidad de intimidación. Un buen resumen de las agresiones a la justicia, con motivo de su fallo, se publica al pie. Es una solicitud de rectificación pública que las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia le dirigieron al Ejecutivo. Aún no hay respuesta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que recordar y reclamar que sobre María Stella Jara pesan medidas cautelares. Clamó también la ONU. Y, a su manera, clamó el Departamento de Estado: publicó documentos clasificados que no dejan bien parado a Plazas.
Para eludir la cárcel, Plazas Vega se mudó a vivir desde septiembre al Hospital Militar, en Bogotá, donde la jefa de Psiquiatría lo recibió con efusivo abrazo. El oficial retirado no volvió al juicio presidido por Jara. Dijo que no la reconocía como juez suya y presentó un dictamen del Hospital, que sostenía que padecía una crisis de nervios.El concepto de Medicina Legal, que establecía que Plazas no tenía ningún impedimento físico ni mental para acudir a las audiencias, nunca fue acatado. Tampoco ahora, cuando la jueza Jara dispuso que el ex militar debe cumplir la pena en un establecimiento carcelario y en ello la respalda la autoridad médica forense.
A las familias de los desaparecidos del Palacio les indigna que Plazas continúe en el Hospital Militar, en lugar de comenzar a pagar su sanción en una cárcel. “Definitivamente, luchar contra el poder de todo un Estado es tarea de quijotes”, escribe René Guarín, hermano de Cristina.
A Cristina Guarín se la ve en un video salir, en esas horas aciagas, en hombros de un militar que la rescata y la salva del Palacio sitiado. Nunca más se supo de Cristina y desde entonces, el ingeniero René no conoce la paz.
“Las conquistas de la humanidad son lentas y difíciles y no podemos claudicar”, recibe Guarín una respuesta. Es Fabiola Lalinde, madre de Luis Fernando Lalinde Lalinde, estudiante desaparecido en Antioquia el 3 de octubre de 1984.
4.428 días después, doña Fabiola recuperó los restos de su hijo. A pesar de todo.
“Toca estar ahí todos los días, insistiendo y persistiendo. Soportando persecuciones, atropellos, montajes y adversidades de toda índole”, escribe a René Guarín esta decana Dolorosa.
“No importa mucho que Plazas Vega siga en el Hospital Militar”, lo tranquiliza. “Lo que verdaderamente cuenta, en este momento, es la condena, después de 25 años de negar siempre la responsabilidad de los militares y, especialmente, la de Plazas Vega, por los desaparecidos de la cafetería que salieron con vida”.
Bogotá, 16 de Junio de 2010
Doctor
Carlos Franco Echavarría
Programa Presidencial de Derechos Humanos
Director
Doctora
Margarita Rey
Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería
Directora
Ref: Solicitud de rectificación pública del Presidente Álvaro Uribe Vélez frente a sus declaraciones sobre la condena a uno de los responsables de la desaparición forzada de nuestros familiares.
Saludo cordial
Como es de su conocimiento, el pasado 9 de junio la juez Tercera Especializada de Bogotá profirió condena contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega por desaparición forzada agravada de nuestros familiares: Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortez, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, e Irma Franco Pineda.
La sentencia fue proferida por la Juez luego de realizar un análisis en derecho de los cientos de pruebas practicadas y aportadas debidamente en la etapa de investigación y juicio, las que fueron controvertidas por los sujetos procesales en el desarrollo del proceso. Estos elementos de convicción llevaron a la Juez a concluir sobre la responsabilidad del coronel Luis Alfonso Plazas Vega como coautor mediato de desaparición forzada agravada.
La investigación y posterior juicio en contra del coronel retirado se circunscribe a determinar su responsabilidad en la desaparición forzada de nuestros familiares, quienes conforme a la prueba que obra dentro del proceso, salieron con vida de las instalaciones del Palacio, bajo la custodia de miembros del Ejército Nacional. Hoy, luego de más de 24 años, desconocemos su paradero. Ni la sentencia, ni nuestras exigencias de derechos han pretendido hacer una tacha a las Fuerzas Militares, sino que se han dirigido, en derecho, desde las pruebas valoradas en sana crítica, a dictar una sentencia que se debe interpretar como un llamado a depurar las Fuerzas Armadas de violadores a los derechos humanos.
Sin embargo, en los días previos y posteriores a que la sentencia fuera proferida, altos funcionarios del gobierno, incluido el propio Presidente de la República, realizaron manifestaciones públicas de rechazo a la decisión de la Juez Tercera Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
El 8 de junio, dos días antes que el fallo fuera proferido, el Ministro de Defensa, Gabriel Silva, sostuvo ante medios de información que esperaba que se acabara la «justicia espectáculo» contra oficiales como el coronel Alfonso Plazas y los otros militares investigados. Afirmó además ser amigo personal del coronel, a quien le ha facilitado toda la solidaridad y acompañamiento institucional. Afirmó: «Hemos dicho que hay que acabar con la justicia espectáculo en el caso del coronel Plazas y de los demás uniformados afectados por procesos de esa naturaleza»[1].
El 10 de junio, conocido el contenido de la sentencia, el presidente Álvaro Uribe, el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior y de Justicia manifestaron públicamente su rechazo a la decisión proferida por la rama judicial.
El primer mandatario, en un comunicado público proferido por la Presidencia de la República y ampliamente difundido por los medios de información, señaló que el fallo era un abuso y un desestímulo para a fuerza pública: “Nosotros necesitamos la eficacia y el respeto a los derechos humanos, pero los derechos humanos no se pueden invocar para cometer abusos contra la fuerza pública. Registro con tristeza hoy un gran desestímulo de las Fuerzas Armadas de Colombia por estas decisiones que se han tomado”[2].
Señaló además que la solicitud de investigación en contra de ex presidente Belisario Betancur es un abuso y una falta de conocimiento de los hechos. “…(t)odos sabemos de su patriotismo, de su buena fe. El patriotismo y la buena fe excluyen el dolo. Sin dolo no hay delito”.
Por su parte, el Ministro de Defensa Nacional y altos mandos militares activos [3] hicieron público un comunicado de 5 puntos en el que expresan su profundo dolor por las consecuencias de la sentencia judicial, manifiestan su solidaridad con el ex oficial, “esperan que la defensa del coronel (r) Plazas Vega pueda exponer sus criterios probatorios en las instancias procesales a seguir” y exhortan a los todos los miembros de la fuerza pública “a mantener la moral en alto y el espíritu combativo indomable”[4].
Por su parte,el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, en declaración dada a los medios de comunicación, puso en duda la desaparición de personas en los hechos ocurridos en la retoma del Palacio de Justicia. «Hay que revisar muy bien los hechos concomitantes en lo de Palacio. Mirar realmente qué fue lo que pasó, establecer realmente si efectivamente hubo o no hubo desaparecidos». Además, controvirtió la decisión judicial al señalar que con ella se quiere condenar la legitimidad del Estado.
Finalmente, en horas de la noche, en una alocución en televisión difundida en canales públicos y privados, el Presidente, acompañado del Ministro de Defensa y rodeado de altos mandos de la fuerza pública, se dirigió al país para condenar, nuevamente, el fallo contra el ex alto militar. Luego de sostener que habían estado reunidos analizando la decisión de la justicia contra el señor coronel en uso de retiro expresó, entre otros aspectos, que: “La sentencia condenatoria al coronel Alfonso Plazas Vega genera profundo dolor y desestímulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas, encargadas de dar seguridad a los colombianos”[5].
El Presidente, además, creó una simetría entre nuestros familiares desaparecidos y nuestras familias que hemos sido víctimas de los crímenes cometidos por la fuerza pública, y los responsables de estos crímenes, a quienes calificó de “víctimas”, al decir que “la forma de apoyar a las víctimas no es creando víctimas en miembros de las Fuerzas Armadas”.
Estas manifestaciones muestran un irrespeto hacia las instituciones democráticas del Estado colombiano, que han cumplido con su deber de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, dentro de un proceso contradictorio dotado de las garantías procesales correspondientes. Son además una indebida injerencia en la administración de justicia que compete a la rama judicial de Colombia, que mina el principio de separación de poderes reconocido en la Constitución Política. El Presidente, conocido el fallo proferido por una autoridad competente en ejercicio de sus competencias constitucionales, no puede hacer otra cosa que acatarlo y velar para que su cumplimiento se haga efectivo.
Estas declaraciones públicas proferidas por el alto gobierno y la cúpula militar ponen en riesgo a los familiares de las víctimas y sus representantes, quienes durante más de 20 años hemos reclamado justicia y verdad por parte del Estado colombiano. El ejercicio de este derecho no puede ser interpretado como un mecanismo para atacar las instituciones del Estado o, como el Presidente Uribe lo señala en sus comunicados, “bajar la moral de la tropa”.
En un Estado de Derecho las fuerzas militares tienen el deber constitucional de garantizar la vida e integridad de todos los colombianos con plena sujeción a los mandatos legales y constitucionales; la omisión o extralimitación de sus poderes, o la utilización de estos para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos erosiona los cimientos de un Estado Social de Derecho y merecen el máximo repudio moral, político y jurídico de todas sus instituciones.
Por esta razón y en procura de conjurar, en algo, la situación de riesgo creada por tales manifestaciones, que como es sabido fueron ampliamente difundidas por medios de información públicos y privados, solicitamos al Presidente de la República, como máxima autoridad civil y como máximo comandante de las Fuerzas Armadas, una rectificación pública de sus declaraciones de rechazo al fallo proferido.
Una rectificación por parte del Presidente, en las mismas condiciones en las que pudo expresar su opinión respecto al fallo proferido, a partir de las cuales enfrentamos una situación de mayor vulnerabilidad, contribuirá a generar verdaderas y eficaces garantías para continuar en el ejercicio de nuestros derechos. Una rectificación del Presidente de la República sería una medida idónea de protección ante el clima de estigmatización y repudio que sus declaraciones han generado en nuestra contra y en contra de los sujetos procesales.
Cordialmente,
Familiares de Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortez, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, e Irma Franco Pineda, desaparecidos del Palacio de Justicia.
[3] El Comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León; el Comandante Ejército Nacional, General Óscar Enrique González Peña; el Comandante de la Armada Nacional, Almirante Guillermo Barrera Hurtado; el Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Jorge Ballesteros Rodríguez y el Director General de la Policía Nacional, Brigadier General Óscar Naranjo Trujillo.
Militares, policías y guerrilleros nos llevan a los demás una ventaja: son concientes de que la muerte pende siempre sobre nuestras vidas.
Hace ocho días estaban en un campamento de las FARC en la selva amazónica del departamento del Guaviare, al sur de Colombia. Cuando comenzaron los disparos, celebraban con torta y transistor el cumpleaños 53 del general de la Policía Luis Mendieta.
La cortina de tiros se prolongó 20 minutos. La guardia guerrillera huyó.
María Teresa, la esposa de Mendieta, se opuso durante una década al rescate militar. No la consultaron sobre la Operación Camaleón, de la que no hay mucha información.
“Fuego en el corazón, mariposas en el estómago. ¿Tú no has tenido una novia lejos? Eso es lo que se siente”, dijo la esposa de Mendieta en diálogo con la prensa en el aeropuerto militar Catam, al occidente de Bogotá, donde se encontró por fin con su marido. “Hace 12 años no ve mi rostro. Ahora estoy más viejita, con canas”. “No le dije nada. Lo besé”. Él la miró: “Gorda”, le dijo con ternura, “y ya”, contó María Teresa.Mendieta fue atrapado por las FARC el 1 de noviembre de 1998 en el combate por Mitú, la capital del selvático departamento del Vaupés, al suroriente. Con este rescate, las FARC pierden a su prisionero de más alto rango. Mendieta es hoy el oficial más antiguo de la Policía.
“Camaleón” liberó también al coronel Enrique Murillo, apresado junto con Mendieta; al coronel William Donato y al sargento Arbey Delgado, atrapados el 3 de agosto de 1998 en la batalla de Miraflores.
La guardia guerrillera se abstuvo de disparar contra sus prisioneros. Quizá fue un milagro. Hasta donde se sabe, en las FARC sigue vigente la orden de ejecutar a los cautivos en caso de que las fuerzas estatales intenten operaciones de rescate.
La guerrilla mantiene en su poder a entre 19 y 20 uniformados, a los que espera intercambiar por sus guerrilleros presos. Cada rescate militar exitoso ha debilitado esa propuesta. En los últimos años las tragedias, las pruebas de supervivencia y el paso del tiempo, que antes favorecían el ambiente en pro del canje, tienden a generar un rechazo cada vez más activo.
El general Mendieta reveló que desde hace más de 16 meses él y sus compañeros no tenían acceso a un transistor. No saben qué ha pasado en Colombia y en el mundo en todo ese tiempo. Desde diciembre de 2008, a los mensajes de amor de sus familias y a las noticias con los sucesos de sus vidas se los llevó el viento.
Me pregunto por qué ese endurecimiento de las condiciones de cautiverio.
Las FARC encadenaron a sus prisioneros a partir de la fuga de John Frank Pinchao, el 27 de abril de 2007: es de esas cosas que se escriben fácil, pero son ya tres años y casi dos meses con cadenas.
Con la liberación unilateral del maravilloso Alan Jara, el 3 de febrero de 2009, la vida en ese cautiverio tuvo que haberse puesto mil veces más difícil. Jara, ex gobernador del departamento del Meta, por ejemplo les enseñó inglés y ruso a sus compañeros. En las mañanas los ponía a discutir ¡en ruso! las noticias y debates de la radio.
Hace 16 meses, ¿qué pasó, para que las FARC les quitaran la radio a los cautivos del grupo del general Mendieta?
Quizá esta misma noche nos lo cuenten los propios hombres que hoy han vuelto al mundo; o quizá no lo sepan.
Por lo pronto, me aventuro a compartir con mi lector o lectora una hipótesis.
Flor Múnera, responsable nacional del área de asistencia carcelaria del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), expresó en marzo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia su preocupación por las condiciones en que se encuentra el guerrillero de las FARC Simón Trinidad, (Ricardo Palmera) quien cumple condena de 60 años en Estados Unidos por pertenecer al grupo guerrillero que tomó rehenes de nacionalidad estadounidense.
Yo pienso que la firmeza, el amor y admiración por su ejército y su policía, las ganas de seguir luchando que se les ve a todos los uniformados recién libres, hayan sido rescatados o liberados unilateralmente, son la mejor prueba de que estamos hablando de prisioneros de guerra. Lo aclaro porque en Colombia todavía hay que defender y argumentar el uso de términos del Derecho de Ginebra.
Aunque muchos rechacen las pruebas de supervivencia que de vez en cuando envían las FARC, la verdad es que estas, aunque tan espaciadas, nos han permitido calibrar hasta cierto punto la situación de la gente cautiva en la selva, su estado de ánimo, su salud.
De cómo se siente Trinidad, no sabemos prácticamente nada. Lo hemos visto por teleconferencia, durante audiencias en procesos que se adelantan en Colombia, encadenado de pies, manos y cintura. Cuenta Flor Múnera que, durante esas declaraciones ante la justicia, Trinidad tiene conectado un dispositivo para infligirle descargas eléctricas.
[Yo me pregunto: ¿los shocks eléctricos se aplican con qué criterio? ¿Lo decide el juez colombiano ante quien Trinidad está declarando, o el guarda carcelario estadounidense? Y si lo decide el guarda, ¿en ese caso qué hacen el juez, el fiscal y el ministerio público colombianos? ¿Los shocks eléctricos se aplican cuando el preso declara algo que no le gusta a alguien?]
Simón Trinidad está confinado en total aislamiento, con fuertes restricciones para recibir visitas. Se le prohíbe leer o conocer qué hora es. No tiene acceso a ningún medio noticioso para enterarse del acontecer en el planeta. Y también tiene a su novia lejos.
Cuando -en su estrategia judicial de quebrar la moral del guerrillero- el fiscal estadounidense Kenneth C. Kohl, que lo interrogaba en Washington, le mostró a Trinidad una foto de su amada, el acusado respondió: “No, señor fiscal. Ella no es Lucero… Es la bellísima Lucero”. Lo cuenta el periodista Jorge Enrique Botero en su libro “Simón Trinidad, el hombre de hierro”. Hacía dos años y medio no la veía ni en foto. Al “hombre de hierro” se le quebró la voz.
Dejo a mi lector o lectora con el revelador mensaje de Flor Múnera a la Corte Suprema.
Bogotá, D.C.
Marzo 10 de 2010
Honorables Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA-SALA PENAL
E.S.D.
Ref: VERIFICAR CONDICIONES DE RECLUSIÓN DE JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA
Respetados Magistrados:
FLOR MÚNERA, responsable nacional del área de asistencia carcelaria de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, por medio del presente escrito respetuosamente me permito expresar la gran preocupación que nos causa la información que hemos conocido sobre la situación jurídica y humanitaria del detenido político extraditado JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA, rebelde conocido como Simón Trinidad.
Por distintos medios se ha advertido que JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA fue extraditado a los Estados Unidos en el mes de diciembre de 2005, previo concepto de la Corte Suprema de Justicia en el Proceso No. 22450, dentro del cual se realizó el siguiente condicionamiento:
“7.1. En todo caso, habida cuenta que de acuerdo con las normas punitivas de los Estados Unidos aplicables a los delitos por los que solicitó la extradición allí podrían imponer como sanción hasta cadena perpetua, la cual está prohibida en Colombia (artículo 34 de la Constitución Política), le corresponde al Gobierno Nacional, en caso de que conceda la entrega requerida, condicionar la extradición a la conmutación de la misma, así como imponer las exigencias que considere oportunas para que se observe ese precepto constitucional, y a fin de que PALMERA PINEDA no vaya a ser juzgado por un hecho anterior al que motiva la extradición (artículo 512 del Código de Procedimiento Penal), ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Sea lo primero advertir que la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos se opone explícitamente a la extradición de colombianos, por considerar que ello constituye un desconocimiento del principio de autodeterminación de los pueblos y de la soberanía nacional, máxime cuando hemos percibido que en los últimos años se ha hecho un uso abusivo de esta figura.
Con referencia al caso antes señalado se conoce que, si bien JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA no fue condenado a cadena perpetua, las autoridades norteamericanas le impusieron al detenido político una pena de 60 años de prisión, la cual es superior a la que hubiera obtenido en Colombia por los mismos delitos, teniendo en cuenta la fecha en que éstos se cometieron.
JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA no ha perdido su condición de ciudadano colombiano. Por tanto, el Estado se encuentra aún obligado a garantizar y exigir el respeto de sus derechos humanos. En nuestro país, en virtud de los principios de legalidad y debido proceso, nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes pre-existentes y con el respeto de todas las garantías judiciales, así como de las formas propias de cada juicio; en el marco de tales presupuestos, ningún colombiano podría ser penado con condenas mayores a las establecidas en la normatividad nacional.
En el caso concreto de este detenido político encontramos que fue extraditado para ser juzgado por delitos por los que pudo ser investigado y eventualmente condenado en Colombia. Sin embargo, el Estado renunció a su soberanía judicial e hizo entrega de esta facultad a las autoridades norteamericanas, situación que no puede implicar adicionalmente la potestad de que éstas impongan a nuestros ciudadanos condiciones más restrictivas que las que hubiera recibido en este país. Entonces, así como la Constitución prohíbe penas como la cadena perpetua y, en virtud de ello, ningún nacional nuestro podrá ser sometido a la misma, también se proscribe la imposición de penas no previstas en la norma preexistente o superiores a ellas. Luego no resulta ajustado a nuestra carta política el que las autoridades norteamericanas le hayan impuesto al rebelde Simón Trinidad una condena de 60 años, cuando para la fecha de los hechos por los que fue acusado, la pena máxima ascendía internamente a 40 años.
De otra parte, a través de la información trasmitida sobre los juicios en los Estados Unidos pudo percibirse la connotación eminentemente política de su juzgamiento, evidenciándose una posición vindicativa por su condición de rebelde. Esto nos hace suponer que su extradición fue requerida y concedida en vulneración de lo preceptuado en la Constitución nacional, que proscribe la concesión de ésta por delitos políticos.
Sobre este asunto, la FCSPP es consciente del alcance de la posición adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-456 de 1997, la cual seguimos considerando como un abono a la desnaturalización del delito político en Colombia. Pero ello no obsta para poder plantear que, cuando una persona es objeto de un juzgamiento en el que se le recrimina con especial énfasis su condición de rebelde, se puede identificar un trasfondo político que trasgrede el límite constitucional que habla de no permitir la extradición por delitos políticos.
Ahora bien, mayor preocupación nos merecen las reiteradas denuncias que a pesar de los impedimentos prácticos se han podido conocer sobre la situación en que se encuentra el detenido político Simón Trinidad en una cárcel norteamericana. Ha sido confinado en total aislamiento, con restricciones serias del derecho a la visita, no solo por el hecho de encontrarse fuera de su país de origen sino por la vigilancia a la que es sometido durante el poco tiempo de contacto con su familia y abogados, además de la prohibición inexplicable de leer, tener un reloj, medios de comunicación, contacto con otros reclusos, entre otras.
No podemos dejar pasar por alto que durante las audiencias (en procesos que se adelantan en Colombia) realizadas a través de teleconferencias, permanece con cadenas en los pies, manos, cintura y con un dispositivo para realizar descargas eléctricas sobre su cuerpo.
Todo ello lleva a concluir que el detenido político y además ciudadano colombiano JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA se encuentra sometido a un régimen penitenciario en el que el respeto de los derechos humanos no constituye una prioridad. Las condiciones reseñadas atentan, de manera abierta y flagrante, contra la dignidad humana, la familia, la intimidad, la información, la defensa, etc, todos ellos derechos fundamentales consagrados no sólo en la Constitución y la ley nacional, sino en tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano.
Adicionalmente a todo lo anterior, hemos tenido conocimiento de que por orientación de las autoridades norteamericanas se ha restringido el carácter público de las audiencias previstas en la etapa de juicio según el código de procedimiento penal (Ley 600). Esto constituye una limitación inaceptable del debido proceso, además de la independencia de los jueces colombianos, quienes son los que tienen la dirección absoluta de estas diligencias en nuestro país.
Dada la gravedad de esta situación, de manera respetuosa nos permitimos solicitar a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia:
Primero. Adoptar los mecanismos necesarios para verificar las condiciones en que se encuentra el detenido político JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA, conocido como Simón Trinidad, y establecer si, de acuerdo con los preceptos constitucionales y legales previstos en Colombia, se están violentando sus derechos humanos.
Segundo. Adoptar medidas eficaces para que las garantías judiciales y derechos humanos que hasta ahora han sido vulnerados al detenido político conocido como Simón Trinidad, sean restablecidos y respetados de manera ininterrumpida e incondicional.
Agradecemos allegar su respuesta a la Calle 26 No. 4a–45 Piso 12 de Bogotá.
Cordialmente,
FLOR MÚNERA
Área Nacional de Asistencia Carcelaria FCSPP
La hija del inmolado líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, Gloria Gaitán, respondió a los comentarios del candidato presidencial por el Partido Verde, Antanas Mockus, sobre una eventual alianza con el partido de centro-izquierda, Polo Democrático Alternativo. A la pregunta de un periodista, Mockus dijo el lunes que en el Polo algunas «fuerzas» no habían roto sus lazos con la guerrilla. Gaitán le pidió denunciar hechos concretos y le advirtió sobre la práctica de acusaciones falsas y «temerarias».
La carta de Gloria Gaitán al candidato que le pisa los talones al aspirante a sucesor uribista, el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, es una genealogía breve de la guerra.
En su página web, Caracol Radio informa hoy -11 de mayo de 2010-, que en Manizales Ud. dijo ayer «que no hará ningún tipo de alianza con el Polo Democrático porque hay fuerzas en ese movimiento que todavía no han roto lazos con la subversión».
Este es un señalamiento de una gravedad extrema, pues coloca un difuminado manto general de duda sobre todos los integrantes de esa agrupación política, por lo que es urgente que Ud. denuncie con exactitud a quiénes se refiere, ya que lo que Ud. denomina «fuerzas», está integrado por personas que tienen nombre propio e identidad ciudadana.
De lo contrario, si es un rumor que Ud. ha acogido – como el que lo señala como ateo – está Ud. advirtiéndonos que es capaz de aplicar en su gobierno el método ignominioso de la calumnia y de los falsos positivos. Con dichas acusaciones – que para mí no son otra cosa que imputaciones temerarias – Ud. está colocándole a todos los militantes del Polo una peligrosa lápida en el pecho. Mi familia toda está afiliada al Polo. Yo misma estoy inscrita en esa organización política y he dicho que, a pesar de ello, votaré por Ud., creyendo que tiene más posibilidades de derrotar a Santos que Petro y que su principal propósito es la defensa de la vida. ¡Pero no!
En Manizales Ud. ha puesto en grave peligro la vida de todos los militantes del Polo. Ha expuesto la integridad de mi familia y, en especial, la de mi yerno, quien es uno de los más cercanos colaboradores de Petro, habiendo ejercido posiciones destacadas en los mandos directivos del partido.
No ha sido fácil para mí hacer campaña por su candidatura, apartándome de la opción política de mi familia de votar por Petro. Y digo que no ha sido fácil, porque razón no les falta cuando dicen que el programa del Polo está más cerca de nuestros ideales que el suyo. Pero yo argumento que el voto a su favor es de transición y que su gobierno puede preparar el terreno para implantar una verdadera democracia en Colombia que le dé juego verdaderamente libre a las fuerzas de izquierda, sin temer el asesinato de sus líderes populares y de sus dirigentes.
Pero ahora, con semejante declaración pública la suya, que coloca a los militantes del Polo en la picota de la subversión, sólo cabe que Ud. diga la verdad, toda la verdad, todo lo que dice saber, para que no se convierta en encubridor de subversivos, al empañar el buen nombre democrático de todo una colectividad política.
En consecuencia, le exijo, en nombre de la vida de mis familiares y mis compañeros, que señale con nombre propio a quienes Ud. aparentemente sabe que guardan vínculos con la guerrilla, confesándole que me he sentido aludida en lo personal, porque los orígenes de la lucha armada en Colombia se remontan a la orfandad que dejó en nuestro pueblo el magnicidio de mi padre, Jorge Eliécer Gaitán, y no puedo menos que mantener un cordón umbilical de carácter emocional muy fuerte con quienes, en sus orígenes, se vieron obligados a tomar las armas para defender sus vidas debido a la persecución y la muerte que generó el magnicidio al Movimiento Gaitanista, lo que no me impide discrepar tajantemente de ellos en sus acciones violadoras de los derechos humanos y en la forma de financiamiento de la organización – métodos que distan completamente de cualquier táctica auténticamente revolucionaria -, Pero eso no me impide entender que la guerrilla requiere un campo verdaderamente honesto y transparente para poder desmovilizarse y no la farsa de un hipócrita diálogo, donde nunca hubo la intención del gobierno de cumplir sus aparentes compromisos para forjar la paz.
A la espera de una pronta respuesta suya, de la cual depende la vida de mucha gente, me suscribo de Ud. como su compatriota adolorida,
Gloria Gaitán
Post-Data de Heavy Metal Colombia: en la noche, Mockus suavizó sus palabras.
En el link http://bit.ly/dxc1Cg, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo retransmite en directo desde la Corte Suprema de Justicia de Colombia el interrogatorio al extraditado ex capo paramilitar Salvatore Mancuso, dentro del juicio contra Jorge Noguera, el ex director del DAS (la Stasi colombiana).
Como funcionario del gobierno de Álvaro Uribe, Noguera puso el DAS al servicio de la mafia paramilitar.
Mancuso está preso en Estados Unidos, luego de ser extraditado por Uribe junto con otra docena de jefes paramilitares. Para la Corte Suprema, en los capos extraditados está «la materia prima de la verdad».
Las familias de Mancuso y de otros de sus colegas han sido objeto de asesinatos, atentados, amenazas de muerte y seguimientos intimidatorios, como advertencia para que guarden silencio desde las cárceles estadounidenses.
He aquí una amenaza. Hoy firman “Los Rastrojos”; antes firmaban las AUC, o los Comandos Cualquier Cosa. Lo que importa es que hacen lo mismo. Los de esta generación surgieron en 1977 y no en 1983, como reseña la historia. Lo que pasa es que sólo desde 1983 sus jefes descubrieron una sigla apropiada y consiguieron padrinos adinerados. Pero, son los mismos. A veces, cambian de tropas. Cambian de jefes, a veces. Anuncian que el baño de sangre volverá. Copio tal cual. Nótese que entre los amenazados está el PNUD, de la ONU. También, religiosas de la Diócesis de Tumaco de la Iglesia Católica.
COMUNICADO PÚBLICO# 003
Abril10 de 2010
Luego de un nuevoexhaustivo y largo proceso de inteligencia que incluyó seguimientos e infiltraciones directas a organizaciones sociales, entre otras actividades, de varias organizaciones dederechos humanos, Desplazados y sindicalistas en los departamentos deNariño y Norte, Centro y pacifico del Valle, Norte del Valle, Cauca, Putumayo, Risaralda, Quindío, Tolima, Caldas,Cundinamarca,Meta, Boyaca y Antioquia y comprobadas sus relaciones con grupos guerrilleros y que supuestamente defienden los derechos humanos, los Comandos Urbanos de Los Rastrojos hemos llegado a las siguientesclaras y precisas conclusiones:
1.Conminar a todas estas organizaciones a dejar de lado el discurso subversivo arcaico en favor de los derechos e ideologías de los narcoterroristas de las FARC y ELN y todos sus cómplices del pasado y del presente, atacando las buenas y nobles intenciones del alto gobierno a favor de la paz,o de lo contrario iremos más allá de las amenazas y regresaremos a las actuaciones de los 90 sin piedad ni temor alguno. Nuestras exhaustivas investigaciones nos permiten dar el ultimátum.
2.Declarar objetivo militar permanente y enemigos a organizaciones como: CREAR, ARCO IRIS, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE DERECHOS HUMANOS, FUNDEPAZ,OPDDI, FUNDHEFEM,CODHES, FUNDEMUD, MOVICE, PNUD, ESCUELA DE LOS PASTOS, PASTORAL DE TUMACO, UNIPA,FUNHUMANA JESUS CORRALES , CAMAWARI,CORPORACION JURIDICA HUMANIDAD VIGENTE,ROSARIO AGUILAR,C,N,D, MIRYAM CLEMENCIA RUIZ MOLINA DE CALDAS, ACDPODEU, DE APARTADO, ASODESA DE SALGAR, ASODER DE RINEGRO MARTHA LUCIA CASTAÑO, LUCILA CASTAÑO DE MEDELLIN, FANNY ROJASDE MEDELLIN COOTRASOL, LUIS MORALES HURTADO “ANDES” YASMIN ALEXANDRA ARANGO MARQUEZ “JCF”,”FUNHUMANA RISARALDA “ JAVIER A SANCHEZ,”ASOCODEMAN” PROGRESAR”GENARO GONZALEZ, RAMON EMILIO VILLA DE MEDELLINY TODAS LAS ORGANIZACIONES. MISAEL DELGADO RADA ,”ASOSIDEMOS”MORALES,ADECAC DEBOGOTA,ROSALIANO RIASCOSRODRIGUEZ“COOPMINH,CAPITOLINORIAÑO CAMACHO”FUNSOYJUS” MARCO BASTIDAS “ASONACOL”JADER ANCIZAR CHICHAMBO DE TUMACO “RUTBER MENDEZ DE ARMENIA”ASODECAL HENRY RODRIGUEZ C” JOSE EFRAIN RIVAS DE PEREIRA,”FRANCISCO J COLLAZOS,DEL VALLE, “FUNCOLBRUBEN FLOREZ MURILLO,” JUAN CARLOS CASTRO DE REDEPAZ VALLE”ASOPRONIR,” ALEXANDER LOPEZ “SENADOR” JORGE ENRRIQUE ROBLEDO” GUILLERMO JARAMILLO “SENADOR, COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE VALVEAR RESTREPO”LUIS EDUARDO AÑES, ALFONSO CAICEDO,HERMANA ALBA ESTELA,HIPOLITO RENNTERIA, FREDY GUERRERO, FELIPE FLOR,POLODEMOCRATICO DE LAS REGIONES DONDE TENEMOS JURIDICCION Y SUS INTEGRANTES, y muchos mas que según nuestras infiltracionestienen relación directa con mandos de la guerrilla de lasFARCy el ELN.
3-Los rastrojos nos reservamos nuestro derecho de continuar en la lucha por un
Por un país libre de escorias como ustedes que lo único que hacen esestar
Engañando a las personasenseñándolesdoctrinascomunistascontrarias a
Nuestras ideas y los compromisos del estado a favor de la clase más necesitada.
4.Suspender de inmediato la campaña de lavado de cerebro en que están comprometidas estas organizaciones por toda la geografía de Nariño, Norte del Valle y Eje cafetero, corrompiendo mentes con sus ideologías que alteran el orden público conseguido después de una larga lucha. No nos hacemos responsables por lo que les pueda pasar a los líderes de estas organizaciones si sabemos que están en nuestros territorios.
EN ALGUN LUGAR DE COLOMBIA, Y EL VALLE DEL CAUCA
Abril 10 DE 2010
NUESTRA LUCHA SERA DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL FINCONTRA NUESTROSD ENEMIGOSLAS FARC Y EL ELN COMO SUSORGANIZACIONES AMIGAS.
La Seccional Santander del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la organización de derechos humanos más antigua de Colombia, anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA le otorgó medidas cautelares al preso Diomedes Meneses Carvajalino.
La Comisión solicitó al gobierno que asegure la atención médica adecuada para este interno de tal modo que no sólo se garantice su derecho a la salud, sino mucho más allá: la protección de su vida y su integridad personal.
La inadecuada atención en salud a Meneses motivó en la Penitenciaría de Girón, en el departamento de Santander, una huelga de hambre que decretaron los 57 presos políticos compañeros suyos el 24 de marzo. La levantaron al día siguiente, tras llegar a un acuerdo con la administración del penal.
La CIDH impuso al gobierno que los tratamientos médicos a Meneses deben ser concertados con él. Igualmente, Bogotá deberá brindar información para investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar. El gobierno de Álvaro Uribe tiene 20 días para presentar un primer informe. Además, debe reportar periódicamente el estado actualizado de Meneses.
En el momento de su captura, Diomedes Meneses fue torturado por miembros del ejército hasta el punto de quedar parapléjico, según el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. En marzo de 2009 sufrió una pequeña herida en el talón del pie izquierdo. Mal atendida, un año después está en alto grado de infección, y el médico ortopedista ya habla de la posibilidad de una amputación o de raspar el hueso.
El CSPP ha acompañado a Meneses desde el momento de su detención, y ha instaurado acciones jurídicas y de exigibilidad, incluyendo el año pasado una tutela por el derecho a la salud. Aunque ésta fue otorgada, el INPEC (la autoridad carcelaria) “continúa siendo negligente con la atención dada a este detenido político”, advierte el CSPP, que evalúa que en el sistema penitenciario colombiano se vive una “grave situación humanitaria”.
Respecto a la medida cautelar, el CSPP solicita al gobierno “reales garantías para la concertación y seguimiento de la medida”, incluyendo “facilitar el diálogo entre beneficiario y peticionario”, es decir entre Meneses y el CSPP.
Miren, pues, todo lo que hay que hacer para que un preso no se pudra en una cárcel de Colombia.
Ayer sábado fue detenido el líder del pueblo nasa Feliciano Valencia. Feliciano es líder visible de la Minga, junto con la extraordinaria Aida Quilcué. En el pasado ejerció el cargo equivalente a ministro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el gabinete o máxima jerarquía del pueblo nasa que habita el Norte del suroccidental departamento del Cauca, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).
Valencia es acusado por la fiscalía de «secuestro» y «lesiones personales».
Se trata de que el Ministerio de Defensa, en violación de la Constitución, promovió que Valencia y Quilcué fueran denunciados por ambos cargos. Durante la Minga por la Liberación de la Madre Tierra, las autoridades indígenas detuvieron a un militar vestido de civil, infiltrado dentro de los manifestantes. En su mochila le fueron encontrados artefactos explosivos iguales a los que estaban generando terribles heridas a los indígenas manifestantes. La Policía estaba acusando a los propios indígenas de hacer uso de ese armamento. El general Naranjo señalaba a los indígenas incluso de «uso de armas no convencionales».
Total, el soldado fue detenido por la Guardia Indígena y posteriormente llevado a juicio dentro de la jurisdicción indígena, reconocida por la Constitución de 1991. Debido a su cargo en el momento de la Minga, Feliciano Valencia estuvo al frente de dicho juicio, que terminó con una condena de acuerdo a los usos y costumbres nasa, que estos indígenas llaman «remedio». Se trató de varios latigazos en público. El militar fue incentivado, desde el Ministerio de Defensa, a demandar a las autoridades indígenas por «secuestro» (por el tiempo que duró detenido) y «tortura», cargo que luego fue cambiado por el de «lesiones personales».
Valencia pretendía viajar el sábado a un encuentro internacional y fue detenido en el aeropuerto que sirve a la occidental ciudad de Cali.
Para el gobierno, la detención de Valencia es de doble filo. Porque si no liberan, digamos, en cuestión de horas a Feliciano, habrá que recordar qué pasó en la Minga. Cómo fue que el gobierno acusó a los indígenas de «terrorismo». Y en qué terminó el episodio, luego de cierta publicación por parte de CNN. Habrá que recordar por cuál hacienda era esa pelea, a quién se la ha entregado el gobierno y para qué macroproyecto. Observar si quienes ocupan hoy esa Hacienda fueron financiadores de las campañas de Uribe y si son beneficiarios de subsidios estatales.
Lo bueno de la detención de Feliciano es que, si esta prosigue, probablemente terminará en el fortalecimiento de la jurisdicción indígena. Así que Heavy Metal Colombia queda atenta a esta importante noticia en desarrollo.
Me contó que en el poblado donde vive, la gente escucha al ex ministro del Interior y de Justicia de Uribe, Fernando Londoño Hoyos, a través de Radio Súper, y “a la RCN de Juan Gossaín”.
De Londoño los convence, por ejemplo, que el ex ministro defiende a los militares acusados de cometer “falsos positivos”. Al fin y al cabo los asesinos son hombres del pueblo, es el argumento palabras más, palabras menos, de Londoño. “La gente cae en la cuenta de que es cierto”, me dijo.
Me dijo que una mañana, no hace mucho, estaban unos 700 hombres reunidos en el mercado del poblado donde vive. Y que tras oír una arenga radial de Londoño, alguien gritó: “¡Toca votar por Juan Manuel Santos!”; que todos dejaron sus quehaceres, echaron vivas y luego se dedicaron a celebrar ruidosamente, lanzando voladores al cielo, su decisión colectiva sobre a quién elegirán para la Presidencia de la República.
Su expresión cambió levemente cuando calculó que Santos no gana en la primera vuelta, pero sí en la segunda.
Me dijo que “en Colombia el paramilitarismo nunca se va a acabar”. Que él fue DAS rural y que, ante los abigeos, “la orden era ir a buscarlos y matarlos”; la orden de los terratenientes, aclaró. “La gente nos decía ‘chulos’”, me contó.
Me anunció que apenas termine el mandato de Uribe el baño de sangre volverá. Que están esperando a que Uribe se vaya para no hacerlo quedar mal. Porque lo aprecian, porque lo quieren. Me dijo que Uribe se ha sintonizado con el pueblo que vive en el campo; que éste es muy distinto al de ciudad; que “el pueblo está ávido de sangre y Uribe lo interpretó”.
Me dijo que el paramilitar alias “Cuchillo” tiene la orden de no desmovilizarse (sus fuerzas se mueven en la Orinoquia). Que algunos otros también recibieron inicialmente la misma orden y se han ido entregando a cuentagotas. Me habló de “El Alemán” como de un tipo clave.
Como ejemplo de que la guerra se va a desatar, me contó que en el sur del Meta hay un grupo llamado “Los Tuparreros”, que “ya están lista en mano”, prestos a comenzar a asesinar uno a uno a algunos que quedan en Mapiripán. Los han observado en estos años. En sus denuncias, protestas y exigencias, quizá en su negativa a desplazarse, aunque de las razones no me habló. En todo caso los tienen ubicados y ahora los van a acabar, me dijo.
Del grupo de colombianos que fue asesinado el 11 de octubre de 2009 en Venezuela, me dijo que “algunos no tenían que ver”. Los demás eran paramilitares que cumplían una misión, me dijo. Que la frontera está llena de paramilitares colombianos que penetran hasta bien adentro de Venezuela. Que por ahora sólo espían, a veces hacen sabotajes. Que se camuflan como personas dedicadas a distintos oficios. Y regresan a Colombia con información, me contó.
Hablamos varias horas atenta, cordialmente. Con respeto. Nunca le oculté mi opinión. Es gran lector. Me dijo que si el pueblo pudiera leer libros, las cosas serían diferentes. Nos despedimos. Yo me quedé preguntándome si sobreviviremos a estas verdades.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
Que la identifiquen por las miradas de los hombres que se quedaron pegadas a su cuerpo.
Militares, policías y guerrilleros nos llevan a los demás una ventaja: son concientes de que la muerte pende siempre sobre nuestras vidas.
Suprema de Justicia de Colombia el interrogatorio al extraditado ex capo paramilitar Salvatore Mancuso, dentro del juicio contra Jorge Noguera, el ex director del DAS (la Stasi colombiana).
He aquí una amenaza. Hoy firman “Los Rastrojos”; antes firmaban las AUC, o los Comandos Cualquier Cosa. Lo que importa es que hacen lo mismo. Los de esta generación surgieron en 1977 y no en 1983, como reseña la historia. Lo que pasa es que sólo desde 1983 sus jefes descubrieron una sigla apropiada y consiguieron padrinos adinerados. Pero, son los mismos. A veces, cambian de tropas. Cambian de jefes, a veces. Anuncian que 
